Trump muestra tendencia regional de responsabilizar a migrantes por crimen

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El nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump ha ordenado la construcción de un muro entre fronteras para impedir el paso de los que ha catalogado como los “vendedores de drogas, criminales y violadores” de México. Pero aunque Trump haya llevado el discurso xenófobo a un nuevo extremo en Estados Unidos, en lo que respecta al crimen organizado en el continente americano, no es el único en la posición de echar la culpa al vecino.

El 25 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva para la construcción de una “barrera física infranqueable” en la frontera entre Estados Unidos y México, informó la BBC.

La orden está diseñada para cumplir una de sus promesas de campaña más polémicas, pero de gran acogida: controlar la inmigración por la frontera sur de Estados Unidos. Durante su campaña, Trump acusó a los inmigrantes mexicanos de diversos males sociales, desde agresiones sexuales hasta desempleo, pero se centró en un aspecto sobre los demás: el crimen organizado.

“Tengo un mensaje para los vendedores de drogas, para los pandilleros y los carteles criminales: sus días están contados”, anunció durante un mitin electoral en octubre en la Florida. “Cuando permitamos a ICE y a los agentes de la Patrulla Fronteriza y cuando les demos un hermoso y gran muro… evitaremos que las drogas envenenen a nuestros jóvenes y a otros”.

La retórica incendiaria de Trump y lo simplista de su solución replanteó el debate sobre el crimen organizado y la inmigración en Estados Unidos, y no cabe duda de que echó leña al fuego a la aversión a los inmigrantes en el país. Sin embargo, está lejos de ser el único líder regional actual que culpa a la inmigración y a los extranjeros del crimen organizado. En toda la región pueden observarse ejemplos de políticos que dirigen hacia fuera la culpa de sus problemas de seguridad internos.

Justo el día anterior al anuncio de Trump, la ministra de seguridad argentina Patricia Bullrich justificó los nuevos planes de endurecimiento de las restricciones migratorias, culpando a los inmigrantes del narcotráfico y la violencia derivada de aquél, informó La Nación.

“Muchos ciudadanos paraguayos, peruanos y bolivianos trabajan como conductores, mulas y otros eslabones de la cadena del narcotráfico”, señaló.

Bullrich también señaló que tanto peruanos como paraguayos van a Argentina y “y se terminan matando por el control de la droga”. La ministra al menos le ahorró el estigma a su otro blanco: “Los bolivianos […] no tanto”, añadió.

Los comentarios de Bullrich siguen a varios años de pánico en los medios y la política por el influjo de colombianos al país. En este periodo, se ha catalogado a Argentina como “nido de sicarios” y “dormitorio” y “paraíso” para el crimen organizado colombiano.

Los comentarios de Bullrich y sus planes para la inmigración imitan los planteados por el expresidente chileno Sebastián Piñera hace pocos meses. En noviembre, Piñera también abogó en su campaña por leyes migratorias más estrictas para enfrentar al crimen organizado, según La Tercera. El expresidente aseguró que muchas pandillas en Chile estaban formadas por extranjeros y declaró que la actual política migratoria “termina importando males como la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”. 

Sin embargo, el eco que más se ha acercado a los extremos a los que ha llegado Trump de atribuir la culpa a los extranjeros la ha dado por largo tiempo otro populista nacionalista reconocido por desdeñar hechos evidentes: el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Desde su llegada a la presidencia en 2013, Maduro ha atribuido la culpa de la crisis de seguridad y la inestabilidad política en Venezuela a su vecina Colombia. Maduro ha acusado a los colombianos de “fascistas” y “paramilitares” por todo, desde el narcotráfico hasta las protestas sociales, y los ha acusado de maquinar asesinatos políticos. En 2015, el presidente incluso recurrió a cerrar la frontera y expulsar del país a migrantes colombianos, en lo que afirmó que era una acción contra los “paramilitares”.

Análisis de InSight Crime

El crimen transnacional organizado es por definición un problema que atraviesa fronteras, y por lo tanto algo de cierto hay en las afirmaciones sobre la influencia de criminales extranjeros en muchos países. Es cierto que los carteles mexicanos de la droga operan en Estados Unidos; los grupos armados colombianos mantienen presencia en las regiones fronterizas de Venezuela; y narcotraficantes de Colombia, Paraguay, Perú y Bolivia usan todos a Argentina como ruta de tránsito para el tráfico. Además, no cabe duda de que la porosidad de las fronteras y la laxitud de las políticas migratorias son aprovechadas por el crimen organizado.

Sin embargo, el control de fronteras y de inmigración son apenas una pequeña parte de una combinación de complejos factores y condiciones que determinan las acciones y el éxito del crimen organizado transnacional. Es bastante improbable que las políticas migratorias propuestas por Trump y sus homólogos latinoamericanos tengan un impacto fuerte en las operaciones del crimen organizado, y sería ingenuo creer que este es su principal objetivo al confundir inmigración con crimen.

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Echar la culpa “al otro” en la forma de minorías o extranjeros ha sido por mucho tiempo una táctica recurrente de líderes y movimientos políticos, especialmente nacionalistas, una que se usa muchas veces no solo para aunar respaldos contra un enemigo común, sino también como distractor de los fracasos de un gobierno. Es probable que los casos que hoy en día presentan Trump, Maduro y Bullrich no sean distintos.

