Despenalización de la droga en Argentina podría tirar estadísticas oficiales por la borda

La propuesta de despenalización del uso personal de estupefacientes en Argentina, próxima a discutirse en el Congreso, está a punto de desatar un nuevo debate sobre la estrategia de seguridad del país y poner en tela de juicio las estadísticas que sustentan su éxito. Una comisión encargada del anteproyecto de reforma amplia del código penal argentino presentará, el próximo 21 de agosto, un borrador al presidente Mauricio Macri, quien lo revisará y lo enviará a debate en el Congreso, según informó Clarín. Entre los cambios propuestos está la despenalización de la posesión de estupefacientes para uso personal en “escasas cantidades” (el texto no especifica cuánto se consideraría “escasas”) y en el “ámbito privado”, según una versión filtrada del anteproyecto, que divulgaron varios medios de noticias. Se dice que la propuesta también implementará penas más duras para delitos de narcotráfico en casos en los que resulten afectados menores de edad, y pena perpetua para miembros de organizaciones internacionales involucradas en narcotráfico. Se busca alinear el código penal argentino con un fallo dictado por la Corte Suprema en 2009 que tildaba de inconstitucional la penalización de la posesión de estupefacientes para consumo personal, como lo establece la Ley de Estupefacientes en vigor (Ley 23.737), dado que va en contravía de varios derechos, incluido el derecho a la privacidad.

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Mariano Borinsky, jefe de la comisión encargada de la redacción del nuevo código penal, declaró a Clarín que el razonamiento detrás de los cambios es que actualmente la mayoría de los casos que involucran posesión de estupefacientes en Argentina terminan en sobreseimiento en los tribunales debido a la sentencia que emitió la Corte Suprema en 2009. “La idea es que el Ministerio Público pueda apuntar y enfocarse en el crimen organizado y no en el consumidor”, acotó Borinsky. Mariano Fusero, abogado experto en políticas de drogas, comentó a InSight Crime que este cambio es muy importante para Argentina, pero que al no definir qué se quiere decir con “ámbito privado”, la ley sigue dejando demasiados espacios abiertos a la interpretación. “Según la actual ley, hemos visto casos en los que una persona es enviada ocho meses a prisión por tener cinco plantas de marihuana, y otra tenía 120 plantas, pero salió en libertad de manera inmediata porque se aplicó el fallo de la Corte Suprema, pues se halló que las plantas no eran para la venta”, explicó Fusero. “La mayoría de los arrestos (bajo la actual ley) se dan en las calles. Esas personas no se encuentran en el ‘ámbito privado’. ¿Cómo se aplicaría la nueva propuesta de ley? No tiene sentido crear una norma que sigue tan abierta a interpretaciones por parte de agentes de policía, fiscales y jueces. Necesitamos normas que sean claras y concluyentes”. El tema requiere atención. El consumo de marihuana aumentó en 150 por ciento y el de cocaína se duplicó en Argentina durante 2017, según datos de la encuesta oficial más reciente.

Análisis de InSight Crime

Los cambios propuestos al código penal de Argentina buscan arrojar luz sobre la cuestión de si el consumo personal de estupefacientes es punible o no por ley, un tema que se ha mantenido en una zona gris desde el fallo de la Corte Suprema en 2009. El fallo que establece que la tenencia de estupefacientes —siempre y cuando sea en escasas cantidades y cuando no afecte a terceros— no es punible está en vigor junto con la ley que prohíbe ese mismo acto. Por tal razón, la policía argentina ha seguido aprehendiendo a los consumidores de estupefacientes, y dejando a los jueces la toma de una decisión final en cada caso particular. La reforma a la ley también podría, quizás de manera inadvertida, suscitar algunas preguntas más de fondo sobre el pretendido éxito de la estrategia antinarcóticos de la actual administración, y puede ayudar a dirigir los esfuerzos hacia objetivos más relevantes. Desde su posesión, el presidente Mauricio Macri se ha fijado como prioridad la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, con una estrategia centrada fuertemente en el aumento de los decomisos de narcóticos y las detenciones. Varios expertos han señalado que los decomisos y arrestos han aumentado, porque las autoridades han ido en igual medida tras las grandes organizaciones y los pequeños consumidores. Los delitos por drogas ocupan actualmente el segundo lugar entre los de mayor prevalencia de quienes están en prisión, según datos oficiales, y los presos han aumentado de manera más acelerada desde que Macri asumió el poder. Varios expertos consultados por InSight Crime comentaron que no hay duda de que la despenalización de la droga afectará las cifras oficiales, e incluso puede obligar a las autoridades a repensar ciertas partes de su estrategia de seguridad. Mariana Souto Zabaleta, experta en narcotráfico adscrita al Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), señaló que despenalizar el consumo de estupefacientes es importante, porque liberaría recursos del Estado para combatir a organizaciones criminales de mayor tamaño. “Entre 2011 y 2016, el 36 por ciento de los casos relacionados con drogas abiertos a nivel federal tenían relación con el consumo personal. La mayor parte de esos casos nunca irán a ningún lado, pero se llevan muchos recursos del sistema. La despenalización del consumo personal de estupefacientes cambiaría esa situación”, le comentó Souto Zabaleta a InSight Crime. “Separar los casos que tienen que ver con la estrategia de seguridad de los que no, incluir el consumo personal de drogas y centrarse en las actividades de los actores más poderosos son acciones que vuelven mucho más eficiente la lucha contra el narcotráfico”, aseguró la experta.

