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Jamaica responde a ola de violencia con ofensiva de seguridad

El más reciente operativo de seguridad en el área urbana de Jamaica ha terminado con la captura de casi 200 sospechosos en un intento por “cauterizar” las crecientes tasas de inseguridad. Pero la agresiva estrategia puede ser contraproducente para la lucha contra el crimen organizado. El 23 de enero, el ministro de seguridad nacional de Jamaica Robert Montague anunció que las autoridades habían hecho 197 arrestos en la comuna de St. James, donde se encuentra el centro turístico de Montego Bay, en una operación combinada entre policía y ejército luego de la declaracion del estado de emergencia pública la semana pasada, según información del Jamaica Gleaner. Entre los arrestados, Montague anunció la captura de 10 buscados por delitos graves, como homicidio, y otros 83 de quienes se tienen “fuertes sospechas de que están conectados a las pandillas de la comuna”. Se detuvo a dos hombres requeridos por acusaciones penales en Estados Unidos y esperan ser deportados. El estado de emergencia declarado en St. James dio a las fuerzas de seguridad la facultad de hacer arrestos sin orden judicial previa, lo que según dijeron algunos habitantes y expertos legales al Jamaica Gleaner ha dejado a reventar las cárceles locales, cuyas condiciones ya eran precarias. Algunos expertos legales también han cuestionado la lentitud de los tiempos de proceso y el acceso limitado a asesoría legal para los detenidos. Luego de la oleada de arrestos, el ministro de justicia de Jamaica Delroy Chuck anunció la creación de un tribunal especial para atender las apelaciones de los detenidos bajo las facultades concedidas por el estado de emergencia, personalmente o mediante apoderados. Pese a las críticas que en el pasado ha suscitado el uso de estados de emergencia, los funcionarios de gobierno afirman que la operación de St. James tuvo respaldo público. “Pedimos respaldo de la población y estamos recibiendo un apoyo sin precedentes”, comentó Montague en comentarios divulgados por el Miami Herald. “Pedimos a la ciudadanía que nos siga llenando de información. ¡Dígannos dónde están las armas! Dígannos dónde están los pistoleros, los autores de fraudes con la lotería y los delincuentes”. Además de los operativos en St. James, se efectuaron otras redadas en las comunas de St. Ann, St. Mary y Westmoreland, así como allanamientos selectivos en St. Catherine.

Análisis de InSight Crime

Mientras la situación de seguridad en Jamaica sigue deteriorándose en este inicio de 2018 luego de un pronunciado incremento de los homicidios el último año, la decisión del gobierno de redoblar las medidas de mano dura pueden exacerbar los problemas de la nación isleña con el crimen organizado. El ministro de seguridad Montague ha admitido que la estrategia de declarar estados de emergencia “no es una panacea” o “curalotodo”. Antes bien, señaló que el despliegue de fuerzas de seguridad y las oleadas de arrestos “buscan cauterizar la situación, mientras se abre espacio para otras intervenciones sostenibles”.

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Pero en la práctica la ofensiva de seguridad lanzada a finales del año pasado se echó a perder con la implementación precipitada, en ocasiones basada en información poco fiable, que ha despertado dudas sobre su efectividad. Como lo informó InSight Crime, estos operativos también pueden estar desviando la atención de medidas importantes en prevención del crimen, como la iniciativa del país de decomisar las armas ilegales y brindar programas sociales para jóvenes en riesgo. La ola reciente de arrestos en St. James señala preocupaciones adicionales, incluyendo el posible desbordamiento de prisiones y juzgados con la captura de jóvenes en altos números durante los operativos, lo cual podría dar lugar a que las temporadas en la cárcel de más jóvenes dé a las pandillas mayores oportunidades de conseguir nuevos reclutas.

Desarticulación de grupo criminal en Puerto Rico puede desatar guerra entre pandillas

El 18 de enero, las autoridades estadounidenses anunciaron la formulación de acusaciones por delitos de drogas contra 104 presuntos integrantes de un grupo criminal en Puerto Rico, una medida que podría dejar un vacío de poder en el hampa en territorio estadounidense y dar paso a un repunte de la violencia en la isla. Los acusados, todos sospechosos de pertenecer a la pandilla “Menores” o “la nueva sangre”, fueron acusados de nueve cargos, entre ellos distribución de estupefacientes y homicidio. El pliego de cargos afirma que la pandilla Menores se estableció en Bayamón, municipio al suroeste de San Juan, capital de Puerto Rico, luego de que las autoridades federales arrestaron a un gran número de cabecillas de otras pandillas en 2010. Las autoridades señalan que el grupo vendía drogas en las afueras de proyectos de vivienda y distritos de Bayamón y áreas vecinas. Los agentes federal añadieron que los Menores usaban el sistema postal estadounidense para blanquear las ganancias de la venta de estupefacientes comprando giros postales del servicio de correos estadounidense. El pliego de cargos sigue al publicitado arresto y posterior condena del capo puertorriqueño José David Figueroa Agosto, conocido como “Junior Cápsula”, quien en agosto pasado recibió una sentencia de 30 años en una prisión estadounidense. La movida carrera de Junior Cápsula en el narcotráfico —que incluyó un video sexual divulgado públicamente y una fuga de prisión— le valió el título de “Pablo Escobar del Caribe”. Puerto Rico es un punto estratégico para las rutas de narcotráfico, pues una vez en suelo estadounidense, los cargamentos de narcóticos ilegales que se mueven entre la isla y el continente están menos sujetos a inspecciones restrictivas que las importaciones de otros países.

