Jefe antidrogas dominicano es acusado de robar cocaína

El jefe de la policía antinarcóticos de República Dominicana ha sido acusado de robar más de una tonelada de cocaína, lo que ha llevado a señalar a la institución de ser tan corrupta que se ha convertido en una de las principales bases de operación del narcotráfico en el país.

El pasado 12 de enero, Carlos Fernández Valerio, jefe de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican) del país, fue acusado de robar 1,2 toneladas de cocaína. Los cargamentos de droga habían sido incautados durante varias redadas policiales pero nunca fueron presentados como evidencia.

Durante la acusación también fueron nombrados dos fiscales, un coronel de la policía, algunos oficiales de policía y varios civiles, según informó El Nuevo Diario.

El escándalo se dio a conocer en diciembre de 2014, cuando investigaciones sobre alijos de cocaína extraviados condujeron a la suspensión de Fernández, y finalmente a su arresto.

Según informes de El Nacional, se cree que Fernández encabeza un grupo de al menos 21 funcionarios corruptos que robaban cargamentos de drogas y los revendían a narcotraficantes transnacionales o a traficantes locales que abastecían al mercado dominicano.

A raíz del escándalo, un senador dominicano señaló a la Dican como el cartel de microtráfico más grande del país, y otro senador solicitó que la agencia fuera clausurada.

Análisis de Insight Crime

Las fuerzas de seguridad dominicanas no han sido ajenas a los escándalos de corrupción. Tanto la policía como los militares han estado previamente implicados en el narcotráfico transnacional y en el microtráfico.

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Sin embargo, generalmente en dichos incidentes se han visto implicados funcionarios de niveles bajos y medios que han sido sobornados por los traficantes.

Por el contrario, el escándalo más reciente involucra a los propios líderes de la agencia encargada de detener el flujo de drogas a través del país, que es un punto clave de tránsito para la cocaína suramericana enviada a Estados Unidos. También involucra a fuerzas de seguridad corruptas, las cuales llevan a cabo sus propias operaciones de robo y reventa en lugar de aceptar sobornos de las organizaciones criminales. Dada la cantidad de cocaína de por medio, es probable que la red criminal de la Dican hubiera estado percibiendo grandes ingresos.

Si las denuncias resultan ser ciertas, la corrupción en la Dican habría ido mucho más allá de los niveles bajos, que es el tipo de corrupción que usualmente penetra en las agencias de seguridad en toda la región, y estaría inhabilitada para continuar desempeñando sus funciones.

Jamaica ha avanzado en el control de armas, pero sigue teniendo problemas de seguridad

El gobierno de Jamaica anunció que las incautaciones de armas ilegales han aumentado gracias a una iniciativa de largo alcance para el control de armas; sin embargo, si las autoridades desean tener las armas bajo control, se necesitará una respuesta más coordinada frente a la violencia y la inseguridad.

El ministro de Seguridad Nacional de Jamaica, Robert Montague, anunció que entre el 1 de enero y el 11 de marzo de este año, las autoridades confiscaron 161 armas ilegales y 1.684 cartuchos, en comparación con 118 armas y 1.592 cartuchos confiscados en el mismo período el año pasado.

El decomiso de armas hace parte de la campaña “Get the Guns” (“tomemos las armas”) que Jamaica puso en marcha a finales de 2015.

El programa pretende interceptar las armas ilegales que ingresan a la isla y quitarles las armas a los criminales, así como ofrecerles a los ciudadanos recompensas financieras por información sobre las armas ilegales. Hasta ahora, el programa ha permitido incautar más de 1.000 armas de fuego y 13.000 cartuchos, informó el Jamaica Gleaner.

Según el ministro Montague, el gobierno también está trabajando en una revisión de las leyes para otorgar licencias de armas de fuego (Firearms Licensing Authority, FLA), con el fin de evaluar cuál es la mejor manera de restringir la posesión de armas y garantizar que los propietarios de armas legales reciban las aprobaciones y los entrenamientos adecuados.

Montague también anunció que el gobierno está adoptando una nueva tecnología de balística forense conocida como Bullettrax.

