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Las cárceles ayudan a convertir jóvenes en criminales. En Belice, hay un mejor camino

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En años recientes, la opción “mano dura” y el encarcelamiento masivo ha sido una opción preferida por muchos políticos. Ahora, ante la evidencia que no ha sido efectiva en bajar los niveles de violencia, algunos gobiernos están listos para tomar un camino distinto.

Es el caso de Belice, un país con solo 350.000 residentes, muy vulnerable a los desastres naturales y al cambio climático. Una inversión en la prevención del delito y las alternativas al encarcelamiento puede parecer difícil. La realidad es que re-asignar recursos desde estrategias punitivas hacia servicios y tratamiento comunitarios es probablemente más eficaz y menos costoso.

Un informe de análisis de brechas (en inglés), publicado este mes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ofrece un mapeo de las iniciativas existentes en seguridad ciudadana y recomienda intervenciones para futuros programas. El análisis se basa en las experiencias del programa “Acción Comunitaria para la Seguridad Pública (CAPS)”, financiado por el BID.

*Este artículo fue editado y publicado con permiso de Sin Miedos. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el artículo original aquí.

El informe hace dos recomendaciones generales: menos represión policial y prisiones, y más servicios para los jóvenes “en riesgo” en general, e intervenciones más específicas para jóvenes y adultos involucrados en pandillas. Esto requiere una comprensión más profunda de jóvenes y familias con factores de riesgo de caer en acciones violentas, más allá de la definición genérica de riesgo “ni ni” (ni estudia ni trabaja). La evidencia internacional demuestra que cualquier contacto con el sistema de justicia penal – la policía, los tribunales o las cárceles – aumenta la probabilidad que los jóvenes participen en futuras actividades criminales.

En Belice, muchos jóvenes que se encuentran en centros penales no necesitan estar allí por razones de seguridad pública o por razones judiciales. ¿Cómo puede un gobierno cambiar esta realidad?

Leyes menos punitivas

En primer lugar, hay que reformar las leyes excesivamente punitivas. En Belice, los menores de 18 años pueden ser condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Los menores también pueden ser acusados ??de “comportamiento incontrolable”, que se refiere a la conducta rebelde, pero no implica actos delictivos. En 2015, el 44% de los menores que ingresaron al sistema de justicia tenían esta acusación. La eliminación de esta categoría en la ley reduciría las admisiones al sistema.

En segundo lugar, el acceso universal al asesoramiento legal gratuito. En términos más generales, una mirada enfocada en la juventud es miope. Muchos “factores de riesgo” –como la exposición a la violencia durante la niñez y la escasa alfabetización– existen en la unidad familiar, no sólo en los individuos. Muchos servicios, como transferencias monetarias condicionadas y clases de habilidades para ser padres, podrían integrarse mejor con los servicios de prevención de la violencia para los jóvenes. Algunos de estos jóvenes y familias enfrentan numerosos y severos desafíos que exigen un tratamiento más robusto de la salud mental y el trauma, y ??no sólo programas puntuales.

Por supuesto, algunos jóvenes cometen delitos graves y necesitan intervenciones más firmes que simplemente evitar el contacto con la policía o la prisión. Los programas de reducción de la violencia de pandillas no necesitan involucrar a la mayoría de los jóvenes en áreas de alta criminalidad, pero deben tener la capacidad para identificar a los jóvenes que son activos en la violencia pandillera. En la ciudad de Belice, el Programa de Desarrollo Consciente de la Juventud (CYDP, por sus iniciales en ingles) llega a ellos, y goza de la confianza de los pandilleros y de la policía. El CYDP ofrece una mediación confidencial y un freno a la escalada de conflictos entre afiliados de pandillas – parecido al programa Cure Violence en los Estados Unidos. Sin embargo, el CYDP necesita más espacio, personal y recursos. Además, la dinámica de las pandillas está cambiando rápidamente en Belice, con más incursiones de las pandillas centroamericanas. Un análisis de mayor profundidad de estas tendencias, incluso los factores de género y migración, ayudaría a mejorar las intervenciones.

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En términos más generales, una mirada enfocada en la juventud es miope. Muchos “factores de riesgo” –como la exposición a la violencia durante la niñez y la escasa alfabetización– existen en la unidad familiar, no sólo en los individuos. Muchos servicios, como transferencias monetarias condicionadas y clases de habilidades para ser padres, podrían integrarse mejor con los servicios de prevención de la violencia para los jóvenes. Algunos de estos jóvenes y familias enfrentan numerosos y severos desafíos que exigen un tratamiento más robusto de la salud mental y el trauma, y ??no sólo programas puntuales.

Una propuesta para una mayor integración es un centro integrado de “ventanilla única” para acceder a servicios familiares e individuales en Southside Belize City, con asesores de casos que pueden trabajar a través de sectores y servicios. Esto complementaría los programas exitosos establecidos por CAPS: Programa de Desarrollo Positivo para la Juventud en las escuelas, el Gateway Center para jóvenes que no están en la escuela o después de la escuela, y apoyo psico-social para jóvenes en conflicto con la ley.

