¿Por qué Argentina no logra controlar sus barras bravas?

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La serie de hechos turbulentos que condujeron a que una de las finales de fútbol más esperadas en Latinoamérica se trasladara a Europa dejó en evidencia, una vez más, el alcance y la influencia de las poderosas barras de aficionados al fútbol, así como la incapacidad del gobierno —o su falta de voluntad— para controlarlas. Este 9 de diciembre, dos de los principales equipos de fútbol de Argentina, Boca Juniors y River Plate, se enfrentarán en Madrid, España, por la polémica final de la Copa Libertadores, una de las principales competencias del fútbol suramericano. Dicho partido se jugará después de que la segunda parte de la final fuera cancelada el pasado 24 de noviembre, luego de que un autobús en el que se transportaban miembros del equipo de Boca fuera atacado violentamente, al parecer por barras bravas de River Plate, cuando el equipo se acercaba al estadio de Buenos Aires, la capital del país. Las fuerzas de seguridad se enfrentaron con los hinchas, lanzaron gases lacrimógenos y detuvieron a cerca de 60 personas, según un informe de Infobae. El día después de que se canceló el partido, el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que los actos violentos se presentaron después de que las autoridades confiscaron casi US$100.000 y 300 entradas para el partido en la casa de Héctor “Caverna” Godoy, uno de los líderes de la barra brava del River Plate.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Argentina Esto condujo a que Martín Ocampo, secretario de justicia y seguridad de la ciudad de Buenos Aires, renunciara al día siguiente, y a que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazara los informes según los cuales varios agentes de policía corruptos se habían movido de su sitio para permitir que los miembros de la barra se acercaran al bus de Boca Juniors. “No hubo ningún problema interno en la policía, ni ninguna ‘zona libre’, lo único que hubo fueron individuos violentos”, dijo Bullrich en un comunicado reseñado por Perfil. Desde 1922, más de 315 personas han muerto en Argentina durante actos violentos relacionados con el fútbol, 97 de ellas en la última década solamente, según estimaciones de Salvemos al Fútbol, una organización que recopila datos publicados en medios de comunicación. En el año 2013, en un intento por controlar la violencia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las autoridades locales decidieron prohibir que los hinchas de equipos rivales asistieran a los partidos. El Congreso está debatiendo actualmente un proyecto de ley, respaldado por Bullrich, para aumentar las penas para los acusados de cometer actos violentos o instigar a la violencia en los eventos deportivos.

Análisis de InSight Crime

La violencia del fútbol en Argentina no es un tema nuevo. Sin embargo, este acto de violencia contra un equipo rival durante uno de los partidos de mayor importancia en el país ha puesto de nuevo a las barras bravas en el centro de atención, y ha ejercido presión sobre las autoridades para que tomen medidas al respecto. Pero hacer frente a estas poderosas organizaciones puede ser una tarea casi imposible. En primer lugar, el fervor local por el fútbol es casi religioso y representa una fuente inagotable de poder para los clubes y, por lo tanto, para las asociaciones de hinchas. Las barras tienen un enorme control sobre quién juega en sus clubes, quién los administra y quién recibe los beneficios y privilegios. InSight Crime consultó a Diego Murzi, sociólogo y experto en el tema de la violencia en el fútbol argentino, quien señaló que parte del poder de las barras bravas proviene de su propia estructura. “Una de las particularidades de los clubes de fútbol en Argentina es que son asociaciones civiles sin fines de lucro”, explicó Murzi. “Para ser presidente de un club, tenés que armar una agrupación, presentarte a elecciones y hacer que la gente te vote. Ello requiere hacer alianzas y tomar compromisos con las barras bravas”. En un video del año 2012 aparece Pablo “Bebote” Álvarez, exlíder de la barra brava del club Independiente, amenazando al presidente del club, Javier Cantero, en una transmisión en vivo por televisión. El año anterior, Cantero había sido objeto de la ira de los hinchas después de convertirse en presidente del club y declararles la guerra a las barras.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre fútbol y crimen En segundo lugar, el fútbol y la política están tan entrelazados en Argentina que a menudo es difícil diferenciarlos. Los políticos usan la influencia territorial de las barras cuando necesitan mostrar poder, y las barras bravas reciben favores a cambio. “La diferencia con Inglaterra, por ejemplo, es que los hooligans eran grupos marginales que no le eran funcionales a nadie. Las barras argentinas les son funcionales a la mayoría de los actores del mundo del fútbol: a la política, a la policía, a los jugadores, a los entrenadores”, puntualizó Murzi. Esos vínculos no se pueden subestimar. Por mencionar solo unos ejemplos, el jefe de Estado de Argentina, Mauricio Macri, fue presidente del Boca Juniors por más de una década; Máximo Kirchner, el hijo de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, tiene vínculos con Racing, y Hugo Moyano, líder de uno de los más poderosos sindicatos locales, es el presidente de Independiente. En tercer lugar, estos grupos ejercen un férreo control sobre los territorios en los que operan, lo cual les da control sobre economías ilegales muy rentables, como la reventa de entradas y el control de los aparcamientos en espacios públicos cerca de los estadios. Las pandillas también han participado en crímenes más graves, como el narcotráfico y la extorsión. Desde mediados de 2017, solo en la provincia de Buenos Aires la policía ha detenido por dichos crímenes a 52 miembros de las barras bravas de los 15 equipos más importantes de Argentina, según un informe de La Nación. Macri considera a las barras bravas como un reto del crimen organizado, y la respuesta de su administración frente a este problema ha consistido en aumentar las operaciones policiales y pedir castigos más severos para los culpables. Murzi cree que el problema radica en esta estrategia. “No es un asunto solamente policial, de seguridad”, dijo. “El problema es la corrupción policial. Es un problema en parte de voluntad política pero también falta en parte la voluntad de las asociaciones de fútbol, que siempre le han dado la espalda al tema de la violencia en el fútbol”.

