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Corte internacional condena a Colombia por sangrienta operación militar en 2002

La condena de una corte internacional al papel del Estado colombiano en una infame operación militar llevada a cabo en la ciudad de Medellín, muestra las fallas de militarizar la lucha contra grupos armados ilegales, particularmente en áreas urbanas altamente pobladas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al gobierno de Colombia por su papel en asesinatos y otros crímenes en contra de cinco mujeres líderes sociales en contexto del conflicto armado, declara un comunicado de prensa del 10 de enero. El caso está conectado a una serie de operaciones militares incluyendo particularmente la infame “Operación Orión”, llevada a cabo en 2002 en la notoria Comuna 13, ubicada en la segunda ciudad más grande de Colombia, Medellín.

“Colombia es responsable por no prevenir el asesinato de la defensora de derechos humanos Ana Teresa Yarce, así como por su detención ilegal y arbitraria junto con otras defensoras de la Comuna 13 en Medellín”. (Vea la sentencia completa de Noviembre del 2016 aquí – pdf).

Yarce fue asesinada en 2004, después de haber acusado a las fuerzas de seguridad del Estado por colusión con grupos paramilitares locales. La corte internacional decidió que el Estado colombiano falló en garantizar su seguridad a pesar de numerosas advertencias de que su vida estaba en riesgo.

La corte además acordó que tres víctimas fueron arbitrariamente detenidas en 2002 después de ser acusadas de colaboración con las guerrillas, y encontró que el Estado no hizo lo suficiente por proteger a los defensores de ser forzosamente desplazados de sus hogares. También condena la impunidad alrededor de los crímenes a las cinco victimas.

De acuerdo con el fallo, los arrestos ilegales ocurrieron “durante el Estado de conmoción interior causado por la Operación Orión”.

La Operación Orion fue llevada a cabo en octubre del 2002 por el entonces presidente Álvaro Uribe con el objetivo de expulsar las guerrillas urbanas de la zona. Un barrio estratégicamente ubicado que se extiende a lo largo de la principal autopista que conecta a Medellín con la costa caribeña, la Comuna 13, que al mismo tiempo era hogar de las unidades del grupo armado de izquierda, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Comandos Armados del Pueblo (CAP). Estos grupos luchaban contra los frentes de la organización paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia –(AUC).

Se cree que miles de civiles fueron heridos, desplazados, desaparecidos o asesinados durante el desarrollo de la operación militar en 2002.

Análisis de InSight Crime

La incursión militar en área urbana en Octubre del 2002 ha recibido una condena generalizada debido a los presuntos abusos por parte de las fuerzas armadas colombianas, así como por la evidencia de colaboración con grupos paramilitares. Lo ocurrido en la Comuna 13 es una muestra de que adoptar fuertes tácticas militares en escenarios de conflicto interno puede ser una caja de Pandora para la seguridad de la ciudad.

El contexto urbano de la Operación Orion expuso a la población a la extrema violencia, reemplazando un problema –las guerrillas– con otro.

Como expone el archivo de la Corte Interamericana: “La Operación Orion debilitó la presencia de guerrillas en la Comuna 13, sin embargo, no puso fin a la presencia y actividad de todos los grupos armados ilegales”. En efecto, en los años siguientes, grupos paramilitares continuaron llevando a cabo actos violentos en contra de la población local, y hoy bandas criminales permanecen presentes.

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En el centro del problema está que, en ausencia de alternativas viables para combatir los grupos armados ilegales, los gobiernos de Latinoamérica frecuentemente ignoran evidencia de violaciones de derechos humanos o colusión criminal dentro de las fuerzas militares. México también ha sido objeto de la crítica internacional por mantener al ejército en el primer plano de la guerra contra el crimen organizado a pesar de incontables casos de excesos violentos y nexos criminales.  Similar a esto, la dura estrategia de seguridad de El Salvador ha sido ligada a asesinatos extrajudiciales por la policía, pero continúa siendo avalada en la lucha contra las pandillas.

Aun así, existe la esperanza de que la presión internacional desde sentencias judiciales tal como esta, puedan alentar a los gobiernos a  ser menos dependientes de estrategias de seguridad altamente militares y buscar soluciones mas efectivas a largo plazo.

Comparación entre rechazado acuerdo de paz con FARC y negociación con paramilitares

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Tras la estrecha victoria de quienes se oponían al acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las FARC, InSight Crime  compara el acuerdo de justicia transicional con el que se pactó hace una década con los paramilitares de extrema derecha.

Contrario a lo que pronosticaban prácticamente todas las encuestas, los colombianos votaron el 2 de octubre en contra del acuerdo de paz con el grupo guerrillero más grande y antiguo del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Algunos de los puntos más polémicos que influyeron para que la balanza se inclinara en contra del acuerdo se refieren a las indulgencias jurídicas —e incluso a los beneficios políticos— concedidas a los miembros de las FARC involucrados en actividades criminales.

El acuerdo pactado con las FARC suele ser comparado con la “Ley de Justicia y Paz”, la legislación aprobada en 2005 para permitir la desmovilización de los grupos paramilitares de extrema derecha. En efecto, muchos de los puntos importantes del acuerdo con las FARC son similares a los del acuerdo con los paramilitares, a pesar de algunas diferencias leves, pero importantes, que en última instancia son consideradas inaceptables por una leve mayoría de los colombianos en el caso de las FARC.

Aquí están algunos de estos puntos:

1. Impunidad

Uno de los principales argumentos contra el acuerdo de paz de Colombia con las FARC consiste en que el grupo guerrillero no recibiría suficiente castigo por los crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto. Un punto bastante polémico del acuerdo es el relativo a que los combatientes de las FARC que reconozcan sus crímenes no pagarán penas de prisión “bajo ninguna circunstancia”. El acuerdo de paz les ofreció a los guerrilleros “la más amplia amnistía posible”, mientras que los responsables de las más graves violaciones de derechos humanos —como masacres, secuestros y desapariciones—enfrentarían “restricciones a la libertad” por un periodo de cinco a ocho años.

Por otro lado, el narcotráfico sería considerado un delito político —y por lo tanto excusable—. Además, se prohibió explícitamente la extradición de los miembros de las FARC.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre el proceso de paz en Colombia

Por el contrario, los paramilitares de extrema derecha que se acogieron a la “Ley de Justicia y Paz” del país en 2005 recibieron penas de cárcel de entre cinco y ocho años. Y aunque la amnistía estuvo inicialmente sobre la mesa de conversaciones para los paramilitares que no hubieran sido responsables por delitos graves, ella fue declarada inconstitucional en 2007. Sin embargo, finalmente muchos no pagaron penas de prisión, y una ley de 2010 les ofreció posteriormente libertad condicional. El narcotráfico no fue considerado un crimen excusable.

Aunque para muchos es difícil aceptarlo, las “restricciones a la libertad” de los miembros de las FARC pudo haber beneficiado a Colombia después de la firma del acuerdo más que si hubieran cumplido penas de prisión. Dentro de las sentencias alternativas se encontraban la participación en proyectos como programas de sustitución de cultivos, eliminación de minas antipersona y construcción de infraestructura —todas las cuales son tareas importantes para el desarrollo rural, que es uno de los componentes clave de los acuerdos de paz—.

También hay diferencias entre el proceso de desmovilización de los paramilitares y la planificada desmovilización de las FARC. Para las AUC, se trató de un procedimiento laxo que les permitió a los jefes criminales desmovilizarse junto con paramilitares y comandantes para pasar como si fueran miembros de sus filas y de esa manera evadir las penas de prisión y continuar con sus actividades de narcotráfico. La planificada desmovilización de las FARC hubiera sido un proceso mucho más regulado, con listas de miembros que serían sometidas a verificación por agentes de inteligencia del Estado.

2. Dinero

Los opositores al acuerdo de paz sostienen que el acuerdo no exigía que el grupo guerrillero ofreciera suficiente reparación a las víctimas, y por el contrario cada guerrillero desmovilizado recibiría un máximo de US$8.500 a manera de subsidios del Estado durante los próximos dos años.

El acuerdo al parecer era débil en lo relativo al patrimonio ilegal de las FARC, que según algunas estimaciones podría ascender a varios miles de millones de dólares. No exigía explícitamente que los guerrilleros entregaran todos sus activos. El acuerdo exigía que las FARC ofrecieran “reparación material”, pero no presentó ninguna definición clara de ese ambiguo término. Esencialmente, el acuerdo dejaba este aspecto en gran parte a la voluntad de los miembros de las FARC para mencionar e identificar sus activos —un proceso que supuestamente ya estaba en marcha—. Pero hasta el momento, la organización guerrillera se ha negado constantemente a reconocer sus ganancias criminales, y gran parte de sus tierras permanecen ocultas a nombres de testaferros. De modo que gran parte de su riqueza puede permanecer en secreto.

Además, el acuerdo habría permitido que las anteriores confiscaciones de activos de las FARC fueran reevaluadas, siempre y cuando sus dueños anteriores pudieran comprobar que las tierras no fueron compradas con fondos mal habidos.

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En el caso de los paramilitares, la Ley de Justicia y Paz les exigió entregar “los activos obtenidos mediante actividades ilegales”, o de lo contrario no recibirán los beneficios judiciales. Sin embargo, las autoridades colombianas no estaban preparadas para la avalancha de información que iban a recibir. Dado que carecía de los recursos y las herramientas jurídicas para recibir todos los activos descubiertos, a la Fiscalía General de la Nación le tomó años confiscar la primera propiedad.

Como resultado, muchos territorios quedaron en manos de grupos criminales, y algunos de ellos siguen siendo centros de actividad criminal. Por ejemplo, la minería ilegal se lleva a cabo en parcelas de tierra en el departamento de Antioquia que pertenecen a los altos comandantes de las AUC Ramiro “Cuco” Vanoy y Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”. También ha habido informes de personas que han sido amenazadas o asesinadas por comprar propiedades confiscadas en sitios de subastas.

Hay quienes afirman también que los activos entregados por los paramilitares no fueron suficientes para cubrir los costos de las reparaciones. Según la abogada Laura Gutiérrez, la Unidad de Víctimas del gobierno ha dicho que sólo el tres por ciento de las reparaciones fueron pagadas con recursos de los paramilitares.

3. Política

El acuerdo de paz con las FARC establece que ninguna de las sanciones impuestas durante el proceso de justicia transicional impedirá que los miembros de las FARC participen  en la política nacional. Además, el partido político conformado por las FARC tendría diez escaños garantizados en el Congreso —cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes— durante dos periodos de cuatro años a partir de 2018. Muchos de los que votaron contra el acuerdo de paz se oponían radicalmente a la posibilidad de que los líderes de las FARC que habían cometido atrocidades ocuparan de manera automática posiciones en el Congreso. Esta transición a la política es una oportunidad que no tuvieron las AUC —las cuales no estaban interesadas en convertirse en un movimiento político—.

Sin embargo, es importante recordar la historia de las FARC. En la década de los ochenta, durante un proceso de negociación de paz anterior, los guerrilleros crearon un partido político denominado Unión Patriótica (UP), destinado a servir como medio de transición hacia el sistema político. Sin embargo, los miembros de la UP fueron masacrados —sus dos primeros candidatos presidenciales fueron asesinados y miles de sus miembros murieron a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares—. La concesión del gobierno en cuanto a representación política buscaba enmendar el error por la falta de protección a la UP en la década de los ochenta.

4. Marco temporal

El acuerdo con las FARC estableció un claro cronograma para el proceso de desarme de la guerrilla, estipulando que los combatientes comenzarían a trasladarse a las zonas de concentración del país tan pronto como el acuerdo se firmara el 26 de septiembre. Además, sus armas serían entregadas a los representantes de las Naciones Unidas durante un período de seis meses.

En el proceso con las AUC no hubo calendario, así como tampoco hubo ningún plebiscito para evaluar la aceptación del acuerdo por el pueblo colombiano.

Para las FARC y para Colombia, la victoria del “No” en las votaciones del 2 de octubre ha dejado en vilo todas estas medidas, y es difícil predecir lo que ocurrirá a continuación. Hay un riesgo real de que las FARC comiencen a desarticularse. Los miembros de un frente guerrillero que tiene profundos vínculos con el tráfico de drogas ilícitas ya se han opuesto al acuerdo y dijeron que no se desmovilizarán. El rechazo a los acuerdos de paz aumenta la probabilidad de que otros elementos de las FARC sigan su camino.

De hecho, a mediados de la primera década de este siglo la desmovilización de los paramilitares tardó aproximadamente tres años. Durante ese período, algunas facciones paramilitares expandieron su control territorial en zonas que otros paramilitares habían desocupado, mientras las armas estaban siendo redistribuidas entre estos grupos y más civiles estaban siendo víctimas.

El camino hacia la paz es largo. Después del 2 de octubre, se ha vuelto aún más largo.

Élites y crimen organizado en Colombia: ‘Don Berna’

Hacia finales de 1993, Pablo Escobar estaba acorralado. El rey de la cocaína —conocido como “El Patrón”— se estaba quedando sin dinero y sin opciones. Sus principales sicarios estaban muertos, o bien se habían entregado. Casi todos los miembros más importantes del Cartel de Medellín estaban en prisión o se habían unido a sus rivales, un oscuro grupo paramilitar autodenominado Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES). Al frente de su cacería por parte de los PEPES se encontraba alias “Don Berna”, un exguerrillero cojo al servicio del cartel, quien trabajó con el famoso Bloque de Búsqueda de la Policía.

El 2 de diciembre, Escobar llamó por teléfono a su familia, que se encontraba refugiada en un hotel de Bogotá. El Bloque de Búsqueda estaba pendiente y trianguló la llamada a una pequeña casa en el barrio Los Olivos de Medellín. Don Berna se trasladó al lugar con la Policía, su hermano y 20 de sus hombres. Esta es su descripción de lo que sucedió:

“Derribaron la puerta con una almádena. El patrón, absorto en su llamada, no escuchó el estrépito. El único hombre que lo acompañaba, alias El Limón, le gritó: “¡Patrón, nos cayeron!”, y salió corriendo por la puerta trasera de la residencia. Pablo hizo lo mismo, pero sus movimientos eran lentos debido al gran sobrepeso que tenía. Subió al segundo piso, pues allí había una pequeña ventana que daba al techo de una casa vecina. Pablo corría por el techo cuando mi hermano llegó a la ventana, le apuntó y le disparó en la cabeza con su fusil M-16 calibre 5.56”.1 

Unos minutos más tarde, el mayor de la Policía que se encontraba al frente de la búsqueda de Escobar llegó y abrazó a Berna y a su hermano.

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Este artículo es parte de una serie que estudia la relación entre élites y crimen organizado. Lea el informe completo de Colombia (pdf). Vea las otras partes de la serie aquí.

“Nos felicitó, estaba feliz y había euforia, tiros al aire y gritos de ¡viva Colombia! Me pidió que me retirara, pues venía la prensa y no era conveniente que me vieran allí”.2 La versión oficial de los hechos decía que un tirador de la Policía derribó a Escobar mientras él caminaba con dificultad por el tejado.

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Los PEPES habían diezmado al Cartel de Medellín utilizando una combinación de astucia, violencia y alianzas estratégicas, y lo habían dejado con un solo guardaespaldas. Financiados por sus rivales del Cartel de Cali, fortalecidos por la inteligencia de los miembros de su cartel hartos de las traiciones y los asesinatos de Escobar, y protegidos por la Policía, los PEPES eran una poderosa fuerza que cambiarían el panorama criminal de Colombia.

El principal benefactor de la lucha contra Escobar era Diego Murillo Bejarano, “Don Berna”, el poco conocido soldado cojo de Los Galeano, uno de los clanes criminales del Cartel de Medellín. A diferencia de Escobar, Don Berna no se enfrentó al gobierno, no mató policías y jueces, ni secuestró a los miembros de las élites. Él sabía que la Policía era un enemigo implacable y que podría convertirse en un aliado excepcional. Su control sobre los recursos y la importancia política de su lucha contra El Patrón los convirtió en cierto tipo de élite burocrática. Y ellos utilizaron este poder para influir en la manera como el gobierno colombiano desplegó sus recursos militares, judiciales y políticos.

Don Berna se situaría en el centro de una alianza entre los criminales y las élites burocráticas, que resultó fundamental en la lucha contra Escobar. Don Berna y sus compañeros de los PEPES utilizaron estas conexiones para rastrear a la familia de Escobar y a sus socios, matar a muchos de ellos con impunidad, aislar a El Patrón y hacer que muchos de los socios de Escobar se pusieran de su lado. La Policía utilizó a Don Berna para obtener información que condujo a la captura de figuras clave de Escobar, a la confiscación de propiedades y a la congelación de las cuentas bancarias de Escobar.

Una vez muerto El Patrón, Don Berna logró ubicarse en la cima del mundo criminal de Medellín. Luego se extendió a los campos y creó un ejército personal que incluía miles de milicias paramilitares urbanas y rurales. También extendió sus contactos con las élites burocráticas. No sólo estableció relaciones con la Policía, sino que además penetró a la Fiscalía, el ejército e incluso el palacio presidencial.

Finalmente, la nómina criminal de Don Berna llegó a incluir oficiales del ejército, policías y jueces. Como se muestra en este estudio de caso, él logró que las autoridades de Medellín no sólo ignoraran sus actividades criminales, sino que además las apoyaran y las promovieran activamente. En esencia, mediante alianzas con las élites burocráticas a nivel regional y nacional, logró poner los elementos del aparato del Estado al servicio del crimen organizado.

La relación que Don Berna estableció con las élites burocráticas de Colombia fue más allá de la dinámica del crimen organizado tradicional de corrupción en los más altos niveles. De una manera perversa, también estaba relacionada con la creación del Estado. El Estado lo necesitaba para atrapar a Escobar, pero este fue sólo el comienzo de una alianza entre los criminales y las élites, que se replicó en todo el país, mediante la cual el gobierno utilizó elementos criminales para ayudarse en sus batallas más grandes. Las fuerzas de seguridad recurrieron a la colaboración del crimen organizado para llevar a cabo tareas asignadas por el gobierno. Es sobre esta relación mutuamente beneficiosa y simbiótica sobre lo que trata este estudio de caso.

Fase I: ‘Don Berna’ y la persecución de Pablo Escobar (1985-1993)

De guerriilero a guardaespaldas

Si uno les hubiera dicho a los miembros del Cartel de Medellín en los años ochenta, cuando el grupo estaba en lo más alto de su poder, que Don Berna sería el sucesor de su jefe, Pablo Escobar, su respuesta habría sido la total incredulidad y quizá se habrían burlado.

En primer lugar, Don Berna no era un “paisa”, como se llaman orgullosamente a sí mismos los habitantes de Medellín y sus alrededores. Era de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, sobre la costa del Pacífico. En segundo lugar, sus primeras incursiones en la ilegalidad no fueron en el negocio de las drogas, sino en el Ejército Popular de Liberación (EPL), uno de los muchos grupos guerrilleros de izquierda que habían surgido en Colombia en los años sesenta, como resultado del cerrado sistema político colombiano.

VEA TAMBIÉN: Élites y Crimen Organizado en Colombia: Introducción 

Don Berna hizo parte de un grupo escindido del EPL, conocido como Estrella Roja.3  Como muchos otros militantes de izquierda en los setenta, él abandonó el comunismo. Según un testimonio posterior,4  se fue para Medellín a estudiar derecho, pero no hay pruebas de que haya asistido a clase un solo día. En cambio, a mediados de los ochenta empezó a lavar carros para un importante empresario y mafioso en el municipio de Itagüí, en las afueras de Medellín. Este hombre era Fernando Galeano, quien junto con su hermano Mario eran amigos cercanos de Escobar y del Cartel de Medellín.

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Fundado en los años setenta por los hermanos Ochoa y por Pablo Escobar, hacia la década de los ochenta el Cartel de Medellín controlaba la mayor parte del comercio de cocaína, mientras que el resto era administrado por sus acérrimos rivales en Cali. Inicialmente, los hermanos Ochoa (Jorge Luis, Juan David y Fabio) eran los cerebros del negocio, mientras que Escobar prestaba la “protección”. Otros miembros, como Gonzalo Rodríguez Gacha, también proporcionaban hombres y apoyo logístico.

Pero con el tiempo, Escobar se convirtió en el líder indiscutible del cartel, a la vez que controlaba gran parte de su aparato militar, principalmente los “sicarios”, provenientes de los barrios pobres de Medellín, quienes llevaban a cabo los asesinatos del cartel, ponían carros bomba y prácticamente cumplían cualquier capricho de El Patrón. Así que, aunque el Cartel de Medellín estuviera conformado por muchos miembros y clanes —que traficaban drogas conjuntamente con Escobar usando las rutas que él controlaba, o bien de manera independiente—, todos le pagaban a El Patrón una parte, lo que significaba que actuaban bajo el consentimiento y la protección de Escobar. También pagaban cuotas por actividades específicas relacionadas con el cartel, como la sangrienta campaña que adelantaría contra el gobierno en su lucha contra la política de extradición.

Don Berna no era más que un recluta, un pequeño engranaje en esta gran organización. El exguerrillero pronto se convertiría en un miembro de confianza del clan criminal de Los Galeano, un subgrupo del Cartel de Medellín. Pero al principio nunca estaba en las reuniones; prefería quedarse afuera en el carro, esperando a que su jefe, Fernando Galeano, terminara sus negocios. Los principales socios de la organización seguían siendo los hermanos Ochoa, Rodríguez Gacha y los familiares de Escobar, sobre todo su primo, Gustavo Gaviria. Don Berna estaba muy por debajo de esta estructura y tampoco tenía vínculos familiares con los líderes.

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El pasado de Don Berna complicaba las cosas aún más. La familia Galeano era fuertemente anticomunista, algo que compartían muy bien con otros miembros del Cartel de Medellín. Este anticomunismo surgió en parte del hecho de que el EPL y otros grupos guerrilleros se financiaban mediante el secuestro, el robo y la extorsión, y a veces atacaban a ricos criminales, que a menudo respondían de la misma manera. Sin duda, el secuestro de la hermana de los Ochoa por parte de guerrilleros del M-19 en 1981 condujo a la creación de un grupo paramilitar financiado por el Cartel de Medellín, conocido como Muerte a Secuestradores (MAS). Rodríguez Gacha también estableció sus propios grupos paramilitares cuando los guerrilleros robaron dinero de su organización. Las tendencias políticas de los Galeano fueron más lejos que los de la mayoría. John Jairo Velásquez, alias “Popeye”, uno de los principales sicarios de Escobar, alguna vez describió a Galeano como de “ultraderecha”.5

El odio hacia los guerrilleros era algo que unía a los Galeano con otro clan que trabajaba para el Cartel de Medellín: los hermanos Castaño (Fidel, Carlos y Vicente). En 1981, después del secuestro y asesinato del patriarca del clan de los Castaño por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el hermano mayor, Fidel, estableció un grupo paramilitar conocido como los “Tangueros”. Nombrados a partir de una de las propiedades de Fidel en Córdoba, “Las Tangas”, y trabajando con elementos del ejército, Fidel y sus hermanos mataron a presuntos guerrilleros de las FARC y a simpatizantes de los insurgentes, y siempre que podían atacaban los campamentos de los rebeldes. Con el tiempo, los tres hermanos Castaño se convirtieron en uno de los más poderosos grupos criminales de Colombia. Hacia mediados de los años ochenta, Fidel era un miembro importante del Cartel de Medellín y dirigía una de las rutas de cocaína de Bolivia que llevaba base de coca desde Bolivia hasta los laboratorios del cartel en Colombia. Una década más tarde, la familia haría parte del núcleo de un movimiento paramilitar de extrema derecha a nivel nacional.

En Itagüí, la búsqueda de financiación por parte de los guerrilleros del EPL finalmente entró en conflicto con la de la familia de Galeano. Hay dos versiones de esta historia: una es que el padre de Galeano fue secuestrado por los guerrilleros del EPL, quienes pedían un rescate;6  y la otra es que el EPL atacó un supermercado de su propiedad. De cualquier manera, Galeano inició una guerra contra el EPL.

Esta guerra representó una oportunidad para Don Berna, quien pudo demostrarles a sus jefes que no tenía ningún reparo en utilizar sus contactos y experiencia contra sus antiguos compañeros revolucionarios. Bajo el liderazgo de Don Berna, los sicarios de Galeano encontraron y asesinaron a un líder local de Estrella Roja en su heladería preferida. El EPL se vengó atacando a uno de los negocios de Galeano: una concesionaria donde Don Berna trabajaba.7  Después de propiciarle 17 disparos, los asesinos abandonaron a Don Berna para que muriera. Él sobrevivió, después de lo cual consiguió una prótesis para su pierna, que lo hacía caminar cojeando, y adquirió una feroz reputación como sobreviviente.

Don Berna se reagrupó con sus aliados y mantuvo al EPL a raya durante años hasta que pudo lanzar contra los rebeldes un ataque más sofisticado y desde diferentes frentes, con un nuevo conjunto de aliados en el gobierno.

‘Este fue el principio del fin’

Durante este período, el poder del Cartel de Medellín siguió creciendo, al igual que su batalla contra el gobierno y las élites de Colombia. En el centro de este conflicto estaba la posibilidad de la extradición a Estados Unidos.

La guerra contra la extradición fue una de las confrontaciones típicas de Escobar. En lugar de negociar, Escobar conformó lo que llamó los “Extraditables” y comenzó una cruenta guerra. En 1984, sus asesinos mataron a Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia del país. Luego asesinaron a Guillermo Cano, el tenaz editor del periódico El Espectador. Además secuestraron a los miembros de las élites y a sus hijos.

Pronto Escobar comenzó a enfocarse en la Policía; les puso precio a sus cabezas, por lo que cientos de sus miembros cayeron a manos de los asesinos del Cartel de Medellín. Y luego fue tras los jueces —asesinando a decenas de ellos— y los tribunales. En 1985, se cree que Escobar —interesado en destruir los archivos de la Corte Suprema y con el fin de intimidar a la institución—, apoyó al grupo guerrillero M-19 en su ataque contra el Palacio de Justicia. En 1988, el procurador general Carlos Mauro Hoyos fue asesinado por sicarios de Escobar.

En 1989, los políticos se convirtieron en su objetivo. En agosto fue asesinado su principal opositor político, el candidato presidencial Luis Carlos Galán. En noviembre, una bomba derribó un avión de una aerolínea nacional, matando a los 107 ocupantes de la nave, pues Escobar creía que el candidato presidencial César Gaviria iba en ese vuelo. Más tarde, en diciembre, un enorme carro bomba fue colocado afuera de la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Unas cincuenta y dos personas murieron y más de mil resultaron heridas tras la explosión.

Esta guerra tuvo su precio para Escobar y el Cartel de Medellín. El socio de Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, fue baleado y abatido por la Policía colombiana a mediados de diciembre de 1989. Los hermanos Ochoa se entregaron a las autoridades y negociaron una pena de prisión más leve. Escobar también estaba cansado de vivir como fugitivo y sin dinero en efectivo, y necesitaba reagruparse. En 1991, poco después de que la Asamblea Constituyente declarara que la extradición iba en contra de la Constitución, Escobar negoció su entrega y la construcción de una cárcel especial con vista a Medellín, donde él y sus hombres cumplirían sus sentencias. Por el momento, la guerra había terminado.

“La Catedral”, como se conocía la prisión de Escobar, era una cárcel sólo de nombre. Escobar tenía el total control de los guardias, y la gente entraba y salía como quisiera. Escobar había incluso construido una casa de muñecas para que su hija jugara cuando iba a visitarlo. Era exactamente lo que Escobar necesitaba. Pero aunque todavía tenía cientos de millones de dólares en propiedades, no tenía liquidez, así que utilizó su primer año tras las rejas para reorganizar el Cartel de Medellín y lograr que su efectivo fluyera de nuevo.

Para ese trabajo, recurrió a Galeano y a uno de sus socios más cercanos, Gerardo Moncada, a quienes les cedió dos rutas importantes de drogas en Centroamérica y Estados Unidos. Una era conocida como “La Fania” (también descrita en algunas fuentes como “La Fanny”) y la otra se llamaba “Rancho”.8  La ruta más lucrativa era La Fania, que partía en barco desde el puerto de Buenaventura en el Pacífico, llegaba a México —donde las drogas eran transferidas a lanchas rápidas— y finalizaba el viaje en Los Ángeles. Mediante esta ruta se podían transportar diez toneladas de cocaína al mes, generando más de US$200 millones al año. Esta ruta hizo de Galeano y Moncada los principales traficantes de droga del cartel. A cambio, ellos le prometieron a Escobar pagos de US$500.000 al mes.9

Fernando GaleanoDado que tenían la confianza de Pablo Escobar, los hermanos Galeano también llegaron a estar involucrados con la Oficina de Envigado, el temido sistema de Escobar para recolectar los dineros de la mafia. La Oficina se llamó así porque literalmente era una oficina en la Alcaldía de Envigado. A finales de los setenta, el alcalde Jorge Mesa estableció el Departamento de Seguridad y Control,10  que más tarde tomó el nombre de Oficina de Envigado.11 Su función era inicialmente combatir la delincuencia común en el municipio.12  Pero cuando Escobar se convirtió en la ley en Envigado, donde había crecido y donde desarrolló una estrecha relación con Mesa, comenzó a utilizar la Oficina para sus propios objetivos. Cobraba deudas y se aseguraba de que todos los miembros del Cartel de Medellín le pagaran sus cuotas a El Patrón. 