Finalmente, dos elementos transversales son cruciales: buenos datos y análisis de género. Belice ha construido una plataforma de datos para servicios sociales – FamCare – que es una referencia para la región. Esto ayuda a generar indicadores de cambio que tienen más significado que las tasas de criminalidad o las tasas de reincidencia. El desarrollo de más datos desglosados ??por sexo es un paso clave. Diseñar intervenciones de política con una perspectiva de género -como alternativas a la cárcel, tratamiento de salud mental y el cuidado temporal, tanto como asuntos de ‘masculinidad violenta’ – ayuda a que los programas respondan mejor a las diferentes necesidades de niños y niñas.

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Las inversiones importantes de Belice en la prevención de la violencia y la reintegración de jóvenes en conflicto con la ley, a través de CAPS y otros programas, están mostrando resultados positivos. Este nuevo informe subraya que en esta encrucijada, con el apoyo de la cooperación internacional y con importantes cambios legislativos y de política pública, Belice tiene la oportunidad de consolidar y ampliar sus avances.

*Este artículo fue editado y publicado con permiso de Sin Miedos. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el artículo original aquí.

Informe de EEUU muestra revitalizado corredor de cocaína en Centroamérica

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha vuelto a listar a los siete países del istmo centroamericano como paraísos para el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y el crimen organizado, y ha señalado que la región sigue siendo el principal corredor de la cocaína que llega a los mercados estadounidenses, lo cual confirma la importancia de Centroamérica en la cadena del narcotráfico internacional.

Es la primera vez desde 2013 que el Departamento de Estado incluye juntos a Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en la lista de los principales países lavadores de dinero que hace parte del informe anual Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR por sus iniciales en inglés).

La novedad más importante en el informe de INSCR para 2017 —que refiere las tendencias y estadísticas del año anterior— es que El Salvador, Honduras y Nicaragua han reingresado a la lista de principales lavadores. El Departamento de Estado define el estatus de “país principal de lavado” como aquel “cuyas instituciones financieras estén implicadas en transacciones de dinero cuya procedencia sea el tráfico internacional de narcóticos”.  El análisis incluye, además del sistema financiero tradicional, instituciones no financieras y métodos alternativos de transacción.

El INCSR explica que una de las principales dificultades de los países centroamericanos para combatir el lavado de dinero es que sus sistemas de investigación criminal no tienen la capacidad de seguir rastros de dineros asociados solo con el tráfico de drogas a otro tipo de transacciones criminales, como el tráfico de personas y de armas, o actividades legales que se utilizan cada vez más para el blanqueo de activos, como la contratación de conciertos musicales de alto nivel, o apuestas en deportes populares.

Estados Unidos considera que Guatemala, Costa Rica, Panamá y El Salvador —este último dolarizado desde 2001— son centros financieros importantes, en el que buena parte del blanqueo ocurre a través de bancos.

El caso de Honduras es ilustrativo sobre la relación entre agentes estatales y los sindicatos locales del crimen. “Honduras no es un centro financiero importante. Aquí, el lavado de dinero se genera sobre todo del tráfico en toda la región. El tráfico de personas indocumentadas hacia Estados Unidos, la extorsión, el secuestro y la corrupción pública también generan cantidades importantes de dinero a ser blanqueado”, dice el informe. Algo similar, según este documento, está pasando en Nicaragua.

El informe reitera, además, que desde la selva panameña del Darién, fronteriza con Colombia, hasta el río Usumacinta y las selvas de Petén en el norte de Guatemala, la cocaína sigue transitando abiertamente por agua, tierra y aire.

Por Guatemala, reitera el INCSR, transitaron el año pasado unas 1.000 toneladas de cocaína, cifra que podría incluso ser mayor si se toma en cuenta que, según cálculos de InSight Crime, sólo el año pasado se produjeron en Colombia, actualmente el principal país productor del mundo, unas 1.350 toneladas de cocaína.

En Guatemala, además, el año pasado se registró una cifra récord en producción de amapola, destinada a abastecer la creciente demanda de heroína en Estados Unidos. En 2016, el gobierno guatemalteco destruyó 17 millones de plantas de amapola.

En Guatemala sobre todo, y en menor medida en Honduras, se detectó además un aumento en el tráfico de los precursores químicos utilizados para convertir los opioides de la amapola en heroína, pero también en los usados para convertir la hoja de coca en clorhidrato de cocaína.

Análisis de InSight Crime

Las cifras publicadas por Estados Unidos dan cuenta de un hecho que parece obvio, pero a veces termina opacado por las dinámicas de violencia propias de Centroamérica, sobre todo en el Triángulo Norte de la región: el narcotráfico sigue siendo la causa principal del florecimiento de economías criminales en los países del istmo, así como de buena parte de la corrupción estatal que las protege.

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Desde mediados de la década pasada los narcotraficantes centroamericanos, sobre todo en el Triángulo Norte, evolucionaron de ser simples “transportistas” que recogían en las porosas fronteras costarricenses y panameñas la cocaína enviada desde Colombia para moverla hasta Guatemala, y empezaron a diversificar sus negocios criminales.

A grupos tradicionales de tráfico, como Los Lorenzana en Guatemala, el de Matta Ballesteros en Honduras o Los Perrones en El Salvador, se unieron grupos más especializados en el lavado de dinero, como el salvadoreño Cartel de Texis, sobre cuyo líder, José Adán Salazar Umaña, pesa una nominación de la Casa Blanca como capo internacional del narcotráfico y una investigación de la Fiscalía General de El Salvador por lavado de dinero.