5 estrategias para combatir la trata de personas en América

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La trata de personas continúa siendo una de las industrias criminales más rentables del mundo; sin embargo, diversas iniciativas recientes demuestran que tanto gobiernos como grupos de activistas de todo el continente americano están desarrollando estrategias innovadoras para hacer frente a esta actividad ilícita. En América Latina y el Caribe abundan los países de origen, tránsito y destino de las víctimas de trata. Los grupos del crimen organizado suelen traficar tanto adultos como menores de edad, quienes son utilizados en trabajos forzosos o, lo que es todavía más común, en la explotación sexual. Si bien las autoridades de toda la región han enfrentado dificultades para abordar de manera eficaz la trata de personas, las recientes estrategias para combatir este crimen hacia el futuro son esperanzadoras. Hoy, Día Mundial contra la Trata, InSight Crime examina cinco maneras innovadoras de luchar contra esta actividad criminal.

1. Generar conciencia entre la ciudadanía

En el último año, algunos países latinoamericanos han lanzado campañas de sensibilización que se dirigen específicamente a las poblaciones más vulnerables de ser víctimas de la trata. Perú ha iniciado varias campañas de este tipo durante el último año, entre ellas un programa radial llamado “Que no te encuentren”. Emitido varias veces a la semana en español, así como en dos lenguas indígenas reconocidas oficialmente (quechua y aimara), el programa informa a las posibles víctimas sobre los métodos de los tratantes —como el ofrecimiento de falsas promesas de trabajos bien remunerados en el extranjero—. “Las campañas de concientización de la ciudadanía son una parte importante de cualquier estrategia para combatir la trata de personas,” dijo Cristina Rosero, abogada senior de Women’s Link Worldwide, una organización que se ha enfocado en la prevención de la trata de mujeres en Latinoamérica. Sin embargo, en diálogo con InSight Crime, Rosero dijo que los gobiernos deben incorporar una “perspectiva más amplia” en las campañas de prevención, y enfocarse no solo en la concientización sobre cómo identificar las ofertas falsas de empleo, sino también sobre cómo prevenir la pobreza y la discriminación.

2. Empoderar sectores estratégicos

Los gobiernos y grupos de cabildeo de todo el continente han empezado a darse cuenta del potencial de empoderar a sectores estratégicos para ayudar a identificar y denunciar la trata de personas. En Estados Unidos, la organización Camioneros Contra la Trata (TAT por sus iniciales en inglés) entrena a los conductores de camiones comerciales para identificar y denunciar las sospechas llamando a la línea directa nacional contra la trata de personas. Los millones de camioneros del país son “los ojos y los oídos de las carreteras de nuestro país”, le dijo a InSight Crime la cofundadora de TAT, Kylla Lanier. “Ellos ven cosas que los demás no ven, y pueden estar en algunos de los lugares que [los tratantes] frecuentan”.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre la trata de personas Este modelo ha demostrado ser tan efectivo que la organización recientemente se asoció con la organización mexicana Consejo Ciudadano para replicarlo en México. En diciembre de 2017, TAT y Consejo Ciudadano lanzaron un programa llamado “Guardianes del asfalto”, cuyo objetivo es ofrecerles a los camioneros de México los conocimientos y los recursos necesarios para identificar y reportar la trata de personas. Es demasiado pronto para reconocer los resultados significativos del programa en México, pero TAT señala que desde 2007 su labor en Estados Unidos ha permitido identificar más de mil víctimas de trata.

