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Balance de InSight Crime sobre los homicidios en 2018

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Desde la agudización de la crisis en Venezuela; pasando por los días aciagos en Nicaragua; un proceso de paz cada vez más frágil en Colombia; y los nuevos gobiernos en Brasil, México y otros países, 2018 fue un año de agitación en toda América Latina y el Caribe. Los niveles de homicidios han sido reflejo de estas variables, aumentando considerablemente en algunas naciones y descendiendo en otras. En su balance, InSight Crime analiza las tasas de homicidios por país, así como los factores subyacentes.

Venezuela: 81,4 por 100.000

Venezuela se mantiene a la cabeza como el país con más homicidios en América Latina, con 23.047 casos. Si bien esta cifra es ligeramente inferior a los 26.616 asesinatos reportados en 2017, el país sigue sufriendo graves conflictos políticos, económicos y sociales. Según un informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la única fuente de carácter público sobre los homicidios en el país, Venezuela registró una tasa de asesinatos de 81,4 por 100.000 habitantes en 2018, menos que los 89 por 100.000 que registró en 2017. Pero esta disminución no puede ser tomada con optimismo, dado que se basa en cifras de población del año 2011 y no tiene en cuenta la masiva migración de unos tres millones de venezolanos que han huido de la crisis. El OVV también considera que esta supuesta reducción en los homicidios contrasta con el marcado aumento de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad —7.523 víctimas en 2018, en comparación con 5.535 en 2017—, que representan un asombroso 32 por ciento del total de homicidios. Si bien el gobierno no ha publicado estadísticas oficiales sobre crímenes en 2018, InSight Crime tuvo acceso a un documento filtrado del Observatorio Venezolano de Seguridad Pública, departamento que hace parte del Ministerio del Interior. Allí se habla de una tasa oficial de 10.573 homicidios en 2018, es decir, solo 33 por 100.000 habitantes, la diferencia se debe a que el gobierno no incluye casos de “resistencia a la autoridad” ni otras categorías, como las víctimas de balas perdidas.

El Salvador: 51 por 100.000

El Salvador registró 3.340 homicidios en 2018, una disminución del 15 por ciento con respecto a 2017. Si esta cifra es correcta, la tasa de homicidios resultante (51 por 100.000 habitantes) continúa la tendencia a la baja que se viene presentando en El Salvador en los últimos años. Solo en 2016, el país encabezó el ranking regional de InSight Crime, con una alarmante tasa de 81,2 por 100.000 habitantes. En 2017, esta tasa descendió en 20 homicidios por 100.000, pero el país permaneció en segundo lugar en la lista, solo por debajo de Venezuela. Durante mucho tiempo, la tasa de homicidios de El Salvador ha estado relacionada con sus dos pandillas más dominantes y violentas: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Aunque puede haber diversas causas para la reducción de los asesinatos, como el hecho de que las pandillas han detenido sus luchas entre sí, el gobierno considera que sus medidas de “mano dura”, llamadas ahora de manera eufemística “medidas extraordinarias”, son las que han permitido dicha reducción. Sin embargo, esas mismas acciones represivas explican los hallazgos de un informe de Naciones Unidas, en el que se constata que los asesinatos extrajudiciales han aumentado y que es probable que queden impunes. Durante las dos primeras semanas del nuevo año fueron asesinadas 126 personas en el país. Los funcionarios policiales han señalado a las pandillas como culpables de los derramamientos de sangre, acusándolas de estar haciendo demostraciones de poder en vísperas de las elecciones presidenciales del 3 de febrero.

Jamaica: 47 por 100.000

En un discurso ante la Cámara de Representantes, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó que los homicidios disminuyeron en un 21,9 por ciento el año pasado. El país registró 1.287 asesinatos en 2018, una tasa de homicidios de 47 por 100.000 habitantes. La policía ha atribuido esta disminución a la creación de Zonas de Operación Especial (Zones of Special Operation, ZOSO), áreas en las que el ejército apoya el trabajo de la policía. Como parte de su plan de reducir la tasa de asesinatos a 16 por 100.000 habitantes en la próxima década, Holness ha promovido la conformación de 20 Zonas de Operación adicionales en 2019. Sin embargo, la disminución en los homicidios el año pasado se produjo después de un aumento de cerca del 20 por ciento en 2017, que se relacionó con la deficiente implementación del plan ZOSO y de medidas de seguridad similares.

(Mapa de InSight Crime mostrando las tasas de homicidios en Latinoamérica y el Caribe. Haga clic en la imagen para verla ampliada)

Honduras: 40 por 100.000*

De enero a noviembre de 2018, en Honduras se produjeron 3.310 asesinatos, según el Observatorio de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Esto significa una tasa de homicidios de 40 por 100.000 habitantes, una pequeña disminución con respecto al 42,8 por 100.000 registrado en 2017, cuando hubo 3.791 asesinatos. Después de llegar a un pico de 85,5 asesinatos por 100.000 habitantes en 2011, la tasa de homicidios de Honduras se redujo a la mitad en 2017. Al igual que en su vecino, El Salvador, los funcionarios de seguridad atribuyeron la tendencia a la baja a las acciones gubernamentales contra los narcotraficantes y las pandillas. Pero los funcionarios consideran que la poca disminución en la tasa de homicidios también se debe a la misma estrategia de seguridad, pues señalan que esta genera represalias por parte de los grupos criminales. En las primeras dos semanas de 2019, fueron asesinadas 30 personas en ocho masacres diferentes, lo que demuestra que continúa existiendo el tóxico coctel de violencia pandillera, altos niveles de impunidad y corrupción.

Trinidad y Tobago: 37,5 por 100.000

Este fue el segundo año más violento en la historia del país, con 516 homicidios, solo por debajo de 2008, cuando fueron asesinadas 550 personas. A pesar de su población relativamente pequeña, de 1,3 millones de habitantes, la violencia en Trinidad y Tobago ha empeorado permanentemente en los últimos años. La impunidad sigue siendo un grave problema, ya que, según los funcionarios policiales del país caribeño, al menos 83 por ciento de los casos de asesinatos del año pasado permanecen sin resolver.

Belice: 35,9 por 100.000

A pesar de ser el país más pequeño de Centroamérica, Belice ha tenido una tasa de asesinatos permanentemente alta. Si bien aún no se han divulgado las estadísticas oficiales, los medios de comunicación de Belice reportan 143 asesinatos en 2018, solamente dos menos que en 2012, el año más violento del país. El gobierno ha negado que Belice sea una base de despliegue de grupos criminales como Los Zetas y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, o la MS13 de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, la tasa de homicidios persistentemente alta demuestra que, aunque Belice no aparezca en los titulares, el crimen organizado parece ser una grave amenaza en el país.

México: 25,8 por 100.000

El mandato de Enrique Peña Nieto como presidente de México terminó con niveles récord de homicidios. En 2018, el país registró 33.341 asesinatos, más que los 31.174 de 2017, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto ubica la tasa de asesinatos en 25,8 por 100.000 habitantes, en comparación con 22,5 en 2017 y 16,2 en 2016. El aumento en los homicidios ha sido provocado por la continua fragmentación de los grandes carteles, así como por la incapacidad del gobierno para reaccionar ante las pandillas, menos organizadas y más pequeñas, que matan por el control territorial. El nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha modificado sus planes de seguridad, abogando por la creación de una guardia nacional y manteniendo a los militares en las calles para tratar de detener la creciente violencia, que causó un promedio de 91 personas asesinadas cada día el año pasado.

