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¿Récord de incautaciones y arrestos en Argentina es una señal de éxito?

Las autoridades de Argentina han presentado los niveles récord de incautaciones de drogas y arrestos desde 2015 como una señal de que su estrategia de seguridad está funcionando, pero los críticos argumentan que, si se lee entre líneas, la realidad es muy diferente. Las fuerzas de seguridad argentinas han arrestado a más de 64.000 personas en casi 60.000 operaciones antidroga, lo que representa un aumento del 147 por ciento entre 2015 y 2018, según cifras oficiales publicadas por Perfil. Las autoridades informaron además que la cantidad de cocaína incautada se duplicó entre 2015 y 2018. Los decomisos de marihuana aumentaron 26 por ciento y los de drogas sintéticas 144 por ciento durante el mismo período, según datos reportados por Clarín.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Argentina En una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dijo que las cifras son el resultado del uso de “mejores técnicas de investigación” y del despliegue de “fuerzas de seguridad federales más profesionales”.

Análisis de InSight Crime

Aunque las autoridades de Argentina afirman que el aumento de las incautaciones de drogas y los arrestos significa que se han obtenido logros en la lucha contra las organizaciones criminales, una revisión de las cifras arroja un panorama que no es tan positivo. La mayoría de las detenciones incluidas en las estadísticas más recientes se hicieron, al parecer, como parte de la Ley de Estupefacientes de Argentina, que busca penalizar tanto a los grandes narcotraficantes como a los pequeños consumidores. La ley es tan polémica que será debatida en el Congreso. Sus detractores argumentan que va en contra de una sentencia de la Corte Suprema de 2009, según la cual penalizar la tenencia de drogas para uso personal es inconstitucional, puesto que va en contra de una serie de derechos, incluido el derecho a la privacidad. Según datos oficiales, las violaciones a las normas sobre drogas son actualmente el segundo crimen más común por el que las personas van a la cárcel en Argentina, y han aumentado a un ritmo mayor que cualquier otro crimen desde que el presidente Mauricio Macri asumió el cargo en 2015. Durante un discurso ante el Congreso en octubre de 2018, la ministra Bullrich dijo que el 36 por ciento de los arrestos relacionados con drogas en el año 2017 estaban relacionados con consumo personal. “La mayoría de los casos (que se reflejan en las cifras más recientes) están relacionados con consumo personal, microtráfico y mujeres que son coaccionadas para transportar drogas. Si restamos todos estos casos, la cantidad que realmente se relaciona con las grandes organizaciones narcotraficantes es de alrededor del tres por ciento. Y esos son solo casos que están siendo investigados, todavía no estamos hablando de condenas”, puntualizó Mariano Fusero, presidente de Reset, organización dedicada al estudio de las políticas de drogas en Argentina, en comentarios a InSight Crime. Desde que asumió el cargo en 2015, el presidente Mauricio Macri hizo de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado una prioridad de su administración. Parece que en años recientes los grupos criminales argentinos se han expandido y han utilizado estrategias más sofisticadas, y que la actual administración ha ejecutado algunas medidas valiosas para llevar a los miembros de algunas grandes organizaciones criminales ante la justicia. Sin embargo, se ha criticado que dichas medidas se centran demasiado en las organizaciones de menor importancia, incluso en lo que se refiere a las incautaciones. Una de las mejores maneras de evaluar el impacto real del aumento de las incautaciones de drogas, dada la falta de información sobre el tamaño real de este mercado ilegal, consiste en observar cómo se ve afectada la demanda. Según datos del más reciente estudio oficial en Argentina, en el año 2017 el consumo de marihuana aumentó en un 150 por ciento, y el consumo de cocaína se duplicó. “Si hay menos disponibilidad de drogas, hay menos consumo. Si la demanda aumenta es porque ha aumentado la oferta para satisfacer esa demanda”, concluyó Fusero.

Autoridades de Argentina y Bolivia detienen al ‘Chapo Guzmán’ de Suramérica

Las autoridades de Bolivia han detenido a uno de los narcotraficantes más buscados de Argentina, conocido supuestamente como “El Chapo Guzmán” de Suramérica, un caso que pone de relieve cómo la rampante corrupción judicial facilita el tráfico de drogas en el país. En coordinación con la Gendarmería Nacional de Argentina, la policía boliviana detuvo el pasado 13 de febrero a José Miguel Farfán en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el Departamento de Santa Cruz, por cargos de narcotráfico, según anunciaron las autoridades mediante un tuit. El hombre fue entregado a las autoridades argentinas al día siguiente. Farfán es al parecer uno de los narcotraficantes más buscados de Argentina. Según Clarín, él habría sobornado a jueces federales para facilitar sus actividades criminales y comprar su libertad.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Argentina El mismo medio de noticias señala que las autoridades arrestaron inicialmente a Farfán en 2004, y luego de nuevo en 2008 por cargos de narcotráfico, luego de lo cual fue liberado en 2010 por el juez federal José Antonio “Toto” Torino —quien más tarde fue declarado culpable por aceptar sobornos de narcotraficantes— en la provincia de Salta, al noroeste del país. En 2014, Farfán fue detenido otra vez por tráfico de más de 411 toneladas de cocaína mediante avionetas. Sin embargo, según Clarín, él sobornó al exjuez federal Orán Raúl Reynoso, quien se encuentra actualmente preso, para poder obtener su libertad y huir del país. Se ha ofrecido una recompensa de 500.000 pesos argentinos (unos US$13.000) por información que conduzca a su captura. En Bolivia, Farfán al parecer se hizo pasar como empresario y agricultor, utilizando el nombre de Miguel Ángel Salazar. Clarín señala que él y su familia llevaban una doble vida en Bolivia, donde vivían en una lujosa mansión a la vez que él conducía un Hummer amarillo y continuaba con sus actividades de tráfico de drogas.

Análisis de InSight Crime

La carrera de narcotraficante de Farfán es un claro ejemplo de cómo los criminales conocidos pueden aprovechar la corrupción en el sistema judicial de Argentina para desarrollar sus actividades delictivas, llevar vidas lujosas y evadir las capturas, todo al mismo tiempo. De hecho, Reynoso, el exjuez federal argentino a quien Farfán sobornó para evitar ir a la cárcel, se encuentra en prisión acusado de haberse coludido con narcotraficantes conocidos y de haber vendido cocaína incautada, a la vez que hacía creer que era rudo con esos mismos delincuentes. En un caso reseñado por La Nación, Reynoso autorizó a dos de sus empleados para que tomaran cocaína incautada, que debía ser destruida, y que la transportaran por la frontera con Bolivia, de manera que pudiera ser comprada de nuevo por sus dueños originales. Este tipo de corrupción no solo le permitió a Farfán ser liberado de prisión en varias ocasiones, sino además llevar una lujosa vida en Bolivia sin riesgo de ser aprehendido, a la vez que continuaba con sus actividades criminales. Según Clarín, Farfán disfrutaba una posición tan cómoda, que supuestamente invirtió US$2 millones en un condominio y tenía planes de construir otro. Además, el capo de la droga utilizaba identificación falsa para moverse por el país y continuar traficando drogas a Argentina desde Bolivia, utilizando aviones pequeños. Denominado el “Chapo Guzmán de Suramérica”, Farfán comparte características similares con el encarcelado exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el verdadero “Chapo”. El narcotraficante mexicano también escapó de prisión varias veces con la ayuda de funcionarios corruptos y continuó dirigiendo su multimillonaria empresa criminal después de fugarse. Aunque, por otro lado, El Chapo, logró evadir las autoridades mientras traficaba cientos de miles de kilogramos de drogas desde su país de origen, como lo había hecho siempre.