3. Apoyar la labor policial tradicional

Es claro que la policía desempeña un papel fundamental en el desmantelamiento de las organizaciones de trata de personas. Pero otras agencias gubernamentales también pueden contribuir en esta labor de diversas maneras. Rochelle Keyhan, directora de Estrategias de Desmantelamiento en Polaris, una organización de lucha contra la trata en Estados Unidos, le dijo a InSight Crime que, como parte de una nueva estrategia, la organización ha comenzado a capacitar a los agentes encargados de hacer cumplir los códigos de policía sobre cómo reconocer la trata sexual en diversos negocios, como los locales de venta de alcohol. Las ciudades de Estados Unidos tienen estrictos códigos de salud y seguridad que regulan el funcionamiento de negocios como bares, restaurantes y salones de belleza. Polaris ha estado presionando por una legislación similar para regular mejor otros establecimientos, como los salones de masajes, que se suelen utilizar como fachada para el tráfico sexual. Según la organización, los agentes encargados de hacer cumplir estos reglamentos tienen la posibilidad de identificar los establecimientos que son utilizados como fachada para el tráfico sexual. En San Francisco, por ejemplo, gracias a las regulaciones de los negocios de masajes, el Departamento de Salud logró cerrar 250 negocios de masajes ilegales que operaban en la ciudad, le dijo un portavoz de Polaris a InSight Crime. Es posible que esta estrategia no pueda aplicarse en América Latina y el Caribe, dado que en muchos países de la región no se hace un estricto control de estas infracciones. Sin embargo, un número significativo de víctimas de América Latina y el Caribe son llevadas a Estados Unidos, lo que significa que esta estrategia podría tener un impacto significativo, al menos en el país de destino.

4. Desarrollar una respuesta transnacional coordinada

Debido a la naturaleza transnacional de la trata de personas, es imperativo que los gobiernos cooperen para hacer frente a este crimen. La Interpol se ha convertido en un actor importante en la cooperación multilateral del trabajo contra la trata. Por ejemplo, en la Operación Intercops-Spartacus III, llevada a cabo en dos etapas en 2016, participaron 25 países de Centro y Suramérica para desmantelar siete redes de crimen organizado, arrestando a 134 presuntos tratantes y rescatando a 2.700 víctimas, según informó el organismo policial internacional.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre qué funciona “Los efectos de esta operación policial transfronteriza a gran escala […] resaltan el valor de la Interpol para ayudar a la policía en los países de origen, tránsito y destino en una labor conjunta en la lucha contra las redes criminales dedicadas a la trata de personas”, dijo Tim Morris, director ejecutivo de Servicios Policiales de la Interpol, en un comunicado de prensa. Este tipo de operaciones a gran escala no son la norma, pero los trabajos coordinados a menor escala a través de la Interpol suelen dar resultados importantes. El mes pasado, por ejemplo, una operación que involucró a la Interpol permitió descubrir una red de tráfico que explotaba mujeres venezolanas para la prostitución ilegal en España.

5. Rastrear las finanzas

El lavado de dinero es una parte esencial del modelo de negocio de casi todas las organizaciones criminales, incluyendo las redes de trata de personas. Y el seguimiento de los flujos financieros ilícitos puede ser una manera eficaz para interferir en sus actividades. En los últimos años, países como Argentina han empezado a prestar atención a la investigación de las pistas sobre lavado de dinero, como una forma de identificar y enjuiciar a las organizaciones que podrían estar involucradas en la trata de personas. Julie Oppermann, directora del Programa sobre la Esclavitud Moderna y Trata de Personas, de la Universidad de Naciones Unidas, le dijo a InSight Crime que las instituciones financieras pueden desempeñar un papel importante en la lucha contra la trata. Oppermann dice que los datos financieros sobre lavado de dinero relacionados con la trata de personas pueden servir como importantes pruebas ratificatorias en investigaciones que suelen basarse sobre todo en el testimonio de las víctimas. Y además de alertar a las autoridades sobre las transacciones sospechosas, las instituciones financieras podrían ayudar a eliminar los trabajos forzados de las cadenas de suministro de sus clientes si hacen que la prestación de servicios financieros esté supeditada a que el cliente cumpla con buenas prácticas de control de la trata de personas. Si bien Oppermann reconoce que “a menudo hay muchos intereses en juego que impiden que esto suceda”, señala que los riesgos legales que las instituciones financieras enfrentan por manejar los fondos derivados del crimen organizado deberían incentivarlas a ejercer su labor de manera adecuada.

InSight Semanal: Argentina toma un paso hacia la militarización

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En nuestra sesión de Facebook Live del 26 de julio, la editora en español Ronna Rísquez y la jefa de redacción Josefina Salomón hablaron sobre el cambio en el rol de las fuerzas armadas en Argentina y su impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país. El lunes 23 de julio, el presidente de Argentina Mauricio Macri anunció una serie de cambios al rol de las fuerzas armadas. Durante un discurso en una de las bases militares más grandes del país dijo que las fuerzas armadas podrán ser desplegadas para ser utilizadas de forma “disuasiva o efectiva” contra amenazas externas de todo tipo. Ese día también derogó un decreto del 2006 que limitaba el uso de las fuerzas armadas a tareas de defensa ante amenazas de otros estados. Macri, además, confirmó que el 1 de Agosto 500 soldados del ejército se unirán a miembros de gendarmería en la frontera norte del país para apoyar en tareas logísticas y para disuadir a organizaciones criminales de establecerse en municipios de la zona.