“No podemos erradicar el flagelo de la delincuencia y los asesinatos en Jamaica, a menos que superemos nuestros problemas de armas. Es por eso que hemos asumido seriamente la misión de abordar el problema exhaustivamente y desde varios frentes”, dijo el ministro en comentarios publicados por el Jamaica Gleaner.

“Ello implica mejorar nuestras capacidades forenses y de balística. Estamos en la era de la tecnología, y Jamaica está comprometida con la utilización estratégica de la ciencia y la tecnología en su lucha por crear un Jamaica más seguro y más próspero”, agregó.

Análisis de InSight Crime

El crimen y la violencia son problemas graves en Jamaica, y la disponibilidad de armas de fuego desempeña un papel significativo en cuanto a la inseguridad, especialmente en áreas donde las pandillas ejercen un poderoso control sobre las comunidades vulnerables.

Según comentarios del entonces comisario de policía de Jamaica, Carl Williams, durante el lanzamiento de la campaña “Get the Guns”, las armas de fuego se utilizaron en el 75 por ciento de los asesinatos entre 2005 y 2015, dejando 10.000 muertos como resultado. Otras 9.000 personas recibieron heridas por disparos con armas de fuego, y se utilizaron armas para cometer 1.200 violaciones durante ese mismo periodo.

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En este contexto, todos los esfuerzos por confiscar las armas ilegales, controlar el tráfico de armas y endurecer las restricciones al acceso a las armas legales deben considerarse medidas potencialmente beneficiosas. Sin embargo, no siempre hay una relación directa entre el control de armas y la inseguridad, y estas medidas por sí solas no serán suficientes para combatir los crímenes con armas de fuego en Jamaica, cuyas raíces son mucho más profundas que el simple acceso a las armas.

Para reducir significativamente los crímenes con armas de fuego en Jamaica, las estrategias de control de armas deben ir acompañadas de estrategias para controlar a las bandas armadas, combatir la corrupción y mejorar la eficacia de las instituciones de seguridad y judiciales, además de abordar las condiciones subyacentes de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades en las zonas deprimidas de Jamaica.

Pandillas de Trinidad y Tobago extorsionan proyectos de obras públicas

Autoridades de Trinidad y Tobago dicen que las pandillas son las responsables de la extorsión descontrolada a los contratistas que ejecutan proyectos de obras públicas, lo que pone en relieve las diversas maneras en que los grupos criminales pueden explotar esta fuente de financiación estatal para su propio beneficio.

El ministro de Obras y Transporte, Rohan Sinanan, declaró que los grupos criminales están exigiendo a los contratistas de la construcción y mantenimiento vial que paguen un “impuesto de cobardía”, informó el Trinidad Guardian.

“Hay algunos elementos criminales que están amenazando a los contratistas”, comentó Sinanan. “Y esto sucede por toda Trinidad. Esto pasa desde hace un tiempo”.

Una fuente cercana a la Asociación de Contratistas de Trinidad y Tobago declaró al Trinidad Guardian que las pandillas entregan a los contratistas listas de las personas que ellos quieren que trabajen en los proyectos. Los cabecillas de la pandilla supuestamente cobran US$3.000 por cada nombre en la lista.

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“La mayoría de las veces los nombres de la lista son personas asociadas con una pandilla”, señaló la fuente. “Estos pandilleros simplemente entrarían al trabajo y no harían nada. Otros no vendrían en absoluto y cobrarían un salario al final de la semana. Operan como una pandilla fantasma”.

La fuente dijo que los contratistas también deben pagar a las pandillas para garantizar que no dañen su equipo una vez se termine el proyecto, “así que hay extorsión por todas partes”.

Un contratista que no tenía ni la capacidad ni el deseo de pagar la extorsión fue presuntamente obligado a abandonar un proyecto el mes pasado luego de recibir amenazas de muerte.

Análisis de InSight Crime

Este caso ilustra una de las múltiples formas como los grupos criminales y los funcionarios corruptos pueden infiltrarse en el proceso de concesión y ejecución de proyectos de obras públicas. Incluso en Trinidad y Tobago, donde no se reconoce una presencia fuerte del crimen organizado, las disputas entre pandillas que compiten por proyectos de desarrollo comunitario han llevado a explosiones de violencia en el pasado.