El caso hondureño es el que mejor demuestra cómo las economías criminales del narcotráfico permearon los estamentos políticos de estos países y, como ha señalado InSight Crime, recibieron de ellos favores y protección.

Devis Leonel Rivera Maradiaga, otrora líder de la banda hondureña Los Cachiros, acusó recientemente al expresidente del país Porfirio “Pepe” Lobo de haber recibido sobornos de su grupo, algo que el político se ha apresurado a negar. En El Salvador, grupos de narcotráfico han hecho acusaciones similares: operadores de Los Perrones también han dicho que pagaron sobornos al entorno del expresidente Antonio Saca, quien hoy está preso bajo acusaciones de corrupción.

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Guatemala sigue siendo, no obstante, la joya de la corona en el mapa centroamericano del narcotráfico y de la corrupción y lavado de dinero generado por las economías criminales. El mes pasado, Estados Unidos acusó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y al exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla de conspirar para introducir cocaína en suelo estadounidense.

El informe del Departamento de Estado ha dejado en claro una vez más la revitalización del corredor centroamericano del narcotráfico, que había alcanzado uno de sus últimos picos a mediados de 2009, cuando un golpe de Estado militar en Honduras ayudó a abrir la ruta aérea entre ese país y Venezuela.

Después de eso, funcionarios estadounidenses y analistas hablaron de la posibilidad del resurgimiento de las rutas del Caribe, pero eso en realidad no ocurrió, al menos no de la misma forma en que ocurrió con la centroamericana.

Hoy, debido al incremento de la producción en Colombia, y de la infiltración de los grupos criminales en las más altas esferas del poder político, sobre todo en los países del Triángulo Norte, está claro que las avenidas para la entrada y salida de droga y dineros ilícitos funcionan a todo vapor.

Fiscales generales de Centroamérica y Estados Unidos se reúnen

Los fiscales generales de siete países centroamericanos se reunieron recientemente con la fiscal general de Estados Unidos para discutir sobre narcotráfico, crimen organizado y la creciente violencia en la región, lo cual ha puesto de relieve la seriedad con la que Estados Unidos está considerando los problemas de seguridad en la región.

La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, se reunió a puerta cerrada con sus homólogos centroamericanos en Washington el 5 de agosto, con el fin de abordar la alarmante situación de seguridad en la región. La agenda incluyó temas relacionados con violencia de pandillas, tráfico de drogas, lavado de activos y crimen organizado. La cumbre contó con la participación de los fiscales generales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Esta sería la primera ocasión en la que los fiscales generales de estos siete países se reúnen de manera conjunta con agentes estadounidenses, incluyendo varios funcionarios de alto rango de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) y de los departamentos de Justicia, Estado y Tesoro.

La reunión se presenta en medio de una creciente violencia en la región, en especial en El Salvador, país que enfrentó recientemente un desgastante paro de transporte que fue impuesto por las pandillas, y donde la violencia ha aumentado hasta alcanzar niveles nunca antes vistos. Recientemente se informó que el número de policías asesinados en lo corrido de 2015 ya superó el total de 2014. Según los informes, durante la reunión el fiscal general salvadoreño, Luis Martínez, solicitó a Estados Unidos ayuda adicional, e incluso habría señalado que el crimen en El Salvador ha sobrepasado la capacidad de la institución él preside

Análisis de InSight Crime

Si bien cumbres anteriores sobre problemas relacionados con el crimen organizado y la seguridad en Centroamérica han incluido con frecuencia intercambios diplomáticos, esta sería la primera vez que los principales agentes del orden de la región se reúnen para colaborar de manera directa. El cambio es una buena señal de que todas las partes involucradas estarían actuando con la urgencia que se requiere.

Los diálogos tomaron lugar en medio de las crecientes preocupaciones en Washington sobre la situación de seguridad en Centroamérica. En junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo diálogos sobre delicados aspectos de seguridad, con el fin de abordar las preocupaciones sobre la situación de violencia y seguridad en los países del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras.

En la reunión participaron delegaciones de México y Colombia para compartir lecciones aprendidas en la lucha contra la violencia de las drogas y las sofisticadas redes de narcotráfico en sus países. En enero, la administración de Obama propuso un paquete de ayuda por un valor de mil millones de dólares para el Triángulo Norte, con el fin de mejorar el crecimiento económico y detener la violencia y el flujo de niños migrantes que buscan refugio en Estados Unidos. El paquete de ayuda aún está siendo revisado por los congresistas estadounidenses.

Junta de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas llama la atención sobre reformas en Latinoamérica

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En su informe más reciente, la JIFE, responsable de supervisar la aplicación de los convenios firmados por la ONU en materia de drogas, parece estar en aprietos: la junta sigue siendo inflexible sobre la aplicación de estos convenios, pero una ola de reformas a las políticas antidrogas en el continente americano señalan la existencia de una mayor resistencia a las normas establecidas.

Los informes anuales de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) buscan “identificar y predecir tendencias peligrosas” en cuanto a control de drogas. Este año, en relación con Latinoamérica, se destacan en particular cinco tendencias, aunque algunas pueden parecer más “riesgosas” que otras.