Brasil: 25 por 100.000*

En 2017, Brasil tuvo un triste récord: 175 personas fueron asesinadas en promedio cada día. El año pasado la situación mejoró levemente, pues entre enero y septiembre se presentaron 39.183 asesinatos, en comparación con 44.733 en el mismo periodo de 2017, según el Foro de Seguridad Pública de Brasil. Si esta disminución se mantiene estable, en 2018 se llegaría a una tasa de asesinatos de 25 por 100.000 habitantes. Pero la inseguridad y la violencia continúan siendo las principales preocupaciones de gran parte de la población, ya que Brasil no ha logrado encontrar formas efectivas de detener la violencia criminal. El ejército fue enviado a Río de Janeiro en 2017, lo que representa el más reciente ejemplo de una estrategia de militarización que ha fracasado sistemáticamente en Latinoamérica. Jair Bolsonaro llegó a la presidencia gracias en gran parte a la promesa de que le permitiría a la policía dispararles a los criminales y que simplificaría las leyes de propiedad de armas. En lo que va corrido de 2019, los grupos criminales han lanzado ataques en el estado de Ceará, y el gobierno ha respondido a la violencia con tropas federales, convirtiendo al noreste de Brasil en un verdadero campo de batalla. Este violento conflicto podría aumentar el número de muertes, y deja claro que Brasil no logrará abordar las causas subyacentes a sus tasas de asesinatos constantemente altas.

Colombia: 25 por 100.000*

Después de que en 2017 llegara a los niveles más bajos de violencia en 42 años, Colombia experimentó un leve repunte de la violencia en 2018, con 12.311 homicidios, en comparación con 11.381 en 2017. Este aumento del cuatro por ciento ubica la tasa de homicidios en 25 por 100.000 habitantes, en comparación con 24 por 100.000 el año pasado. En 2018, en Colombia se presentó un aumento y diversificación de los grupos criminales, entre ellos los exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se han reunido en una mafia ex-FARC que viene ganando fuerza, así como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El creciente número de disidentes de las FARC que abandonan el proceso de paz y la ruptura de las conversaciones con el ELN han incentivado a estas organizaciones. Además, la violencia ha aumentado en la frontera con Venezuela, y han continuado los asesinatos de líderes sociales como resultado de la lucha por el control de cultivos ilícitos y tierras.

Guatemala: 22,4 por 100.000

Guatemala siguió presentando una notoria mejoría, al llegar a fin de año con una tasa de homicidios de 22,4 por 100.000 habitantes. El país registró 3.881 asesinatos, un descenso desde las 4.409 muertes violentas y la tasa de 26,1 por 100.000 en 2017, según delegados del gobierno. Pero las cifras de la sociedad civil reflejan algo distinto. El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización no gubernamental que hace seguimiento a los delitos en el país, afirmó que la cifra oficial de muertos se quedó corta en más de 1.000 homicidios, lo que deja el total en 4.914 muertes y pone la tasa de homicidios en 28 por 100.000 habitantes. En todo caso, Guatemala es el país menos azotado por la violencia entre sus vecinos del Triángulo Norte —Honduras y El Salvador—. Los hallazgos de una investigación sobre homicidios en Guatemala, realizada por InSight Crime en 2017, siguen siendo válidos. La guerra emprendida por el presidente Jimmy Morales contra el organismo anticorrupción, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha mantenido al gobierno ocupado, sin tiempo para remediar la impunidad rampante en materia de homicidios y los errores en la recolección de información sobre dichos crímenes.

Puerto Rico: 20 por 100.000

La tasa de homicidios en Puerto Rico se mantuvo en 20 por 100.000 habitantes en 2018, casi el cuádruple que la parte continental de Estados Unidos. Los registros muestran que 641 personas murieron en forma violenta en el último año, un descenso respecto a los 710 homicidios de 2017, y muy por debajo del récord de 1.164 asesinatos en 2011. Los principales responsables del balance de muertos son las pandillas locales dedicadas al tráfico de drogas, y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) afirma que 60 por ciento de los homicidios en el país tienen relación con drogas. Este año, Puerto Rico ya ha tenido una oleada de asesinatos, que preocupa a los habitantes y a las fuerzas federales de orden público. Si el organismo de policía presenta problemas para impedir la deserción de sus agentes y resolver los delitos, no hará más que agudizar la inseguridad en la isla.

Costa Rica: 11,7 por 100.000

Con solo 17 homicidios menos en 2018, la tasa de homicidios de Costa Rica se mantuvo relativamente estable. El país centroamericano contó 586 homicidios, lo que redujo ligeramente la tasa de homicidios de 12,1 a 11,7 por 100.000 habitantes. Hasta la disminución del año pasado, la tasa de homicidios presentaba un constante incremento desde 2012. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del país incluso había previsto lo mismo para 2018. El que fuera por tradición el país más pacífico de Centroamérica ha padecido recientemente aumentos en los niveles de criminalidad, debido a su ubicación como punto de tránsito importante para la cocaína colombiana. El gobierno ha tenido problemas para responder al incremento en la oferta de narcóticos, lo que ha llevado a los grupos a disputarse el control de las plazas locales.

Uruguay: 11,2 por 100.000

Uruguay alcanzó un récord de 382 homicidios en 2018. Con 99 homicidios más que en 2017, experimentó un incremento de 35 por ciento entre un año y otro, así como una tasa de homicidios de 11,2 muertes por 100.000 habitantes. Estas cifras se tomaron de la Fundación Propuestas (Fundapro), asociada al Partido Colorado. Solamente se han divulgado cifras oficiales sobre el primer semestre del año, en el que se reportan 218 asesinatos, en comparación con 131 entre enero y junio de 2017. Para uno de los países que se han mantenido tradicionalmente entre los más pacíficos y estables de la región, este súbito incremento prende las alarmas. Las autoridades están convencidas de que la causa son las rencillas entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, puede ser más fácil atribuirles a ellos la culpa para justificar la militarización cuando otros problemas, como las mediocres tasas de resolución y condenas para los homicidios, pueden también haber contribuido a la situación.

República Dominicana: 10,4 por 100.000*

El Observatorio de Seguridad Ciudadana denunció que se registraron 801 asesinatos en el país caribeño durante los tres primeros trimestres de 2018, una caída de 145 en comparación con los 946 homicidios registrados para el mismo periodo de 2017. Aunque esto muestra que se mantiene una tendencia desde 2011, un sondeo reciente indica que la inseguridad pública sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población dominicana.

Panamá: 9,6 por 100.000*

En diciembre, el Ministerio Público de Panamá publicó un informe en el que se afirmaba que entre enero y noviembre de 2018 hubo 401 homicidios, cerca de una docena por debajo de las 378 muertes registradas en 2017. Según esta cifra, la tasa de homicidios es de 9,6 por 100.000 personas. El informe destacaba que más del 40 por ciento (169) de los hechos ocurrieron en la capital, Ciudad de Panamá. El director de la Policía Nacional, Alonso Vega Pino, dice que ese leve incremento está “directamente relacionado con el crimen organizado”. La geografía de Panamá lo convierte en un punto de tránsito vital para el tráfico de mercancías ilegales en la región. Una investigación interna sobre una red internacional de tráfico de armamento en octubre de 2018 ilustraba los actuales retos que tiene el país frente a la corrupción y el crimen organizado.

Perú: 7,8 por 100.000*

En 2017, Perú registró 2.487 muertes violentas, poco más que los 2.435 de 2016, para arrojar una tasa de homicidios de 7,8 por 100.000. No hay datos disponibles para 2018 hasta el momento. Perú ha mantenido los índices de muertes violentas relativamente bajos en las últimas décadas, aunque la corrupción institucionalizada amenaza los recursos destinados a combatir los actuales problemas de narcotráfico en Perú.

Bolivia: 6,3 por 100.000

Durante una conferencia de prensa por televisión, el ministro del interior de Bolivia, Carlos Romero, anunció que el país había registrado una tasa de homicidios de 6,3 por 100.000 en 2018, una mejoría de más de dos por ciento en comparación con el primer semestre de 2017, cuando el país registró una tasa de 8,5 por 100.000. El anuncio se conoce en un momento en que el país se prepara para la primera vuelta de elecciones presidenciales el 27 de enero. En el último año, los grupos de oposición que rechazan tajantemente la decisión de Evo Morales de lanzarse como candidato para un cuarto periodo consecutivo han dirigido manifestaciones masivas y huelgas nacionales. Las elecciones presidenciales, que se celebrarán en octubre, bien pueden desviar la atención de los temas de seguridad nacional en un momento en que las pandillas de Brasil se desplazan hacia el país suramericano.

