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‘Triple frontera’ de Netflix: otro filme sobre narcos que quizá no reciba galardones

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Con un guion poco convincente y una narración en la que los elementos del narcotráfico aparecen forzados, Triple frontera no es más que otra película de acción que intenta sobresalir en la oleada de series exitosas como “Narcos” y otras producciones populares que abordan esta misma temática. Y es una lástima que así sea, pues el hecho de que la historia se desarrolle en uno de los focos del crimen organizado en Latinoamérica parecía una idea prometedora. “Los efectos de cometer violencia extrema contra otros seres humanos son biológicos y fisiológicos. Ese es el precio de ser un guerrero”, le dice un exsoldado venido a menos a un puñado de uniformados en una academia militar estadounidense. La escena inicial de Triple frontera genera expectativas en el público, que quedan insatisfechas a lo largo del filme. El título anuncia que el escenario de la película será la triple frontera que comparten Paraguay, Brasil y Argentina, por lo que es comprensible que los espectadores supongamos que nos llevará por un viaje a lo profundo de una zona de alta actividad criminal, aunque relativamente desconocida.

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¿Hace referencia el filme a los recurrentes rumores de que en aquella zona de lavado de dinero confluyen el terrorismo islámico y el narcotráfico? ¿Muestra cómo las poderosas pandillas de Brasil invaden los territorios de los criminales paraguayos? ¿Aprovecha el hecho de que la trama se desarrolla en la triple frontera para mostrar el lado sucio y oscuro de los programas antinarcóticos militarizados, como bien lo hizo Sicario, la película de temática narco que la antecedió? No logra nada de esto, a pesar de las dos largas horas que dura la película.

Un error de geografía elemental

A las producciones de Hollywood se les pueden perdonar algunas lagunas cuando se trata del tráfico de drogas en Latinoamérica. Es algo incluso previsible. Pero Triple frontera incurre en unos niveles de incoherencia tales que uno se pregunta si se hizo algún estudio para entender la región y su dinámica criminal. La premisa del trasfondo geográfico es cuando menos desconcertante. La triple frontera es uno de los peores focos de lavado de dinero en Latinoamérica. Allí los criminales pueden elegir blanquear sus ganancias ilícitas a través de las instituciones financieras, el contrabando o los esquemas de cambio de divisas, entre muchas otras formas. Sin embargo, un poderoso capo de la droga decide esconder cientos de millones de dinero en efectivo en una casa en medio de la selva, porque “no confía en los bancos”. Con lo que no contaba es con que varios exsoldados de las fuerzas especiales de Estados Unidos, descontentos con su situación, llegan hasta su casa, lo asesinan y se apoderan de su dinero. ¿Por qué entonces elegir la triple frontera como escenario de los hechos? ¿Por qué darle este nombre a la película? Sin duda fue para seguir la tendencia de las más recientes producciones sobre el tema de las drogas, ya que esta zona no había aparecido en ninguna de ellas. La película no menciona la marihuana, a pesar de que Paraguay es el principal productor de la planta en Suramérica y de que la triple frontera es un sitio clave para el tráfico de drogas hacia Brasil y Argentina. Pero el lugar elegido para el atraco hace que la trama caiga en un total sinsentido geográfico.

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Después de subir más de 2 toneladas de billetes a una camioneta, los protagonistas conducen hasta una pista de aterrizaje supuestamente cercana para abordar un antiguo helicóptero militar de la Unión Soviética. Pero a pesar de que está en medio de la jungla, la pista aparece entre nevados que al parecer son los Andes. Se desconoce que los Andes están a más de 1.000 km de allí y que es imposible verlos desde la triple frontera. La farsa de la narración se hace aún más evidente cuando el plan de escape de los soldados los lleva a atravesar en helicóptero todo Paraguay y todo Bolivia, dejar a una informante en Perú, para luego cruzar los Andes y abordar un barco que los está esperando en la costa Pacífica de Perú. O tal vez de Chile —a estas alturas uno ya ni sabe—. Pero antes de que puedan cruzar los Andes, los cinco soldados se estrellan contra una plantación. “Son cultivos de cocaína”, dice cansado Ben Affleck. Otra película hubiera prestado atención a esta sutileza. Pero uno se pregunta si el personaje de Triple frontera cree que la cocaína brota de la tierra y desconoce el proceso químico que se les aplica a las hojas de coca. Luego los soldados masacran a un grupo de campesinos que se estaban acercando demasiado a las pesadas maletas con dinero, le pagan al jefe de la aldea por la “deuda” de los asesinatos, y luego inician su travesía por los Andes con la ayuda de mulas. Al otro lado los esperan dos hombres del difunto capo, al mando de “veinte adolescentes fuertemente armados”. ¿Cómo estos criminales de poca monta del suroeste de Brasil y sus jóvenes sicarios lograron llegar antes que los cinco protagonistas que llegaron por aire a la costa peruana (¿o chilena?) y cómo sabían dónde debían esperarlos en la extensa costa del Pacífico es un misterio, y la película no lo aclara.

Oportunidad perdida

A pesar de todos sus defectos, Narcos y Sicario tienen el mérito de haber intentado presentar más detalles sobre el comercio de drogas y sus grandes repercusiones políticas y humanas. Triple frontera no solo no aprovechó esa oportunidad, sino que además desperdició el gran potencial que tenía al haber elegido la región de la triple frontera como escenario de la trama. Algunas áreas de la región fronteriza son prácticamente anárquicas. Las fronteras oficiales tienen extensas zonas sin vigilancia y son extremadamente porosas, lo que permite todo tipo de tráfico y contrabando. Esta zona es considerada uno de los mayores centros de contrabando en toda Latinoamérica. Sin embargo, Triple frontera no ilustra nada de eso, salvo por una corta escena que muestra lo fácil que se puede cruzar la frontera entre Paraguay y Brasil. Y así como deja al público a la expectativa por los comentarios iniciales sobre la violencia y la psicología humana, la película da algunas pistas sobre la rampante corrupción, pero no profundiza en este aspecto. “Allá hay mucho más que US$75 millones”, le dice la informante a uno de los exsoldados. “Y no son únicamente de Lorea [el capo]. Muchas más personas irán tras de ti”, agrega. Los espectadores quedamos con la duda de quiénes son esas otras personas cuyo dinero fue robado, pues el guion —que quizá fue demasiado editado— no hace más alusiones al tema. Sin embargo, por lo menos las escenas de combate resultan entretenidas, y se nota que valió la pena el entrenamiento de los actores con las fuerzas especiales. En este sentido, la escena más interesante de la película es el violento tiroteo entre policías y narcotraficantes. Uno de los protagonistas, que trabaja para una firma de asesoría en seguridad contratada por el gobierno de Paraguay, toma el rifle de asalto con lanzagranadas acoplado que cargaba un agente de policía, y dispara una ronda explosiva a través de la ventana, poniendo fin al enfrentamiento de un solo tajo. “Buen tiro”, dice mientras le devuelve el arma al agente, haciendo referencia a la turbia realidad y a los asuntos de jurisdicción de la cooperación estatal y privada de Estados Unidos en la lucha antinarcóticos en la región. La película gana puntos con este detalle, especialmente si se considera el reciente debate sobre la aprobación por parte del Congreso de Paraguay, en marzo de 2017, de la capacitación ofrecida por los Navy Seals de Estados Unidos, que generó críticas debido a la falta de claridad en la operación. Aun así, Triple frontera no es más que otra película de acción con un grupo de camaradas unidos por una misión de alto riesgo, que desperdicia la oportunidad de haber presentado una historia más ilustrativa de uno de los focos de crimen organizado más complejos de Latinoamérica.

