El departamento de Nariño, en el sur de Colombia, es el escenario de una maquinaria de extorsión, donde dos de las mayores organizaciones criminales del país, el ELN y Los Urabeños, extorsionan a los mineros ilegales.
Estos grupos ganaron más de 10 mil millones de pesos colombianos (US$3 millones) en Nariño en los dos últimos años obligando a los mineros a entregarles parte de sus ganancias, según Caracol TV, pues por lo general cobran entre 10 y 20 por ciento de lo que ganan los mineros.
Un operativo la semana pasada produjo las capturas de ocho miembros de una estructura criminal que trabajaba para el ELN y Los Urabeños. Su tarea era transportar el oro desde las minas del triángulo de Telembí, zona de Nariño con altos índices de producción de coca y minería ilegal, hasta Pasto, capital del departamento. Desde allí, el oro era transportado a Ecuador y Perú en automóvil, por traficantes que se hacían pasar por familias de vacaciones.
Las autoridades creen que en Colombia se producen 66 toneladas de oro anualmente, de las cuales 60 son ilegales, informó El Colombiano, y por lo menos 30 por ciento se destina a financiar el crimen organizado.
En el operativo, las autoridades hallaron más de 24 explotaciones mineras ilegales y destruyeron 50 piezas de maquinaria. El volumen de la operación de minería ilegal también reveló el alcance de la destrucción ambiental causada en el triángulo de Telembí, con la contaminación de cinco ríos.
Este costo ambiental ha sido devastador en todo el territorio colombiano. En enero, se denunció que dos importantes ríos del departamento de Chocó sufrían contaminación grave. En el ámbito nacional, cada mes se deforestan más de 2.000 hectáreas para la minería a cielo abierto, y se ha denunciado la presencia de abundantes trazas de mercurio en recursos hídricos y ríos.
Análisis de InSight Crime
El departamento de Nariño ha sido una rica fuente de recursos para las economías ilícitas de los grupos criminales en Colombia, desde la deforestación hasta la producción de coca. Sin embargo, las operaciones de minería ilegal han cobrado mayor importancia como fuente de ingresos, muchas veces superando las ganancias de drogas ilícitas, como la cocaína.
El Triángulo de Telembí, en particular, ha resultado ser muy popular entre los actores criminales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Urabeños.
Llegar a Barbacoas, su población más grande, puede tardar hasta 10 horas desde ciudades, como Pasto y Tumaco. Es esa lejanía y la consiguiente escasez de autoridades estatales lo que lo hace tan atractivo para las actividades criminales. Además, el control de los ríos del Triángulo, a lo largo de los cuales se realiza la mayor parte de la actividad minera, también permite el control de las rutas de narcotráfico más importantes.
Al igual que en el resto de Colombia, las pandillas en Nariño se han beneficiado de las ganancias fáciles de la minería ilegal. Recientemente, el ejército colombiano confiscó una mina en Bajo Cauca, donde Los Caparrapos ganaban alrededor de US$200.000 semanales. En Chocó, una mina ilegal dirigida por iraníes pagaba a Los Urabeños para que les permitieran operar en la región.
El oro es en muchas formas un producto ideal para estas pandillas. Puede blanquearse dentro de Colombia, exportarse a países cercanos, como Ecuador y Surinam, y “legalizarse” por medio de empresas fachada antes de venderse legalmente en el exterior.
Con el impulso que la creciente demanda de oro da a los ingresos por extorsión, la minería ilegal es ahora una parte permanente y próspera del panorama criminal colombiano. Y en Telembí y muchas otras zonas rurales, sus destructivos costos sociales y ambientales son apenas una triste realidad más.
Jhon Viáfara, itinerante centrocampista de la selección nacional de fútbol de Colombia, fue detenido por sospechas de que intentó introducir cocaína a Estados Unidos. Este es el más reciente de varios casos de futbolistas colombianos, algunos de ellos pertenecientes a las élites del país, que se han involucrado con el narcotráfico después de retirarse del deporte.
Se sospecha que la banda de Viáfara hace parte de una red transnacional vinculada con Los Urabeños, una de las principales organizaciones criminales de Colombia. Se cree que Viáfara y sus socios transportaron cargamentos de cocaína por el océano Pacífico mediante lanchas a motor, semisumergibles y otros tipos de embarcaciones entre 2008 y 2018, aparentemente con destino a Estados Unidos. Al parecer, Viáfara estaba a cargo de coordinar el envío de los cargamentos y de pagarles a quienes realizaban el transporte.
La Corte del Distrito Este de Texas ha solicitado su extradición, junto con otros cuatro integrantes de la misma banda.
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Viáfara comenzó su carrera en el Deportivo Pasto en 1998, después de lo cual inició una carrera internacional, jugando para Portsmouth y Southampton en el Reino Unido y para la Real Sociedad en España. Jugó 43 veces para el equipo colombiano y participó en la Copa América de 2004 y 2007.
Análisis de InSight Crime
Viáfara no es el único futbolista latinoamericano que ha pasado del deporte a la actividad criminal.