En Estados Unidos, por ejemplo, los carteles mexicanos operan no porque las leyes migratorias sean laxas, sino porque Estados Unidos sigue siendo de lejos el mayor consumidor de estupefacientes del mundo, a pesar de décadas de políticas antidrogas represivas, en el país y hacia el exterior. En Venezuela y Argentina, el crimen organizado transnacional ha logrado convertir a estos países en rutas de tránsito para narcóticos y en refugios para criminales más por la debilidad de los organismos de gobierno y los altos índices de corrupción que por la porosidad de las fronteras.

La retórica antiinmigración y el echar la culpa a los otros países no solo disfraza estas fallas nacionales; también resta valor a los complejos e importantes debates sobre cooperación transnacional en materia de seguridad que deberían estarse dando en los países de América a nivel nacional y transnacional. La simple atribución de culpa a una masa de extranjeros socava la cooperación transnacional en materia de seguridad, no tiene mucho sentido desde una perspectiva legislativa y estigmatiza a grupos sociales ya marginados.

Informe revela aumento de narcotráfico en Chile

Datos oficiales recientes indican que Chile ha acrecentado su rol como país de tránsito para el narcotráfico en los últimos años, un patrón que según las autoridades tiene correlación directa entre los productores de las drogas y los mercados de los consumidores.

En su informe anual divulgado el 14 de diciembre, el Observatorio del Narcotráfico en Chile, que trabaja con el apoyo de la Fiscalía General, halló un aumento del tráfico de numerosos tipos de drogas ilícitas. Los decomisos de LSD, éxtasis, cocaína, pasta base de coca y marihuana han aumentado desde 2009, y el informe reveló mayor presencia de drogas sintéticas en el país.

El informe sostiene que los patrones observados tienen una clara correlación con la ubicación geográfica de Chile, en apoyo de lo cual cita un informe emitido en 2016 por la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito (ONUDD), que llegó a la misma conclusión. Chile sirve como punto de trasbordo para la cocaína que sale de los países productores de coca, Perú y Bolivia, con destino a mercados de consumidores en Europa y África. Según la ONUDD, el 9 por ciento de los casos de tráfico de cocaína registrados en suelo africano se relacionaron con Chile como punto de partida.

Con el paso cerca de un 71 por ciento de la cocaína de Bolivia por Arica, el puerto chileno parece ser uno de los puntos de trasbordo más importantes del país, junto con las demás ciudades costeras de Iquique, Antofagasta y Mejillones.

Según el informe, el país no solo es receptor de narcóticos extranjeros, sino también de estructuras criminales de otros países. El estudio señala un reciente operativo policial contra narcotraficantes colombianos que podrían haber estado operando en Chile desde 2006.

El informe también se refiere a la respuesta del gobierno al mercado de la droga, y sostiene que los operativos policiales combinados con sentencias de cárcel no son suficientes para tratar el problema. Citando la alta prevalencia de reincidencia de delitos con drogas, los autores del informe señalan que las autoridades deben centrarse más en la atención y la prevención y en la rehabilitación.

Análisis de InSight Crime

La ubicación geográfica de Chile, sus extensas fronteras y su generosa línea costera convierten al país en punto atractivo para el transporte de cargamentos de droga en la región y hacia el exterior. Además de sus fronteras con Perú y Bolivia, Chile comparte una extensa frontera con Argentina, donde según los informes está creciendo el consumo doméstico de drogas.

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Aunque el informe no ofrece estimativos sobre el movimiento de drogas por Chile con destino al mercado doméstico, el creciente consumo de estupefacientes en países con una tradición de puntos de trasbordo es una tendencia ya observada en Brasil y Argentina.

Esta tendencia también parece estarse presentando en Chile, por lo menos en el mercado de la marihuana. Las estadísticas de la ONUDD compiladas por Vice News muestran que Chile tiene la tasa de consumo más alta de la región entre jóvenes de 15 a 18 años, pues cerca del 33 por ciento de este grupo poblacional ha consumido el alcaloide por lo menos una vez en el último año. 

Cocaína en crema, la más reciente innovación de los narcotraficantes

La cocaína en crema parece ser la más reciente novedad utilizada por los traficantes para evitar que sus drogas sean detectadas, lo cual se agrega a una larga lista de formas que les han ayudado a los grupos criminales a estar un paso por delante de los organismos policiales.

Las autoridades de Chile han descubierto lo que al parecer es una nueva modalidad para el tráfico de cocaína, después de que tres envases de champú, que contenían una forma de la droga en crema, le fueron incautados a un pasajero de autobús en el norte del país, informó BioBio Chile.

“Es la primera vez que detectamos droga en estado semisólido y con modificación química para no generar olor”, explicó el director regional de aduanas, Ricardo Aceituno.

Según el informe, el clorhidrato de cocaína pesaba 1,75 kilogramos. El ciudadano peruano que transportaba la droga había estado viajando en bus de Lima a la ciudad chilena de La Serena.

Análisis de InSight Crime

Esta inusual incautación es el reflejo de una vieja dinámica criminal: a medida que las autoridades mejoran su capacidad para interceptar drogas, los grupos de narcotraficantes buscan técnicas más avanzadas para evitar que sus productos sean detectados.

Las estrategias rudimentarias van desde ocultar la droga en cargamentos de pescado —lo cual permite encubrir el olor— hasta introducirla en tamales y dulces. Sin embargo, mediante métodos más complicados, los traficantes alteran químicamente el clorhidrato de cocaína para ser transportado de múltiples maneras creativas.