Ecuador: 5,7 por 100.000

Ecuador informó de 975 homicidios en 2018, es decir, 18 más de los 957 registrados en 2017, lo que deja al país con una tasa de homicidios de 5,7 por 100.000 personas, según la policía nacional. Hace menos de una década, Ecuador tenía tasas de homicidios tres veces más altas, pero un proceso de “legalización de pandillas” ha hecho posible la drástica reducción de los asesinatos. Sin embargo, el incremento del narcotráfico proveniente de Colombia hacia Ecuador ha renovado los temores de la violencia. El conocido homicidio de tres periodistas a manos de la mafia ex-FARC también ha hecho de la seguridad entre fronteras una prioridad para el gobierno.

Argentina: 5,2 por 100.000*

En medio de una profunda crisis económica, Argentina sigue ostentando unas de las tasas de homicidios más bajas del continente. Según el Ministerio de Seguridad, Argentina registró una tasa de homicidios de 5,2 por 100.000 personas en 2017, una leve disminución con respecto a los 6,6 de 2015. Al momento no se dispone de datos de 2018. Los bajos índices de violencia, sin embargo, no se han traducido en mayor seguridad. En diciembre, la ministra de seguridad Patricia Bullrich firmó un decreto en el que autorizaba un mayor uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales. La medida, cuya implementación se prevé para dentro de seis meses, ya está creando controversia e incertidumbre entre la población argentina.

Paraguay: 5,1 por 100.000*

El más reciente informe sobre homicidios del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Paraguay indica que se registraron un total de 350 homicidios entre enero y septiembre de 2018. Ese dato arroja una tasa de homicidios de 5,1 por 100.000, considerablemente menor que el 7,8 por 100.000 registrado en 2017. Sin embargo, el ministro del interior, Juan Ernesto Villamayor, declaró recientemente en una entrevista por radio que el país debe revaluar sus estrategias transnacionales con Argentina y Brasil para combatir el crimen organizado en la región. El Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC—), la pandilla más poderosa de Brasil, sigue poniendo en riesgo la seguridad del país.

Chile: 2,7 por 100.000

Chile mantiene su posición como el país con la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica. Entre enero y octubre de 2018, se registraron 488 muertes violentas, para una tasa de homicidios de 2,7 por 100.000 personas. Esta es aun menor que los 3,3 por 100.000 registrados para el mismo periodo de 2017. Incluso con los bajos índices de homicidios, Chile ha sido escenario de actos de violencia aleatorios. Un artefacto explosivo que fue detonado en una parada local de autobuses en Santiago, la capital del país, dejó múltiples heridos. Con la probable expansión del crimen organizado en 2019, queda por ver si Chile logrará mantener sus bajos índices de homicidios.

Nicaragua: N/A

En 2017, Nicaragua registró una tasa de homicidios de 7 por 100.000, con 431 homicidios, lo que continuaba una tendencia positiva de reducción de la violencia a lo largo de varios años. En 2018, los índices de violencia se dispararon con la brutal represión de los manifestantes civiles por parte del régimen del presidente Daniel Ortega. Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil han suministrado estadísticas incompletas de los asesinatos. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANDPH) registró en julio al menos 448 muertos y 595 desaparecidos. El grupo no ha divulgado información adicional desde que cerró sus oficinas de Nicaragua en agosto último, debido a las constantes amenazas del gobierno. * Las tasas de homicidios calculadas por InSight Crime se basan en datos parciales sobre homicidios para 2018 y la población total estimada de 2017 para cada país, según la oficina de referencia de población (Population Reference Bureau). Las mismas se actualizarán en cuanto se conozcan las cifras completas para 2018. 

Carne de Cañón: Los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico

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Cientos de mujeres están siendo reclutadas por el narcotráfico para transportar droga desde Bolivia al creciente mercado consumidor de Chile. Les ofrecen hasta mil dólares por convertirse en “mulas” o “tragonas”. Una oferta tentadora para mujeres en su mayoría pobres, endeudadas y que son el único sustento de sus familias. Un problema binacional que crece en medio de las malas relaciones entre ambos países. Elena tenía 20 años cuando aceptó ser tragona, y dos hijos, uno de 3 y otra de un año. Cuando emprendió el viaje, en enero de 2018, la bebé aún era amamantada. Dejó a sus hijos a cargo de su hermano menor, de 17 años. También le dejó a su cargo a su otro hermano, de 7 años, y quien fue la razón para tomar el ‘empleo’ de tragona.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Connectas. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