Caso Marielle Franco revela vínculos entre milicias de Brasil y familia Bolsonaro

Dos exagentes de policía que tienen conexiones con una milicia han sido detenidos por el asesinato de una activista de los derechos humanos brasileña. Entre otras dudas, se cree que la misma milicia tiene vínculos con la familia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Las autoridades han acusado a Ronnie Lessa, exsargento de la policía y experto francotirador, de matar a tiros a Marielle Franco, activista y concejala que había expresado abiertamente sus críticas frente al despliegue de las fuerzas de seguridad federal en los sectores pobres de Río de Janeiro. Élcio de Queiroz, oficial que había sido retirado de la policía militar, supuestamente era el conductor durante las salidas de Lessa, según un informe de globo.com. En un allanamiento que posteriormente realizó la policía a una casa de Río relacionada con Lessa, se hallaron más de 117 rifles de asalto M-16. Los investigadores dicen que Lessa, quien había sido obligado a retirarse de la policía después de resultar gravemente herido en un atentado con carro bomba, era asesino a sueldo y traficante de armas del grupo miliciano “Escritório do Crime” (Oficina de crimen).       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre milicias de Brasil A raíz de estos arrestos volvió a surgir el tema de los supuestos vínculos del presidente Bolsonaro y su familia con esta milicia. Lessa había estado viviendo en el mismo lujoso edificio donde Bolsonaro posee un apartamento. Además, Queiroz había publicado en las redes sociales una imagen suya con el presidente. En enero se había informado que en la oficina de Flávio Bolsonaro, hijo del presidente y parlamentario del estado, habían empleado a la esposa y a la madre del fundador del grupo criminal, Adriano Magalhães da Nóbrega, capitán fugitivo del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOPE). Las mujeres estuvieron en la nómina pública de la oficina hasta noviembre pasado. Flávio Bolsonaro ha afirmado que él no sabía de la contratación de familiares del policía fugitivo, y que estas fueron contratadas por un exasesor. Escritório do Crime fue inicialmente relacionado con el asesinato de Franco y de su chofer, Anderson Gomes, en el mes de agosto de 2018. En noviembre, las autoridades dijeron que la milicia estaba intentando interferir en la investigación sobre Franco.

Análisis de InSight Crime

El arresto de los dos expolicías y el decomiso de un arsenal de armas de alta potencia se suman a las sospechas de que el Estado pudo haber tenido que ver con el asesinato de Franco. Bolsonaro y su familia no han sido relacionados con el asesinato, y nada indica que tuvieran algún conocimiento sobre ello. Sin embargo, los arrestos recientes atizan las sospechas de los críticos del presidente, quienes afirman que él y su familia tienen relaciones, así sean leves, con Escritório do Crime. Las milicias como Escritório do Crime suelen estar conformadas por oficiales de seguridad tanto retirados como en servicio, y estos grupos de carácter paramilitar ejercen control sobre el tráfico de drogas y otras estructuras criminales. Los grupos también han sido acusados de cometer varios asesinatos en Río de Janeiro y en otras partes.       VEA TAMBIÉN: Caso de Marielle Franco plantea una desalentadora perspectiva de la violencia en Brasil La impunidad en torno a los asesinatos es común en Brasil, donde solo entre el cinco y ocho por ciento de los homicidios son llevados ante la justicia. Pero la popularidad de Franco y su compromiso con la justicia social han llevado a que su asesinato se use para presionar a las autoridades para que se castigue a todos los implicados, incluyendo a los autores intelectuales. Si se confirman los vínculos de la milicia con los más altos niveles del poder, podrían surgir revelaciones más graves.

Natal, Brasil, nuevo punto en ruta de cocaína hacia Países Bajos

Las autoridades han descubierto una nueva ruta de tráfico de cocaína desde un puerto marítimo de Brasil hacia Países Bajos, lo que confirma que el pequeño país europeo se ha convertido en un destino preferido para la droga. En el mes de febrero, las autoridades brasileñas incautaron 3,3 toneladas de cocaína en dos cargamentos de frutas tropicales en el puerto de Natal, según informó globo.com. Estas son las primeras incautaciones de este tipo en el puerto más oriental de Brasil. Ambos contenedores iban con destino a Róterdam. Durante los últimos cuatro meses, las autoridades de Róterdam han descubierto siete toneladas de cocaína en cargamentos procedentes del mismo puerto brasileño.      VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Brasil Según un informe de Tribuna do Norte, las diez toneladas de droga incautadas en solo cuatro meses equivalen a más de la mitad de las 18 toneladas de cocaína decomisadas en todo 2018 en el puerto de Santos, el más grande de Brasil. Las cantidades implicadas indican que puerto de Natal, inaugurado en 1932, se ha convertido en un importante punto de salida de las drogas de Brasil, con destino a los Países Bajos. La gigante naviera francesa CMA CGM Group, la única empresa que exporta frutas desde el puerto, reaccionó de manera inmediata, suspendiendo sus actividades en Natal y trasladando sus exportaciones al cercano puerto de Fortaleza. Las autoridades han iniciado una investigación de tres meses y han solicitado un escáner para contenedores, que hasta el momento el puerto no tenía. Se cree que la ausencia de ese equipo es lo que les permitió a los grupos criminales utilizar a Natal para hacer los envíos de sus cargamentos de drogas. En las incautaciones en Países Bajos y Brasil se ha identificado un modus operandi similar: el camuflaje de paquetes de cocaína entre cajas de frutas. Pero el análisis químico de la cocaína reveló que provenía de tres países distintos: Colombia, Bolivia y Perú. Esto indica que los grupos criminales involucrados están recibiendo cocaína de varias fuentes, para luego mezclarla, empacarla y enviarla a Holanda.

Análisis de InSight Crime

La revelación de la ruta de la cocaína hacia Países Bajos a través del puerto de Natal indica que los narcotraficantes se están dirigiendo cada vez más al país europeo. En los últimos meses se han hecho grandes incautaciones de drogas en Países Bajos, así como en Bélgica, el país vecino. Los altos niveles de producción de cocaína en Colombia y el creciente mercado de la droga en Europa son quizá las razones por las que los grupos criminales están buscando nuevas rutas hacia el continente. Lo que hace que el puerto de Natal sea particularmente útil para los narcotraficantes es su relativa proximidad a Europa, atravesando el Atlántico, y su falta de infraestructura de seguridad. Desde 2009, Brasil ha sido el principal punto de salida de la cocaína suramericana con destino a Europa, según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD). Desde Brasil, los traficantes coordinan la recepción y distribución de la droga con organizaciones criminales europeas. Por ejemplo, en diciembre, la Interpol desarticuló una gran red de tráfico de drogas en la que participaba la mafia italiana ‘Ndrangheta, que contrabandeó cargamentos de cocaína de hasta 200 kilogramos procedentes de Brasil, Guyana y Colombia, con destino a Róterdam y Amberes. Los narcotraficantes han identificado a los Países Bajos como un destino conveniente, lo que hace que Brasil y su puerto de Natal sean cada vez más atractivos para ellos.

Medidas de fuerza en prisiones de Brasil son cortoplacistas

Una serie reciente de medidas drásticas en las prisiones de Brasil desató una violenta respuesta del grupo más poderoso del crimen organizado del país, pero a las medidas del gobierno les falta una visión de largo plazo y es improbable que garanticen mejoras en las cárceles o logros futuros en materia de seguridad. El 13 de febrero, las autoridades del estado de São Paulo en Brasil trasladaron a Marcos Willians Herbas Camacho, alias “Marcola” o “Playboy”, líder del grupo criminal organizado más poderoso del país, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC—), a una prisión federal de máxima seguridad, según información de Folha de São Paulo. Otros 21 presuntos jefes del PCC también fueron trasladados a prisiones federales en todo Brasil, en las ciudades de Brasilia, Porto Velho y Mossoró. Los representantes de seguridad pública fueron alertados de que el PCC podría estar planeando varios ataques en represalia.  Ante lo cual, las autoridades movilizaron a más de 20.000 agentes de policía de São Paulo como parte de un operativo de seguridad para proteger la ciudad. La decisión de trasladar al jefe del PCC Marcola se conoció luego de que en noviembre de 2018 las autoridades descubrieran y frustraran un plan por valor de US$100 millones para sacar de prisión al cabecilla usando mercenarios extranjeros contratados y helicópteros de grado militar, así como lanzamisiles y armas de grueso calibre, según informó Folha de São Paulo en ese momento. El gobierno declaró en un comunicado que “aislar a los cabecillas [criminales] es una estrategia necesaria para enfrentar y desarticular las organizaciones criminales”, según la BBC.