Análisis de InSight Crime

La caída de Junior Cápsula —quien fuera considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del Caribe— junto con el desmantelamiento de las actividades de otras pandillas que operaban en el área de San Juan pueden haber facilitado el aumento de importancia de los Menores. Ahora, la medida contra los cabecillas de los Menores puede crear un vacío de poder similar, que aumente la violencia debida a las drogas con la lucha por el control por parte de una nueva generación de capos puertorriqueños.

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De hecho, la isla sufrió mayor violencia relacionada con drogas luego del arresto de Junior Cápsula, época en la que las tasas de homicidios se dispararon a niveles récord en 2011. Ahora que la policía puertorriqueña y las fuerzas de seguridad siguen lidiando con las secuelas del huracán María, pandillas del crimen organizado puede aprovechar el momento para afianzar su poder. En las dos primeras semanas de 2018 cayeron asesinadas 32 personas en la isla, según una noticia divulgada por Associated Press. En el Caribe se dispararon los índices de actividad de narcotráfico asociados a un boom de la producción de cocaína en Colombia, con movimientos de células criminales locales para afianzar su dominio sobre las rutas que anteriormente controlaban grupos criminales extranjeros.

¿Qué le falta a las estadísticas de la policía sobre delitos?

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Los registros policiales solo nos cuentan la mitad de la historia. Sin embargo, para diseñar políticas de reducción y prevención del crimen hace falta la otra mitad. Pese a ser una fuente importante de información, las estadísticas policiales solo capturan una porción de los delitos debido al subregistro de crímenes [1]. En el caso del Caribe, los crímenes más prevalentes son los más sub-reportados (asaltos y amenazas). Además, las víctimas más vulnerables (mujeres y jóvenes) tienen una menor probabilidad de reportar crímenes. Esto puede llevar a que los tomadores de decisiones opten por respuestas inadecuadas en el diseño de políticas y la distribución de recursos públicos. Las encuestas de victimización, por otro lado, nos permiten medir el fenómeno desde una fuente primaria: las víctimas. Sin embargo, dichas encuestas son conducidas con menor frecuencia en los países del Caribe que en otras regiones del mundo.

*Este artículo fue publicado originalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue editado y publicado con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Con base en encuestas de victimización aplicadas a individuos y empresas, la publicación del BID, Restaurando el Paraíso en el Caribe Combatiendo la Violencia con Números examina los crímenes que no fueron reportados a la policía.

¿Cuántos crímenes no fueron reportados?

Fuente: Sutton y Ruprah, 2017. Nota: los crímenes incluídos son hurto de vehículo, robo en vivienda, robo, hurto y asaltos o amenazas

En promedio, 47 por ciento de los crímenes no fueron reportados a la policía en el CaribeEsto significa que, de cada diez crímenes,  solo “sabemos” de cinco, lo cual tiene enormes implicaciones. El porcentaje de reporte más alto se encontró en New Providence, Bahamas (67 por ciento); mientras que los porcentajes más bajos se observaron en Kingston, Jamaica (39 por ciento) y en Bridgetown, Barbados (43 por ciento). La tasa de reporte de la región es cercana al promedio internacional (49 por ciento), y es significativamente más alta que en las ciudades de América Latina (35 por ciento) para los cinco crímenes examinados en el estudio (hurto de vehículo, robo en vivienda, robo, hurto y asaltos o amenazas).[2] Sólo el 46% de los crímenes en contra de empresas son reportados ante la policía. Los países con las menores tasas de reporte son Belice (20 por ciento) y Barbados (24 por ciento).

¿Qué crímenes no se reportan?

 

Fuente: Sutton y Ruprah, 2017.

Al igual que a nivel mundial, los crímenes más reportados son el hurto de vehículos (84 por ciento) y el robo en viviendas (70 por ciento). Los crímenes menos reportados son los asaltos (48 por ciento) y las amenazas (37 por ciento). [3] Por otro lado, es más probable que las víctimas reporten los crímenes severos que implicaron uso de armas o que generaron lesiones que requirieron servicios médicos. Además, es más probable que la víctima reporte un crimen violento si dos o más delincuentes participaron en el crimen, y si los delincuentes eran extraños para la víctima.