La cocaína ha sido traficada en forma líquida desde la época de Pablo Escobar, y este método les hace más difícil a los perros policías detectar la droga. Una manera de convertir el polvo en líquido consiste en mezclarlo con acetona, gasolina u otros solventes. Luego es adherida a ropa o introducida en arroz, introducida en arroz, o incluso ocultada en juguetes sexuales.

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En estos casos, la cocaína es transformada de nuevo a su forma en polvo mediante un procedimiento químico cuando el cargamento llega a su destino. Para ello sólo se necesita exponer la droga al calor hasta que el solvente se evapore y quede sólo la cocaína.

La cocaína también ha sido comprimida en forma sólida y camuflada para que parezca carbón o tablas de madera.

La creatividad de los narcotraficantes no se detiene en la composición química de la cocaína; constantemente han encontrado nuevos métodos para transportar drogas con el fin de engañar a las autoridades. Los “Narcotorpedos“, catapultas y drones son algunas de las técnicas que han sido detectadas, y muchas más pueden permanecer ocultas. 

Ministro de Bolivia dice que la porosidad en las fronteras favorece a grupos criminales

El ministro del Interior de Bolivia reconoció en una cumbre regional que muchos cruces fronterizos siguen siendo vulnerables a las actividades criminales, lo cual recuerda el papel de la nación andina como un centro regional para el narcotráfico.

En una reunión de los países del Cono Sur esta semana en Brasilia, el ministro del Interior de Bolivia, Carlos Romero, señaló que 34 puntos en la frontera de su país son vulnerables para el narcotráfico, informó el diario boliviano La Razón. (Vea el mapa de La Razón)

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Romero dijo que, debido a la estratégica ubicación geográfica de Bolivia, el país “es aprovechado por la delincuencia organizada transnacional para la comisión de sus delitos, entre ellos el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas, la trata y tráfico de personas, y robo de vehículos”.

El ministro del Interior dijo además que Bolivia se encuentra en el centro del continente suramericano y tiene una frontera de casi 7.000 kilómetros que comparte con Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Chile.

Romero también mencionó el acuerdo para crear un centro trinacional de inteligencia policial entre Bolivia, Brasil y Perú, que tendrá su sede en la ciudad brasileña de São Paulo, con bases adicionales en Bolivia y Perú, según informó La Razón en un artículo anterior.

Según La Nación, durante el encuentro, al que acudieron ministros de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia y Chile, las naciones asistentes emitieron un comunicado en el que dicen que los países del Cono Sur han enfrentado dificultades en la integración de las políticas de seguridad, y que las políticas y herramientas actuales son insuficientes para enfrentar a las redes criminales, que cada vez son más compactas.

Análisis de InSight Crime

Como lo señaló Romero, la geografía de Bolivia ha permitido que el país se convierta en un centro clave para el tráfico de drogas en Suramérica. El país andino está situado junto a Brasil, el segundo mayor consumidor de drogas ilegales en el mundo. Bolivia limita además con Perú, uno de los principales productores mundiales de cocaína, y Paraguay, el principal productor de marihuana en Suramérica. Además, están creciendo los mercados de drogas en los vecinos Argentina y Chile.

Si a todo esto se añade la producción de cocaína al interior de Bolivia, queda claro por qué este país es cada vez más el centro del narcotráfico suramericano. Las extensas y relativamente desatendidas fronteras representan oportunidades lucrativas para los traficantes de drogas por tierra, y hay creciente evidencia de que los traficantes aéreos también están utilizando al país como un punto de transbordo.

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Las promesas de una mayor cooperación multilateral que se presentaron durante esta reunión son un signo alentador de que los países de la región planean trabajar juntos para combatir el comercio ilegal de drogas. Sin embargo, como lo reconoce la declaración de los asistentes, los pronunciamientos anteriores de cooperación bilateral y operaciones conjuntas se han quedado cortos para tener un impacto duradero en los flujos de drogas en la región. Se necesitarán muchos más esfuerzos continuos para lograr ese objetivo.

Desmantelan red internacional de tráfico de personas en Perú y Chile

Una operación multinacional ha desmantelado una red de tráfico de personas considerada como la mayor organización criminal dedicada al tráfico de migrantes dominicanos en Chile, en tanto quienes huyen de la inseguridad física y económica continúan en busca del “sueño chileno”, dado que el país es famoso por las bajas tasas de criminalidad y la estabilidad económica.

La operación “Desierto,” una iniciativa multilateral en la que participan los gobiernos de República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, realizó operaciones simultáneas el 28 de octubre en Chile y tres municipios de Perú, informó El Mercurio.

Las operaciones dieron como resultado la captura de cuatro de los cabecillas de la red, entre los que se encuentra Maquera Soledad, de quien se cree que es una de las principales figuras de la red de tráfico. Hasta el momento han sido identificados nueve miembros de la red —ocho peruanos y un colombiano—. Ya ha comenzado el proceso de extradición de cuatro de ellos a Chile, informó El Mercurio.

Según El Mercurio, la red de tráfico operaba desde Perú y cada semana ingresaba ilegalmente unas tres personas a Chile. Casi todas las personas que llevaban procedían al parecer de República Dominicana, y las seducían con paquetes que incluían transporte, visas de trabajo garantizadas, empleo y vivienda.