1.) Oposición de la JIFE a las reformas de las políticas antidrogas

La JIFE, fundada en 1961, tiene el deber de defender y hacer cumplir los convenios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de drogas. Sin embargo, la legislación reciente en el continente americano —incluyendo la legalización de la marihuana en Uruguay, Jamaica y los estados de Alaska, Colorado y Washington, así como en el distrito de Columbia en Estados Unidos— contradicen directamente los tratados de la ONU sobre fiscalización internacional de drogas.

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De hecho, las crecientes discusiones sobre políticas antidrogas alternativas en la región —y la tendencia hacia una mayor tolerancia ante las drogas por parte de los gobiernos y los ciudadanos— han puesto a la JIFE a la defensiva. En el prólogo de su nuevo informe, la JIFE señala que, mientras que los tratados de fiscalización internacional de drogas a menudo se presentan “como instrumentos de prohibición y castigo”, esa interpretación es “errónea”. El documento señala que un principio fundamental de los tratados de la ONU es el de limitar el uso de drogas a fines médicos y científicos, y agrega: “esta obligación jurídica es absoluta y no deja margen para la interpretación”.

En el año 2016 se llevará a cabo una  Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS por sus iniciales en inglés) para discutir las reformas a las políticas antidrogas, en gran parte como resultado de la creciente demanda de cambios al régimen de control internacional de drogas. Varios líderes políticos de las naciones latinoamericanas han sido especialmente activos en la tarea de pedir reformas y adoptar medidas con ese fin.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre las políticas antidrogas

Sin embargo, a pesar de la ola de reformas sobre políticas antidrogas en el continente americano, y dado que se aproxima la UNGASS, la JIFE se aferra a sus principios, indicando que las normas internacionales vigentes siguen siendo necesarias y pertinentes.

2.) Creciente tráfico de precursores químicos en Centroamérica

El informe de la JIFE señala que los precursores químicos, particularmente sustancias químicas no controladas por la convención de 1988, se trafican cada vez más en Centroamérica. Esto incluye cargamentos de metilamina (una sustancia sobre la que no hay regulaciones y que se usa para producir metanfetamina) que se incautan en México cuando van en camino a Guatemala y Nicaragua.

Belice también se ha convertido en un centro de precursores químicos (igualmente provenientes de México) para la producción de metanfetamina. Más de 156 toneladas de precursores químicos se incautaron en el país centroamericano solo en junio de 2012.

De hecho, en los últimos años las naciones centroamericanas, especialmente Guatemala, han cumplido un papel cada vez mayor en el comercio de drogas sintéticas en la región, donde predominan los grupos narcotraficantes mexicanos, como el Cartel de Sinaloa.

3.) Aumento en la producción de metanfetamina mexicana

Según la JIFE, las incautaciones de metanfetamina en la frontera entre México y Estados Unidos han aumentado significativamente, y pasaron de poco más de dos toneladas en 2008 a más de 10 toneladas en 2012 —una tendencia sobre la que InSight Crime ha informado previamente—. Solo en el estado de California se incautaron casi 15.000 kilos de metanfetamina en puertos de entrada durante el año fiscal 2014, cifra que marca un récord en dicho estado. Se cree que gran parte de esta metanfetamina procede de organizaciones narcotraficantes mexicanas, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés).

Citando cifras de la DEA, el informe de la JIFE señala que el precio de la metanfetamina en Estados Unidos ha disminuido 70 por ciento desde 2007, mientras que la pureza aumentó 130 por ciento, lo cual indica que hay más disponibilidad de dicha droga en el país.

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Según la JIFE, las autoridades de Japón, donde se han incrementado las incautaciones de metanfetamina, también han sugerido que las organizaciones narcotraficantes mexicanas están suministrando la droga para su mercado interno. Esto último está en consonancia con los intentos anteriores del Cartel de Sinaloa de establecer mayor presencia en Asia.

4.) Disminución del cultivo de coca y de las incautaciones de cocaína en los Andes

Según la JIFE, en Bolivia los cultivos de coca disminuyeron a 23.000 hectáreas en 2013, su nivel más bajo desde 2002. Sin embargo, esta cifra es mayor que el objetivo de 20.000 hectáreas que Bolivia estableció como parte de su estrategia nacional 2011-2015 para combatir el narcotráfico y reducir la producción de hoja de coca. La JIFE también señaló que la cantidad de laboratorios clandestinos de producción de cocaína destruidos por el gobierno aumentó considerablemente, y llegó a 67 en 2013. Ese mismo año, Bolivia incautó 22 toneladas de cocaína, la cifra más baja desde 2007.

En general, estas cifras sugieren que evitar que las organizaciones transnacionales de tráfico de cocaína se afiancen en Bolivia sigue siendo un serio desafío para el país andino.

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La JIFE también informó que el área total cultivada de coca en Perú disminuyó alrededor de 22 por ciento entre 2012 y 2013. Estas cifras, sin embargo, están desactualizadas, y aún queda por verse cómo los retrasos en los programas de sustitución de cultivos en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la región cocalera más prolífica de Perú, afectarán los esfuerzos por reducir la producción de coca y cocaína.

En Colombia, un importante avance identificado por la JIFE fueron los altos índices de incautación de base de coca y cocaína en el país —las más altas tasas de Suramérica—, donde se confiscaron 230 toneladas en 2013. De hecho, los grupos narcotraficantes colombianos han estado explorando la posibilidad de traficar base de coca en vez de cocaína en polvo; por otro lado, el consumo de drogas a nivel nacional también ha estado en aumento en los últimos años.