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Rísquez y Salomón discutieron las reacciones al anuncio, que incluyeron cuestionamientos sobre la necesidad de desplegar a las fuerzas armadas cuando el país cuenta con dos fuerzas de seguridad militarizadas (gendarmería y prefectura) destinadas a estas funciones y preguntas sobre la falta de protocolos para la actuación de estas fuerzas en nuevas circunstancias. Salomón detalló que varios expertos consultados por InSight Crime hicieron hincapié sobre la necesidad de que estos cambios profundos en la estructura de la estrategia de seguridad se basen en un consenso más amplio, el que solo puede asegurarse tras un debate en el Congreso nacional. También resaltaron las experiencias de otros países de la región, como México, donde las estrategias de militarización para el combate del crimen organizado y la inseguridad han sido contraproducentes. Por último, Rísquez y Salomón abordaron los detalles de la estrategia de seguridad que está llevando adelante el gobierno para abordar la real amenaza del narcotráfico en la Argentina, que pasó de ser un país de tránsito de drogas a ser uno de creciente consumo y producción. Resaltaron la falta de medidas lo suficientemente efectivas para combatir la corrupción que permite que grupos criminales en el país operen libremente. Vea la conversación completa a continuación:

Propuesta de militarización en Argentina enciende debate

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Las recientes declaraciones de altos funcionarios del Gobierno de Argentina en torno al despliegue de soldados en la frontera norte del país, con el fin de ayudar a combatir el narcotráfico, han desencadenado un intenso y creciente debate sobre el papel del ejército en la lucha contra el crimen organizado. En una entrevista con La Nación en el mes de junio, el ministro de Defensa de Argentina, Oscar Aguad, dijo que el ejército “colaboraría con las fuerzas de seguridad, principalmente en logística y en vigilancia estratégica, en la lucha contra el narcotráfico”. Fuentes del Ministerio de Defensa que hablaron con Clarín en aquel momento dijeron que las autoridades pretendían utilizar los radares de la fuerza aérea para identificar vuelos ilegales, y emplear otros equipos del ejército para transportar tropas. Funcionarios de la administración Macri han afirmado que dicho despliegue no contradice una ley que limita las funciones del ejército a la protección del país frente a las amenazas externas de otros Estados y prohíbe terminantemente que desempeñe funciones de seguridad. InSight Crime realizó reiteradas llamadas al Ministerio de Defensa y al ejército del país, pero ambos se negaron a confirmar o negar la afirmaciones de un reciente informe de Infobae, según el cual el presidente Mauricio Macri ya ha ordenado el despliegue de 500 soldados en la frontera norte de Argentina para el 1 de agosto, y que unos 3.500 más lo harían en los próximos meses.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Argentina La gendarmería, el organismo encargado de vigilar las fronteras de Argentina, ha aumentado su presencia en los límites del país con Bolivia y Paraguay, después de que el presidente Macri estableciera la lucha contra las organizaciones criminales como una de sus prioridades. Clarín informó además que las autoridades están intentando trasladar agentes de la gendarmería de la frontera a zonas urbanas más pobladas para, entre otras cosas, hacer frente a eventuales protestas, que podrían aumentar como resultado de la deteriorada situación económica de Argentina. Quienes se oponen al despliegue de soldados en la frontera dicen que este es un primer paso hacia la militarización y advierten sobre el impacto negativo que este tipo de políticas han tenido en otros países de la región.

Análisis de InSight Crime

La sola propuesta de modificar el papel del ejército ha generado alarma en el país, donde existe una profunda desconfianza en la institución, así como en la estrategia de seguridad de la administración Macri, cuyos principales pilares consisten en vigilar las fronteras, encarcelar a delincuentes comunes y aumentar las incautaciones de drogas. Como InSight Crime informó anteriormente, la falta de controles efectivos en la frontera norte de Argentina ha permitido el ingreso de drogas, armas y otros bienes ilícitos al país, así como su circulación dentro del mismo, con relativa facilidad. Esto ha contribuido a que Argentina pase de ser una zona de tránsito para convertirse en un país consumidor, e incluso productor de drogas ilegales. La respuesta de la administración Macri ante esta situación ha consistido en enviar más agentes a la frontera.