El informe de El Mercurio señala que a los migrantes les cobraban entre US$700 y US$1.300. Sin embargo, Diario Correo afirma que los migrantes pagaban entre US$4.000 y US$5.000. Hay también informes contradictorios con respecto al tiempo que llevaba operando la red de tráfico de personas, pues El Mercurio dice que había estado operando durante dos años, mientras que Diario Correo afirma que había estado operando durante seis años.

El trayecto de muchos de los emigrantes podía durar más de un mes. El viaje solía comenzar con un vuelo a Colombia o Ecuador. Desde allí los migrantes llegaban a Perú, donde el grupo criminal los albergaba en refugios, para luego emprender el arduo viaje por la frontera. Aunque creían que se dirigían a Santiago, la capital de Chile, al parecer muchos eran abandonados a mitad de camino en ciudades del norte de Chile, como Arica.

Análisis de InSight Crime

Durante varios años, el llamado “sueño chileno” ha atraído a Chile a miles de inmigrantes de varios países latinoamericanos. El país del Cono Sur representa un oasis de relativa prosperidad económica y bajos niveles de criminalidad en una región conocida por los altos niveles de pobreza y violencia. Como era de esperarse, los grupos criminales han reaccionado a la demanda de servicios generados por los llamativos factores que atraen a los inmigrantes a Chile. De hecho, en los últimos años se han descubierto otras organizaciones peruanas que ingresan migrantes dominicanos a Chile ilegalmente.

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El aumento de la migración no sólo ha promovido las redes de tráfico de personas —así como una crisis de vivienda en el norte de Chile— sino que también ha llevado al desarrollo de actividades criminales relacionadas. Según el Informe de Trata de Personas de 2016 (pdf), del Departamento de Estado de Estados Unidos, los migrantes de Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia y Ecuador se han convertido en víctimas del trabajo forzado en Chile, trabajando en condiciones de esclavitud en la minería del país, así como en el sector agrícola y en el servicio doméstico.

Informe describe falencias en cárceles de Chile

Un reciente informe del poder judicial de Chile ha denunciado las peligrosas e inhumanas condiciones en las cárceles del país, y llama la atención sobre la situación de hacinamiento, un problema que afecta a las cárceles de toda Latinoamérica.

El informe (pdf) —resultado de una comisión creada por la Corte de Apelaciones de Santiago— se elaboró con base en visitas a 13 cárceles de Chile. En él se describen las malas condiciones del personal penitenciario, la falta de servicios médicos y nutricionales adecuados, y problemas estructurales como “instalaciones eléctricas irregulares”, que en algunas prisiones representan una amenaza para los reclusos.

El informe señala que, en algunos casos, los reclusos deben esperar hasta 17 horas entre las comidas o se ven obligados a comer alimentos congelados o parcialmente congelados.

El informe también señala que el hacinamiento sigue siendo un problema en algunas prisiones, pues se encontraron casos en los que hasta 14 reclusos viven en un espacio que no supera los ocho metros cuadrados.

Análisis de InSight Crime

El hacinamiento en las cárceles latinoamericanas es como una epidemia, un fenómeno que está ligado a la cantidad de detenidos en espera de juicio en cada país. Chile iguala a Colombia en cuanto a la mayor tasa de población carcelaria en Suramérica, con 242 presos por cada 100.000 habitantes. Alrededor del 30 por ciento de la población carcelaria de Chile está bajo detención preventiva.

En el año 2010, Chile se vio obligado a encarar el asunto de las condiciones carcelarias inhumanas y de hacinamiento, pues ese año murieron 81 reclusos en un incendio en la cárcel de San Miguel, Santiago —el incidente que más muertes ha provocado en una prisión en la historia del país—. Sin embargo, como lo sugiere el reciente informe del poder judicial, desde entonces Chile no ha logrado abordar adecuadamente el problema, y la tasa de ocupación de las prisiones se mantiene en alrededor del 111 por ciento.

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El hacinamiento no es el único problema de los sistemas penitenciarios de la región. También son comunes la corrupción y los abusos perpetrados por funcionarios de las prisiones.

Con base en datos de LEASUR (Litigación Estructural para América del Sur), El Confidencial informó que las denuncias contra los guardias de las prisiones —conocidos en Chile como la Gendarmería— ascendieron a 76 en el año 2014. Según LEASUR, el 58 por ciento de esas denuncias no fueron investigadas, y el restante 42 por ciento tuvieron pocas consecuencias para los guardias que cometieron los abusos.

La organización no gubernamental chilena 81 Razones, creada después de la tragedia de San Miguel, se dedica a informar sobre los abusos en las cárceles de Chile y cuestiona el número oficial de denuncias registradas. César Pizarro, uno de los fundadores del grupo, dijo que diariamente recibe alrededor de 30 llamadas de los internos, muchas de los cuales son para reportar abusos por parte de la Gendarmería.

¿El dictador chileno también fue narcotraficante?

 Un periódico chileno ha insinuado que cerca de 3.000 documentos clasificados por Estados Unidos contienen información que vincula al exdictador Augusto Pinochet con el narcotráfico, alegación algo cuestionable dado el legado de su mano de hierro.

La agencia chilena de noticias El Ciudadano informó que solicitó 2.984 páginas de documentos en 2015 al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) amparada en la Ley de Transparencia norteamericana (FOIA, en inglés). De estos documentos, que hacen parte de los archivos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus iniciales en inglés), sólo uno fue desclasificado y liberado.