¿Quiénes son los que tienden a no reportar un crimen?

Las mujeres, los jóvenes, y las personas solteras poseen una menor probabilidad de reportar un crimen ante la policía, especialmente si las víctimas conocían a los delincuentes. Sólo el 45 por ciento de los crímenes violentos (robo, asalto y amenaza de asalto) cometidos contra mujeres son reportados en comparación al 54 por ciento de crímenes violentos cometidos contra hombres. Nótese que esto no incluye violencia doméstica y sexual, que generalmente posee un porcentaje de reporte mucho más bajo y que es medida mejor mediante otras encuestas metodológicas. Las víctimas jóvenes (entre 18 y 24 años) sólo reportan el 41 por ciento de casos de crímenes violentos ante la policía.

Implicaciones de políticas

El estudio del número de crímenes que no son reportados nos ayuda a comprender la confianza de la población en la policía y las relaciones de la policía con la comunidad. El incremento del porcentaje de crímenes reportados permite también mejorar la seguridad ciudadana y la igualdad en el sistema de justicia criminal. Pero aún más importante, si solo usamos las estadísticas de la policía para entender el crimen, estaremos diseñando políticas con base en la mitad de la historia. Grupos enteros con alto riesgo de victimización permanecerán sin reconocimiento y sin ser tomados en cuenta. Coincidencialmente, los crímenes más problemáticos no son los que aparecen en las estadísticas procedentes de la policía. Las encuestas de victimización y otras fuentes de datos, como los procedentes de hospitales o las estadísticas de violencia dentro de escuelas, son esenciales para ayudarnos a completar el panorama y desarrollar políticas más ajustadas a la realidad. [1] El sub-reporte es el resultado de que los ciudadanos no denuncien los crímenes ante la policía debido, mientras que el subregistro se ocasiona cuando ciertos crímenes no son registrados por la policía. [2] Los resultados comparativos sobre las tasas de reporte provienen de la Encuesta Internacional de Victimización y son provistos en el apéndice 1.2. de la publicación referida. [3] Para mayores detalles sobre los porcentajes y el número de individuos que reportaron cada uno de los cinco crímenes, vea el Apéndice 1.1 del reporte. *Este artículo fue publicado originalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue editado y publicado con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

La tormenta perfecta: cómo el cambio climático empeora la situación de criminalidad e inseguridad en Latinoamérica

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Una serie de devastadores huracanes en el Caribe y varios sismos en México han causado grandes destrucciones, y una vez más han puesto de manifiesto los impactos que el cambio climático y los desastres naturales repentinos pueden tener sobre el crimen organizado y la seguridad. Con el fin de profundizar en el tema de la relación entre el clima y el crimen, InSight Crime sostuvo una entrevista con Oliver Barrett Leighton, teniente de marina retirado que ha trabajado con el Pentágono en la evaluación de las implicaciones del cambio climático para la seguridad en Latinoamérica y el Caribe.* InSight Crime: ¿Cómo pueden los eventos naturales repentinos y destructivos —como los huracanes que recientemente han azotado el Caribe o los terremotos en México— influir sobre el crimen y la seguridad? Oliver Leighton Barrett: Luego de un desastre hay a menudo una ruptura en la gobernabilidad y en las instituciones, así sea sólo temporalmente, y esto genera oportunidades para los delincuentes, pues saben que habrá un vacío del cual podrán sacar provecho. Cuando las fuerzas de seguridad se concentran en dar respuesta a los desastres y en rescatar a las víctimas, no tienen tiempo para centrarse en los criminales, ya sea que se trate de oportunistas o de grupos del crimen organizado. Un ejemplo muy reciente de esto ocurrió después del huracán Irma. Saint Martin, una pequeña nación isla dividida en un sector holandés y uno francés, fue arrasada por la tormenta. Cuando los vientos menguaron, los saqueadores comenzaron a robar tiendas y casas con toda impunidad. Las fuerzas de seguridad habían recibido la orden de concentrarse no en los saqueadores, sino en salvar vidas. Eso causó mucho malestar entre la población porque sus bienes les fueron robados. Pero los funcionarios tenían que dar prioridad a la manera de utilizar sus limitados recursos de seguridad. Y cuando un país ha sido fuertemente golpeado, como ocurrió recientemente con los sucesivos huracanes, al gobierno le toma tiempo recuperarse.