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5.) Aumento del consumo de marihuana en Suramérica

La JIFE observa que el consumo de marihuana ha aumentado en varios países latinoamericanos, como Colombia y Chile, y llama la atención sobre el importante papel que Paraguay continúa desempeñando en el comercio regional de marihuana, dado que las incautaciones en ese país se duplicaron en 2013. Se estima que Paraguay produce aproximadamente la mitad de la marihuana de Suramérica, mucha parte de la cual abastece la demanda en los vecinos países de Brasil, Argentina y Chile.

Tras intento de cese al fuego, crece violencia entre pandillas en Belice

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Una serie de asesinatos en Ciudad de Belice han alimentado las preocupaciones sobre un incremento en la violencia entre pandillas, menos de cinco meses después del más reciente intento del gobierno por negociar una tregua entre las mismas. 

Según la policía de Ciudad de Belice, tres personas fueron asesinadas y cinco resultaron heridas en cuatro balaceras que tuvieron lugar el 17 de septiembre, informó 7 News Belize. La violencia se desató luego de que el padre de un presunto pandillero fuera asesinado por un hombre armado mientras jugaba dominó en su patio. Según la policía, este incidente disparó una ola de asesinatos en retaliación, informó News 5.

Tras el incremento de la violencia, el primer ministro de Belice, Dean Barrow, sostuvo una reunión de emergencia con la policía para discutir su respuesta frente a la situación. En una conferencia de prensa luego de la reunión, agentes de la policía afirmaron que aumentarán el patrullaje en las calles y establecerán más retenes para los vehículos.

Análisis de InSight Crime

Las treguas de pandillas son difíciles, si no imposibles, de mantener. Por lo general dependen de la voluntad de los líderes que a menudo no tienen control suficiente sobre los pandilleros para mantener la paz, especialmente donde hay una larga historia de venganzas entre organizaciones, y donde hay grandes problemas sociales que no tienen una pronta solución.

El gobierno de Belice también confirmó lo anterior. Ha hecho varios intentos para acabar con la violencia de raíz negociando treguas con las pandillas, las cuales han fallado estrepitosamente. En septiembre de 2011, el gobierno de Belice creó un programa de trabajo, en el que pagaban sueldos a los pandilleros que accedieran a participar en una tregua. El programa trajo una caída inmediata en los homicidios, pero en diciembre de 2012 se acabaron los fondos y el gobierno acabó la iniciativa.

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Más recientemente, en abril de 2014, el director de la policía del país negoció un cese al fuego entre pandillas rivales en Ciudad de Belice luego de que ocurrieran siete asesinatos relacionadas con las pandillas en un período de 10 días. Sin embargo, a principios de junio las pandillas estaban en guerra nuevamente, con nueve asesinatos en tres días.

Se cree que la pandilla presuntamente involucrada en los tiroteos más recientes –la George Street Gang, también conocida como George Street Bloods- es la más poderosa del país. Belice tiene varias pandillas locales que tienen como modelo los Crips y Bloods de Los Angeles, y ha habido informes recientes sobre la Mara Salvatrucha (MS13) desarrollando su presencia en el país.

Las pandillas han alimentado los altos niveles de violencia en Belice, convirtiendo al país en uno de los más violentos del mundo. Según unas cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Belice fue el sexto país más violento del mundo en 2013, con una tasa de homicidios que supera los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Arrestos alimentan los informes sobre la presencia de la pandilla MS13 en Belice

La policía de Belice ha detenido a seis sospechosos presuntamente vinculados a la MS13 por tentativa de extorsión y provocar un incendio, en un caso que apoya los informes anteriores sobre la instauración de la pandilla callejera transnacional en esta vulnerable nación centroamericana.

El residente de la Ciudad de Belice Edwin Flores fue detenido el 22 de julio junto con su novia en una operación encubierta de la policía, después de que un empresario local dijera a la policía que la pareja le había exigido un pago de US$ 8.000. Después de que la novia de Flores recibiera el dinero en efectivo, la policía arrestó a la pareja y a cuatro socios. Uno de los hombres también era buscado por robo a mano armada y confesó haber provocado un incendio, informó The Guardian.

Las autoridades creen que Flores y los otros cuatro hombres sospechosos son miembros de la pandilla callejera la Mara Salvatrucha (MS13), informó Channel 5 Belize. Flores ha sido acusado de chantaje y -junto con los otros detenidos- exhibían las insignias de la pandilla, informó CTV 3 Noticias.

Según el superintendente de la policía Edward Broaster, la MS13 mantiene operaciones en Belice pero éstas generalmente se centran en la extorsión. Sus actividades son menos violentas que en El Salvador, haciendo que sea más difícil para la policía detectar operaciones de la pandilla, informó Channel 5 Belize.

Análisis de InSight Crime

Ha habido informes sobre la presencia de la MS13 en Belice por lo menos desde 2003, según un artículo de 2012 de La Prensa Gráfica, que afirmó que tanto la pandilla como su rival Barrio 18, habían aumentado su presencia en la pequeña nación centroamericana -que tiene una gran población salvadoreña- en los últimos años. El periódico también informó que una pandilla salvadoreña anónima con 400 miembros operaba en el Distrito de Cayo, donde se encuentra la capital Belmopan. Desde entonces, ha habido informes aislados sobre la captura de presuntos miembros de la MS13 por parte de las autoridades de Belice.