La Oficina de Envigado también tenía estrechos vínculos con “La Terraza”, uno de los más temidos grupos de “sicarios” de la ciudad. Si alguien se resistía a los intentos de la Oficina de Envigado por cobrar una deuda, La Terraza era contratada para llevar a cabo el asesinato. Algunos se resistieron, y la Oficina de Envigado se convirtió en una parte importante del panorama criminal de Medellín.

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El rol de Don Berna también empezó a ser más importante. Después de la guerra contra el EPL, Don Berna se había ganado la confianza de los Galeano y se convirtió en su jefe de seguridad.13  Además de manejar a los guardaespaldas de los Galeano, supuestamente Don Berna también dirigía operaciones de lavado de dinero a través de casas de cambio y mediante la compra de propiedades.14  Don Berna no era precisamente uno de los líderes del Cartel de Medellín, pero ya era una figura muy conocida, tenía acceso a todos los personajes principales y controlaba a la Oficina de Envigado y a su red de sicarios. Chris Feistl, un agente veterano de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), que ha viajado varias veces a Colombia, cree que hacia 1992 Don Berna era una figura respetada en el cartel, así como un hombre de acción.

“Él [Don Berna] habría estado al tanto de muchos de los asuntos internos, de muchos detalles, de lo que cada quien estaba haciendo en Medellín, a quién se le estaba pagando […] de todo ese tipo de cosas”, le dijo Feistl a InSight Crime. “Él conocía mucha información sensible y privada en relación con el Cartel de Medellín y con el crimen en esa área”.15

A pesar de sus privilegios en La Catedral, en 1992 Escobar sintió, quizá correctamente, que estaba perdiendo el control sobre el Cartel de Medellín. Todos los traficantes afiliados al Cartel de Medellín todavía tenían que pagarle a El Patrón una cantidad fija cada mes para poder seguir haciendo sus negocios, y cada vez eso les molestaba más. Pero desde la perspectiva de Escobar, él había hecho el sacrificio de ir a la cárcel, con lo cual les había quitado las presiones a ellos para que pudieran ganar dinero sin mayores obstáculos.

Los resentimientos contra Escobar crecieron cuando El Patrón decidió aumentar sus “impuestos” a los miembros del cartel de US$200.000 mensuales a casi US$1 millón. Algunos miembros protestaron.16  Entre ellos, Galeano y Moncada. Y lo que es peor, El Patrón creía que le estaban robando. En julio de 1992, Escobar confirmó sus peores sospechas cuando sus hombres encontraron un alijo de US$20 millones escondidos en una de las propiedades de Galeano. Escobar se enfureció. Autorizó que el dinero fuera robado y convocó a Galeano y Moncada para una reunión en La Catedral.

“Yo era el jefe de seguridad de Fernando Galeano, y el viernes 3 de julio de 1992, casi un año después de haberse rendido, Pablo lo convocó a La Catedral”, testificó Don Berna más adelante. “Yo le dije: ‘Patrón, no vaya a La Catedral, envíe a alguien’, porque yo desconfiaba mucho de Pablo. Pero Fernando sentía que Escobar nunca le haría daño, que hasta ese momento había actuado como el mejor de los amigos”.17 

El sicario de Escobar, Popeye, relató lo que pasó después: “Otto [el verdadero nombre de Otoniel de Jesús González Franco] y yo los matamos en la celda de Roberto, al interior de La Catedral. Despedazamos sus cuerpos y después quemamos lo que quedaba de ellos. Este fue el principio del fin, el detonante de la guerra que al final llevaría a muchos a la tumba”.18

Consciente de que habría represalias de los grupos de Galeano y Moncada, Escobar envió sicarios para que acabaran con cualquier amenaza que pudiera representar alguno de los miembros de sus familias. Los hermanos y sucesores de los dos hombres, Mario Galeano y William Moncada, fueron asesinados, así como otros aliados de las dos familias.19  Escobar exigió que los empleados de las familias Galeano y Moncada le entregaran las propiedades de sus jefes. A partir de entonces, todos los que les debían dinero a las familias tenían que pagarle las deudas a Escobar. En un solo movimiento, Escobar había ganado decenas de millones de dólares.

Sin embargo, a los sicarios de Escobar les faltó un miembro clave del clan Galeano. Al parecer, Don Berna estaba llevando a la esposa de Galeano al salón de belleza cuando los sicarios lo atacaron, Don Berna, una vez más había logrado escapar del asesino. Él se dio cuenta rápidamente de lo que estaba ocurriendo y pasó a la clandestinidad. Utilizando intermediarios, Escobar logró contactar a Don Berna por teléfono.

“Él me llamó”, dijo después Don Berna en su testimonio. “Con mucha calma, que me llenó de terror, dijo: ‘esto es un ataque económico. No quiero publicidad. Si quiere trabajar conmigo, respetaré su vida. Necesito que me entregue a Rafaelito Galeano (otro de los hermanos)’”.20 

Berna se negó.

Galeano y Moncada eran tenidos en alta estima por muchos miembros del cartel, y los asesinatos —que fueron percibidos como un acto de traición de Escobar— junto con el aumento de los “impuestos”, dieron inicio a una guerra civil dentro de la organización.21  El hampa colombiano nunca volvería a ser el mismo.

Las noticias de los asesinatos de Galeano y Moncada al interior de La Catedral también fueron conocidas por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Esta fue la gota que colmó la copa del presidente César Gaviria, quien dio órdenes de que Escobar fuera trasladado de La Catedral a una base militar en Bogotá. Alertado por sus espías en la orden del presidente, Escobar salió de La Catedral y se convirtió en fugitivo de nuevo. La guerra se reanudó.

Los PEPES

Pablo Escobar se había ganado una larga lista de enemigos, tanto en el mundo legal como en el criminal, y pronto, ambos unirían sus esfuerzos para acabar con el capo de la droga. El vehículo para esta alianza fue conocido como Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES). Los PEPES fueron creados por la familia Castaño y Don Berna. Según Carlos Castaño, fundador de los PEPES, la primera reunión del grupo tuvo lugar a mediados de agosto de 1992, unos 30 días después de que Escobar huyera de La Catedral.22  Don Berna representaba a los todavía poderosos clanes criminales de Galeano y Moncada, pero, según él mismo, Fidel Castaño era el líder indiscutible de los PEPES.23

Fidel Castano GilLos Castaño se habían distanciado de Pablo Escobar por varias razones, en particular por la afinidad de Escobar con las guerrillas de izquierda y por sus presuntos vínculos con el M-19 y otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las motivaciones de Don Berna eran menos claras. Don Berna estaba molesto por el asesinato de su jefe, Galeano. Pero para los periodistas Santiago La Rotta y Natalia Morales, quienes escribieron un libro sobre los PEPES,24 Don Berna  veía sus diferencias con Pablo Escobar más como una oportunidad de ascender en el mundo criminal que como una venganza por el asesinato de su jefe.

“Muchas personas dicen que el apoyo que le dio a las familias Galeano y Moncada fue sólo producto del oportunismo y que la decisión de luchar contra el Cartel de Medellín no fue una demostración de audacia y lealtad”, escriben los autores, “sino más bien una jugada maestra para adquirir los activos y el poder de quienes ya habían muerto, lo que le permitiría pasar de ser chofer y guardaespaldas a convertirse en un poderoso capo”.25 

Es probable que ambos factores hubieran influido: que Don Berna estaba realmente molesto por la traición de Escobar al asesinar a su jefe, y que también vio una significativa oportunidad para avanzar.

Con los Castaño y Don Berna de su lado, los PEPES tenían poder, pero ahora necesitaban dinero. En este sentido, los acérrimos rivales de Escobar en el Cartel de Cali, que habían estado durante mucho tiempo en guerra con el capo de la droga de Medellín, estuvieron felices de participar. Don Berna manejó esta relación,26  lo cual es un indicador clave de su liderazgo dentro de la organización.27  La guerra contra Pablo costaría unos US$50 millones, la mayor parte proveniente del Cartel de Cali. Uno de los líderes del Cartel de Cali, Helmer “Pacho” Herrera, dijo más tarde que él sólo había invertido US$30 millones en la guerra contra Escobar.28 

Una vez contaron con el apoyo del Cartel de Cali, los PEPES se constituyeron formalmente en noviembre de 1992. A la cabeza de la organización estaban los hermanos Castaño, un exoficial del ejército y socio de Castaño desde hacía mucho tiempo, Carlos Mauricio García Fernández, alias “Rodrigo Doble Cero”, y Don Berna.29  Entre ellos se dividieron las tareas. Fidel Castaño prefirió permanecer en su bastión en Córdoba.30  Las labores del día a día le fueron dejadas a su hermano Carlos, que prefirió las resplandecientes luces de Medellín,31  y sus segundos al mando fueron Rodrigo Doble Cero y Don Berna.

Los PEPES y sus conexiones con las élites burocráticas

Aunque los PEPES se conformaron en noviembre de 1992, no fue sino hasta febrero del año siguiente que hicieron su primer acto público desafiante, dejando un cadáver en el maletero de un coche con el siguiente aviso: “Por colocar carros bomba. Papiado por Pablo Escobar. Por Colombia, Los PEPES”. 32

Como escribe Mark Bowden en su importante recuento sobre la persecución de Escobar, la primera aparición del grupo fue “impresionante, y dio comienzo a una serie de conjeturas sobre su identidad en todo el país”.33 

Después de eso, la aparición de los cadáveres de los socios de Escobar se volvió frecuente. Este “baño de sangre controlado”, como escribe Bowden, aterrorizó a Escobar.34  Los objetivos de los PEPES eran cualquier persona cercana a El Patrón, ya fuera de manera personal o que fueran importantes para sus operaciones. Ellos rastrearon y asesinaron a los abogados, aliados, lavadores de dinero, familiares y socios de Escobar, apuntando a la “secreta infraestructura de cuello blanco” de la organización de Escobar, y dándoles fuertes golpes a sus finanzas”, escribe Bowden.35 

Los PEPES también exploraron sus conexiones oficiales. Carlos Castaño ya era un informante registrado del DAS, bajo el alias de “Alekos”, y continuó proporcionándole información a la agencia de inteligencia.36  Rodrigo Doble Cero, el exoficial del ejército, administraba las relaciones con las fuerzas armadas y Don Berna era la conexión de Los PEPES con el Bloque de Búsqueda de la Policía.

Los PEPES y el Bloque de Búsqueda

El Bloque de Búsqueda se formó en 1989, cuando la guerra de Escobar contra el Estado estaba en su máximo nivel. Después de que Escobar se entregara en 1991, los miembros se dispersaron y conformaron unidades regulares. Sin embargo, tras la fuga de Escobar de La Catedral, el Bloque de Búsqueda fue reformado rápidamente. En esta segunda persecución de Escobar, el bloque contaba con unos 600 miembros y tenía su sede en la Escuela de Policía Carlos Holguín, en Medellín. Veinticinco oficiales, la crema y nata de la Policía Nacional, estaban al mando del bloque. Eran por definición una élite burocrática,37 con enlaces directos con la Presidencia, y realizaban las tareas más delicadas y de mayor prioridad del gobierno.

Un oficial en particular fue elegido por su habilidad en el acopio de inteligencia y por la planificación de las operaciones: el comandante Danilo González, quien ocupaba el lugar central del Bloque de Búsqueda. González se había graduado como el mejor estudiante de la escuela de cadetes de la Policía en 1977 y era visto como uno de los policías más brillantes de su generación. Tras la muerte de Escobar, la DEA enalteció sus logros y le dio una mención con una huella digital autografiada del capo de la droga de Medellín en la parte inferior: “Gracias a su desinteresada dedicación y a sus sacrificios, el criminal más buscado del mundo fue localizado y asesinado”, dice el certificado.


Danilo GonzalezJoe Toft, quien dirigió la oficina de la DEA en Colombia, le diría luego a un periodista: “Él colaboró muy de cerca con nosotros […] fue sin duda uno de los mejores”.38

González se convertiría en el contacto clave con los PEPES, en particular con Don Berna. Su trabajo consistía en obtener la inteligencia necesaria para acabar con Escobar, y estaba dispuesto a hacerlo incluso si ello significaba pasar por encima del reglamento.

Él también representó la primera alianza de Don Berna con la élite burocrática, y quizá la más importante, que duraría hasta el asesinato de González en Bogotá el 25 de marzo de 2004. No hay duda de que Don Berna y González trabajaron muy unidos en la persecución de Escobar. En su libro, Don Berna describe su primer encuentro con González: “La empatía fue inmediata […] Tomaba notas de todo lo que le decía y se mostraba feliz por la gran cantidad de información que había recibido”.39 

Un exfuncionario del Bloque de Búsqueda informó que “Danilo solía patrullar con Don Berna, y el siniestro personaje a menudo entraba a la escuela Carlos Holguín como Pedro por su casa”.40

Aquella no fue la primera alianza de González con el hampa. Él pasó una temporada en Cali a principios de su carrera, donde hizo sus primeros contactos con miembros de la mafia, en particular con dos expolicías, Wilber Varela y Víctor Patiño-Fómeque, que más tarde hizo parte de lo que se llamó el Cartel del Norte del Valle (CNDV), una organización que dominó el narcotráfico en la costa del Pacífico después de la caída del Cartel de Cali desde 1995 hasta mediados de la primera década del nuevo siglo.41 

La relación entre los PEPES y la Policía no era solo personal sino además institucional. En la lucha contra Escobar, el trabajo principal de los PEPES consistía en proporcionar inteligencia al Bloque de Búsqueda. Esta inteligencia era lo que la Policía necesitaba desesperadamente. Escobar había humillado a las fuerzas de seguridad en el pasado, y se dieron cuenta de que la única manera de vencer al capo de la droga de Medellín era a través de información precisa y oportuna acerca de sus operaciones, sus refugios y, en la medida de lo posible, de su paradero. “La orden fue dada desde arriba y nos dijeron: ‘si tienen que reunirse con el diablo, háganlo, pero tienen que acabar con este monstruo (Escobar)”, informó un miembro del Bloque de Búsqueda.42 

Esta presión implicaba que el Bloque de Búsqueda trabajara muy estrechamente con los PEPES. De hecho, se podría argumentar que, sin los PEPES, el cuerpo élite de la Policía habría estado tropezando ciegamente por el mundo criminal de Medellín, algo que ya había ocurrido a finales de la década de los ochenta, durante su primera encarnación. De hecho, existen innumerables fuentes que se han referido a las relaciones entre el Bloque de Búsqueda y los PEPES. El exdirector de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, por ejemplo, admitió que “había un canal de comunicación directo entre la Policía y los PEPES, y de ella se nutrían las agencias de Estados Unidos”.43

El jefe de la DEA en Colombia en esa época, Joe Toft, fue más allá:

“Las declaraciones indican que algunos miembros del Bloque [de Búsqueda] y los PEPES no sólo estaban llevando a cabo operaciones conjuntas, algunas de las cuales resultaron en secuestros y posibles asesinatos, sino que eran más bien los jefes de los PEPES los que ordenaban los disparos y no la Policía.”44 

El comandante del Bloque de Búsqueda, el coronel en retiro Hugo Aguilar, también admitió que Don Berna fue importante durante la búsqueda de Escobar y dijo que él trabajó como informante para la Policía. Indicó que Don Berna entregó información que le permitió al Bloque de Búsqueda escuchar conversaciones telefónicas y evitar los ataques de los hombres de Escobar.45

El mismo Don Berna se ha referido a la época en la que colaboró con el Bloque de Búsqueda, señalando que entre sus contactos también había miembros de las fuerzas de seguridad y de inteligencia del gobierno de Estados Unidos: “Con frecuencia iba a la sede del Bloque de Búsqueda, cerca de un parqueadero del estadio Atanasio Girardot. La CIA (Agencia Central de Inteligencia por sus iniciales en inglés), la DEA y miembros de las fuerzas especiales de la Marina de los Estados Unidos estaban allí. Con los que yo hablaba más era con los hombres de la DEA”.46

Chris Feistl, un agente veterano de la DEA que trabajó en Colombia por más de cinco años, concuerda con dicho testimonio. “[Don Berna] era uno de los enlaces principales, por no decir menos, entre los PEPES, la Policía y la DEA para proporcionar información”, dijo.47 

Diagrama2 RedPEPES

Como lo señaló Forrest Hylton, incluso ha habido indicios de que la DEA “utilizó a los hombres de Don Berna —que vivían en la misma calle que ellos— como guardaespaldas cuando salían en misiones fuera de la base en la que estaban teóricamente confinados”.48  Y, según cuenta Charles Bowden, Don Berna y otros miembros de los PEPES, “se alojaban en una casa a las afueras de la [Base de Policía Carlos] Holguín”,49  algo con lo que concuerdan otros importantes miembros de los PEPES.50  Esto facilitó la interacción constante y permanente con el Bloque de Búsqueda.

Los PEPES llegaron a ser tan eficaces, tan rápidamente, que otros miembros del Cartel de Medellín se entregaron a las autoridades, dado que sentían que estarían más seguros en prisión, o bien pasaron a cooperar con Don Berna y sus compañeros. A medida que Pablo Escobar se debilitaba y los PEPES se fortalecían, la fila de narcotraficantes que abandonaban al capo de la droga de Medellín crecía aún más. Con el fin de congraciarse con los PEPES, estaban muy dispuestos, e incluso deseosos, de contarlo todo. Don Berna llegó a conocer los secretos más profundos del mundo del narcotráfico de Medellín. Y pronto convertiría este conocimiento en poder.

En diciembre de 1993, Don Berna y sus colaboradores de la Policía habían rodeado y derrotado a El Patrón. Escobar estaba muerto, como Carlos Castaño alguna vez lo dijo, “gracias a los PEPES y su unión con el Estado”.51 

Para Don Berna, las relaciones que desarrolló con la Policía, particularmente con el coronel Danilo González, serían tan importantes en su constante ascenso en el hampa como las que forjó con los hermanos Castaño, los remanentes del Cartel de Medellín y los narcotraficantes de la costa del Pacífico que se convertirían en el CNDV. Pero primero tendría que consolidar su control sobre los remanentes del Cartel de Medellín y sobre la economía criminal de la ciudad misma.

Fase II: ‘Don Berna’ se consolida en Medellín (1994-2000)

La Oficina de Envigado

El año 1994 fue de gran agitación en el hampa colombiano. La imponente presencia de Escobar ya no estaba. Los PEPES se habían disuelto. Los Castaño y Rodrigo Doble Cero habían regresado a Córdoba, donde Fidel Castaño, el pilar de la familia, fue asesinado, presuntamente por guerrilleros marxistas. Carlos, su otro hermano, Vicente y Rodrigo Doble Cero comenzaron a conformar lo que sería el prototipo de grupo paramilitar, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), y se concentraron en luchar contra la guerrilla de las FARC. Danilo González y el Bloque de Búsqueda abandonaron Medellín y se fueron para Cali, donde volvieron su atención a sus antiguos aliados del Cartel de Cali, lo cual, al mismo tiempo, consolidó el CDNV.

Por su parte, Don Berna permaneció en Medellín, intentando llenar al menos en parte el vacío de poder dejado por la muerte de El Patrón. Ahora era quizá el hombre más poderoso del hampa de Medellín, con control sobre la Oficina de Envigado y La Terraza, el famoso grupo de sicarios. Pero tras la muerte de Escobar, muchos grupos de sicarios y cobradores que habían trabajado para El Patrón comenzaron a atacar por su propia cuenta y a tratar de dominar los territorios de la ciudad, vendiendo sus servicios al mejor postor.52 

Algunos estudios indican que entre 1985 y 1990 había 153 pandillas criminales en el Valle de Aburrá (el valle en el que se asientan Medellín y municipios vecinos como Itagüí y Envigado), muchos de los cuales estaban vinculados al Cartel de Medellín.53 Tras la caída de Escobar, estos grupos se convirtieron en “pequeños negocios armados”.54 La Oficina de Envigado se dispuso a controlarlos, a organizar lo que se estaba convirtiendo en crimen desorganizado. En 1994, como parte de estos esfuerzos, Don Berna tuvo una reunión con un grupo de líderes de las pandillas. Les dijo que iba a estar a cargo de lo que quedaba de la Oficina de Envigado y, por supuesto, de sus operaciones. Y que castigaría a quienes se resistieran.55 

Con el tiempo, la Oficina se convirtió en una especie de “fiscalía general” para los delincuentes. Era utilizada para controlar a los grupos de narcotraficantes, garantizar que se pagaran las deudas y castigar a quienes se negaran a obedecer la “ley” del hampa.56  Hubo varios aspectos como parte de esta “reglamentación” del mundo de la droga: cómo garantizar los acuerdos, cómo asegurar que la gente pagara los “impuestos” sobre los cargamentos de drogas, y quién sería el responsable por los cargamentos perdidos o confiscados, así como por los acuerdos que se rompían.57  Hacer cumplir estas normas requería una estructura armada, y aunque la Oficina tenía un núcleo de personas de confianza, la mayor parte del trabajo se “contrataba” con sicarios como los de La Terraza.58 

La Oficina también se convirtió en el órgano que recaudaba las “cuotas” o impuestos que Don Berna les exigía a los traficantes en la ciudad.59 Durante la época de Escobar, la Oficina conocía bien a todos los actores criminales de Medellín y era una entidad criminal extremadamente poderosa, pero Don Berna la llevó a otro nivel. Con el tiempo, él desarrolló un conjunto más sofisticado de “impuestos” sobre la actividad criminal: cobraba impuestos por cada kilo de cocaína que era traficado; les cobraba a ciertas bandas y personalidades el derecho para operar en ciertas partes de Medellín; cobraba por la protección ofrecida a los narcotraficantes mayores para que vivieran en la ciudad sin ser molestados. En poco tiempo, pasó de gravar las actividades puramente de narcotráfico a gravar el tráfico local de drogas, los juegos de azar, la seguridad privada, la prostitución, la extorsión y la venta ilegal de gasolina, por mencionar solamente algunas.

Con la caída del Cartel de Cali en 1995, la función de la Oficina como la policía del hampa llegó a ser de carácter nacional. Ningún líder ni ninguna estructura en particular controlaba todos los eslabones del tráfico de drogas, y diferentes actores comenzaron a especializarse en diferentes eslabones de la cadena de suministro de la droga. Ello se cristalizaría en una segunda generación de organizaciones narcotraficantes colombianas, como el CNDV y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), establecida por los Castaño a medida que ampliaron su modelo paramilitar en todo el territorio nacional. Se trataba de federaciones en las que las poderosas figuras de la mafia y los traficantes de drogas trabajaban en conjunto, coordinando no sólo actividades de narcotráfico y corrupción al interior de las fuerzas de seguridad, sino además la puesta en marcha de un movimiento político nacional. Dichas federaciones no siempre se llevaban bien y cuando había conflictos Don Berna intermediaba, resolviendo los conflictos utilizando los medios que fueran necesarios.

Don Berna también inició una campaña para imponer su autoridad en partes de Medellín donde todavía no era reconocido. A finales de los años noventa, Forrest Hylton escribió: “Fuerzas de seguridad públicamente aprobadas e incorporadas a la creciente red de Don Berna ‘limpiaron’ una gran parte del centro de la ciudad”, lo cual incluía la zona roja de Medellín y un gran mercado de drogas al aire libre.60  Con el fin de hacer que la ciudad fuera “segura para un nuevo desarrollo urbano”, los hombres de Don Berna “amenazaron, desplazaron o asesinaron a los habitantes ‘desechables’ de la zona —vendedores de droga, drogadictos, prostitutas, niños de la calle, ladronzuelos—”, añade Hylton.61  Después del año 2000, “la campaña de ‘pacificación de la ciudad’ de Don Berna comenzó a ser apoyada por las fuerzas de seguridad del Estado, empresarios, políticos de ambos partidos y la Iglesia Católica”, dice.62  Aquel fue el comienzo de lo que muchos llamarían más adelante “Donbernabilidad”, un juego de palabras con el término “gobernabilidad”.

Berna y las élites burocráticas

Durante la persecución a Escobar, Don Berna conoció a una fiscal local que trabajaba con el Bloque de Búsqueda llamada Cruz Elena Aguilar.63  El hermano de esta, Carlos Mario Aguilar Echeverri, trabajaba con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Ambos Aguilar eventualmente entrarían a formar parte del equipo de personas que trabajaban con Don Berna para debilitar a Escobar. Y luego de la muerte de Escobar, Aguilar Echeverri dejó el CTI, adoptó el alias de “Rogelio”, y amplió sus funciones en el grupo de Don Berna. Usando sus contactos en el CTI, aseguró que no se interpusieran procesos contra Don Berna y la Oficina de Envigado. También enviaba alertas de cualquier operativo inminente de las fuerzas de seguridad contra el grupo.

Carlos Mario Aguilar Echeverri alias RogelioRogelio eventualmente llegaría a ser una de las figuras más importantes de la Oficina, que derivaba su poder del control que ejercía sobre otros miembros de las élites política y burocrática: administraba los pagos a miembros corruptos no solo del CTI y de la Fiscalía General, sino también a policías, soldados e incluso políticos.64  En 1997, llamó la atención de las autoridades colombianas cuando resultó vinculado al tráfico de armamento y estupefacientes.65  Para entonces la infiltración de la Fiscalía General en Medellín se había hecho notoria,66  y Rogelio había ingresado al círculo íntimo de Don Berna.

Don Berna también mantuvo contacto con Danilo González, su antiguo aliado del Bloque de Búsqueda. Andrés López, el extraficante que cobró fama por su libro y la telenovela “El cartel de los sapos”, dijo que González sostuvo una relación estrecha y de larga data con Don Berna y la Oficina de Envigado mucho después de la muerte de Escobar. Esto lo han repetido otras fuentes del hampa, incluyendo al miembro del Cartel del Norte del Valle Hernando Gómez, alias “Rasguño”, y el excomandante de las AUC Salvatore Mancuso.67 

Su relación después de la muerte de Escobar no se limitó al traspaso de inteligencia. En marzo de 1996, por ejemplo, González intervino en el asesinato de un antiguo aliado de Don Berna convertido en su rival, el capo del Cartel de Cali José Santacruz Londoño. Santacruz había escapado de una cárcel de Bogotá siete semanas antes, humillando al gobierno. Santacruz se convirtió en blanco prioritario del Bloque de Búsqueda, quienes, según los informes oficiales, lo acorralaron en una ladera de Medellín y lo abatieron durante un tiroteo. Desde el comienzo hubo dudas sobre su muerte e inconsistencias en la versión de los hechos que rindió la Policía. La familia del capo protestó y dijo que había sido ejecutado.68  Extraoficialmente, parece que Santacruz fue localizado y ejecutado por los antiguos contactos de González en los PEPES, Carlos Castaño y Don Berna. Luego lo entregaron a la Policía para que montara el escenario de su muerte. Nadie en la Policía fue juzgado por delito alguno.

González, entretanto, estaba desarrollando su propia organización criminal, que eventualmente competiría con el poder de la Oficina. En efecto, en el mundo del hampa, González y su red de policías activos y retirados asumieron más adelante el nombre de “Cartel del Diablo”. Tanto poder tenía González que el agente Feistl de la DEA afirma que él fue el comandante no oficial de la Policía durante años: “Danilo González, aun después de retirarse de la Policía, era la persona más poderosa de la institución en Colombia. Básicamente los dirigía. Les decía quiénes debían ser los generales, quiénes serían transferidos dónde; tenía a ciertas personas estacionadas en ciertas áreas, tanta influencia tenía y tanto control ejercía”.69

Don Berna no solo usaría los servicios del Cartel del Diablo, sino que también le prestaría servicios a la red. Esta relación con González le dio a Don Berna una gran ventaja y le ofreció conexiones con una gran parte de las élites burocráticas en la Policía. Una de esas conexiones era con la unidad antisecuestro del gobierno. Al igual que el Bloque de Búsqueda, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) constituía un nodo crítico en la lucha del Estado contra los criminales y los insurgentes. También controlaban las interceptaciones telefónicas, una gran fuente de información y poder en los mundos político y criminal.

Diagrama3 DonBernaRedMedellin

González fungió como director de inteligencia del GAULA luego de su tiempo en el Bloque de Búsqueda, y, por lo menos en una ocasión, usó sus contactos en el hampa para resolver un caso de secuestro para una de las familias más poderosas de la élite política.70  También es posible que González hubiera presentado a Don Berna al mayor Mauricio Santoyo Velasco, quien asumió la dirección del GAULA de Medellín en 1996. Santoyo se convertiría en parte importante de la estructura criminal de Don Berna y pondría su dirección al servicio del crimen organizado.

Santoyo era un miembro de la élite burocrática en una buena posición. Durante su periodo como director del GAULA, trabajó muy de cerca con políticos de todo el país, entre ellos el entonces gobernador de Antioquia y futuro presidente de Álvaro Uribe. En el 2000, Santoyo fue nombrado comandante del Cuerpo Élite Antiterrorista (CEAT). Y en 2002, pasó a ser el jefe de seguridad del entonces presidente Uribe. (La relación de Santoyo con Uribe más adelante daría a Don Berna acceso al palacio presidencial y a Santoyo la inmunidad en Colombia).