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Esta es solo la medida más reciente de las autoridades en los inicios del mandato del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, con el propósito de poner fin al control de las pandillas en las prisiones del país. A comienzos de enero, por ejemplo, el nuevo director de la prisión del estado de Ceará, noreste del país, Luis Mauro Albuquerque, anunció que dejaría de separar la población carcelaria por afiliación a pandillas y que acabaría con el uso de teléfonos celulares, lo que según las autoridades dificultaría mantener el control dentro y fuera de las prisiones. La respuesta de las pandillas fue rápida y violenta. El PCC y el Comando Rojo (Comando Vermelho), junto con sus rivales locales Guardianes del Estado (Guardiões do Estado —GDE—) y la Familia del Norte (Família do Norte —FDN—), convocaron una tregua y ejecutaron cientos de ataques  principalmente a la infraestructura en docenas de municipios de todo el estado. Las reacciones del PCC en protesta por las medidas en las cárceles bien pueden estar ligadas a la geografía. El PCC domina el sur de Brasil y el estado de São Paulo, donde la base del grupo es más fuerte. Por otro lado, la posición del PCC en el norte de Brasil es mucho más frágil. El grupo está trabajando para expandirse en la región y enfrenta a sus rivales en el intento de hacerse al control de las economías ilícitas.

Análisis de InSight Crime

El PCC de Brasil se ha adaptado y por momentos ha respondido con violencia extrema a anteriores intentos del gobierno por desbaratar el control que detentan en las cárceles del país, y las nuevas medidas pueden ser poco más que una solución temporal que no resuelve a cabalidad las causas subyacentes de la criminalidad y la violencia o los problemas enquistados en el sistema penitenciario. “Cambiar prisioneros de sitio parece esparcir el problema en lugar de cortarlo de tajo o eliminarlo”, comentó Desmond Arias, profesor del Baruch College de la Universidad de la ciudad de Nueva York y autor de dos libros sobre Brasil, y sentenció “Medidas como esas se han aplicado durante años con limitada eficacia”. Los mismos jefes del PCC que las autoridades están trasladando, como Marcola, tienen habilidades de liderazgo y experiencia en organización que los convierten en organizadores efectivos dentro de las prisiones. Al trasladarlos a otros centros carcelarios, las autoridades corren el riesgo de reproducir dinámicas sin resolver que ya existían en otras prisiones, opina Arias.

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Más aún, el PCC depende de una red descentralizada y no de una sola persona o grupo de llamados líderes. Marcola y las demás cabezas del PCC que fueron trasladados serán puestos de nuevo en un régimen disciplinario diferenciado (regime disciplinar diferenciado), una medida especial de aislamiento más estricto en las prisiones. Pero aun este aislamiento extremo de los máximos líderes, combinado con las muertes de otros jefes de alto nivel, han sido poco para doblegar el poder del grupo y su capacidad de operar tanto dentro como fuera de los muros de la prisión, o expandirse por toda la región. Los traslados de reclusos y las medidas de fuerza sobre el uso de teléfonos celulares, aunque pueden ser efectivas a corto plazo hasta que dichos grupos se adapten, a la larga no lo son por sí solas. En lugar de eso, se necesita una estrategia en varios frentes orientada al largo plazo que aborde la raíz para refrenar el control del PCC en las cárceles. Los traslados de prisión pueden desestabilizar la cúpula carcelaria del PCC por un tiempo, pero a la larga no harán nada para mejorar la corrupción, el hacinamiento y la falta de presupuesto en el sistema penitenciario de Brasil, elementos que han creado las condiciones perfectas para que el PCC implante el orden y su gobierno criminal dentro de ellas. “En muchos sentidos el PCC ha servido como una especie de fuerza organizadora dentro del sistema carcelario”, explicó Matthew Taylor, profesor asociado de la American University, quien ha trabajado extensamente en Brasil. “Es difícil ver cómo estos [traslados] tendrán una influencia real en la manera como se comportan los presos, especialmente en estados en los que el PCC tiene dominio”.

Desde la prisión, “Minotauro” sigue gobernando la frontera

Pese a que se encuentra en una prisión federal en Brasil, el capo narco apodado “Minotauro” sigue gobernando la frontera por medio de sus tentáculos que sobornaron a la Policía para recuperar cinco vehículos incautados. El Gobierno no da muestras claras de querer acabar con el crimen organizado.

Según fuentes, la recuperación de cinco vehículos que estaban incautados en un depósito de Pedro Juan Caballero le habría costado unos UD$60.000 al capo narco Sergio de Arruda Quintiliano Netto, alias Minotauro, quien se estaba consolidando como patrón del hampa fronteriza hasta que cayó preso en Camboriú, el 4 de febrero pasado. Los rodados que desaparecieron son cuatro camionetas, una Chevrolet Montana roja, una Hyundai Tucson plateada, una Chevrolet S10 blanca y una Volkswagen Tiguan blanca. También se esfumó un coche Ford Focus blanco. *Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de ABC Color. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí. Estos vehículos estaban incautados en el mismo depósito que fue allanado el 7 de febrero pasado en el barrio Industrial de Pedro Juan Caballero, a 1.500 metros de la Ruta 5. Como no podían ser movidos por problemas mecánicos o porque les faltaban algunas piezas, los rodados quedaron en el mismo lugar, bajo el resguardo de policías de Automotores, que se comprometieron a cuidar el recinto que quedó lacrado. Sin embargo, el depósito fue violentado el jueves de noche, cuando entraron al lugar cinco grúas y retiraron los cinco rodados, en un operativo que tuvo que haber contado con la aprobación o complicidad de la Policía.

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El citado tinglado supuestamente era usado por la banda de Minotauro para acondicionar vehículos con doble fondo para el traslado de drogas y para repintar, modificar o equipar con blindaje otros rodados a ser empleados en atentados. Los vehículos ahora desaparecidos, más que por su desempeño mecánico, tenían un especial valor para la banda de Minotauro porque justamente fueron usados en varios de los últimos ataques en la frontera y con una simple revisión se podría saber en qué golpes participaron. Minotauro está preso en la cárcel federal de Brasilia, desde donde supuestamente sigue impartiendo órdenes a sus colaboradores en Pedro Juan Caballero, varios de los cuales están identificados pero que llamativamente siguen libres. Solo algunos sicarios de la red están presos. *Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de ABC Color. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Policía de Brasil ejerce su licencia para matar en Río de Janeiro

Los asesinatos por parte de la policía en Río de Janeiro, Brasil, casi se duplicaron en enero de 2019 en comparación con el mes anterior, lo que indica que el presidente Jair Bolsonaro y el gobernador Wilson Witzel han mantenido sus promesas de ejercer acciones agresivas contra los criminales. El 22 de febrero, el Instituto de Seguridad Pública de Brasil señaló que la policía mató a 160 personas en enero, un aumento de 82 por ciento con respecto a la cifra de diciembre, según informó Estadão. El alarmante número de muertes en enfrentamientos con la policía coincide con el primer mes de Bolsonaro y Witzel en funciones. Ambos asumieron sus respectivos cargos el 1° de enero y prometieron implementar tácticas policiales de disparar a matar. Esta ha sido la segunda cifra más alta de asesinatos en el mes de enero desde 1998. Junto a este repunte de los asesinatos policiales, otros crímenes callejeros, como los asaltos y robos en el transporte público, alcanzaron sus niveles más altos desde 1991, pues se reportaron 11.230 casos. Esta violencia ha continuado al mismo ritmo en febrero. Una operación de la policía militar en las comunidades de Morro do Fallet y Fogueteiro el 8 de febrero dejó como resultado 15 personas muertas en circunstancias sospechosas.       VEA TAMBIÉN: InDepth: Cobertura sobre los homicidios Las familias de las víctimas sostienen que varios de los jóvenes fueron arrinconados al interior de una casa, donde fueron masacrados. Otras han presentado quejas ante los defensores del pueblo, denunciando que algunas de las víctimas recibieron disparos en las piernas para evitar que huyeran y luego fueron apuñaladas hasta morir. Sin embargo, cuando se le preguntó a Witzel sobre la operación en Morro do Fallet, el gobernador evadió la polémica y alabó las acciones de la policía militar. “Ellos buscan la defensa de todos. Lo que pasó en Morro do Fallet-Fogueteiro fue una acción legítima de la policía militar”, afirmó. La Fiscalía General de Brasil ha abierto una investigación sobre el caso.