(Video cortesía de Al Jazeera English)

IC: ¿Qué capacidad tienen los países de Latinoamérica y el Caribe para mantener la seguridad después de un desastre o tras la degradación ambiental relacionada con el cambio climático? OLB: Los Estados débiles o fallidos tienen poca o ninguna capacidad de resiliencia y son incapaces de recuperarse de los factores estresantes. Estas sociedades vulnerables no están preparadas para fenómenos de rápida ocurrencia como los huracanes y los terremotos, y están retrasadas en cuanto al abordaje de la degradación causada por los efectos del cambio climático, como las sequías, la escasez de alimentos y los impactos de estos eventos en sus sociedades. Si hay instituciones y fuerzas de seguridad, débiles o corruptas, cualquier tipo de factor estresante o cualquier golpe al sistema puede causar fallas en la red de seguridad, y el crimen organizado no tardará en aprovechar la situación. Si los criminales son más poderosos que las fuerzas de seguridad, si poseen más dinero y pueden comprar a los políticos, se tienen los ingredientes para empeorar el desastre. IC: ¿Cómo aprovechan los grupos del crimen organizado la inseguridad relacionada con el clima? OLB: Lo que mucha gente no entiende es que los efectos climáticos desastrosos y la escasez de agua y alimentos debida al cambio climático representan una oportunidad para que los grupos del crimen organizado lleguen a donde el gobierno no ha logrado proporcionar un nivel adecuado de apoyo. Dado que la burocracia lleva a que los Estados sean lentos en su respuesta, los grupos del crimen organizado a menudo se descentralizan, lo que les permite aprovechar más rápidamente una situación como la que se presenta tras un huracán o incluso durante un proceso de sequía lento. IC: En una entrevista anterior nos habíamos referido al caso de Honduras tras el devastador huracán de 2010. A raíz de la catástrofe, el grupo criminal Los Cachiros monopolizó la entrega de ayudas y de esta manera blanqueó unos US$ 6,4 millones provenientes de actividades ilegales. ¿Existen otros ejemplos de grupos del crimen organizado que sacan provecho del trabajo humanitario y de socorro? OLB: Un ejemplo por fuera de Latinoamérica es Somalia, donde las milicias se apropiaron de los suministros de alimentos, los distribuyeron entre sus grupos y se beneficiaron de ello, mientras que grandes sectores de la población moría de hambre. Estos grupos criminales tenían las armas, por lo que daban las órdenes. No fue hasta que las fuerzas internacionales llegaron que la situación se estabilizó y las personas pudieron obtener ayuda humanitaria.
“Los efectos climáticos desastrosos y el cambio climático representan una oportunidad para los grupos del crimen organizado”
IC: Además de los riesgos relacionados con fenómenos naturales de rápida ocurrencia como los huracanes, los impactos de progreso lento generados por el cambio climático también están agravando la inseguridad y promoviendo el crimen organizado en países como Venezuela y Brasil. Y en Centroamérica, las prolongadas sequías asociadas con el cambio climático han desplazado las poblaciones de las zonas rurales a las ciudades, donde se concentra la delincuencia. ¿Cuáles son algunos de los impactos de este tipo de migración relacionada con el cambio climático sobre el crimen organizado? OLB: Uno de los peligros de los impactos del cambio climático en Centroamérica es que la migración interna dentro de los países conduce a menudo al reclutamiento de jóvenes por parte de las organizaciones criminales. Los campesinos están abandonando las tierras que ya no son productivas y se están trasladando a otros lugares. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que no tienen otra alternativa para su futuro, bien sea en el campo o en la ciudad? Van a ser fácilmente reclutados por las organizaciones criminales, como los carteles de la droga o las redes de tráfico de personas, las cuales pueden pagarles un salario y darles cierto estatus y orgullo que de lo contrario no tendrían si se quedan en una granja pobre. IC: ¿Cómo puede la comunidad internacional ayudar a Latinoamérica y el Caribe a desarrollar resiliencia frente al cambio climático y los desastres naturales? OLB: La mejor manera como el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional pueden ayudar a los Estados débiles a mitigar estos problemas y desarrollar resiliencia consiste en asesorar y ayudar a los gobiernos a fortalecer sus instituciones y enfrentar la corrupción. Estados Unidos ya está trabajando en estos temas, pero quizá se podría aumentar los recursos destinados para estas iniciativas. IC: ¿Qué pueden hacer los países de Latinoamérica y el Caribe para mitigar los impactos del cambio climático y los desastres repentinos, dadas las limitaciones de recursos y los actuales desafíos en materia de seguridad? OLB: Lo primero que deben hacer los gobiernos es tomar en serio el tema del cambio climático. No hay duda de que hay cambios, independientemente de las causas que se le atribuyan, y los países necesitan desarrollar más resiliencia frente a los eventos de ocurrencia rápida y frente a los impactos lentos del cambio climático.

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Desde el punto de vista económico, los países deben tratar de adelantarse a los impactos del cambio climático, particularmente el aumento del nivel de los mares. Muchos países de Latinoamérica y el Caribe dependen en gran medida del turismo, en especial de las playas y los cruceros. Cuando se acaban las playas debido a la erosión de las costas, y cuando los arrecifes de coral desaparecen debido al aumento de las temperaturas del agua y ya nadie quiere ir a nadar allí, se tiene un verdadero impacto. Los países también deben discutir la manera de fortalecer la infraestructura y hacer cumplir los códigos de construcción que eviten, por ejemplo, las muertes causadas por deslizamientos de tierra o el reciente apagón total en Puerto Rico a causa del huracán Irma. Muchos países del Caribe ya han empezado a discutir sobre cómo prepararse para estos eventos, pero todavía faltan recursos. * Esta entrevista ha sido traducida y editada por motivos de claridad y extensión.