Edinho, uno de los hijos de Pelé, fue arrestado varias veces por tráfico de drogas y lavado de dinero. El mexicano Rafael Márquez jugó en la Copa Mundo en Rusia en 2018, mientras estaba siendo investigado por sus vínculos con el narcotraficante Raúl Flores. El portero Omar “el Gato” Ortiz, vinculado a Los Urabeños, se declaró culpable de haber participado en al menos dos secuestros. Adriano, la exestrella de Brasil y del Inter de Milán, estuvo vinculado a narcotraficantes de Río de Janeiro.
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Aunque jugadores de toda Latinoamérica han estado vinculados a actores criminales, como parte de un fenómeno regional, desgraciadamente Colombia sobresale en este sentido.
Generaciones de los principales jugadores colombianos, como Albeiro Usuriaga, Andrés Escobar, Wilson Pérez, René Higuita, Freddy Rincón, Felipe Pérez, Juan Guillermo Villa y Elson Becerra, han estado relacionados con organizaciones narcotraficantes colombianas.
En febrero, Diego León Osorio, quien jugó por un corto tiempo en la Selección Colombia, fue condenado a cinco años de prisión domiciliaria por tratar de contrabandear un kilo de cocaína en un vuelo a España en 2016.
El crimen organizado y el fútbol han tenido estrechos vínculos en Colombia, donde muchos capos de la droga se han involucrado con los clubes de fútbol, especialmente durante las décadas de los ochenta y los noventa.
Envigado FC pertenecía en gran parte a Gustavo Upegui, de la Oficina de Envigado. El club Atlético Nacional, de Medellín, fue usado para lavar dinero por su presidente, Hernán Botero, desde 1970 hasta 1984, cuando Botero fue extraditado a Estados Unidos. El famoso narcotraficante Pablo Escobar también estuvo relacionado con este club, e invitaba a los futbolistas a jugar con él en La Catedral, la prisión que él mismo se hizo construir. El club América de Cali fue apoyado financieramente por los hermanos Rodríguez, quienes estaban al frente del Cartel de Cali. Phanor Arizabaleta, uno de los líderes de dicho cartel, estuvo involucrado con Independiente Santa Fe hasta finales de los años ochenta.
En años recientes, los principales criminales de Colombia han buscado tener un perfil más bajo, sobre todo para evitar las evidentes conexiones que los líderes de los carteles tenían con los clubes de fútbol. La nueva generación de narcotraficantes, conocidos como “los invisibles”, han aprendido que el anonimato es su mejor protección.
Sin embargo, ejemplos como los de Viáfara indican que estos dos mundos siguen estando interconectados.
El ELN, el último ejército insurgente de Colombia, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos cuatro años, tanto en Colombia como dentro de Venezuela, de manera que ahora puede designarse como una fuerza colombo-venezolana, lo que tiene inmensas implicaciones para ambos países.
En octubre de 2018, llegaron a InSight Crime denuncias de una masacre de mineros en el estado de Bolívar, sobre la frontera venezolana con Guyana. Esta se atribuyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Eso no parecía lógico. Aunque el ELN ha tenido presencia por largo tiempo en Venezuela, esto solo se observaba en la frontera con Colombia, no al otro lado del país. Encargamos a todos nuestros corresponsales en toda Venezuela que nos informaran de cualquier noticia acerca de la presencia del ELN. Las respuestas nos sorprendieron. Se reportó presencia del ELN en 12 de los 24 estados que tiene Venezuela, con actividad armada y uniformada en cinco de ellos. Para nosotros fue claro que el ELN se había convertido en una agrupación colombo-venezolana.
* Este artículo fue publicado originalmente por Semana y fue reproducido por InSight Crime con permiso. Vea el original aquí.
La presencia del ELN en Venezuela data de hace varias décadas. Recordamos la queja presentada ante la Organización de Estados Americanos en julio de 2010, cuando el gobierno de Álvaro Uribe denunció que había unos 1.500 insurgentes colombianos residiendo en territorio venezolano. En esos días, la presencia guerrillera obedecía a la búsqueda de refugio, la capacidad de quedar fuera del alcance del ejército colombiano, y de realizar operaciones de adiestramiento, planeación y logística sin hostilidades.
La situación actual es distinta. Ahora Venezuela es una fuente importante de ingresos para el ELN, no solo por la extorsión, también por el manejo de minas ilegales de oro, muchas de ellas en Bolívar, a cientos de kilómetros de distancia de la frontera con Colombia. También hay evidencia de su participación en narcotráfico, con la salida de aviones cargados de cocaína desde zonas de Venezuela que se encuentran bajo el control del ELN. El reclutamiento de venezolanos por parte del ELN suma a centenares de jóvenes, según nuestras fuentes. El ELN también ha estado adelantando trabajo político en Venezuela, infiltrando la política local en muchos de los estados y municipios donde tiene fuerte presencia, y desarrollando redes sociales y políticas como las que tiene en lugares como Arauca, el lado colombiano de la frontera. Incluso han estado distribuyendo alimentos en Venezuela.
Nuestro análisis al respecto fue confirmado recientemente en la revista Semana por un viejo amigo, un compatriota británico que lleva dos décadas viviendo en Venezuela, Phil Gunson, quien ahora trabaja para el International Crisis Group:
“De este lado de la frontera sentimos que el ELN, en particular, es cada vez más una organización venezolana y no colombiana, en el sentido de que sus bases más importantes y sus principales fuentes de ingresos están más de este lado, donde reclutan más y más venezolanos”.