Análisis de InSight Crime

Días antes de que Bolsonaro asumiera la presidencia, varios nombramientos para su gabinete, de tendencia aparentemente moderada, generaron la esperanza de que él atenuaría su promesa de dar a la policía licencia para matar. Pero no hubo ningún indicio de vacilación por parte de Witzel, un radical exinfante de marina que orientó la lucha contra el crimen organizado suya y de Bolsonaro como una guerra contra los terroristas. La policía, que dio un decidido apoyo a la candidatura de Witzel para gobernador del estado de Río de Janeiro, ha expresado recientemente que se siente sin restricciones y que puede actuar como lo considere necesario. Un coronel de la policía militar de Río le dijo a la prensa que “este ambiente, creado por un discurso más permisivo (de los funcionarios), conducirá a un aumento de la violencia”. Y aunque hay quienes esperaban que Sergio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, pondría una nota de moderación, sus propuestas contra el crimen han en realidad han ampliado las circunstancias en las que la policía puede afirmar haber actuado en defensa propia. Esta fuerte arremetida contra el crimen también ha estado acompañada de la persecución a políticos que han hablado en contra de estas tácticas de mano dura. El asesinato de la concejala y activista Marielle Franco en marzo de 2018 aún está sin resolverse, pero su asesinato se ha relacionado con sus abiertas críticas frente a la ofensiva de seguridad en Río. Jean Wyllys, congresista de Río que fue mentor político de Franco, huyó de Brasil a finales de enero, tras recibir amenazas de muerte. Dada la arrolladora victoria de Witzel en las elecciones del año pasado, y la alineación de las políticas de seguridad estatales y federales, parece que estas letales confrontaciones continuarán.