La relación entre Don Berna y Santoyo era importante en diferentes niveles. Según un agente que trabajó con Santoyo, incluía tráfico de armas e intercambio de inteligencia, lo cual habría sacado de las interceptaciones del GAULA. “La colaboración [entre Santoyo y Don Berna] se componía de escoltar armamento hacia las zonas rurales de Antioquia y de interceptarle líneas telefónicas ya fuera de guerrilleros o de personas que le debieran algo a los paramilitares o de ONG [organizaciones no gubernamentales] que tuvieran que ver con la subversión”, explicó el agente anónimo.71

En una acusación formal que Estados Unidos interpuso contra Santoyo más adelante, los fiscales estadounidenses corroboraron estos intercambios de información. “Era parte adicional de esta confabulación que a cambio de estos sobornos, el acusado entregaría información de inteligencia recogida por las autoridades colombianas a los narcotraficantes, incluyendo información sobre personas que luego eran señaladas para ser asesinadas por estos narcotraficantes”, decía la acusación contra Santoyo.73

Mauricio Santoyo VelascoA cambio, Don Berna pagaba a Santoyo grandes cantidades de dinero. Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias “Gordo Lindo” —narcotraficante que trabajó con la organización paramilitar de las AUC— declaró que Santoyo recibía hasta US$100.000 mensuales de Don Berna.74  Zuluaga también afirmó que Santoyo había dado a la Oficina información sobre una operación de la DEA contra la estructura criminal, por lo que pagó un US$250.000 adicionales.75

Santoyo también ayudó a Don Berna a encargarse de sus rivales. En 1999, integrantes de La Terraza robaron un alijo de dinero que Carlos Castaño había dejado en Medellín. La afrenta se presentó cuando Don Berna consolidaba su influencia en el hampa de Medellín y fortificaba la Oficina de Envigado como la organización dominante de toda la actividad criminal en la ciudad. La Terraza, que tenía 25 cabecillas y más de 200 sicarios en su nómina, consideraba que estaba recibiendo “salarios de obrero”, mientras que los miembros de la Oficina recibían participación en las rutas de drogas y en otras actividades criminales en todo Medellín.76 

Después del robo, Don Berna se fue contra este grupo. En agosto de 2000, sus hombres asesinaron al jefe de La Terraza, Elkin Sánchez Mena, alias “El Negro”. La Terraza respondió matando al hermano de Don Berna, Rodolfo, el hombre que presuntamente mató a Escobar en ese techo de Medellín. Pronto se sintió la guerra en toda la ciudad. Además de un sinnúmero de sangrientos asesinatos públicos, hubo dos ataques con bombas de alto perfil: una que explotó en el selecto centro comercial “El Tesoro”, que dejó un muerto y 53 heridos,77  y un segundo ataque en el popular punto de entretenimiento nocturno, el Parque Lleras, que dejó ocho muertos y más de 130 heridos.78

Eventualmente, Don Berna recurrió a Santoyo para que le ayudara a aplastar al grupo disidente. Según la acusación de Estados Unidos contra el oficial de Policía, Santoyo entregó inteligencia, incluyendo interceptaciones, que permitió ubicar a los cabecillas de La Terraza, y puede haber usado el CEAT para ejecutar algunos de los homicidios.79  Varios criminales que trabajaban en el círculo íntimo de Don Berna corroboraron estas declaraciones. “Se combatió ‘La Terraza’ con la ayuda del CEAT, comandado por Mauricio Santoyo”, dijo el narcotraficante y miembro de la AUC Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”.80

En 2002, Santoyo llegó a ser jefe de seguridad del recién elegido presidente Álvaro Uribe, cargo que detentaría hasta 2006. Pero su relación con Don Berna se mantuvo. Este fue uno de los cargos de mayor poder en la Policía, compitiendo incluso con el director de la Policía Nacional en términos de acceso e influencia. De hecho, Santoyo se había convertido en uno de los miembros más poderosos de las élites burocráticas en Colombia, con acceso al presidente. Según El Tuso, él uso esa influencia para asegurarse del traslado de oficiales que se negaran a cooperar con la Oficina; a ellos los enviaba a destinos peligrosos y remotos,81  y para entregar un flujo continuo de inteligencia al grupo criminal.

Fase III: ‘Don Berna’, el comandante paramilitar (2000-2005)

Don Berna y las AUC

No se sabe con claridad cuándo exactamente entró Don Berna a hacer formalmente parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización que representaba a los paramilitares de todo el país, fundada por la familia Castaño en 1997. Aunque exguerrillero, su posición política no era evidente, aun cuando se volvió contra sus excamaradas del EPL. Pero que se aliara con los paramilitares contra los insurgentes marxistas no era más que otro cambio radical en su carrera criminal. Esto fortaleció su relación con otro grupo de miembros de la élite burocrática y le permitió expandir su imperio criminal. También desencadenó lo que implicó un sangriento golpe de narcotraficantes como Don Berna para tomar el control de las AUC.

En su declaración, Don Berna insistió en que estaba allí desde el inicio, cuando la familia Castaño conformó las ACCU en 1994. Y en las declaraciones a los fiscales en 2007, insinuó que fueron los PEPES quienes fundaron las ACCU.82  Don Berna sin duda había mantenido contacto con Carlos Castaño desde los días de los PEPES, y asistía a reuniones con Castaño para discutir la creación de las AUC.

La relación con la familia Castaño se estrechó luego de la muerte de Santacruz Londoño, cuando Don Berna se escondió en Córdoba, con protección de los Castaño.83  Y se consolidó en la guerra de los Castaño y de Don Berna contra La Terraza, un momento coyuntural para Don Berna, no solo por su cruzada para establecer una hegemonía criminal en Medellín con la Oficina de Envigado, sino también en términos de su relación con las AUC.

“En mi caso particular, se trataba de reconstruir más de veinte años de actividad en las ACCU y en las AUC, y de los hechos ejecutados por los tres bloques de autodefensa que comandé”, declaró ante la Corte Suprema Colombiana en 2009.84

Don Berna ParamilitaryEsta versión, sin embargo, ha sido cuestionada por otros jefes paramilitares y autoridades por igual. El excomandante de las ACCU Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, declaró que Don Berna no estaba cuando formó el grupo; y añadió que creía que la actitud antisubversiva de Don Berna era una simple pose, un medio por el cual podría escapar a un juicio por narcotráfico cuando posteriormente las AUC se desmovilizaron y negociaron un acuerdo con el gobierno.85  Rodrigo Doble Cero, antiguo aliado de Don Berna en los PEPES y luego su enemigo, se hizo eco de las declaraciones de Rendón,86  y dijo que Don Berna vio a las AUC como una vía para extender su influencia criminal.87  Por su parte, los fiscales del gobierno no pudieron establecer la conexión de Don Berna con las actividades de las AUC hasta 1999, también en contradicción con su testimonio.88

Rodrigo Doble Cero era quien más tenía que perder con el surgimiento de Don Berna como comandante paramilitar. Hacia 1999, Rodrigo y su Bloque Metro operaban en gran parte de Medellín. Esto no había sido parte del plan de Don Berna. Él quería que los paramilitares le ayudaran a eliminar a sus opositores y luego le dejaran la ciudad. Sin embargo, Rodrigo era de Medellín y ya había dirigido con éxito campañas de contrainsurgencia en el campo, trabajando junto al ejército en Córdoba y en grandes áreas de Antioquia. También era un opositor acérrimo de la participación directa de las AUC en el narcotráfico, algo que afirmaba con frecuencia a la prensa colombiana e internacional.

No cabe duda de que el ingreso de Don Berna a las AUC hacía parte de una expansión masiva del ejército paramilitar desde su base en Antioquia y Córdoba a todo el país, lo que incluía numerosas organizaciones criminales. En muchos lugares del país aparecieron franquicias del grupo paramilitar, y muchos de los nuevos cabecillas no eran más que narcotraficantes. Entre ellos estaban Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, y Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias “Gordo Lindo”. Diferentes grupos paramilitares también comenzaron a mezclarse en una serie de actividades criminales, incluso el secuestro, práctica que en gran parte había llevado a la formación de las AUC. Pero el grueso del negocio era el narcotráfico.

En el 2000, Don Berna abrió su propio contingente de las AUC. Conocido como el “Bloque Cacique Nutibara” (BCN), su principal misión en Medellín, según investigadores del gobierno, “era combatir los combos y pandillas que aún no se habían sometido a la organización de las autodefensas y cuyas acciones causaban daños a la población civil”.89 (Don Berna apareció oficialmente en el alto mando de los paramilitares en 2002, cuando se lo presentó como “Inspector General” de las AUC con el alias de “Adolfo Paz”90).

En realidad, el BCN era una facción de la Oficina de Envigado. Más una mafia que una red militar, era el tipo de organización mejor equipada para moverse entre las divisiones criminales en Medellín, donde el chantaje y la intimidación eran mucho más efectivos que la confrontación militar directa. Uno de los comandantes del BCN, por ejemplo, era Rogelio, el antiguo investigador del gobierno convertido en agente de la Oficina.91  Rodrigo Doble Cero llegó a decir incluso que el BCN era en realidad poco más que los remanentes de La Terraza, reorganizados y reequipados,92  algo con lo que coincidieron otros observadores no paramilitares.

“El BCN no operó propiamente como paramilitarismo ni autodefensa como lo conocemos. Operó aquí en las comunas [barrios marginales]. Venía del periodo de Escobar y estuvo al servicio del narcotráfico, de las Oficinas”, declaró Jaime Fajardo Landaeta, exasesor de paz de la Gobernación de Antioquia, a Verdad Abierta.93

Hasta cierto punto, la estrategia funcionó. Hacia finales de 2001, Don Berna era la cabeza indiscutida del mundo del narcotráfico en la ciudad de Medellín. En la ciudad, sólo el Bloque Metro y las milicias de izquierda, más fuertes en la Comuna 13, un barrio marginado que se extendía en las laderas de la ciudad, se negaban a ceder a su ofrecimiento. El cabecilla del Bloque Metro, Rodrigo Doble Cero, se estaba convirtiendo en un problema, no solo por su poder en Medellín, sino también por sus constantes declaraciones de cómo los narcotraficantes se habían tomado las AUC, con Don Berna a la cabeza. Don Berna ahora comenzó a planear cómo deshacerse de estos dos obstáculos en Medellín y las zonas aledañas, pero necesitaba que sus aliados en la élite burocrática lo hicieran posible.

Operación Orión

Para agosto de 2002, Álvaro Uribe se había instalado en la Casa de Nariño, el palacio presidencial, adonde había llegado gracias a la promesa de emprender la guerra contra la insurgencia marxista. Era lógico que comenzara su campaña contrainsurgente en su natal Medellín, dando a las fuerzas de seguridad la orden de expulsar a las milicias izquierdistas de su bastión en la Comuna 13.

Las milicias eran tal vez la fuerza ilegal más disciplinada y de más rápido crecimiento de la ciudad. Se habían formado en los años setenta como respuesta a la amenaza de las pandillas criminales y al esfuerzo insuficiente del Estado por controlarlas.94  En los años ochenta, estos grupos se habían transformado en lo que denominaron “milicias”, moldeadas por la ideología guerrillera, principalmente gracias a la influencia del ELN y el EPL.95 Su objetivo, según expertos como Alonso Espinal, Jorge Giraldo Ramírez y Diego Jorge Sierra, era arrebatar los barrios a las pandillas criminales, que habían “tomado control total de estos territorios, muchas veces con la complicidad de las autoridades locales”.96 

En los años noventa, este proceso se había acelerado. Con la desintegración del Cartel de Medellín, las milicias comenzaron a multiplicarse y lograron abatir varias pandillas criminales.97  Su campaña de “limpiar” los barrios les valió un amplio respaldo, pues ellos “[se apropiaban] la función del Estado de brindar seguridad”, escribieron Espinal, Ramírez y Sierra.98  Y desde 1993 en adelante, las milicias se expandieron, pasando de ser un solo grupo a diez.99 

Con la expansión de grupos como las “Milicias del Pueblo y para el Pueblo”, comenzaron el reclutamiento de las pandillas que habían prometido expulsar. Las milicias también se convirtieron en un elemento de la vida criminal de Medellín, con el dominio de muchas zonas de la ciudad, en particular la Comuna 13. Se acentuaron sus vínculos con actividades ilegales,100 incluso el narcotráfico, y pronto comenzaron a asemejarse más a las pandillas criminales contra las que combatían en sus orígenes.101  También se opusieron al objetivo de Don Berna de crear una hegemonía criminal en Medellín y se convirtieron en una amenaza de seguridad mayor para el gobierno.

La proliferación de milicias de izquierda alarmó a las élites políticas y económicas, que también veían cómo los insurgentes marxistas de las FARC y el ELN expandían su poder en las zonas rurales. En 1996, la alarma se encendió cuando las FARC concentraron a unos 500 insurgentes en la base militar de Las Delicias, al sur del departamento del Putumayo, y mataron a 27 soldados y capturaron a otros 60. A esto siguieron otros espectaculares ataques guerrilleros. Por primera vez había un temor real de que las FARC estuvieran en capacidad de tomarse el poder. Que hubiera milicias izquierdistas en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, era causa de una intensa preocupación para las élites burocráticas, quienes buscaron realinearse con quienes podían ayudarles a enfrentar esa amenaza.

Entre esas élites estaba el general Mario Montoya, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército. Con base en Medellín, pero a cargo de gran parte del departamento de Antioquia, la Cuarta Brigada tenía ya una relación laboral con muchos grupos paramilitares. Por su parte, Montoya había estado trabajando con Rodrigo Doble Cero en las zonas rurales, donde como parte de lo que se conoció como “Operación Mariscal”, los militares habían enfrentado al ELN en su bastión de Cocorná y a las FARC a lo largo de la vía estratégica que unía las ciudades de Medellín y Bogotá.102 Montoya también había pasado armas al Bloque Metro.103 Aunque Montoya luego negó la existencia de dichas relaciones, tanto Rodrigo Doble Cero como otros exjefes paramilitares corroboraron estas versiones.104

Para agosto de 2002, Montoya presuntamente estaba trabajando con Don Berna. Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, uno de los muchos narcotraficantes que ingresaría a las filas de las AUC, dijo que Montoya “estaba en la nómina” de la Oficina de Envigado.105 Y cables de Estados Unidos afirmaron que en Medellín el BCN tenía el apoyo de elementos del Ejército.106 

También se cree que Don Berna reclutó al jefe de Policía de Medellín, el general Leonardo Gallego, quien presuntamente entró a la nómina de la Oficina por casi US$10.000 mensuales.107 

Los intereses de Don Berna sin duda coincidían con los de los militares, aun cuando sus motivos fueran en otra dirección: él quería la destrucción de las milicias de izquierda, para favorecer sus intereses criminales. Este era un ejemplo perfecto de una relación de mutuo beneficio en la que las élites burocráticas necesitaban que Don Berna y el crimen organizado ejecutaran la misión que les correspondía, y Don Berna necesitaba la ayuda de las élites burocráticas para eliminar a su rival. Don Berna mismo lo declaró. En una carta al juez Richard M. Berman de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, redactada unos años después, Don Berna explicaba que las fuerzas de seguridad del Estado, dirigidas por Montoya y Gallego “pidieron ayuda [al Cacique Nutibara] para liberar la zona de la guerrilla”.108

Diagrama4 DonBernaParamilitaryNetwork

Supuestamente la coordinación comenzó mucho antes de la operación. Un informante de la CIA aseveró que el Ejército, la Policía y el BCN redactaron un documento en el que se organizaba su plan para lo que se llamaría Operación Orión en los días que precedieron al ataque coordinado; Montoya, Gallego y el jefe paramilitar Fabio Jaramillo lo firmaron.109  Y el 16 de octubre de 2002, efectivos del BCN y la Oficina entraron a la Comuna 13, mientras helicópteros del Ejército planeaban los cielos listos para prestar apoyo.

Para el segundo día, el Ejército se paseaba por los barrios, y en la noche los paramilitares hacían lo mismo. Muchas veces desde vehículos oficiales de las fuerzas de seguridad y usando a desertores de la milicia, personal del BCN y la Oficina buscaban a milicianos, los sacaban de las calles, y los torturaban y ejecutaban.

Para el cuarto día, se había acabado todo: las milicias de izquierda habían sido aniquiladas y expulsadas de la Comuna 13. Por lo menos 92 víctimas fueron identificadas posteriormente pero se cree que cientos fueron asesinados por los hombres de Don Berna y las fuerzas de seguridad.110

Destrucción del Bloque Metro

Deshacerse del Bloque Metro y de Rodrigo Doble Cero fue mucho más difícil. En un inicio, Don Berna no podía desafiarlo abiertamente. Rodrigo Doble Cero era miembro de los PEPES, uno de los fundadores de las ACCU y las AUC y había entrenado a los cuadros originales que conformaban el núcleo del ejército paramilitar. Además era amigo íntimo de Carlos Castaño. Don Berna tuvo que esperar esta vez y fortalecer su ejército, lo cual hizo con la formación del BCN.

Don Berna también tuvo que fomentar un cambio en la composición de las AUC, para que los paramilitares vieran con mejores ojos su lado narcotraficante que el aspecto opuesto al narcotráfico en el caso de Rodrigo Doble Cero. Poco a poco, Don Berna logró aislar a sus rivales. En 2001, Carlos Castaño renunció como jefe de las AUC. Y en 2002, Rodrigo Doble Cero se retiró de las AUC y proclamó el Bloque Metro “fuerza disidente”.111 

Para entonces, Don Berna hacía parte del “Estado Mayor” paramilitar y tenía, gracias a su influencia en el mundo del narcotráfico, muchos más amigos que Rodrigo Doble Cero entre los paramilitares. Rodrigo Doble Cero, por su parte, se había negado a participar en narcotráfico, lo que había valido la desconfianza de casi todos los demás jefes paramilitares, que se alimentaban del negocio de estupefacientes. Por increíble que parezca, para 2002, las AUC se habían convertido en el principal regulador y juez del negocio de la cocaína, con mayor poder e influencia que el que hubiera tenido Pablo Escobar alguna vez. 

Sin embargo, Don Berna sabía que nunca podría destruir el Bloque Metro en el ámbito militar sin ayuda de sus contactos entre las élites burocráticas. De hecho, según Rodrigo Doble Cero, el momento decisivo en su guerra con Don Berna fue cuando el general Montoya cambió de bando.112  Dice que la evidencia de esto surgió en agosto de 2002, cuando las tropas del general Montoya emboscaron un convoy del Bloque Metro en Segovia, Antioquia, y mataron a 20 de los hombres de Rodrigo. “Don Berna le ofreció mucho más plata de la que habría podido, y él la tomó”, declaró Rodrigo Doble Cero.113 

Mario MontoyaLa batalla había comenzado. En pocos meses, el BCN, la Oficina de Envigado y sus aliados en la Policía habían expulsado al Bloque Metro de 37 de los 45 municipios de Medellín.114  Don Berna y sus hombres apuntaron al corazón del Bloque Metro, en la zona rural de Antioquia, principalmente el noreste del departamento y en la sede de Rodrigo Doble Cero en el municipio de San Roque. Trabajando en conjunto con el Ejército y con Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, otro aliado paramilitar y narcotraficante, Don Berna se vino encima de los dominios rurales de Rodrigo. Según Doble Cero, la batalla entre su Bloque Metro y los dos grupos paramilitares rivales provocó más de 1.000 muertes en varios municipios el noroeste de Antioquia.115  Enfrentado a un ejército que tenía el apoyo de las fuerzas de seguridad colombianas y bolsillos muy profundos, Rodrigo Doble Cero huyó de la zona.

Con ayuda de sus aliados en la élite burocrática, Don Berna había ganado una batalla más.

‘Donbernabilidad’

Para noviembre de 2003, Don Berna lo tenía todo. Para empezar, era el dueño indiscutible de Medellín, ejerciendo control por medio de la Oficina de Envigado de todos los elementos criminales de la ciudad. La Oficina podía contar con unos 6.000 hombres armados, y el control de la ciudad estaba asegurado mediante el control que la Oficina ejercía sobre más de por lo menos 300 combos con miles de pandilleros más a su disposición.116

Para 2004, la Oficina de Envigado y su modelo se habían expandido. Era, en esencia, una matriz bajo la cual operaban por todo el país una multitud de “oficinas de cobro” más pequeñas. Era por medio de estas oficinas más pequeñas que Don Berna controlaba toda la actividad criminal de Medellín y de buena parte de Colombia.

Estas oficinas eran estructuras criminales localizadas y semiautónomas, pero que tenían todas la misma función: regular el hampa. Resolvían disputas entre delincuentes, dirigían mafias de extorsión, cobraban deudas de narcotráfico o juegos de azar y ofrecían servicios de sicariato. Muchos también ofrecían servicios locales de seguridad privada. El castigo por no pagar alguna deuda, sin importar lo pequeña que fuera, iba desde la amputación de los dedos hasta ser abaleado en la calle.117 Las oficinas no eran solo músculo. Si una oficina necesitaba embargar las posesiones de un narcotraficante endeudado, como su casa, su hacienda o sus autos, despachaba a un abogado para que lo forzara o sobornaba a la gente para que transfiriera los bienes.

En Medellín, la Oficina de Envigado era tan eficiente que Don Berna podía incluso controlar los índices de homicidios. Desde 2003 hasta 2008, la increíblemente alta tasa de homicidios en Medellín cayó en casi 50 por ciento después de que Don Berna ordenara a su organización que mantuviera a raya los asesinatos. La prensa internacional hablaba del “renacimiento” de la ciudad.118  Pero por dentro, a este control se lo llamaba “Donbernabilidad”, un juego de palabras con el término “gobernabilidad”. Nadie tenía permitido matar a otro sin autorización expresa de Don Berna.

“Nada pasaba en esa ciudad [Medellín] sin la venia de Don Berna o de la Oficina de Envigado”, dijo Feistl a InSight Crime. “Y si pasaba sin su consentimiento o aprobación, pagaban el precio por ello. Todo el mundo tenía básicamente miedo de hacer lo que fuera; a menos que estuviera regulado por Don Berna, no pasaba. Así, pues, el crimen estaba bajo control, los homicidios estaban bajo control, a menos que ellos fueran quienes cometían el delito o los asesinatos”.

La Oficina, añadió, en esencia había sacado “una página del capítulo de los viejos días dorados de la mafia en Estados Unidos, ya sabe, la mafia de Nueva York y Boston, como volver al crimen organizado de Chicago, donde esos tipos eran tan intimidantes y ejercían tanta presión e influencia en toda la ciudad y todo lo que tuviera que ver con ella, que la gente sentía terror de hacer lo que fuera”.119

El control casi hegemónico de Don Berna sobre Medellín le permitió imponer un orden casi empresarial sobre las actividades criminales: los negocios le pagaban a un solo cobrador, y especialmente para los negocios pequeños, la suma solía ser bastante manejable, de modo que en ocasiones algunos decían que “ni siquiera se sentía como extorsión”.120 

Don Berna tenía el control indisputado de la Oficina de Envigado, pero, además de él, en la cima había muchos otros jefes intermedios, y muchos mecanismos diferentes en la red, los cuales trabajaban por subcontratación.121 La fortaleza de Don Berna consistía en su papel como el “gran regulador”: él redistribuía el poder en forma estratégica, resolvía disputas y administraba los muchos nodos de su gran organización.

Los combos en esa gran red también funcionaban como pequeños negocios especializados, dedicados muchas veces a una sola actividad ilegal: robo de autos o asesinatos. Él era mediador y negociador natural, descrito por fuentes de la Fiscalía General como “más fiscal que nosotros”. Esto le permitía mantener sus relaciones con las élites de Medellín, en la medida en que él podía generar gobernabilidad y garantizar resultados de seguridad.

Tan exitoso fue el modelo que otros jefes de las AUC lo adoptaron. Para cuando las AUC se desmovilizaron en 2006, en el marco del proceso nacional de paz con el gobierno, había oficinas de cobro en casi todas las ciudades del país, y todas las zonas donde había presencia paramilitar. Esta red de estructuras criminales se convirtió en la arteria por la cual fluía la savia del negocio de la cocaína. Don Berna, por supuesto, se ubicaba en la parte superior de la pirámide.

“Don Berna… detenta el título de inspector general de las AUC, pero es el líder de facto de las AUC, y dirige todas sus actividades de tráfico de estupefacientes, incluyendo todo el transporte de cocaína y las operaciones financieras”, rezaba el acta de acusación de Estados Unidos de 2004 en su contra. “Murillo Bejarano ha mantenido su poder en las AUC en parte por las ganancias de sus actividades en el narcotráfico”.122

En suma —con la Oficina de Envigado, sus cuerpos paramilitares, sus pandillas y sus conexiones con la élite burocrática—, Don Berna había creado la mafia del crimen organizado más poderosa y sofisticada de la historia de Colombia.

Análisis – Conclusión

La influencia criminal de Don Berna en Colombia es difícil de sobreestimar. Para entender la evolución del crimen organizado en Colombia, deben entenderse los sistemas instaurados por Don Berna en Medellín. Y para entender esos sistemas, debe entenderse las alianzas que Don Berna desarrolló con las élites burocráticas.

La relación de Don Berna con esas élites comenzó en la persecución contra Pablo Escobar. Don Berna fue uno de los fundadores y líderes de los PEPES, grupo ilegal dedicado a abatir al capo de Medellín. Las primeras alianzas de Don Berna fueron a la vez personales e institucionales. Trabajó estrechamente con el coronel de la Policía Danilo González. Este era el prototipo de la élite burocrática —un oficial de carrera que se hacía cargo de los casos más importantes del gobierno, lo que le daba acceso a grandes cantidades de recursos, conexiones con políticos y organismos internacionales de la ley—. Además era un criminal, con vínculos con un poderoso grupo de expolicías que estaban creando su propio imperio criminal.

La relación de Don Berna con González, junto con su pertenencia a los PEPES, catapultaron al exguerrillero, que en sus orígenes era un mando medio del Cartel de Medellín, a una posición superior en el mundo del narcotráfico. Los PEPES no solo entregaban inteligencia a la Policía, sino también poder armamentista y la disposición para hacer el trabajo sucio que fuera preciso para arrojar a El Patrón a terreno abierto; lo suficiente para que las autoridades —o posiblemente el hermano de Don Berna— lo eliminaran.

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Foto por Carlos Villalón

Fernando Quijano, exlíder de una milicia de izquierda de Medellín, que ahora dirige una organización no gubernamental, sobrevivió a la violencia y mantiene un seguimiento de la situación de seguridad  en la capital antioqueña. Dice que los PEPES funcionaban como “perros de guerra” para la Policía, haciendo el trabajo sucio que las fuerzas de seguridad no podían hacer abiertamente.123

Pero fue Carlos Castaño, aliado de Don Berna en los PEPES y fundador de las AUC, quien mejor lo definió cuando declaró que los PEPES “eran tolerados por el fiscal general, la Policía, el Ejército, el DAS, la Procuraduría, y el mismo presidente César Gaviria nunca ordenó que nos persiguieran”.124

En esencia, las élites burocráticas más poderosas del país estaban contentas de trabajar con los PEPES. El agente Feistl, de la DEA, lo reiteró.

“Creo que una de las razones de mayor peso por las que ellos [Don Berna y los Castaño] se hicieron tan poderosos y porqué los PEPES fueron un trampolín tan importante para las AUC y todo lo demás, fue por esa alianza que hicieron los PEPES con el gobierno de Colombia en el intento de matar a Escobar”, explicó Feistl. “Se les concedió, en lo sucesivo —no quiero decir favores—, pero muchos altos oficiales en Colombia se hacían los de la vista gorda cuando ellos hacían sus negocios, porque no querían perseguirlos o atacarlos por lo que habían hecho y la información que suministraron para atrapar a Pablo y matarlo”.

Feistl añade: “Creo que esas alianzas que formaron con el gobierno, eran una especie de deuda por así decirlo, con lo que quiero decir que el gobierno no quiso perseguirlos por un buen tiempo, lo que en realidad les permitió entrar y acumular mucho poder en Medellín y las áreas circundantes”.125

No cabe duda de que los contactos que Don Berna hizo durante ese periodo, tanto en el gobierno como en el hampa, configurarían su carrera criminal y su estrategia futura. Esa estrategia la describen analistas, como Morales y La Rotta, como una oportunista y despiadada. Es cierto: Don Berna era ambicioso y estaba preparado para clavarle el puñal por la espalda a cualquiera con el fin de ascender. Sin embargo, no se sobrevive a guerras con Pablo Escobar, las milicias de izquierda, facciones paramilitares rivales y se sube a la cima de lo que es el hampa más brutal del mundo siendo un simple oportunista.

Había algo más. Aunque no era carismático, y su apariencia física no era la más atractiva —aun antes de recibir 17 balas en su cuerpo y perder una de sus piernas— Don Berna era un maestro de la negociación y la regulación. Todos los mercados, en particular los ilegales, necesitan reguladores, sistemas de protección para que se honren las transacciones y el negocio pueda funcionar. En el mundo de la cocaína, donde las apuestas son fuertes y las lealtades débiles, el regulador debía ser despiadado al límite y totalmente confiable. Esa era la habilidad de Don Berna.