En otros lugares de Latinoamérica, en especial la región del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador), los contratos de obras públicas representan una gran parte de la corrupción en la que están implicadas las élites políticas.

En El Salvador, los contratos del estado parecen haber sido un elemento central de negociaciones secretas entre cabecillas de las pandillas y representantes del gobierno. Un video divulgado el año pasado muestra al actual ministro del Interior de El Salvador, Aristides Valencia, ofreciendo a los cabecillas de Barrio 18 y MS13 hasta US$10 millones en microcréditos para empresas dirigidas por las pandillas y sus familias. Aunque no está claro qué pidieron a cambio las autoridades, Valencia ya había sido grabado discutiendo un pacto electoral con los cabecillas de las pandillas en la precampaña a la elección presidencial de 2014.

Entretanto en Honduras, un cabecilla del clan narco de los Cachiros recientemente declaró en un juzgado de Estados Unidos que el expresidente Porfirio Lobo otorgó a su grupo contratos oficiales a cambio de cientos de miles de dólares en sobornos.

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Pero en ningún lugar los contratos de obras públicas estuvieron tan estrechamente ligados a la corrupción como en Guatemala. Era rutinario que los funcionarios usaran contratos sin licitación para comprar y vender favores políticos, y en el proceso ayudaron a crear un estado mafioso que solo se desmontó recientemente.

Trinidad busca frenar reclutamiento por parte de pandillas y grupos terroristas

Las autoridades de Trinidad y Tobago están tomando medidas para evitar que jóvenes musulmanes salgan del país y se unan a grupos terroristas, lo que pone en relieve la lucha que libra el país para evitar que sus jóvenes ingresen a las filas de organizaciones dedicadas a la violencia.

Funcionarios de gobierno del país caribeño creen que hasta 125 combatientes han viajado a Medio Oriente para unirse al autoproclamado Estado Islámico (EI) en los últimos cuatro años, informó The New York Times. La cifra pone a Trinidad y Tobago, un país de 1,3 millones de personas, como el mayor centro de reclutas per cápita para el EI en el hemisferio occidental.

A las autoridades estadounidenses les preocupa que el país pueda convertirse en un semillero de extremistas, que puedan regresar de Oriente Medio y atacar a ciudadanos estadounidenses en Trinidad, o incluso llegar a Estados Unidos por la ruta de Miami, que se encuentra a solo tres horas y media de vuelo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, habló hace unos días con el primer ministro trinitense, Keith Rowley, sobre terrorismo y amenazas para la seguridad, según declaraciones dadas por un vocero de la Casa Blanca a The New York Times.

En contraste con las leyes de muchos otros países, el EI no está prohibido por ley en Trinidad y Tobago. Esto significa que los trinitenses pueden viajar y recibir entrenamiento con combatientes del EI y luego regresar a la isla y seguir cobijados por los derechos y privilegios de cualquier otro ciudadano.

Pero se dice que el gobierno está implementando medidas más fuertes contra el terrorismo. Las autoridades han reforzado la vigilancia y el seguimiento a los movimientos islamistas en el país, mientras que los legisladores presentaron un proyecto de ley para abrir procesos judiciales a personas que envíen dinero a combatientes del EI en el exterior. Al tiempo, las autoridades estadounidenses han estado compartiendo inteligencia con el gobierno de Trinidad, con la esperanza de impedir la posibilidad de nuevos reclutamientos.

Análisis de InSight Crime

El hecho de que el EI esté reclutando presuntamente a jóvenes trinitenses lleva a preguntarse por qué se sienten inclinados a ingresar a las filas de organizaciones ilícitas.

No cabe duda de que el Estado Islámico no es el único actor violento que busca reclutar a jóvenes trinitenses. El país alberga una infinidad de pandillas criminales, que han florecido como resultado del incremento de las operaciones de contrabando y narcotráfico en todo el Caribe y del deterioro de las condiciones sociales y económicas de la vecina Venezuela, lo que presuntamente incrementó el flujo de armas a la nación isleña.