Principales casos e investigaciones sobre corrupción en Odebrecht en 2019

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Desde que comenzó en Brasil con la “Operación Lavado de Autos” (“Operação Lava Jato”) en 2014, el escándalo de corrupción en Odebrecht ha ocupado los titulares en toda Latinoamérica. Presidentes, legisladores y grandes empresarios han sido acusados y encarcelados en toda la región. En este informe, InSight Crime presenta un resumen de las investigaciones o juicios contra prominentes personalidades en América Latina y el Caribe.
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México México ha sido lento en lo que tiene que ver con el escándalo de Odebrecht. El único nombre importante que ha surgido en las investigaciones sobre el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica ha sido el de Emilio Lozoya Austin. El expresidente de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto es acusado de dirigir un esquema de corrupción mediante empresas fantasma entre 2012 y 2016. Además, la fiscalía mexicana cree que Lozoya Austin utilizó los jugosos sobornos recibidos de Odebrecht para financiar las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluida la de Peña Nieto. Muchos mexicanos creen que la ausencia de rendición de cuentas y de juicios por parte del gobierno federal fue una manera utilizada por la administración anterior y la actual para proteger a quienes estaban involucrados con Odebrecht.  En un país con altos niveles de impunidad, falta ver si este caso conducirá eventualmente a investigaciones más amplias. En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que la investigación sobre Odebrecht continuaría, por lo que es posible que pronto comiencen otras investigaciones. República Dominicana Las audiencias preliminares sobre Odebrecht han ocupado los titulares en República Dominicana en las últimas semanas. Con una corrupción rampante, el país caribeño investiga actualmente a siete personas que al parecer recibieron más de US$92 millones en sobornos de la gigante constructora brasileña. Dos nombres que sobresalen en las investigaciones son el actual senador Tommy Galán y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Ambos son miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que se está preparando para las elecciones presidenciales de 2020.  Una sentencia de culpabilidad podría empañar la imagen del partido y obstaculizar sus posibilidades de continuar en el poder, pues el actual presidente, Danilo Medina, también es miembro del PLD. El Salvador El expresidente Mauricio Funes está siendo investigado por la presunta malversación de US$351 millones. Se sospecha que Odebrecht le pagó entre US$1 y 3 millones al exmandatario durante la campaña presidencial de 2009. Funes, presidente del país entre 2009 y 2014, también enfrenta una investigación judicial por supuestamente comprar diputados con el fin de obtener votos favorables en la Asamblea Legislativa durante su presidencia. El expresidente tiene cuatro órdenes de captura en su contra por casos de corrupción. Actualmente reside en Nicaragua, protegido por el asilo político otorgado por el presidente Daniel Ortega. Sin embargo, el portavoz del presidente electo Nayib Bukele anunció que el gobierno comenzará a hablar con Nicaragua para exigir la deportación de Funes. Guatemala La investigación que actualmente adelanta Guatemala sobre Odebrecht se centra en el exministro de Infraestructura Alejandro Sinibaldi, quien se encuentra prófugo. La Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sostienen que Sinibaldi dirigió una estructura criminal dentro del Ministerio de Comunicaciones. Sinibaldi tiene una orden de allanamiento de Interpol, y otras ocho personas estrechamente relacionadas con él están siendo buscadas por las autoridades, entre ellas sus hermanos Álvaro y Luis Rodrigo Sinibaldi. Otra importante figura que está siendo investigada en Guatemala es el excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien fue arrestado en Estados Unidos en enero de 2018. Baldizón es acusado de supuestamente recibir sobornos de funcionarios de Odebrecht para ayudarles a obtener contratos de obras públicas en el país centroamericano. Tras un fallido intento de obtener asilo en Estados Unidos, Baldizón decidió retirar su solicitud y está pendiente de la extradición a Guatemala. En Guatemala se presentó una crisis constitucional después de que el presidente Jimmy Morales decidiera expulsar a la CICIG del país, una medida que generó fuertes reacciones a nivel nacional e internacional. Dada la ausencia de la CICIG, la última audiencia de Sinibaldi y Baldizón fue suspendida y reprogramada para el 27 de febrero de 2019. Falta ver qué impacto tendrá la actual crisis con la CICIG en el futuro del caso.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero Panamá El expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra bajo arresto, y varias personas cercanas a su presidencia, están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht. La fiscalía panameña señala que entre 2009 y 2014, periodo de la presidencia de Martinelli, se asignaron recursos por más de US$96 millones para proyectos de infraestructura, como mejoras viales en Chanis, la ampliación del aeropuerto de Tocumen, la renovación urbana de Curundú, mejoras en la Línea 1 del Metro, y muchas otras. En consecuencia, la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá inició una investigación contra el exministro de Economía Frank de Lima, acusado de recibir por lo menos US$7 millones en pagos indebidos. Otra importante figura que está siendo investiganda actualmente es el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña y de inflar los costos del proyecto de la autopista Arraijan-La Chorrera con fines ilícitos. Colombia En Colombia, Odebrecht pagó al menos US$32,5 millones en sobornos para obtener los contratos de construcción de la autopista Ruta del Sol y otros proyectos de infraestructura. El exsenador Otto Nicolás Bula Bula, quien fue condenado a dos años de prisión por recibir sobornos, ha sido el principal testigo del gobierno para esclarecer el esquema de sobornos. La investigación ha involucrado a varios funcionarios del gobierno durante las administraciones de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, entre ellos el exsenador Bernardo Miguel Elías. El Fiscal General de la nación, Néstor Humberto Martínez, también ha sido objeto de atención recientemente, después de que el auditor Jorge Enrique Pizano revelara grabaciones secretas en las que hablaba de irregularidades contractuales con Martínez, quien en ese momento se desempeñaba como abogado de Corficolombiana, una empresa socia de Odebrecht. Las grabaciones de las conversaciones de Pizano con Martínez salieron a la luz en una entrevista de televisión. Pizano, quien sufría de cáncer y finalmente murió a causa de un ataque cardíaco, proporcionó la entrevista con la condición de que solo se difundiera tras su muerte. El conflicto de intereses de Martínez no se detiene allí. También fue asesor legal de Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia y fundador del conglomerado Grupo Aval, uno de los propietarios de Corficolombiana que, según Reuters, está cooperando actualmente en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ecuador El caso de Odebrecht en Ecuador ilustra una elaborada estructura de corrupción durante la presidencia de Rafael Correa. Su amigo de infancia, el exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra cumpliendo una pena de prisión por el escándalo de corrupción, ha sido acusado por Luis Mameri, vicepresidente de Odebrecht en Latinoamérica, de aceptar más sobornos de los que se conocieron inicialmente, mediante una empresa llamada Glory International. En septiembre de 2018, la Fiscalía General de Ecuador inició una investigación preliminar contra ocho personas por supuestamente involucrarse con el crimen organizado como parte del esquema de corrupción de Odebrecht. Entre las personas investigadas se encuentra el expresidente Rafael Correa, quien actualmente reside en Bélgica, donde está solicitando asilo político. Además, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera; el exministro del Interior, José Serrano, y el exprocurador general Diego García también están siendo investigados por su papel en el proyecto hidroeléctrico San Francisco. La Fiscalía General de Ecuador anunció recientemente que otras 11 investigaciones preliminares estarían enfocadas en Rafael Correa, Alexis Mera y Jorge Glas. Este anunció concreta los esfuerzos de Ecuador para castigar a los involucrados en este escándalo de corrupción.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre élites y crimen organizado Perú Decir que el escándalo de Odebrecht ha sacudido la clase política de Perú sería poco. María Sokolich, la nueva fiscal general de Perú tras la polémica renuncia de Pedro Chávarry, se encuentra al frente de la investigación sobre algunos de los principales políticos que ocupan o han ocupado los más altos cargos del país. El actual presidente, Martín Vizcarra está siendo investigado por presuntos vínculos entre la empresa de su propiedad y Odebrecht entre 2006 y 2008. Su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, tiene una investigación en su contra —que lo obligó a dimitir en marzo de 2018— por presuntas consultorías que su empresa, Westfield Capital, le ofreció a Odebrecht entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007. El expresidente Alan García, a quien se le negó una solicitud de asilo en Uruguay después de que las acusaciones salieron a la luz, está acusado de recibir sobornos durante la construcción del Metro de Lima. Los otros dos exmandatarios que están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos son Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Se espera que en el mes de marzo el exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, dé una declaración sobre este tema en Brasil. El testimonio de Barata podría conmocionar nuevamente a la nación andina. Recientemente, Odebrecht ha anunciado que cooperará con el gobierno peruano. Sus antiguos ejecutivos en el país serán entrevistados próximamente, lo que puede conducir a nuevas revelaciones.
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Argentina La investigación de Odebrecht en Argentina amenaza a decenas de altos exfuncionarios relacionados con proyectos de obras públicas durante las presidencias de Néstor Carlos Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Las investigaciones más sobresalientes son las de Julio de Vido y Daniel Cameron. Julio de Vido, exministro de Planificación durante la administración de Fernández, se entregó a las autoridades en octubre de 2018. De Vido es acusado de hacer parte del escándalo de “Obras Viales”, que involucra la supuesta malversación de fondos públicos a través de procesos de licitación para obras viales en la provincia de Santa Cruz, así como otros proyectos de infraestructura a su cargo. Por su parte, el exministro de Energía, Daniel Cameron, está siendo investigado como parte de un caso conocido como “Skanska II”, donde las irregularidades en la expansión de los gasoductos en el país se han relacionado con un esquema de corrupción con la colaboración de Odebrecht. Sin embargo, el nivel de corrupción durante las administraciones de los Kirchners es más profundo. Según algunos informes, otros 14 empresarios y cinco exempleados también están siendo investigados por múltiples actividades ilícitas en cooperación con la constructora brasileña. Bolivia La historia de los ventajosos negocios de Bolivia con empresas brasileñas se remonta a 1987, año en el que el entonces ministro de Energía, Carlos Morales Landívar, fue acusado de utilizar su influencia política para favorecer a la empresa brasileña Andrade Gutiérrez. Y ahora Landívar es acusado de haber estado involucrado en 2003 con Camargo Correa —una de las 13 principales empresas en Brasil investigadas en el caso Lavado de Autos— cuando fue ministro de Servicios y Obras Públicas. Sin embargo, los nombres vinculados directamente al caso Odebrecht son Carlos Mesa, expresidente y aspirante presidencial en 2019, y su sucesor, Eduardo Rodríguez Veltzé, exjefe de Estado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ambos están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht durante sus presidencias, entre 2003 y 2006. La investigación en torno a Mesa podría desempeñar un papel crucial en las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre. La eventual condena de Mesa podría allanar el camino para la reelección de Evo Morales. Brasil En Brasil, en los últimos cinco años, más de 77 ejecutivos de la compañía han llegado a acuerdos de culpabilidad, una presidenta fue suspendida de sus funciones, otro expresidente está actualmente en la cárcel, y su sucesor también está siendo investigado como resultado del escándalo de Odebrecht. Este es solo un breve panorama del gran impacto que ha tenido el caso Lavado de Autos en el país más grande de Suramérica. El 6 de febrero, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra actualmente cumpliendo una pena, fue acusado de cargos adicionales que añadirían 13 años más a su condena actual. A Lula se le acusa de recibir dineros ilícitos durante su mandato de 2003 a 2010. Además de Lula, otras personas de su círculo cercano han sido acusadas y arrestadas por corrupción. Una de esas personas, Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados, ha estado en prisión desde 2016. Cunha es acusado de recibir un soborno de US$5 millones. Sin embargo, a pesar de su arresto actual, la fiscalía brasileña ha imputado cargos adicionales en su contra. Por su parte, Aécio Neves, exgobernador y candidato presidencial en 2014, es acusado de haber recibido sobornos a cambio de ofrecer apoyo a legislaciones que favorecían obras que eran del interés de Odebrecht cuando él ejercía como gobernador del estado de Minas Gerais. La investigación en torno a Neves está en curso mientras él mantiene una curul en el senado en representación de Minas Gerais. Por último, el expresidente Michel Temer (2016-2018) ha llamado la atención de los titulares, pues la policía federal de Brasil ha solicitado que se le impute por soborno y lavado de capitales. Según los funcionarios, mientras fue vicepresidente en 2014, Temer y su Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB) recibieron más de US$2 millones de Odebrecht. Ahora que Sérgio Moro, quien estuvo encargado de liderar la investigación Lavado de Autos, es el nuevo ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, la atención se centrará en la nueva legislación que ha propuesto para combatir la corrupción.

Balance de InSight Crime sobre los homicidios en 2018

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Desde la agudización de la crisis en Venezuela; pasando por los días aciagos en Nicaragua; un proceso de paz cada vez más frágil en Colombia; y los nuevos gobiernos en Brasil, México y otros países, 2018 fue un año de agitación en toda América Latina y el Caribe. Los niveles de homicidios han sido reflejo de estas variables, aumentando considerablemente en algunas naciones y descendiendo en otras. En su balance, InSight Crime analiza las tasas de homicidios por país, así como los factores subyacentes.