¿Puede una base de datos resolver la corrupción policial en Argentina?

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El lanzamiento de un nuevo registro que contiene información sobre miles de miembros expulsados de la mayor fuerza de policía de Argentina por corrupción puede señalar una nueva iniciativa de depuración en este organismo, pero los interrogantes sobre si será efectiva o, incluso, suficiente, continúan. El registro, que incluye los nombres de 8.500 agentes destituidos desde 1966, lo anunció el mes pasado María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. La base de datos contiene información sobre los agentes y el motivo de su retiro, que incluye cargos por corrupción y violencia, entre otros. Cerca del 15 por ciento de los agentes fueron acusados de connivencia con organizaciones narcotraficantes. Las autoridades declararon que el propósito de la base de datos, que se actualizará regularmente, es impedir que las firmas de seguridad privada contraten a exagentes de policía con antecedentes criminales a sabiendas de esto.

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En la presentación de la base de datos en un evento público, la gobernadora señaló que este era solo el primer paso para enfrentar la corrupción dentro de la Policía. “El mensaje para los policías es: […] no hay política de seguridad posible con delincuentes dentro de la Policía”, dijo Vidal en declaraciones para Clarín. Desde que Vidal, miembro del partido gobernante en Argentina, asumió su cargo en 2015, cerca de 1.400 agentes han sido destituidos de la institución policial provincial, y hay 27.000 más con investigaciones abiertas, según cifras divulgadas por Clarín.

Análisis de InSight Crime

La noticia de la corrupción dentro de la mayor fuerza policial de Argentina y de los intentos por reformarla no es nueva. Anteriores administraciones han intentado depurar la “Bonaerense” (como se la conoce localmente) en otras oportunidades, con pocos resultados. La gobernadora llegó al poder en representación de la coalición Cambiemos del presidente Mauricio Macri, que se centró en eliminar la corrupción dentro de organismos como la Policía y combatir el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, la más populosa de Argentina y notoriamente problemática. Estas son tareas difíciles, dados los vínculos pasados entre la Bonaerense y organizaciones narcotraficantes. Incluso en el mandato de Vidal se han conocido dos casos. En mayo de 2017, el jefe de policía Pablo Bressi renunció en medio de señalamientos de que sabía de pagos hechos a agentes por organizaciones narcotraficantes. En otro caso, en agosto de 2018, las autoridades hallaron 160 dosis de cocaína ocultas en un chaleco antibalas encontrado en una unidad antinarcóticos. Esa unidad hacía parte del cuerpo de policía de La Matanza, uno de los partidos o distritos más violentos de la provincia de Buenos Aires, según informó Perfil. Expertos consultados por InSight Crime sobre el estado del crimen organizado en el país austral coincidieron en afirmar que es vital librar de corrupción a la Policía. Las organizaciones criminales —que en Argentina suelen ser de menor tamaño, pero que tienen un control muy fuerte del poder en los territorios en los que operan— no podrían funcionar sin el respaldo activo de los organismos de seguridad, señalaron. Con un desafío tan descomunal, una base de datos podría parecer un paso insuficiente. La Policía en Argentina carece de recursos, por lo cual no sorprende que muchos se sientan tentados por el ingreso extra resultante de trabajar con organizaciones criminales. La gobernadora Vidal, sin embargo, también ha anunciado medidas para garantizar que los agentes presenten declaraciones de renta, como una manera de combatir el lavado de dinero, y les ha concedido un aumento salarial como una medida para mejorar las condiciones laborales. Sin duda las medidas de transparencia y los mejores salarios pueden disuadir a los agentes, en especial a los reclutas más jóvenes, de aliarse con narcotraficantes. Pero si Argentina se toma en serio la lucha contra el crimen organizado, debe adoptar medidas adicionales a mayor escala, lo que incluye investigaciones por corrupción en ciertos círculos políticos y en el sistema carcelario.

Sindicatos de Argentina luchan contra acusaciones que los tildan de mafiosos

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Las críticas a la decisión de un juez de Argentina de desestimar la orden de arresto contra uno de los principales líderes sindicales del país por cargos de corrupción podría estar obligando a algunas de las organizaciones más poderosas del país a redoblar esfuerzos para desmentir las crecientes acusaciones que las tildan de “mafiosas”. El 12 de octubre, el fiscal Sebastián Scalera emitió una orden de arresto contra Pablo Moyano, líder del sindicato de camioneros de Argentina y vicepresidente del equipo de fútbol Independiente. Moyano estaba acusado de dirigir una organización ilegal que lavaba dinero en cooperación con la barra brava de Independiente. El fiscal afirma que el grupo lavaba dinero mediante, entre otras cosas, la reventa de boletos y el control de los parqueaderos en los alrededores del estadio. Dice además que se cree que a través de la cuenta del club en Liechtenstein pasaron US$30 millones, según informó Clarín.

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Pero unos días más tarde, el 16 de octubre, el juez Luis Silvio Carzoglio rechazó el pedido de detención y varias solicitudes de allanamiento, aduciendo que no había suficientes pruebas contra Moyano. El fiscal, quien dijo que apelará la decisión, considera que la batalla se ha perdido, pero no la guerra. Pablo Moyano afirmó que las acusaciones son parte de una campaña política contra él y su familia. Pablo Moyano es hijo de Hugo Moyano, uno de los más poderosos dirigentes sindicales de Argentina. Hugo y otros miembros de su familia también están acusados de corrupción, lavado de dinero y evasión de impuestos.