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Además, el EI no es el primer movimiento islámico que intenta atraer trinitenses. A lo largo de su historia, el país ha sido terreno fértil para movimientos islamistas radicales, el más famoso de ellos, el Jamaat al Muslimeen, trató de derrocar al gobierno en 1990, lo que convierte a Trinidad en el único país del hemisferio occidental que ha padecido una insurgencia islámica.

Tanto las células islamistas como las pandillas criminales han tratado de reclutar a los jóvenes del país, que por lo general son jóvenes desempleados de condición humilde con pocas oportunidades en un país rico en hidrocarburos, cuya economía ha sufrido a raíz de la caída en los precios del petróleo.

En la actualidad, el EI parece estar recurriendo a tácticas similares. El grupo se ha forjado un discurso que se basa en las condiciones estructurales que han marginado históricamente a los musulmanes trinitenses, y se dirige a los mismos grupos poblacionales de los que se han nutrido otras organizaciones criminales en el pasado.

Las autoridades trinitenses “deben estar en capacidad de entender cuáles son las condiciones que pueden predisponer a las personas a la radicalización y con ello poder tomar medidas para intentar evitar que eso ocurra antes de que las personas tomen ese camino”, declaró al New York Times el almirante de la marina Kurt Tidd, oficial del Comando Sur de Estados Unidos.

Caóticas cárceles de Haití son símbolo del corrupto sistema de justicia

Un reciente informe de Associated Press describe las horribles condiciones a las que se ven sometidos los presos en las cárceles de Haití, lo cual ofrece nuevas evidencias de que, como muchos otros aspectos del sistema de justicia de la nación isla, las prisiones son completamente inadecuadas.

Este 20 de febrero, la representante especial de Haití para la Secretaría General de las Naciones Unidas, y directora de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, Sandra Honoré, llamó a las autoridades a tomar medidas urgentes para abordar el tema de la situación penitenciaria de la isla, señalando que 42 presos ya han muerto en lo que va corrido de este año.

Al menos 21 de estas muertes ocurrieron en la prisión de la capital del país, Port-au-Prince, en el mes de enero, informó Associated Press como resultado de una investigación sobre las terribles condiciones de las cárceles de Haití.

Los centros penitenciarios de la isla tienen la mayor tasa de hacinamiento en el mundo, que se estima en el 454 por ciento, según datos del Instituto para la Investigación de la Política Criminal, de la Universidad de Londres, incluidos en la investigación. Un 80 por ciento de los 11.000 internos se encuentran en prisión preventiva, lo que significa que no han sido condenados por ningún delito. Un informe elaborado en el año 2014 por el London Evening Standard señaló que era frecuente que los presos permanecieran recluidos durante tres años antes de ser juzgados.

Además, el Estado carece de los fondos suficientes para proporcionarles a los internos agua potable, alimentos aptos para su consumo y estructuras sanitarias adecuadas. Como resultado, los presos sufren de desnutrición generalizada, y a veces mortal, así como de enfermedades infecciosas.

Uno de los médicos fundadores de una organización no gubernamental que trabaja para mejorar las condiciones de vida en las prisiones le dijo a Associated Press que en las cárceles de Haití se está presentando el “mayor índice de muertes prevenibles que [él había] presenciado en ninguna otra parte del mundo”.

El informe también señala que estas condiciones son fuente de corrupción, pues muchos presos ven en los sobornos a los jueces la única manera de salir de un sistema carcelario cuya elevada tasa de mortalidad ha llevado a Danton Léger, fiscal principal de Haití, a financiar abundantes entierros de los presos.

“Estos hombres se ven obligados a vivir como animales allí. Pueden al menos ser enterrados como personas”, le dijo el funcionario a Associated Press.

Análisis de InSight Crime

La investigación de Associated Press es la más reciente evidencia de los serios problemas del sistema penitenciario de Haití, así como de su sistema judicial en general. El calamitoso estado de las prisiones indica que la nación isla no está preparada para desarrollar programas de rehabilitación que puedan ayudar a detener la reincidencia criminal, o asegurar que se administre una justicia imparcial.