Mal comienzo para nuevo plan de seguridad de Jamaica

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Basado en información falsa y errónea, el gobierno jamaiquino lanzó una nueva iniciativa para cercar a grupos criminales en la que es posiblemente la peor zona urbana, según protestas de los pobladores.

Los residentes de Mount Salem afirman que la policía suministró datos incorrectos sobre homicidios y presencia de pandillas en su barrio, de la parroquia de St. James, al primer ministro Andrew Holness y al principal organismo de seguridad del gobierno —el Consejo Nacional de Seguridad (NSC por sus iniciales en inglés)—, según información recogida por The Jamaica Gleaner. Los residentes explicaron que había cuatro, no 12 pandillas, y que este año ha habido 12 homicidios, no los 54 que alega la policía.

La diferencia es crítica. Holness presentó los datos de la policía el 1 de septiembre, para justificar que se convirtiera Mount Salem en la primera Zona de Operaciones Especiales (ZOSO por sus iniciales en inglés), según el Jamaica Observer. Desde entonces la policía admitió que cometió un error con los datos, pero que el gobierno siguió con el plan, lo cual permite a las autoridades designen un barrio violento como una ZOSO y desplieguen una fuerza conjunta de militares y policías. La fuerza conjunta tiene autoridad para realizar cateos sin orden judicial durante 60 días, a los que siguen supuestamente programas sociales y comunitarios orientados a evitar el delito.

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El NSC sostuvo que “la naturaleza del error no habría afectado la decisión del NSC, puesto que se limitaba a solo uno de los factores usados para clasificar la zona”, según The Jamaica Gleaner. A la vez, el NSC pidió a la policía que “revise sus sistemas de recolección de información, cotejo y notificación”.

Análisis de InSight Crime

En medio de los altos índices de homicidios, las autoridades jamaiquinas parecen más presionadas por emprender acciones que por adoptar una estrategia atenta y estudiada para mejorar la seguridad ciudadana. En este caso, implementaron su plan en el orden inverso. La prioridad del gobierno debe ser claramente definir los puntos calientes. De esa forma sabrán qué recursos deben desplegar y cómo hacerlo. En lugar de eso, avanzaron con base en datos errados no solo en uno, sino en dos factores: homicidios y el número de grupos criminales activos.

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Pese a las alegaciones del primer ministro de que “la siguiente zona de operaciones especiales se declarará con base en inteligencia y planeación cuidadosas”, será difícil recuperar la confianza de la comunidad. Es seguro que la decisión de mantener la ZOSO en Mount Salem aun después de haber admitido públicamente su error señala que el gobierno está dispuesto a adaptar la realidad para que se ajuste a la política en lugar de hacer lo contrario.

Rutas de tráfico sin dueño tras caída de máximo capo del Caribe

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El que fuera considerado el capo más poderoso de República Dominicana y Puerto Rico ha sido declarado culpable y sentenciado a décadas en una cárcel de Estados Unidos, lo que lleva a preguntarse quién tomará la iniciativa para hacer al control del creciente tráfico de drogas en este pequeño pero importante corredor de drogas.

José David Figueroa Agosto, puertorriqueño conocido con el alias de “Junior Cápsula”, fue sentenciado a 30 años de prisión por narcotráfico, según informaron los medios locales el 8 de agosto. La sentencia fue pronunciada por un juez federal estadounidense en mayo, como parte de una negociación de penas, pero hasta hace poco se mantuvieron en secreto los documentos judiciales relevantes.

Un pliego de cargos de 2010 acusaba a Figueroa Agosto del envío de unas 3 toneladas de cocaína colombiana entre 2000 y 2001. Se cree que su organización controló hasta el 90 por ciento del tráfico de narcóticos que pasaban por República Dominicana y Puerto Rico en el punto máximo de su poder. Esto llevó a que eventualmente se llamara al puertorriqueño el “Pablo Escobar del Caribe”, por el estilo de vida derrochador que llevaba, bajo diversas identidades falsas, e incluso por haber recurrido a la cirugía plástica para evadir su captura.

Según el pliego de cargos, Figueroa Agosto compraba cocaína colombiana y la embarcaba directamente desde Colombia o a través de la vecina Venezuela hasta Puerto Rico. Un boletín de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que su grupo también traficó heroína, y en ocasiones usaba yates privados para llevar millones en efectivo, producto de las ventas de narcóticos, de vuelta a República Dominicana.