Sin embargo, puede darse el caso que la supuesta actividad de la MS13 sea en realidad la actividad de muchas bandas locales de Belice que se hacen pasar por las maras para provocar miedo –como se sabe que ocurre en la vecina Honduras.

La MS13 fue fundada por refugiados salvadoreños en California en los años ochenta y desde entonces se ha expandido a la Costa Este de Estados Unidos y hacia Honduras, El Salvador y Guatemala. Los arrestos de 35 presuntos miembros de la MS13 en España, en marzo, indican que el grupo también ha establecido presencia en ese país europeo.

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Mientras la MS13 continúa expandiéndose, Belice podría convertirse en una plataforma operativa estratégica. El débil gobierno central ha contribuido a hacer de ese país un centro para el lavado de dinero, y su ubicación cerca a los principales países de tránsito de drogas en Centroamérica también lo hacen potencialmente útil como un punto de transbordo. Mientras tanto, la violenta guerra por el territorio que actualmente es librada por numerosas bandas locales podría ofrecer una oportunidad para que la MS13 se expanda mientras que los grupos locales están envueltos en un conflicto.

El secreto del Estado: El régimen de lavado de dinero de Belice

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Ubicado en la costa noreste de Centroamérica, Belice es a menudo nombrado como uno de los destinos de vacaciones más bellos de Centroamérica. Con sus adornados arrecifes de coral y selva tropical, el pequeño país de habla inglesa tiene mucho que ofrecer para los turistas en busca de aventuras tropicales. Sin embargo, Belice rápidamente está siendo conocido por la comunidad internacional por atraer muchas organizaciones de tráfico de drogas, conocidas por transportar marihuana y cocaína hacia Norteamérica.

Dado que la moneda del país está muy bien fijada al dólar de Estados Unidos, Belice también ofrece a los no residentes la oportunidad de manejar cuentas en el extranjero. El lavado de dinero se ha convertido en una importante forma de financiación para muchas organizaciones criminales. Como resultado de ello, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha catalogado recientemente a Belice como uno de los “principales países de lavado de dinero” del mundo.

Uno podría preguntarse, “¿Son todos los países pobres más abiertos a la inversión privada?” No. Sin embargo, en naciones como Belice, existe un problema mayor de mala gestión del gobierno en general, lo cual puede conducir a inversiones privadas ilegales que suelen pasar desapercibidas o impunes por parte de funcionarios del gobierno. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Belice cuenta con un catálogo completo de normas y reglamentos que deberían estar sirviendo al propósito de supervisar las diversas inversiones del gobierno. Estas normas incluyen medidas tales como la Ley de Incentivos Fiscales, la Ley de Incentivos de Exportación, la Ley de Zona Franca de Exportación, la Ley de Zona Franca Comercial, la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales, la Ley de Fideicomisos, la Ley de Banca en el Extranjero, la Ley de Juego y la Ley de Empresas, que, según el Departamento de Estado de Estados Unidos “ofrece algunos incentivos atractivos a los inversionistas, pero en la práctica a menudo estos incentivos no se realizan”. Esto significa que aunque Belice ha tomado medidas para prevenir que tengan lugar empresas del hampa, sus electores no se han dado cuenta del poder de las leyes actuales y las potenciales consecuencias negativas de no adherirse a ellas. Por lo tanto, esto demuestra la vulnerabilidad del Estado y pone de relieve los problemas de lavado de dinero que enfrenta Belice.

Este artículo fue publicado originalmente por el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COAH). Vea el artículo original aquí.

Como se citó anteriormente, Belice es un punto caliente para las actividades ilegales de crear, almacenar, y disfrazar cuentas en el extranjero. Si bien no es un país rico en recursos, Belice tiene una alta producción de minerales como arcilla, piedra caliza, mármol, arena y grava, todos los cuales forman la mayor parte de su industria de construcción. Según el Ministerio de Turismo y Cultura (MTC), la próspera industria mineral de Belice es uno de los mayores atractivos de la nación para los inversionistas extranjeros, junto a las playas y los centros turísticos del país. El MTC también afirma que “el gobierno apoya las empresas colectivas y las inversiones en asociación como un mecanismo preferido. Sin embargo, también permite el 100 por ciento de propiedad extranjera de una empresa”, que es un poder que actualmente está siendo abusado por empresas comerciales que inspeccionan a Belice.

Estos recursos, junto con el encanto natural del país y los lugares bastante remotos, atraen a visitantes de todas partes, se añaden a la atracción de las transferencias de fondos ilegales. Aunque la inversión privada no necesariamente significa corrupción, en la ausencia de una estructura de poder efectiva, la corrupción es inminente. Por lo tanto, el número total de inversiones privadas que pueden realizarse dentro del país debe ser monitoreado y controlado por el gobierno.

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Desde 2001, Estados Unidos se ha involucrado más con las regiones del mundo donde se llevan a cabo este tipo de delitos financieros. La preocupación del gobierno de Estados Unidos es impulsado por el hecho de que se sabe que los delitos financieros financian a las organizaciones terroristas. En un informe publicado a principios de este año, en relación con el lavado de dinero y otros delitos financieros, el Departamento de Estado de Estados Unidos catalogó a Belice como uno de los mejores lugares del mundo en los que pueden ocurrir delitos financieros (pdf). El informe va más lejos y explica que el gobierno de Belice ha fomentado el crecimiento de la banca financiera en el extranjero mientras intenta diversificar su economía. Sin embargo, debido al débil gobierno e ineficaz control del país sobre su sector financiero, estas actividades monetarias pronto se hicieron vulnerables a los delitos financieros.