Los problemas del sistema de penitenciario de Haití no son propiamente nuevos. En octubre de 2016, Reuters informó sobre una fuga masiva, mediante la cual 170 reclusos escaparon, matando a un guardia y robando varias armas de fuego. Este incidente no es un caso aislado; InSight Crime ya había informado que una fuga de 300 reclusos en 2014 era una muestra de las deficiencias del sistema penitenciario.

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El sistema penitenciario también simboliza las deficiencias del sistema de justicia de Haití, cuya falta de capacidad ha dado lugar a la impunidad generalizada. Una serie de importantes políticos de Haití, entre ellos el actual presidente Jovenel Moïse, han sido sospechosos de varios crímenes, pero nunca han sido enjuiciados en la isla, una tendencia que señala serias debilidades institucionales. 

Autoridades de las Bahamas culpan a pandillas por sangriento comienzo de 2017

Una oleada de asesinatos relacionados con pandillas en las Bahamas ha obligado a desplegar al ejército en las calles, un hecho preocupante en un país donde la violencia está llegando a niveles críticos.

Según Tribune 242, en el archipiélago caribeño de aproximadamente 388.000 habitantes ya se han presentado al menos 27 asesinatos desde principios de este año, siete de ellos durante el pasado fin de semana en Nassau, la capital del país. Si la violencia continúa a estos niveles, la cifra de asesinatos a finales de 2017 llegaría a los 224 —lo que equivale a una tasa de homicidios de 57,77 por cada 100.000 habitantes—.

La ola de crímenes ha llevado al gobierno a desplegar el ejército en las calles para prestar ayuda a la policía. El ministro de Seguridad Nacional, Bernard Nottage, anunció el 15 de febrero esta medida de seguridad y otras más, como el incremento de los patrullajes a pie, los cierres de emergencia de lugares públicos, y redadas en los “focos de delincuencia”, así como la creación de una unidad de incautación de armas.

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El ministro Nottage atribuye la mayoría de los asesinatos a enfrentamientos entre un pequeño grupo de “delincuentes violentos […] relacionados con pandillas, armas y drogas”.

Pero los sangrientos acontecimientos de este año han generado respuestas diversas. Según Caribe 360, el primer ministro Perry Christie se refirió el 13 de febrero a esta situación como “una reminiscencia del salvaje Oeste”, cuando la respuesta del Estado consistió en “inundar las calles de oficiales”.

Ese mismo día, sin embargo, el comisario de la policía Ellison Greenslade le dijo a la prensa: “Es una mentira decirle al pueblo de las Bahamas y al mundo en general que las Bahamas está en crisis; eso no tiene sentido”. Señaló que los asesinatos han sido cometidos por jóvenes que “se han descarrillado de nuestra sociedad”, y aseguró que los ciudadanos de bien no deben temer a los ataques.

Análisis de InSight Crime

Las Bahamas no es considerado un centro importante de actividad criminal, pero si la tasa de homicidios continúa al ritmo actual, sería comparable a la de países como Honduras, que ha sufrido durante mucho tiempo de una inseguridad rampante, debida en gran parte a la fuerte presencia de las pandillas en el país.

Los enfrentamientos entre las pandillas están a menudo relacionados con las drogas, y el tráfico de estupefacientes es una de las preocupaciones del país caribeño. Situado a sólo 50 millas de las costas de Estados Unidos, sus 700 islas y cayos hacen de las Bahamas un excelente punto de tránsito para bienes ilegales.

La crisis de seguridad también da cuenta de las dificultades de las autoridades para hacer frente a los brotes de violencia. Los mensajes contradictorios emitidos por las instituciones del Estado son un indicio de que el gobierno no tiene una posición unificada frente a los asuntos de seguridad. Los agentes de policía suelen ser blanco de los ataques violentos, como lo demuestra el asesinato de dos oficiales hace apenas unos días. Este factor podría entorpecer la capacidad de la policía para combatir a los grupos criminales.

Red de tráfico de cocaína destaca papel de Puerto Rico como punto de tránsito

Diez personas, incluidos varios empleados aeroportuarios, han sido arrestadas por traficar 20 toneladas de cocaína de Puerto Rico a Estados Unidos desde 1998, un recordatorio de la importancia de este territorio que muchas veces se pasa por alto como punto de transitos de narcóticos.