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Al inicio de su carrera en el negocio de la droga, Figueroa Agosto asesinó a una persona de quien él creía que había robado cocaína, un delito por el que fue condenando a más de 200 años en prisión en 1995. Pero cuatro años después, el ciudadano puertorriqueño salió de prisión por la puerta principal con una orden de liberación falsa, muy probablemente con ayuda de guardias en connivencia con él.

Figueroa Agosto logró ser liberado dos veces más en República Dominicana, al parecer con sobornos a funcionarios, antes de su arresto final en Puerto Rico en 2010. Hubo rumores de que incluso habría sobornado a un candidato presidencial. Y en 2015, el defensor de Figueroa Agosto fue condenado a casi seis años en prisión por lavado de activos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que el abogado usó dinero del narcotráfico para sobornar a funcionarios puertorriqueños con la esperanza de lograr la anulación de la pena original por homicidio.

Análisis de InSight Crime

Más allá de esta pintoresca historia, Figueroa Agosto es uno de los raros ejemplos de un capo surgido del Caribe. Dada la creciente importancia de la región como punto de tránsito de drogas, la salida de Figueroa plantea interrogantes sobre el futuro del panorama criminal en República Dominicana y Puerto Rico, dos de los principales centros del narcotráfico en el Caribe.

El volumen de narcóticos que transita por la región se triplicó, según informes, entre 2009 y 2014, mientras que una serie de decomisos de varias toneladas en 2017 apoyan las cifras oficiales que muestran que se mantiene la tendencia al alza. Hoy en día, se estima que por República Dominicana pasan unas 120 toneladas de cocaína al año. Más aún, el rol del Caribe en el mercado estadounidense también parece haber crecido en los últimos años. En 2012, solo el 5 por ciento de los estupefacientes ingresados a Estados Unidos pasaban presuntamente por el Caribe; para 2015 esta cifra llegaba al 13 por ciento.

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Ninguna figura criminal importante ha surgido públicamente en República Dominicana desde la época de Figueroa. Pero en una reciente investigación en capo en el país, InSight Crime supo que había grupos locales asumiendo mayor control de las rutas de drogas. Esto representaría un fortalecimiento de las células criminales del lugar en un país que por tradición ha estado bajo la influencia de mafias colombianas y mexicanas. También puede representar un posible impulso para el conflicto, si estos grupos locales recurren a la violencia en su intento de mantener o ampliar sus operaciones.

Además, los analistas han sugerido que elementos corruptos en el gobierno —en particular en el ejército y la policía— han incrementado gradualmente su participación en el tráfico de drogas, pasando de facilitadores a traficantes por derecho propio. En 2015, altos oficiales de la policía antinarcóticos dominicana fueron acusados del robo de más de una tonelada de cocaína incautada, y las autoridades indicaron que hasta el 90 por ciento de los casos relacionados con el crimen organizado pueden implicar colusión de las fuerzas de seguridad.

Con los niveles históricos que se estima ha alcanzado la producción global de cocaína, la afluencia de narcóticos, dinero y armas a través de República Dominicana y sus vecinos del Caribe parece abocada al crecimiento. La división de la DEA para el Caribe también le confirmó a InSight Crime que se han descubierto en la isla laboratorios que producen el potente fentanilo opiáceo, lo que puede representar un nuevo fenómeno en el que ha sido por tradición un centro de tránsito.

Restablecimiento de ejército en Haití puede plantear más riesgos de seguridad que soluciones

Haití está restableciendo el ejército que había huido en desbandada después de más de dos décadas, en medio de preocupaciones sobre la inseguridad creciente, en un momento en que el cuerpo de paz de las Naciones Unidas tiene programado retirarse del país a finales de este año. Y aunque los políticos han justificado la medida como un paso adelante en la lucha contra el tráfico de contrabando, las motivaciones reales detrás de la decisión pueden ser políticas.

El reclutamiento para el nuevo ejército lo anunció el Ministerio de Defensa a comienzos de julio y ha enrolado más de 2.200 candidatos en la primera ronda, según información de Haití Libre. Por limitaciones de presupuesto tendrá menos de 500 miembros.

El ministerio de defensa Hervé Denis dijo que la misión del ejército sería luchar contra el contrabando y brindar ayuda en caso de desastres naturales, según el Miami Herald. El ministro sostuvo que el costo del cuerpo se compensará con su impacto en el contrabando proveniente de República Dominicana, que según sus cálculos ocasiona pérdidas en aranceles para Haití entre US$200 millones y US$500 millones al año.

Sin embargo, los críticos han dicho que al proceso de reclutamiento le ha faltado transparencia y se ha hecho en ausencia de una estructura de mando para el cuerpo, según AlterPresse.

Otros han cuestionado la lógica de inversión en un ejército en lugar de dedicar mayores recursos a la Policía Nacional haitiana, con 15.000 agentes. Un informe del secretario general de las Naciones Unidos, publicado en agosto de 2016, observó deficiencias importantes en las mejoras planeadas a la institución, lo que incluye el incremento de sus funciones en el control fronterizo.