“Acepté llevar ovoides por necesidad económica. Necesitaba para comprar una válvula para mi hermano que tenía desnutrición grave y no se alimentaba normal, por una malformación cerebral congénita”, dice Elena. Como la mayoría de las mujeres utilizadas como correos humanos por el narcotráfico, Elena es de Cochabamba y es madre soltera. Tenía un empleo parcial limpiando casas en el que le pagaban 600 bolivianos mensuales (87 dólares). Le prometieron mil dólares por hacer el viaje, lo que es igual a 3,3 salarios mínimos en Bolivia y multiplicaba por diez sus propios ingresos. “Me lo ofrecieron en un bus. Conocía a un señor que era del mismo lugar de donde yo vivía. Él me ofreció, me dijo: “Yo trabajo con eso, si querés yo te hago conseguir” y me dio un número. Era una persona mayor que yo conocía desde que era niña. No sé (si se dedica a reclutar mujeres), pero yo creo que sí (…). Lo pensé como tres semanas, pero él me presionaba, me llamaba, me preguntaba si lo iba a aceptar, “¿lo vas a llevar?” y, “al final, sí lo acepté porque era lo necesario. Necesitaba para mi hermano”. *** Después de la separación de su marido, Celia Casorla perdió la tuición de sus hijos y tuvo problemas de alcoholismo. También perdió la motocicleta que usaba para trabajar como taxista en Cochabamba. “Me sentía mal, vacía. Me hacían falta mis hijos, no querían hablar conmigo. Me rechazaban (la llamada por) el celular. Y me dediqué a la bebida. Bebí, bebí, bebí, bebí, durante todo un año. Al siguiente año… ya las deudas… al final, se me venció el alquiler. Y yo, tomando nomás”. Celia escuchó que se “ganaba bien llevando”, así que un día decidió contactar a un traficante. “¿Conoce alguien que trabaje con Doña Blanca?”, preguntó en varios tugurios de Cochabamba, hasta que llegó al hombre que le ofreció su primer ‘contrato’. Celia fue llevada por el narcotraficante a Pisiga, en la frontera con Chile. Ahí la hicieron tragar los ovoides. “No podía, te juro que lo vomitaba. No podía tragar. Te duele la garganta. Y qué dije: Ya que no pude dar nada a mis hijos y me dediqué a la bebida, lo voy a hacer por mis hijos, nada más por mis hijos, voy a pagar toda mi deuda y voy a hacerlo por ellos. Cada vez que no podía, tenía que acordarme de eso. ¿Sabes tomar bebida? toma esto. Y tomé. No pude todo. Me faltaba como un cuarto de kilo. No pude y le dije al señor ese: ‘Aunque no me pague todo, aunque sea la mitad me sirve, pero no voy a tomar más. No puedo más, mi cuerpo no quiere, yo quiero, mi cuerpo no quiere. ¿Qué quiere que haga?’. “Ya po’ vamos entonces, me dijo”. Un kilo de cocaína pura cuesta en Bolivia unos 2.200 dólares. A las ‘tragonas’ (quienes tragan ovoides de cocaína) y ‘mulas’ (quienes llevan la droga en maletas o fajadas a su cuerpo) les pagan hasta 1.500 dólares por llevar ese kilo desde Bolivia hasta Santiago de Chile, donde se venderá a 15 dólares cada gramo. Es decir, los narcos pueden obtener 15 mil dólares por el kilo si es que la venden tal como llegó. Pero, en la gran mayoría de los casos, la cocaína es mezclada con otros productos como yeso o talco para aumentar la ganancia. Las transportadoras en algunas ocasiones son acompañadas dentro del bus por un vigilante de la mafia. En otras les toman una fotografía en la terminal de buses en que se embarcan y se les entrega un teléfono celular viejo. Al llegar a la terminal de buses de destino, alguien más las espera y las lleva a una casa de seguridad. Las declaraciones de las mujeres, consignadas en las sentencias judiciales en Chile, dan cuenta de estos mecanismos. “Viajé a comprar telas a Oruro, se me acercó una señora que me ofreció un trabajo de traslado de droga hasta Iquique. En la terminal me esperarían y me pagarían 300 dólares. La señora me tomó una fotografía para reconocerme. Debía entregar el paquete en el terminal de Iquique a esta misma persona” (extracto de declaración de C.P.H, de 30 años, quien estuvo un año presa en Chile antes de ser expulsada). “En la terminal de Iquique conocí a una señora de nombre Margarita que me entregó mil dólares y ‘100 chilenos’ por trasladar 4 paquetes de droga hasta Calama; esta señora compró los pasajes para viajar, me esperaría en el terminal de Calama y me sacó una foto con su celular” (extracto de declaración de E.R.L., 38 años, condenada a 5 años y un día de pena efectiva). *** Francisca Fernández es antropóloga y perita de la Defensoría chilena. Esa entidad le encargó un estudio sobre los perfiles de las mujeres indígenas extranjeras condenadas en cárceles del norte de Chile. Por meses recorrió las cárceles y entrevistó a condenadas, principalmente bolivianas. Para Francisca Fernández, estas mujeres son utilizadas como material desechable por las bandas y lo ejemplifica con uno de los casos que conoció: “Tres mujeres van sentadas juntas en el bus y llevan las mismas zapatillas blancas, nuevas, con una planta alta. Era evidente que, si las vestían así, iban a ser revisadas”. La antropóloga presume que fueron enviadas para desviar la atención de las policías, mientras que al mismo tiempo por alguno de los cientos de pasos clandestinos se ingresó un cargamento más grande. La Defensoría ha notado que en varios casos la droga es llevada tan burdamente, que es como si alguien quisiera que fuera descubierta. Para la entidad, es posible que las bandas estén usando a personas pobres para concentrar los esfuerzos de las policías en un punto, mientras se ingresan grandes volúmenes de droga por otro; o que se trata de ‘falsos 22’, un concepto que refiere el número del artículo de la Ley 20.000 (contra el narcotráfico) sobre la cooperación compensada, que algunos narcotraficantes utilizan para disminuir sus condenas. En Chile un ‘falso 22’ es la persona que fue contratada para llevar droga o ‘cargada’ con ella, sin saber que será delatada por un narcotraficante ya preso. El narcotraficante lo delata para así acceder a beneficios. Hay casos documentados por la Defensoría respecto a ‘falsos 22’, como el de un agricultor de Oruro que solo hablaba fluidamente quechua y que fue cargado con droga en un hostal de Antofagasta. Estuvo nueve meses preso. Otra causa que llama la atención es el de una mujer quechua que cumple una condena por narcotráfico en Chile desde hace cuatro años. Ella es uno de los pocos casos de mujeres bolivianas reincidentes. Según los documentos de su causa, la condenada tiene una deficiencia mental y es analfabeta. Fue descubierta por segunda vez portando droga en 2014, en la aduana El Loa, mientras viajaba en un bus. Su primera detención había sido en la misma aduana, por lo que un funcionario la reconoció. Llevaba la cocaína en una pizzera eléctrica. Si son distractivos o no, es difícil comprobarlo. Pero una cosa es segura, son tantas las mujeres detenidas y tanta la droga decomisada que, si el narco sigue apostando por la vía de las ‘mulas’ y ‘tragonas’ para enviar droga al sur, es porque sigue siendo muy rentable. Gabriel Carrión, jefe de estudios de la Defensoría Regional de Tarapacá, la región de Chile donde hay más bolivianos y bolivianas capturados por narcotráfico, sostiene que la política persecutoria en Chile no busca a los propietarios de la droga, sino que se centra en los flancos débiles y descartables, los transportadores al por menor. “Los fiscales optan por una opción práctica: buscan condenar a quienes llevan la droga, y si les preguntan por los dueños de la droga, explican que no les corresponde (perseguirlos) porque tendría que realizarse una investigación extraterritorial”. Aunque las policías chilena y boliviana afirman que sí se comparten entre ellas la información recopilada en las detenciones de ‘tragones’ y ‘mulas’; la Fiscalía de la región chilena de Tarapacá reconoce que no se han realizado investigaciones transnacionales. El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, dice: “Hasta la fecha en la región no hemos tenido investigaciones de tráfico de droga en la que hayamos trabajado con la Fiscalía boliviana”. Aunque el conflicto data de principios del siglo XIX, cuando Bolivia perdió su salida al océano Pacífico en un conflicto bélico, estos países sudamericanos -vecinos por 850 kilómetros de frontera- desde hace 40 años tienen rotas sus relaciones diplomáticas. En marzo de 1978 retiraron a sus embajadores y en los últimos cuatro años el ambiente se enrareció aún más, luego de que Bolivia interpusiera una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya para obligar a Chile a dialogar sobre una salida soberana al mar. Esta situación llevó a que una reunión para hablar justamente sobre temas fronterizos, entre ellos la lucha contra el narco, fuera suspendida. El 3 de septiembre, dos días antes del encuentro, Chile dijo que las condiciones no estaban dadas para la cita y un mes después, el primero de octubre, La Haya falló en contra del pedido boliviano. Desde entonces los líderes de ambos países se lanzan dardos por las redes sociales y medios de comunicación sin concretar una agenda bilateral. *** Ser un pasajero boliviano en un bus dentro de Chile es ser sospechoso y, por ende, las posibilidades de ser revisado por la Policía son mayores. María Avendaño estuvo presa en Chile dos años y seis meses, hasta que fue absuelta. En 2007 fue detenida en un bus cerca de la frontera, mientras viajaba con su hijo. La acusaron de ser la dueña de una maleta que portaba 23 kilos de cocaína y un overol blanco de hombre. Después de que la maleta fue encontrada en medio de una revisión rutinaria, la policía le preguntó al auxiliar del bus quién era el propietario, y éste aseguró que era María. Ella lo negó. No le creyeron y fue apresada. Para la Defensoría Penal Pública este caso es un ejemplo de un trabajo policial mal realizado y de agentes gubernamentales dejándose influenciar por los prejuicios. “No se levantaron huellas desde el bolso o muestras de ADN para vincular de alguna forma a la imputada con la propiedad del equipaje”, explica la Defensoría Penal Pública en el documento Proyecto Inocentes, que recopila historias de personas detenidas por error en Chile. El hijo de María, médico de profesión, fue dejado en libertad, pero debió quedarse a vivir en Chile para no alejarse de su madre. Trabajó dos años y medio en una farmacia hasta que su madre, quien fue sometida a un juicio oral, fue absuelta. *** Según los datos de la Defensoría de Tarapacá, un 58% de las 180 mujeres bolivianas condenadas en 2017 declaró ser indígena. En su mayoría fueron recluidas en la cárcel de Alto Hospicio, a 230 kilómetros de la frontera con Bolivia. Alto Hospicio es una de las comunas más pobres de Chile. Está en el puesto 76, entre 90 ciudades, en el Índice de Calidad de Vida Urbana realizado por la Universidad Católica de Chile. Nació como un conjunto de ‘tomas’ en el sector alto de la ciudad de Iquique y está unida a ésta por una sola vía que culebrea por la Cordillera de la Costa. No es una comuna turística como la vecina Iquique, sino más bien industrial, pero a pesar de lo agreste del paisaje, las mujeres bolivianas que llegan hasta la cárcel de Alto Hospicio tienen algunas ventajas si se compara su situación con la de sus coterráneas que caen en otras prisiones chilenas. La primera es que en ese penal hay más bolivianas presas que de cualquier otra nacionalidad, incluida la chilena, lo que les significa sufrir menos episodios de discriminación de parte de otras internas. “Ellas conforman comunidades de connacionales”, afirma Gabriel Carrión, abogado de la Defensoría chilena. Otra ventaja es que en la región de Tarapacá, la Defensoría creó una unidad especializada en la defensa indígena, lo que permite contar con intérpretes en algunos casos en que las mujeres imputadas no hablan español. Gabriel Carrión explica que su organismo debió contratar un defensor especializado y una facilitadora intercultural, lo que ha permitido reducir los tiempos de tramitación de las causas y, sobre todo, que las mujeres accedan a información. “Es que por regla general la mujer boliviana cumple las reglas y la disciplina. Es de bajo perfil. Tanto así que a veces ni siquiera se dan cuenta de las vulneraciones”, advierte Carrión, quien también es boliviano. *** Cuando detuvieron a Elena la llevaron hasta un container, justo frente a la Unidad de Urgencia del Hospital Regional de Iquique. Ahí estuvo dos noches, mientras evacuaba los ovoides. En el container debió estar sentada todo el tiempo en una banca. No había camillas donde recostarse. Le dieron agua y sopas. Nada sólido. De esa forma se evita que los ovoides salgan muy sucios. -No es sólo desagradable para los detenidos estar ahí -dice un policía -Hay que sacar los ovoides con guantes de la bacinica y lavarlos. El olor dentro, sobre todo cuando hace mucho calor, es desesperante -describe. Mientras estuvo en el container, Elena vio pasar a otros cuatro detenidos por ahí. Tres hombres y una mujer. Todos ellos bolivianos. Después de que evacuó el último ovoide, le dijeron que tenía derecho a avisar al consulado boliviano de su situación para que éste, a su vez, avisara a su familia en Bolivia. Como la mayoría de las ciudadanas bolivianas que son detenidas en Chile, Elena prefirió que no. Durante los meses que estuvo en la cárcel en Chile, no habló por teléfono con ellos ni recibió visitas. -Yo pedí al consulado que no avisaran. Ellos van a querer venir, yo sé que no tienen plata para venir acá y esa plata sirve para mis hijos o mi hermano. Elena no tuvo noticias de su familia, excepto por una. -Me llegó una carta de Bolivia, que una señora me la trajo. Yo le mandé una carta a su hija, su hija habló con mi hermana y mi hermana me mandó la carta y me mandó plata. Es mi hermana mayor. En la carta decía que mi hermano menor, el de la enfermedad, falleció. Ahí me enteré que mis hijos estaban con ella y mi otro hermano también. Mi hermano pequeño, que era como mi hijo, falleció el 2 de julio. *Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Connectas. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Frontera entre Bolivia y Brasil continúa siendo zona de alta criminalidad