Análisis de InSight Crime

Independientemente de si Pablo Moyano termina tras las rejas, lo cual parece muy poco probable dados los obstáculos políticos, el substancial caso, que es el más reciente de una serie de golpes contra los sindicatos de Argentina, podría obligar a sus líderes a intentar limpiar su imagen. Pero la pregunta sigue siendo: ¿los sindicatos argentinos operan como mafias? En un contexto político tan polarizado como el de Argentina, la respuesta depende del punto de vista. Los sindicatos son una de las organizaciones más influyentes en el país suramericano. Parte de su poder reside en el hecho de que cerca de 40 por ciento de la fuerza laboral del país está sindicalizada, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero quizá lo más importante es que estas organizaciones administran los planes de salud de sus miembros, que es un negocio bastante lucrativo. Muchas de ellas tienen además fuertes vínculos con políticos, así como con asociaciones y clubes de fútbol, que posibilitan actividades como la reventa de boletos y la compra y venta de jugadores, actividades que a menudo están vinculadas al lavado de dinero. No hay duda de que, gracias a este poder, los sindicatos han obtenido beneficios muy favorables para los trabajadores argentinos, particularmente dentro del sindicato de camioneros, dirigido por Pablo Moyano. Los críticos afirman que esta posibilidad de acceder a fondos, personas y deportes como el fútbol les otorga a los sindicatos un poder incuestionable y les permite funcionar como mafias. Mauricio Macri ganó la presidencia en 2015 gracias en parte a las promesas de luchar contra la corrupción. Y muchas de sus acciones se han enfocado en políticos de las administraciones Kirchner y en los sindicalistas. Desde ese año, al menos cuatro importantes dirigentes sindicales han sido investigados y encarcelados por cargos de corrupción. Muchos otros están siendo investigados. Los partidarios de Macri han considerado estos arrestos como victorias, pero sus críticos temen que, más que querer librar al país de la corrupción, la verdadera intención de esta administración sea detener las críticas. Dado que el desempleo, la pobreza y la inflación anual siguen aumentando en Argentina, el país enfrenta un futuro económico incierto, y los sindicatos son un fuerte pilar contra la reforma económica propuesta por Macri. Además, los juicios de los casos de corrupción suelen ser lentos en Argentina. El sindicato de camioneros es particularmente fuerte en este extenso país, donde las rutas nacionales son esenciales para el transporte de la mayor parte de las mercancías, de modo que la probabilidad de que Pablo Moyano vaya a las cortes es remota.

“La pobreza es el caldo de cultivo del narcotráfico”: funcionario de Argentina

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Al gobierno argentino le entusiasman las cifras. En cada oportunidad, los funcionarios de la administración del presidente Mauricio Macri ilustran los logros de su gestión en números: aumento de las incautaciones de marihuana, cocaína y drogas sintéticas; intensificación de los operativos y arrestos; bajas en los homicidios en las zonas más “calientes” del país. Sus críticos, por otro lado, afirman que enfocarse en las cifras hace que el gobierno no distinga entre peces grandes y pequeños; que el en el afán de mostrar que “se está haciendo algo”, no se ataca la corrupción que permite que los grupos criminales continúen operando.