En el caso de sus pares criminales, él fue capaz de crear un sistema que regulara el mercado del hampa de una escala local a la nacional. Este sistema, conocido popularmente como la oficina de cobro, de la cual la Oficina de Envigado era el prototipo, tienen presencia hoy en todas las ciudades principales de Colombia y se han extendido por Latinoamérica, en muchos de los países de tránsito por los que pasa la cocaína colombiana, cuyas ramas se extienden hasta lugares tan distantes como España.

Para las élites burocráticas, Don Berna también era útil. No solo podía darles dinero, sino que también les ayudaba a combatir su principal enemigo y proporcionaba el tipo de “ley y orden” que ellos nunca podrían haber ofrecido. En otras palabras, Don Berna era capaz de corromper elementos de las élites burocráticas y de hacerse indispensable para ellas en un plano operacional, estratégico. Esto se hizo claro tanto en sus esfuerzos por combatir las milicias de izquierda y en su capacidad de domar las pandillas criminales en el mismo Medellín, incluyendo, por supuesto, a Pablo Escobar.

El resultado, como se ilustró, fue una plétora de aliados entre las élites burocráticas. Danilo González ayudó a los PEPES y más adelante ayudó a liquidar a un traficante rival del Cartel de Cali. La relación de Santoyo con Don Berna comenzó cuando el primero era mayor de la Policía en Medellín, y terminó cuando era general de la Policía a cargo de la seguridad del presidente. A lo largo de ese tiempo, ayudó a Don Berna cuando enfrentó a las pandillas de Medellín, le ayudó a consolidar su influencia en esa ciudad y se aseguró de que se mantuviera bajo el control de Don Berna por muchos años más. El general Gallego de la Policía y el general Montoya del Ejército ayudaron a Don Berna en su lucha por hacerse al control de la Comuna 13 y eliminar a su rival paramilitar, Rodrigo Doble Cero. En todo ese tiempo, miembros de alto rango de la Fiscalía General se aseguraron de que no se instauraran procesos contra Don Berna. Y otros numerosos oficiales y personal de las fuerzas de seguridad ayudaron a Don Berna y a sus grupos criminales en diversas formas.126

Estos aliados obtuvieron lo que querían, pero todo lo que Don Berna hizo para “ayudar” a las élites burocráticas favoreció también su posición. Él fue el principal beneficiario de la caída de Escobar y convirtió a Medellín en la capital de su imperio criminal, el cual extendió desde la costa Pacífica hasta el Caribe. Cuando las milicias de izquierda fueron expulsadas de Medellín, no fue el Estado quien ocupó el vacío de poder, sino Don Berna. Y la Comuna 13 se convirtió en uno de los bastiones de la Oficina de Envigado. En el campo, el territorio que perteneció al Bloque Metro se convirtió en el fortín rural de Don Berna.

En resumen, las élites burocráticas desempeñaron un rol en cada etapa de la trayectoria de Don Berna. No puede caber duda de que sin la ayuda de miembros influyentes de la élite burocrática, Don Berna no habría llegado a la cúspide del crimen organizado en Colombia. En todo el camino, Don Berna logró lo que Escobar no pudo, lo que El Patrón ni siquiera vio podría ser la clave del poder criminal, lo que Forrest Hylton describió como, “la unificación del crimen organizado con el sistema”.127

Muchos creen que el Cartel de Medellín murió con Escobar en 1993. No fue así. Se transformó bajo el comando de Don Berna, y evolucionó para convertirse en la mafia del crimen organizado más sofisticada de Colombia, quizás la más sofisticada de toda Latinoamérica. Don Berna, pensador racional y estratégico que eludió el estilo de vida de alto perfil de Escobar, pero que adoptó su brutalidad, aprendió una lección importante de la desafortunada y costosa guerra que emprendió Escobar contra el gobierno colombiano: la clave del éxito radicaba en la cooptación antes que en la confrontación del Estado. En esa medida, sus alianzas con las élites burocráticas fueron la clave de su ascenso y quizás el arma más potente de todo su arsenal.       

Epílogo

En noviembre de 2004, me reuní con Don Berna en una de sus haciendas en el departamento de Córdoba. En ese tiempo, él era la figura más poderosa dentro de las AUC y su nombre despertaba escalofríos en Medellín. También recientemente había despachado a sus principales rivales, Carlos Castaño y Rodrigo Doble Cero.

La ironía era evidente: Don Berna y Castaño se habían enfrentado por la extradición, el mismo asunto que había causado la caída de su vengador, Pablo Escobar. Don Berna y sus seguidores narcotraficantes en las AUC estaban negociando para evitar la extradición; Castaño pensaba que ésta era inevitable. No solo trabajaba Castaño contra Don Berna en la mesa de negociaciones; corrían rumores de que estaba en conversaciones con la DEA, preparándose para entregarse a cambio de una sentencia más indulgente en Estados Unidos.128  Pero el 16 de abril de 2004, Castaño y sus guardaespaldas fueron asesinados por colaboradores de confianza, que actuaban bajo las órdenes de Don Berna y el hermano de Carlos, José Vicente.

“Don Berna [es] como la cabeza del narcotráfico, no solo dentro de las AUC, sino en el país”, dijo Rodrigo Doble Cero a la revista Semana justo después del homicidio de Castaño. “Carlos se había convertido en un obstáculo insalvable para que los narcotraficantes lograran la unidad y el poder absoluto dentro de las AUC, para radicalizar sus posiciones en las negociaciones con el gobierno. Carlos se oponía a que los temas principales de las negociaciones fueran la no extradición y la defensa de los intereses de los narcotraficantes”.129 

Carlos CastañoPor su parte, Rodrigo Doble Cero había huido de Colombia después del ataque frontal de Don Berna y del Ejército contra él y su Bloque Metro en 2003. Luego fue interrogado tanto por la CIA como por la DEA en Panamá. Sin embargo, desafiante y decidido a debilitar a Don Berna, había vuelto a Colombia en 2004.130  Pero no tuvo suficiente cuidado, y la amplia red de inteligencia de Don Berna lo rastreó siguiendo a una de sus novias desde Medellín a la ciudad costera de Santa Marta, donde se ocultaba. El exintegrante de los PEPES, fundador de las ACCU y las AUC, y excomandante del Bloque Metro fue asesinado en mayo de 2004, justo un mes después de que Don Berna hiciera matar a su amigo Carlos Castaño.

Don Berna no habló de estos homicidios durante la entrevista conmigo. En lugar de eso, el capo de la droga y regulador del crimen se presentó como un paramilitar puro, obligado por las atrocidades de la guerrilla, a defenderse y defender a las comunidades que confiaban en él, pues el Estado era impotente e incapaz de cumplir incluso su función básica de proteger a sus ciudadanos. Mientras hablaba, miraba por encima de su escritorio una fotografía de Carlos Castaño, hablando en términos afectuosos de su “viejo amigo”, y diciendo cómo tras la muerte de Castaño, él debía continuar su labor.131

A pesar de su pose heroica y de su fuerza en el hampa, la fachada de Don Berna comenzaba a derrumbarse. En 2003, la Procuraduría de Colombia reveló que el GAULA había coordinado interceptaciones telefónicas ilegales masivas (más de 1.800) entre diciembre de 1997 y febrero de 2001, mientras se encontraba bajo la vigilancia del aliado de Don Berna por tanto tiempo, el general Santoyo.132  Al momento de la acusación, Santoyo era el jefe de seguridad del presidente Uribe, y el caso fue desestimado por “falta de evidencia”. Pero apenas un mes después de su retiro de la Policía, en 2009, Santoyo fue acusado de narcotráfico en Estados Unidos y en 2012, fue sentenciado a 13 años en una cárcel de ese país.

En marzo de 2004, la antigua conexión de Don Berna con la Policía en el Bloque de Búsqueda, Danilo González, fue asesinado cuando salía de una reunión con su abogado en Bogotá.133  Se dice que González negociaba con el gobierno de Estados Unidos. Gallego fue obligado a renunciar de la Policía por sospechas, y Montoya también fue investigado, aunque no fueron a juicio.134    

El mismo Don Berna había comenzado a afrontar el escrutinio. El 25 de noviembre de 2003, el Bloque Cacique Nutibara fue la primera unidad de las AUC que se desmovilizó como parte de sus negociaciones con el gobierno, con la entrega de más de 497 armas de 868 combatientes. Por primera vez, Don Berna apareció en público, durante un discurso grabado en la ceremonia de desmovilización. Ya no estaba en la sombra, sino que era una figura pública. Pocos, sin embargo, creyeron en la autenticidad del gesto. Un cable del gobierno estadounidense revelado por Wikileaks mostró que incluso el embajador de Estados Unidos cuestionó la legitimidad de su participación en el proceso de desmovilización y corrieron rumores de que Don Berna y sus secuaces en el narcotráfico podrían ser extraditados sin importar lo que negociaran con el gobierno.135 

Dentro de las AUC, la desmovilización del BCN también se consideró una farsa.

“La del Cacique Nutibara fue una desmovilización ficticia; se recogieron uniformes y armas viejas para ese espectáculo que se montó en el Palacio de Exposiciones por parte de las oficinas delincuenciales de Medellín, lideradas por Diego Fernando Murillo”, dijo Freddy Rendón, alias “El Alemán”, exjefe del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC.136

Lo que hizo de la desmovilización del BCN más una pantomima fue que aun cuando un bloque se desmovilizara, Don Berna estaba montando otros nuevos. En la zona rural, Don Berna conformó los dos nuevos bloques “Héroes de Granada” en la zona que alguna vez dominara el Bloque Metro y “Héroes de Tolová” en Córdoba, donde había comprado grandes extensiones de tierra y establecido rutas de narcotráfico hasta la costa Caribe. Héroes de Granada estaba compuesta por miembros desmovilizados “altamente combativos” del BCN, miembros del antiguo Bloque Metro y desertores de la guerrilla del ELN.137  Don Berna desmovilizó estos grupos paramilitares con la misma rapidez. Héroes de Tolová desmovilizó 465 miembros en junio de 2005 y Héroes de Granada, otros 2.033 combatientes en el antiguo bastión de Rodrigo Doble Cero en San Roque, Antioquia, en agosto de 2005. Hubo un gran número de los miembros de la Oficina de Envigado entre los desmovilizados en los grupos paramilitares de Don Berna, que lograron “limpiar” sus antecedentes penales.

Pero estos ejércitos no tenían otro fin que limpiar la imagen de Don Berna y presentarlo como un jefe paramilitar. Con Medellín consolidada, la Oficina de Envigado dirigía la ciudad, así que ya no era necesaria la fachada paramilitar. El proceso de paz con las AUC también se utilizó como una forma de limpiar los antecedentes penales de algunos de los miembros más destacados de la mafia de Medellín, que se habían unido a la organización a comienzos de la década del 2000 o habían adquirido “franquicias” paramilitares a las AUC. Human Rights Watch estimó que hasta el 75 por ciento de los desmovilizados con el Cacique Nutibara y Héroes de Granada no eran en realidad combatientes paramilitares.138

Pero Don Berna aún no estaba acabado. Increíblemente, aun cuando estaba desmovilizando su segundo grupo de unidades paramilitares, estaba montando estructuras criminales paralelas en lugar de las anteriores, continuando la expansión y consolidación de su imperio criminal. En Córdoba, departamento con presencia de varias facciones paramilitares distintas, Don Berna conformó “Los Traquetos” y “Los Paisas”, que debían garantizar el acceso a los cultivos de narcóticos en el departamento y controlar los corredores de droga hasta la costa Caribe.139 

La fachada de Don Berna se quebró en mayo de 2005, cuando se expidió una orden de captura en su contra por el homicidio de Orlando Benítez Palencia, líder comunitario y político local en Córdoba que al parecer lo había desafiado. Don Berna inicialmente se ocultó, pero sus acciones amenazaban todo el proceso de paz con los paramilitares, y presionado por otros jefes de las AUC, se entregó.

Una vez en la cárcel, como lo había descubierto Pablo Escobar más de una década antes, fue claro para Don Berna que era muy difícil dirigir un imperio criminal desde allí. Pronto se desató una guerra interna entre diferentes facciones de la Oficina. En 2006, Gustavo Upegui, antiguo miembro del Cartel de Medellín y aliado de Don Berna tras la muerte de Escobar, fue asesinado. La muerte de Upegui hacía parte de un juego de poder de Daniel Alberto Mejía, alias “Danielito”, uno de los cabecillas claves de Don Berna en la Oficina de Envigado, y quien se había desmovilizado con una de sus unidades paramilitares.

Entretanto, Rogelio, el asociado de Don Berna por largo tiempo, que había desertado de la Fiscalía General en los años noventa, se posicionaba ahora en el primer lugar, y persuadió a Don Berna para que autorizara el asesinato de Danielito en noviembre de 2006. Con Danielito y Upegui fuera del camino, Rogelio era ahora el lugarteniente de Don Berna de mayor confianza que no estaba en la cárcel. Pero tampoco esto duró mucho. En 2008, Rogelio se entregó a las autoridades estadounidenses y, a cambio de información que implicara a sus antiguos aliados criminales, negoció una sentencia reducida en prisión.140

Don Berna debe haber entendido bien cómo se sintió Pablo Escobar en 1991 cuando podía ver desde su encierro en la Catedral cómo el poder se le escurría de entre las manos.

“Comienzo a darme cuenta de que somos como putas; de día nadie nos saluda, pero por la noche todos nos buscan”, dijo Don Berna al investigador Juan Carlos Garzón.141

Los reveses legales también llegaron. En junio de 2006, se modificó la Ley de Justicia y Paz de 2005, propuesta por el presidente Álvaro Uribe y aprobada por el Congreso como una vía para facilitar la desmovilización de las AUC: la Corte Constitucional estableció que si los jefes paramilitares no cooperaban plenamente en el esclarecimiento de la verdad sobre sus acciones criminales, y si no se hacía una restitución suficiente, serían juzgados según la ley penal regular y quedarían sujetos a la extradición. Así, cobró algunos dientes la que había sido una legislación de amnistía en extremo generosa para los paramilitares.

En agosto de 2006, se ordenó a los jefes de las AUC que se entregaran en una cárcel de mínima seguridad en el municipio de La Ceja, Antioquia. Luego en diciembre de 2006, en una movida sorpresa en medio de rumores de una fuga masiva de jefes paramilitares, los comandantes de las AUC fueron trasladados de la cárcel de mínima seguridad de La Ceja a la prisión de máxima seguridad de Itagüí, cerca de Medellín, donde Don Berna había estado recluido por más de un año.

Para entonces, los antiguos aliados de Don Berna en las élites burocráticas insistían en que mantuviera la boca cerrada sobre sus contactos. Sin embargo, si se demostraba que no decía la verdad o que no estaba cooperando plenamente con las autoridades, enfrentaba la extradición inmediata a Estados Unidos. Las élites burocráticas ya no buscaban a Don Berna, ni siquiera de noche. Sin ellos, y sin su libertad, la Oficina de Envigado se estaba desbaratando y con el abandono de las élites burocráticas, la carrera criminal de Don Berna llegaba a su fin.

Esta terminó oficialmente en mayo de 2008, cuando él y otros trece comandantes de las AUC fueron extraditados a Estados Unidos, después de que se acusara a los jefes paramilitares de mantener sus actividades criminales desde la cárcel. En abril de 2009, Don Berna fue condenado en un juzgado de Nueva York a 31 años en una cárcel federal de Estados Unidos. Prefirió declararse culpable antes que abandonar a sus asociados y colaboradores. Luego de su sentencia, dice Forest que las élites burocráticas y la clase dirigente de Medellín deberían estar “de verdad agradecidas” por la fidelidad de Don Berna a las reglas mafiosas de la “vieja escuela”.141  Sin embargo, su día puede estar aún por llegar. Don Berna todavía tiene que responder al sistema judicial colombiano si algún día sale vivo de su celda en una cárcel estadounidense. Está acusado de 34 delitos en Colombia, que incluyen homicidio, desaparición forzada, secuestro y concierto para delinquir.143 

*Este artículo fue escrito con ayuda de la valiosa investigación de Claire McCleskey. Foto de portada por Carlos Villalón. Mapa por Jorge Mejía. Gráficas por Andrew J Higgens. 

Notas al pie

[1] Murillo Bejarano, Diego Fernando “Asi matamos al patrón: La cacería de Pablo Escobar,” Icono Editorial 2014, p. 126

[2] La versión oficial de los hechos fue que un policía tiró a  Escobar del techo mientras éste se tambaleaba.

[3] “¿Quién es ‘Berna’ o ‘Adolfo Paz’, Inspector General de las Autodefensas Unidas de Colombia?” El Tiempo, de septiembre 27, 2003.

[4] Sierra, Álvaro, “‘No pagaré un solo día de cárcel’ afirma ‘Berna,'” El Tiempo, Noviembre 30, 2003, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1035585 (accedido en junio 8, 2013).

[5] Morales, Natalia y La Rotta, Santiago “Los Pepes,” Planeta (2009), p. 33.

[6] Rendon, Maria Teresa “Guerras Recicladas” Penguin Random House (2014) p. 206.

[7] Medina Franco, Giliberto, “Una Historia de las Milicias de Medellin”, IPC, Medellin, Colombia: Mayo, 2006, p. 75.

[8] Morales, Natalia y La Rotta, Santiago “Los Pepes,” Planeta (2009), p. 32

[9] Mollison, James “The Memory of Pablo Escobar,” (2007), p. 205

[10] “Plata o plomo,” Plaza Publica, 29 de mayo 2011, disponible en: https://www.plazapublica.com.gt/content/plata-o-plomo

[11] La Silla Vacia, “¿El alcalde de Escobar?: la historia de Jorge Mesa,” 9 Marzo 2012, Disponible en: https://lasillavacia.com/elblogueo/narcorama/32010/el-alcalde-de-escobar-la-historia-de-jorge-mesa

[12] Entrevista de McDermott con Jorge Giraldo, decano de Humanidades de la Universidad EAFIT y analista del crimen organizado, 27 de junio de 2013

[13] “‘Berna,’ el fantasma de los grandes capos,” Vanguardia, 29 Mayo 2006, Disponible en: https://www.vanguardia.com/2005/5/29/pri1.htm 

[14] Entrevista de McDermott con Carlos Castaño en el norte de Antioquia norte, 1 de agosto de 2001

[15] Entrevista telefónica de McDermott con Chris Feistl, agente de la DEA con amplia experiencia en Colombia, 18 de septiembre de 2013

[16] Morales, Natalia y La Rotta, Santiago “Los Pepes,” Planeta (2009), p. 32

[17] Aranguren Molina, Mauricio “Mi Confesión, Carlos Castaño revela sus secretos,” Editorial Oveja Negra (2001), p. 142

[18] Morales, Natalia y La Rotta, Santiago “Los Pepes,” Planeta (2009), p. 42

[19] Bowden, Mark “Killing Pablo”, New York: Penguin Books, 2001, p. 118

[20] Aranguren Molina, Mauricio “Mi Confesión, Carlos Castaño revela sus secretos,” Editorial Oveja Negra (2001), p. 142

[21] “De Cazador a Cazado,” Semana, 30 Noviembre 2003, disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/de-cazador-cazado/62281-3

[22] Aranguren Molina, Mauricio “Mi Confesión, Carlos Castaño revela sus secretos,” Editorial Oveja Negra (2001), p. 142

[23] Ibid.

[24] Morales, Natalia y La Rotta, Santiago “Los Pepes,” Planeta (2009), p. 62.

[25] Ibid.

[26] Aranguren Molina, Mauricio “Mi Confesión, Carlos Castaño revela sus secretos,” Editorial Oveja Negra (2001), p. 147

[27] Morales, Natalia y La Rotta, Santiago “Los Pepes,” Planeta (2009), p. 108.

[28] Reyes, Gerardo “Nuestro Hombre en la DEA,” Planeta (2007), p. 189.

[29] Aranguren Molina, Mauricio “Mi Confesión, Carlos Castaño revela sus secretos,” Editorial Oveja Negra (2001), p. 142

[30] El Pais, “Así ayudó ‘Berna’ a perseguir a Escobar,” 6 junio 2005, disponible en: https://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Junio062005/A206N1.html

[31] Entrevista de McDermott con Carlos Castaño en las montañas de Antioquia, 14 de enero de 2002

[32] Morales, Natalia y La Rotta, Santiago “Los Pepes,” Planeta (2009), p. 79

[33] Bowden, Mark “Killing Pablo” (New York, 2001) p. 187

[34] Ibid.

[35] Ibid., p. 194

[36] El Pais, “Así ayudó ‘Berna’ a perseguir a Escobar,” 6 Junio 2005.

[37] Las élites “burocráticas”, administrativas” o “estatales” son aquellos individuos o grupos que obtienen poder e influencia mediante los puestos que tienen en las instituciones del gobierno. Mediante sus puestos en el gobierno, las fuerzas de seguridad o la jerarquía judicial, logran tener influencia en la sociedad civil, intervienen en el diseño de políticas y llevan a cabo operaciones que impactan directamente la vida cotidiana. Ha habido algunos pocos estudios sobre las élites burocráticas, como el de Gary Spencer, quien en 1973 analizó el Ejército estadounidense como una élite burocrática, enfocándose en la academia militar West Point. Su interés consistía en analizar las amenazas de dicha élite para la democracia. Esa élite controlaba recursos y poderes claves que, en caso de ser usados por medios privados en lugar del puro servicio estatal, pondría a la democracia en riesgo. En Latinoamérica abundan los ejemplos de esta dinámica, particularmente en los países del Cono Sur, como Argentina y Chile, donde las juntas militares se tomaron el poder en los años setenta y ochenta. Ver: Wilhelm Hofmeister, “Las élites en América Latina: un comentario desde la perspectiva de la cooperación para el desarrollo”, Análisis/Política y sociedad latinoamericana, mayo de 2008, disponible en: https://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=2793. Ver también: Gary Spencer, “Methodological Issues in the Study of Bureaucratic Elites: a Case Study of Westpoint,” Syracuse University, 1973

[38] Adams, David “Danilo’s War,” St Petersburg Times, 3 Enero 2005, Disponible en: https://www.sptimes.com/2005/01/03/Worldandnation/Danilo_s_war.shtml

[39]  Murillo Bejarano, Diego Fernando “Asi matamos al patrón: La cacería de Pablo Escobar,” Icono Editorial 2014, p. 188

[40] “El ‘Pepe’ mayor,” El Espectador, 13 de septiembre 2008, disponible en: https://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-el-pepe-mayor.

[41] Morales, Natalia y La Rotta, Santiago “Los Pepes,” Planeta (2009), p. 90

[42] Semana, “De cazador a cazado,” 30 noviembre 2003, disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/de-cazador-cazado/62281-3

[43] El Pais, “Así ayudó ‘Berna’ a perseguir a Escobar,” 6 de junio 2005, disponible en: https://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Junio062005/A206N1.html

[44] Ibid.

[45] El Pais, “Así ayudó ‘Berna’ a perseguir a Escobar,” de junio 2005, disponible en: https://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Junio062005/A206N1.html

[46] Aranguren Molina, Mauricio “Mi Confesión, Carlos Castaño revela sus secretos,” Editorial Oveja Negra (2001), p. 151

[47] Entrevista de McDermott con Chris Feistl, agente de la DEA, 18 de septiembre de 2013

[48] Hylton, Forrest, “The Cold War That Didn’t End: Paramilitary Modernization in Medellin, Colombia,” In A Century of Revolution, edited by Greg Grandin, North Carolina: Duke Press, 2010, p. 355

[49] Bowden, Mark “Killing Pablo” (New York, 2001) p. 186

[50] Entrevista de McDermott con Carlos Mauricio García, alias “Rodrigo Doble Cero” en Cristales, San Roque, Antioquia, 25 de mayo de 2003

[51] Aranguren Molina, Mauricio “Mi Confesión, Carlos Castaño revela sus secretos,” Editorial Oveja Negra (2001), p. 142.

[52] Espinal, Alonso, Manuel A, Jorge Giraldo Ramirez, y Diego Jorge Sierra, “Medellín: El complejo camino de la competencia armada” en Parapolítica: La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos politicos, Bogota: Corporacion Arco Iris, 2007, p. 121

[53] Ibid., p. 122

[54] Ibid., p. 123.

[55] Entrevista de McDermott con fuentes de la Fiscalía General de la Nación, Medellín, agosto de 2013

[56] Entrevista de McDermott con Jorge Giraldo, decano de Humanidades de la Universidad EAFIT y analista del crimen organizado, 27 de junio de 2013.

[57] Entrevista de McDermott con Juan Carlos Garzón, autor de “Mafia & Co: The Criminal Networks of Brazil, Colombia and Mexico,”13 de julio de 2013

[58] Ibid.

[59] Entrevista de McDermott con fuentes de la Fiscalía General de la Nación, Medellín, 27 de junio de 2013

[60] Hylton, Forrest, “The Cold War That Didn’t End: Paramilitary Modernization in Medellin, Colombia,” en A Century of Revolution, editado por Greg Grandin, (Carolina del Norte, 2010), p. 356

[61] Ibid.

[62] Ibid.

[63] W Radio, “Exfiscal acepta que se reunió clandestinamente con alias ‘Berna,” 11 septiembre 2007, disponible en: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/ex-fiscal-acepta-que-se-reunio-clandestinamente-con-alias-don-berna/20070911/nota/478573.aspx

[64] El Espectador, “Dos ventiladores y un general,” 16 de junio 2012, disponible en: https://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-353537-dos-ventiladores-y-un-general

[65] Verdad Abierta, “Alias ‘Rogelio’, clave en parapolítica de Antioquia,” 3 de febrero 2011, Disponible en: https://www.verdadabierta.com/la-historia/2998-alias-rogelio-clave-en-parapolitica-de-antioquia

[66] El Espectador, “La infiltración ‘para’ en la Fiscalía de Medellín,” 28 de abril 2007, Disponible en: https://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=8972&idSeccion=22

[67] El Espectador, “Dos ventiladores y un general,” 16 de Junio 2012, disponible en: https://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-353537-dos-ventiladores-y-un-general

[68] El Tiempo, “Muerte de Santacruz fue una ejecución: familia,” 8 de Marzo 1996, Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-342165

[69] Entrevista de McDermott con Chris Feistl, agente de la DEA con amplia experiencia en Colombia, 18 de septiembre de 2013

[70] Semana, “Sabían demasiado,” 28 de Marzo 2004, Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/sabian-demasiado/64453-3

[71] Verdad Abierta, “Las aristas del caso Santoyo,” 21 agosto 2012, disponible en: https://www.verdadabierta.com/component/content/article/75-das-gate/4168-las-aristas-del-caso-santoyo/

[72] Ibid.

[73] Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito del Este de Virginia, Caso 1:12-cr-00217-JCC, archivado el 20 de agosto de 2012. (Puede obtenerse una copia aquí: https://www.elpais.com.co/elpais/archivos/acuerdosantoyo.pdf)

[74] El Tiempo, “General (r.) Mauricio Santoyo se declaró culpable en corte de EE. UU.,” 20 de agosto 2012, Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12144489

[75] El Espectador, “General Santoyo hacía parte de la nómina de la Oficina de Envigado: ‘Gordo Lindo’,” 19 de julio 2013, disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/general-santoyo-parte-de-nomina-de-Oficina-de-envigado-articulo-361169

[76] El Tiempo, “¿Quién es ‘Berna’ o ‘Adolfo Paz’, Inspector General de las Autodefensas Unidas de Colombia?” 27 de septiembre 2003, disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3565744

[77] El Tiempo, “Noche de terror en Medellín deja un muerto y 53 heridos a causa de carro bomba,” 11 de enero 2001

[78] Reuters, “Gang Feud Seen Behind Deadly Colombian Car Bomb,” 19 Mayo 2001, disponible en: https://www.albawaba.com/news/gang-feud-seen-behind-deadly-colombian-car-bomb

[79] Carlos Alberto Giraldo, “¿SANTOYO ESTABA EN LA “NÓMINA”?” 6 Octubre 2013, disponible en: https://www.elcolombiano.com/santoyo_estaba_en_la_nomina-HYEC_263747

[80] El Tiempo, “Esta es la historia del primer general al que EE. UU. pide extraditar,” 16 Junio 2012, disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/santoyo-el-primer-general-que-enfrenta-la-extradicion_11953069-4

[81] El Tiempo, “‘Tuso Sierra’ denunció supuestos nexos entre general Santoyo y narcotraficantes,” 6 Julio 2012, disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-357613-tuso-sierra-denuncio-supuestos-nexos-entre-general-santoyo-y-nar

[82] Rendon, Maria Teresa “Guerras Recicladas” Penguin Random House (2014) p. 209

[83] “‘Berna,’ el fantasma de los grandes capos,” Vanguardia, 29 Mayo 2005, disponible en https://www.vanguardia.com/2005/5/29/pri1.htm 

[84] Carta de Don Berna a los Magistrados de la Corte Suprema de Colombia, redactada desde una celda de una cárcel en Nueva York, Estados Unidos, con fecha del 17 de septiembre de 2009

[85] Verdad Abierta, “La desmovilización ficticia del Cacique Nutibara según ‘el Alemán’,” 7 de marzo 2011, Disponible en: https://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/371-el-aleman-freddy-rendon-herrera/3087-la-desmovilizacion-ficticia-del-cacique-nutibara-segun-el-aleman

[86] Entrevista de McDermott con Carlos García, alias “Rodrigo Doble Cero” en San Roque, Antioquia, 25 de mayo de 2003

[87] Civico, Aldo “Las guerras de Doblecero,” Intermedio Editoriales (2009) p77

[88] El Espectador, “‘Berna’ tendrá que responder por 450 crímenes,” 30 de enero 2014, disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/don-berna-tendra-responder-450-crimenes-articulo-471860

[89] Sentencia de Justicia y Paz a Edison Giraldo Panaigua, 30 de julio 2012, disponible en: https://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Edilson-Giraldo-Paniagua-2012.pdf

[90] Observatorio para los Derechos Humanos, “Dinámica reciente de la confrontación armada en el Urabá antioqueño,” publicado por el Gobierno de Colombia, disponible en https://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/uraba.pdf

[91] Verdad Abierta, “Bloque Cacique Nutibara,” acceso: 30 de marzo, 2015 https://www.verdadabierta.com/la-historia/415-bloque-cacique-nutibara-

[92] Civico, Aldo “Las guerras de Doblecero,” Intermedio Editoriales (2009) p. 90

[93] Verdad Abierta, publicado en el perfil del “Bloque Cacique Nutibara,” accedido el 30 de marzo, 2015. https://www.verdadabierta.com/la-historia/415-bloque-cacique-nutibara-

[94] Civico, Aldo “Las guerras de Doblecero,” Intermedio Editoriales (2009), p. 117

[95] Ibid., p. 117

[96] Gutiérrez Sanin, Francisco y Jaramillo, Ana María “Crime, [counter]insurgency and the privatization of security – the case of Medellín,” Environment and Urbanization, Vol. 16 No 2 (Octubre, 2004): p. 5

[97] Espinal, Alonso, Manuel A, Jorge Giraldo Ramirez, y Diego Jorge Sierra, “Medellín: El complejo camino de la competencia armada” en Parapolítica: La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos politicos, Bogota: Corporacion Arco Iris, 2007, p. 122

[98] Ibid.