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Una operación de seguridad para recuperar el control de la ciudad fronteriza de San Matías, Bolivia, ha dejado en evidencia el nivel de anarquía en esta zona debido a la ausencia de las instituciones estatales. La Policía detuvo a 14 personas en diversas redadas en San Matías, ciudad boliviana situada a 7 kilómetros de la frontera con Brasil. Las redadas se produjeron en el contexto de la “Operación Retorno”, la cual comenzó el 15 de octubre como parte del regreso de las fuerzas de seguridad a la zona después de una ausencia de cuatro meses. “El narcotráfico y el lavado de capitales han penetrado (en San Matías) inclusive en estructuras de autoridades locales”, dijo el ministro del Interior de Bolivia, Carlos Romero, según un informe de El Deber. El ministro también se refirió a los enfrentamientos entre un grupo local y otra organización narcotraficante de Cáceres, Brasil, que ha dejado muertes en uno y otro bando.       VEA TAMBIÉN: Noticias sobre crimen organizado en Bolivia Las fuerzas de seguridad huyeron del área debido a la enardecida reacción de una turba de pobladores después de que, el 18 de junio, la Policía le disparara a un joven durante un control de tráfico, causándole la muerte. Al parecer, el hombre no tenía ninguna relación con actividades criminales, y por lo tanto los habitantes del sector se amotinaron, prendiendo fuego a una comisaría de policía y a varios de sus vehículos. Sin embargo, la policía de San Matías ha recibido un refuerzo de 200 agentes activos, con el fin de recuperar el control del municipio.

Análisis de Insight Crime

Como una tierra de nadie y en relativo aislamiento del resto del país, y próximo a la frontera con Brasil, el municipio de San Matías se ha convertido en un cruce estratégico de drogas, mercancías ilícitas y personas. El municipio hace parte de un importante corredor del tráfico de cocaína que ingresa a Brasil. La operación que se adelanta actualmente en San Matías podría restablecer la presencia policial en la ciudad apenas de manera superficial. La primera ola de arrestos revela lo desesperadas que se encuentran las autoridades por demostrar que han hecho algún progreso, dado que casi la mitad de las personas arrestadas son conductores ebrios, en un supuesto afán por ir tras las organizaciones criminales. Es poco probable que se obtengan logros reales si no van acompañados de cambios institucionales que puedan garantizar una presencia fuerte y confiable del Estado en la región. “Esta es una región que ha padecido la ausencia de Estado durante mucho tiempo”, dijo Miguel Centellas, sociólogo especializado en política y en temas bolivianos, tras ser consultado por InSight Crime. “Para muchas personas en zonas fronterizas, la única presencia del Estado la representa el alcalde, lo cual causa desconexión con el gobierno nacional”. Este abandono de las instituciones del Estado, así como el mal manejo de los actos criminales cuando se hacen las intervenciones, han permitido que las comunidades sean vulnerables a la infiltración de los grupos criminales.       VEA TAMBIÉN: Noticias sobre la reforma policial El año pasado, dados los temores por la expansión de los grupos narcotraficantes brasileños en Bolivia, funcionarios de ambos países consideraron reforzar un plan enfocado en la seguridad fronteriza. Sin embargo, es probable que estos planes sean poco eficaces. San Matías tiene una larga historia de intervenciones estatales fallidas. En 2010, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva intentó crear un plan de lucha contra las drogas en la zona. Más adelante, el gobierno boliviano creó una policía de frontera especializada, con la esperanza de recuperar el control sobre la problemática región fronteriza. Estos programas no han logrado resolver los viejos problemas de seguridad en la zona. Las tasas de homicidio aumentaron en San Matías este año, a pesar de los continuos esfuerzos de los organismos policiales. Además, los habitantes del municipio ven a la Policía con hostilidad y recelo. E incidentes como el asesinato de un joven supuestamente inocente empeorarán la situación. El incendio de la estación de policía demuestra que la paciencia de la ciudadanía frente a las autoridades se puede estar agotando.

La legislación actual impide reducir la población de mujeres reclusas en Bolivia

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Un reciente informe señala que, si no se cambia la legislación actual, será muy difícil reducir el número de mujeres provenientes de sectores marginales de Bolivia que están presas por delitos menores relacionados con drogas. El informe, de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA por sus iniciales en inglés) y la Red Andina de Información (RAI), señala que la reducción de penas y los programas de amnistía para madres y cuidadoras de menores, junto con los programas de reducción de la pobreza, contribuyeron a una disminución del 84 por ciento en el número de mujeres encarceladas por delitos menores relacionados con drogas entre 2012 y 2017 en Bolivia. Según el informe, casi el 40 por ciento de las mujeres encarceladas en Bolivia están pagando penas por delitos menores relacionados con drogas, como cargar o transportar pequeñas cantidades de estupefacientes. La mayoría vivía en condiciones de pobreza al momento de su detención.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Bolivia La mayoría de estas mujeres han sido acusadas según la ley de drogas de Bolivia de 1988. Dicha ley está “basada en normas duras y verticales, como penas mínimas y largos períodos de prisión, así como la idea de que la cárcel es el mejor castigo para hacer frente al problema del tráfico de drogas o su consumo”, dijo Kathryn Ledebur, coautora del informe, tras ser consultada por InSight Crime.