Gran parte del problema recae en las empresas en el extranjero y los prestamistas en las naciones del Caribe y en las islas remotas. Debido a la falta de recursos, comercio y capital de los países, estas naciones más pequeñas a menudo están dispuestas a acoger, promover y encubrir fondos entrantes cuestionables, en un esfuerzo por diversificar sus economías.

Las naciones del Caribe e islas en otras partes del mundo, en el pasado han sido focos de corrupción internacional y lavado de dinero entre los políticos corruptos, los fugitivos, y similares. Según una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists), más de US$32 mil millones en “riqueza financiera privada están escondidos en paraísos fiscales -más o menos equivalente a la producción anual de las economías de Estados Unidos, China y Japón combinadas”. El artículo sugiere que un empresa podría estar ubicada en Seychelles, por ejemplo, y la identidad del propietario podía permanecer totalmente oculta debido al concepto de “poner ‘una empresa dentro de una empresa dentro de una empresa’”. “Muchos prestamistas en el extranjero son conocidos por utilizar esta táctica. Tal estructura permite a las empresas esconderse en varios lugares, como en Belice, sin dejar rastro de su actividad preexistente o lazos profesionales. Estas naciones son conocidas por tener sociedades ficticias, que hacen que las cuentas sean imposibles de rastrear. Estas industrias han sido muy beneficiosas para los políticos de todo el mundo, y han sido acusadas de financiar a piratas, organizaciones terroristas, y otros fugitivos.

Las organizaciones internacionales han comenzado a presionar a Belice para tomar medidas más serias hacia la prevención de lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), una organización dedicada a la implementación de “contramedidas comunes” para prevenir el lavado de dinero, ha argumentado que Belice no ha avanzado lo suficiente en la creación de medidas preventivas (pdf). El GAFIC también afirma que Belice se ha negado a cumplir o actuar lo suficientemente rápido. El grupo ha llegado a pedir a sus Estados miembros considerar la imposición de contramedidas para proteger sus activos financieros de los riesgos financieros en Belice.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha tomado medidas para garantizar que una nueva crisis en la forma de lavado de dinero no ocurra en el futuro. Esta iniciativa se conoce como la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank, más conocida como la Ley Dodd-Frank. Según los investigadores del Consejo de Relaciones Exteriores, esta parte de la legislación específicamente tiene el propósito de “monitorear el riesgo sistémico, limitar el comercio patentado por el banco, colocar nuevas regulaciones sobre los derivados, y proteger a los consumidores para evitar otra crisis financiera”.

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Belice ha respondido a las acusaciones de inacción, citando su Ley de Bancos Nacionales e Instituciones Financieras (DBFIA, por sus siglas en inglés) de 2012 como un paso serio hacia la prevención de delitos financieros dentro de sus fronteras. En una nota positiva, la DBFIA ayudó a fortalecer la Ley de Lavado de Dinero y Prevención del Terrorismo de 2008, que fue aprobada por el Parlamento de Belice. La DBFIA ayudó a mejorar las disposiciones para regular los bancos nacionales y las instituciones financieras, y fortalecer los poderes del Banco Central de Belice para supervisar y regular el sector financiero. Sin embargo, como resultado de una débil gobernanza y una corrupción desenfrenada entre los funcionarios electos, en realidad la ley no ha disuadido a los criminales de llevar a cabo sus actividades financieras ilegales.

En general, los países más pequeños como Belice comúnmente son utilizados por las autoridades extranjeras, entre otros funcionarios, para ocultar actividades sospechosas. Con un gobierno central débil, Belice se ha vuelto especialmente vulnerable a los delitos financieros. Con el fin de solucionar este problema, el Fondo Monetario Internacional (FMI), tendrá que cumplir la legislación Dodd-Frank, para prevenir que este tipo de situaciones se repitan en el futuro; y a través de la continua supervisión de países como Belice, se espera que se de un progreso.

Si esta legislación no se aplica correctamente o no hay ninguna mejora, la capacitación debe ser proporcionada a los respectivos funcionarios del gobierno. En casos extremos, cuando se tenga conocimiento de la ocurrencia de actividades ilegales, las consecuencias internacionales deben ser establecidas por el principal órgano de gobierno y deben hacerse cumplir. Dicho esto, el cambio debe venir desde adentro. Aunque Belice ha dado algunos pasos en los últimos años para acabar con el lavado de dinero, se debe hacer más en beneficio de la protección de las inversiones financieras. Por un lado, la corrupción dentro del gobierno, que permite que estos delitos financieros ocurran, debe ser abordada en primer lugar como una de las principales causas del problema. También se puede aumentar la supervisión del sector financiero a través de regulaciones más estrictas que pueden ayudar a disuadir a las entidades financieras de promocionar y ocultar transferencias de fondos ilegales. Sin embargo, debido a la naturaleza del lavado de dinero internacional, también es imperativo que los Estados continúen trabajando juntos para abolir los delitos financieros internacionales mediante el establecimiento de leyes y normas internacionales que puedan disuadir la ocurrencia de inversiones ilegales.