[99] Ibid., p. 118

[100] Ibid.

[101] Hylton, Forrest, “The Cold War That Didn’t End: Paramilitary Modernization in Medellin, Colombia,” en A Century of Revolution, editado por Greg Grandin, (Carolina del Norte, 2010), p. 353

[102] Verdad Abierta, “La operación que tiene enredado al general (r) Montoya,” 14 Diciembre 2011, disponible en: https://www.verdadabierta.com/component/content/article/75-das-gate/3757-la-operacion-que-tienen-enredado-al-general-r-montoya

[103] El Tiempo, “Paramilitares apoyaron a la fuerza pública en la operación Orión, dijo ‘Berna’ durante audiencia,” 23 Junio 2009, disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5509827

[104] Semana, “General Montoya, llamado a versión libre por operación Orion,” 14 de diciembre 2011, disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/general-montoya-llamado-version-libre-operacion-orion/250813-3

[105] “El ventilador de ‘El Tuso Sierra'” El Espectador, 10 de octubre 2008, disponible en: https://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-228523-el-ventilador-de-el-tuso-sierra (accedido en junio 7, 2013).

[106] Wikileaks, R031407Z, octubre de 2003, de la Embajada de Estados Unidos, Bogotá, disponible en https://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB243/20031003.pdf

[107] Este número fue dado inicialmente por Rodrigo Doblecero durante una entrevista en 2003, en Cristales, San Roque, Antioquia, el 23 de mayo de 2003. Fue confirmada más adelante por dos fuentes del mundo del hampa en la ciudad Medellín.

[108] “Operación Orión: 10 años de impunidad,” Verdad Abierta, 12 de octubre 2012, disponible en: https://verdadabierta.com/nunca-mas/40-masacres/index.php?option=com_content&id=4264 (accedido en junio 15, 2013).

[109] Richter, Paul y Miller, Greg “Colombia army chief linked to outlaw militias,” Los Angeles Times, 25 Marzo 2007, disponible en: https://articles.latimes.com/2007/mar/25/world/fg-colombia25 (accedido en junio 14, 2013).

[110] Verdad Abierta, “La tenebrosa máquina de guerra que dirigió ‘Berna’,” 22 de marzo de 2014, disponible en: https://www.verdadabierta.com/imputaciones/5289-la-tenebrosa-maquina-de-guerra-que-dirigio-don-berna

[111] El Colombiano, “Bloque Metro será disidente de las autodefensas unidas,” 10 de septiembre 2002.

[112] Entrevista de McDermott con Carlos Mauricio García, alias “Rodrigo Doble Cero”, en San Roque, Antioquia, 14 de agosto de 2003.

[113] Ibid.

[114] “¿Quién es ‘Berna’ o ‘Adolfo Paz’, Inspector General de las Autodefensas Unidas de Colombia?” El Tiempo, 27 de septiembre 2003.

[115] Sentencia de Edison Giraldo Paniagua por una corte de Justicia y Paz el 30 de julio de 2012, p 47, disponible en https://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Edilson-Giraldo-Paniagua-2012.pdf.

[116] Entrevista de McDermott con Luis Fernando Quijano, Director de la ONG Corpades de Medellín, exmiliciano y analista de seguridad de Medellín con gran trayectoria, 2 de julio de 2013.

[117] “‘Oficinas de cobro’: tenebrosos ‘chepitos’ del narcotráfico,” Terra Colombia, 24 de mayo 2011, disponible en: https://noticias.terra.com.co/nacional/Oficinas-de-cobro-tenebrosos-chepitos-del-narcotrafico,f9a60db6b0dbf210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html.

[118] Beith, Malcom “Good Times in Medellin,” 5 de julio 2004, disponible en: https://www.medellininfo.com/others/newsweek.html.

[119] Entrevista telefónica de McDermott con Chris Feistl, agente de la DEA, 18 de septiembre de 2013.

[120] “Rentas de las ‘vacunas’ ilegales: objeto de disputa en Medellín,” IPC, junio de 11, 2010, disponible en https://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=406:rentas-de-las-vacunas-ilegales-objeto-de-disputa-en-medellin&catid=37:general&Itemid=150.

[121] Entrevista de McDermott con Jorge Giraldo, decano de la facultad de Humanidades de la Universidad EAFIT en Medellín y analista de crimen organizado, 27 de junio de 2013.

[122] Acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2004, interpuesta en la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York contra Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”.

[123] Entrevista de McDermott con Luis Fernando Quijano, Director de la ONG Corpades de Medellín, exmiliciano y analista de seguridad de Medellín con gran trayectoria, 2 de julio de 2013.

[124] Mauricio Aranguren Molina, “Mi Confesión, Carlos Castaño revela sus secretos,” Editorial Oveja Negra (2001), p142.

[125] Entrevista telefónica de McDermott con Chris Feistl, agente de la DEA, 18 de septiembre de 2013.

[126] Durante la investigación de campo para este artículo, se investigó a docenas de agentes de la Policía Nacional y el Ejército Colombiano. Quienes se nombran en este estudio son solo algunos de los miembros de la élite burocrática que trabajaron con Don Berna. Por motivos legales, el presente estudio se centra únicamente en quienes desempeñaron un rol importante y contra quienes hay evidencia contundente. Uno de los agentes mencionados en el estudio está muerto, otro está en una cárcel de Estados Unidos. Los generales Leonardo Gallego y Mario Montoya siguen en libertad  y —aunque investigados— no han sido acusados y puede que nunca lo sean, aunque la evidencia en su contra parece arrolladora.

[127] Hylton, Forrest, “The Cold War That Didn’t End: Paramilitary Modernization in Medellin, Colombia,” en A Century of Revolution, editado pot Greg Grandin, (Carolina del Norte, 2010), p. 357.

[128] Verdad Abierta, “‘El Gaula y Berna cercaron a Vicente Castaño’: Don Mario,” 13 de mayo 2010, Disponible en: https://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/526-bloque-centauros/5326-el-gaula-y-don-berna-cercaron-a-vicente-castano-don-mario.

[129] Semana, “Castaño está muerto,” 2 de mayo de 2005, Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/castano-esta-muerto/65202-3.

[130] Carlos Mauricio García, alias “Rodrigo Doblecero” se contactó con McDermott de nuevo en febrero de 2004.

[131] Entrevista de McDermott con Don Berna en Ralito, Córdoba, 10 de noviembre de 2004.

[132] El Tiempo, “El expediente del general (r.) al que vinculan con narcos y Auc, ” 12 de junio 2012, disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/este-es-el-expediente-del-general-r-mauricio-santoyo-en-ee-uu_11950954-4.

[133] El tiempo, “El expendiente del general (r) al que vinculan con narcos y AUC,” 12 de junio de 2012, disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1499392.

[134] La carrera de Gallego en la Policía terminó con su periodo en Medellín. Salió desacreditado, acusado de manejos irregulares del presupuesto, lo que fue una excusa para destituirlo sin tener que abrir la caja de Pandora de la corrupción generalizada en la institución, vea El Tiempo, “Paramilitares apoyaron a la fuerza pública en la operación Orión, dijo ‘Berna’ durante audiencia”, 23 de junio de 2009, disponible en https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5509827, donde negó vehementemente haber trabajado con Don Berna o con alguno de sus subalternos, algo que repitió el general Montoya, quien pasó a ser general del Ejército Colombiano hasta noviembre de 2008 cuando fue obligado a renunciar por lo que se conoció como los escándalos de los “falsos positivos”, donde cientos, quizás miles de civiles fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, y vestidos con uniformes de la guerrilla para presentarlos como bajas de combates. Fue tanta la presión del presidente Uribe para ver resultados, que varias unidades del Ejército los fabricaron. La Fiscalía General, en respuesta a indagaciones por el Estado de las investigaciones sobre el general Montoya dijo que los casos se encuentran aún en la etapa de “investigaciones preliminares”. Lo mismo sucedió con la única investigación  al general Gallego, caso número 13357. Otra fuente en la Fiscalía declaró en forma confidencial que las investigaciones estaban en un punto muerto, pues nadie quería adelantarlas.

[135] Cable de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, “Peace commissioner reports on discussions with AUC,” WikiLeaks, 26 de ctubre 2005, disponible en: https://wikileaks.org/cable/2005/10/05BOGOTA10060.html.

[136] Verdad Abierta, “La desmovilización ficticia del Cacique Nutibara según ‘el Alemán’,” 7 de marzo de 2011, disponible en: https://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/371-el-aleman-freddy-rendon-herrera/3087-la-desmovilizacion-ficticia-del-cacique-nutibara-segun-el-aleman.

[137] “Sentencia de Edison Giraldo Paniagua”, interpuesta por un tribunal de Justicia y Paz, disponible en https://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Edilson-Giraldo-Paniagua-2012.pdf, p. 49.

[138] “Los Herederos de los paramilitares”, Human Rights Watch, febrero 2010, p. 19.

[139] Verdad Abierta, “‘Berna’: de Inspector de las AUC a jefe de banda criminal,” 9 Septiembre 2014, disponible en: https://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/601-bloque-heroes-de-tolova/5433-don-berna-de-inspector-de-las-auc-a-jefe-de-banda-criminal.

[140] El Tiempo, “Un capo muerto tiene en jaque al general (r.) Mauricio Santoyo,” 14 de julio 2012, disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/un-capo-muerto-tiene-en-jaque-al-general-r-mauricio-santoyo_12031290-4.

[141] Entrevista de McDermott con Juan Carlos Garzón, 15 de julio, 2013. Garzón es experto en crimen organizado en Colombia, y se reunió con Don Berna en varias ocasiones, como parte de la misión de la OEA que acompañó el proceso de paz con los paramilitares.

[142] Hylton, Forrest, “The Cold War That Didn’t End: Paramilitary Modernization in Medellin, Colombia,” en A Century of Revolution, editado por Greg Grandin, (Carolina del Norte, 2010) p. 358.

[143] “Otros cargos para ‘Berna’ por crímenes de ‘La Terraza’.” El Espectador. 4 de septiembre 2012, Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-372564-otros-cargos-don-berna-crimenes-de-terraza.

El trabajo presentado en esta investigación es el resultado de un proyecto financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC, por sus iniciales en inglés). Su contenido no es necesariamente un reflejo de las posiciones del IDRC. Las ideas, pensamientos y opiniones contenidas en este documento son las del autor o autores.

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Élites y crimen organizado en Colombia: ‘Jorge 40’

Rodrigo Tovar Pupo nunca se imaginó que llegaría a estar en aquella situación: vestido con un overol naranja en un tribunal de Washington DC, en frente de un juez federal de Estados Unidos. Nieto de un adinerado ganadero colombiano y sobrino de un gobernador, enfrentaba una posible condena de 30 años de prisión por tráfico de drogas. En su propia opinión, Tovar era un héroe, no un narcotraficante; un guerrero y no un criminal.

“Comparezco este viernes ante ustedes como un prisionero político y como un hombre inocente”, le dijo al juez Reggie Walton. 

Tovar había crecido en el centro de la ciudad colombiana de Valledupar, en el departamento de Cesar, al noreste del país, donde él y sus vecinos tenían los apellidos más respetables de la región. Eran, sencillamente, los administradores del poder en la zona; habían sido educados para dirigir el gobierno y las empresas que dominaron gran parte la región noreste de Colombia. Entre los amigos de Tovar, por ejemplo, estaban los miembros de la familia Araújo, quienes ostentaban gran parte de los puestos políticos, como alcaldías, gobernaciones y escaños en el Senado. Su tío, que a la vez fue su tutor, había sido el gobernador del departamento, y su abuelo fue un importante ganadero.

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Este artículo es parte de una serie que estudia la relación entre élites y crimen organizado. Lea el informe completo de Colombia (pdf). Vea las otras partes de la serie aquí.

Sin embargo, cuando Tovar y sus amigos de élite llegaron a la mayoría de edad y estaban listos para tomar las riendas de lo que sus familias les habían legado, la región entró en un período de agitación. Los guerrilleros de izquierda se habían vuelto cada vez más incisivos y exigentes. Y luego de que Tovar, su familia y numerosos amigos y conocidos habían sido extorsionados, e incluso algunos de ellos secuestrados por la guerrilla, él se vinculó a una naciente organización paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las AUC eran aliados del gobierno en su guerra contra las guerrillas. Eran también la manera como las élites protegían lo que ellos consideraban legítimamente suyo y con lo que buscaban preservar su status quo. Algunos de los miembros de estas élites, como Tovar, se convirtieron en comandantes de las AUC, mientras que los campesinos pobres ingresaron a sus filas como soldados. Otros miembros de las élites se volvieron partidarios de las AUC bien fuera de manera explícita o tácita, y participaron en sus esfuerzos para alcanzar puestos en la política y el gobierno.

Rodrigo Tovar PupoTovar asumió el alias de “Jorge 40” y finalmente se convirtió en el dirigente de las AUC en el noreste colombiano. La guerra era sucia, y Jorge 40 no era ajeno a ello. En un período de diez años, entre 1996 y 2006, él fue responsable de cientos o quizá miles de muertes y desplazamientos forzados. Hasta la fecha, la Fiscalía General de Colombia ha registrado su participación en 20.855 crímenes relacionados con los paramilitares, aunque él sólo ha reconocido menos de 100 de estos.1

La guerra era además lucrativa. El tráfico de drogas era sólo una de las estrategias de financiamiento de los paramilitares. Tovar dice que él sólo les cobraba impuestos a los grupos criminales que operaban en su área de influencia. Pero los fiscales estadounidenses dicen que él participó en el narcotráfico, beneficiándose directamente del negocio.

Los otros comandantes de las AUC, compañeros de Tovar, enfrentan cargos similares. En su conjunto, las AUC habían creado no sólo la contrainsurgencia ilegal más grande del hemisferio, sino además el más poderoso cartel de la región. Después de que las AUC llegaron a un acuerdo de paz con el gobierno y se desmovilizaron, los comandantes enfrentaron acusaciones de tráfico de drogas. En 2008, 14 comandantes de las AUC, entre ellos Tovar, fueron extraditados a Estados Unidos para responder por estos cargos.

Es por eso que Tovar llevaba un overol naranja y estaba frente al juez Reggie Walton ese 6 de noviembre de 2015. Pero mientras que los otros comandantes de las AUC habían admitido sus delitos e intentado rebajar sus penas cooperando con la justicia de Estados Unidos, Tovar asumió una actitud desafiante, como era evidente en la corte ese día de noviembre.

“Si yo hubiera querido ser narcotraficante, no dude de que no habría tomado el rifle para luchar por la libertad”, le dijo al juez. “Porque los narcotraficantes se guían por su bolsillo, no tienen patria. No les importa si cae el sistema democrático colombiano. Todo lo que les importa es que, cuando más caos y más anarquía, más fiesta”.

Hablaba el Tovar de antes. Desde 2006, cuando había entregado sus armas y se encontraba bajo custodia en Colombia, se había hecho el mártir. Quizá él había matado y desplazado personas, e incluso quizá había tenido un papel en el transporte de drogas ilegales, pero, desde su punto de vista, lo hizo para salvar a su país de la guerrilla izquierdista, que tenía doblegada a su ciudad natal. Él se había opuesto al mal, no había sucumbido a él. “Yo soy un prisionero político, soy inocente y me acusan de participar en una conspiración inexistente”, dijo en la audiencia.

Durante tres horas, Tovar continuó su diatriba sobre el gobierno colombiano, los rebeldes izquierdistas y sus legiones de paramilitares narcotraficantes. Hizo referencias a Jefferson, Voltaire y Hobbes, y pronunció una perorata sobre temas políticos y nobles objetivos de reconciliación nacional. “Quiero recuperar la libertad para recuperar la lucha en mi país, no para volverme narcotraficante. He cometido errores y estoy dispuesto a luchar por la reconciliación de los colombianos”, dijo.

No era algo que el juez Walton oyera con frecuencia en su tribunal, y aunque en general habría aceptado la solicitud de los fiscales de darle a Tovar 30 años de prisión, esta vez se compadeció del acusado.

“No tengo dudas de que lo hizo para pelear contra un enemigo (las guerrillas), que usted pensaba eran una amenaza para su país, y que su rol en esta conspiración no fue el de un productor o un distribuidor”, dijo Walton. 

El juez condenó a Tovar a 16 años, pero le reconoció sus más de 9 años en la cárcel; y con buen comportamiento, Tovar podría quedar libre en 5 años.

La decisión fue sorprendente en Colombia, donde Tovar aún enfrenta cargos por asesinato, secuestro extorsivo, desplazamiento forzado y muchos crímenes más. El único que no se sorprendió por la sentencia pudo haber sido Tovar mismo. El excomandante paramilitar recibió estoicamente la sentencia que Walton le leyó. Era natural: él cree que es inocente.

Tovar no es el único que cree que ha sido juzgado erróneamente por la historia. Hay millones de personas que lo ven como un salvador y un mártir de su causa. Hay quienes creen que él los representó, primero en los campos de batalla y luego en los tribunales de la opinión pública, dado que la solución paramilitar contra los insurgentes fue rechazada por los legisladores, los defensores de derechos humanos, los fiscales y los jueces de todo el hemisferio.

Esta opinión aún predomina en Colombia y en otras partes del mundo, como lo deja claro la decisión de Walton de ser benévolo con Tovar. Quienes opinan así defienden la creencia de la élite regional de que algunas áreas fueron olvidadas por el gobierno central, y abandonadas a su suerte para que se defendieran por sí mismas de un enemigo depredador que trataba de tomar lo que les pertenecía. Tovar y sus cómplices de la AUC eran su ejército, y ellos se identifican con su historia.

Las élites de la región del Magdalena Grande

El área que se analiza en este estudio de caso comprende tres departamentos de Colombia: La Guajira, Cesar y Magdalena, los cuales conforman lo que algunos de los habitantes más adultos denominan el “Magdalena Grande”, haciendo referencia al antiguo nombre oficial de esta región, que en los primeros años de la independencia del país estaba conformada por estos tres departamentos. Actualmente, los tres siguen íntimamente relacionados. Sus vínculos económicos, políticos y sociales se extienden a través de sus fronteras, a lo largo de la costa y en la vecina Venezuela. Estas conexiones históricas crean una especie de vínculo mítico entre los tres departamentos, que, como veremos, algunas de las élites de las zonas han intentado restablecer mediante su poder económico, sus conexiones políticas, sus negocios ilícitos y sus no pocas acciones violentas.

magdalena esV2Desde su formación, la economía del Magdalena Grande ha girado en torno a numerosos productos legales e ilegales, muchos de ellos de exportación. El algodón y la ganadería han dominado tradicionalmente la industria agrícola de Cesar y Magdalena, aunque en las últimas dos décadas han surgido numerosas plantaciones de palma africana. Las plantaciones de banano han jugado un papel importante en la historia de Magdalena y en su desarrollo económico. En 1928, el departamento fue escenario de la masacre de cientos de trabajadores bananeros, que fue inmortalizada por Gabriel García Márquez en su novela Cien años de soledad. Una de las arterias fluviales más tradicionales del país, el río Magdalena, atraviesa el departamento para luego desembocar en el mar Caribe, cerca de un importante puerto.

Esta región es rica en recursos naturales. Durante mucho tiempo, La Guajira ha producido y exportado sal y minerales, especialmente carbón, que se han convertido en un elemento básico de la economía de Cesar y La Guajira en los últimos años. El crecimiento de la minería en la región atrajo a actores económicos nacionales e internacionales, especialmente cuando las exportaciones de carbón empezaron a crecer en Colombia y el gobierno trató de explotar sus reservas de petróleo. La creciente importancia del carbón coincidió con el período de tiempo en que ocurrieron la mayoría de los acontecimientos que se analizan en este estudio de caso. Junto con estas empresas mineras de grandes proporciones vinieron las fuerzas de seguridad privada, y más tarde los grupos paramilitares ilegales, que serían utilizados para proteger estos intereses económicos y mantener el status quo de la región.

Todas estas industrias requieren grandes extensiones de tierra y desde siempre han estado en el corazón de los intereses económicos de las élites de la región, las cuales también han dominado la política de esta zona. Sus tradicionales apellidos son conocidos en el Magdalena Grande: Baute, López, Araújo, Noguera y Pupo; y en años más recientes, Cote y Gnecco. Muchas de estas familias recurrieron a las economías ilícitas para mejorar su situación, particularmente al contrabando de gasolina de la vecina Venezuela, pero también a fertilizantes, maquinaria agrícola, autopartes y vehículos, que, como la gasolina, a menudo son robados, o adquiridos a precios bajos en Venezuela para luego ser traídos a Colombia.

La importancia de la economía de la región les ha permitido a estas élites proyectarse a nivel nacional. En 1934, Alfonso López Pumarejo, cuya madre era oriunda de Valledupar, se convirtió en presidente de Colombia. Como miembro del Partido Liberal, uno de los dos partidos predominantes en Colombia, López Pumarejo se hizo famoso por sus intentos de establecer una reforma agraria radical. Estos esfuerzos prepararon el terreno para el crecimiento de pequeños grupos de agricultores, quienes desafiaron el poder de las élites tradicionales y su emergente modelo de crecimiento económico basado en las exportaciones. El resultado fue un enfrentamiento que culminó con el asesinato del candidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá, en 1948. Este magnicidio desató un período de casi 20 años de disputas sectarias en diferentes partes del país. El período llegó a ser conocido como “La Violencia”, y sirvió como telón de fondo del medio siglo de conflictos que le siguió.

VEA TAMBIÉN: Élites y Crimen Organizado en Colombia: Introducción

En 1974, el hijo de López Pumarejo, Alfonso López Michelsen, ganó la presidencia. Como su padre, López Michelsen fue conocido por ser un reformista. En la década de los sesenta encabezó el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), un ala más progresista del Partido Liberal. Aunque no creció en Cesar, fue su primer gobernador en 1967, después de que el gobierno central dividiera al Magdalena Grande en los tres departamentos actuales: Cesar, Magdalena y La Guajira. Poco después, volvió a integrar el ala liberal radical al Partido Liberal. Como gobernador de Cesar, ayudó a establecer un festival de música del ritmo local, conocido como vallenato, con la ayuda de una periodista llamada Consuelo Araújo Noguera. Varios miembros de la élite de Cesar trabajaron en el gabinete del gobernador, como Álvaro Pupo Pupo y Álvaro Araújo Noguera, hermano de Consuelo. Más adelante, Araújo Noguera se desempeñó como ministra de Agricultura del presidente López Michelsen.

Cuando asumió la presidencia, López Michelsen parecía conocer muy bien la tradición del Magdalena Grande de mezclar lo lícito con lo ilícito. Colombia apenas comenzaba su auge como exportador y productor de cocaína, y los dólares fluían por el país a tasas nunca antes vistas. Utilizando la llamada “ventanilla siniestra”, el Banco de la República compraba dólares sin preguntar de dónde provenían.2 Muchos años después de haber terminado su presidencia, López Michelsen se reunió con narcotraficantes en Panamá, con el fin de ayudarles a las élites de Colombia a negociar con ellos para reducir la violencia que se había generado por el tema de la extradición.

Diagrama1 RedPupoAraujo

Los “vallenatos” (como se les conoce a los habitantes de Valledupar) —Pupo y los dos Araújos— utilizaron sus conexiones con López Michelsen, así como sus antecedentes familiares, como una plataforma para impulsar sus propias carreras. Pupo se convirtió más adelante en una parte clave del conglomerado económico más poderoso del país, el Grupo Santo Domingo, donde dirigió la compañía cervecera Águila, perteneciendo a su Junta Directiva durante casi tres décadas.3 Su hermano, Edgardo, llegó a ser gobernador de Cesar. Luego el hijo de Edgardo se convirtió en alcalde de Valledupar. Edgardo también se convirtió en el guardián del hijo de su hermana, otro vallenato emergente llamado Rodrigo Tovar Pupo, quien luego tomaría su propio camino, de carácter más belicoso.

Diagrama2 RedPupo

Por su parte, la familia Araújo adquiriría poder político en Cesar durante décadas. Santander Araújo, el padre de Consuelo y Álvaro, fue alcalde de Valledupar durante cuatro períodos. Después de prestar sus servicios para el gobierno de López Michelsen, Álvaro Araújo Noguera se convirtió en diputado y senador. Mientras López Michelsen fue el padrino político de la zona, Araújo Noguera le sirvió como consejero, designando candidatos políticos y negociando puestos políticos entre sus varios copartidarios del Partido Liberal. Su hijo, Álvaro Araújo Castro, más tarde sería diputado y senador. Su hija, María Consuelo, ejercería como ministra de Relaciones Exteriores y dirigiría una campaña presidencial. El sobrino de Álvaro se convertiría en el gerente de relaciones comunitarias y más tarde en director general de la empresa extranjera más importante de la región, la Drummond, una explotación de carbón con sede en Alabama, que inició sus operaciones en Cesar a comienzos de la década de los noventa.

Diagrama3 RedAraujo

Su hermana, Consuelo, era de por sí una figura poderosa. Durante años ejerció un control casi dictatorial sobre lo que se conoce como el Festival de la Leyenda Vallenata, el evento cultural más importante de la región en torno a su música más representativa. Consuelo llegaría a ser más tarde ministra de Cultura, y el hijo de su primer matrimonio se convertiría en gobernador de Cesar. Su segundo matrimonio fue con Edgardo Maya, quien ocupó el puesto de Inspector General del país. Pero su primer intento de ser gobernador resultó fallido, dado que se presentó un enorme obstáculo que cambiaría la participación política de la familia Araújo. Ese obstáculo era la familia Gnecco. De esta rivalidad surgirían posteriormente los actores criminales más violentos del país. 

Contrabando, guerra y el surgimiento de la familia Gnecco

Los estrechos vínculos entre el poder político y las actividades ilegales en la historia colombiana reciente se pueden ilustrar muy bien con la familia Gnecco. La familia comenzó su ascenso en el poder vendiendo gasolina de contrabando. El mercado de la gasolina venezolana subsidiada ha sido un permanente y lucrativo negocio para las figuras criminales a ambos lados de la frontera. Los burócratas locales, las fuerzas de seguridad y las élites económicas y políticas se han beneficiado de este negocio y tienen pocos incentivos para detenerlo.

La familia Gnecco también robaba vehículos en Venezuela para revenderlos en Colombia. En una autobiografía inédita, Rodrigo Tovar Pupo describe la manera cómo este negocio se incorporó a la economía local después de que él consiguió un camión de la “concesionaria” Gnecco para unos colegas suyos.

“[Mis colegas] venían en una camioneta Hilux verde, que yo les había conseguido en el mercado negro (comprada al grupo de John Cerchar)”, escribe, refiriéndose a un miembro de los Gnecco. “Esa era una de las actividades ilícitas que para ese tiempo eran normales en Valledupar, pues desde que la trajo a nuestra región una familia guajira, se había vuelto una actividad comercial normal en la región que se hacía a plena luz del día y en sitios que eran de conocimiento de todos. El mercado de autopartes y carros ilegales era normal en mi Valledupar.”4

La familia Gnecco eventualmente comenzó a transportar drogas ilegales.Con su espectacular Sierra Nevada y con acceso directo a uno de los puertos más importantes del país, el departamento de Magdalena tiene uno de los entornos más propicios para el desarrollo del negocio de las drogas ilegales. En los años sesenta y setenta, esa droga era la marihuana.  En los ochenta fue la cocaína. En ambos casos, la familia Gnecco aprovechó la oportunidad que ofrecían estos negocios y con el tiempo se convirtió en una de las familias más poderosas e influyentes en el Magdalena Grande.