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El argumento oficial señala que la sola presencia de las fuerzas de seguridad puede disuadir a las organizaciones criminales de establecer presencia en municipios pobres ubicados en la frontera, que son fácilmente explotados por dichas organizaciones. Pero muchos expertos están en desacuerdo con este análisis. Señalan que el ejército no está entrenado para este tipo de estrategia de seguridad. Dicen además que Argentina no tiene por qué recurrir a las fuerzas armadas, pues el país ya cuenta con una gendarmería, que es una fuerza policial militarizada encargada de la seguridad interna. Rut Diamint, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), afirma que el énfasis se debe poner en la manera como el Gobierno lucha contra el crimen organizado. “Argentina está enfrentando una amenaza del siglo XXI con modelos del siglo XIX”, dijo en diálogo con InSight Crime. “El país ya no es sólo un punto de tránsito, sino además un lugar donde se consumen drogas y se organizan grupos criminales, aprovechando la ausencia de regulaciones y la corrupción en las fuerzas de seguridad. Lo que se requiere es que el Gobierno defina qué recursos se necesitan para enfrentar las nuevas amenazas que se le presentan”. Los expertos señalan además que la estrategia militarizada ha demostrado ser contraproducente en toda la región y que no hay ninguna evidencia de que será efectiva en Argentina. En México, por ejemplo, la controvertida Ley de Seguridad Interior de 2017, que codificó la capacidad de las fuerzas armadas para intervenir en asuntos de seguridad interna, no ha logrado detener la violencia. Por el contrario, 2017 ha sido el año más violento del país en la historia reciente, y las cifras de 2018 no parecen indicar que la situación será mejor este año. ¿Por qué entonces la administración Macri está a favor de una estrategia militarizada para combatir el crimen organizado? Jorge Battaglino, profesor de política latinoamericana en la Universidad de Essex, dice que la respuesta a esta pregunta puede tener que ver con las relaciones de Argentina con Estados Unidos — clave para la política exterior de la administración Macri—. “Estados Unidos siempre ha propuesto que los militares se conviertan en policías y contribuyan a combatir el narcotráfico y el terrorismo. Por lo tanto, si Argentina decide militarizar su seguridad pública, puede acceder a muchos programas de Estados Unidos”, le dijo Battagliano a Insight Crime. Sin embargo, la propuesta no ha logrado avanzar. Incluso los oficiales del ejército argentino se han opuesto a ella. En el mes de mayo, el jefe del ejército, brigadier general Claudio Pasqualini, dijo en una entrevista con La Nación que la lucha contra el crimen no hacía parte de sus atribuciones. “El ejército no puede, debido a una serie de normas y regulaciones, llevar a cabo funciones de seguridad. Este tipo de cambios requeriría cierto tiempo”, señaló. Pasqualini agregó que las fuerzas armadas probablemente pedirían que el Congreso dé luz verde a los cambios en primera instancia. Esta podría ser una forma de blindar al ejército frente a la reacción popular. Argentina ha juzgado a numerosos militares por violaciones a los derechos humanos. También podría ser una manera para que los militares se protejan legalmente. Desde que Argentina abolió los tribunales militares en 2008, los abusos cometidos por el personal del ejército deben ser juzgados en tribunales civiles. Battaglino le dijo a InSight Crime que la posición del ejército en este debate no es sorprendente. “Argentina no tiene un verdadero problema de terrorismo o narcotráfico que requiera la intervención de las fuerzas armadas”, dijo. “Por eso el ejército está intentando entender cuál sería su papel y no se quiere ver involucrado. En un país con tantas organizaciones de derechos humanos como Argentina, cualquier intervención militar estaría bajo un constante escrutinio público”.

Los narcos aprovechan la fiebre del Mundial para traficar cocaína

El uso de productos alusivos a la Copa Mundo para traficar cocaína en todo el mundo denota una larga relación entre el narcotráfico y el fútbol, uno de los deportes con mayor número de seguidores en el mundo. Recientemente la policía colombiana decomisó 14 camisetas empapadas de cocaína con el diseño del uniforme de la selección de Colombia en el aeropuerto internacional de la capital Bogotá. Las autoridades afirman que los traficantes habían disuelto cerca de 5 kilogramos de cocaína líquida en las camisetas que iban con destino a los Países Bajos. A su llegada, se extraería el alcaloide y se transformaría en polvo antes de distribuirlo. Esta semana, las autoridades argentinas también descubrieron varios kilos de cocaína ocultos en réplicas del trofeo de la Copa Mundo en Buenos Aires, según informaciones de Clarín. Los narcóticos parecían destinados a la venta local.

Análisis de InSight Crime

Los grupos narcotraficantes son muy innovadores, y no sorprende que estén aprovechando la euforia de la Copa Mundo. Grandes eventos mundiales, como los campeonatos de balompié y los Juegos Olímpicos son una buena oportunidad para los traficantes de ocultar sustancias ilegales en medio del flujo de mercancías y las multitudes de viajeros. Al mismo tiempo, en términos generales el fútbol ha tenido una relación de larga data con el narcotráfico, que va desde operaciones de contrabando hasta montajes criminales de más alto nivel. La relación de los traficantes colombianos con el fútbol puede remontarse a la década de 1980, el auge de los carteles de Cali y Medellín. Se dice que ambos carteles patrocinaron varios clubes en Colombia y los usaron para lavar jugosas ganancias derivadas del tráfico de cocaína.