Esto tiene importantísimas implicaciones políticas para Colombia, para Estados Unidos, en su campaña por un cambio de régimen en Venezuela, y para el futuro del conflicto civil colombiano, así como para las posibilidades de un conflicto civil venezolano. Debe recordarse que el ELN nació con respaldo de Cuba, el aliado más importante del actual régimen de Maduro. ¿Es coincidencia que la expansión del ELN en Venezuela haya ocurrido en un momento en que el régimen de Maduro (con el respaldo de Cuba) resiste múltiples amenazas a su permanencia en el poder? Es poco probable. ¿Defenderá el ELN el régimen de Maduro contra elementos de la oposición que buscan subir al poder? Sí, casi con certeza, pues esto representaría un desafío directo a sus intereses en Venezuela.
Eso también significa que es improbable que el ELN dé vuelta atrás si un gobierno respaldado por Estados Unidos sube al poder en Venezuela y amenaza sus bastiones e influencia en el país. El ELN lleva décadas resistiendo gobiernos respaldados por Estados Unidos en Colombia, ¿por qué actuaría de otro modo en Venezuela? La actual situación en Venezuela ofrece las condiciones perfectas para la expansión política, militar y económica del ELN, así como para presentarse como una fuerza insurgente panamericana y bolivariana, no simplemente colombiana. Sin embargo, otro escenario podría venirle bien al ELN: un conflicto civil declarado en Venezuela, donde pudiera aliarse con los “colectivos”, elementos chavistas radicales en el ejército y la milicia, así como con los grupos del crimen organizado que tienen profundas raíces en el régimen de Maduro. Esta unificación de conflictos civiles en Colombia y Venezuela es una posibilidad muy real, que debería guiar a los legisladores en Colombia y en el exterior en su apoyo al cambio de régimen en Venezuela.
Pero no solo el ELN depende de Venezuela como refugio, fuente de financiación y reclutamiento. Las ex-FARC Mafia, más específicamente los disidentes de las FARC, también tienen una presencia importante y en aumento al otro lado de la frontera. Su mayor puesto de avanzada se encuentra en el estado venezolano, Amazonas, bajo el mando de Géner García Molina, alias “Jhon 40”. Aquí están apostados hasta 500 miembros de las ex-FARC, venezolanos en gran parte, y quizás el principal líder disidente, Miguel Botache Santillana, más conocido como “Gentil Duarte”.
Colombia y Venezuela somos como siameses, nuestras historias criminales están unidas por la cadera. Tomar un serrucho y cortar por la diplomacia primitiva, la acción militar y la ganancia inmediata no hará más que prolongar el sufrimiento. Lo que se necesita es una cirugía precisa para garantizar que ambos países afronten en conjunto sus problemas con la criminalidad, con una visión a largo plazo y cooperación estrecha, en los frentes social y económico, no solo desde la perspectiva del orden público. La retórica del actual gobierno colombiano no apunta a sutilezas de ese tipo. Un conflicto civil en Venezuela solo reforzará al ELN y las dinámicas criminales de Colombia. Y nos condenará a más décadas de violencia.
* Este artículo fue publicado originalmente por Semana y fue reproducido por InSight Crime con permiso. Vea el original aquí.
Las autoridades de Colombia han descubierto la amenaza que se cierne sobre un importante recurso hídrico por causa de la minería ilegal en la zona rural de Cúcuta, lo que revela que la región enfrenta mucho más que la crisis fronteriza con Venezuela de la que tanto hablan los medios.
En una visita a Palmarito, norte de Cúcuta, un grupo de ambientalistas descubrieron aproximadamente 20 campamentos mineros que operan ilegalmente en la zona rural de Cerro Mono, que se extiende por lo menos unas 515 hectáreas.
Cerro Mono es una región montañosa donde nacen más de diez manantiales que garantizan la longevidad de Caño Barrancas, un afluente que provee agua a más de 3.000 familias de la región. Según César Augusto Ortega, coordinador de minería e hidrocarburos de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), la minería ilegal está destruyendo estas fuentes de agua por la excavación de túneles para extraer los depósitos más ricos en carbón de la región.
En un intento por contener el daño ambiental, múltiples organizaciones, incluidos funcionarios de la ciudad de Cúcuta, han implementado medidas iniciales para afrontar la situación que se vive en la región. Esas medidas consistirán de un análisis más detallado del área afectada, que se convertirá en un informe con el que las autoridades locales penalizarán y sancionarán a los responsables de la devastación causada.
Análisis de InSight Crime
Cúcuta es conocida por su proximidad geográfica con Venezuela, una región fronteriza famosa como punto álgido de economías ilícitas, como la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando. Pero esta nueva noticia sobre el desarrollo de minería ilegal en Cerro Mono arroja una luz sobre la actividad criminal que se ha extendido a la sombra de la crisis fronteriza con Venezuela.