‘Cocaína rosada’ sintética pasa de Argentina a Uruguay

Los funcionarios antidroga de Uruguay han advertido a la ciudadanía sobre la llegada de un nuevo tipo de supuesta cocaína rosada proveniente de Argentina, lo que indica que el mercado de drogas sintéticas de este país puede estarse extendiendo a los países vecinos. La Junta Nacional de Drogas de Uruguay (JND) está alertando a los ciudadanos sobre la llegada de una nueva droga sintética llamada “cocaína rosada” proveniente de Argentina, que está siendo detectada en el país, según un informe de Prensa Latina. Las autoridades uruguayas dicen que la droga viene en forma de polvo o pastilla de color rosa. En Argentina, sin embargo, la droga supuestamente se vende como polvo de cocaína a la clase alta y media del país en las fiestas de música electrónica o a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y la web oscura, una parte cifrada y anónima de Internet.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Uruguay Sin embargo, el fármaco es en realidad una droga sintética conocida como 2C-B, un estimulante y alucinógeno similar a la MDMA que se conoció inicialmente en Europa. Según El País, a principios de este año las autoridades de Uruguay confiscaron unidades de esta droga sintética rosada en una caja de LSD alucinógeno. Las autoridades argentinas detectaron la droga por primera vez hace cinco o seis años. Dicen, según consta en un informe de Clarín, que era consumida inicialmente por parte de grupos de ladrones colombianos que frecuentaban clubes de música electrónica en Palermo y Costanera, barrios de Buenos Aires. El mismo medio dice que la droga se vende a 2.000 pesos argentinos (cerca de US$50) por gramo, es decir, siete veces más de lo que cuesta un gramo de cocaína, lo que la convierte en uno de los estupefacientes más caros del mercado. Los médicos argentinos no saben por qué la droga está siendo comercializada como un producto similar a la cocaína. “Las consecuencias de consumir este fármaco tienen poco que ver con el clorhidrato de cocaína”, afirma Sergio Saracco, de la Asociación Toxicológica Argentina, en el informe de Clarín.

Análisis de InSight Crime

La aparición de drogas sintéticas en Argentina y Uruguay sigue la tendencia regional de los grupos criminales que se adaptan a la creciente demanda de tales drogas. Aunque Argentina no ha sido un punto crítico para el consumo de dichas sustancias, su mercado local de drogas está siguiendo las cambiantes dinámicas regionales. Argentina se ha convertido cada vez más en un eslabón clave en la cadena de comercio de cocaína en Suramérica; además de ello, el tráfico interno y el consumo local también han aumentado en los últimos años. Los datos del consumo de drogas a nivel nacional publicados por las autoridades argentinas en 2017 revelaron que el número estimado de consumidores de marihuana creció casi el 150 por ciento y el de cocaína casi el 50 por ciento, entre 2010 y 2017. El porcentaje de jóvenes de entre 12 y 17 años que consumen cocaína y éxtasis también se triplicó durante ese periodo. Es posible que la presencia de la droga sintética rosada 2C-B refleje un cambio en los productos que los consumidores del país están demandando.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Argentina Sin embargo, los traficantes colombianos que controlan la venta de 2C-B en su país y en Buenos Aires parecen estar expandiendo la droga mediante expendedores que les ayudan a vender su producto en las diferentes clases sociales, pues se ha convertido en un elemento básico para las clases alta y media de la capital argentina. La organización no gubernamental colombiana Échele Cabeza le dijo a Clarín que el 2C-B que se está vendiendo es una “sustancia falsa y adulterada” en el 95 por ciento de los casos. “Es muy probable que el Sildenafil [Viagra] también se utilice en la mezcla para generar mayor estimulación, pero eso también aumenta la frecuencia cardiaca y el riesgo de ataque cardiaco”, agregó un representante de Échele Cabeza. Las recientes advertencias de los funcionarios antidroga uruguayos indican que los expendedores pueden estar buscando nuevos mercados y extendiendo las ventas de la droga sintética fuera de Argentina y en los países vecinos, dada la creciente demanda.