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Los hinchas del fútbol más notorios en Argentina, las “barras bravas”, también tienen una larga relación con delitos de drogas. Varios han sido acusados de microtráfico y de tener relación con pandillas narcotraficantes. Además del abuso de la parafernalia deportiva, algunos traficantes han usado el fútbol como fachada para montar redes internacionales de tráfico. Actualmente InSight Crime cree que los partidos de fútbol son un punto de encuentro de preferencia para narcotraficantes, en especial los “Invisibles”, poderosos capos que se ocultan a plena luz.

InSight Semanal: Viuda, hijo y sicario de Pablo Escobar mantienen viva su herencia criminal

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En nuestra sesión de Facebook Live del 7 de junio, Sergio Saffon, investigador, y Josefina Salomón, editora general, analizaron el legado criminal de Pablo Escobar y el significado de las causas contra algunas de las personas de su entorno más cercano. Saffon explicó la historia detrás de la captura de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, quien se presenta como jefe de los sicarios de Pablo Escobar, en Medellín el pasado 25 de mayo. Popeye fue arrestado bajo cargos de extorsión agravada y concierto para delinquir. Según información que obtuvo InSight Crime en 2017 de una fuente de la Oficina de Envigado —la agrupación de organizaciones criminales de Medellín que controla la mayor parte del hampa de la ciudad— Popeye extorsionaba a testaferros del difunto Escobar, quienes habían conservado bienes vinculados a las actividades ilícitas del cartel de Medellín. Esto fue ratificado por las autoridades en la audiencia de “Popeye”, luego de su detención.

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Saffon y Salomón también discutieron las implicaciones de otro caso vinculado al circulo más cercano del fallecido Escobar. Esta semana, un juez federal en Argentina abrió una causa contra su viuda, María Isabel Santos Caballero, y contra su hijo Sebastián Marroquín, quienes viven en el país desde mediados de los años 90. Ambos son acusados de “brindar apoyo esencial” para una operación que lavó millones de dólares en ganancias ilícitas de José Piedrahíta Ceballos, quien se encuentra en custodia en Colombia esperando su extradición a Estados Unidos.

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Saffon explicó cómo la figura de Piedrahíta es ilustrativa de una nueva generación de capos del narcotráfico que ejercen sus actividades ilegales lejos de la luz pública, al contrario de la estrategia de Escobar. El experto de InSight Crime, quien formó parte de un equipo que investigó esté fenómeno, ofreció detalles sobre la forma en la que operan estos capos “invisibles” y explicó algunas de las razones por las que Argentina ha sido elegido como país para lavar activos. Por último, Saffon y Salomón analizaron la forma en la que las nuevas capturas y causas pueden hacer que los capos del narcotráfico, una vez más, revisen y actualicen sus estrategias de funcionamiento. Vea la transmisión de Facebook Live para ver la conversación completa:

Argentina presenta causa por lavado contra esposa e hijo de Pablo Escobar

La viuda y el hijo del renombrado capo Pablo Escobar más un antiguo astro del fútbol están acusados de participar en un esquema de lavado de dinero en Argentina, que también implica a otro poderoso capo colombiano, lo que pone de relieve los esfuerzos de las autoridades argentinas para contrarrestar el persistente atractivo de ese país para delincuentes extranjeros. El 4 de junio, el juez federal Morón Néstor Barral determinó que existe evidencia suficiente para abrir una causa por lavado de dinero contra la viuda de Escobar, María Isabel Santos Caballero, y contra su hijo Sebastián Marroquín. Barral admitió las acusaciones de los fiscales de que la viuda y el hijo de Escobar “brindaron apoyo esencial” para una operación que lavó millones de dólares en ganancias ilícitas de propiedad de José Piedrahíta Ceballos, de cuyas actividades en narcotráfico se sospechaba desde tiempo atrás y quien fue arrestado el año pasado y se encuentra en custodia en Colombia esperando su extradición a Estados Unidos. Las autoridades creen que los parientes de Escobar fueron quienes presentaron a Piedrahíta con Mateo Corvo Dolcet, prominente abogado argentino implicado en varios problemas de bienes raíces, y la principal figura entre los presuntos testaferros de Piedrahíta en Argentina. “Como resultado, Corvo Dolcet recompensó a Marroquín Santos y a Santos Caballero con una comisión de 4,5 por ciento de la inversión total realizada”, afirman las autoridades. No es la primera vez que sobre la familia de Escobar, exiliada en Argentina desde mediados de los noventa, recaen acusaciones de lavado de ganancias de la droga. En 1999, las autoridades argentinas formularon cargos similares contra Santos, antes de que terminaran siendo desestimados. El caso también tiene en problemas a Mauricio “Chicho” Serna, exastro del fútbol colombiano, que jugó durante algún tiempo para el Boca Juniors de Buenos Aires. Pese a las acusaciones, Santos y Marroquín siguen lejos de una condena formal, pues el proceso legal en Argentina para el procesamiento de delitos —en mitad de una reforma— tiene muchas instancias y oportunidades de apelación.