Según El Ciudadano, las autoridades estadounidenses citaron diversas razones para mantener clasificados los archivos, entre ellas la posibilidad de obstruir casos en curso, afectar la privacidad de terceros e identificar fuentes de inteligencia para organismos de gobierno.

Sin embargo, El Ciudadano da a entender que los archivos censurados por la DEA contienen información pertinente a la participación de Pinochet en el negocio de las drogas.

Una pieza clave de evidencia que conecta a Pinochet con el narcotráfico son las declaraciones que hiciera en 2006 Manuel Contreras, exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), de Chile, la policía secreta en la dictadura de Pinochet. Ese año, Contreras aseveró que la familia de Pinochet se enriqueció con el narcotráfico. Contreras también alegó que Pinochet enviaba a su hijo a trabajar con el químico jefe de la DINA Eugenio Berríos para que aprendiera a fabricar “cocaína negra”, que supuestamente es indetectable por los perros olfateadores.

Además, El Ciudadano cita el testimonio de un exempleado de la Agencia Central de Inteligencia, Iván Baramdyka, quien afirmó que durante la dictadura de Pinochet Chile vendió químicos precursores a los carteles de la droga y exportó cocaína a Europa y Estados Unidos.

El Ciudadano planea apelar la negación de la solicitud hecha bajo la FOIA.

Análisis de InSight Crime

Pinochet estuvo en el poder entre 1973 y 1990; una de las dictaduras más largas del continente americano. Durante su régimen, se cometieron actos reprobables de represión gubernamental y violaciones a los derechos humanos, con miles de torturados, asesinados y desaparecidos.

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Sin embargo, la retención de los archivos por parte de la DEA no implica necesariamente que el exgeneral esté implicado en el tráfico de estupefacientes. Aunque esta no es una declaración de su inocencia, algunos detalles del respaldo de Estados Unidos al régimen de Pinochet como parte de una política más amplia en la Guerra Fría, incluso si no tiene que ver con el narcotráfico, pueden haberse considerado demasiado sensibles en términos diplomáticos para divulgarlos, en especial por las atrocidades cometidas durante su mandato.

Una acusación de narcotráfico a Pinochet también lleva una pizca de ironía. Pese a su oscuro legado, desde el gobierno de mano dura de Pinochet se ha considerado que Chile es uno de los países más seguros de Latinoamérica.

Sin duda Chile no salió de la era Pinochet en una trayectoria dirigida a una mayor participación en el negocio de la droga. Aunque Chile sirve como punto de trasbordo y como país consumidor, ha logrado evitar la rampante violencia que asuela otros lugares de la región.

Si hay que agradecer a Pinochet o no por eso, sin embargo, está abierto al debate.

Cómo la violencia y el crimen dirigen la migración de Colombia a Chile

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Un nuevo muro para la integración latinoamericana emerge en la frontera norte de Chile. Xenofobia, abuso de autoridad y una creciente mafia de coyotes para sortear los limítrofes campos minados, son el panorama que enfrentan quienes quieren llegar por tierra al país austral. La dureza de los controles se aplica en especial a los viajeros provenientes del Pacífico colombiano, una de las zonas con mayor desplazamiento del continente por motivos de violencia y desigualdad económica.

El pasado 22 de septiembre, ante un grupo de 200 empresarios norteamericanos en Manhattan, los presidentes de Colombia, Chile, México y Perú presentaron en Estados Unidos la Alianza del Pacífico. Los mandatarios hablaron del buen momento por el que pasan sus economías, elogiaron las ventajas de un mercado de 200 millones de personas, y que este era un tratado incluyente, abierto al mundo.

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Los presidentes de Perú, Chile, México y Colombia celebran la integración económica de la Alianza del Pacífico

Sin embargo, a miles de kilómetros de este salón, en Chacalluta y Colchane, los puestos fronterizos chilenos que colindan respectivamente con Perú y Bolivia, otros son los discursos escuchados por los más de 8.000 colombianos que al año buscan ingresar a este país:

La familia de Pablo Escobar no va pa’ Chile”.

“Todos los colombianos son putas y traficantes”.

“Estos vienen aquí a robar”.

Este artículo fue publicado originalmente por Connectas y fue editado para su claridad y publicado con permiso. Vea el original aquí.

Con estas expresiones se enfrentan a diario los migrantes que, tras miles de kilómetros de travesía, encuentran bloqueado el ingreso a Chile a discreción de los agentes fronterizos de este país. Son viajeros humildes, cuya mayoría huye de la violencia mafiosa de Colombia y la pobreza de la región del Valle del Cauca, especialmente la del puerto de Buenaventura, donde por estos días es común hablar del “nuevo sueño americano”: Antofagasta, la principal ciudad minera al norte de Chile.

Para este reportaje un equipo liderado por el diario El Mercurio de Antofagasta, de Chile y la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS, en alianza con el portal colombiano Agenda Propia, el peruano Útero.Pe y VICE Colombia, se sumergió en una realidad que aún está ausente en los ampliamente anunciados esfuerzos de integración latinoamericanos. El propósito era revelar una ruta migratoria plagada de tropiezos y peligrosas frustraciones. El pillaje y el robo, las redes de coyotaje y de trata de blancas, los largos recorridos ilegales que se abren por el desierto, y el creciente racismo xenófobo que los espera en su destino final, son el pan de cada día de quienes han creído que el sueño de la publicitada integración, también se traducirá en oportunidades para los más necesitados.