Al frente de esta actividad estaba Jorge Gnecco, un personaje astuto y maquiavélico provisto de una aguda comprensión de los hilos del poder. En medio de la adversidad, él podía identificar las oportunidades. En la costa Caribe colombiana, esa oportunidad surgió con la presencia de los grupos guerrilleros. Fortalecidos gracias al aumento de los secuestros extorsivos y a los ingresos provenientes de los “impuestos” a los traficantes de drogas, a las empresas y a las grandes industrias agrícolas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) crecieron rápidamente en la década de los noventa.

Jorge Gnecco CercharLa respuesta del Estado al accionar de estos grupos fue débil, irregular y en muchos casos inexistente. Además de su debilidad, el gobierno se interesaba más por otros asuntos, específicamente por la lucha contra los narcotraficantes, quienes les habían declarado la guerra a las fuerzas de seguridad y a las élites debido al tema de la extradición. La vulnerabilidad de las fuerzas del Estado fue evidente durante esa batalla: cientos de policías y decenas de jueces fueron asesinados como parte de la campaña de los narcotraficantes contra la extradición; los narcotraficantes atacaban a los miembros de las élites secuestrándolos a ellos y a sus hijos; las bombas dejaron en ruinas edificios gubernamentales, sedes de periódicos y centros comerciales, y aterrorizaron a la nación.

Las élites campesinas quedaron expuestas a otras amenazas, como los grupos guerrilleros, que sacaron bastante provecho de la situación. La extorsión y el secuestro aumentaron y las ganancias permitieron el surgimiento de más guerrilleros y milicias urbanas. Las élites en lugares como el Magdalena Grande respondieron apoyando la creación de grupos paramilitares.

Según todos los indicios, Jorge Gnecco tuvo contacto con algunas de las primeras organizaciones paramilitares de la costa norte. Entre estas se encontraba el más poderoso grupo emergente, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU). Encabezadas por los famosos “hermanos Castaño”, las ACCU establecieron el primer modelo paramilitar profesional en Colombia. Si bien el momento preciso en que Gnecco entró en contacto con las ACCU no es claro, muy seguramente fue por medio de Hernán Giraldo, un narcotraficante que residía en el Magdalena y con quien Gnecco había hecho negocios. Giraldo creó su propio grupo paramilitar, que luego se uniría a la organización de alcance nacional de los Castaño, conocida como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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Hacia mediados de los años noventa, Gnecco se dedicó a recaudar fondos y a hacer proselitismo por las AUC en la región del Magdalena Grande. En Cesar, era bien sabido que él era un jefe paramilitar, y él no se esforzaba por ocultarlo. De hecho, lo usó para poner a su familia en una posición política y económica más sólida, incluso mientras él ejercía control sobre sus actividades criminales. Su empresa de transporte, que funcionaba desde hacía mucho tiempo, se expandió y logró firmar algunos de los contratos más importantes de la región, como el del transporte de carbón de la Drummond desde sus minas en Cesar hasta los puertos de exportación. Además, empezó a colocar a sus parientes y amigos en posiciones de poder. Algunos de ellos ocuparon cargos burocráticos y judiciales importantes, mientras que otros aspiraban a cargos superiores.

 Para lograr esto, lo primero que hicieron los Gnecco fue aliarse con los Araújo. Las dos familias tenían mucho en común. Ambas eran naturales del Magdalena Grande y se encontraban en una poderosa situación económica, social y política. Ambas tenían prestigio regional, que les permitió ganar poder a nivel nacional. No obstante, había grandes diferencias entre ellas. La familia Araújo se consideraba a sí misma como el poder político legítimo del Estado. Para los Araújo, los Gnecco eran solo unos advenedizos, unos nuevos ricos que habían tomado el camino de la ilegalidad para enriquecerse y ascender socialmente. Para los Gnecco, por su parte, los Araújo eran lo que los colombianos llaman “delfines”, personas que llegan al poder gracias a su herencia, y no al trabajo duro. Al principio, las dos familias pasaron esto por alto. En 1992, Lucas Gnecco, hermano de Jorge, se convirtió en el primer gobernador electo de Cesar, con el apoyo de Álvaro Araújo Noguera. Pero en 1994, las familias comenzaron a rivalizar abiertamente. En 1995, el candidato de los Araújo, Mauricio Pimiento, obtuvo el puesto de gobernador, derrotando a otro hermano de Jorge, Pepe Gnecco.

En 1997, las dos familias se enfrentaron de nuevo, y esta vez Consuelo Araújo Noguera se postuló para la gobernación compitiendo con Lucas Gnecco, quien estaba buscando su segundo mandato. La campaña se convirtió en un campo de batalla. En una ocasión, Consuelo se refirió a Lucas como un “burro” y lo acusó de fraude electoral y de mentirle al pueblo.7  Cada parte utilizó solapadamente su aparato político para desacreditar a la otra. Días antes de las elecciones, el defensor del pueblo declaró a Lucas “inhabilitado” o “no apto para el cargo” durante dos años debido a las irregularidades durante su primer mandato como gobernador.8 Los seguidores de Gnecco protestaron, y finalmente la decisión fue revocada. Por otra parte, aparecieron 50.000 nuevos votantes en las listas de Valledupar.9 El repentino aumento de los votantes dio lugar a denuncias de corrupción cuando Lucas derrotó a Consuelo por un poco más de 12.000 votos.10

El resultado sorprendió a la familia Araújo. Aunque mantenían el poder en ciertos círculos, estaba claro que la familia Gnecco, y en particular Jorge Gnecco, era el nuevo poder político de la región. Los miembros de la familia Araújo de repente se vieron enfrentados a un dilema que no tenía fácil solución: someterse al nuevo statu quo de la política criminal paramilitar, o unirse a este y emplearlo para sus propios fines. Finalmente decidieron adherirse al nuevo orden, con la ayuda de uno de sus antiguos vecinos que ahora era una de las figuras más importantes del crimen organizado de élite en la historia colombiana reciente: Rodrigo Tovar Pupo. Esta decisión cambió definitivamente el rumbo de la política en el noreste del país durante la siguiente década.

La formación de Rodrigo Tovar Pupo

En muchos sentidos, la crianza de Tovar fue la preparación perfecta para un futuro comandante paramilitar. Hijo de un capitán del ejército, fue criado en parte por su tío, Edgardo Pupo, un astuto político que ejerció como gobernador de Cesar. Estos dos aspectos resultan útiles para entender la persona en la que se convirtió. Por un lado, Tovar es un animal político. Tiene un agudo sentido de la importancia de crear redes poderosas y desarrollar una base política sólida que le permita operar. Tovar también tiene un lado guerrerista: es un hombre pendenciero, dispuesto a conseguir lo que quiera a cualquier costo. Los aspectos políticos y guerreristas de su personalidad son evidentes en su historia de vida y en su desarrollo de un gran imperio político y criminal. Pero el lado militar de su personalidad fue el más fuerte, y condujo a la muerte de cientos, o quizá miles de personas en el proceso de construcción de ese imperio.

“Mi gran guerra era conmigo mismo”, le diría a InSight Crime más adelante. “Todavía le pido a Dios que me permita liberarme del odio que llevo en mi corazón”.11

Tovar creció en el centro de Valledupar, donde sus vecinos, conocidos popularmente como “la gente de la plaza”, tenían los apellidos más reconocidos de la región: Araújo, Castro, Noguera y Baute, para mencionar solo algunos. Su abuelo, Óscar Pupo, fue un prominente ganadero. Tovar se describe a sí mismo como parte de “la clase media-alta”, pero se relacionaba con los demás con facilidad.12 Con personas de otras élites jugaba al softbol, iba a nadar y frecuentaba el club campestre donde bebía whisky con sus amigos.

Algunas de estas personas de las élites, al igual que Tovar, fueron a Bogotá para recibir parte de su educación. Casi todos ellos, incluido Tovar, volvieron a Valledupar a vivir y trabajar, “hartos” de los “cachacos” o los “rolos”, como se les llama a las personas de Bogotá. Eran amigos cercanos, y las reuniones en torno a las fiestas y al legendario Festival Vallenato tomaron un aire de familiaridad, pues no tenían que explicar sus orígenes, sus costumbres ni sus idiosincrasias. Tovar describiría en un tribunal este sentido de pertenencia a su tierra natal:

Mi niñez fue una niñez acompañada por todos los niños de esa provincia vallenata en donde todos jugábamos con todo, durante esa niñez viví en un pueblo de Valledupar que para ese entonces no tenía luz, sus calles eran polvorientas pero eso no nos hacía sentirnos menos orgullosos de lo que considerábamos nuestro… nuestra tierra, nuestro orgullo, en ese entonces era poco el desarrollo que para la región tenían políticas de estado pero donde su gente sabía trabajar y tenía el trabajo como un don, tenía el trabajo como una oportunidad y tenía el trabajo como un desarrollo, allí en esa sociedad en donde todos éramos amigos de todos. 13

Tovar se hizo oficial del ejército pero dijo que tuvo que retirarse cuando sufrió una lesión. 14 Entonces decidió estudiar agronomía y administración de empresas, y atender las ganaderías de la familia Pupo en las afueras de la ciudad.15  Una de las fuentes dijo que los Pupo tenían unas 10.000 hectáreas de tierra en la región, 16 pero esta afirmación no pudo ser verificada, y el mismo Tovar diría más tarde que la única tierra que tenía a su nombre se la había dado a su esposa y sus hijos. 17 Como la mayoría de los habitantes de la región, su trabajo lo llevó a Venezuela, donde vendía ganado y otros bienes. Aunque fue conocido como un rumbero en su juventud, contrajo matrimonio relativamente joven, tuvo tres hijos y estableció su vida en Cesar.

Los hijos de Tovar se movieron en los mismos círculos en los que él lo había hecho. Según un conocido, una de sus hijas, por ejemplo, salía con el hijo de Alfredo Araújo Castro, sobrino de López Michelsen —Álvaro Araújo Noguera, miembro del gabinete y con poder político en la región—. Alfredo Araújo Castro se convertiría más tarde en un importante funcionario de la Drummond y, supuestamente, en un mediador clave de Tovar en sus negocios con la empresa una vez que se unió a los paramilitares.

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Desde muy pronto, Tovar fue conocido como un líder con el potencial político para seguir los pasos de su tío, el exgobernador Edgardo Pupo. Un conocido lo describió como “el más patrón” y muy “político”. 18 En su juventud participó en las campañas de su tío, e incluso en un momento trabajó como voluntario del ala radical del Partido Liberal de López Michelsen, el MRL.19 Y como adulto, hizo parte de la Federación de Cultivadores de Arroz y de la Cooperativa Lechera. En una ocasión, junto con otras personas conformó una pequeña cooperativa arrocera, que según él fue aplastada por la Federación Nacional de Arroz durante una reunión a la que él asistió en Bogotá. 20

A finales de los ochenta, el alcalde de Valledupar, Rodolfo Campo Soto, contrató a Tovar como jefe de la Oficina de Control de Precios. Su trabajo consistía en inspeccionar la calidad de los productos lácteos y agrícolas, entre otros productos que se vendían en la ciudad. Ocupó este puesto por unos pocos meses y luego se trasladó a otro puesto menos político, en el área de contabilidad, en el que permaneció hasta principios de la siguiente administración.

El trabajo en la alcaldía le sirvió a Tovar más adelante en muchos aspectos.21 En primer lugar, le ofreció la oportunidad de conocer más gente y ampliar su red de conocidos. “Era amigo de los gremios, era amigo de los empresarios, era amigo de las generaciones menores”, explicaría más adelante. “Era amigo de los militares, de los políticos, era amigo de todo el mundo, en este entonces, vuelvo y lo repito, todos éramos amigos de todos”.22

La alcaldía también le permitió adquirir un conocimiento de primera mano de la manera como funciona el poder. Tovar dijo que rechazó la oferta del alcalde para trabajar en la alcaldía varias veces antes de aceptar el desafío de ver “si era corruptible”.23 Más adelante, en su testimonio ante las autoridades colombianas, Tovar dijo que esta oportunidad le llegó pronto, cuando un “empresario” le ofreció dinero para que no hiciera su trabajo: comprobar los precios, en lo que se refería a los productos del empresario; Tovar se negó, dijo, pero comenzó a preguntarse qué haría si sus propios compañeros políticos le hubiesen pedido lo mismo.24

Finalmente, la alcaldía le permitió comprender cómo se distribuía el poder en el sistema político del país, recientemente modificado. Pocos años antes, Colombia había tomado la decisión histórica de descentralizar el gobierno. A principios de 1988, los alcaldes empezaron a ser elegidos por voto popular y se les permitió tener mucho más control sobre sus presupuestos. En muchos sentidos, éste fue un paso hacia una mayor democracia, y Tovar pudo tener conocimiento de primera mano sobre el tamaño y el alcance de estos nuevos presupuestos, especialmente cuando fue trasladado a la oficina de contabilidad.25 Sin embargo, los cambios políticos quizá habían sido prematuros. Los gobiernos locales no estaban acostumbrados a manejar esos dineros. La corrupción fue desenfrenada. El gobierno central, débil y en gran medida ausente en muchas áreas, tampoco tenía la capacidad de proteger a los políticos de los actores ilegales en lugares como el Magdalena Grande.

En el caso de Cesar, esta falta de protección se hizo particularmente clara en la década de los noventa, cuando los dos principales grupos guerrilleros de Colombia, el ELN y las FARC, comenzaron a ejercer control sobre los ciudadanos y los políticos. Tovar dijo que en una zona cerca de su casa, la guerrilla robaba tierras, desviaba los presupuestos de los gobiernos locales y designaba sus propios candidatos para la alcaldía.26 Más adelante, Tovar se referiría a esto como un Estado “paralelo”.27 La influencia de las FARC fue muy directa particularmente en Valledupar. Ricardo Palmera, uno de los miembros de “la gente de la plaza”, se unió a la guerrilla a finales de la década de los ochenta. Asumió el alias de “Simón Trinidad”, un juego de palabras con el nombre del líder de la independencia en el siglo XIX, Simón Bolívar. El profundo conocimiento de Palmera sobre las élites de la región —en particular sobre sus hábitos y sus ganancias— posibilito que éstas fueran blancos fáciles para la extorsión y los secuestros.

La familia de Tovar no fue la excepción. Los guerrilleros secuestraron a su primo a cambio de un rescate y casi secuestraron también a su padre.28 Los guerrilleros además extorsionaban a la familia. A las ganaderías de la familia llegaban mensajeros de los guerrilleros exigiendo comida y alcohol, además de su cuota mensual.29 Tovar dijo que él les daba cajas de whisky Old Parr y que ellos consumían botellas de aguardiente durante sus rondas de extorsión. En algunas ocasiones, los guerrilleros traían a los lugares de encuentro a vecinos que les debían dinero y le preguntaban a Tovar cuánto dinero tenían esas personas, para poder determinar la cuota mensual que debía pagar.

“Decían que yo era un oligarca”, recuerda.30  

Tovar aseguró que el 80 por ciento de los residentes pagaban estas extorsiones. Se estaba formando, dijo, un “nuevo Estado” bajo la dirección de la guerrilla.31

“Si por algo fui a la guerra, fue por miedo”, le diría más tarde a InSight Crime en una entrevista.32

Cómo se hace un paramilitar

En 1995, Tovar, cansado de ser víctima de los guerrilleros, decidió colaborar con una organización incipiente autodenominada grupos de “autodefensa”. Acompañado por un hombre que se identificó como “Luis”, comenzó a hacer diligencias para la organización. Al principio, él se consideraba más como un vínculo o un portavoz más que un líder o incluso más que un miembro activo. Para los grupos de “autodefensa”, contar con este tipo de interlocutores les facilitaba ingresar a la zona. Tovar les presentó a potenciales donantes y a operadores políticos, muchos de los cuales eran parte de su círculo de élite. Cuando los habitantes de la región le hacían preguntas, Tovar les hablaba sobre el grupo, transmitiéndoles su mensaje de liberación. Y cuando los presuntos guerrilleros eran asesinados, Tovar hablaba con orgullo sobre las acciones del grupo.

[Yo era un] gran guía de la zona porque, entre otras cosas, la conocía bien por mis negocios de compra y venta de ganado, lo que me había permitido conocer muchas de las regiones ganaderas que era donde estaba la guerrilla conformando sus estados. Además, seguía con mi función socializadora, la cual se incrementaría, pues estas autodefensas empezaron a ser más operativas que las anteriores y, apenas la gente empezó a escuchar las operaciones militares de las autodefensas, por muchas partes empezaron a tomar otra actitud más positiva y esperanzadora. Entonces mi función tendía a multiplicarse porque, cada vez más, la gente quería saber del fenómeno; y yo, por supuesto, estaba encantado de contarles… Esto llevó a que fuera la misma sociedad la que me buscara para preguntarme cómo hacer contacto con ellos, para pedirles el ingreso a zonas donde ellos.33

Con el tiempo, Tovar conoció a los dirigentes de la organización. Entre ellos a Salvatore Mancuso. Mancuso era hijo de inmigrantes italianos que se habían convertido en grandes terratenientes y ganaderos a lo largo de la costa Caribe al noroeste del país. Como Tovar, Mancuso se jactaba de sus propias conexiones con las élites, que le habían ayudado a él y al comandante de los grupos de “autodefensa”, Carlos Castaño, de los hermanos Castaño, a conformar las ya mencionadas ACCU, y más adelante las AUC.34

Carlos CastanoAl principio, el interlocutor principal de las AUC en el Magdalena Grande era Jorge Gnecco. Según Tovar, él fue un importante recaudador de fondos y, por un tiempo, uno de sus jefes directos. 35 En ese entonces, la figura de Gnecco estaba creciendo. Además de sus conexiones con las AUC, estaba construyendo una máquina política. En 1992, su hermano Lucas se convirtió en gobernador de Cesar. En 1997, postulándose para su segundo mandato, venció a Consuelo Araújo Noguera y se convirtió en el primer gobernador de Cesar que después de muchos años no estaba en deuda con la familia Araújo. Al mismo tiempo, otro hermano de Jorge, Pepe, se convirtió en senador. Pocos años después, su sobrino, Hugo Gnecco, llegó a ser alcalde de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena. Y su primo, Juan Francisco “Kiko” Gómez, se convirtió en alcalde de Barrancas, en La Guajira.

Pero si bien Gnecco era su jefe, Castaño fue el maestro ideológico de Tovar y Mancuso su padrino paramilitar. En una entrevista, Tovar se refirió a Castaño como su “Bolívar”, refiriéndose a Simón Bolívar, el hombre que lideró la independencia de España de gran parte de las naciones andinas en el siglo XIX.36 Los discursos de Castaño sobre el fracaso de la “clase política” y del Estado tuvieron resonancia en Tovar. La ira contra esta “clase política” era tanto regional como nacional.

Este punto me llamó mucho la atención porque fue un común denominador. Los que estábamos allí mostrábamos una molestia muy grande contra la clase política que nos representaba en la capital del país, pues ella había sido incapaz de reclamar, a nombre de todos, la presencia del Estado que tenía la obligación de velar por nuestra defensa, lo que la hacía responsable por nuestro dolor. En aquella época solo había dirigencia para incrementar la corrupción, la que ya se compartía con los nuevos estados paralelos de la guerrilla. Todos en una sola voz clamábamos con un SOS por nuestra gente; todos demostrábamos el interés de las gentes de nuestra región por apoyar a quien llegara a cumplir la función de defensa que había olvidado el estado de derecho; todos hablábamos del sentir de cada región por la libertad y de la no aceptación de modelos políticos diferentes a los que ya estábamos acostumbrados, así compartiéramos que ya era hora de buscar unos cambios estructurales del modelo político.37

Para Tovar y muchos otros paramilitares y no paramilitares, esta sensación de que el gobierno central los había abandonado y los había dejado a merced de la guerrilla era tema fundamental. Más que la idea de que el gobierno era incapaz de protegerlos, creían que al gobierno no le importaba. Aquel fue el comienzo de un levantamiento a nivel nacional que culminaría años más tarde con la elección del presidente Álvaro Uribe Vélez, él mismo víctima de la violencia guerrillera y crítico acérrimo del gobierno central. Como Tovar, él mismo diría más adelante: “el contrato social se diluyó”.38

Mientras Castaño formaba las ideas de Tovar, Mancuso afilaba sus habilidades militares. Tovar dice que la primera vez que fue a un enfrentamiento como miembro de las AUC lo hizo con Mancuso, para ayudar a rescatar a algunas personas que habían sido secuestradas por los guerrilleros del ELN en el vecino departamento de Magdalena. Ambos fueron capturados más tarde en La Guajira, después de que su grupo había asesinado a dos campesinos que habían invadido la propiedad de un gran terrateniente.39 Sin embargo, el fiscal local, únicamente indagó por una granada que portaban y luego los dejó en libertad.40 Cuando el defensor del pueblo hizo el respectivo reclamo, este había desaparecido por órdenes de Tovar.41

A los pocos meses, Tovar fue capturado otra vez por tráfico de armas, esta vez sin la compañía de Mancuso. En esta ocasión, Mancuso y Castaño no tenían contactos, por lo que enviaron a alguien a sacar a Tovar de la cárcel de Valledupar. Castaño y Mancuso le insistían que escapara, pero en el manuscrito que escribió más adelante, Tovar afirmó estar seguro de que él no estaba haciendo nada malo, y que confiaba en que sería recompensado por ese comportamiento. “Yo no había violado ninguna ley, y todo estaba en orden”, escribe. 42

Fue un momento decisivo, que marcó la percepción de Tovar sobre la criminalidad: Tovar nunca pensaría en sí mismo como un criminal, incluso cuando estaba cometiendo algunos de sus crímenes más atroces. En ese caso, su fe sería recompensada, y sería puesto en libertad. Cuando llamó a Mancuso y a Castaño para darles la noticia, estos no podían creerle. “Debes tener a alguien que está más arriba que nosotros en Bogotá”, le dijeron.

Tovar se rio y les dijo que “decir la verdad y permanecer dentro de la ley” fue lo que lo liberó. Los dos comandantes en el otro extremo del teléfono le preguntaron si él les estaba tomando el pelo, a lo que Tovar respondió: “es la verdad”.43

La verdad, por supuesto, era mucho más compleja. En este caso, era que Tovar había utilizado su propia red en el ejército y en el sistema judicial para obtener la libertad: después de que el batallón local mintiera al decir que Tovar tenía “permiso” para transportar las armas, el fiscal retiró los cargos; ese mismo fiscal trabajó para Tovar más adelante.44

Tovar no menciona este detalle en sus escritos. Para algunos, es parte de su perturbada patología, de su negación. Para otros, es una actitud calculadora. En cualquier caso, su narración sigue siendo impecable: él es la víctima que actúa en nombre de otras víctimas. Y esta es la versión que mantiene hasta el presente.

El ascenso de ‘Jorge 40’

Poco después de ser liberado de la cárcel por segunda vez, Tovar asumió el alias de “Jorge 40” (como el ejército, las AUC les asignaban números a sus comandantes como una manera de camuflar sus comunicaciones.) Bajo la tutela de Mancuso y Castaño, Jorge 40 se convirtió en comandante del “Bloque Norte” de las AUC. Mancuso fue su jefe militar, Jorge Gnecco su jefe político y Castaño su jefe ideológico.

Su plan era el mismo en cada lugar objetivo: “limpiar” el área de la influencia guerrillera mediante acciones militares, y consolidar estas áreas mediante el control de las elecciones y de los partidos políticos. Con la determinación y los contactos de Jorge 40, las AUC se lanzaron a conquistar la región del Magdalena Grande. Sin embargo, aquella no sería una tarea fácil. Aunque nominalmente eran un solo movimiento, las AUC estaban divididas en numerosas facciones militares y políticas rivales. Estas facciones estaban unificadas por su estrategia militar de lucha contra los guerrilleros, pero el botín de estas conquistas no era fácil de dividir entre los vencedores. Es más, las conexiones locales y los intereses de cada facción hicieron que generar una estrategia unificada a lo largo de la costa norte fuera imposible.

Diagrama5 RedParamilitarJorge40 1997 2001

La base de poder de Gnecco, por ejemplo, se extendía por todo el Magdalena Grande. Además de sus contactos con el hampa de Magdalena, muchas de las familias de contrabandistas de La Guajira eran sus parientes o allegados. Uno de ellos era Juan Francisco “Kiko” Gómez, primo de Jorge y exalcalde de Barrancas, un importante centro de bienes de contrabando procedentes de Venezuela. Gómez trabajó con Samuel Santander Lopesierra, alias “el Hombre Marlboro”, un exsenador que tenía conexiones en los niveles más altos del gobierno y con el contrabando, como lo dejaba claro su apodo.45 Estas familias tenían sus propios intereses políticos y económicos, y, aparte del beneficio de liberarse de las guerrillas, no estaban dispuestas a entregar estos intereses a las AUC. Es más, tenían sus propios grupos armados, que no operaban bajo la influencia de las AUC.

Estas tensiones darían como resultado un derramamiento de sangre. No está claro qué provocó los enfrentamientos, pero los problemas entre los grupos paramilitares se volvieron particularmente tensos cuando Hernán Giraldo tuvo una disputa con la familia Rojas, aliados de los hermanos Castaño, que transportaban drogas ilegales y otros productos ilícitos a lo largo de la costa.46 Con el tiempo, las diferencias crecieron cada vez más. El poder de Gnecco estaba en su punto más alto en toda la región, y se puso del lado de Giraldo. Fue un momento decisivo en la batalla por el Magdalena Grande. No sólo estaban en juego las rutas del tráfico ilícito que sostenían la guerra paramilitar contra la guerrilla y su expansión. También estaba en juego el poder político de la zona noreste de Colombia, y posiblemente de todo el país.

El punto de inflexión ocurrió en agosto de 2001, cuando Jorge 40, a instancias de sus jefes de las AUC, invitó a Jorge Gnecco a reunirse con él. Gnecco, el poderoso patriarca de la familia criminal más despiadada del noreste, estaba seguro de que se trataba de una reunión de negocios amigable y al parecer llevó licor y comida. A su llegada, sin embargo, Gnecco fue capturado, torturado y asesinado. Su cuerpo fue encontrado más tarde en una tumba anónima junto a los de sus guardaespaldas.47 Posteriormente, Jorge 40 haría blanco de sus ataques a otros miembros de la familia Gnecco. El reinado de los Gnecco había terminado, al menos por ahora.

Entonces la guerra se trasladó a Magdalena, donde en diciembre de 2001 las AUC comenzaron a distribuir folletos en los que advertían de su llegada y de la inutilidad de oponer resistencia. De la ciudad costera de Santa Marta hasta la Nevada, los milicianos e informantes del Bloque Norte —a menudo con ayuda del ejército— comenzaron a perseguir y a asesinar a los hombres de Giraldo. 48 En febrero de 2002, Jorge 40 rodeó lo que quedaba del ejército paramilitar de Giraldo, obligándolo a rendirse y a negociar con los hermanos Castaño. En mayo de 2002, los dos grupos acordaron un alto el fuego, y luego rebautizaron el nuevo grupo paramilitar de la zona.49 A partir de entonces estarían bajo el mando del Bloque Norte.

Jorge 40 también extendió su influencia a La Guajira. Después de que las incursiones iniciales del Bloque Norte le abrieron espacio en el sur del departamento, comenzó a trabajar directamente con las principales familias contrabandistas de la zona. Al menos cuatro familias de contrabandistas se negaron a cooperar, y por tanto Jorge 40 tuvo que asesinarlas; cuando no podía derribar a la cabeza de la familia, asesinaba a sus familiares.50

El aparato político de ‘Jorge 40’

Ya cuando tenía su estrategia militar en movimiento, Jorge 40 volvió sus ojos a la política. Como dijo luego la Corte Suprema, el Bloque Norte era una “Organización que no sólo perseguía a la guerrilla sino que pretendía copar políticamente las regiones de su injerencia.” 51

El Bloque Norte había iniciado este proceso obteniendo de manera ilegal los datos del censo de los tres departamentos. Un testigo, por ejemplo, dijo que pagaban US$2.000 por información sobre Magdalena.52 Entonces reunían a sus tropas, que a su vez reunían a los candidatos y a sus operadores políticos. En septiembre de 2000, la organización paramilitar celebró una de sus primeras convenciones privadas en el municipio de Chivolo (también escrito Chibolo), en Magdalena, donde pedían la conformación de una “provincia unida por una mejor opción de vida”. Al final, se unieron con un candidato a gobernador y a los candidatos a la alcaldía de 13 municipios. Otras 395 personas que podrían influir en las elecciones para los concejos municipales y la Asamblea del departamento también estuvieron presentes.53

Diagrama6 RedPoliticaJorge40

Los candidatos del Bloque Norte para gobernador y varios cargos municipales ganaron las elecciones de ese año, lo cual les permitió continuar. En noviembre de 2001, el Bloque Norte convocó a una reunión en Pivijay, otro municipio de Magdalena, donde formalizaron un acuerdo con los políticos locales que serían sus candidatos para las campañas para el Senado, el Congreso y las alcaldías, que ya se avecinaban.54 El llamado “Pacto de Pivijay” comprometió a los dirigentes políticos a suministrar “votos” para cuatro candidatos preseleccionados para las próximas elecciones del Congreso. Los congresistas y senadores pagarían el favor ayudando en las campañas de los candidatos a las alcaldías. En efecto, las victorias de la AUC en las elecciones locales y nacionales se reforzaron mutuamente.