Principales casos e investigaciones sobre corrupción en Odebrecht en 2019

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Desde que comenzó en Brasil con la “Operación Lavado de Autos” (“Operação Lava Jato”) en 2014, el escándalo de corrupción en Odebrecht ha ocupado los titulares en toda Latinoamérica. Presidentes, legisladores y grandes empresarios han sido acusados y encarcelados en toda la región. En este informe, InSight Crime presenta un resumen de las investigaciones o juicios contra prominentes personalidades en América Latina y el Caribe.
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México México ha sido lento en lo que tiene que ver con el escándalo de Odebrecht. El único nombre importante que ha surgido en las investigaciones sobre el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica ha sido el de Emilio Lozoya Austin. El expresidente de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto es acusado de dirigir un esquema de corrupción mediante empresas fantasma entre 2012 y 2016. Además, la fiscalía mexicana cree que Lozoya Austin utilizó los jugosos sobornos recibidos de Odebrecht para financiar las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluida la de Peña Nieto. Muchos mexicanos creen que la ausencia de rendición de cuentas y de juicios por parte del gobierno federal fue una manera utilizada por la administración anterior y la actual para proteger a quienes estaban involucrados con Odebrecht.  En un país con altos niveles de impunidad, falta ver si este caso conducirá eventualmente a investigaciones más amplias. En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que la investigación sobre Odebrecht continuaría, por lo que es posible que pronto comiencen otras investigaciones. República Dominicana Las audiencias preliminares sobre Odebrecht han ocupado los titulares en República Dominicana en las últimas semanas. Con una corrupción rampante, el país caribeño investiga actualmente a siete personas que al parecer recibieron más de US$92 millones en sobornos de la gigante constructora brasileña. Dos nombres que sobresalen en las investigaciones son el actual senador Tommy Galán y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Ambos son miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que se está preparando para las elecciones presidenciales de 2020.  Una sentencia de culpabilidad podría empañar la imagen del partido y obstaculizar sus posibilidades de continuar en el poder, pues el actual presidente, Danilo Medina, también es miembro del PLD. El Salvador El expresidente Mauricio Funes está siendo investigado por la presunta malversación de US$351 millones. Se sospecha que Odebrecht le pagó entre US$1 y 3 millones al exmandatario durante la campaña presidencial de 2009. Funes, presidente del país entre 2009 y 2014, también enfrenta una investigación judicial por supuestamente comprar diputados con el fin de obtener votos favorables en la Asamblea Legislativa durante su presidencia. El expresidente tiene cuatro órdenes de captura en su contra por casos de corrupción. Actualmente reside en Nicaragua, protegido por el asilo político otorgado por el presidente Daniel Ortega. Sin embargo, el portavoz del presidente electo Nayib Bukele anunció que el gobierno comenzará a hablar con Nicaragua para exigir la deportación de Funes. Guatemala La investigación que actualmente adelanta Guatemala sobre Odebrecht se centra en el exministro de Infraestructura Alejandro Sinibaldi, quien se encuentra prófugo. La Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sostienen que Sinibaldi dirigió una estructura criminal dentro del Ministerio de Comunicaciones. Sinibaldi tiene una orden de allanamiento de Interpol, y otras ocho personas estrechamente relacionadas con él están siendo buscadas por las autoridades, entre ellas sus hermanos Álvaro y Luis Rodrigo Sinibaldi. Otra importante figura que está siendo investigada en Guatemala es el excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien fue arrestado en Estados Unidos en enero de 2018. Baldizón es acusado de supuestamente recibir sobornos de funcionarios de Odebrecht para ayudarles a obtener contratos de obras públicas en el país centroamericano. Tras un fallido intento de obtener asilo en Estados Unidos, Baldizón decidió retirar su solicitud y está pendiente de la extradición a Guatemala. En Guatemala se presentó una crisis constitucional después de que el presidente Jimmy Morales decidiera expulsar a la CICIG del país, una medida que generó fuertes reacciones a nivel nacional e internacional. Dada la ausencia de la CICIG, la última audiencia de Sinibaldi y Baldizón fue suspendida y reprogramada para el 27 de febrero de 2019. Falta ver qué impacto tendrá la actual crisis con la CICIG en el futuro del caso.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero Panamá El expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra bajo arresto, y varias personas cercanas a su presidencia, están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht. La fiscalía panameña señala que entre 2009 y 2014, periodo de la presidencia de Martinelli, se asignaron recursos por más de US$96 millones para proyectos de infraestructura, como mejoras viales en Chanis, la ampliación del aeropuerto de Tocumen, la renovación urbana de Curundú, mejoras en la Línea 1 del Metro, y muchas otras. En consecuencia, la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá inició una investigación contra el exministro de Economía Frank de Lima, acusado de recibir por lo menos US$7 millones en pagos indebidos. Otra importante figura que está siendo investiganda actualmente es el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña y de inflar los costos del proyecto de la autopista Arraijan-La Chorrera con fines ilícitos. Colombia En Colombia, Odebrecht pagó al menos US$32,5 millones en sobornos para obtener los contratos de construcción de la autopista Ruta del Sol y otros proyectos de infraestructura. El exsenador Otto Nicolás Bula Bula, quien fue condenado a dos años de prisión por recibir sobornos, ha sido el principal testigo del gobierno para esclarecer el esquema de sobornos. La investigación ha involucrado a varios funcionarios del gobierno durante las administraciones de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, entre ellos el exsenador Bernardo Miguel Elías. El Fiscal General de la nación, Néstor Humberto Martínez, también ha sido objeto de atención recientemente, después de que el auditor Jorge Enrique Pizano revelara grabaciones secretas en las que hablaba de irregularidades contractuales con Martínez, quien en ese momento se desempeñaba como abogado de Corficolombiana, una empresa socia de Odebrecht. Las grabaciones de las conversaciones de Pizano con Martínez salieron a la luz en una entrevista de televisión. Pizano, quien sufría de cáncer y finalmente murió a causa de un ataque cardíaco, proporcionó la entrevista con la condición de que solo se difundiera tras su muerte. El conflicto de intereses de Martínez no se detiene allí. También fue asesor legal de Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia y fundador del conglomerado Grupo Aval, uno de los propietarios de Corficolombiana que, según Reuters, está cooperando actualmente en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ecuador El caso de Odebrecht en Ecuador ilustra una elaborada estructura de corrupción durante la presidencia de Rafael Correa. Su amigo de infancia, el exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra cumpliendo una pena de prisión por el escándalo de corrupción, ha sido acusado por Luis Mameri, vicepresidente de Odebrecht en Latinoamérica, de aceptar más sobornos de los que se conocieron inicialmente, mediante una empresa llamada Glory International. En septiembre de 2018, la Fiscalía General de Ecuador inició una investigación preliminar contra ocho personas por supuestamente involucrarse con el crimen organizado como parte del esquema de corrupción de Odebrecht. Entre las personas investigadas se encuentra el expresidente Rafael Correa, quien actualmente reside en Bélgica, donde está solicitando asilo político. Además, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera; el exministro del Interior, José Serrano, y el exprocurador general Diego García también están siendo investigados por su papel en el proyecto hidroeléctrico San Francisco. La Fiscalía General de Ecuador anunció recientemente que otras 11 investigaciones preliminares estarían enfocadas en Rafael Correa, Alexis Mera y Jorge Glas. Este anunció concreta los esfuerzos de Ecuador para castigar a los involucrados en este escándalo de corrupción.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre élites y crimen organizado Perú Decir que el escándalo de Odebrecht ha sacudido la clase política de Perú sería poco. María Sokolich, la nueva fiscal general de Perú tras la polémica renuncia de Pedro Chávarry, se encuentra al frente de la investigación sobre algunos de los principales políticos que ocupan o han ocupado los más altos cargos del país. El actual presidente, Martín Vizcarra está siendo investigado por presuntos vínculos entre la empresa de su propiedad y Odebrecht entre 2006 y 2008. Su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, tiene una investigación en su contra —que lo obligó a dimitir en marzo de 2018— por presuntas consultorías que su empresa, Westfield Capital, le ofreció a Odebrecht entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007. El expresidente Alan García, a quien se le negó una solicitud de asilo en Uruguay después de que las acusaciones salieron a la luz, está acusado de recibir sobornos durante la construcción del Metro de Lima. Los otros dos exmandatarios que están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos son Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Se espera que en el mes de marzo el exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, dé una declaración sobre este tema en Brasil. El testimonio de Barata podría conmocionar nuevamente a la nación andina. Recientemente, Odebrecht ha anunciado que cooperará con el gobierno peruano. Sus antiguos ejecutivos en el país serán entrevistados próximamente, lo que puede conducir a nuevas revelaciones.
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Argentina La investigación de Odebrecht en Argentina amenaza a decenas de altos exfuncionarios relacionados con proyectos de obras públicas durante las presidencias de Néstor Carlos Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Las investigaciones más sobresalientes son las de Julio de Vido y Daniel Cameron. Julio de Vido, exministro de Planificación durante la administración de Fernández, se entregó a las autoridades en octubre de 2018. De Vido es acusado de hacer parte del escándalo de “Obras Viales”, que involucra la supuesta malversación de fondos públicos a través de procesos de licitación para obras viales en la provincia de Santa Cruz, así como otros proyectos de infraestructura a su cargo. Por su parte, el exministro de Energía, Daniel Cameron, está siendo investigado como parte de un caso conocido como “Skanska II”, donde las irregularidades en la expansión de los gasoductos en el país se han relacionado con un esquema de corrupción con la colaboración de Odebrecht. Sin embargo, el nivel de corrupción durante las administraciones de los Kirchners es más profundo. Según algunos informes, otros 14 empresarios y cinco exempleados también están siendo investigados por múltiples actividades ilícitas en cooperación con la constructora brasileña. Bolivia La historia de los ventajosos negocios de Bolivia con empresas brasileñas se remonta a 1987, año en el que el entonces ministro de Energía, Carlos Morales Landívar, fue acusado de utilizar su influencia política para favorecer a la empresa brasileña Andrade Gutiérrez. Y ahora Landívar es acusado de haber estado involucrado en 2003 con Camargo Correa —una de las 13 principales empresas en Brasil investigadas en el caso Lavado de Autos— cuando fue ministro de Servicios y Obras Públicas. Sin embargo, los nombres vinculados directamente al caso Odebrecht son Carlos Mesa, expresidente y aspirante presidencial en 2019, y su sucesor, Eduardo Rodríguez Veltzé, exjefe de Estado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ambos están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht durante sus presidencias, entre 2003 y 2006. La investigación en torno a Mesa podría desempeñar un papel crucial en las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre. La eventual condena de Mesa podría allanar el camino para la reelección de Evo Morales. Brasil En Brasil, en los últimos cinco años, más de 77 ejecutivos de la compañía han llegado a acuerdos de culpabilidad, una presidenta fue suspendida de sus funciones, otro expresidente está actualmente en la cárcel, y su sucesor también está siendo investigado como resultado del escándalo de Odebrecht. Este es solo un breve panorama del gran impacto que ha tenido el caso Lavado de Autos en el país más grande de Suramérica. El 6 de febrero, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra actualmente cumpliendo una pena, fue acusado de cargos adicionales que añadirían 13 años más a su condena actual. A Lula se le acusa de recibir dineros ilícitos durante su mandato de 2003 a 2010. Además de Lula, otras personas de su círculo cercano han sido acusadas y arrestadas por corrupción. Una de esas personas, Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados, ha estado en prisión desde 2016. Cunha es acusado de recibir un soborno de US$5 millones. Sin embargo, a pesar de su arresto actual, la fiscalía brasileña ha imputado cargos adicionales en su contra. Por su parte, Aécio Neves, exgobernador y candidato presidencial en 2014, es acusado de haber recibido sobornos a cambio de ofrecer apoyo a legislaciones que favorecían obras que eran del interés de Odebrecht cuando él ejercía como gobernador del estado de Minas Gerais. La investigación en torno a Neves está en curso mientras él mantiene una curul en el senado en representación de Minas Gerais. Por último, el expresidente Michel Temer (2016-2018) ha llamado la atención de los titulares, pues la policía federal de Brasil ha solicitado que se le impute por soborno y lavado de capitales. Según los funcionarios, mientras fue vicepresidente en 2014, Temer y su Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB) recibieron más de US$2 millones de Odebrecht. Ahora que Sérgio Moro, quien estuvo encargado de liderar la investigación Lavado de Autos, es el nuevo ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, la atención se centrará en la nueva legislación que ha propuesto para combatir la corrupción.