No deja de ser paradójico que sea Buenaventura el epicentro de esta migración desde el norte hacia el sur del continente. Un puerto que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos bautizó como “la capital de la Alianza del Pacífico”.

“Aquí no tenemos servicio de agua potable, solo cuatro horas promedio en el día; no hay un relleno sanitario, y no existe un foco de empresas que genere empleo”, se queja Edwing Janes Patiño, presidente del Concejo de Buenaventura.

Esto es sólo una pequeña evidencia de los males que hoy padece una ciudad de 380.000 habitantes, por la que pasa el 60 por ciento del comercio exterior colombiano, unas 15 millones de toneladas de mercancía al año.

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En el puerto, los niveles de pobreza, analfabetismo y desescolarización superan con honores los promedios de este país, y sus calles y barrios, muchos de ellos construidos por los afrocolombianos como chabolas palafíticas sobre el mar, han sido el escenario durante los últimos tiempos de una de las más sangrientas guerras que libran las bandas de narcotraficantes para controlar la salida de droga por el Pacífico colombiano y la entrada de insumos para la producción de narcóticos.

En Buenaventura, la extorsión se ha convertido en ley. Así como las impasables fronteras invisibles, dibujadas por los combos armados entre los barrios. Leyes que de no cumplirse, acarrean la pena de muerte, en muchos casos a manos de descuartizadores que han hecho de los cuerpos desmembrados el más frecuente titular de apertura en las páginas de los diarios y los noticieros locales.

Entre enero de 2013 y septiembre de este año, 28 personas fueron descuartizadas en la ciudad. Como muchos desmembramientos fueron cometidos en una misma vivienda, ahora en la ciudad se habla de las “casas de pique”. Así, en el puerto el miedo se arraigó, la falta de trabajo es la constante y por eso cada vez es más costumbre dejarlo todo: 13.000 bonaverenses salieron de sus hogares este año.

Una popular canción de reaggetón que suena en las calles de Buenaventura da luces de la ruta que muchos han emprendido:

“Una amiga mía se cansó de la rutina de todos los días. Buscar trabajo que no conseguía. Sacó el pasaporte y se fue para Chile…”

Es un viaje largo e incierto. Emprendido también en Tumaco, Cali y otras ciudades y municipios del suroccidente de Colombia; 2.800 kilómetros de carreteras ecuatorianas y peruanas, recorridas en bus y de manera legal gracias a la tarjeta andina, hasta encontrarse con una barrera alimentada de prejuicios, en los puestos fronterizos de Chacalluta y Colchane, en las fronteras de Perú y Bolivia respectivamente.

Allí, para varios funcionarios aduaneros, ser colombiano es sinónimo de delincuente. El estereotipo ha sido alimentado por el alto número de empleadas en burdeles y bares exclusivos para hombres, y las noticias esporádicas relacionadas con el narcotráfico, en ambos casos con participación de colombianos. En septiembre, por ejemplo, fue capturada en Santiago, la capital de Chile, Fanny Grueso Bonilla, alias “La Chily”, buscada en Colombia por pertenecer presuntamente a la banda narcotraficante ‘Los Urabeños’ y ser dueña de una de las tenebrosas “casa de pique” de esa realidad de la que huyen los bonaverenses.

Pero las restricciones van más allá. Según los múltiples testimonios recogidos durante este reportaje, en la frontera de los tres países, el color de la piel es una variable que cada vez tiene más peso a la hora de determinar el rechazo. Las autoridades lo niegan. En los dos puestos fronterizos los funcionarios coinciden en decir que “los motivos más frecuentes de rechazo son documentos de identidad vencidos, no demostrar suficiente solvencia económica para garantizar la estancia en el país o mentir sobre su real intención de ingreso a Chile”. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil que ayudan a migrantes denuncian que el ingreso al país está dependiendo exclusivamente del ánimo del funcionario en ventanilla, amparado en una controvertida ley que les otorga “discrecionalidad”.

Entre la xenofobia y coyotes

El principal destino al norte de Chile es Antofagasta, una ciudad construida a punta de migraciones. Enclavada en el desierto, sus calles huelen a la arena del vasto desierto que la rodea, y al mar de la costa por donde los puertos mineros exportan el material de una de las mayores reservas de cobre del mundo.

Según cifras oficiales, en menos de una década a esta ciudad han llegado más de 10.000 colombianos, pero los cálculos extraoficiales dan cuenta de 15.000, casi el cinco por ciento de la población antofagastina. La colonia colombiana, a diferencia de las otras que han llegado, se ha hecho notar por su espíritu emprendedor y su don de gentes, algo que valoran mucho, por ejemplo los puestos reservados para servicio al cliente.

Pero al mismo tiempo, el ambiente alegre que desborda los estándares del recatado Chile, junto a hechos de violencia e inseguridad que se atribuyen a esta migración, ha empezado a generar diferencias con los locales.

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Un hecho que quedó grabado en la memoria, y marcó las tensiones que ha traído el éxodo de colombianos, se produjo en octubre de 2013. Luego del empate 3 a 3 entre las selecciones de Chile y Colombia durante las eliminatorias al Mundial de Fútbol, los hinchas de ambos equipos se enfrentaron a palo y piedra en las calles de Antofagasta. Un hecho inédito en la tranquila ciudad.