El 13 de febrero, las autoridades estadounidenses y puertorriqueñas arrestaron a diez personas en una operación policial encubierta contra un grupo traficante de cocaína, según Hoy Los Ángeles. Una operación policial anterior, en noviembre de 2016, terminó con la captura de otros dos sospechosos pertenecientes a la red.

Seis de los integrantes eran empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA por sus iniciales en inglés) y estaban a cargo del proceso de  de revisión de equipaje. Otros más trabajaban para empresas de seguridad privada o como manipuladores de equipaje en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, según la acusación formal de Estados Unidos (pdf).

El grupo contrataba “mulas”, o traficantes humanos de menor nivel, para asegurarse de que su equipaje abordara sin ser revisado. La acusación formal de Estados Unidos indica que podían abordar un vuelo hasta cinco mulas por vez, registrando dos piezas de equipaje, cada uno con diez a quince kilos de cocaína.

Las autoridades estiman que el grupo movió cerca de 20 toneladas del narcótico entre 1998 y 2016, por un valor total de US$100 millones.

Los detenidos afrontan cargos de tráfico de cocaína a Estados Unidos. Los seis exempleados de la TSA tienen acusaciones adicionales por aceptar sobornos.

Análisis de InSight Crime

La desarticulación de esta red de tráfico de cocaína es una nueva evidencia del papel de Puerto Rico como punto de tránsito de estupefacientes con destino a Estados Unidos.

Debido al incremento de los decomisos de drogas en los últimos años, en 2015, el gobierno federal estadounidense produjo su primer plan antinarcóticos para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Sin embargo, no es claro si la ayuda estadounidense ha tenido un impacto importante en el negocio de la droga en Puerto Rico. Las autoridades confiscaron casi dos toneladas de cocaína en noviembre de 2016, la mayor incautación de sustancias ilícitas de su historia.

El incremento del contrabando de narcóticos por Puerto Rico se debe a la mayor presión en República Dominicana, que motivó el cambio de las rutas de tráfico, según el Balance Nacional de Amenazas por Drogas 2015 de la Administración para el Control de Drogas  de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en ingés).

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Parte importante de la cocaína que pasa por Puerto Rico se vende a consumidores del país. Según el informe anual de la DEA de 2016, entre 70 y 80 por ciento de la cocaína que llega a la isla se envía a Estados Unidos; el resto se consume en el mercado local.

Exmilitares atracadores revelan corrupción en fuerzas de seguridad de RD

El caso de un grupo de atracadores de banco en República Dominicana, liderado por un exmilitar, genera preocupaciones acerca de la corrupción y criminalización de las fuerzas de seguridad del país.

El exteniente del ejército John Percival Matos, líder de la estructura criminal, utilizó su entrenamiento militar para planear los ataques a tres bancos entre agosto y diciembre del 2016. De acuerdo con las autoridades, el grupo logró apropiarse de más de US$200.000.

Percival Matos murió el 28 de diciembre durante una operación de policía en la que se intentaba captuarlo, dos días después del último robo del grupo, informó Dominican Today.

La fiscalía le ha imputado cargos a otros cuatro sospechosos, incluido un mayor del ejército que le proveía armas al grupo, en cargos de asociación criminal, robo agravado, homicidio, intento de homicidio, entre otros crímenes.

Aunque las autoridades eventualmente lograron investigar a los acusados, la opinión pública ha sido muy crítica, debido a que policías corruptos habrían liberado a uno de los miembros en diciembre.

El 12 de diciembre, las autoridades arrestaron a Brayan Peter Félix Paulino por manejar una motocicleta sin los documentos legales necesarios, informó Listin Diario.

Brayan –a quien ahora se le describe como el encargado de llevar a cabo los robos bancarios mientras que sus compañeros se encargaban de la fuga– fue entregado a la división criminal de la policía nacional para que se revisaran sus posibles antecedentes.

Pero 24 horas después de su arresto, el individuo fue dejado en libertad y se le permitió retirarse con su motocicleta que le había sido decomisada. Después de un segundo arresto a principios de enero 2017, Brayan confesó haber sobornado a los agentes de policía con 20.000 pesos dominicanos (aproximadamente US$430) por su libertad y 5.000 pesos adicionales (alrededor de US$90) para retirarse con su vehículo. Trece días después, habría participado en el último robo bancario del grupo, utilizando la misma motocicleta.