La minería ilegal de oro y otros recursos ha sido bien documentada en otros lugares de Colombia, como Antioquia, Choco, y la zona del Catatumbo, en la parte norte del departamento de Norte de Santander. Sin embargo, no se había prestado mucha atención a Cerro Mono, en parte por la gran atención que se prestaba a las demás actividades ilícitas que prevalecen en Cúcuta. La repentina atención a la crisis ecológica en la región fue causada por una manifestación de más de 300 campesinos en el concejo municipal de Cúcuta el 5 de marzo. Algo muy raro, pues suele suceder que grupos locales por lo general se beneficien de las prácticas ilegales que afectan la sostenibilidad.
Según el gobierno colombiano, la minería ilegal es causante de casi el 8 por ciento de la deforestación en el país. Se creía que la extracción ilícita de carbón se concentraba en la zona del Catatumbo, pero es claro que dicha práctica se está acercando más a la mayor ciudad del departamento, y recién se está viendo el impacto.
InSight Crime divulgó recientemente un informe sobre la minería ilegal en Colombia y sobre el uso de maquinaria pesada que termina ocasionando daños ambientales irreparables. Con una escasez en el suministro de agua de por lo menos 50 por ciento en la región, es claro ver por qué los habitantes se oponen firmemente a la minería ilegal y sus catastróficos efectos.
El programa de sustitución voluntaria de cultivos en Colombia destruyó cerca de 35.000 hectáreas de sembrados de coca en solo ocho meses, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), lo que demuestra la acogida de esta estrategia en un momento en que el presidente Iván Duque presiona para que se adopte la erradicación forzada.
Un nuevo informe de la ONUDD afirma que sus investigadores verificaron la destrucción de 34.767 hectáreas de plantaciones de coca entre mayo de 2018 y enero de 2019. También observaron un índice de cumplimiento de 94 por ciento dentro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en 14 departamentos colombianos.
Este grado de conformidad se dio en los departamentos de Putumayo, Nariño, Caquetá, Antioquia, Meta, Guaviare, Córdoba, Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Valle, Vichada, Arauca y Guainía.
Sin embargo, Duque ha planteado dudas sobre la velocidad y la eficiencia de la sustitución voluntaria, y en lugar de ello ha recurrido a un ambicioso programa de erradicación forzada, con un objetivo de 280.000 hectáreas. Un informe de la ONUDD de 2017 indicaba que en el total del territorio nacional no había más de 171.000 hectáreas de cultivos de coca.
Duque sostiene que se requiere actuar con urgencia, ya que la producción de coca en Colombia se encuentra en un pico, y que la sustitución voluntaria no ha logrado lo suficiente. “Los programas de sustitución no llevarán a ignorar la obligación legal de erradicar los cultivos ilegales y la naturaleza criminal de esta práctica”, dice su plan de defensa y seguridad presentado en febrero.
Pero los críticos han advertido que los programas de sustitución voluntaria han demostrado una buena acogida entre los campesinos, pues les da una renta a cambio del cumplimiento. Aunque es más rápida, ellos advierten que la erradicación forzada conducirá a un reciclaje de conflictos sociales y un mayor debilitamiento del proceso de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Análisis de InSight Crime
Con frecuencia se ha ignorado el impacto real del debate sobre erradicación o sustitución.
La realidad para miles de colombianos en zonas rurales es que la producción de coca ha sido un mecanismo de subsistencia. El proceso de paz con las FARC y los cambios que conlleva no son un simple argumento económico; implican un cambio en el estilo de vida de cientos de miles de colombianos.
Es posible que los programas de sustitución voluntaria arrojen altos índices de conformidad hasta la fecha, pero el endurecimiento de la postura del gobierno amenaza con revertir el éxito alcanzado por el PNIS.
Las familias no han recibido los pagos que se les deben en el marco del PNIS, y se han interrumpido otros incentivos para impedir el cultivo de coca, al menos por el momento.
InSight Crime halló que en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, la primera ronda de pagos llegó según lo programado para los participantes en el PNIS en septiembre de 2018. Pero la segunda cuota que debía entregarse en noviembre, no se había pagado a finales de febrero. Y en el municipio vecino de Simití, los habitantes denunciaron que el primer pago nunca llegó.
El impacto no ha tardado en hacerse visible. En zonas de Colombia donde es escasa la presencia del estado, ha habido un retorno al cultivo de coca por parte de familias que dependen de ello. Campesinos del sur de Bolívar confirmaron a InSight Crime que pagan a los soldados para que no erradiquen sus sembrados de coca o para que destruyan solo una parte de ellos, mientras registran que la erradicación fue total.
Este retroceso es más trágico aun si se tienen en cuenta los titánicos esfuerzos hechos para llevar las iniciativas de sustitución voluntaria de cultivos hasta donde están. Convencer a miles de familias que ingresaran al programa fue un proceso largo y arduo, que implicó muchas veces la intervención de líderes comunitarios, quienes defendieron las intenciones del gobierno y despejaron las dudas.
El impacto en estas comunidades será amplio y variado. Esos mismos líderes, que pusieron las manos en el fuego por el proceso de paz, ahora se enfrentan a la pérdida de confianza de sus comunidades, sin hablar de represalias más graves.
Peor aún, es posible que los grupos armados ahora busquen retribución contra esas comunidades o habitantes que se adhirieron al programa de sustitución de cultivos y aceptaron el dinero del gobierno.