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Martín Verrier, subsecretario de lucha contra el narcotráfico, del Ministerio de Seguridad de la Nación, no está de acuerdo con esas críticas. Cita cifras, casos, ejemplos. Muestra detallados mapas y gráficos para ilustrar los éxitos de su gestión, del uso de técnicas de inteligencia para las investigaciones, aunque a cada paso afirma que “los desafíos aún son grandes”. Verrier habló con InSight Crime en Buenos Aires sobre el panorama del narcotráfico en el país sudamericano y los desafíos que enfrenta de cara a las nuevas dinámicas del mundo criminal y la crisis económica que afecta a toda la población. InSight Crime (IC): ¿Cómo evalúan el estado del crimen organizado en Argentina hoy? Martin Verrier (MV): Tenemos tres niveles de crimen organizado. Primero, el crimen organizado barrial, que se dedica al microtráfico. Una estancia intermedia, de los clanes familiares, que dominan las rutas del narcotráfico en el país. El tercer nivel, los grandes carteles internacionales, solo aparecen muy esporádicamente. Lo que no vemos en la Argentina es que esos carteles intenten hacer ocupación territorial. Lo que hacen es buscar un socio local e intentar hacer una operación puntual, no controlar rutas o sectores. Por eso, la violencia narco se ve en los barrios, no en las fronteras. IC: Dicen que Argentina dejó de ser un país de tránsito, ¿por qué? MV: Hoy Argentina es un país consumidor. Eso tiene sus beneficios y sus costos. Hoy, sacar un kilo de cocaína desde el puerto de Buenos Aires es bastante más caro que sacarlo desde el puerto de Santos, en Brasil. Ahora el tipo de cambio ya no favorece; hay que ver si las cosas cambian ahí. IC: Argentina está atravesando una grave crisis económica, una gran devaluación. ¿Cómo puede afectar eso el mercado de la droga? MV: La droga es un commodity, entonces cualquier variación fuerte en el tipo de cambio afecta la ruta. Hasta ahora el 99 por ciento de las drogas sintéticas que se consumen en la Argentina vienen de Europa. A lo sumo hemos visto la fabricación del comprimido, pero con materia prima importada. Ahora tal vez como es más caro comprar la droga afuera, estamos atentos a cualquier intento de fabricación local. Estamos atentos a ver si reaparece el paco. Antes ibas con el equivalente de US$1.800 a la frontera con Bolivia y comprabas un kilo; ahora eso son casi 80.000 pesos; entonces el tipo dice: “en vez de darme cocaína, dame pasta base”. Hacemos un juego del gato y el ratón porque las organizaciones son muy dinámicas. IC: Su administración tiene un claro enfoque de lucha contra la demanda, ¿por qué? MV: Trabajar sobre la demanda y restringir la oferta de drogas es lo que da resultados más duraderos. Rehabilitación y tratamiento… Lo que buscamos restringiendo la oferta es que el mercado de las drogas sea más chico. IC: Pero hay una diferencia entre la marihuana y la cocaína, y algunos países están haciendo experimentos con la legalización con resultados positivos. MV: Sí, claro. A pesar de que uno legalice o regule el consumo, inevitablemente atrae al resto de las externalidades que afectan a la inseguridad. En Holanda, por ejemplo, la policía vio que la venta de lo legal atraía a lo ilegal, porque los que iban a consumir lo primero se veían atraídos a lo otro también. IC: Pero regular sustancias, como se ha hecho con el el alcohol y el tabaco, ¿no sería una forma de limitar el poder del crimen organizado? MV: En Uruguay estamos siguiendo el experimento muy de cerca y aunque todavía es muy pronto para sacar conclusiones; en principio vemos que no han logrado reemplazar al mercado ilegal. Si yo legalizo una, sigo compitiendo con otra más fuerte… Cuando se flexibilizan las normas, aumenta el consumo. Hoy, con la capacidad de reacción que tenemos, yo creo que es muy arriesgado y que las consecuencias pueden ser mucho más negativas que los beneficios. IC: Sus críticos dicen que el gobierno se está enfocando en incautaciones pequeñas y arrestos poco significativos. MV: Tenemos una política criminal que va encaminada a los grandes. No nos interesa perseguir a gente que va con dos gramos de marihuana en el bolsillo. Pero si en un procedimiento de control me encuentro con una persona que tiene eso, el marco legal vigente hace que yo tenga que ponerla a disposición de la justicia. Si es el mejor sistema, nos excede, pero es el sistema que tenemos. IC: El problema carcelario es particularmente evidente en el caso de Los Monos, que manejaron parte de su organización desde detrás de las rejas. ¿Cómo evalúan la situación allí? MV: La situación de Rosario es sensible. Tuvimos un pico de violencia en mayo de 2018, pero las tasas están volviendo a descender. Eso fue producto del desmantelamiento de las principales organizaciones: Los Funes, Los Húngaros y Los Monos. Al sacar a las grandes organizaciones, quedaron los aliados, los subcontratistas, que cuando vieron el vacío de poder comenzaron a luchar entre sí, y comenzaron estas matanzas, pero la situación ya esta bastante estabilizada. Sin embargo, Rosario es un desafío enorme, porque el cordón de pobreza que hay alrededor es enorme. Ese es el caldo de cultivo del narcotráfico cuando hace territorialidad. IC: Las denuncias sobre corrupción policial vienen desde hace muchos años, ¿por qué no se resuelve este problema? MV: Algo que incide mucho es que el liderazgo político no asume su rol como jefe de las fuerzas de seguridad y su obligación de tener un sistema de rendición de cuentas y un control de gestión eficiente. Sería muy difícil ser corrupto si tu superior tiene un sistema de control efectivo. * La transcripción de la entrevista fue editada para mayor claridad y brevedad.

Captura de “narco-hinchas” en Argentina muestra alcance criminal de “barras bravas”

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La captura de miembros de una organización de narcotráfico internacional conformada por miembros de hinchadas de equipos de fútbol de Argentina y Colombia, suma evidencia sobre la participación de “barras bravas” en el crimen organizado y los crecientes vínculos criminales entre ambos países. El 26 de septiembre, autoridades en Argentina detuvieron a 15 personas sospechadas de ser parte de una red criminal que importaba droga desde Colombia y la vendía en zonas del Gran Buenos Aires, según reportó Clarín. Como parte del operativo contra el llamado “Cartel de las Barras”, las autoridades también realizaron más de 20 allanamientos en los que fueron incautadas al menos 1.100 dosis de cocaína, 1.400 de paco (una pasta fumable que resulta de una etapa intermedia en el procesamiento de la cocaína) y más de un kilo de marihuana.

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Uno de los hombres identificados como líderes de la red, y quien presuntamente conseguía la droga en consignación y la ingresaba a la Argentina, fue el colombiano Sebastián Parra Jaramillo, uno de los jefes de hinchada del equipo Atlético Nacional de Medellín. Parra Jaramillo fue capturado en la casa del hijo de Edgardo Gustavo “El Gordo” Vallejos, jefe de la barra brava del equipo argentino Club Deportivo Laferrere. El hijo de El Gordo continúa prófugo. Los vínculos entre ambas hinchadas fueron confirmados por las autoridades argentinas durante el mundial de Rusia, cuando funcionarios de la Agencia de Prevención de la Violencia en Deporte (Aprevide) documentaron una serie de reuniones sospechosas entre ambos grupos de hinchas.

Análisis de InSight Crime

Esta no es la primera vez que una barra brava de fútbol de Argentina se ve involucrada en actividades criminales y que se identifican conexiones con grupos de Colombia. Sin embargo, rara vez se habían documentado casos en los que la droga fuera dejada en consignación, lo que muestra el gran nivel de confianza que los grupos sostenían e ilustra el continuo fortaleciendo los vínculos criminales entre ambos países. “Esta organización tenía un contacto que viajaba a Colombia, Perú y Ecuador, donde conseguía droga en consignación, algo raro porque los estupefacientes se pagan antes, pero gracias al vínculo a través del fútbol, lograron esto”, Cristan Ritondo, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dijo en una conferencia de prensa, reportada por Clarín. Los resultados de la operación también dan muestra de la importancia de los espacios deportivos para el establecimiento y fortalecimiento de actividades criminales como la extorsión y el lavado de dinero. Ya desde 2010 la barra de Laferrere ha realizado cobros por seguridad a los comercios ubicados en su zona de injerencia, donde además controla el servicio de transporte informal, tanto de buses como de vehículos particulares, gracias a sus vínculos políticos, según una investigación de Infobae. Como InSight Crime ha señalado, y como lo demuestra este caso, estos grupos de hinchas parecen estar buscando expandir sus portafolios criminales hacia actividades más lucrativas y, en ocasiones, violentas. Las autoridades Argentinas, por su parte, parecen tener a las barras bravas en la mira. El ministro Ritondo anunció durante una visita al Consejo Federal de Seguridad en Espectáculos Futbolístico su intención de combatir no solo la violencia sino también “las mafias en el fútbol”.