Análisis de InSight Crime

Varios expertos consultados por InSight Crime plantearon inquietudes sobre la potencial eficacia del ejército en términos de las medidas propuestas para combatir el contrabando, a la vez que señalan posibles motivaciones políticas en el restablecimiento del cuerpo. Y todos alertaron del riesgo de que se repita la historia de violencia y abusos del ejército en Haití.

“Enviar a la frontera soldados mal pagos y mal entrenados a enfrentar una trama de corrupción masiva parece una misión abocada al fracaso”, observó Jake Johnston, investigador asociado del Centro para la Investigación Económica y de Políticas (CEPR), quien ha hecho amplia investigación y estudios sobre Haití.

No cabe duda de que un marco fiscal inadecuado y la corrupción en un organismo de aduanas ineficiente son las dos causas principales del contrabando a lo largo de la frontera; no la falta de presencia militar.

“La iniciativa de restablecer el ejército no es una iniciativa racional, en respuesta a las necesidades de Haití, sino ideológica”, comentó a InSight Crime.

“Este es un partido con estrechas conexiones con la antigua clica duvalierista y militarista que había gobernado a Haití por décadas y cuyo poder e influencia se vio amenazada por gobiernos anteriores. Sería difícil que el gobierno le volviera la espalda a su fuente de control ahora que está en el poder”, señaló el investigador del CEPR, en referencia a los gobiernos de François “Papa Doc” Duvalier y su hijo Jean-Claude, también conocido como “Baby Doc”. La dinastía política autoritaria, que se extendió de las décadas de 1950 a 1980, fue asociada con el uso de las fuerzas armadas como instrumento de represión política, un hecho que contribuyó a la decisión del entonces presidente Jean-Bertrand Aristide de desmontar el ejército en 1995.

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Los comentarios de Johnston repetían los de Brian Concannon, director ejecutivo de la organización de abogados defensores Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití (IJD, por sus siglas en inglés).

“No he visto nada que indique que el ejército haría un mejor trabajo que la policía civil en la vigilancia de las fronteras o la respuesta ante desastres naturales”, concluyó Concannon.

Añadió que otros ejemplos de iniciativas de militarización de la seguridad en todo el continente americano indican que un mejor procedimiento puede ser el refuerzo de la policía civil antes que la creación de una nueva institución castrense.

“Eso es especialmente cierto si se considera la historia de corrupción y falta de ética profesional en el ejército haitiano”, dijo el abogado de derechos humanos a InSight Crime.

Concannon también señaló que hay motivos políticos en juego, cuando afirmó que el ejército ayudaría al gobierno “a ejercer control sobre sus opositores políticos”, lo que se evidencia en “la propuesta inicial de ejército del [ex] presidente [Michel] Martelly, que incluía de manera específica el espionaje a periodistas y otros, a las actuales iniciativas de reclutamiento de soldados antes incluso de que hubiera mucha estructura”.

Es interesante que tanto Concannon como Johnston notaron factores socioeconómicos subyacentes detrás del respaldo del público al ejército y el interés al parecer generalizado en el reclutamiento.

“Esto ha ganado cierta adherencia adicional por el alto grado de desempleo entre los jóvenes, donde cualquier oportunidad de ingreso fijo es bienvenida. También, dado que la gran mayoría de la población haitiana es bastante joven, muchos no tienen la experiencia histórica que tienen otros del ejército haitiano y sus acciones represivas”, explicó Johnston.

“La gente se está enrolando porque están desesperados por empleos y sentido”, agregó Concannon, y advirtió que “una vez que [los miembros del nuevo ejército] tengan la posición, harán lo que sea necesario para ese estatus”.

Jamaica tomará enérgicas medidas de seguridad debido al aumento en los asesinatos

Debido a un aumento en los asesinatos, Jamaica ha aprobado una ley que les permite al ejército y la policía lanzar operaciones especiales en zonas de alta criminalidad, pero esta agresiva estrategia de seguridad es contraria a las medidas preventivas y puede dar pie a abusos por parte de las fuerza de seguridad.

El 19 de julio, Jamaica promulgó la Ley de Zonas de Operaciones Especiales (ZOSO por sus iniciales en inglés), que le da al primer ministro la facultad de declarar zonas para operaciones especiales en áreas donde se han identificado altas tasas de criminalidad, presencia de pandillas y violencia, con el asesoramiento del Consejo de Seguridad Nacional, informó el Jamaica Gleaner.

Después de que se establezcan dichas zonas, un comando conjunto de fuerzas policiales y militares tendrá la autoridad para establecer un “cordón alrededor o dentro de la zona” por un período no superior a las 24 horas, o un “toque de queda […] que no exceda las 72 horas”, durante el cual los ciudadanos deben permanecer en sus casas.