Venezuela: 81,4 por 100.000

Venezuela se mantiene a la cabeza como el país con más homicidios en América Latina, con 23.047 casos. Si bien esta cifra es ligeramente inferior a los 26.616 asesinatos reportados en 2017, el país sigue sufriendo graves conflictos políticos, económicos y sociales. Según un informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la única fuente de carácter público sobre los homicidios en el país, Venezuela registró una tasa de asesinatos de 81,4 por 100.000 habitantes en 2018, menos que los 89 por 100.000 que registró en 2017. Pero esta disminución no puede ser tomada con optimismo, dado que se basa en cifras de población del año 2011 y no tiene en cuenta la masiva migración de unos tres millones de venezolanos que han huido de la crisis. El OVV también considera que esta supuesta reducción en los homicidios contrasta con el marcado aumento de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad —7.523 víctimas en 2018, en comparación con 5.535 en 2017—, que representan un asombroso 32 por ciento del total de homicidios. Si bien el gobierno no ha publicado estadísticas oficiales sobre crímenes en 2018, InSight Crime tuvo acceso a un documento filtrado del Observatorio Venezolano de Seguridad Pública, departamento que hace parte del Ministerio del Interior. Allí se habla de una tasa oficial de 10.573 homicidios en 2018, es decir, solo 33 por 100.000 habitantes, la diferencia se debe a que el gobierno no incluye casos de “resistencia a la autoridad” ni otras categorías, como las víctimas de balas perdidas.

El Salvador: 51 por 100.000

El Salvador registró 3.340 homicidios en 2018, una disminución del 15 por ciento con respecto a 2017. Si esta cifra es correcta, la tasa de homicidios resultante (51 por 100.000 habitantes) continúa la tendencia a la baja que se viene presentando en El Salvador en los últimos años. Solo en 2016, el país encabezó el ranking regional de InSight Crime, con una alarmante tasa de 81,2 por 100.000 habitantes. En 2017, esta tasa descendió en 20 homicidios por 100.000, pero el país permaneció en segundo lugar en la lista, solo por debajo de Venezuela. Durante mucho tiempo, la tasa de homicidios de El Salvador ha estado relacionada con sus dos pandillas más dominantes y violentas: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Aunque puede haber diversas causas para la reducción de los asesinatos, como el hecho de que las pandillas han detenido sus luchas entre sí, el gobierno considera que sus medidas de “mano dura”, llamadas ahora de manera eufemística “medidas extraordinarias”, son las que han permitido dicha reducción. Sin embargo, esas mismas acciones represivas explican los hallazgos de un informe de Naciones Unidas, en el que se constata que los asesinatos extrajudiciales han aumentado y que es probable que queden impunes. Durante las dos primeras semanas del nuevo año fueron asesinadas 126 personas en el país. Los funcionarios policiales han señalado a las pandillas como culpables de los derramamientos de sangre, acusándolas de estar haciendo demostraciones de poder en vísperas de las elecciones presidenciales del 3 de febrero.

Jamaica: 47 por 100.000

En un discurso ante la Cámara de Representantes, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó que los homicidios disminuyeron en un 21,9 por ciento el año pasado. El país registró 1.287 asesinatos en 2018, una tasa de homicidios de 47 por 100.000 habitantes. La policía ha atribuido esta disminución a la creación de Zonas de Operación Especial (Zones of Special Operation, ZOSO), áreas en las que el ejército apoya el trabajo de la policía. Como parte de su plan de reducir la tasa de asesinatos a 16 por 100.000 habitantes en la próxima década, Holness ha promovido la conformación de 20 Zonas de Operación adicionales en 2019. Sin embargo, la disminución en los homicidios el año pasado se produjo después de un aumento de cerca del 20 por ciento en 2017, que se relacionó con la deficiente implementación del plan ZOSO y de medidas de seguridad similares.

(Mapa de InSight Crime mostrando las tasas de homicidios en Latinoamérica y el Caribe. Haga clic en la imagen para verla ampliada)

Honduras: 40 por 100.000*

De enero a noviembre de 2018, en Honduras se produjeron 3.310 asesinatos, según el Observatorio de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Esto significa una tasa de homicidios de 40 por 100.000 habitantes, una pequeña disminución con respecto al 42,8 por 100.000 registrado en 2017, cuando hubo 3.791 asesinatos. Después de llegar a un pico de 85,5 asesinatos por 100.000 habitantes en 2011, la tasa de homicidios de Honduras se redujo a la mitad en 2017. Al igual que en su vecino, El Salvador, los funcionarios de seguridad atribuyeron la tendencia a la baja a las acciones gubernamentales contra los narcotraficantes y las pandillas. Pero los funcionarios consideran que la poca disminución en la tasa de homicidios también se debe a la misma estrategia de seguridad, pues señalan que esta genera represalias por parte de los grupos criminales. En las primeras dos semanas de 2019, fueron asesinadas 30 personas en ocho masacres diferentes, lo que demuestra que continúa existiendo el tóxico coctel de violencia pandillera, altos niveles de impunidad y corrupción.

Trinidad y Tobago: 37,5 por 100.000

Este fue el segundo año más violento en la historia del país, con 516 homicidios, solo por debajo de 2008, cuando fueron asesinadas 550 personas. A pesar de su población relativamente pequeña, de 1,3 millones de habitantes, la violencia en Trinidad y Tobago ha empeorado permanentemente en los últimos años. La impunidad sigue siendo un grave problema, ya que, según los funcionarios policiales del país caribeño, al menos 83 por ciento de los casos de asesinatos del año pasado permanecen sin resolver.

Belice: 35,9 por 100.000

A pesar de ser el país más pequeño de Centroamérica, Belice ha tenido una tasa de asesinatos permanentemente alta. Si bien aún no se han divulgado las estadísticas oficiales, los medios de comunicación de Belice reportan 143 asesinatos en 2018, solamente dos menos que en 2012, el año más violento del país. El gobierno ha negado que Belice sea una base de despliegue de grupos criminales como Los Zetas y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, o la MS13 de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, la tasa de homicidios persistentemente alta demuestra que, aunque Belice no aparezca en los titulares, el crimen organizado parece ser una grave amenaza en el país.

México: 25,8 por 100.000

El mandato de Enrique Peña Nieto como presidente de México terminó con niveles récord de homicidios. En 2018, el país registró 33.341 asesinatos, más que los 31.174 de 2017, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto ubica la tasa de asesinatos en 25,8 por 100.000 habitantes, en comparación con 22,5 en 2017 y 16,2 en 2016. El aumento en los homicidios ha sido provocado por la continua fragmentación de los grandes carteles, así como por la incapacidad del gobierno para reaccionar ante las pandillas, menos organizadas y más pequeñas, que matan por el control territorial. El nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha modificado sus planes de seguridad, abogando por la creación de una guardia nacional y manteniendo a los militares en las calles para tratar de detener la creciente violencia, que causó un promedio de 91 personas asesinadas cada día el año pasado.

Brasil: 25 por 100.000*

En 2017, Brasil tuvo un triste récord: 175 personas fueron asesinadas en promedio cada día. El año pasado la situación mejoró levemente, pues entre enero y septiembre se presentaron 39.183 asesinatos, en comparación con 44.733 en el mismo periodo de 2017, según el Foro de Seguridad Pública de Brasil. Si esta disminución se mantiene estable, en 2018 se llegaría a una tasa de asesinatos de 25 por 100.000 habitantes. Pero la inseguridad y la violencia continúan siendo las principales preocupaciones de gran parte de la población, ya que Brasil no ha logrado encontrar formas efectivas de detener la violencia criminal. El ejército fue enviado a Río de Janeiro en 2017, lo que representa el más reciente ejemplo de una estrategia de militarización que ha fracasado sistemáticamente en Latinoamérica. Jair Bolsonaro llegó a la presidencia gracias en gran parte a la promesa de que le permitiría a la policía dispararles a los criminales y que simplificaría las leyes de propiedad de armas. En lo que va corrido de 2019, los grupos criminales han lanzado ataques en el estado de Ceará, y el gobierno ha respondido a la violencia con tropas federales, convirtiendo al noreste de Brasil en un verdadero campo de batalla. Este violento conflicto podría aumentar el número de muertes, y deja claro que Brasil no logrará abordar las causas subyacentes a sus tasas de asesinatos constantemente altas.