Boom de la marihuana colapsa cárceles en Argentina

Una provincia al noreste de Argentina se está quedando sin espacio en sus cárceles luego de una multitud de arrestos por tráfico de marihuana, una situación que ilustra el incesante crecimiento de ese país suramericano como centro de tránsito y mercado local de drogas. Jueces federales en la provincia de Misiones en Argentina han advertido que sus cárceles y la prisión federal están al tope de su capacidad, lo que las obliga a alojar a sus detenidos en estaciones de policía y cuarteles de la Gendarmería. También hay más retrasos en los procesos penales debido a la falta de espacio en las prisiones, informó Clarín el 11 de febrero. Las complicaciones surgen del boom del tráfico de marihuana en Misiones. Las autoridades provinciales decomisaron 126 toneladas de marihuana en 2018, casi 70 por ciento del total de drogas incautadas en todo el país en 2017, según otra nota de Clarín.

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Solo en el municipio de Puerto Libertad en Misiones, la Prefectura Naval Argentina retuvo 34 toneladas de marihuana en el primer semestre de 2018, 221 por ciento más que en igual periodo de 2017. En todo el país, las autoridades contaron 87 capturas por narcotráfico cada 24 horas, muchas de las cuales se realizaron en la zona, según Clarín. Misiones está ubicada en la llamada región “Trifronteriza” —un punto candente para el contrabando de drogas y la actividad criminal, en la confluencia de Paraguay, Brasil y Argentina. La ubicación de Misiones sobre el río Paraná, que llega a la capital de Buenos Aires y al océano Atlántico, también la convierte en un punto clave para el transporte de cargamentos de marihuana desde el vecino Paraguay, el mayor productor de marihuana de Suramérica.

Análisis de InSight Crime

El agobio del sistema penitenciario en Misiones muestra cómo esta provincia trifronteriza se ha convertido en un punto estratégico para los traficantes de marihuana que buscan llegar a los grandes centros urbanos del país, en Buenos Aires y Rosario, que también son puntos de trasbordo claves. La provincia de Corrientes —al sur de Misiones y apuntalada en tres lados por Paraguay, Brasil y Uruguay— también ha visto un repunte del tráfico de marihuana. En efecto, en marzo de 2017, las autoridades arrestaron al alcalde, al vicealcalde y al jefe de policía en la ciudad de Itatí, al norte de la provincia, sobre el río Paraná, en un masivo operativo de seguridad. El alcalde y el vicealcalde presuntamente se habrían confabulado con un capo local y tenían bajo su responsabilidad “coordinar parte del plan para transportar narcóticos e intervenir a favor de miembros de la agrupación para garantizar su impunidad”. Un miembro formal de la Prefectura Naval de Argentina también cayó bajo arresto recientemente en conexión con un cargamento de 10 toneladas de marihuana en la ciudad de Ituzaingó, noreste de Corrientes.

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La dinámica local en Misiones y Corrientes —que albergan cuatro de los cinco puntos de gran actividad para el tráfico de marihuana— ilustran los desafíos que enfrentan las instituciones locales para responder al tráfico de cannabis en el país. La industria también parece tener atractivo para uno de los grupos más poderosos en el crimen organizado en Suramérica, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC—) de Brasil. En julio de 2018, fuerzas de la policía en Misiones frustraron un intento de presuntos miembros del PCC para liberar a un compañero de una de las cárceles de la provincia. El PCC adelanta una agresiva expansión de sus operaciones en toda la región. Con los problemas que ya enfrentan las autoridades argentinas para combatir el tráfico de marihuana, la suma del PCC a la ecuación podría agobiar aún más las instituciones de seguridad del estado. *Este artículo se redactó con ayuda del investigador de InSight Crime Tristan Clavel.

Clan Castedo de Argentina sobrevive pese a capturas de sus líderes

Las autoridades de Bolivia detuvieron a un importante integrante del Clan Castedo, uno de los más poderosos clanes de narcotráfico en el norte de Argentina, pero es poco probable que esta acción afecte significativamente a la organización. A mediados de enero, miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia detuvieron a Mario Morfulis Herrera, del Clan Castedo, en la ciudad de Yacuía, al sur de Bolivia. El detenido fue entregado a las autoridades de Argentina, según anunció la Gendarmería Nacional en un comunicado de prensa del 22 de enero. Morfulis Herrera es cuñado de Delfín Castedo, considerado por las autoridades como uno de los narcotraficantes más importantes de Argentina. Delfín dirigía el Clan Castedo hasta cuando fue arrestado en julio de 2016 por cargos de narcotráfico, después de permanecer fugitivo por muchos años. Según La Nación, el grupo presuntamente ha mantenido el monopolio del tráfico de cocaína en el norte de Argentina durante dos décadas. La hermana de Castedo, Roxana, quien está casada con Morfulis Herrera, era propietaria de unas 20.000 hectáreas de tierra en Bolivia; a su vez, el clan tenía bajo su control otras 30.000 hectáreas de tierra en el norte de Argentina. En el año 2016, las autoridades informaron que la organización traficaba cuatro toneladas de cocaína al mes, las cuales salían de Bolivia con destino a Europa.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre la migración criminal Según La Nación, una vez los cargamentos de cocaína ingresaban a Argentina provenientes de Bolivia, salían de Quitilipi en la provincia del Chaco, al noreste del país, camuflados en cargamentos de carbón, para luego llegar a los puertos de Rosario y Zárate, desde donde eran enviados a España y Portugal. Morfulis Herrera tiene la doble ciudadanía de Bolivia y Argentina, y vivía en Yacuíba, por lo que se convirtió en uno de los principales pilares de las operaciones de tráfico de cocaína del Clan Castedo en Bolivia. El Clan Castedo ha sufrido una serie de golpes en los últimos años. El hermano de Delfín, Raúl Castedo, alias “Ula”, fue arrestado hace una década en Bolivia, y posteriormente extraditado a Argentina en 2016. Tenía contactos establecidos en Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia, una de las áreas productoras de base de coca más importantes del país, donde, según La Nación, el grupo adquiría su producto. Otros dos hermanos de Delfín, Rafael y Roberto, también están en la cárcel por pertenecer a una organización criminal.