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Además, el comando conjunto “podrá inspeccionar cualquier lugar, vehículo o persona dentro de la zona, sin que medie una orden judicial”, si existe la sospecha de que se ha cometido un crimen, o que se podría cometer. Durante las inspecciones, las autoridades pueden confiscar cualquier “vehículo, artículo o documento” que pueda resultar “de valor sustancial” para las investigaciones, con pocas excepciones.

Mientras realizan las operaciones en dichas zonas, los agentes deben registrar todas sus armas ante el Ministerio de Seguridad Nacional y están obligados a portar cámaras en sus uniformes.

Algunas de las medidas de la ley ZOSO también buscan mejorar aspectos sociales. Después de que un área haya sido declarada zona especial, el ministro establecerá un Comité de Intervención Social para evaluar las necesidades de la zona, crear un plan de desarrollo socioeconómico y ayudar a implementar programas de intervención del gobierno.

Análisis de InSight Crime

Dado que la tasa de homicidios de Jamaica podría alcanzar su nivel más alto en los últimos siete años, el país parece debatirse entre dos estrategias de seguridad diferentes. Por un lado, programas sociales, como cursos de formación dirigidos a estudiantes en riesgo, y, por el otro, iniciativas policiales, como la campaña “Incautemos Armas” (“Get the Guns”), lanzada en 2015 para interceptar armas de fuego ilegales, son estrategias que buscan abordar las causas de raíz de la creciente inseguridad.

Pero si bien la ley ZOSO incluye medidas preventivas, es además un giro hacia tácticas más agresivas, que incluye el despliegue de los militares en las calles. El uso de la fuerza excesiva por las fuerzas de seguridad jamaiquinas es ya un problema grave, y la nueva ley podría facilitar las violaciones de los derechos humanos de los civiles.

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Canute Thompson, director del Centro del Caribe para la Planificación Educativa, considera que las nuevas medidas de seguridad son “anticuadas”, y que sólo son “pañitos de agua tibia” para las zonas vulnerables, en lugar de representar un plan de “reducción sostenible”.

Motín e incendio en cárcel de Guyana generan crisis de seguridad

Un masivo motín en una cárcel de la capital de Guyana durante el pasado fin de semana podría tener serias consecuencias sobre la situación de seguridad general del país, a la vez que pone de relieve los bien conocidos defectos de los sistemas penitenciarios de la región.

El 9 de julio, los reclusos incendiaron la prisión de Camp Street en Georgetown como parte de una fuga planeada que dejó como resultado la destrucción de las instalaciones, causando heridas a dos presos y la muerte de un policía, y permitiendo la fuga de tres internos, según informó Caribbean360.

El resto de los mil reclusos de la cárcel fueron trasladados temporalmente a la prisión de Lusignan en las afueras de la ciudad, pero las autoridades todavía están intentando buscar una ubicación permanente para los presos.

Según el ministro de Seguridad Pública, Khemjar Ramjattan, el gobierno ha confirmado el traslado de 300 internos a otras cárceles, pero aún se debe encontrar la ubicación permanente para los otros 700.

“Estamos en medio de una gran crisis”, dijo.

Para empeorar la situación de seguridad, el incendio en la cárcel destruyó miles de registros de condenas y órdenes de arresto, que según las leyes de Guyana deben ser conservados por las prisiones, con el fin de mantener la vigilancia sobre los presos, según informó Guyana Guardian.

Como resultado —y dada la inexistencia de huellas dactilares, datos fotográficos u otras pruebas para determinar quién ha sido condenado o no— el gobierno puede verse obligado a liberar a unos 500 presos.

Análisis InSight Crime

El destructivo motín en la prisión de Camp Street de Guyana permite demostrar que los sistemas penitenciarios del Caribe son igual de susceptibles a los sistémicos problemas de infraestructura y hacinamiento que abundan en las cárceles del resto de la región. Las autoridades de Guyana ya conocían sobre los defectos de seguridad relacionados con esta prisión. El año pasado, un violento motín similar dejó como resultado 17 internos muertos y al menos cinco heridos allí mismo.

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En ese momento, la prisión ya sufría de hacinamiento, albergando 984 presos en una instalación diseñada para 600. Ahora que la prisión más grande del país ha sido destruida, es probable que se empeore el hacinamiento en el resto de las cárceles del país, dado que las autoridades están buscando lugares para ubicar a los internos desplazados.

Además, si de hecho el gobierno se ve obligado a liberar a un gran número de internos, es probable que el flujo de convictos que ingresen a la sociedad represente un dolor de cabeza de seguridad para el país, que ha demostrado su falta de capacidad en la lucha contra el crimen organizado y previamente ha sido llamado un “narco-Estado“.

El más reciente informe sobre criminalidad y seguridad, publicado por el Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero (OSAC por sus iniciales en inglés), del Departamento de Estado de Estados Unidos, se refiere a Guyana como una “grave amenaza en cuanto al crimen”.