Las autoridades dominicanas han iniciado una investigación interna para descubrir las identidades de los policías que aceptaron los sobornos.

Análisis de InSight Crime

En medio de la preocupación por la creciente presencia del crimen organizado en República Dominicana, estos hechos sirven como un recordatorio acerca de los peligros de la corrupción dentro de las instituciones de seguridad.

Los informes indican que la experiencia militar de dos miembros de la banda fue fundamental para la planeación y robo de los bancos. Los sospechosos no serían los primeros miembros de las fuerzas armadas de República Dominicana en aprovecharse de sus conocimientos militares para cometer crímenes. Anteriormente, se han presentado casos de tráfico de armas y drogas por parte de soldados.

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Adicionalmente, la corrupción en la policía parece haber agravado el caso del robo bancario de los exsoldados. Sin embargo, la criminalidad en la nación isleña no está limitada a simplimente ofrecer o recibir sobornos. El exjefe antidrogas del país fue acusado el año pasado de robar casi una tonelada de cocaína, con la supuesta intención de venderla por su cuenta.

Estos recurrentes indicios de corrupción en las instituciones de seguridad de República Dominicana son particularmente preocupantes en un país en donde uno de los principlaes fiscales ha afirmado que el ejército y la policía están involucrados en el 90 por ciento de las actividades criminales. Además, las advertencias de la influencia criminal en otros sectores del gobierno continúa creciendo.

Crisis económica en Venezuela agrava piratería en costa Caribe

La desesperada situación económica en Venezuela agrava la piratería fuera del estado costero de Sucre, un ejemplo de las diferentes actividades ilícitas que proliferan en la costa Caribe del país y que han llegado a afectar a las comunidades locales.

La actual crisis económica en Venezuela ha golpeado con especial dureza la que fuera una próspera industria pesquera en Sucre, empujando a los pescadores locales a las actividades ilícitas para garantizar su sustento, informó Associated Press.

“La gente ya no puede ganarse la vida, entonces están usando sus barcas para las opciones que quedan: contrabando de gasolina, transporte de drogas y piratería”, comentó a la agencia de noticias el líder sindical José Antonio García.

El medio informativo también señaló que los piratas atacan a los pescadores locales para robarles el producto de su pesca o el motor del bote —este último es especialmente apreciado por los narcotraficantes que buscan aumentar la potencia de sus barcos.

Associated Press informa que algunos de estos robos han terminado con víctimas fatales. Se dice que ha habido docenas de muertos en los robos este año, lo que incita a sangrientas vendettas entre las familias de algunas de las víctimas y los agresores.

Los actos de piratería a lo largo de la costa venezolana también afectan a otros estados y cobra otros tipos de víctimas. Según la Cámara Internacional de Comercio, cuatro buques de carga anclados fueron abordados este año cerca de Puerto de la Cruz en el estado de Anzoátegui, occidente de Sucre.

Análisis de InSight Crime

La piratería contra barcos cargueros o yates particulares fuera de la costa caribeña venezolana ya había tenido denuncias de años atrás, y las aguas de Sucre ya se consideran de alto riesgo desde 2010, según un informe de una organización no gubernamental venezolana que trabaja con la seguridad marítima. Pero la grave situación económica del país parece estar contribuyendo al aumento de la piratería contra intereses comerciales grandes y pequeños por igual.

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Más aún, las dificultades económicas parecen alentar a muchos a involucrarse en actividades ilícitas como el narcotráfico y la trata de personas, a medida que se agotan las oportunidades laborales legales. Estas tendencias se ven ilustradas por notas de prensa recientes de El Estímulo, que citaba a un pescador local, que admitía que “por lo menos el 80 por ciento de los habitantes de [San Juan de las Galdonas, pueblo costero de Sucre] participan en” narcotráfico, y el New York Times, que informó de un incremento de la trata de personas en la costa Caribe por los intentos de miles de venezolanos de escapar de la degradación de la situación económica en el país.