Otro reto es que estas iniciativas de sustitución de cultivos se introdujeron en asociación con otras iniciativas, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuyo propósito es promover el desarrollo de municipios prioritarios en un contexto de posconflicto. Dejar aislados estos programas les resta posibilidades de cumplirse a cabalidad y propicia su debilitamiento progresivo.
Hay actualmente en desarrollo una nueva amenaza criminal que pone en riesgo la seguridad nacional, y el gobierno puede estar alentando su crecimiento con sus decisiones políticas.
En una reciente conversación con un exguerrillero de las FARC quedó claro que hay cientos de excombatientes que podrían estar pensando en abandonar el proceso de paz —o que ya lo han hecho— para volver al monte y a las economías criminales que alguna vez controlaron.
“Para muchos de nosotros el proceso de paz ha terminado. Como muchos lo predijeron, fuimos traicionados por el gobierno. Supusimos que si el gobierno firmó un acuerdo, verificado por instancias internacionales, entonces ese acuerdo se cumpliría. Obviamente, estábamos equivocados”, dice un veterano exintegrante de las FARC.
*Este artículo fue publicado originalmente por Semana y fue reproducido por InSight Crime con permiso.
Muchos partidarios del gobierno podrían aducir que el presidente Iván Duque y su padrino político, el expresidente Álvaro Uribe, lideraron los ataques contra el acuerdo de paz y ganaron el referéndum mediante el cual fue rechazado en octubre de 2016. Sin embargo, una actualización de los acuerdos fue aprobada por el Congreso y ratificada por la Corte Constitucional, con la condición de que no puede ser modificada en los siguientes 12 años.
Esto significaría que la administración actual debe cumplir con los acuerdos. Sin embargo, las amenazas al acuerdo y el debilitamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) parecen indicar que la palabra del gobierno colombiano no es sólida.
Si a esto se suma la negativa a respetar las condiciones acordadas previamente y con respaldo internacional en las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la credibilidad de este gobierno queda en cuestión. Esto tiene enormes implicaciones nacionales e internacionales, y no solo en relación con el proceso de paz.
En lo que aquí nos ocupa, una de las implicaciones es que muchos miembros de las FARC, que entraron en el proceso de paz de buena fe, están siendo inducidos de nuevo hacia la vida criminal. Esto no significa necesariamente que se levantarán en armas contra el Estado, sino que van a regresar a la economía criminal que anteriormente financiaba el conflicto civil que durante cinco décadas adelantaron las FARC.
Permítaseme hacer una predicción: si el presidente Iván Duque no se compromete con los acuerdos de paz con las FARC y no cumple sus condiciones en la medida de sus capacidades (y sus recursos), y si además de eso no fortalece la JEP, la mafia ex-FARC, en alianza con elementos del ELN, establecerá una hegemonía criminal en diversas partes de Colombia y se convertirá en una nueva amenaza para la seguridad nacional dentro de tres años.
Y si un gobierno elegido con base en la promesa de mejorar la seguridad permite que esto suceda, entonces se trata de una traición a los que votaron por él.
El presidente Juan Manuel Santos tiene parte de la culpa, dado que él firmó un acuerdo e hizo una serie de promesas que no cumplió durante su administración, delegando un reto de proporciones titánicas a su sucesor. Sin embargo, eso es asunto del pasado, y estamos hablando del presente y de lo que viene a futuro.
Exploremos un poco más la naturaleza de esta creciente amenaza criminal, que en InSight Crime hemos denominado “mafia ex-FARC”.
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Esta tiene tres componentes: los disidentes de las FARC (a los que el gobierno llama Grupos Armados Organizados Residuales), que profesan algún tipo de ideología y se consideran a sí mismos como la continuación del ejército guerrillero desmovilizado; las Farcrim, o grupos de antiguos miembros de las FARC que están involucrados en actividades criminales, pero que no tienen pretensiones ideológicas; y las “FARC ocultas”, compuestas por guerrilleros que nunca entraron en el proceso de paz, sino que permanecieron en el campo de batalla, controlando las economías criminales.
Mediante un seguimiento diario e investigaciones de campo, hemos identificado por lo menos 37 unidades criminales relacionadas con la mafia ex-FARC. Además, tenemos buenas fuentes de inteligencia que indican que los disidentes de las FARC, bajo el comando de Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte“, y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco“, han llegado a un acuerdo con elementos del ELN comandados por Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”, para dividirse territorios de los Llanos Orientales e incluso de Venezuela.
Aprovechando la continua expansión de la producción de cocaína, la minería ilegal y la extorsión, la mafia ex-FARC está creciendo, controlando rutas de drogas en Venezuela, Ecuador y Brasil, y ganando suficiente dinero para financiar un crecimiento exponencial, en caso de que logren reclutar suficientes miembros y se reconecten con otras células de la mafia ex-FARC en todo el país.
Creemos que si la mafia ex-FARC logra encontrar un líder con prominencia nacional y habilidades excepcionales (vienen a la mente nombres como los de Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, y Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”) podrá reunir unos 4.000 criminales experimentados, que, si se unen al significativo número de 4.000 miembros del ELN, podrían establecer una hegemonía criminal no solo en los Llanos Orientales de Colombia y en Venezuela, sino en toda Colombia, creando una red criminal de alcance nacional.