Cuadernos y arrepentidos: ¿Nuevas armas contra la corrupción en Argentina?

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El reciente procesamiento de la expresidenta de Argentina por cargos de corrupción en el marco de una megainvestigación se suma a una larga lista de acusaciones contra las élites del país, pero las características del caso, y sus posibles consecuencias, lo hacen único. Desde cuando el escándalo estalló, hace casi dos meses, y particularmente desde el pedido de procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina no se deja de hablar de los ya famosos cuadernos. En ellos, Oscar Centeno, exconductor del secretario de Julio de Vido, ministro de planificación durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2015, detalla el supuesto movimiento de US$56 millones en efectivo entre funcionarios públicos y empresarios (principalmente del área de la construcción para obras públicas) que supuestamente pagaban sobornos para conseguir contratos y licitaciones del Estado. Los cuadernos llegaron a manos de un periodista del diario argentino La Nación en enero; quien los entregó a la justicia ocho meses después, antes de publicar su contenido. El juez Claudio Bonadío, quien cree que los sobornos pueden haber llegado hasta unos US$160 millones, rápidamente comenzó a ordenar arrestos, que incluyen a miembros de élites políticas y económicas del país.

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Las denuncias de corrupción, particularmente contra la expresidenta Cristina Fernández y su círculo cercano, no son algo nuevo en Argentina. Tampoco es nuevo que la expresidenta Cristina Fernández niegue responsabilidad en el caso y denuncie “persecución política”. Pero una serie de características hacen que el “escándalo de los cuadernos” sea diferente a los previos y un posible punto de quiebre en la lucha contra la corrupción en el país suramericano.

Una caja de pandora

La publicación de los cuadernos que denuncian supuestos actos de corrupción ha abierto, como nunca antes, una caja de pandora en la política local, acelerando una serie de eventos. El juez Claudio Bonadío ya ha pedido la captura de docenas de funcionarios y empresarios que, hasta ahora, parecían intocables. Más de una docena están detenidos y más de 20 han declarado bajo la “ley del arrepentido”, una nueva figura legal que beneficia a quienes provean información y nuevos nombres con posibles reducciones de penas. Entre ellos se encuentran nombres del círculo más cercano de la expresidenta Cristina Fernández, un exjuez federal y una serie de empresarios de alto perfil. Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, declaró que alrededor del 20 por ciento del valor de los contratos de obras públicas durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se pagaba a los funcionarios que las aprobaban, según reportó Clarín. Paolo Rocca, uno de los hombres más ricos de la Argentina y CEO del grupo Techint, reconoció que la compañía pagó sobornos al gobierno argentino en 2008 para que intercediera ante el gobierno de Venezuela cuando este intentaba cerrar una de sus empresas en el país.

La ley del arrepentido

Una de las razones del éxito del caso es el uso, por primera vez en la Argentina, de la “ley del arrepentido”, una figura legal que permite que quienes brinden información o nombres sobre casos relacionados con delitos que incluyen corrupción y tráfico de drogas reciban absoluciones o rebajas de penas. Un gran número de empresarios locales hicieron fila en los tribunales para brindar información y nombres —entre ellos estaba Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y exdueño del grupo constructor Iecsa, quien admitió haber hecho pagos como “contribuciones de campaña”—.

Cantidades de dinero

Aun cuando no es la causa en la que se presume se ha pagado la mayor cantidad de dinero en sobornos, los números que el juez maneja son colosales, particularmente teniendo en cuenta la crítica situación económica por la que atraviesa la Argentina. El hecho de que funcionarios públicos y empresarios presuntamente transportaran cantidades en efectivo que llegarían hasta los US$200 millones demuestra el grado de impunidad de la corrupción en el país y es clave a la hora de entender por qué este caso es tan relevante para la política local.

El mayor golpe para CFK

La “causa de los cuadernos” se suma a una larga lista de acusaciones de corrupción que enfrenta la expresidenta, incluyendo cargos de asociación ilícita, fraude, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Y a pesar que continúa gozando de altos niveles de apoyo popular, es imposible dejar de preguntarse si esta causa, y la cantidad de arrepentidos de alto nivel que están testificando en su contra, representa el mayor golpe contra la senadora hasta el momento.

Las teorías conspirativas, a prueba

Argentina está sumida en una gran polarización política, que salpica todos los aspectos de la vida pública, incluyendo las investigaciones sobre corrupción. De un lado, quienes apoyan a la gestión del Presidente Mauricio Macri, argumentan que no hay dudas sobre los altos niveles de corrupción que definieron la gestión Kirchner. Hablan, principalmente, del enorme aumento patrimonial de la pareja y sus aliados más cercanos. Quienes apoyan a la expresidenta están convencidos de que este es un caso de persecución política. Dicen que la gestión de Macri apunta casi exclusivamente a simpatizantes del kirchnerismo a la hora de investigar la corrupción (e ignora denuncias de manejos turbios en manos del gobierno actual) y denuncian que no se han encontrado pruebas concretas. Pero las explicaciones que la expresidenta ha dado sobre los orígenes de su fortuna personal no han resultado las más convincentes y las pruebas sobre el involucramiento de sus aliados más cercanos en casos de corrupción pone en duda que este caso sea solo una persecución política.

¿Cuál es el futuro del caso?