Análisis de InSight Crime

Las autoridades han arrestado a varios miembros importantes del Clan Castedo durante varios años, pero el grupo siempre ha encontrado la manera de continuar con sus operaciones, por eso es poco probable que el reciente arresto de Morfulis Herrera sea la estocada final que desmantele al grupo por completo. Ello se puede explicar por el hecho de que, según las autoridades, al perecer el clan ha ejercido el control exclusivo de casi todos los eslabones de la cadena de narcotráfico en el norte de Argentina durante prácticamente los últimos 20 años. La hermana de Delfín Castedo, Roxana, sigue siendo propietaria de grandes franjas de territorio estratégico en el lado boliviano de la frontera entre Argentina y Bolivia.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Argentina El Clan Castedo parece ser mucho más estable y sofisticado que otros grupos transnacionales del país. Tradicionalmente, este tipo de grupos argentinos han sido estructuras transfronterizas y ubicadas en áreas específicas, que mueven las drogas al interior de Argentina y luego las venden a otros grupos que saben cómo enviarlas a los mercados internacionales. Además, el Clan Castedo se ha recuperado de varios arrestos anteriores, y al parecer sus líderes han logrado administrar las operaciones de drogas desde las cárceles. En este sentido, el Clan Castedo es muy similar al conocido grupo de narcotraficantes Los Monos, que continúa dirigiendo grandes partes del narcotráfico en la ciudad portuaria de Rosario, incluso después de que, tras un histórico juicio, varios de sus miembros principales fueron condenados y recibieron penas de prisión. La existencia de este tipo de grupos recuerda las advertencias según las cuales el control gubernamental puede estar perdiendo terreno frente a las prisiones de todo el país.

Latinoamérica reduce la impunidad en casos de trata de personas

Una legislación más fuerte y la inversión en plataformas sociales en algunos país de América Latina lograron reducir la impunidad en los casos de trata de personas en 2018, aunque este delito sigue en aumento en la región. El informe de 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDC) muestra un grupo de países en el continente americano que han registrado un aumento considerable en la cantidad de condenas por el delito de trata de personas entre 2014 y 2017. En 2014, el informe de la ONUDC mostró que únicamente 10 por ciento de los casos llevados a juicio en Latinoamérica terminaron en sentencias. Esta cifra había crecido a 26 por ciento en 2016, una muestra de los esfuerzos de países a ambos lados del espectro, tanto los que anteriormente habían exhibido anémicos porcentajes de condena como los que tenían medidas vigentes. Según el informe de la ONUDD, Honduras exhibió el avance más significativo entre 2014 y 2017, con un incremento de 31 por ciento en la cantidad de condenas. Ecuador fue segundo en la lista con 23 por ciento, y siguió Argentina con 22 por ciento; Costa Rica y Guatemala quedaron detrás, ambos con un aumento de 21 por ciento. Entretanto, países como Bolivia, Uruguay, El Salvador y Venezuela registraron la cifra más baja de personas condenadas por el delito de trata, con menos de cinco por ciento de sentencias en 2017. En Argentina, por ejemplo, las condenas crecieron de 52 por ciento en 2014 a 74 por ciento en 2017, aunque los casos llevados a juicio pasaron de 138 a solo 51. El gobierno ha atribuido ese resultado a leyes como la 26.842, que impone sanciones más severas a la trata de personas y prevé instrumentos para ayudar a las víctimas.

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Ecuador también ha mostrado cierta mejora en el número de condenas, aunque no ha mejorado el número de casos llevados a juicio. En 2014, se juzgó a 192 personas por trata de personas en el país, pero solo 14 de esos casos terminaron en condenas, lo que representa menos de uno por ciento. En comparación, en 2017 se juzgó a 178 personas, de las cuales 43 llegaron a la sentencia, lo que representa 24,5 por ciento. En 2014, Ecuador impuso leyes más duras sobre la trata de personas, con la implementación del Artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esto se combinó con la creación de organismos sociales, como Casa Bonita, que ofrece apoyo sicológico, legal, en salud y educación a las víctimas de trata de personas.

Análisis de InSight Crime

Ecuador y Argentina son solo dos ejemplos de los esfuerzos que están haciendo algunos países de la región para combatir un delito que afecta a más de 1,4 millones de personas en Latinoamérica. Su compromiso se destaca en las recientes mejoras, reconocidas en el Informe de 2018 sobre trata de personas, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Gracias a estos avances, el Departamento de Estado clasificó a Argentina entre los países del nivel 1, al declarar que el país “había logrado avances importantes”, como el aumento de los casos llevados a juicio, la condena de funcionarios de gobierno cómplices y el mejoramiento en la recolección de información. Además, los ministerios de seguridad, justicia y derechos humanos siguen destinando recursos para crear líneas de atención gratuitas que faciliten la denuncia de posibles casos de trata de personas.

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Alejandra Mangano, fiscal argentina que trabaja para la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), comentó a InSight Crime que las nuevas leyes han aumentado la actual tasa de condenas gracias a que facilitan el procedimiento judicial que se sigue al procesar a sospechosos de trata de personas. Ecuador sigue clasificado como país de nivel 2, pero el informe reconoce que “el gobierno [ha] mostrado una intensificación de los esfuerzos para juzgar a más sospechosos de tráfico y con la implementación formal y el financiamiento de la Dirección para la Prevención de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes… para coordinar los esfuerzos del gobierno contra la trata”. Históricamente, Ecuador también ha pagado el precio por la laxitud de sus regulaciones a la inmigración, que facilitó que miles de migrantes de otros países pasaran ilegalmente por sus fronteras. En 2016, hubo una afluencia constante de cubanos a Quito, que finalmente llevó a Ecuador a cambiar de posición, y deportar inmigrantes en masa a Cuba, en medio de acusaciones de haberlo hecho sin ofrecer audiencias justas. Los factores que motivan la trata de personas son complejos y difíciles de aislar, aunque soluciones comunes, como las campañas de concientización de la población, el rastreo del lavado de dinero y la cooperación transnacional han rendido frutos. Pese a los considerables esfuerzos, Latinoamérica sigue registrando altos índices de trata de personas. Las crisis económicas y sociopolíticas en Venezuela y Nicaragua siguen poniendo en riesgo a miles, por no hablar de millones, que son blanco de los grupos criminales para su explotación. En 2019 se prevé un crecimiento de la economía criminal de la trata de personas, y queda por ver si las inversiones sociales y las instituciones centrales en la región seguirán arrojando balances positivos en lo que respecta a la detección, el enjuiciamiento y la condena de los actores criminales.

Balance de InSight Crime sobre los homicidios en 2018

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Desde la agudización de la crisis en Venezuela; pasando por los días aciagos en Nicaragua; un proceso de paz cada vez más frágil en Colombia; y los nuevos gobiernos en Brasil, México y otros países, 2018 fue un año de agitación en toda América Latina y el Caribe. Los niveles de homicidios han sido reflejo de estas variables, aumentando considerablemente en algunas naciones y descendiendo en otras. En su balance, InSight Crime analiza las tasas de homicidios por país, así como los factores subyacentes.