Análisis de InSight Crime

Las acusaciones contra los parientes de Escobar son un recordatorio de la vieja reputación de Argentina como refugio para delincuentes extranjeros deseosos de lavar su dinero sucio. Una laxitud relativa en los controles de inmigración y las actividades financieras son características atractivas para delincuentes como Piedrahíta, que personifica una nueva generación de narcotraficantes en Colombia que se han llamado los “invisibles” por su tendencia a llevar sus actividades ilícitas de manera discreta y sin violencia.

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Pero el caso también es una señal positiva de que las autoridades argentinas mantienen su ofensiva contra el lavado de dinero. El impulso a las medidas contra el lavado de activos comenzó en la administración anterior, que emprendió un fortalecimiento gradual de los controles financieros para poner a Argentina en línea con los estándares internacionales. De prosperar, casos de alto perfil como el que involucra a los parientes de Escobar enviarán un mensaje de que esos esfuerzos están dando resultados.

“Narcoambulancias” son la última novedad de traficantes para evadir a las autoridades en Argentina

Las dos recientes incautaciones de marihuana dentro de ambulancias en Argentina, en menos de 40 días, son una muestra más de la creatividad de los traficantes para evadir los controles de las autoridades. El pasado 24 de mayo fueron encontrados 85 kilos de marihuana en una ambulancia propiedad del servicio de emergencias del gobierno de la provincia argentina de Formosa, cuando transportaba a una niña lesionada a Buenos Aires. Los dos choferes del vehículo quedaron detenidos. Anteriormente, el 12 de abril, fueron apresados tres paramédicos luego de que tras una investigación de ocho meses, se encontró que movían regularmente marihuana en ambulancias desde la ciudad de Corrientes, hacia las ciudades de Santa Fe y Rosario. La ambulancia que fue detenida durante la operación transportaba a una paciente falsa y 400 kilos de marihuana ocultos en el doble fondo del vehículo. En una entrevista con La Nación, un oficial superior de la Gendarmería de Argentina explicó que los choferes ponen las balizas y sirenas para pasar por los controles de rutas sin ser parados por las autoridades, quienes deberían darles prioridad por la supuesta emergencia médica. “La mayoría de los efectivos no las paran. Imagínese quién va a cargar en su conciencia con la posible muerte del paciente que trasladan”, dijo a La Nación el funcionario. De esta manera, los narcotraficantes se aprovechan de los privilegios que caracterizan a este tipo de vehículos para trasladar la droga sin levantar sospechas. La Nación reportó que antes de ambos casos ya se había dado otro en 2016, cuando una ambulancia falsa fue utilizada durante cinco meses para transportar marihuana por varios cruces entre Paraguay, el principal productor de marihuana del continente, y Argentina. También se han conocido casos en Buenos Aires de ambulancias que son utilizadas para distribuir marihuana a domicilio.

Análisis de InSight Crime

 Los métodos de los narcotraficantes para evadir a las autoridades siempre están evolucionando a medida que éstas aumentan su capacidad para interceptar cargamentos de droga. En el caso de las “narcoambulancias” en Argentina, los traficantes encontraron la ventaja de no tener que ser interceptados por las autoridades si fingían una emergencia, incluso cuando se trataba de cruzar una frontera. Además, como demostraron los casos recientes, también hubo participación de personal médico, por lo que las bandas criminales pudieron pasar desapercibidas. La creatividad de los grupos criminales argentinos también quedó en evidencia el pasado febrero, cuando las autoridades descubrieron una red de tráfico de cocaína hacia Europa que operaba en colusión con algunos funcionarios en la embajada rusa y transportaba la droga en maletas diplomáticas.

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Otros ejemplos ingeniosos en la región se han visto en la frontera norte de México, una de las más vigiladas, donde los traficantes han utilizado desde túneles hasta drones y cañones para que la droga llegue a Estados Unidos. En Colombia, la cocaína se ha camuflado en cargamentos de frutas y otros productos que son exportados al resto del continente y Europa. A nivel local, los grupos criminales también se las han ingeniado para que el microtráfico pase desapercibido. En la Ciudad de México, por ejemplo, fue desmantelada una banda que entregaba marihuana a domicilio a través del servicio de UberEATS.