Algunos han llamado al caso de los cuadernos el “nuevo Lava Jato”, el caso que llevó a prisión al expresidente de Brasil Ignacio “Lula” Da Silva, pero a pesar de la gran publicidad, es improbable que este termine igual, al menos en algunos aspectos. La apertura de investigaciones sobre corrupción en Argentina no es poco común, pero la gran mayoría nunca termina en condenas firmes. De hecho, el 92 por ciento nunca llegan a juicio, según una auditoría del Consejo de la Magistratura sobre todos los expedientes abiertos entre 1996 y 2006. La expresidenta, además, tiene inmunidad parlamentaria y, aun cuando se ha debatido la posibilidad de retirarle los fueros, esto es poco probable. Uno de los mejores ejemplos es el caso del expresidente y ahora senador Carlos Menem, contra quien existen un gran número de causas judiciales desde los años 90, pese a lo cual nunca se lo ha logrado llevar tras las rejas. Sin embargo, el hecho que cada vez más miembros la élite empresarial estén dispuestos a revelar sus secretos más oscuros brinda algo de esperanza de que Argentina, finalmente, esté dispuesta a enfrentar uno de sus problemas más enquistados.

3 razones por las que el juicio a Los Monos en Argentina es tan relevante

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El juicio de más de 30 miembros de una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de la Argentina, Los Monos, acusados de actividades de narcotráfico, podría significar un hito en la lucha contra el crimen organizado, pero se requerirá más que un proceso judicial para acabar con el férreo control que ejerce el grupo criminal. Este 20 de septiembre, 39 personas deberán comparecer a juicio en un tribunal federal en la ciudad de Rosario por crímenes que incluyen desde la producción hasta el empaquetamiento y la venta de drogas como parte de la organización criminal de Los Monos, según informó La Capital. Los Monos, dirigida por miembros de la poderosa familia Cantero, es una de las organizaciones criminales más violentas de Argentina. Se dedican sobre todo al control del tráfico de drogas en Rosario, una estratégica ciudad puerto situada sobre el río Paraná y que sirve como punto de tránsito de los cargamentos de droga procedentes de Bolivia y Paraguay.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Argentina Cerca de una docena de los imputados que comparecerán para el juicio son miembros de la familia Cantero, la cual ya tiene algunos miembros tras las rejas cumpliendo penas por cargos de extorsión y asesinato, y ser parte de una organización ilegal. Esta es la primera vez que los principales líderes de la organización criminal enfrentarán a la justicia en Rosario por cargos de tráfico de drogas, que es un delito federal en Argentina. A continuación se presentan tres razones por las cuales este juicio es clave para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la nación suramericana:

1. Muestra que Argentina estaría decidida a luchar contra el crimen organizado

El hecho de que las autoridades argentinas hayan decidido seguir adelante con el juicio a pesar de la ola de violencia que Los Monos han desencadenado en Rosario (los medios de comunicación han informado sobre 14 ataques violentos contra jueces, fiscales y testigos desde el mes de mayo) es un claro indicio de lo resueltas que están a detener a la organización criminal. Los jueces encargados del caso han expresado públicamente sus temores por posibles ataques durante el juicio. Pero en un país donde la justicia avanza de manera lenta, los fiscales parecen decididos a llevar a los Cantero tras las rejas. Los medios locales han informado que las autoridades nacionales están implementando estrictas medidas de seguridad para este proceso sin precedentes en el país: habrá unidades de policía militarizada acompañando a las fuerzas de policía locales en la corte, y 22 de los acusados enfrentarán el juicio solamente por videoconferencia.

2. La justicia como una herramienta de lucha contra el crimen

Recurrir al sistema de justicia y no solo a las fuerzas de seguridad para combatir el crimen organizado es una estrategia prometedora que podría resultar eficaz a mediano y largo plazo. Esta es la primera vez que miembros de alto nivel de una de las más poderosas y violentas organizaciones criminales de Argentina enfrentarán cargos federales por tráfico de drogas en Rosario. El juicio es el resultado de una larga investigación denominada “Los Patrones”, que inició en el año 2014 y dio a conocer una compleja red de producción y distribución de drogas, principalmente gracias a las evidencias obtenidas mediante grabaciones telefónicas que involucran a decenas de personas. El hecho de que las autoridades hayan invertido tanto tiempo y recursos, y que hayan demostrado tal nivel de voluntad para seguir con el caso hasta que se presentaron cargos y se realizaron los juicios, puede disuadir a otros grupos menos poderosos, que se darían cuenta de que sus acciones pueden tener consecuencias.

3. La justicia sola no es suficiente

Aunque el juicio parece bastante sólido, el hecho de que las fuertes evidencias contra los miembros de Los Monos provienen de grabaciones telefónicas que demuestran que los líderes del grupo —Máximo “Guille” Cantero y Jorge Emanuel “Ema” Chamorro— dirigían la organización desde la prisión, mientras que su compañeras —Vanesa Barrios y Jésica Lloan— coordinaban actividades por fuera de la misma, da cuenta de los altos niveles de corrupción en el sistema penitenciario de Argentina. Esto, junto con el hecho de que nueve agentes de policía ya han sido condenados a penas de prisión por complicidad con el grupo criminal, demuestra que, si no se aborda la corrupción profundamente arraigada dentro de las fuerzas de seguridad y las autoridades penitenciarias, los logros que se obtengan en los tribunales tendrán poco impacto.

5 estrategias creativas de los narcotraficantes para evadir a las autoridades

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Las cambiantes dinámicas del mundo criminal, nuevas formas de control gubernamental y la aparición de modernas tecnologías parecen haber obligado a grupos del crimen organizado a actualizar sus estrategias para traficar drogas. InSight Crime recuenta cinco de las más ingeniosas formas en las que grupos criminales en Latinoamérica intentan evadir los controles de las autoridades.