Análisis de InSight Crime

El informe se enfoca en un sector muy vulnerable de la población boliviana que suele pasarse por alto: las mujeres que viven en la pobreza y terminan involucrándose en el comercio de la droga en el tercer productor de coca en el mundo, después de Colombia y Perú. Tanto WOLA como la RAI sostienen que las medidas adoptadas por la administración del presidente Evo Morales, aunque son positivas, no son suficientes si la ley que pone a las mujeres tras las rejas continúa vigente. Según Página Siete, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) señaló en un comunicado de 2016 que dicha legislación es “draconiana y punitiva”, y que además agrava la pobreza y viola los derechos humanos. El principal problema es que la legislación actual no hace distinciones según la gravedad del delito cometido, lo que da como resultado penas desproporcionadamente duras por delitos menores y no violentos.       VEA TAMBIÉN: InDepth: Cobertura sobre las prisiones “No hay suficiente equilibrio”, afirma Ledebur. “Una persona que ha sido detenida con 30 gramos de marihuana puede recibir una condena de 10 a 25 años, mientras que la pena máxima para los homicidios es de 30 años”. Además, el “sistema público es extremadamente insuficiente”, por lo que muchas personas deben permanecer en prisión durante muchos años esperando a que se inicie su juicio. Aumentar el reducido número de defensores públicos del país y disminuir la detención preventiva ayudaría a reducir significativamente las poblaciones carcelarias. Pero implementar la reforma penitenciaria puede resultar difícil. Las reformas legislativas frente a la política de drogas tocan temas que pueden ser sensibles. Las propuestas que pueden indicar que se está tomando una actitud indulgente frente al narcotráfico no gozan de popularidad, sobre todo dadas las críticas internacionales frente a las medidas antinarcóticos de Bolivia. Varias propuestas presentadas en años recientes para cambiar la legislación vigente contra las drogas han sido infructuosas. A pesar de las mejoras que han entrado en vigor recientemente, “si no hay una reforma a las penas o al marco legislativo, no se generará un gran impacto en cuanto a las mujeres presas por delitos relacionados con drogas”, concluye Ledebur.

Informe ONUDD: Cultivos y precio de la hoja coca en Bolivia crecieron en 2017

El programa de monitoreo de cultivos ilícitos de las Naciones Unidas indicó en un informe reciente que el año pasado hubo un aumento de plantíos y del precio de la hoja coca en Bolivia, lo cual indica la continuación de una tendencia que ha estado modificando las dinámicas de narcotráfico en esa parte de la región. Bolivia alcanzó un total de 24.500 hectáreas donde se cultiva coca en 2017, lo cual representa un crecimiento de seis por ciento en comparación a las 23.100 hectáreas registradas el año anterior, según el informe anual de Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). El informe también destaca que precio de la hoja coca aumentó en 16 por ciento, pasando de US$ 8,1 por kilogramo en 2016 a US$ 9,4 en 2017. Sobre los cultivos detalla que el mayor aumento de plantíos se dio en el Trópico de Cochabamba, donde se registraron 1.200 hectáreas más que en 2016, esto es un aumento de 17 por ciento. En los Yungas de La Paz, los cultivos crecieron en uno por ciento, mientras que en el Norte de la Paz disminuyeron en ocho por ciento. Del total de sembradíos, 65 por ciento se encuentra en la región de los Yungas de La Paz, mientras que la región del Trópico de Cochabamba y el Norte de La Paz albergaron el 34 y uno por ciento, respectivamente. Desde marzo de 2017, y bajo la nueva Ley General de Coca, el gobierno boliviano expandió las zonas autorizadas para cultivar la hoja de 12.000 a 22.000 hectáreas. Esto significa que, en teoría, solo 2.500 hectáreas se estarían cultivando de manera ilegal en el país. El informe también citó cifras de esfuerzos antidrogas del gobierno boliviano, que reportó la erradicación de 7.327 hectáreas de coca, 660 más que el año anterior. Las incautaciones de hoja de coca y de base de cocaína crecieron en cinco y 13 por ciento, respectivamente, mientras que las de cocaína disminuyeron en 78 por ciento.

Análisis de InSight Crime

Los cultivos de coca en Bolivia habían estado a la baja de 2010 a 2015, hasta que en 2016 incrementaron en 14 por ciento. Aunque tuvieron nuevo aumento de 2017, las cifras continúan siendo menores que las registradas entre 2006 y 2010 y ni muy significativas, sin embargo el reiterado incremento en el precio de la hoja de coca en ese país sí podría estar influyendo en las dinámicas del narcotráfico en esa región de Suramérica. “[Las cifras de Bolivia] son un porcentaje muy reducido del cultivo de coca a nivel regional”, dijo a InSight Crime, Kathryn Ledebur, directora ejecutiva de la Red Andina de Información (AIN), al compararlas con los otros dos países productores de la hoja, Perú y Colombia, que registraron alrededor 50.000 y 146.000 hectáreas en 2016, respectivamente. (Las cifras de producción en 2017 de ambos países aún no se han publicado).

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Bolivia

Pero por otro lado, Ledebur explica que el incremento del precio de la coca en Bolivia, mencionado en el informe, es ilustrativo de la actual dinámica de narcotráfico en el país. En Bolivia, la hoja de coca es significativamente más costosa que en Colombia, donde tiene un valor de US$0,95 o en Perú, donde cuesta US$3, segun la ONUDD. Esto significa que “lo más rentable ahora no es hacer pasta base o cristalizar cocaína en Bolivia, sino pasar el producto peruano hacia países consumidores como Brasil”, explicó la experta. Además, la directora de AIN considera que los precios elevados también significan que el cocalero boliviano puede tener suficientes ganancias solo sembrando la hoja de coca y vendiéndola en el mercado local, sin tener que recurrir a la fabricación de pasta base como ocurre, por ejemplo, en Colombia. Para Ledebur, la tendencia de crecimiento de producción de coca en Bolivia para los próximos años dependerá de cómo maneja el gobierno las zonas altamente productoras, que están divididas entre áreas permitidas y no permitidas para cultivar la hoja.

Capturas de integrantes del Comando Rojo en Bolivia apuntan a posible expansión del grupo

La policía en Bolivia ha capturado a tres presuntos miembros de uno de los grupos criminales más poderosos de Brasil luego de un ataque armado a una base militar, lo que plantea la pregunta urgente de por qué la mafia brasileña está acumulando armas en la región fronteriza. Las capturas ocurrieron luego de que el gobierno boliviano inundara de soldados y policías la región fronteriza alrededor del pueblo del Porvenir, como respuesta al ataque ocurrido el 16 de junio. Los organismos de inteligencia acusaron del ataque a la red brasileña del crimen organizado, el Comando Rojo (Comando Vermelho), según información de La Razón. En el ataque participaron por lo menos siete hombres armados en motocicletas, que se cree están conformados por una mezcla de brasileños y bolivianos, hirieron a dos soldados en el robo de nueve rifles, cinco pistolas, 11 cargadores y 1.200 cartuchos de munición. Este es el segundo asalto a mano armada en una semana que se atribuye al Comando Rojo en esa región fronteriza. Pocos días antes, los atacantes huyeron llevándose hasta 30 rifles y 2.000 cartuchos de munición de una base policial brasileña en el municipio cercano de Epitaciolandia. El ministro de gobierno boliviano Carlos Romero advirtió que los ataques puede ser el preludio de más violencia. “Normalmente, estos cárteles cuando roban armas es cuando están preparando algo grande”, declaró a Los Tiempos. “En el lapso de dos días han atacado dos veces, por lo que parece que están preparando algo grande”. Sin embargo, el comandante de policía del departamento fronterizo de Pando, el coronel Marco Antonio Cortez Castedo, minimizó la presencia del Comando Rojo en Bolivia. “(Puedo decir) con certeza en Cobija no existe este comando, existen personas tal vez ligadas a este comando pero no han operado todavía”.

Análisis de InSight Crime

Pese a las continuas protestas de funcionarios bolivianos, como el comandante de la policía local, el ataque en Porvenir es una nueva evidencia del avance de las redes de la mafia brasileña en Bolivia. El mercado boliviano de pasta de coca es con seguridad la principal atracción para el Comando Rojo, pues su país de origen representa el segundo mayor mercado mundial para la droga. Más aún, mientras que las redes colombianas por log eneral controlan los laboratorios de procesamiento de cocaína y las rutas de tráfico, los brasileños pueden negociar directamente con los productores locales para asegurar la pasta base.