¿Nos recuerda esto algo?
*Este artículo fue publicado originalmente por Semana y fue reproducido por InSight Crime con permiso.
La captura de un poderoso traficante de armas colombiano en Honduras, acusado de proveer al ELN, ha revelado detalles sobre una intrincada red de comercio internacional de armas que se extendió desde los Estados Unidos hasta Colombia, pasando por Centroamérica.
José Alexander Peláez Mejía, alias “Zeus” o “Mono” fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Bogotá el 8 de marzo, tras haber sido expulsado de Tegucigalpa, capital de Honduras, donde residía, según comunicó la policía de Colombia.
Zeus tenía una orden de captura internacional y notificación azul de INTERPOL para su localización en 194 países. Se lo buscaba por los delitos de “fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación, tráfico o porte de armas, munición de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.”
Se lo acusa de ser el principal suministrador de armas en el departamento de Antioquia a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
— Brigadier General Gonzalo Ricardo Londoño Portela (@DIJINPolicia) March 8, 2019
Según la policía colombiana, Zeus adquiría las armas en los Estados Unidos, las llevaba a Centroamérica y, a través de empresas de mensajería, las enviaba a Colombia. Desde allí, utilizaba camiones de carga y buses para llegar a las diversas estructuras del ELN en el departamento de Antioquia y a otros grupos criminales.
La captura tuvo lugar como parte de una operación internacional coordinada por Interpol que resultó en 560 detenciones en ocho países de Latinoamérica.
Análisis de InSight Crime
El arresto de Zeus ha revelado detalles sobre el modus operandi de una red que provee armas a algunos de los grupos criminales más poderosos de Colombia y ha logrado mantenerse fuera del radar de las autoridades.
Bajo la fachada de un hombre dedicado a la reparación de automóviles, Zeus logró la construcción de un perfil de empresario que le permitió lucrarse del comercio de armas ilícitas clandestinamente sin llamar la atención.
La guerrilla colombiana del ELN hacia parte de la lista de clientes con los que entabló transacciones de tipo ilícito. Un integrante de esta organización, conocido con el alias de “Mauricio”, era el contacto que se encargaba de recibir el armamento que iba repartido en piezas camufladas en cargamentos de buses del servicio público.
La posición de neutralidad de Zeus era clave para sostener los negocios con diversas organizaciones, entre las que también se supone había disidentes de la guerrilla en desmovilización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según reportaron medios locales.
La diversificación de la mercancía ofrecida por Zeus era otra de las fortalezas de su emporio criminal. Su portafolio armamentístico incluía diferentes variedades de pistolas y fusiles, entre las que destacaba el fusil Barret .50, empleado para atravesar vehículos blindados y alcanzar objetivos a dos kilómetros de distancia.
No obstante, los “señores de la guerra” camuflados en la legalidad no son los únicos encargados de abastecer armas a las estructuras criminales de Colombia.
Cada vez con más frecuencia se han visto casos que involucran a miembros de la fuerza pública con la venta ilegal de armamento. En 2017, el mayor Héctor Murillo fue capturado por sus vínculos con el grupo criminal de los “Urabeños”. Murillo fue sentenciado por corrupción y suministro de armamento a esta organización.
La Corte Constitucional en Colombia está debatiendo si levanta la prohibición judicial a la aspersión de glifosato en la fumigación aérea de cultivos ilícitos de coca, una decisión que no parece tener posibilidad de resolver los problemas que la coca genera en el país.
A comienzos de marzo, la corte anunció que acogería la solicitud del presidente Iván Duque de una audiencia para debatir si se levanta la prohibición decretada en 2015 sobre la aspersión aérea de cultivos de coca con el herbicida glifosato.
“Nos hemos ido quedando sin las herramientas necesarias para enfrentar la más grande amenaza al orden constitucional en muchos lugares del territorio nacional”, manifestó Duque defendiendo la modificación de la prohibición en sus intervenciones durante la audiencia del 7 de marzo. Añadió que dicha decisión “le daría un fortalecimiento al orden público, a la defensa de los derechos fundamentales”.
El fiscal general de Colombia Humberto Martínez y el ministro de defensa Guillermo Botero respaldaron la petición de Duque a la Corte Constitucional para que permita reactivar el uso del glifosato en la fumigación aérea, argumentando que los actuales métodos en uso han sido inefectivos.
De otro lado, el expresidente Juan Manuel Santos criticó el “alto costo humano” de la erradicación forzada y la falta de atención que supone levantar la prohibición del glifosato en una de las principales amenazas de la erradicación de cultivos de coca: que los campesinos vuelvan a plantarlas.
La “resiembra era y es muy alta —superior al 60 por ciento en algunos casos— no solo porque no se tenía control del territorio, sino porque los campesinos simple y llanamente no tenían alternativa diferente a la de volver a sembrar [las plantas de coca]”, anotó el expresidente.
En 2015, la administración Santos interrumpió el uso del glifosato producido por Monsanto para fumigar los sembrados de coca. Las autoridades colombianas y estadounidenses han pedido que se reactive su uso en los años que han pasado, a pesar de los hallazgos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el herbicida tiene “conexión con el cáncer”.