1. Narcoambulancias

Grupos criminales en varios países de la región han utilizado ambulancias para transportar cocaína y marihuana, aprovechando que es menos probable que las autoridades detengan a este tipo de vehículos, aun en las zonas de frontera. En Argentina, por ejemplo, una de las ambulancias detenidas en abril con 400 kilos de marihuana ocultos en un doble fondo, incluso transportaba a una paciente falsa. Unos meses más tarde, las autoridades desarticularon una operación internacional que presuntamente ingresaba hasta cuatro cargamentos de marihuana al mes a Argentina desde Paraguay, uno de los principales productores de marihuana de la región. Pero Argentina no está sola. En el departamento de La Guajira, en Colombia, las autoridades recientemente dejaron al descubierto una red de transportistas que cobraba cerca de US$500 por el transporte de cada kilo de cocaína, que luego sería exportada desde un puerto.

2. Tráfico hormiga… en buses

El creciente control de seguridad en los aeropuertos parece haber forzado a los grupos criminales a enviar a las “mulas”, o personas que transportan drogas, en transporte terrestre, donde en general los controles son más laxos. En agosto de este año, luego de que un trágico accidente de bus cerca de la ciudad de Quito, en Ecuador, que dejó 22 muertos y 23 heridos acaparara los titulares, las autoridades encontraron más de 637 kilos de marihuana al interior del vehículo siniestrado. Pocos meses después, las fuerzas de seguridad de Colombia, Perú y chile, desarticularon en un trabajo conjunto a un grupo al que denominaron “Los Escarabajos”, que presuntamente reclutaba ciclistas para transportar marihuana desde Colombia, en un trayecto que duraba más de 20 días, y por el cual cada persona recibía un pago de unos US$1.200.

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Los capturados hacían uso de sus bicicletas en las zonas de mayores controles para evadir la atención de las fuerzas de seguridad, pero también se transportaban en bus. Si bien existen similitudes entre el modus operandi de Los Escarabajos y el caso del Narcobus —como las rutas utilizadas, y que los reclutadores pagaban a las mulas los gastos de estadía, alimentación y desplazamiento— las autoridades todavía están intentando determinar si hacen parte de la misma estructura criminal.

3. Camuflarla entre cargamentos de productos

Desde el uso de flores y frutas tropicales como piñas, bananos y mangostinos, pasando por el uso de esculturas de la virgen y hasta de réplicas de la Copa del Mundo, los grupos criminales continúan usando el comercio internacional para camuflar droga de manera rudimentaria, al interior de productos que son exportados en contenedores desde puertos esparcidos a lo largo de Latinoamérica. Como InSight Crime ha señalado, la informalidad, los pocos controles y la corrupción en muchos de estos puertos (marítimos, aéreos y terrestres) son algunos de los principales atractivos para ser utilizados como plataformas por los grupos de narcotráfico que buscan vender su producto en los lucrativos mercados internacionales. Además, la incapacidad que han demostrado las autoridades para inspeccionar estos cargamentos, sobre todo los marítimos, que mueven una importante porción del comercio internacional, ha resultado en que apenas un porcentaje mínimo de los contenedores con destino a Europa o Estados Unidos sean revisados por las autoridades.

4. Ocultamiento químico

Cambiar la apariencia de la cocaína a través de procesos químicos ha sido una de las técnicas usadas por los carteles para traficar cocaína desde la época de Pablo Escobar, y en la actualidad continúa siendo una de las estrategias que más dolores de cabeza causa a las autoridades. Aunque la tecnología ha permitido múltiples avances en esta táctica, casi cuarenta años han pasado desde los años de la exportación a Estados Unidos desde Colombia de los llamados pantalones “nevados”, cuya tela estaba impregnada de cocaína disuelta, que era separada del pantalón en su lugar de destino a través de un proceso químico.

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Actualmente, los grupos criminales continúan reclutando a expertos en química para que les transfieran conocimientos para mezclar temporalmente la cocaína y otras drogas en aceites, plásticos, metales y, más recientemente, hasta en comida para mascotas. Algunos de estos procesos son tan básicos, que informes en Colombia dan cuenta de casos recientes en los que la mezcla del producto textil con la droga ha sido realizada por campesinos.

5. Métodos aéreos alternativos

Desde hace al menos una década, los grupos del crimen organizado han buscado alternativas a los típicos aviones, helicópteros y avionetas, pues estos se han hecho cada vez menos rentables y pueden ser detectados por las autoridades con creciente facilidad. La aparición y la rápida masificación de los drones (aviones no tripulados) y la lentitud con la que ha avanzado la legislación en la región con respecto a estos ha sido aprovechada por los grupos de crimen organizado para el tráfico internacional de cocaína, al tiempo que las autoridades han encontrado dificultades para detener su uso. Ya desde 2014 un informe de una fuente al interior de la DEA señalaba que durante los últimos años la agencia había registrado en Estados Unidos el cruce de cientos de drones mexicanos cargados con cocaína y advertía que los grupos habían pasado a comisionar la construcción personalizada de este tipo de aeronaves para mover mayores cantidades de droga. Sin embargo, las autoridades parecen no estar preparadas para enfrentar esta nueva estrategia, que continúa siendo usada por estos grupos para mover droga. Apenas en noviembre de 2016, la Policía de Colombia reportó sobre el que sería el primer caso de un grupo criminal del país moviendo droga hacia Panamá con un dron. En junio de 2017, las autoridades de Estados Unidos capturaron a un hombre que intentó mover varios kilos de metanfetamina con un dron desde Tijuana, México a San Diego, Estados Unidos. En su testimonio el hombre aseguró que durante los últimos meses había realizado al menos cinco viajes. En este contexto, a pesar de que la propuesta de la construcción de un muro de Donald Trump, quien asumió como presidente de Estados Unidos en enero de 2017, parece estar sustentada en frenar la migración ilegal y el narcotráfico, el uso de drones y otras estrategias creativas por parte de los grupos del crimen organizado para mover drogas, continúan generando interrogantes sobre la efectividad de sus controversiales propuestas, y sobre la forma en que las autoridades continúan tratando de abordar y de mantenerse a la par de estos grupos en la llamada lucha contra la droga.  