Colombia: 25 por 100.000*

Después de que en 2017 llegara a los niveles más bajos de violencia en 42 años, Colombia experimentó un leve repunte de la violencia en 2018, con 12.311 homicidios, en comparación con 11.381 en 2017. Este aumento del cuatro por ciento ubica la tasa de homicidios en 25 por 100.000 habitantes, en comparación con 24 por 100.000 el año pasado. En 2018, en Colombia se presentó un aumento y diversificación de los grupos criminales, entre ellos los exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se han reunido en una mafia ex-FARC que viene ganando fuerza, así como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El creciente número de disidentes de las FARC que abandonan el proceso de paz y la ruptura de las conversaciones con el ELN han incentivado a estas organizaciones. Además, la violencia ha aumentado en la frontera con Venezuela, y han continuado los asesinatos de líderes sociales como resultado de la lucha por el control de cultivos ilícitos y tierras.

Guatemala: 22,4 por 100.000

Guatemala siguió presentando una notoria mejoría, al llegar a fin de año con una tasa de homicidios de 22,4 por 100.000 habitantes. El país registró 3.881 asesinatos, un descenso desde las 4.409 muertes violentas y la tasa de 26,1 por 100.000 en 2017, según delegados del gobierno. Pero las cifras de la sociedad civil reflejan algo distinto. El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización no gubernamental que hace seguimiento a los delitos en el país, afirmó que la cifra oficial de muertos se quedó corta en más de 1.000 homicidios, lo que deja el total en 4.914 muertes y pone la tasa de homicidios en 28 por 100.000 habitantes. En todo caso, Guatemala es el país menos azotado por la violencia entre sus vecinos del Triángulo Norte —Honduras y El Salvador—. Los hallazgos de una investigación sobre homicidios en Guatemala, realizada por InSight Crime en 2017, siguen siendo válidos. La guerra emprendida por el presidente Jimmy Morales contra el organismo anticorrupción, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha mantenido al gobierno ocupado, sin tiempo para remediar la impunidad rampante en materia de homicidios y los errores en la recolección de información sobre dichos crímenes.

Puerto Rico: 20 por 100.000

La tasa de homicidios en Puerto Rico se mantuvo en 20 por 100.000 habitantes en 2018, casi el cuádruple que la parte continental de Estados Unidos. Los registros muestran que 641 personas murieron en forma violenta en el último año, un descenso respecto a los 710 homicidios de 2017, y muy por debajo del récord de 1.164 asesinatos en 2011. Los principales responsables del balance de muertos son las pandillas locales dedicadas al tráfico de drogas, y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) afirma que 60 por ciento de los homicidios en el país tienen relación con drogas. Este año, Puerto Rico ya ha tenido una oleada de asesinatos, que preocupa a los habitantes y a las fuerzas federales de orden público. Si el organismo de policía presenta problemas para impedir la deserción de sus agentes y resolver los delitos, no hará más que agudizar la inseguridad en la isla.

Costa Rica: 11,7 por 100.000

Con solo 17 homicidios menos en 2018, la tasa de homicidios de Costa Rica se mantuvo relativamente estable. El país centroamericano contó 586 homicidios, lo que redujo ligeramente la tasa de homicidios de 12,1 a 11,7 por 100.000 habitantes. Hasta la disminución del año pasado, la tasa de homicidios presentaba un constante incremento desde 2012. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del país incluso había previsto lo mismo para 2018. El que fuera por tradición el país más pacífico de Centroamérica ha padecido recientemente aumentos en los niveles de criminalidad, debido a su ubicación como punto de tránsito importante para la cocaína colombiana. El gobierno ha tenido problemas para responder al incremento en la oferta de narcóticos, lo que ha llevado a los grupos a disputarse el control de las plazas locales.

Uruguay: 11,2 por 100.000

Uruguay alcanzó un récord de 382 homicidios en 2018. Con 99 homicidios más que en 2017, experimentó un incremento de 35 por ciento entre un año y otro, así como una tasa de homicidios de 11,2 muertes por 100.000 habitantes. Estas cifras se tomaron de la Fundación Propuestas (Fundapro), asociada al Partido Colorado. Solamente se han divulgado cifras oficiales sobre el primer semestre del año, en el que se reportan 218 asesinatos, en comparación con 131 entre enero y junio de 2017. Para uno de los países que se han mantenido tradicionalmente entre los más pacíficos y estables de la región, este súbito incremento prende las alarmas. Las autoridades están convencidas de que la causa son las rencillas entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, puede ser más fácil atribuirles a ellos la culpa para justificar la militarización cuando otros problemas, como las mediocres tasas de resolución y condenas para los homicidios, pueden también haber contribuido a la situación.

República Dominicana: 10,4 por 100.000*

El Observatorio de Seguridad Ciudadana denunció que se registraron 801 asesinatos en el país caribeño durante los tres primeros trimestres de 2018, una caída de 145 en comparación con los 946 homicidios registrados para el mismo periodo de 2017. Aunque esto muestra que se mantiene una tendencia desde 2011, un sondeo reciente indica que la inseguridad pública sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población dominicana.

Panamá: 9,6 por 100.000*

En diciembre, el Ministerio Público de Panamá publicó un informe en el que se afirmaba que entre enero y noviembre de 2018 hubo 401 homicidios, cerca de una docena por debajo de las 378 muertes registradas en 2017. Según esta cifra, la tasa de homicidios es de 9,6 por 100.000 personas. El informe destacaba que más del 40 por ciento (169) de los hechos ocurrieron en la capital, Ciudad de Panamá. El director de la Policía Nacional, Alonso Vega Pino, dice que ese leve incremento está “directamente relacionado con el crimen organizado”. La geografía de Panamá lo convierte en un punto de tránsito vital para el tráfico de mercancías ilegales en la región. Una investigación interna sobre una red internacional de tráfico de armamento en octubre de 2018 ilustraba los actuales retos que tiene el país frente a la corrupción y el crimen organizado.

Perú: 7,8 por 100.000*

En 2017, Perú registró 2.487 muertes violentas, poco más que los 2.435 de 2016, para arrojar una tasa de homicidios de 7,8 por 100.000. No hay datos disponibles para 2018 hasta el momento. Perú ha mantenido los índices de muertes violentas relativamente bajos en las últimas décadas, aunque la corrupción institucionalizada amenaza los recursos destinados a combatir los actuales problemas de narcotráfico en Perú.

Bolivia: 6,3 por 100.000

Durante una conferencia de prensa por televisión, el ministro del interior de Bolivia, Carlos Romero, anunció que el país había registrado una tasa de homicidios de 6,3 por 100.000 en 2018, una mejoría de más de dos por ciento en comparación con el primer semestre de 2017, cuando el país registró una tasa de 8,5 por 100.000. El anuncio se conoce en un momento en que el país se prepara para la primera vuelta de elecciones presidenciales el 27 de enero. En el último año, los grupos de oposición que rechazan tajantemente la decisión de Evo Morales de lanzarse como candidato para un cuarto periodo consecutivo han dirigido manifestaciones masivas y huelgas nacionales. Las elecciones presidenciales, que se celebrarán en octubre, bien pueden desviar la atención de los temas de seguridad nacional en un momento en que las pandillas de Brasil se desplazan hacia el país suramericano.