Dos semanas después, un pequeño grupo de antofagastinos buscó realizar una marcha antiinmigrante colombiano. Una convocatoria que no sólo expresaba la molestia por lo sucedido, sino que también estaba marcada de un fuerte tufillo xenófobo y racista.
El plantón no tuvo mayor quórum, pero las proclamas vitoreadas por los pocos asistentes en contra de los colombianos se colaron entre los titulares de varios medios del país: “Queremos que se vayan los negros delincuentes, las prostitutas, que se vayan los colombianos que no aportan”; “Una colombiana me quitó a mi marido”, registró por ejemplo una reportera de El Mercurio de Antofagasta.

Uno de los argumentos frecuentes de la inconformidad con los colombianos, es la supuesta relación de muchos migrantes con estructuras de crimen organizado y de narcotraficantes. A pesar que las cifras oficiales de la Defensoría Penal Pública chilena muestran que el 96 por ciento de los delitos en la región de Antofagasta son cometidos por nacionales, un sector importante de la población sigue culpando a los recién llegados de una “mayor sensación de inseguridad”. Este imaginario colectivo se refuerza cada vez que detienen a alguién de esa nacionalidad por delitos relacionados con drogas.

Mientras los colombianos en tierras chilenas se las tienen que ver con los prejuicios, muchos otros quedan atascados en Tacna, Perú. No hay lugar en la frontera que sea más emblemático de su odisea que una pequeña plaza a las afueras de la terminal terrestre de transporte, a la que se refieren como el “Muro de los Lamentos”. Allí, todos los días, se encuentra el puñado de colombianos que son rechazados luego de intentar ingresar a Chile por el puesto aduanero de Chacalluta.

En el ‘Muro’, cualquier día de la semana, deambulan personajes como James Murillo, un colombiano negro, alto y fornido, proveniente de Buenaventura, quien al momento de la visita de los reporteros de este especial llevaba tres días sin poder ingresar a Chile. A James lo sacaron amenazado del puerto de Buenaventura; a su familia le quitaron sus bienes, y a su compañera, quien lo espera en Chile, le asesinaron un familiar en Cali.

James tenía una carta de desplazado emitida por el gobierno colombiano, pero llevaba tres días durmiendo en el suelo, sin un centavo en el bolsillo, temeroso de que los agentes chilenos le negaran la entrada y lo alejaran aún más de su familia. Un drama que es común encontrar en esta ciudad fronteriza de Perú.

Según las autoridades de Migraciones, cada día, un mínimo de 15 colombianos intenta cruzar legalmente la frontera con Chile sin éxito. Sólo en este punto de control en Chacalluta, en lo corrido del año hasta septiembre, 2.365 colombianos fueron devueltos.

No se trata de casos aislados: el año pasado, según la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), los funcionarios aduaneros les negaron la entrada al país a 12.655 extranjeros; de ellos, casi la mitad, 5.688, son colombianos.

Tan común se ha vuelto esta práctica, que en las fronteras con Bolivia y Perú el término “rebote” se utiliza con frecuencia para referirse a todos aquellos que, por la falta de un papel, una apostilla o el criterio del funcionario de turno, terminan quedándose atascados en medio de su viaje, sin nada en el bolsillo.

Varias organizaciones de la sociedad civil chilena han hecho seguimientos de estos casos, entre ellos el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Su directora, Lorena Fries, asegura que en los puestos fronterizos de Chile “hay situaciones de xenofobia que se presentan por parte de algunos agentes del Estado”.

Durante una visita que el INDH realizó a Colchane en 2013, migrantes denunciaron que “personal de la Policía de Investigaciones de Chile les lanzaron los pasaportes y los insultaron con epítetos racistas”, agrega Fries.

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Mapa de los cruces fronterizos que los colombianos usan para entrar a Chile

Viendo sus posibilidades de ingreso reducidas por la frontera peruana, los colombianos rebotados prueban suerte a través de Pisiga, Bolivia, solo para encontrarse, de nuevo, con el rechazo de la discrecionalidad de los agentes de aduana amparados en las regulaciones migratorias vigentes.

Así, lo que debía ser un viaje en bus directo desde Colombia hasta Chile, termina interrumpiéndose de repente, sin que medie mayor advertencia. Desamparados, los colombianos no tienen a dónde más que acudir que a hogares de tránsito como el de las Hermanas de la Caridad, fundado hace tres años en la localidad altiplánica de Pisiga.

Según Sor Margarita Oyarzo, la religiosa chilena que actualmente administra la casa, entre enero y septiembre de este año, unas 800 personas pasaron por el hogar; el 100 por ciento provenía de Colombia. “Nuestro trabajo es acogerlos, darles orientación. Les decimos que regresen a su país si son rebotados, pues eso es mejor a que pasen irregulares, que pasar así les va a traer problemas en Chile. Pero muchos dicen que quedaron sin dinero en el camino y no pueden regresar a su país, y prefieren irse por la vía irregular”.

Numerosos testimonios recogidos en Tacna y en Pisiga dan cuenta del surgimiento de redes de coyotaje y trata de blancas alrededor de la población rebotada. A las afueras de las terminales de transporte, adonde llegan luego de ser rechazados en la aduana, los migrantes son abordados por personas que aseguran el paso por el desierto a cambio de una suma que oscila entre US$60 y US$300.