Ola de ataques indica que el poder de “Los Monos” continúa intacto en Argentina

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Una nueva ola de amenazas y ataques violentos contra jueces, fiscales y testigos involucrados en el caso contra “Los Monos”, en Argentina, tiene en vilo a la ciudad de Rosario en vísperas del nuevo juicio que se adelantará contra el grupo criminal en el mes de septiembre. La reciente violencia también ha vuelto a llamar la atención sobre la corrupción al interior del sistema penitenciario. En la noche del 13 de agosto, un hombre armado con una ametralladora abrió fuego contra un edificio en el centro de Rosario, donde antes vivía una jueza involucrada en el caso contra la infame organización criminal, según informó La Nación. Las autoridades creen que, en lugar de un intento de lastimar a la jueza, el atentado fue una forma de demostrar que los miembros de la organización tienen acceso a la información sobre la vida personal de quienes participan en el juicio. La jueza Gabriela Sanzó está revisando la apelación presentada por cabecillas de Los Monos que fueron condenados en el mes de abril a largas penas de prisión por asociación ilícita y homicidio. Los agresores dejaron un letrero escrito a mano que decía: “Dejen de encarcelar a los muchachos”, refiriéndose a los miembros del grupo que fueron trasladados recientemente de prisiones locales a federales para cumplir sus condenas. Desde el 29 de mayo, los medios de comunicación locales han reportado otros 13 ataques similares contra jueces, fiscales y testigos. El 4 de agosto, uno de los testigos en el juicio del mes de abril fue asesinado a balazos en la puerta de su casa, informó Página12.

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Las autoridades advirtieron que los ataques han aumentado en vísperas del nuevo juicio contra los cabecillas de Los Monos, programado para comenzar el 20 de septiembre. Dos de los líderes del grupo, Ariel Máximo “Guille” Cantero y Jorge Emanuel “Ema” Chamorro, han sido acusados de liderar una estructura de narcotráfico a gran escala, crimen que podría tener una pena de hasta 20 años de prisión. Los crímenes fueron supuestamente cometidos mientras los hombres se encontraban recluidos en la cárcel de Piñero, cerca de Rosario. Otros 32 hombres y mujeres, entre las que se encuentran la madre de Cantero y las parejas de ambos hombres, también han sido acusados de participar en el grupo como parte de la megaoperación “Los Patrones”.

Análisis de InSight Crime

La reciente ola de la violencia en Rosario, y el hecho de que Los Monos han aceptado la responsabilidad de algunos de los ataques, ha dejado claro que el control del grupo sobre el poder en la segunda ciudad más grande de Argentina continúa intacto. Si bien es cierto que la violencia ha aumentado recientemente en la ciudad y ha alcanzado algunos de los niveles más altos del país, la ola de ataques contra jueces, fiscales y testigos que participaron de diversas maneras para lograr que los miembros de Los Monos fueron puestos tras las rejas es un fenómeno nuevo. Expertos consultados por InSight Crime, así como varios funcionarios públicos, indican que lo que hace diferentes a estos ataques es que se llevaron a cabo en contra de las casas donde solían vivir los jueces y fiscales hace años. Esto demuestra que tienen acceso a la información, lo cual solo es posible con la colaboración de la policía. “Esa dinámica de ataques a balazos siempre se dio pero entre personajes del universo narco, no contra jueces y fiscales. Que los ataques sean a casas donde los funcionarios vivieron quiere decir que no quieren atentar directamente contra ellos, sino mostrar que tienen la información sobre dónde vivieron esas personas. Uno de los edificios fue donde una jueza vivió hace 18 años —ni los vecinos sabían que ella había vivido ahí—. Se sospecha que hay una pata policial que aporta esa información”, dijo el escritor Germán de los Santos, tras ser consultado por InSight Crime. Aparte de la colusión de la Policía, los expertos creen que el mayor problema reside en el corrupto sistema penitenciario, que les permite a las organizaciones criminales operar libremente. La investigación llevada a cabo en torno al ataque que se cometió el 29 de mayo contra la casa de la jueza que condenó a los líderes de Los Monos permitió identificar que el agresor había estado en estrecho contacto con miembros de la pandilla que se encontraban recluidos en una prisión local. Esto también podría explicar la razón de los ataques, que en opinión de varias personas es una respuesta de Cantero y Chamorro a sus desesperados intentos de ser enviados de vuelta a la cárcel de Piñero en Santa Fe, donde tienen más poder. Hasta el momento, la respuesta de las autoridades ha consistido en desplegar más miembros de la gendarmería en Rosario y en aumentar la cooperación entre los organismos de nivel federal y estatal, lo que puede dejar de lado una de las razones clave por las que la violencia sigue aumentando en la ciudad: la corrupción al interior de la Policía y de los sistemas penitenciarios, así como el problema que esto puede causar a futuro. “Estos ataques son una demostración simbólica de que Los Monos pueden hacer cualquier cosa, que se puede tirar con una ametralladora en pleno centro de Rosario y que no se detiene a nadie. Que se les pueden imponer penas muy duras en la justicia pero que desde la cárcel siguen dominando el terreno. El peligro es que en Santa Fe se están formando cárceles narco, el principio de lo que se ve hoy en Brasil, donde hay pabellones enteros de bandas narcos. Eso es muy difícil de desarticular”, afirmó de los Santos.