VEA TAMBIÉN: Perfil del Comando Rojo

Está por verse si los conflictos criminales en Brasil también migrarán al otro lado de la frontera, con la lucha entre grupos criminales rivales por tomar el control del negocio. El año pasado, funcionarios del gobierno boliviano hablaron de un arreglo entre las redes criminales más poderosas de Brasil para dividirse los territorios en Bolivia, y el Comando Rojo controlaba la región de Pando, donde se localiza el Porvenir, mientras que el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital–PCC) reclamaba el derecho sobre Santa Cruz. Sin embargo, informes más recientes advierten del posible desarrollo de nuevos conflictos en Brasil que pueden amenazar la estabilidad de cualquier acuerdo en Bolivia. Y el agresivo abastecimiento de armas del Comando Rojo en la región de fronteras debería prender las alarmas porque por lo menos uno de los actores de este conflicto puede estar preparándose para una ola de violencia.

Propuesta de indulto presidencial masivo no mejorará situación penitenciaria en Bolivia

El presidente de Bolivia presentó a la Asamblea Legislativa un nuevo decreto de indulto y amnistía que tiene como objetivo aliviar la crisis penitenciaria, pero es poco probable que la estrategia tenga el efecto deseado si no va acompañada de cambios sustanciales en el sistema de justicia. El proyecto, presentado con el apoyo de los ministerios de Gobierno y Justicia y la Defensoría del Pueblo, tiene como objetivo beneficiar a más de 2.700 reclusos. Bolivia ha implementado un total de cinco indultos y amnistías carcelarias en los 12 años que Morales lleva en el poder, los cuales han beneficiado a casi 6.000 personas privadas de libertad. Según cifras presentadas por el presidente, las cárceles del país actualmente se encuentran pobladas por 5.409 reclusos con sentencias firmes y 12.537 personas bajo la figura de prisión preventiva. Esto significa que la medida beneficiaría a cerca del 15 por ciento de la población carcelaria actual. El decreto, que deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional del país, que actualmente está controlada por el partido oficialista, no incluirá a reincidentes, presos vinculados a casos de corrupción, delitos contra la vida o contra la seguridad interna y externa del Estado, ni a acusados de tráfico de drogas con condenas superiores a 10 años. Bolivia es actualmente el cuarto país en Latinoamérica con mayor tasa de hacinamiento y sus cárceles operan en más de un 250 por ciento por encima de su capacidad, según cifras del gobierno  citadas por Página Siete.

Análisis de InSight Crime

La más reciente propuesta de amnistía e indulto presentada por Morales se suma a una larga lista de intentos de este tipo que han tenido pocos resultados en mejorar las condiciones carcelarias. Una prueba de este fracaso fue el reciente motín en la cárcel de Palmasola, según el gobierno una de las más hacinadas y violentas del país , que dejó un saldo de más de 30 muertos y arrojó luz sobre el fuerte control que continúan manteniendo los reclusos en las cárceles en Bolivia. Así mismo, el hecho de que el 70 por ciento de las personas privadas de libertad en el país se encuentren recluidas bajo la figura de prisión preventiva representa una señal alarmante sobre las falencias más profundas en el sistema de justicia de Bolivia y de la ineficacia que ha tenido el enfoque punitivo con el que es abordado el crimen, que prevalece en la mayor parte de Latinoamérica. Aunque el gobierno boliviano dice tener actualmente en marcha un plan para mejorar las condiciones de seguridad y el hacinamiento en las prisiones, ninguna de sus propuestas parece estar centrada en el fortalecimiento del sistema de justicia ni en su capacidad para procesar casos de manera efectiva e independiente aunque sí contemplan la expansión de la infraestructura carcelaria y el fortalecimiento de la seguridad como algunos de sus ejes centrales.

VEA TAMBIÉN:InDepth: Prisiones

Estos planes han tenido tan poco resultado que, según datos del centro Internacional de Estudios Penitenciarios, la población carcelaria en Bolivia se duplicó entre 2006 y 2014, pasando de 7.031 reclusos a más de 14.000. Como señaló Jorge López, director del sistema penitenciario del país, en entrevista con El Deber, una solución real a la situación penitenciaria se logrará “cuando el sistema de justicia penal cambie de paradigma y considere que la privación de libertad no es la única respuesta al delito”. Adelantar reformas judiciales para sanear el sistema penitenciario requerirá voluntad política. Pero cualquier estrategia que busque mejorar las condiciones de las prisiones y asegurar su función rehabilitadora deberá también incluir políticas integrales de largo plazo que no se enfoquen únicamente en reducir, de manera temporal, los niveles de ocupación en las cárceles.

Departamento de Estado: Latinoamérica se queda corta en la lucha contra el crimen

Un informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el narcotráfico internacional indica que Latinoamérica sigue teniendo problemas con el desarrollo de estrategias efectivas para combatir actividades criminales debido a una variedad de factores que van desde corrupción hasta cambios en la dinámica regional de las drogas. El informe anual internacional sobre control de narcóticos (International Narcotics Control Strategy Report –INCSR), publicado el 19 de marzo, analiza tendencias y avances en el narcotráfico internacional. Según el informe, más de la mitad de los países clasificados como países importantes en la producción o tránsito de narcóticos, o como fuentes importantes de químicos precursores, se sitúan en Latinoamérica. Varios de esos países también aparecen en la lista como países importantes en lavado de dinero. A continuación, InSight Crime analiza algunos aspectos notables de los hallazgos del informe en Latinoamérica.

Señalamientos para Bolivia y Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala a Bolivia y Venezuela como los únicos países en todo el mundo con un “fracaso demostrable” en sus iniciativas antinarcóticos en 2017. En Bolivia, el informe apunta a la decisión que el presidente Evo Morales tomó el año pasado de aumentar el cultivo legal de coca como factor esencial. Según el informe, el “inadecuado control” que tienen las autoridades sobre el cultivo interno de coca legal es una preocupación importante dado el rol del país como país productor y de tránsito de cocaína. Como lo señala el informe, los funcionarios estadounidenses se opusieron fuertemente al incremento de los límites legales sobre el cultivo de coca en Bolivia. Pero aunque es posible que ese incremento aumente aún más la producción y el tráfico de cocaína, es improbable que tenga un impacto importante en la dinámica regional. Colombia y Perú dominan la producción de coca en la región, y eso solo añadirá una cantidad adicional de coca muy pequeña al mercado ilícito.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Políticas de seguridad

En Venezuela, el informe acusa la corrupción generalizada dentro de la administración del presidente Nicolás Maduro por obstruir las iniciativas antinarcóticos del país. Según el informe, la administración de Maduro adoptó en 2017 una “cooperación bilateral mínima de las autoridades” con Estados Unidos. Incluso, la administración muchas veces fue “cómplice en la corrupción disparada en el país e hizo esfuerzos mínimos para judicializar a los funcionarios corruptos o sospechosos de narcotráfico”, señala el informe. Ante el recrudecimiento de la criminalidad en la administración Maduro, no sorprende el señalamiento hecho a Venezuela. Siguen aflorando los nexos entre el gobierno venezolano y actores criminales —incluyendo denuncias de colusión con grupos criminales colombianos a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela y participación en el narcotráfico internacional— mientras el caos crece. Estados Unidos ha extendido las medidas restrictivas con sanciones a altos funcionarios, Maduro incluido.