Venezuela: 81,4 por 100.000

Venezuela se mantiene a la cabeza como el país con más homicidios en América Latina, con 23.047 casos. Si bien esta cifra es ligeramente inferior a los 26.616 asesinatos reportados en 2017, el país sigue sufriendo graves conflictos políticos, económicos y sociales. Según un informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la única fuente de carácter público sobre los homicidios en el país, Venezuela registró una tasa de asesinatos de 81,4 por 100.000 habitantes en 2018, menos que los 89 por 100.000 que registró en 2017. Pero esta disminución no puede ser tomada con optimismo, dado que se basa en cifras de población del año 2011 y no tiene en cuenta la masiva migración de unos tres millones de venezolanos que han huido de la crisis. El OVV también considera que esta supuesta reducción en los homicidios contrasta con el marcado aumento de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad —7.523 víctimas en 2018, en comparación con 5.535 en 2017—, que representan un asombroso 32 por ciento del total de homicidios. Si bien el gobierno no ha publicado estadísticas oficiales sobre crímenes en 2018, InSight Crime tuvo acceso a un documento filtrado del Observatorio Venezolano de Seguridad Pública, departamento que hace parte del Ministerio del Interior. Allí se habla de una tasa oficial de 10.573 homicidios en 2018, es decir, solo 33 por 100.000 habitantes, la diferencia se debe a que el gobierno no incluye casos de “resistencia a la autoridad” ni otras categorías, como las víctimas de balas perdidas.

El Salvador: 51 por 100.000

El Salvador registró 3.340 homicidios en 2018, una disminución del 15 por ciento con respecto a 2017. Si esta cifra es correcta, la tasa de homicidios resultante (51 por 100.000 habitantes) continúa la tendencia a la baja que se viene presentando en El Salvador en los últimos años. Solo en 2016, el país encabezó el ranking regional de InSight Crime, con una alarmante tasa de 81,2 por 100.000 habitantes. En 2017, esta tasa descendió en 20 homicidios por 100.000, pero el país permaneció en segundo lugar en la lista, solo por debajo de Venezuela. Durante mucho tiempo, la tasa de homicidios de El Salvador ha estado relacionada con sus dos pandillas más dominantes y violentas: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Aunque puede haber diversas causas para la reducción de los asesinatos, como el hecho de que las pandillas han detenido sus luchas entre sí, el gobierno considera que sus medidas de “mano dura”, llamadas ahora de manera eufemística “medidas extraordinarias”, son las que han permitido dicha reducción. Sin embargo, esas mismas acciones represivas explican los hallazgos de un informe de Naciones Unidas, en el que se constata que los asesinatos extrajudiciales han aumentado y que es probable que queden impunes. Durante las dos primeras semanas del nuevo año fueron asesinadas 126 personas en el país. Los funcionarios policiales han señalado a las pandillas como culpables de los derramamientos de sangre, acusándolas de estar haciendo demostraciones de poder en vísperas de las elecciones presidenciales del 3 de febrero.

Jamaica: 47 por 100.000

En un discurso ante la Cámara de Representantes, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó que los homicidios disminuyeron en un 21,9 por ciento el año pasado. El país registró 1.287 asesinatos en 2018, una tasa de homicidios de 47 por 100.000 habitantes. La policía ha atribuido esta disminución a la creación de Zonas de Operación Especial (Zones of Special Operation, ZOSO), áreas en las que el ejército apoya el trabajo de la policía. Como parte de su plan de reducir la tasa de asesinatos a 16 por 100.000 habitantes en la próxima década, Holness ha promovido la conformación de 20 Zonas de Operación adicionales en 2019. Sin embargo, la disminución en los homicidios el año pasado se produjo después de un aumento de cerca del 20 por ciento en 2017, que se relacionó con la deficiente implementación del plan ZOSO y de medidas de seguridad similares.

(Mapa de InSight Crime mostrando las tasas de homicidios en Latinoamérica y el Caribe. Haga clic en la imagen para verla ampliada)

Honduras: 40 por 100.000*

De enero a noviembre de 2018, en Honduras se produjeron 3.310 asesinatos, según el Observatorio de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Esto significa una tasa de homicidios de 40 por 100.000 habitantes, una pequeña disminución con respecto al 42,8 por 100.000 registrado en 2017, cuando hubo 3.791 asesinatos. Después de llegar a un pico de 85,5 asesinatos por 100.000 habitantes en 2011, la tasa de homicidios de Honduras se redujo a la mitad en 2017. Al igual que en su vecino, El Salvador, los funcionarios de seguridad atribuyeron la tendencia a la baja a las acciones gubernamentales contra los narcotraficantes y las pandillas. Pero los funcionarios consideran que la poca disminución en la tasa de homicidios también se debe a la misma estrategia de seguridad, pues señalan que esta genera represalias por parte de los grupos criminales. En las primeras dos semanas de 2019, fueron asesinadas 30 personas en ocho masacres diferentes, lo que demuestra que continúa existiendo el tóxico coctel de violencia pandillera, altos niveles de impunidad y corrupción.

Trinidad y Tobago: 37,5 por 100.000

Este fue el segundo año más violento en la historia del país, con 516 homicidios, solo por debajo de 2008, cuando fueron asesinadas 550 personas. A pesar de su población relativamente pequeña, de 1,3 millones de habitantes, la violencia en Trinidad y Tobago ha empeorado permanentemente en los últimos años. La impunidad sigue siendo un grave problema, ya que, según los funcionarios policiales del país caribeño, al menos 83 por ciento de los casos de asesinatos del año pasado permanecen sin resolver.

Belice: 35,9 por 100.000

A pesar de ser el país más pequeño de Centroamérica, Belice ha tenido una tasa de asesinatos permanentemente alta. Si bien aún no se han divulgado las estadísticas oficiales, los medios de comunicación de Belice reportan 143 asesinatos en 2018, solamente dos menos que en 2012, el año más violento del país. El gobierno ha negado que Belice sea una base de despliegue de grupos criminales como Los Zetas y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, o la MS13 de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, la tasa de homicidios persistentemente alta demuestra que, aunque Belice no aparezca en los titulares, el crimen organizado parece ser una grave amenaza en el país.

México: 25,8 por 100.000

El mandato de Enrique Peña Nieto como presidente de México terminó con niveles récord de homicidios. En 2018, el país registró 33.341 asesinatos, más que los 31.174 de 2017, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto ubica la tasa de asesinatos en 25,8 por 100.000 habitantes, en comparación con 22,5 en 2017 y 16,2 en 2016. El aumento en los homicidios ha sido provocado por la continua fragmentación de los grandes carteles, así como por la incapacidad del gobierno para reaccionar ante las pandillas, menos organizadas y más pequeñas, que matan por el control territorial. El nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha modificado sus planes de seguridad, abogando por la creación de una guardia nacional y manteniendo a los militares en las calles para tratar de detener la creciente violencia, que causó un promedio de 91 personas asesinadas cada día el año pasado.

Brasil: 25 por 100.000*

En 2017, Brasil tuvo un triste récord: 175 personas fueron asesinadas en promedio cada día. El año pasado la situación mejoró levemente, pues entre enero y septiembre se presentaron 39.183 asesinatos, en comparación con 44.733 en el mismo periodo de 2017, según el Foro de Seguridad Pública de Brasil. Si esta disminución se mantiene estable, en 2018 se llegaría a una tasa de asesinatos de 25 por 100.000 habitantes. Pero la inseguridad y la violencia continúan siendo las principales preocupaciones de gran parte de la población, ya que Brasil no ha logrado encontrar formas efectivas de detener la violencia criminal. El ejército fue enviado a Río de Janeiro en 2017, lo que representa el más reciente ejemplo de una estrategia de militarización que ha fracasado sistemáticamente en Latinoamérica. Jair Bolsonaro llegó a la presidencia gracias en gran parte a la promesa de que le permitiría a la policía dispararles a los criminales y que simplificaría las leyes de propiedad de armas. En lo que va corrido de 2019, los grupos criminales han lanzado ataques en el estado de Ceará, y el gobierno ha respondido a la violencia con tropas federales, convirtiendo al noreste de Brasil en un verdadero campo de batalla. Este violento conflicto podría aumentar el número de muertes, y deja claro que Brasil no logrará abordar las causas subyacentes a sus tasas de asesinatos constantemente altas.