*Este artículo fue publicado originalmente por el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COAH). Fue publicado con permiso. Vea el artículo original aquí.

Cese al fuego de pandillas en Belice, un respiro temporal

Las autoridades de Belice han informado de un cese al fuego entre las pandillas, luego de que se presentara un aumento en los homicidios, en el sur de la ciudad más grande del país, aunque el primer ministro del país es pesimista de que esto de lugar a una iniciativa más amplia.

El primer ministro de Belice, Dean Barrow, dijo a 7 News Belize que Edward Broaster, el director de la policía del país, dirigió los diálogos de paz entre las pandillas que habían acordado un cese al fuego.

El debate fue convocado por la policía a raíz de siete asesinatos relacionados con pandillas en un tiempo de 10 días en la zona de Jane Usher Boulevard, en la Ciudad de Belice.

Según News 5, el alto al fuego se verá complementado con un aumento en la capacidad policial en la zona.

“A pesar de que la policía está intensificando sus acciones en la zona, se está haciendo un esfuerzo para hablar acerca de la situación con los líderes de las pandillas, con los actores principales, para ver si algún tipo de cese al fuego, si se quiere, podría ser mediado” Dijo Barrow a Noticias 5.

El primer ministro negó que la iniciativa daría lugar a una tregua renovada de pandillas en el país, como la que terminó a finales de 2012, informó News 5.

Análisis de InSight Crime

Las pandillas son la principal causa de la violencia en Ciudad de Belice, una de las zonas urbanas más peligrosas del planeta. El Informe Global de Homicidios de 2013 (pdf) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, por sus siglas en inglés) ubicó la tasa de homicidios de Ciudad de Belice en 2011 en a 105,1 -comparable a algunas de las ciudades más violentas del mundo.

Pero forjar una tregua entre pandillas es una tarea difícil, como lo ha podido descubrir el gobierno de Belice. El más reciente intento de la Ciudad de Belice para desarrollar una tregua de pandillas comenzó en septiembre del 2011, e involucró a 13 bandas que participaron en los programas de trabajo que le costaron al gobierno unos US$ 20.000 por semana. La tregua dio lugar a una reducción inmediata en los homicidios, con sólo nueve asesinatos registrados en sus primeros 100 días. Sin embargo, en diciembre del 2012 el gobierno de Belice le puso fin a la iniciativa debido a la falta de fondos. 

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En consecuencia, la tasa de homicidios pasó de 39,2 por cada 100.000 habitantes en 2012 a 44,7 en el 2013, según la ONUDD.

Arresto en Belice muestra que el una vez poderoso clan narco de Guatemala continúa vivo

El heredero de lo que fue una de las principales organizaciones de tráfico de drogas de Guatemala ha sido detenido en Belice, ilustrando tanto el carácter intransigente de los grupos “transportistas” de la región como el papel, a menudo pasado por alto, de este rincón de Centroamérica en el comercio de drogas.

Adolfo Rodríguez Eribel Barrientos fue detenido en Belice por parte de agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), informó Emisoras Unidas. Tras el arresto, la policía y los fiscales lanzaron una serie de redadas sobre propiedades en Guatemala vinculadas con Rodríguez, quien ahora enfrenta una orden de extradición de Estados Unidos.

Según el ministro del Interior de Guatemala, Mauricio López Bonilla, Rodríguez quedó a cargo de las operaciones de tráfico de drogas, una vez a cargo de Jorge Mario Paredes Córdoba, alias “El Gordo”, detenido en Honduras en 2008 y luego extraditado a Estados Unidos.

Análisis de InSight Crime

La organización Paredes fue una de las más poderosas de los llamados clanes de transportistas de Guatemala -grupos contratados para mover cargamentos de droga. Según el departamento de Estado de Estados Unidos, el grupo utilizó conexiones en Colombia, Panamá, Nicaragua, México y El Salvador para mover cargamentos de cocaína de varias toneladas hacia Guatemala. Una vez en el país, ésta o bien se vendía a granel a terceros distribuidores o se llevaba a Estados Unidos y se distribuía entre los contactos allí.

Paredes, sus hermanos Ever Omar y Arturo, y su mano derecha Otoniel Turcios Marroquín, alias “El Loco”, se cree que trabajaron de cerca con los Zetas de México. Sin embargo, según algunas versiones, tras la detención de Paredes y el asesinato de sus dos hermanos, los Zetas se volcaron contra Turcios, forzándolo a salir de su territorio.

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Sin embargo, una y otra vez las redes de transportistas de Guatemala han demostrado su capacidad de sobrevivir ante tales reveses; este último arresto demuestra que a pesar de las grandes pérdidas, al menos parte de la organización Paredes sigue funcionando hoy en día.

El arresto es también un recordatorio del papel que Belice juega en el tráfico de drogas. Aunque el país rara vez se menciona en las discusiones sobre el tráfico de drogas de Centroamérica, hay suficiente evidencia que indica que sus amplias costas y la debilidad institucional no han pasado desapercibidos para los traficantes de la región.

Esto ciertamente parece ser el caso de Paredes -además de la reciente detención de Rodríguez, “El Loco” Turcios, quien también fue detenido en el país en 2010.