Ecuador: 5,7 por 100.000

Ecuador informó de 975 homicidios en 2018, es decir, 18 más de los 957 registrados en 2017, lo que deja al país con una tasa de homicidios de 5,7 por 100.000 personas, según la policía nacional. Hace menos de una década, Ecuador tenía tasas de homicidios tres veces más altas, pero un proceso de “legalización de pandillas” ha hecho posible la drástica reducción de los asesinatos. Sin embargo, el incremento del narcotráfico proveniente de Colombia hacia Ecuador ha renovado los temores de la violencia. El conocido homicidio de tres periodistas a manos de la mafia ex-FARC también ha hecho de la seguridad entre fronteras una prioridad para el gobierno.

Argentina: 5,2 por 100.000*

En medio de una profunda crisis económica, Argentina sigue ostentando unas de las tasas de homicidios más bajas del continente. Según el Ministerio de Seguridad, Argentina registró una tasa de homicidios de 5,2 por 100.000 personas en 2017, una leve disminución con respecto a los 6,6 de 2015. Al momento no se dispone de datos de 2018. Los bajos índices de violencia, sin embargo, no se han traducido en mayor seguridad. En diciembre, la ministra de seguridad Patricia Bullrich firmó un decreto en el que autorizaba un mayor uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales. La medida, cuya implementación se prevé para dentro de seis meses, ya está creando controversia e incertidumbre entre la población argentina.

Paraguay: 5,1 por 100.000*

El más reciente informe sobre homicidios del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Paraguay indica que se registraron un total de 350 homicidios entre enero y septiembre de 2018. Ese dato arroja una tasa de homicidios de 5,1 por 100.000, considerablemente menor que el 7,8 por 100.000 registrado en 2017. Sin embargo, el ministro del interior, Juan Ernesto Villamayor, declaró recientemente en una entrevista por radio que el país debe revaluar sus estrategias transnacionales con Argentina y Brasil para combatir el crimen organizado en la región. El Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC—), la pandilla más poderosa de Brasil, sigue poniendo en riesgo la seguridad del país.

Chile: 2,7 por 100.000

Chile mantiene su posición como el país con la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica. Entre enero y octubre de 2018, se registraron 488 muertes violentas, para una tasa de homicidios de 2,7 por 100.000 personas. Esta es aun menor que los 3,3 por 100.000 registrados para el mismo periodo de 2017. Incluso con los bajos índices de homicidios, Chile ha sido escenario de actos de violencia aleatorios. Un artefacto explosivo que fue detonado en una parada local de autobuses en Santiago, la capital del país, dejó múltiples heridos. Con la probable expansión del crimen organizado en 2019, queda por ver si Chile logrará mantener sus bajos índices de homicidios.

Nicaragua: N/A

En 2017, Nicaragua registró una tasa de homicidios de 7 por 100.000, con 431 homicidios, lo que continuaba una tendencia positiva de reducción de la violencia a lo largo de varios años. En 2018, los índices de violencia se dispararon con la brutal represión de los manifestantes civiles por parte del régimen del presidente Daniel Ortega. Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil han suministrado estadísticas incompletas de los asesinatos. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANDPH) registró en julio al menos 448 muertos y 595 desaparecidos. El grupo no ha divulgado información adicional desde que cerró sus oficinas de Nicaragua en agosto último, debido a las constantes amenazas del gobierno. * Las tasas de homicidios calculadas por InSight Crime se basan en datos parciales sobre homicidios para 2018 y la población total estimada de 2017 para cada país, según la oficina de referencia de población (Population Reference Bureau). Las mismas se actualizarán en cuanto se conozcan las cifras completas para 2018. 

Tregua de pandillas en Ceará señalaría a gobierno de Brasil como enemigo común

El estado de Ceará, en el norte de Brasil, se ha convertido en un campo de batalla luego de que los planes del gobierno de tomar medidas drásticas para controlar las pandillas en las prisiones fueran respondidos con una improbable alianza de grupos criminales, que hicieron gala de su fuerza colectiva mediante decenas de actos de violencia. En la primera semana de la presidencia de Jair Bolsonaro, esto puede sentar un precedente preocupante de la respuesta de las pandillas frente a las medidas de fuerza para meterlas en cintura. La violencia estalló luego de que el nuevo director de la principal cárcel de Ceará, Luis Mauro Albuquerque, anunciara que dejaría de separar la población carcelaria según su filiación a determinadas pandillas y que adelantaría requisas más a fondo, especialmente para eliminar el uso de teléfonos celulares. De implementarse, dichas medidas les dificultaría a los jefes pandilleros en prisión mantener el control de sus operaciones por fuera de las cárceles. La respuesta no se hizo esperar. Los dos principales grupos criminales de Brasil, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC—) y el Comando Rojo (Comando Vermelho) convocaron una tregua con sus rivales locales, Guardianes del Estado (Guardiões do Estado —GDE—) y la Familia del Norte (Família do Norte —FDN—), dos grupos que han tenido nexos con el PCC y el CV.

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Varios mensajes de texto interceptados entre miembros de GDE mencionaban una tregua temporal entre las pandillas, uno de ellos con estas palabras: “convocamos a esta tregua porque debemos hacerlo […] es la intención del estado (que nos matemos entre nosotros). No le daremos gusto al deseo del estado. Recibiremos a nuestros enemigos con la dignidad de los bandidos y esperamos la misma respuesta de ellos”, según recogió El País. El ministro de justicia y seguridad pública, Sérgio Moro, envió unos 400 agentes de policía adicionales a Ceará con el fin de ayudar a controlar la violencia. Hay por lo menos 191 personas detenidas por cargos de vandalismo, desobediencia civil y resistencia a la autoridad. Hasta el momento, no parece que esas medidas hayan contribuido a frenar la violencia. El 9 de enero hubo denuncias de más de 180 actos de violencia en diferentes municipios. Aunque hasta el momento las muertes ocurridas no se han atribuido directamente a estos actos, los pandilleros han atacado la infraestructura con quema de autobuses y vehículos policiales, así como ataques a estaciones de policía, negocios y bancos. Incluso un puente cercano a la capital del estado, en Fortaleza, resultó dañado con explosivos. Sin embargo, la decisión de Moro parece por lo menos tener efectos políticos, pues otros dos estados, Pará y Espírito Santo, también han solicitado el envío de tropas federales para reprimir la criminalidad.

Análisis de InSight Crime

La velocidad con la que se ha propagado la violencia por todo Ceará muestra el poder que siguen ejerciendo los jefes de pandillas en Brasil, incluso tras las rejas. El PCC y el Comando Rojo surgieron como pandillas carcelarias antes de adquirir prominencia nacional e internacional. La alianza entre esos grupos es causa de especial preocupación. Aunque por lo general se han enfrentado por control territorial desde 2016, el PCC y el Comando Rojo habían mantenido una alianza de casi dos décadas. Ahora podrían unirse de nuevo para enfrentar las fuerzas del gobierno. En la región se han observado casos similares, como ocurrió en El Salvador. Allí las pandillas abandonaron progresivamente los enfrentamientos entre sí, para luego unirse con el fin de enfrentar de manera conjunta la represión violenta por parte del gobierno.

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Aunque los motines en Ceará se iniciaron como respuesta a la política local, ahora se considera que la situación es un desafío real a la capacidad de Bolsonaro de “asumir una postura dura”. Su discurso de campaña y desde que asumió la presidencia ha tenido mucho de bravuconería y poco de propuestas concretas, con promesas de darle a la policía licencia para matar a los criminales o de facilitar la posesión de armas a los brasileños comunes. Además de un gabinete repleto de militares. Su ministro de justicia, Sérgio Moro, es considerado una figura más pragmática y goza de una sólida reputación por sus logros en la lucha contra la corrupción en años recientes. Pero este contragolpe coordinado por parte de las pandillas más peligrosas del país durante la primera semana de Bolsonaro en la presidencia puede anticipar tiempos difíciles para él y para Brasil.