Contradicciones en el discurso estadounidense hacia Colombia

El informe subrayó aún más las opiniones encontradas sobre la efectividad de las medidas antinarcóticos realizadas por Colombia. Con el exdirector de la CIA Mike Pompeo ahora elegido para convertirse en el próximo secretario de estado de Estados Unidos, Trump puede estar intentando redirigir la política estadounidense hacia Colombia, y hacia Latinoamérica en términos más generales, para acercarla más a su forma particular de ver las cosas, lo que podría tensar aún más la coordinación entre Estados Unidos y Colombia en estrategias de lucha contra la delincuencia. Aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos criticó la falta de avances de Colombia para restringir la producción récord de cocaína, el tono general del informe respecto a las acciones antinarcóticos de Colombia difiere bastante de comentarios recientes hechos por el presidente estadounidense Donald Trump. Según el informe, el Departamento de Estado de Estados Unidos cree que el gobierno colombiano “sigue dando pasos” para combatir la creciente producción de cocaína, y que la actual estrategia antinarcóticos del país tendrá un “impacto duradero para frenar el cultivo de coca y la producción de cocaína”. Sin embargo, en septiembre de 2017 el presidente Trump amenazó con calificar al gobierno colombiano como no conforme a las iniciativas antinarcóticos en medio de un incremento de las tensiones entre ambos países sobre la mejor manera de enfrentar los problemas de seguridad.

Rol de Centroamérica y el Caribe en el negocio de la droga

El rol de los países centroamericano y del Caribe en el tráfico regional de drogas ha ido cambiando en los últimos años con los niveles récord de la producción de cocaína en Colombia. El informe del Departamento de Estado indica que esos cambios llevarán a un repunte de la violencia y la innovación. Aunque Costa Rica no deja de ostentar las tasas de homicidios más bajas de la región —12,1 por 100.000 habitantes en 2017— el informe halló que los continuos “tiroteos relacionados con disputas de territorio y los asesinatos tipo cartel” indican que la expansión del rol del país está teniendo efectos adversos en los índices de violencia. Un fenómeno similar se observa en República Dominicana, país que también exhibe una evolución de su papel en el negocio de la droga paralelo al incremento de la producción de cocaína en Colombia. Según el informe, 2017 tuvo un “incremento en la violencia por drogas, en especial con las violentas guerras de territorio entre grupos locales para controlar la distribución local de estupefacientes”.

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En El Salvador, los narcotraficantes se han vuelto más innovadores. Según el informe, el año pasado hubo una baja del narcotráfico marítimo en aguas salvadoreñas —200 millas naúticas de la línea costera del país— lo que indica que los traficantes han refinado sus estrategias y trasladado sus operaciones mar adentro en el océano Pacífico para evadir a las autoridades y facilitar el transporte de los cargamentos de cocaína procedentes de Suramérica. Como ya lo había informado InSight Crime, los corredores de cocaína tanto de Centroamérica como de El Caribe se han reactivado con el aumento de la producción de cocaína en Colombia. Ambas rutas son fundamentales para los cargamentos de cocaína destinados a mercados de Estados Unidos y Europa. La mayor violencia y la innovación causadas por esta evolución han dificultado aún más las iniciativas antinarcóticos.

Corrupción sigue obstruyendo iniciativas en Guatemala y Honduras

Pese a los muchos avances positivos logrados por las autoridades guatemaltecas en la lucha contra la corrupción en medio del extremo repudio de las élites, el informe del Departamento de Estado hace notar cómo “la corrupción extendida permea las instituciones públicas y privadas y exacerba los problemas de seguridad, gobierno y económicos en el país”, y agrega que “los niveles de corrupción se mantienen altos y la confianza del público en las instituciones de gobierno es baja”. La vecina Honduras enfrenta problemas similares. El informe halló que la corrupción en el país del Triángulo Norte “sigue siendo generalizada” en las instituciones públicas pese a algunos logros alcanzados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que cuenta con apoyo de la comunidad internacional. A pesar de la presencia de organismos anticorrupción con respaldo internacional en ambos países, el informe es claro al afirmar que los niveles de corrupción se mantienen altos. La próxima elección de nuevos fiscales generales en estos dos países centroamericanos, sin embargo, bien puede representar un nuevo capítulo en los esfuerzos contra la corrupción, para bien o para mal.

Más dinero para la militarización en México

En 2017, México registró su año más mortífero en la historia reciente del país, luego de registrar 29.168 homicidios, que representan una tasa de homicidios de 22,5 por 100.000 habitantes —un incremento de 27 por ciento desde 2016. Sin embargo, aun cuando los funcionarios cuestionen las estrategias de seguridad tradicionales, el ejército y la marina mexicanos tendrán un incremento de 13,4 por ciento y 11,4 por ciento, respectivamente, en sus presupuestos con la mayoría de estos recursos “dedicados a reforzar la infraestructura naval y militar, mucha parte de la cual se dedicará a la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales”, concluyó el informe. El incremento en los recursos destinados a la militarización continuada de la estrategia de seguridad en México plantea mayores dudas sobre la capacidad de las autoridades de combatir la mayor criminalidad y la violencia asociada a ella. Como ya lo había informado InSight Crime, se haría un mejor uso de esos recursos en reformas judiciales y fortalecimiento de las instituciones.

Redada en prisión de Bolivia muestra el control que ejercen los reclusos

Las autoridades de Bolivia incautaron grandes cantidades de drogas y armas, y varios presos murieron durante una redada en la prisión más grande del país, lo que demuestra que los reclusos continúan ejerciendo un control casi total sobre las penitenciarías del país. Siete reclusos murieron y otras 26 personas resultaron heridas después de que las autoridades bolivianas hicieran una incursión en la prisión Palmasola, en el departamento de Santa Cruz, al oriente del país, justo antes del amanecer del 13 de marzo, según un comunicado de prensa del Ministro de Gobierno. Según el comunicado de prensa, durante la redada las autoridades incautaron ocho toneladas de marihuana y cocaína, 85 cuchillos y machetes, ocho armas de fuego, varias granadas, 188 teléfonos móviles, cerca de US$9.000 en efectivo y varios equipos utilizados para destilar bebidas alcohólicas.      VEA TAMBIÉN: Al interior de Palmasola, la prisión más peligrosa de Bolivia Según informes de los medios de comunicación locales, cerca de 6.000 reclusos están encarcelados en la prisión Palmasola, y unos 2.300 policías llevaron a cabo la redada, en un intento por arrebatarles el control a los grupos criminales. Además, las autoridades transfirieron a 20 prisioneros de Palmasola a otras cárceles en diferentes departamentos del país. La redada de la policía se dio como respuesta a los disturbios en la prisión, que surgieron como parte de las protestas de los reclusos por las recientes medidas que restringen el ingreso de menores a las instalaciones, luego de que se informara que una joven había sido violada repetidamente por un preso, según informó EFE. Las leyes anteriores permitían que los niños menores de seis años se quedaran con sus padres encarcelados. La prisión de Palmasola es considerada la más corrupta y peligrosa de Bolivia. En agosto de 2013, 36 personas fueron asesinadas, entre ellas un niño de un año de edad, durante un motín en la prisión, como parte de una lucha de poder dentro de las instalaciones.

Análisis de InSight Crime

La reciente redada en esta prisión es un claro ejemplo del control casi completo que ejercen los reclusos y de las continuas dificultades que enfrentan las autoridades del país por mantener el orden. Durante mucho tiempo, las prisiones de Bolivia han sufrido de hacinamiento y del uso excesivo de la detención preventiva. Un informe reciente señaló que el hacinamiento estaba en “niveles críticos” en las penitenciarías del país, donde hay una tasa de ocupación de más del 250 por ciento. El problema se complica por el hecho de que casi el 70 por ciento de los presos bolivianos se encuentran recluidos en prisión preventiva.      VEA TAMBIÉN: InDepth: Cobertura sobre las prisiones Esta grave situación de hacinamiento ha permitido que los reclusos tomen el control. En Palmasola, el hecho de que los presos hubieran podido acumular casi ocho toneladas de drogas en la prisión, además de los equipos necesarios para destilar alcohol, muestra la falta de control de las autoridades. Los reclusos de toda la región se suelen dedicar al narcomenudeo, pero no es frecuente que puedan adquirir toneladas de drogas. Como les dijo un preso de Palmasola a los investigadores de InSight Crime durante una investigación de 2014: “¿Un centro de rehabilitación? Aquí es donde uno viene si quiere aprender cómo se organiza el crimen”.