Colombia: 25 por 100.000*

Después de que en 2017 llegara a los niveles más bajos de violencia en 42 años, Colombia experimentó un leve repunte de la violencia en 2018, con 12.311 homicidios, en comparación con 11.381 en 2017. Este aumento del cuatro por ciento ubica la tasa de homicidios en 25 por 100.000 habitantes, en comparación con 24 por 100.000 el año pasado. En 2018, en Colombia se presentó un aumento y diversificación de los grupos criminales, entre ellos los exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se han reunido en una mafia ex-FARC que viene ganando fuerza, así como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El creciente número de disidentes de las FARC que abandonan el proceso de paz y la ruptura de las conversaciones con el ELN han incentivado a estas organizaciones. Además, la violencia ha aumentado en la frontera con Venezuela, y han continuado los asesinatos de líderes sociales como resultado de la lucha por el control de cultivos ilícitos y tierras.

Guatemala: 22,4 por 100.000

Guatemala siguió presentando una notoria mejoría, al llegar a fin de año con una tasa de homicidios de 22,4 por 100.000 habitantes. El país registró 3.881 asesinatos, un descenso desde las 4.409 muertes violentas y la tasa de 26,1 por 100.000 en 2017, según delegados del gobierno. Pero las cifras de la sociedad civil reflejan algo distinto. El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización no gubernamental que hace seguimiento a los delitos en el país, afirmó que la cifra oficial de muertos se quedó corta en más de 1.000 homicidios, lo que deja el total en 4.914 muertes y pone la tasa de homicidios en 28 por 100.000 habitantes. En todo caso, Guatemala es el país menos azotado por la violencia entre sus vecinos del Triángulo Norte —Honduras y El Salvador—. Los hallazgos de una investigación sobre homicidios en Guatemala, realizada por InSight Crime en 2017, siguen siendo válidos. La guerra emprendida por el presidente Jimmy Morales contra el organismo anticorrupción, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha mantenido al gobierno ocupado, sin tiempo para remediar la impunidad rampante en materia de homicidios y los errores en la recolección de información sobre dichos crímenes.

Puerto Rico: 20 por 100.000

La tasa de homicidios en Puerto Rico se mantuvo en 20 por 100.000 habitantes en 2018, casi el cuádruple que la parte continental de Estados Unidos. Los registros muestran que 641 personas murieron en forma violenta en el último año, un descenso respecto a los 710 homicidios de 2017, y muy por debajo del récord de 1.164 asesinatos en 2011. Los principales responsables del balance de muertos son las pandillas locales dedicadas al tráfico de drogas, y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) afirma que 60 por ciento de los homicidios en el país tienen relación con drogas. Este año, Puerto Rico ya ha tenido una oleada de asesinatos, que preocupa a los habitantes y a las fuerzas federales de orden público. Si el organismo de policía presenta problemas para impedir la deserción de sus agentes y resolver los delitos, no hará más que agudizar la inseguridad en la isla.

Costa Rica: 11,7 por 100.000

Con solo 17 homicidios menos en 2018, la tasa de homicidios de Costa Rica se mantuvo relativamente estable. El país centroamericano contó 586 homicidios, lo que redujo ligeramente la tasa de homicidios de 12,1 a 11,7 por 100.000 habitantes. Hasta la disminución del año pasado, la tasa de homicidios presentaba un constante incremento desde 2012. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del país incluso había previsto lo mismo para 2018. El que fuera por tradición el país más pacífico de Centroamérica ha padecido recientemente aumentos en los niveles de criminalidad, debido a su ubicación como punto de tránsito importante para la cocaína colombiana. El gobierno ha tenido problemas para responder al incremento en la oferta de narcóticos, lo que ha llevado a los grupos a disputarse el control de las plazas locales.

Uruguay: 11,2 por 100.000

Uruguay alcanzó un récord de 382 homicidios en 2018. Con 99 homicidios más que en 2017, experimentó un incremento de 35 por ciento entre un año y otro, así como una tasa de homicidios de 11,2 muertes por 100.000 habitantes. Estas cifras se tomaron de la Fundación Propuestas (Fundapro), asociada al Partido Colorado. Solamente se han divulgado cifras oficiales sobre el primer semestre del año, en el que se reportan 218 asesinatos, en comparación con 131 entre enero y junio de 2017. Para uno de los países que se han mantenido tradicionalmente entre los más pacíficos y estables de la región, este súbito incremento prende las alarmas. Las autoridades están convencidas de que la causa son las rencillas entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, puede ser más fácil atribuirles a ellos la culpa para justificar la militarización cuando otros problemas, como las mediocres tasas de resolución y condenas para los homicidios, pueden también haber contribuido a la situación.

República Dominicana: 10,4 por 100.000*

El Observatorio de Seguridad Ciudadana denunció que se registraron 801 asesinatos en el país caribeño durante los tres primeros trimestres de 2018, una caída de 145 en comparación con los 946 homicidios registrados para el mismo periodo de 2017. Aunque esto muestra que se mantiene una tendencia desde 2011, un sondeo reciente indica que la inseguridad pública sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población dominicana.

Panamá: 9,6 por 100.000*

En diciembre, el Ministerio Público de Panamá publicó un informe en el que se afirmaba que entre enero y noviembre de 2018 hubo 401 homicidios, cerca de una docena por debajo de las 378 muertes registradas en 2017. Según esta cifra, la tasa de homicidios es de 9,6 por 100.000 personas. El informe destacaba que más del 40 por ciento (169) de los hechos ocurrieron en la capital, Ciudad de Panamá. El director de la Policía Nacional, Alonso Vega Pino, dice que ese leve incremento está “directamente relacionado con el crimen organizado”. La geografía de Panamá lo convierte en un punto de tránsito vital para el tráfico de mercancías ilegales en la región. Una investigación interna sobre una red internacional de tráfico de armamento en octubre de 2018 ilustraba los actuales retos que tiene el país frente a la corrupción y el crimen organizado.

Perú: 7,8 por 100.000*

En 2017, Perú registró 2.487 muertes violentas, poco más que los 2.435 de 2016, para arrojar una tasa de homicidios de 7,8 por 100.000. No hay datos disponibles para 2018 hasta el momento. Perú ha mantenido los índices de muertes violentas relativamente bajos en las últimas décadas, aunque la corrupción institucionalizada amenaza los recursos destinados a combatir los actuales problemas de narcotráfico en Perú.

Bolivia: 6,3 por 100.000

Durante una conferencia de prensa por televisión, el ministro del interior de Bolivia, Carlos Romero, anunció que el país había registrado una tasa de homicidios de 6,3 por 100.000 en 2018, una mejoría de más de dos por ciento en comparación con el primer semestre de 2017, cuando el país registró una tasa de 8,5 por 100.000. El anuncio se conoce en un momento en que el país se prepara para la primera vuelta de elecciones presidenciales el 27 de enero. En el último año, los grupos de oposición que rechazan tajantemente la decisión de Evo Morales de lanzarse como candidato para un cuarto periodo consecutivo han dirigido manifestaciones masivas y huelgas nacionales. Las elecciones presidenciales, que se celebrarán en octubre, bien pueden desviar la atención de los temas de seguridad nacional en un momento en que las pandillas de Brasil se desplazan hacia el país suramericano.

Ecuador: 5,7 por 100.000

Ecuador informó de 975 homicidios en 2018, es decir, 18 más de los 957 registrados en 2017, lo que deja al país con una tasa de homicidios de 5,7 por 100.000 personas, según la policía nacional. Hace menos de una década, Ecuador tenía tasas de homicidios tres veces más altas, pero un proceso de “legalización de pandillas” ha hecho posible la drástica reducción de los asesinatos. Sin embargo, el incremento del narcotráfico proveniente de Colombia hacia Ecuador ha renovado los temores de la violencia. El conocido homicidio de tres periodistas a manos de la mafia ex-FARC también ha hecho de la seguridad entre fronteras una prioridad para el gobierno.