Los coyotes o “jaladores” también ofrecen documentos falsos con la garantía del ingreso. Sin embargo, como cuenta un joven colombiano que se hace llamar Jesús, “a uno le piden US$300, uno les cree y les paga y luego lo rebotan en la frontera. Uno se lo vuelve a cruzar, pero el coyote ya no lleva la plata encima. Uno no puede hacer nada”.

Muchos, sin embargo, emprenden el camino ilegal, y parten en caravanas clandestinas por el desierto, corriendo el riesgo de ser encontrados por los carabineros o, mucho peor, caer víctima de una mina antipersonal, sembrada décadas atrás, durante los conflictos territoriales que han vivido estos países.

Las pocas reformas que se han sugerido para la Ley siguen recibiendo críticas de organizaciones como Ciudadano Global. Su directora, Marcela Correa, asegura que los cambios que se pretendían efectuar en el gobierno anterior eran solo “en términos económicos y no sociales… El migrante es visto como mano de obra y no como una persona”.

Este parece ser el gran dilema de la sociedad chilena hoy: ¿cómo se debe relacionar el país con los migrantes? Una encuesta presentada en agosto en Antofagasta revela la complejidad de la discusión entre la opinión pública: mientras que el 50,1 por ciento de los antofagastinos no está de acuerdo con la inmigración, paradójicamente el 59,4 por ciento reconoció que los migrantes aportan al crecimiento y al desarrollo de Chile.

No obstante, más allá del debate interno, el problema resulta ausente en los múltiples discursos de integración de los presidentes de Chile, Perú, Colombia y México que lideran la Alianza del Pacífico. No es un tema menor. Estas restricciones, agravadas por la creciente segregación por origen o color de piel, pueden dar al traste con iniciativas que en lo macro pueden ser esperanzadoras. Atender con especial interés estos problemas, e involucrarlos desde ahora como prioridad en la agenda de la integración, ayudará para que los cambios que lleguen el día de mañana, realmente se traduzcan en oportunidades precisamente para quienes más lo necesitan.

* Este artículo fue publicado originalmente por Connectas y fue editado para su claridad y publicado con permiso. Vea el original aquí.

Chile avanza en la reforma al consumo de marihuana

Una comisión del Congreso de Chile ha allanado el camino para la legalización parcial de la marihuana, como parte de los intentos por despenalizar el consumo personal de la droga y permitir su uso médico, todo lo cual podría eventualmente debilitar el rentable comercio ilegal de esta droga en Paraguay.

Aunque todavía no llega a ser ley (la reforma aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado del Congreso de Chile), la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile aprobó un cambio en la ley de control de drogas que le permitirá a la gente cultivar marihuana para fines médicos y recreativos, informó La Tercera.

El cambio propuesto les permitiría a las personas poseer legalmente hasta 10 gramos de marihuana y dejaría que las familias cultiven hasta seis plantas, dos cosas que son ilegales bajo la ley actual. Podría haber prescripciones médicas, y el consumo recreativo en un ambiente privado —ya despenalizado—sería legal, aunque el consumo en público todavía podría ser penalizado.

Durante varios años, Chile ha dado pasos hacia la liberalización de la marihuana, y las tendencias de consumo entre la población, históricamente conservadora, han aumentado, especialmente entre los más jóvenes. De hecho, el país lanzó su primer proyecto piloto para cultivar marihuana medicinal en octubre pasado, y la presidenta Michelle Bachelet ha mostrado cierta apertura a la reforma de la política de drogas.

Análisis de InSight Crime

Reformar las leyes de control de esta droga desde el punto de vista de la oferta, al permitir que la gente cultive su propia marihuana para fines recreativos, podría hacer mella en el lucrativo negocio del comercio ilegal de la marihuana, mediante el tráfico de la droga desde Paraguay, Bolivia y Argentina hacia Chile.

Gran parte de la marihuana de Chile proviene de Paraguay, el mayor productor de marihuana en Suramérica. Un kilo cuesta unos US$45 en Paraguay, mientras que en Chile el mismo kilo se puede vender por US$800 o 900, una enorme diferencia de precio que hace inmensamente lucrativo el tráfico. Si la reforma chilena le permite a la gente cultivar su propia marihuana, se pueden disminuir los márgenes de beneficio de la marihuana traficada ilegalmente desde Paraguay.

En particular, el cambio propuesto no reduciría las penas para las “mulas”, personas que transportan drogas por la frontera peruana y boliviana hacia el norte de Chile, quienes provienen usualmente de sectores de bajos ingresos y son reclutadas para realizar este contrabando mediante promesas de dinero fácil y bajo riesgo.

VEA TAMBIÉN: Cobertura de la política de drogas

La propuesta chilena es bastante similar a la estrategia de “legalización sin comercialización” en el distrito de Columbia, una reciente ley que permite el consumo personal y la producción de marihuana en la capital estadounidense pero prohíbe todas las ventas. Si se aprueba la reforma en Chile, la ley de control de drogas no regularía las ventas comerciales de la droga como en Colorado, Washington o Uruguay.

El órgano de las Naciones Unidas responsable de supervisar los convenios internacionales en materia de drogas criticó recientemente los crecientes esfuerzos de Latinoamérica por reformar las leyes de control de drogas, dado que muchos países de la región han empezado a tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública. Por el contrario, algunos funcionarios estadounidenses han utilizado recientemente un tono más moderado.