Otros detractores del uso del glifosato y de la erradicación forzada de cultivos de coca se unieron a las declaraciones de Santos, argumentando que los costos humanos y la vulnerabilidad de las cuadrillas de erradicadores deben llevar al gobierno a “repensar seriamente” una mejor forma de abordar el problema que supone para el país la siembra de coca y la producción de cocaína asociada a la primera.
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La extensión de tierras usadas para el cultivo de coca —materia prima para el procesamiento de la cocaína— y la producción total de cocaína en Colombia han presentado un aumento sostenido desde 2013. Un récord de 171.000 hectáreas se dedicaron al cultivo de coca en 2017, lo que contribuyó a poner a Colombia como mayor productor mundial de cocaína con 1.379 toneladas de la droga, un incremento de 31 por ciento en comparación con el año anterior, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD).
Análisis de InSight Crime
La administración Duque en Colombia está convencida de que, sin importar sus fracasos anteriores y los altos costos humanitarios, el retorno a la fumigación aérea usando glifosato es la única forma de ayudar a frenar el cultivo de coca y la producción de cocaína sin precedentes en el país andino, algo que su predecesor fue incapaz de controlar.
“Esta no es una decisión sobre un herbicida, la verdadera discusión es sobre los riesgos y amenazas que enfrenta el país”, subrayó Duque.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, salió en defensa del presidente, explicando que “los cultivos ilícitos en Colombia huelen a sangre y crimen”. El gobernador añadió que el gobierno está “perdiendo la guerra en la erradicación de los cultivos ilícitos”.
Los sembrados de coca en Antioquia fueron relativamente bajos en comparación con los principales departamentos productores de cocaína, Nariño y Putumayo, en 2006 y 2007, época en que arreció la fumigación de cultivos de coca por parte del gobierno.
Desde entonces, sin embargo, el cultivo de coca en ese departamento del noroeste de Colombia ha exhibido un salto de 6.096 hectáreas, en diciembre de 2008, a 9.343 hectáreas, en diciembre de 2016, que se incrementaron en otro 55 por ciento, a 13.681 hectáreas, en diciembre de 2017, según la ONUDD.
En particular, la región del Bajo Cauca en Antioquia ha sido escenario de brutales enfrentamientos por tráfico de drogas y otras actividades ilícitas entre Los Urabeños y una red de disidentes ex-FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC—), del frente 36, alineados con una disidencia conocida como Los Caparrapos.
No obstante, aunque la fumigación aérea pueda producir una disminución a corto plazo de los cultivos de coca, los sembrados se han recuperado en el largo plazo, pues en respuesta a ello, los campesinos resiembran y cultivan más plantas de coca, a la vez que implementan otras estrategias para ajustar sus crecientes operaciones como consecuencia del aumento en la erradicación forzosa.
Esto lo saben mejor que nadie los habitantes de los departamentos de Nariño y Putumayo, suroeste de Colombia, quienes según la ONUDD, fueron los departamentos con mayor producción de cocaína en el país, con casi el 50 por ciento de su superficie total usada para el cultivo de coca en 2017.
“La erradicación humana nos ha costado lo más valioso: las vidas humanas. Policía y campesinos han perdido la vida en labores de erradicación”, se pronunció el gobernador de Nariño Camilo Romero Galeano, argumentando que una solución efectiva sobre el de glifosato es la sustitución de cultivos de coca.
En efecto, nueve civiles fueron asesinatos y otros 18 salieron heridos en un enfrentamiento ocurrido en octubre de 2017 a causa de la erradicación forzada de cultivos de coca por parte del gobierno en la ciudad de Tumaco, sobre el Pacífico. Otros civiles y funcionarios públicos también han caído muertos en la erradicación de cultivos por la fuerza en este departamento estratégico para la delincuencia.La gobernadora de Putumayo Sorrel Aroca agregó que los pequeños cultivadores siguen esperando que el gobierno “les cumpla lo prometido en los programas de sustitución de cultivos”, incluidos en el acuerdo de paz con las FARC.Conocido como Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la violencia criminal, las tensiones entre cocaleros y observadores de la ONU, más la falta de presencia estatal y la lentitud del gobierno en la implementación de elementos claves del programa han amenazadosu aplicación.Incluso, las agresivas metas de erradicación de coca y la negligencia del gobierno en el pago a las familias que se acogieron al programa PNIS también han puesto en riesgo su éxito.Algunos informes indican que la sustitución voluntaria de cultivos es más efectiva que la erradicación forzada en lo que se refiere a la resiembra de plantas de coca por parte de los campesinos. Un estudio reciente de las Naciones Unidas, por ejemplo, halló que el 35 por ciento de los pequeños sembradores resiembran las plantas de coca luego de que las fuerzas de seguridad las erradican por la fuerza. Pero cuando las comunidades hacen la sustitución voluntaria, solo el 0,6 por ciento de sembradores vuelven a plantar, informó El Tiempo.Sin embargo, lo que se ha perdido en el debate maniqueo por un retorno al uso del glifosato es la complejidad de la lucha contra el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia, y la necesidad de una estrategia en múltiples frentes con un enfoque a largo plazo. Si el gobierno no puede garantizar la protección de los pequeños sembradores ante los poderosos grupos criminales, y si los pequeños sembradores no tienen alternativas viables a los cultivos de coca que les permitan ganar un salario digno, la lucha del país contra la droga parece condenada a perpetuarse.*Este artículo se redactó con la colaboración del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado, de InSight Crime.(Arriba: Fotografía AP/Fernando Vergara)
Un puerto remoto en la costa Caribe en Costa Rica es desde hace tiempo el punto de partida de cargamentos de banano y piña que esconden un producto más: cocaína. ¿Seguirán los traficantes de droga usando el puerto de Moin, cerca de la ciudad de Limón, hoy que este ha pasado por una ampliación que incluye nueva tecnología de detección?