Argentina: 5,2 por 100.000*

En medio de una profunda crisis económica, Argentina sigue ostentando unas de las tasas de homicidios más bajas del continente. Según el Ministerio de Seguridad, Argentina registró una tasa de homicidios de 5,2 por 100.000 personas en 2017, una leve disminución con respecto a los 6,6 de 2015. Al momento no se dispone de datos de 2018. Los bajos índices de violencia, sin embargo, no se han traducido en mayor seguridad. En diciembre, la ministra de seguridad Patricia Bullrich firmó un decreto en el que autorizaba un mayor uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales. La medida, cuya implementación se prevé para dentro de seis meses, ya está creando controversia e incertidumbre entre la población argentina.

Paraguay: 5,1 por 100.000*

El más reciente informe sobre homicidios del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Paraguay indica que se registraron un total de 350 homicidios entre enero y septiembre de 2018. Ese dato arroja una tasa de homicidios de 5,1 por 100.000, considerablemente menor que el 7,8 por 100.000 registrado en 2017. Sin embargo, el ministro del interior, Juan Ernesto Villamayor, declaró recientemente en una entrevista por radio que el país debe revaluar sus estrategias transnacionales con Argentina y Brasil para combatir el crimen organizado en la región. El Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC—), la pandilla más poderosa de Brasil, sigue poniendo en riesgo la seguridad del país.

Chile: 2,7 por 100.000

Chile mantiene su posición como el país con la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica. Entre enero y octubre de 2018, se registraron 488 muertes violentas, para una tasa de homicidios de 2,7 por 100.000 personas. Esta es aun menor que los 3,3 por 100.000 registrados para el mismo periodo de 2017. Incluso con los bajos índices de homicidios, Chile ha sido escenario de actos de violencia aleatorios. Un artefacto explosivo que fue detonado en una parada local de autobuses en Santiago, la capital del país, dejó múltiples heridos. Con la probable expansión del crimen organizado en 2019, queda por ver si Chile logrará mantener sus bajos índices de homicidios.

Nicaragua: N/A

En 2017, Nicaragua registró una tasa de homicidios de 7 por 100.000, con 431 homicidios, lo que continuaba una tendencia positiva de reducción de la violencia a lo largo de varios años. En 2018, los índices de violencia se dispararon con la brutal represión de los manifestantes civiles por parte del régimen del presidente Daniel Ortega. Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil han suministrado estadísticas incompletas de los asesinatos. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANDPH) registró en julio al menos 448 muertos y 595 desaparecidos. El grupo no ha divulgado información adicional desde que cerró sus oficinas de Nicaragua en agosto último, debido a las constantes amenazas del gobierno. * Las tasas de homicidios calculadas por InSight Crime se basan en datos parciales sobre homicidios para 2018 y la población total estimada de 2017 para cada país, según la oficina de referencia de población (Population Reference Bureau). Las mismas se actualizarán en cuanto se conozcan las cifras completas para 2018. 

Tras las rejas en Argentina, jefes de Los Monos siguen al mando

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Un violento ataque contra un edificio de tribunales pocos días después de la condena a los cabecillas de la organización criminal más notoria de Argentina bajo cargos de narcotráfico demuestra que la culminación del ambicioso caso contra el grupo no les ha quitado la capacidad de sembrar caos.  El 10 de diciembre, pistoleros atacaron el juzgado principal de la ciudad de Rosario, sede de la organización criminal conocida como “Los Monos”, según informó La Nación. Este es el quinto ataque de este tipo en un lapso de pocos meses. El Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, donde se encuentra Rosario, comentó que las autoridades sospechan que el ataque puede tener relación con el cierre de un club nocturno que era una de las principales fuentes de financiamiento de Los Monos. El ataque ocurrió pocos días después de que un juzgado federal de la ciudad en una sentencia inédita condenara a 34 miembros de la organización criminal a penas de prisión por narcotráfico. Los dos jefes de la organización, Ariel Máximo Cantero, alias “Guille”, y Jorge Emanuel Chamorro, alias “Ema”, recibieron sentencias de 15 y 17 años de prisión, respectivamente. Además, Vanesa Barrios, esposa de Cantero, y Jésica Lloan, compañera de Chamorro recibieron penas de 12 años tras las rejas. La madre de Cantero, Patricia Celestina Contreras, fue sentenciada a 8 años de reclusión. A las mujeres se las acusa de coordinar la producción de narcóticos y la logística de las ventas, bajo las órdenes de Cantero y Chamorro, mientras estaban recluidos en la cárcel de Piñero, ubicada a 20 kilómetros de Rosario. Cantero purga una sentencia de 22 años por chantaje y homicidio; Chamorro cumple 12 años por liderar una organización criminal. El fiscal Federico Reynares Solari declaró que estaba satisfecho con la última sentencia y señaló que los juzgados habían alcanzado los “niveles de organización más altos”. El abogado defensor, Fausto Yrure, declaró que no creía que la evidencia presentada en el juicio demostrara la responsabilidad de sus clientes y confirmó que apelará la sentencia. Los Monos, dirigida por miembros de la poderosa familia Cantero, es una de las organizaciones criminales más célebres de Argentina. Controlan principalmente el tráfico de estupefacientes en Rosario, ciudad estratégica ubicada sobre el río Paraná, que sirve de punto de tránsito para los cargamentos de drogas procedentes de los vecinos Bolivia y Paraguay. A ellos se les atribuyó una ola de violencia en 2013, que hizo de Rosario una de las ciudades más violentas de Argentina. Más recientemente la tasa de homicidios cayó. Pero una serie de amenazas y violentos ataques contra jueces, fiscales y testigos implicados en el caso ha prendido las alarmas.

Análisis de InSight Crime

Se espera que la más reciente condena contra los jefes de Los Monos sea el golpe de gracia para la organización criminal, pero los ataques que han seguido a su reclusión muestran que el grupo sigue ejerciendo control en Rosario. El caso contra Los Monos no tuvo paralelo en Rosario. Después de haber controlado las actividades criminales de la ciudad por casi dos décadas, el grupo enfrentó por primera vez un juicio por narcotráfico. La condena de tantos miembros del grupo fue la culminación de una de las investigaciones más ambiciosas asumidas por las autoridades del país suramericano. Más aún, los cabecillas del grupo fueron a prisión, lo que demuestra que los fiscales investigaron a Los Monos en todos los niveles, algo particularmente difícil de hacer en lo que respecta a clanes familiares.

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La investigación, llamada “Los Patrones”, reveló lo que muchos sabían pero no habían logrado demostrar, al menos con esa profundidad, hasta ahora: la colusión policial con las organizaciones criminales y la corrupción del sistema penitenciario que permitió a Los Monos actuar con libertad. Cuando las autoridades allanaron la celda de Chamorro en 2015, descubrieron una línea telefónica fija y un teléfono móvil donde había guardado detalles de contacto de agentes de policía, un agente antinarcóticos y el jefe de la Barra Brava de Rosario Central, quien es objeto de una investigación en curso. Al dictar sentencia, en abril de este año, a varios agentes de policía que colaboraron con Los Monos, las autoridades enviaron un mensaje contundente de que no se tolerará la corrupción dentro de los organismos de seguridad. Pero la oleada de amenazas y ataques violentos contra jueces, fiscales y testigos, ordenada supuestamente por los cabecillas del grupo desde la prisión, muestra que su poder puede seguir intacto.