Esta estrategia se aplicó en todo el país. Como Mancuso luego dijo en la corte, las AUC buscaban convertirse en el “estado de facto” en sus áreas de influencia.

(…) El vincularnos a la política es una estrategia concertada con el comandante Carlos Castaño (…) él da instrucciones en ese sentido a sus comandantes y yo a mis subalternos, estamos hablando del año 99, se planea penetrar todo el poder político alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, congresistas de las zonas que manejábamos (…) en últimas, poderes regionales que en suma garantizaran para las autodefensas un poder nacional (…) ya desde las elecciones del año 97 habíamos iniciado a incidir en elecciones regionales y a nivel municipal y departamental (…) para un mejor entendimiento del tema partiremos de las regiones en las cuales las ACCU, y particularmente el Bloque Norte, tenían una influencia geográfica porque, como ya he expresado en ocasión en anterior, precisando que todos los políticos de esta zona nos buscaron para que les colaboráramos en su carrera política a partir de los hechos que se dan en el gobierno [del presidente Andrés] Pastrana [1998-2002] la decisión fue interactuar con los políticos de las regiones dentro de unos acuerdos con las comunidades y con nosotros para buscarle solución a los problemas de estas mismas comunidades según nuestra visión política, en el entendido de que estábamos implementando un proyecto político paralelo al del Estado.55

Las AUC convocaron a reuniones similares con políticos en diversas partes del país y promovían los votos en el noroeste, donde se firmaron los “pactos” más famosos:56 los de los Llanos Orientales, el eje cafetero y el Magdalena Medio.57 Como lo expuso la Corte Suprema:

En aquel entonces la organización armada ilegal desarrollaba un proyecto político que tenía como finalidad posicionar a sus miembros en todos los niveles de la administración, incluidos los cargos de elección popular, con el ánimo de expandir su área de influencia y tener voceros en los altos cargos con poder de decisión a nivel nacional.58

En Cesar, Jorge 40 también acudió a sus amigos y compañeros de la élite del departamento para que le ayudaran. Uno de los pilares de su plan fue Mauricio Pimiento Barrera, un político y diplomático que también creció en la “plaza” de Valledupar. Los dos eran amigos cercanos, y a medida que Jorge 40 desarrollaba su estrategia, sabía que necesitaría a un aliado cercano en Cesar, alguien como Pimiento, con influencia política. Pimiento tenía influencia local, nacional e internacional. Había sido el candidato de los Araújo para la gobernación de Cesar en 1995. También había trabajado con los ministerios de agricultura y de desarrollo económico. Antes de postularse para el Senado, trabajó con la Organización de Estados Americanos (OEA) y había pasado una temporada en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus iniciales en inglés) para contratar a la empresa Chemonics.

El otro pilar fue Álvaro Araújo Castro, hijo del patriarca político Álvaro Araújo Noguera. Araújo Castro había llegado a ser miembro del Congreso, y permaneció más como un comodín, que sería fundamental si Jorge 40 quería que la tradicional clase política estuviera con él. Ello se debe a que, a pesar de sus diferencias políticas con la familia Gnecco, los Araújo eran todavía importantes figuras políticas en Valledupar. Araújo Noguera predominó en los bloques políticos que los candidatos necesitan para ser elegidos. La tía de Araújo Castro, Consuelo, perdió la campaña para gobernadora en 1997, pero ocupó el cargo de ministra de Cultura durante la administración de Andrés Pastrana y se casó con el procurador general de Colombia, Edgardo Maya. El tío de Araújo Castro, Jaime Araújo, fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. La hermana de Araújo Castro, María Consuelo, se forjó su propio camino en el mismo sentido de su tía, Consuelo, en el mundo cultural y social.

Alvaro Araujo Castro

Los Araújo no estaban necesariamente inclinados por las soluciones extrajudiciales de los paramilitares en la región, y aquella fue una alianza que no se dio naturalmente, según numerosas personas de la región le dijeron a InSight Crime. Jorge 40 consideraba a los Araújo como parte de la clase política tradicional que había traicionado a la región dejándola en manos de la guerrilla. Por su parte, Álvaro Araújo Castro tenía su propia base política, que ya lo había elegido para el Congreso en 1994 y 1998, y tenía los ojos puestos en una silla en el Senado por su propia cuenta.

Incluso con la llegada de los paramilitares, Araújo Castro mantenía sus posibilidades abiertas y se distanciaba públicamente de la violencia a su alrededor. Cuando el presidente Álvaro Uribe viajó a Valledupar en el año 2002, por ejemplo, Araújo Castro denunció a los paramilitares ante el presidente y su Consejo de Seguridad y exigió que se tomaran medidas contra ellos. Como lo señaló Araújo Castro más tarde, “Yo manifesté que había una interferencia de la acción de los paramilitares en la acción en los gobiernos departamentales y municipales”.59

Menos de un mes más tarde, las fuerzas de seguridad lanzaron una operación en la zona, en la que dieron de baja a varios paramilitares.

Esta crítica pública al parecer enfureció a Jorge 40, quien, según algunas versiones,60 organizó un escuadrón para ir tras el joven congresista. Fue en este punto en el que el hermano más diplomático de Araújo Castro, Sergio, al parecer intercedió. Sergio era un hombre de negocios amable y carismático, y de por sí era un líder. También conocía a Tovar muy bien, antes de que se convirtiera en Jorge 40. Después de eso, él mantuvo contacto con Tovar 61y, según personas cercanas a Araújo Castro y Tovar, se ofreció a mediar en la creciente tensión entre su hermano y el nuevo comandante paramilitar.

La naturaleza tibia de la alianza entre los Araújo y Jorge 40 fue evidente por el hecho de que en Cesar no hubo “pactos” formales. Los arreglos fueron tácitos, y las reglas no siempre fueron tan claras como lo fueron en Magdalena. Pero cuando las reglas se rompieron, hubo consecuencias. Al menos nueve políticos con cargos en el momento o en el pasado, así como varios aspirantes a cargos políticos, fueron secuestrados o asesinados en Cesar entre 2001 y principios de 2002,62 supuestamente por no apoyar a los candidatos designados por las AUC o por negarse a abandonar sus campañas. Uno de ellos, Víctor Ochoa Daza, fue secuestrado tras negarse a ser “suplente” de Araújo Castro en la lista del Senado. Después de su secuestro, la pareja de campaña de Ochoa Daza abandonó la postulación al Congreso y se convirtió en “suplente” de Araújo Castro.63

En esencia, como la Corte Suprema escribió más adelante en relación con este caso, Jorge 40 estaba implementando una estrategia única en toda la región. La corte señaló que Jorge 40 había escrito algunas notas a lápiz en el documento del Pacto de Pivijay, relativas a Mauricio Pimiento.64 Dijo además que, así como en su estrategia en el Magdalena, había dividido la región en tres partes: una en los municipios del norte reservados para Pimiento; otra en el sur reservada para Araújo Castro; y una tercera que describió como “cielos abiertos”, es decir, abiertos a la competencia, que se ubicaba principalmente en Valledupar y sus alrededores.65

Los resultados de las elecciones parlamentarias de 2002 demostraron que tales anomalías en comparación con los anteriores patrones de votación que —pese a la ausencia de pruebas físicas o incluso de testigos de que Araújo Castro estuvo en una reunión con Jorge 40 para determinar estas zonas electorales— la Corte Suprema más tarde lo declararía culpable de “determinador de constreñimiento al sufragante” y de “concierto para promover grupos armados al margen de la ley”.66La corte sentenció a Araújo Castro a nueve años de prisión.

Vale la pena detenerse a analizar estas anomalías. La primera anomalía se refiere a los votos emitidos en distintas áreas del departamento. Los municipios en “la zona de Pimiento” claramente lo favorecieron como candidato del Senado, mientras que los de la “zona de Araújo” favorecieron a Araújo (vea tablas 1 y 2 abajo). La anomalía se hace aún más clara si se establece una comparación con los resultados anteriores —como más tarde lo hizo la investigadora Claudia López, actualmente senadora, cuando reveló estas anomalías en una serie de análisis publicados en la revista Semana en 2005—.67 En las áreas que el Bloque Norte designó para Araújo Castro, éste aumentó sus votos en más del 400 por ciento con respecto su campaña para el Congreso en 1998.68 Es claro que tradicionalmente la gente vota más en elecciones para el Senado que en las elecciones para el Congreso, pero para Araújo Castro y su equipo legal resultó imposible explicar esta anomalía.

Tabla1 SurdeCesar     

Tabla2 NortedeCesar

Como el Tribunal Supremo escribió más adelante cuando condenó a Araújo Castro:

Los resultados de las elecciones de 2002 al Congreso de la República, que en condiciones de regularidad democrática podrían tener explicaciones satisfactorias como las reiteradas por el acusado, analizados en el escenario en que se produjeron y en el cual era actor de primer orden del grupo armado liderado por ‘Jorge 40’, revela que fueron consecuencia de una alianza entre las AUC y la clase política para dividir la votación entre los aspirantes al Senado con sus respectivas fórmulas a la Cámara de Representantes, a fin de asegurar la obtención de esas curules. 69

Patrones similares se presentaron en las elecciones para el Senado y el Congreso en Magdalena y La Guajira. Aunque otras entidades del gobierno a veces discreparon con respecto al nivel de participación de algunos políticos,70 los patrones de votación eran demasiado obvios como para ignorar que los paramilitares habían desempeñado un papel clave en las elecciones. Los paramilitares también influyeron en las elecciones locales a favor de la familia Araújo y de otras familias de las élites políticas de la región. En 2003, por ejemplo, Hernando Molina Araújo, primo de Araújo Castro e hijo de Consuelo Araújo, se postuló para gobernador y no tuvo ningún oponente, después de que los dos candidatos rivales abandonaran su campaña debido a las amenazas de Jorge 40.71

Los beneficios de la red de ‘Jorge 40’ 

La estrategia política de Jorge 40 les sirvió a él y a las AUC en muchos sentidos. A nivel local, el poder político les permitió a Jorge 40 y a las AUC acceder a nuevas fuentes de ingresos. Los paramilitares podían beneficiarse de estos contactos de diversas maneras, pero el conocimiento de Jorge 40 sobre los presupuestos municipales le permitió aprovechar las oportunidades más lucrativas. Una vez sus candidatos asumieron los cargos, por ejemplo, debían otorgarles contratos públicos a empresas que él controlaba directa o indirectamente, o bien transferirle al Bloque Norte una parte de su presupuesto.

Los ejemplos son abundantes. Para mencionar solo uno de los más sobresalientes, a cambio de respaldar la campaña de Dieb Maloof para el Senado en 2002, organizada mediante el Pacto de Pivijay, Jorge 40 fue recompensado con jugosos contratos con el proveedor de servicios de salud pública ESE, José Prudencio Padilla. El servicio de salud pública, que cubría a siete departamentos del norte de Colombia, tuvo que ser cerrado en 2006 debido a la masiva desviación de sus recursos hacia las AUC. 72

Jorge 40 diseñó esquemas similares en Cesar, que a menudo también beneficiaron a sus aliados, los Araújo. Una vez Hernando Molina Araújo se convirtió en gobernador, por ejemplo, logró colocar a Ángel Maya Daza, el medio hermano de su padrastro, Edgardo Maya, como director del principal hospital de Valledupar. Según testimonios, el anterior gerente fue obligado a renunciar por los paramilitares.73 Los investigadores del gobierno descubrieron más tarde que entre 2003 y 2008 los paramilitares habían recibido pagos casi mensuales mediante contratos adjudicados con el presupuesto del hospital a empresas fachada, y que utilizaban ambulancias para transportar hombres y armamento.74

Jorge 40 también utilizó sus estrechos nexos de la familia Araújo con el negocio más lucrativo de la región, la minería del carbón, y con su principal proveedor, Drummond, para sus propios fines.75 Alfredo Araújo Castro, sobrino de Álvaro Araújo Noguera, fue el gerente de Relaciones de la Comunidad de la Drummond en su oficina en Valledupar, la más grande de la compañía en la región, y más tarde se desempeñó como su gerente general. Jaime Blanco Maya, medio hermano del procurador general, Edgardo Maya, fue contratado por Drummond para gestionar sus servicios de alimentos. En entrevista con InSight Crime, Jaime Blanco Maya dijo que la empresa acordó pagarle más por su contrato. 76 El dinero extra, dijo, era utilizado para pagarles a los paramilitares de Jorge 40 por sus “servicios de protección”.77

Diagrama7 RedEliteJorge40

Blanco Maya señaló que, cuando terminó su contrato de servicios de alimentación, Alfredo Araújo Castro se convirtió en el intermediario de pagos de Drummond a Jorge 40 y los paramilitares para que los “protegiera” de la guerrilla.78 Varios exparamilitares y excontratistas de Drummond también se refirieron a los contactos entre Araújo Castro y las AUC, que según ellos se remontan a 1999. Según los testimonios, Araújo Castro se reunió varias veces con los comandantes del Bloque Norte para negociar la expansión del frente paramilitar con dineros de Drummond, para discutir la estrategia militar y para dar instrucciones de atacar a los sindicalistas de Drummond. 79 Alfredo Araújo Castro niega estas acusaciones y, aunque fue cuestionado por las autoridades por el asesinato, en 2001, de dos dirigentes sindicales que trabajaban para Drummond, no ha sido enjuiciado por ninguno de estas actividades. Por su parte, Jaime Blanco Maya fue declarado culpable en 2013 por su participación en el asesinato de dos dirigentes sindicales y condenado a más de 37 años de prisión.

Los familiares de Jorge 40 también le ayudaron en su guerra contra presuntos miembros de la guerrilla. Quizá el caso más reciente sea el de su primo, Álvaro Pupo, sobrino de su tutor Edgardo Pupo y hermano del alcalde de Valledupar, Ciro Pupo, quien presuntamente se convirtió en un importante enlace con el servicio de inteligencia del presidente, el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Un exfuncionario del DAS dijo que Pupo fue a las oficinas de la entidad por lo menos nueve veces, y que la agencia de inteligencia le suministró a Pupo listas de presuntos colaboradores de la guerrilla, quienes luego fueron asesinados por el Bloque Norte de las AUC. 80

Sin embargo, las relaciones entre Jorge 40 y sus aliados de las élites, especialmente la familia Araújo, siempre fueron complejas. Álvaro Araújo Castro fue elegido para el Senado, pero se presentaron tensiones entre él y Jorge 40, que continuaron hasta mucho tiempo después de las elecciones. En 2004, ambos se encontraron en la fiesta de cumpleaños de la congresista Eleonora Pineda, al parecer para limar asperezas.81  Según una persona que asistió a la fiesta, los ánimos estaban muy exaltados, pero los dos llegaron a una tregua civilizada, si bien incómoda, y ninguno de los dos ha implicado públicamente al otro en actos criminales.82

Esa tregua supuestamente fue mediada por el hermano de Álvaro, Sergio Araújo Castro, quien, según un miembro de los paramilitares, se convirtió en vocero no oficial del Bloque Norte, así como en uno de sus asesores clave y un importante interlocutor con el gobierno nacional. (La misma fuente dijo que Sergio ayudó a redactar los discursos que Jorge 40 y Mancuso pronunciaron cuando las AUC comenzaron a negociar con el gobierno). Sin duda, Jorge 40 fue uno de los últimos en deponer sus armas en 2006, después de que Sergio intercediera a instancias del gobierno.83

Sergio Araujo CastroAl menos por un tiempo, las conexiones entre la familia Araújo y el Bloque Norte ayudaron a restablecer el estatus de la familia como los patriarcas políticos de la región, desplazando a sus rivales de los Gnecco. El acceso de Sergio a Jorge 40 le dio voz y voto en la selección de los candidatos políticos de toda la región. El poder de la familia también aumentó a nivel nacional. María Consuelo Araújo Castro se convirtió en ministra de Cultura y más tarde en ministra de Relaciones Exteriores. Edgardo Maya, padrastro de Hernando Molina Araújo, continuó como procurador general.

Tener aliados en puestos altos del gobierno era indispensable para los paramilitares. Algunos comisionados de las AUC les ayudaron a ejercer influencia para la aprobación de un polémico proyecto de ley (e incluso los asesoraron en la redacción del proyecto), que les permitía retirarse del conflicto y desmovilizar sus tropas, y recibir penas menores. Bajo la ley de 2004, por ejemplo, sus penas de prisión tuvieron un límite de nueve años, siempre y cuando participaran en el proceso paz y reconciliación del gobierno, lo cual incluía admitir sus crímenes.

Los comandantes paramilitares aprovecharon esta situación y se desmovilizaron junto con miles de sus miembros entre 2004 y 2006, los años siguientes a su oleada política. Por cierto tiempo, la estrategia política también redujo las posibilidades de que los comandantes paramilitares fueran extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Gracias a sus puestos de trabajo, sus emisarios políticos y los burócratas de alto nivel, pudieron presionar al poder ejecutivo para que los comandantes paramilitares permanecieran en Colombia.

Como su fortuna estaba en aumento, la familia Araújo comenzó a pensar en un camino que el entonces presidente Álvaro Uribe había forjado recientemente y del cual López Michelsen prácticamente había sido pionero: usar una base de poder regional para postularse para el puesto más alto del país. En ese momento había una posible terna: Álvaro Araújo Castro, María Consuelo Araújo Castro y Edgardo Maya. Y por un corto momento, parecía que Uribe podría favorecer a María Consuelo como posible candidata para sucederlo. Sin embargo, esta posibilidad se desvaneció rápidamente, debido a que las acusaciones contra el hermano de ella por su participación en la estrategia política de Jorge 40 se volvieron prioritarias.

De hecho, las supuestas conexiones con las AUC finalmente acabaron con el capital político de los Araújo, quienes fueron vilipendiados y perseguidos por la ley. Además de los nueve años de prisión de Álvaro Araújo Castro por alterar las votaciones y ayudar en la conformación de grupos armados ilegales, su padre, Álvaro Araújo Noguera, que alguna vez fue el patriarca de la región, también fue a la cárcel por cargos de secuestro. María Consuelo fue destituida del puesto de canciller en febrero de 2007, sólo seis meses después de haber asumido el control de Ministerio de Relaciones Exteriores. Hernando Molina Araújo fue juzgado y condenado por la formación de grupos paramilitares y sentenciado a siete años de prisión. Incluso Jorge 40, quien alguna vez había sido un comandante todopoderoso, y quien se entregó a las autoridades colombianas en 2006, fue extraditado a Estados Unidos en 2008, donde fue juzgado por narcotráfico y condenado a 16 años de prisión por el juez Reggie Walton.

Conclusiones ¿víctimas o victimarios?

Este estudio de caso es un ejemplo de lo que sucede cuando un Estado central débil permite que las poderosas élites regionales manejen la agitación política y social. Estas élites regionales creen que sufren porque el gobierno central no ha destinado recursos suficientes para la seguridad, lo cual es en parte cierto. Esto facilita el surgimiento de actores ilegales que ejercen como ejército ad hoc de las élites, prestándoles servicios de protección. Ese ejército, sin embargo, tiene su propia dinámica, que se puede arrastrar con las élites.

Las élites participan al crear las circunstancias en las que surgen los actores ilegales, aprovechando este vacío. Ellas quieren que el Estado las proteja, pero no respetan el Estado de derecho cuando éste impide sus negocios o la administración de la región para sus propios fines. Escoger cuándo y cómo el Estado debe funcionar es útil para las élites mientras los actores ilegales sean relativamente pequeños. Pero cuando estos actores ilegales entran a competir por el poder con estas mismas élites, entonces las medidas drásticas se convierten en un recurso normal, a menudo acompañadas de trágicas consecuencias.

En el caso del Magdalena Grande, los orígenes de las conexiones de las élites con el crimen organizado tienen tres variantes. En primer lugar, es evidente que las élites habían cooperado con el hampa por mucho tiempo. Esto no significa que fueran figuras criminales como tales. La mayoría no lo eran. Sin embargo, se beneficiaban del crimen, específicamente del contrabando por la frontera venezolana. Gasolina subsidiada, fertilizantes, maquinaria, autopartes y otros productos que eran traídos de manera ilegal desde Venezuela a Colombia fueron parte de la manera aceptada de hacer negocios. De esta manera, un Estado débil, y en particular un servicio de guardia fronteriza que aceptaba sobornos con el fin de hacerse la de la vista gorda frente al contrabando, así como una policía y un sistema judicial que no investigaban los orígenes de estos productos, era beneficioso para ellas.

El aumento de la actividad guerrillera cambió las reglas del juego en el Magdalena Grande y es la segunda razón por la que las élites y el crimen organizado entraron en contacto. El modelo de Estado débil ya no les servía a las élites, pero el gobierno central no estaba dispuesto o no era capaz de invertir los recursos necesarios para luchar contra la insurgencia. La naturaleza depredadora de los grupos guerrilleros aceleró un proceso por el que las élites sintieron la necesidad de construir su propia red de protección paralela.

Esta guerra propició el ascenso de figuras como Jorge Gnecco. En otras circunstancias, Gnecco no habría encontrado un espacio tan favorable para actuar, ampliar sus negocios legítimos tan rápidamente, y colocar a sus parientes en los puestos políticos de la región. En otras palabras, parece ser mucho más fácil para los actores ilícitos ganar legitimidad y poder en tiempos de guerra o de grandes convulsiones sociales. Sin duda, a Gnecco le pareció que era así, y durante la década de los noventa las fortunas políticas y económicas de su familia crecieron rápidamente.

El rápido ascenso de la familia Gnecco cambió la dinámica del poder entre las élites de la región. Los Araújo —los tradicionales administradores del poder político— de repente se encontraron frente a un advenedizo que amenazaba con acabar con su dominio absoluto sobre el poder político. En otras circunstancias, la familia habría enfrentado este reto aportando más dinero para sus candidatos y prometiendo favores políticos. Sin embargo, las reglas del juego habían cambiado. La familia Gnecco tenía los mismos recursos, o incluso mayores. Tenía la capacidad de prometer sus propios programas políticos y estaba en capacidad de ofrecer algo que los Araújo no podían: protección contra la creciente amenaza de la guerrilla. La asombrosa victoria de Lucas Gnecco sobre Consuelo Araújo debe considerarse en este contexto.

La decisión de una parte de la familia Araújo de alinearse con el crimen organizado también debe considerarse dentro de este contexto. Los Araújo no comenzaron con la estrategia de vincularse a las fortunas de los paramilitares. De hecho, Álvaro Araújo Castro buscó distanciarse públicamente de esos grupos emergentes. Sin embargo, Sergio, el más pragmático de la familia, parecía entender que, a la larga, esta era la única estrategia que les permitiría salir victoriosos. Sus cercanos vínculos con Rodrigo Tovar Pupo facilitaron esta conexión, pero no fue determinante para crearla. Básicamente, sin el apoyo paramilitar, los Araújo no habrían llegado a un punto tan alto ni habrían desplazado a la familia Gnecco.

La guerra también aceleró las conexiones de Tovar con el crimen organizado. Su vulnerabilidad quedó al descubierto después de las extorsiones de la guerrilla y por el secuestro de su primo. Para él, como para muchas otras personas, los guerrilleros habían creado su propio estado “paralelo”. Y lo más importante es que amenazaban con derribar el statu quo y los privilegios que él y sus amigos de la élite de la “plaza” consideraban su derecho natural. Pero la frustración de Tovar se debía a algo más que a los guerrilleros. Tovar les reprochaba a sus homólogos de las élites por apartarse del Estado, por buscar sus intereses particulares, y por tanto por abrir oportunidades para la corrupción y para la creación de ese “estado” insurgente. La ironía consiste en que, una vez él tuvo poder, hizo lo mismo que antes criticaba.

En tercer lugar, la respuesta que dieron algunas partes del Estado, que ignoraban, facilitaban o ayudaban directamente la solución extrajudicial al problema de la guerrilla, aceleró el proceso por el que las élites y el crimen organizado se fusionaron en el noreste colombiano. El gobierno —tanto a nivel nacional como a nivel local— fue, en el mejor de los casos, insuficiente, y en el peor de los casos, cómplice de las actividades de estos actores ilegales.

Lo que queda claro en la historia de Tovar es que él debió trabajar con varios sectores del gobierno para lograr sus objetivos. A nivel nacional, conoció a miembros de las fuerzas armadas, con quienes cooperó para conseguir armas, obtener cierto tipo de encubrimiento para sus operaciones, y coordinar las acciones militares contra los guerrilleros. Él necesitaba que la policía nacional se hiciera la de la vista gorda, le proporcionara inteligencia y lo liberara de quedar bajo custodia en al menos dos ocasiones. Necesitaba que la Fiscalía General retrasara o archivara las investigaciones y que ocultara las evidencias de las masacres paramilitares. Necesitaba además que el DAS le proporcionara inteligencia para asesinar presuntos guerrilleros.

Jorge 40A nivel local, necesitaba que los funcionarios le canalizaran recursos y le facilitaran los registros de votación para manipularlos y ocultar los fraudes electorales. Necesitaba que la policía local ignorara sus crímenes, que, además de asesinatos y masacres, incluían secuestros y extorsiones a las grandes empresas. Sus redes locales también le proporcionaban soporte político en momentos clave y organizaron múltiples eventos políticos en apoyo a sus candidatos.

Sin duda, Tovar alcanzó un nivel totalmente diferente con su estrategia política. Aunque no está claro si él consideraba a los Araújo como aliados clave, sí es claro que los veía al menos como parte de su amplio equipo político. Si los Araújo coincidían o no con esta percepción sobre sí mismos sigue siendo un tema de debate. Ellos eran, y siguen siendo, una fuerza política independiente y poderosa, y su poder político antecede el surgimiento de Jorge 40. Sin embargo, lo que surgió fue una relación mutuamente beneficiosa.

Estas fueron las mismas élites que se unieron a Álvaro Uribe Vélez durante su campaña presidencial en 2002. El modelo de Uribe le ofrecía a la ambiciosa familia Araújo un camino expedito para la presidencia. Sin embargo, la relación con Jorge 40, ya fuera forzada o por conveniencia, impidió su llegada al palacio presidencial. Si bien pudo haber servido a sus intereses por un tiempo —y quizá fue necesario para mantener a la guerrilla bajo control, manipular votos y crear un capital político y social—, finalmente dejó en evidencia a la familia y destruyó sus posibilidades de alcanzar mayores poderes a nivel nacional.

Finalmente, la relación entre los paramilitares y los Araújo es una historia con moraleja. Como muchas otras familias de la región que fueron afectadas por la guerra, los Araújo optaron por alinearse con los paramilitares. Es muy fácil vilipendiar a quienes tomaron esta decisión. El análisis de costo-beneficio de las élites del Magdalena Grande pudo haber sido relativamente sencillo al principio. Los guerrilleros se habían identificado claramente como los enemigos de la aristocracia y la oligarquía de la zona, es decir, de las familias de la “plaza”. El gobierno nacional no tenía los recursos o los medios para combatir a la guerrilla, y los paramilitares les ofrecían la oportunidad de deshacerse del problema más apremiante: los ataques de la guerrilla. En estas circunstancias, la urgente necesidad de seguridad superaba las intenciones por el bien del país, el desarrollo del Estado, el debido proceso o los valores democráticos.

La idea de la protección lleva consigo un gran peso político y social. Los paramilitares y las élites se dieron cuenta de ello, aunque quizá no al mismo tiempo. Familias políticas como la de los Araújo fueron lo suficientemente pragmáticas como para entender desde el principio que se relacionarse con las AUC, y más concretamente con su antiguo vecino, Rodrigo Tovar Pupo, era la forma más segura de sobrevivir no solo a los guerrilleros sino también a los paramilitares mismos. Esto llegó a ser dolorosamente claro en 2001, año en que Jorge 40 asesinó a Jorge Gnecco. Para entonces, era Jorge 40, y no los Araújo, quien estaba conduciendo la maquinaria política, y unirse a él parecía la única estrategia viable.

Quizá fue en esa etapa cuando el análisis de costo-beneficio comenzó a cambiar. Los nuevos terratenientes, los paramilitares, habían puesto sus cartas sobre la mesa: no estaban contentos con ser los guardianes; querían el poder para ellos. Los candidatos políticos fueron cuidadosamente seleccionados. Las elecciones fueron amañadas. Los recursos públicos fueron desviados de los presupuestos municipales. Eran ellos los que ahora habían creado el “estado paralelo” que Tovar tanto odiada cuando estaba en manos de la guerrilla.

Como el tema se volvió un asunto nacional, las cosas se complicaron aún más. Hay pocas dudas de que las AUC esperaban que su discurso político fuera un salvoconducto para salir de la cárcel. Pero dado que la amenaza de la guerrilla estaba menguando, debido en parte a un Estado cada vez más funcional, su programa político se vino abajo. Y como sus violentos métodos salieron a la luz, los costos de la alianza entre políticos y paramilitares se hicieron aún mayores. El “protector” pronto se convirtió en un “violador de los derechos humanos”.