3 razones por las que Argentina no logra disminuir la violencia en Rosario

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El repunte de las tasas de homicidio en Rosario y el ataque contra la casa del juez que condenó a los líderes de Los Monos ha puesto en duda la estrategia oficial de seguridad y ha generado preguntas sobre cómo detener al crimen organizado. Rosario, la tercer ciudad más poblada de Argentina, ha sufrido una de las tasas de homicidios más altas en el país, principalmente como resultado de disputas entre grupos criminales locales. Los homicidios, sin embargo, habían disminuido un 9,5 por ciento en el 2017 con respecto a 2016, según datos del Ministerio Público de la Provincia de Santa Fe. Pero en lo que va del 2018, se han registrado 93 homicidios, lo cual indica que este año la cifra será mayor que el pasado, según información a la que accedió La Nación. La violencia también se vio ilustrada en un ataque, el 29 de Mayo, contra la casa de uno de los jueces que condenó a los líderes de la banda criminal más poderosa de la provincia, Los Monos. El ataque tuvo lugar horas después de que una corte federal confirmara el traslado de dos líderes de Los Monos desde una cárcel de Santa Fe, donde continuaban coordinando su negocio, a una prisión federal en el sur del país.

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En respuesta a la ola de inseguridad, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció, el 28 de mayo, el envío de 300 miembros de la Gendarmería a la ciudad de Rosario. Estos se sumarán a los 2.000 efectivos que ya se encuentran posicionados en la ciudad desde hace dos años, informó La Nación.

Análisis de InSight Crime

Las autoridades de Argentina parecen estar enfrentando serias dificultades para contener la violencia en Rosario. Tras una prometedora mejoría en el 2017, con la disminución de la tasa de homicidios, y la reciente condena a altos mandos de la poderosa organización Los Monos, más 13 policías que integraban el grupo, el gobierno provincial y federal parecen enfrentar una situación de “un paso hacia delante y dos hacia atrás”. Pero el recrudecimiento de la situación de seguridad en la ciudad no debería ser una sorpresa. De hecho, hay al menos tres razones claras por las que el país no logra abordarla de manera efectiva. En primer lugar, las autoridades federales (en coordinación con el gobierno provincial) enfocan su estrategia de seguridad casi por completo en el envío de gendarmes, un plan que no ha dado resultados en ninguna otra parte de la región. El caso que mejor lo ejemplifica es México, en donde a partir de la militarización de la guerra contra las drogas, los grupos criminales fueron presionados a aumentar su poder de fuego como resultado de lo cual ocurrieron diversos abusos de las fuerzas de seguridad contra la población. Otro ejemplo es Brasil, en donde el gobierno se ha hecho cada vez más dependiente del ejército para resolver problemas de criminalidad, en vez de fortalecer las instituciones civiles. En segundo lugar, el gobierno no está abordando de manera contundente los altos niveles de corrupción enquistada en la policía local – ilustrados en la condena de 13 policías que formaban parte de Los Monos y el ataque contra la casa de un juez a 30 metros de una comisaria de policía. Las bandas criminales no pueden funcionar sin una policía que no solo mire hacia otro lado, sino que también facilite la logística de actividades ilícitas. A su vez, muchos policías necesitan del apoyo económico que ofrecen estos grupos. Expertos consultados por InSight Crime opinan que el gobierno no ha abordado este tema, porque toca diversos intereses. Argumentan que hacer una reforma policial significaría desbaratar una lógica de violencia que, hasta ahora, se concentra en las periferias. Al atacar a la policía, se correría el riesgo de llevar la violencia al centro de la ciudad, donde viven las élites. Pero si la violencia es contenida en las periferias, no pasa de ser una cuestión entre “bandas narco”. En tercer lugar, el gobierno tampoco está afrontando la corrupción dentro del sistema penitenciario, que permite que las bandas criminales continúen operando sus negocios casi con total libertad. “Desde la política argumentan que la banda (Los Monos) cayó porque los líderes fueron detenidos y ahí el gobierno dio por terminado el tema. Pero la situación es más compleja y las bandas siguen operando desde la cárcel,” dijo a InSight Crime Germán de los Santos, un periodista rosarino experto en crimen organizado. “Los líderes tienen condenas largas y están resignados a que van a pasar un tiempo en la cárcel, pero el negocio tiene que seguir.” De hecho, la causa de narcotráfico por la que líderes de Los Monos serán juzgados por la justicia federal, está basada en escuchas que se obtuvieron entre los líderes de la banda desde la cárcel y sus esposas que seguían operando el negocio por fuera. Uno de los fiscales del caso contra Los Monos, el Dr. Luis Schiappa Pietra, dijo a InSight Crime que para encontrar la mejor forma de disminuir la violencia hay que estudiar sus causas en detalle. “Los diagnósticos no pueden ser intuitivos. Hay que estudiar la situación empíricamente para construir soluciones que funcionen, basadas en la información”.