Solo en octubre pasado, seis toneladas de cocaína ocultas entre racimos de bananos desembarcaron en Europa provenientes de Limón. El envío llegó a Portugal y luego viajó por camión a Málaga, España, donde las autoridades incautaron la cocaína y detuvieron a 16 personas, informó El País.
Las autoridades dicen que esta es una de las operaciones más grandes que se hayan visto en Europa, y añadieron que la empresa responsable del envío de bananos había despachado por lo menos 70 contenedores de fruta desde Costa Rica, para dar la impresión de ser una firma legítima.
En junio de 2018, las autoridades del puerto descubrieron 300 kilogramos de cocaína en los ductos de ventilación en un contenedor que se encontraba en un barco de bandera italiana y que había llegado desde el puerto de Turbo, en la costa Caribe colombiana, según una nota de La Nación. El mismo mes se hallaron cerca de 400 kilogramos de cocaína en maletas escondidas en el casco de otro barco proveniente de Turbo. La nave estaba registrada en Las Bahamas.
Dos meses después, se encontraron 133 kilogramos de cocaína entre piñas en un buque mercante con destino al puerto de Cork, en Irlanda. Las autoridades dicen que las drogas tenían que ver con un grupo criminal irlandés, conocido como el cartel de Kinahan, según información de The Irish Times.
Entre 2012 y 2017, las autoridades decomisaron casi seis toneladas de cocaína en contenedores de barcos cargados en el puerto de Moin, y otras cuatro toneladas de cocaína en buques cargueros que habían atracado en el mismo puerto, según una investigación realizada por La Nación en 2017.
Análisis de InSight Crime
Con la importancia que ha adquirido Costa Rica en el trasbordo de narcóticos, los traficantes han aprovechado lo remoto y mal administrado del puerto en Limón.
La cocaína descubierta en cargamentos con destino a Europa se ha disparado en la costa caribe costarricense durante la última década, según la investigación realizada por La Nación en 2017. La causa de este incremento puede ser de doble naturaleza.
En primer lugar, la demanda de cocaína en Europa sigue creciendo, y los precios en la calle son superiores a los de Estados Unidos. Los traficantes colombianos, que han perdido terreno frente a los carteles mexicanos en el ingreso de narcóticos a Estados Unidos, también han hecho uso del canal europeo últimamente aprovechando la bonanza cocalera en el país. De los 22 buques atracados en Moin a bordo de los cuales se halló cocaína, la mitad provenía del puerto de Turbo en Colombia, según el reportaje de La Nación.
En segundo lugar, el puerto de Moin, que envía grandes cantidades de productos agrícolas a Europa, ha sido especialmente vulnerable al contrabando. Según La Nación, el equipo de escaneo en el puerto no funciona desde 2016, lo que significa que los contenedores de embarque deben abrirse e inspeccionarse para verificar que no haya drogas. Cada año pasan por el puerto cerca de 1.200.000 contenedores. En 2017, solo se inspeccionaron 14.000 de ellos.
Este mes inició operaciones una nueva terminal en Moin, construido para acomodar los grandes buques de carga “Panamax”, con sistemas de detección totalmente nuevos.
Sin embargo, Kenneth Waugh, director general de APM Terminals, que construyó y administra la terminal, señaló que incluso con esta tecnología sigue habiendo necesidad de que el gobierno costarricense designe un centro de comando, donde las autoridades puedan monitorear y responder a la detecciones y datos de vigilancia en el perímetro del puerto.
Que las mejoras en el puerto de Moin lleven a los traficantes a evitarlo está por verse. Podrían simplemente seguir dirigiéndose al terminal de Limón, más pequeño, como lo han hecho por años.
Aprovechando la continua expansión de la producción de cocaína, la minería ilegal y la extorsión, la mafia ex-FARC está creciendo, controlando rutas de drogas en Venezuela, Ecuador y Brasil, y ganando suficiente dinero para financiar un crecimiento exponencial, en caso de que logren reclutar suficientes miembros y se reconecten con otras células de la mafia ex-FARC en todo el país.
Creemos que si la mafia ex-FARC logra encontrar un líder con prominencia nacional y habilidades excepcionales (vienen a la mente nombres como los de Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, y Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”) podrá reunir unos 4.000 criminales experimentados, que, si se unen al significativo número de 4.000 miembros del ELN, podrían establecer una hegemonía criminal no solo en los Llanos Orientales de Colombia y en Venezuela, sino en toda Colombia, creando una red criminal de alcance nacional.
¿Nos recuerda esto algo?