Tovar vivió este proceso. Lo llamó una traición y hoy en día firmemente cree que él fue agraviado por sus antiguos aliados y otras élites que lo usaron a él y a sus compañeros paramilitares. Al conversar con él también queda claro que él piensa que debería haber estado en el mundo de la política. Él dice que fue lanzado a una guerra que no quería, a una vida que él no eligió. Y habla de sacrificios: abandonar a su familia, perder su tierra, ser encarcelado en el extranjero. Él no habla de sus transgresiones: masacres, desplazamientos masivos, contrabando, narcotráfico y otros crímenes. En su versión, él es la víctima. Según él, no es un criminal, es un héroe.

Epílogo

Con Jorge 40 en una cárcel de Estados Unidos y los Araújo a la fuga, la familia Gnecco y sus aliados recuperaron su poder económico y político en el Magdalena Grande. Después de que Jorge 40 fue extraditado, el primo de Jorge Gnecco, Juan Francisco “Kiko” Gómez, se convirtió en gobernador de La Guajira. Para ayudar a financiar su campaña, Gómez se apoyó en el jefe criminal Marcos Figueroa, alias “Marquitos”.

Marquitos había regresado a La Guajira tras la extradición de Jorge 40 y asesinó al hermano de Tovar y a algunos de sus socios comerciales. Marquitos luego se dedicó a obtener fondos para la campaña de Gómez para la gobernación, a hacer tratos con políticos locales, entre ellos el alcalde de Barrancas, y a cobrarles un porcentaje a las empresas que habían obtenido contratos públicos.84

En 2011, el mismo año en que Gómez ganó la gobernación de la Guajira, Luis Alberto Monsalvo Gnecco —hijo de Cielo, la hermana de Jorge Gnecco— ganó la gobernación de Cesar, lo cual marcó el regreso de la familia Gnecco a los altos cargos en ese departamento. El viejo sueño de Jorge Gnecco de una alianza política liderada por su familia en el Magdalena Grande parecía estar de nuevo cercano, como lo señaló un medio noticioso.85

Gómez fue un aliado político del gobernador Monsalvo y logró presionar para estar en la dirección de la Federación de Departamentos.86 Los estrechos vínculos entre las dos vertientes de la familia quedaron demostrados por la presencia de Gómez como invitado de honor en una lujosa fiesta de cumpleaños organizada por Cielo en agosto de 2013. En una foto del evento, publicada por los medios colombianos, aparecen los primos abrazándose y sonriendo animadamente.

El gobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez, fue arrestado en octubre de 2013, para ser investigado por varios asesinatos, vínculos con los paramilitares e irregularidades en los contratos de obras públicas, entre otros crímenes.

Por su parte, la familia Gnecco continúa acumulando su poder en Cesar. Cielo es considerada el verdadero poder detrás del gobernador y ejerce como primera dama del departamento de su hijo soltero. Rafael Bolaños Guerrero, gobernador de Cesar y cuñado de Cielo y Jorge Gnecco, todavía está en el redil familiar y ejerció como secretario de Salud de su sobrino, el gobernador Monsalvo. La familia obtuvo aún más influencia en las elecciones de 2014, cuando el sobrino de Cielo, José Alfredo Gnecco, hijo del exgobernador Lucas Gnecco, obtuvo un escaño en el Senado, y tres candidatos respaldados por Cielo fueron elegidos para el Congreso.87

La riqueza y el poder de los Gnecco fue lo que les permitió obtener este éxito electoral. La gran mayoría de las donaciones para la campaña de José Alfredo para el Senado provino de miembros de la familia Gnecco, incluyendo el padre del gobernador, Luis Alberto Monsalvo Ramírez.88 Por otra parte, uno de sus rivales acusó públicamente a la gobernación de haber ejercido presión sobre los funcionarios para apoyar a José Alfredo.89

Sin embargo, es posible que la lucha entre las familias Gnecco y Araújo no haya llegado a su fin. La renuncia de Gómez como gobernador en febrero de 2014 representa un claro retroceso a la posibilidad de un Magdalena Grande dominado por los Gnecco. Y en 2015, Sergio Araújo Castro se postuló para la alcaldía de Valledupar. Aunque perdió, su hermana, María Consuelo, fue nombrada en el gabinete del alcalde electo de Bogotá.

*Mapa por Jorge Galindo Mejía. Gráficas por Andrew J Higgens.

Notas al pie 

[1] Semana, “‘Jorge 40’ puede quedar libre en 5 años,” 6 de noviembre de 2015, disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/jorge-40-condenado-16-anos-de-prision-en-estados-unidos/448824-3.

[2] Castillo, Fabio “Los jinetes de la cocaína” (Bogotá, 1987).

[3] Vanguardia Liberal, “Sepultado en Barranquilla Álvaro Pupo Pupo,” 20 de octubre de 2009, disponible en: https://www.vanguardiavalledupar.com/2009/10/20/jud2.htm.

[4] Tovar Pupo, Rodrigo “Mi vida como autodefensa y mi participacion como miembro del BN y del BNA,” parte inedita del manuscrito, obtenido y publicado por Verdad Abierta el 6 de Abril de 2010, p. 10-11, disponible en: https://www.verdadabierta.com/component/content/article/36-jefes/2334-las-verdades-y-mentiras-del-libro-de-jorge-40.

[5] Castillo, Fabio “Los jinetes de la cocaína” (Bogotá, 1987).

[6] Véase, entre otros: Thoumi, Francisco “Economía política y narcotráfico” (Bogotá, 1996).

[7] El Tiempo, “Intentan fraude con cédulas clones,” 8 de Septiembre de 1997. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-633531. Vea también: El Tiempo, “Hay preocupación en el Cesar,” 25 de octubre de 1997. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/MAM-673089.

[8] El Tiempo, “Lucas Gnecco: dos años de inhabilidad,” 22 de octubre de 1997, disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-681097

[9] El Tiempo, “Hay preocupación en el Cesar,” 25 de Octubre de 1997, disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/MAM-673089

[10] El Tiempo, “Resultados de las elecciones en el Cesar,” 7 de Noviembre 1997, disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-697328

[11] Entrevista, Rodrigo Tovar, Correccional Washington DC, 3 de Junio de 2009.

[12] Rodrigo Tovar Pupo, Versión Libre, 3 de Julio de 2007.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Entrevista de InSight Crime con nativo de Valledupar y cercano de Tovar que pidió anonimato, 12 de diciembre de 2013.

[17] Rodrigo Tovar Pupo, Versión Libre, 3 de julio 2007.

[18] Entrevista de InSight Crime con nativo de Valledupar y cercano de Tovar que pidió anonimato, 12 de diciembre de 2013..

[19] Rodrigo Tovar Pupo, Versión Libre, 4 de julio de 2007.

[20] Ibid.

[21] Rodrigo Tovar Pupo, Versión Libre, 3 de Julio de 2007.

[22] Ibid.

[23] Rodrigo Tovar Pupo, Versión Libre, 4 de Julio de 2007.

[24] Ibid.

[25] Ibid.

[26] Tovar Pupo, Rodrigo “Mi vida como autodefensa y mi participacion como miembro del BN y del BNA” parte inedita del manuscrito, obtenido y publicado por Verdad Abierta el 6 de abril de 2010, disponible en: https://www.verdadabierta.com/component/content/article/36-jefes/2334-las-verdades-y-mentiras-del-libro-de-jorge-40.

[27] Ibid., p. 38.

[28] Entrevista, Rodrigo Tovar, Correccional Washington DC, 3 de Junio de 2009.

[29] Ibid.

[30] Entrevista, Rodrigo Tovar, Correccional Washington DC, 3 de Junio de 2009..

[31] Tovar Pupo, Rodrigo “Mi vida como autodefensa y mi participacion como miembro del BN y del BNA,” parte inedita del manuscrito, obtenido y publicado por Verdad Abierta el 6 de abril de 2010, disponible en: https://www.verdadabierta.com/component/content/article/36-jefes/2334-las-verdades-y-mentiras-del-libro-de-jorge-40

[32] Entrevista, Rodrigo Tovar, Correccional Washington DC, 3 de Junio de 2009.

[33] Ibid., p. 36.

[34] Ibid., p. 27.

[35] Ibid., p. 28.

[36] Entrevista, Rodrigo Tovar, Correccional Washington DC, 3 de Junio de 2009.

[37] Tovar Pupo, Rodrigo “Mi vida como autodefensa y mi participacion como miembro del BN y del BNA,” parte inedita del manuscrito, obtenido y publicado por Verdad Abierta el 6 de abril de 2010,p.47 Disponible en: https://www.verdadabierta.com/component/content/article/36-jefes/2334-las-verdades-y-mentiras-del-libro-de-jorge-40.

[38] Entrevista, Rodrigo Tovar, Correccional Washington DC, 3 de Junio de 2009.

[39] Verdad Abierta, “El Personero que quiso poner tras las rejas a Mancuso y ‘Jorge 40’ y murió en el intento,” 2 de julio de 2014, disponible en: https://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/614-bloque-norte/5371-el-personero-que-quiso-poner-tras-las-rejas-a-mancuso-y-jorge-40-y-murio-en-el-intento.

[40] Ibid.

[41] Ibid.

[42] Tovar Pupo, Rodrigo “Mi vida como autodefensa y mi participacion como miembro del BN y del BNA,” arte inedita del manuscrito, obtenido y publicado por Verdad Abierta el 6 de Abril de 2010, p.146 Disponible en:: https://www.verdadabierta.com/component/content/article/36-jefes/2334-las-verdades-y-mentiras-del-libro-de-jorge-40.

[43] Ibid., p. 148.

[44] Semana, “Un genio de mal,” 25 de Noviembre de 2006. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/un-genio-del-mal/82272-3.

[45] Lopesierra, alias “El Hombre Marlboro,” debido a su control del comercio de cigarrillos, contribuyó a la famosa campaña presidencial de Ernesto Samper, revelado por la investigación de esa campaña. Semana, “El laberinto del coronel,” 5 de agosto de 1996, disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/el-laberinto-del-coronel/29679-3.

Vea también The Associated Press, “Illegal campaign donations,” 8 de septiembre de 2003, disponible en:  https://cjonline.com/stories/090803/pag_donations.shtml.

[46] Verdad Abierta, “Las batallas de Hernan Giraldo, y como termino sometido a ‘Jorge 40,” 2 de noviembre de 2010, disponible en: https://www.verdadabierta.com/la-historia/244-la-historia/auc/2803-las-batallas-de-hernan-giraldo-y-como-termino-sometido-a-jorge-40.

[47] Corte Suprema, Sentencia de Alvaro Araújo Castro, 18 de Marzo de 2010, p. 92.

[48] Verdad Abierta, “Las batallas de Hernan Giraldo, y como termino sometido a ‘Jorge 40,” 2 de Noviembre de 2010. Disponible en: https://www.verdadabierta.com/la-historia/244-la-historia/auc/2803-las-batallas-de-hernan-giraldo-y-como-termino-sometido-a-jorge-40.

[49] Ibid.

[50] Semana, “El ‘dossier’ delictivo de Kiko Gómez,” 19 de octubre de 2003, disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/kiko-Gómez-detencion-paramilitarismo/361740-3 

[51] Corte Suprema, Sentencia de Alvaro Araújo Castro, 18 de marzo de 2010, p. 7.

[52] Ibid., p. 110.

[53] El Espectador, “Chivolo y Pivijay, los otros pactos,” 15 de julio de 2008, disponible en: https://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-chivolo-y-pivijay-los-otros-pactos.

[54] El documento, una copia obtenida por InSight Crime, se llama “Convenio politíco para el debate electoral de el día 10 de marzo del año 2002, en la elección de Camera de Representantes y Senado de la Republica.” Está firmado por 14 políticos.

[55] Corte Suprema, Sentencia de Alvaro Araújo Castro, 18 de Marzo de 2010, p. 108.

[56] El “Pacto de Ralito” fue el pacto político más prominente prominente entre líderes paramilitares y políticos. Firmado en 2001, en Ralito, Córdoba, el pacto incluyó dos gobernadores, cuatro senadores, cuatro alcaldes y un exalcalde, y cuatro líderes paramilitares del país, incluyendo Tovar. Además de formalizar las relaciones de estos políticos y los comandantes paramilitares, los firmantes se comprometieron a: “Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.” Vea: Semana, “Texto del ‘acuerdo de Ralito,'” 19 de enero de 2007, disponible en: https://www.semana.com/on-line/articulo/texto-del-acuerdo-ralito/83002-3.

[57] López, Claudia y Sevillano, Oscar “Balance politica de la parapolitica,” Corporacion Nuevo Arcoiris, 15 de diciembre de 2009, disponible en: https://www.cronicon.net/paginas/juicioauribe/img/Balance%20de%20la%20Parapol%EDtica.pdf.

[58] Corte Suprema, Sentencia de Alvaro Araújo Castro, 18 de Marzo de 2010, p. 1-2.

[59] W Radio, “Desmovilizacion de alias ‘Jorge 40’ es inminente: senador Araújo,” 25 de julio de 2005, disponible en: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/desmovilizacion-de-alias-jorge-40-es-inminente-senador-Araújo/20050725/nota/189509.aspx.

[60] Ésta afirmación es muy debatida. Aquellos que defienden a Araújo Castro dicen que nunca estuvo del lado de ‘Jorge 40’. Aquellos que critican a Araújo Castro dicen que el incidente es una farsa.

[61] Cuando los periodistas querían hablar con Jorge 40, ellos llamaban a Sergio Araújo Castro.

[62] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, “Proceso electoral,” 2002.

[63] Corte Suprema, Sentencia de Alvaro Araújo Castro, 18 de Marzo de 2010, p. 12-14.

[64] Ibid., p. 118.

[65] Ibid., p. 8.

[66] Ibid., p. 157-158. Vea también: López, Claudia “Mapas electorales presidenciales y congreso del 2002 en zonas con influencia paramilitar I, II, II,” 11 septiembre de 2005.

[67] Semana, “Votaciones atipicas en las elecciones de congreso del 2002,” 11 de septiembre de 2005, disponible en: https://www.semana.com/on-line/articulo/votaciones-atipicas-elecciones-congreso-del-2002/74746-3.

[68] Corte Suprema, Sentencia de Alvaro Araújo Castro, 18 de marzo de 2010, p. 120-121.

[69] Ibid., p. 10.

[70] Vea: Verdad Abierta, “Procuraduría absuelve a Araújo y contradice a la corte suprema,” 3 de agosto de 2010, disponible en: https://www.verdadabierta.com/la-historia/2615-procuraduria-absuelve-a-Araújo-y-contradice-a-la-corte-suprema.

[71] El Tiempo, “Peso de las AUC en la Costa comenzó a sentirse con mayor fuerza en las pasadas elecciones regionals,” 16 de noviembre de 2006, disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3328919.

[72] Corporación Nuevo Arco Iris, “Parapolitica, aun en la escena judicial,” 10 de septiembre de 2012, disponible en: https://www.arcoiris.com.co/2012/09/parapolitica-aun-en-la-escena-judicial/.

[73] El Nuevo Herald, “Gerente puso a la orden de los paras un hospital publico,” 2 de febrero de 2008, disponible en: https://www.elnuevoherald.com/2008/02/01/153040/gerente-puso-a-la-orden-de-los.html.

[74] El Heraldo, “El Angel caido de la salud en Valledupar,” 20 de Mayo de 2012, disponible en: https://www.elheraldo.co/region/el-angel-caido-de-la-salud-en-valledupar-68098.

[75]Es difícil subestimar la importancia económica de carbón en César. Entre 1995 y 2007, Drummond pagó unos US$540 millones en regalías al Estado. A partir de 2012, se había creado más de 9.000 puestos de trabajo en el Cesar directamente, y otras 30.000 de forma indirecta. Ver Revista Drummond, diciembre de 2013, disponible en: https://www.emagcloud.com/semana/DRUMMOND_ENG_Ed_01/index.html.

[76] Entrevista de InSight Crime con Jaime Blanco Maya via Skype, 27 de junio de 2013.

[77] Ibid.

[78] Ibid.

[79] PAX, “The Dark Side of Coal,” junio de 2014.

[80] El Tiempo, “Nueve reuniones de Jorge Noguera con delegado de los paramilitares lo tienen en la cárcel,” 22 de febrero de 2010, disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3449812.

[81] InSight Crime habló con una de las personas que estuvo en la reunión, que la fuente llamó “una fiesta”. Araújo Castro admitió más tarde que había asistido a la fiesta de Pineda, con el fin de hablar con Jorge 40 sobre “amenazas a su vida.” Ver Caracol, “Senador Araújo reconoce Que se Reunió con ‘Jorge 40’ en cumpleaños de exrepresentante Pineda”, 17 de Noviembre de 2006. Disponible en:https://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/senador-Araújo-reconoce-que-se-reunio-con-jorge-40-en-cumpleanos-de-ex-representante-pineda/20061117/nota/358021.aspx

[82] Ibid.

[83] La Silla Vacía, “El fantasma ‘para’ que persigue a Sergio Araújo,” 16 de julio de 2015, disponible en: https://lasillavacia.com/queridodiario/el-fantasma-para-que-persigue-sergio-Araújo-50839

[84] Avila, Ariel Fernando (ed), “La frontera caliente entre Colombia y Venezuela” (Bogotá, 2012).

[85] La Silla Vacía, “El fantasma de un sueño mafioso acosa al Cesar,” 31 de Agosto de 2013. Disponible en: https://lasillavacia.com/historia/historia-valledupar-45516.

[86] La Silla Vacía, “¿El raton cuidando el queso? Aliado de Kiko Gómez, a cargo de la campaña anticontrabando,” 23 de Mayo de 2013. Disponible en:  https://lasillavacia.com/queridodiario/%C2%BFel-rat%C3%B3n-cuidando-el-queso-aliado-de-kiko-g%C3%B3mez-cargo-de-la-campa%C3%B1a-anticontrabando.

[87] El Heraldo, “La Ley del ‘Montes’: Cesar, La primera Dama mueve sus fichas,” 9 de Febrero de 2014. Disponible en: https://www.elheraldo.co/politica/la-ley-del-montes-cesar-la-primera-dama-mueve-sus-fichas-142287

[88] El Informador, “Jose Alfredo Gnecco, poder electoral en el otrora Magdalena Grande,” 11 de Abril de 2014. Disponible en: https://www.elinformador.com.co/index.php/general/politica/74987-jose-alfredo-gnecco-poder-electoral-en-el-otrora-magdalena-grande

[89] El Pilón, “Denuncian presiones en gobernacion del Cesar para votar por Jose Alfredo Gnecco,” 9 de Enero de 2014. Disponible en: https://elpilon.com.co/inicio/denuncian-presiones-en-gobernacion-del-cesar-para-votar-por-jose-alfredo-gnecco/

El trabajo presentado en esta investigación es el resultado de un proyecto financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC, por sus iniciales en inglés). Su contenido no es necesariamente un reflejo de las posiciones del IDRC. Las ideas, pensamientos y opiniones contenidas en este documento son las del autor o autores.

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Sentencia judicial genera controversia en torno a ‘paraeconomía’ en Colombia

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Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Colombia, en la que se mencionaba a Postobón, pidió que los empleados de la emblemática empresa de bebidas gaseosas fueran investigados por posibles colaboraciones en el pasado con un grupo paramilitar y no implicó de manera explícita a la empresa, según lo demuestran los documentos de la corte.

Varios medios de comunicación, incluyendo InSight Crime, informaron inicialmente que la sentencia del 11 de julio le solicitaba a la Fiscalía General de Colombia que ofreciera detalles sobre el estado de las investigaciones sobre la presunta financiación de paramilitares por parte de Postobón.

Desde entonces, Verdad Abierta  ha señalado, como InSight Crime ha podido confirmar, que la sentencia no implica directamente a la compañía, aunque un juez que está en desacuerdo escribió que “insinúa que Postobón podría haber aportado dineros al grupo ilegal”.

Una de las últimas resoluciones, que aparece en la página final de la sentencia, la cual consta de 522 páginas, señala: “Exhortar a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue lo relacionado con las citas consignadas en este fallo, que presuntamente implican a empleados de la empresa Postobón.”

En el veredicto se condena a Javier Antonio Quintero Coronel, alias “Pica Pica”, a ocho años de prisión por crímenes cometidos durante su militancia en el bloque paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra (HJPB). Dicho bloque hacía parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo contrainsurgente fuertemente involucrado en el crimen organizado, que aterrorizó a Colombia durante la última década del siglo XX y la primera década del nuevo siglo.

La sentencia incluye el testimonio dado en octubre de 2008 por Armando Madriaga Picón —quien era miembro del HJPB—, en el cual detalla sus relaciones con un distribuidor de Postobón cuyo nombre no se ha divulgado.

“El distribuidor de la empresa le daba mensualmente 15 cajas de bebidas para luego él negociarlas en un depósito”, dijo Madariaga. “Le ordenaba al carro que repartía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba 150.000 pesos mensuales [unos US$80 en esa época] por esa gaseosa”.

 “Eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba el año 1999 o 2000. Unas cuotas eran voluntarias y otras obligatorias”.

Postobón ha rechazado las afirmaciones que acusan a la compañía de vínculos con las organizaciones paramilitares, señalando que sus negocios siempre han sido legales y que ha mantenido un estricto código de conducta basado en férreos principios y valores.

En su refutación parcial (pdf), el juez Eduardo Castellanos Roso —quien firmó el fallo pero no incluyó en sus objeciones varios de los hallazgos— objetó, con base en contenidos constitucionales, los hallazgos de la corte según los cuales las empresas privadas con supuestas relaciones con los paramilitares deben ser responsabilizadas como “autores mediatos” de los crímenes del frente HJPB.

Castellanos Roso se refirió al testimonio de Madriaga Picón como “un testimonio ambiguo, se aventura a mencionar a Postobón como colaborador de un grupo ilegal y a disponer la investigación de sus servidores, me parece una declaración ligera, ofensiva del patrimonio moral y el buen nombre de una compañía.”

Según La Silla Vacía, otros exparamilitares también acusan a Postobón de hacer pagos a varios frentes de las AUC, incluyendo pagos anuales de 10 millones de pesos (unos US$4.000 en ese momento) entre 2001 y 2004 por cada departamento de la costa Caribe. Entre quienes hacen tales afirmaciones se encuentra el comandante superior de las AUC, Salvatore Mancuso.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de las AUC

La sentencia del tribunal señala que Quintero Coronel es culpable, mientras era militante del HJPB en Norte de Santander y Sur de Cesar, de una larga lista de crímenes que ilustran el terror impuesto por los paramilitares: conspiración agravada, homicidio, secuestro simple y agravado, secuestro extorsivo, actos de terrorismo, amenazas, desplazamiento forzado, torturas, saqueo del campo de batalla, lesiones personales, desaparición forzada, destrucción y apropiación de la propiedad y posesión agravada de documentos públicos falsos.

Con base en los términos del acuerdo que llevó a la desmovilización de los paramilitares, la sentencia conmutó la pena de Quintero Coronel de 40 a ocho años.

Fundada en 1904, Postobón tiene presencia en toda Colombia y es la mayor compañía de bebidas gaseosas del país y una de las más grandes de Suramérica. Durante los últimos años, varias marcas destacadas, como Chiquita Bananas, Nestlé y Coca Cola, han sido sospechosas de colaborar con las AUC.

Análisis de InSight Crime

Desde que las AUC se desmovilizaron en 2006, han surgido una serie de escándalos con respecto a la colusión entre funcionarios, el sector privado y los paramilitares. El más sobresaliente es el escándalo de la “parapolítica”, que puso al descubierto evidencias de vínculos y cooperación de los paramilitares con cientos de altos funcionarios políticos y militares de Colombia. De hecho, la sentencia de Quintero Coronel da cuenta de manera detallada de las colaboraciones del frente paramilitar con oficiales militares y políticos en su área de influencia.

Sin embargo, ha habido pocas investigaciones sobre la “paraeconomía”, a pesar de la gran cantidad de testimonios sobre los vínculos entre las AUC y el sector industrial, lo cual incluye acusaciones de que las empresas les pagaban a los paramilitares para amenazar y asesinar a trabajadores y sindicalistas que les resultaban incómodos. Con lo que las investigaciones han tropezado a menudo es con el oscuro tema de si los pagos fueron voluntarios u obligatorios, y si las empresas recibieron algo cambio.

El aparente desacuerdo entre los jueces acerca de si mencionar o no a Postobón en la sentencia de Quintero Coronel es una muestra de que hay heridas abiertas en la psiquis colombiana, que indican que el proceso de desmovilización paramilitar aún no ha sanado.

Buscan investigar presuntos nexos de AUC con gigante de las gaseosas

Un tribunal colombiano pretende reanudar las investigaciones sobre las denuncias de que Postobón, la emblemática compañía de bebidas gaseosas del país, colaboró con escuadrones paramilitares de la muerte, lo que vuelve a llamar la atención sobre un capítulo oscuro de la historia reciente de Colombia que sigue estando bastante inexplorado: la “paraeconomía”.

El 11 de julio, el Tribunal de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá, le pidió a la Fiscalía General de la Nación que ofreciera detalles sobre el estado de las investigaciones sobre la supuesta financiación de los paramilitares por parte de Postobón en la década de los noventa, informó El Espectador.

La solicitud del tribunal se deriva de una sentencia de 434 páginas en la que se condena a Javier Antonio Quintero Coronel, alias “Pica Pica”, a ocho años de prisión, por crímenes cometidos durante su militancia en el bloque paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra (HJPB). Dicho bloque hacía parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo contrainsurgente fuertemente involucrado en el crimen organizado, que aterrorizó a Colombia durante la última década del siglo XX y la primera década del nuevo siglo.

La sentencia incluye el testimonio dado en octubre de 2008 por Armando Madriaga Picón —un exdirector local de las finanzas del HJPB— que, según Semana, menciona pagos efectuados por Postobón para distribuir bebidas.

“El distribuidor de la empresa le daba mensualmente 15 cajas de bebidas para luego él negociarlas en un depósito”, dijo Madariaga. “Le ordenaba al carro que repartía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba 150.000 pesos mensuales [unos US$80 en esa época] por esa gaseosa”.

“Eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba el año 1999 o 2000. Unas cuotas eran voluntarias y otras obligatorias”.

En parte con base en el testimonio de Madariaga, el Tribunal Superior le pidió a la Fiscalía que emitiera un informe sobre el estado de sus investigaciones y si ha logrado determinar si los pagos de Postobón a las AUC se hicieron de manera voluntaria.

Madariaga no es el primero que involucra a Postobón en la financiación ilícita de los grupos paramilitares colombianos, que localmente se conoce como el escándalo de la “paraeconomía”.

Según La Silla Vacía, otros exparamilitares también acusan a Postobón de hacer pagos a varios bloques de las AUC, incluyendo pagos anuales de 10 millones de pesos (unos US$4.000 en ese momento) entre 2001 y 2004 por cada departamento de la costa Caribe. Entre quienes hacen tales afirmaciones se encuentra el comandante superior de las AUC, Salvatore Mancuso.

Postobón ha rechazado las afirmaciones que acusan a la compañía de vínculos con las organizaciones paramilitares, señalando que sus negocios siempre han sido legales y que ha mantenido un estricto código de conducta basado en férreos principios y valores.

Análisis de InSight Crime

Desde que las AUC se desmovilizaron en 2006, han surgido una serie de escándalos con respecto a la colusión entre el mundo judicial y los paramilitares. El más sobresaliente es el escándalo de la “parapolítica”, que puso al descubierto evidencias de vínculos y cooperación de los paramilitares con cientos de altos funcionarios políticos y militares de Colombia.

Sin embargo, ha habido pocas investigaciones sobre la “paraeconomía”, a pesar de la gran cantidad de testimonios sobre los vínculos entre las AUC y el sector industrial, incluyendo afirmaciones de que las empresas les pagaban a los paramilitares para amenazar y asesinar a trabajadores y sindicalistas que les resultaban incómodos. Con lo que las investigaciones han tropezado a menudo es con el oscuro tema de si los pagos fueron voluntarios u obligatorios, y si las empresas recibieron algo cambio.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de las AUC

Aparte de reabrir el tema, sin embargo, lo que llama la atención acerca de las últimas noticias sobre estas investigaciones es la empresa blanco de las acusaciones. Fundada en 1904, Postobón tiene presencia en toda Colombia y es la mayor compañía de bebidas gaseosas del país y una de las más grandes de Suramérica. La empresa se suma a la lista de destacadas marcas, como Chiquita, Nestlé y Coca Cola, que son sospechosas de complicidad con las AUC.

Colombia investiga más de 100 desapariciones en cárcel bogotana

La Fiscalía de Colombia cree que más de 100 personas fueron asesinadas, desmembradas y desaparecidas en una prisión de Bogotá entre 1999 y 2001, lo cual es un macabro ejemplo de que los grupos armados y los narcotraficantes convirtieron las cárceles colombianas en centros del crimen organizado.

La Fiscalía de Colombia anunció que está investigando la desaparición de por lo menos 100 personas de la cárcel La Modelo, que al parecer fueron asesinadas y luego sus cuerpos fueron desmembrados y arrojados por el alcantarillado de la prisión.

Según declaraciones de testigos, las desapariciones fueron realizadas por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes en ese momento gobernaban en la sección de la prisión donde se centra la investigación.

La fiscal que lleva el caso, Caterina Heyck Puyana, dijo que entre las víctimas no había sólo presos, sino además familiares de éstos y otras personas de fuera de la prisión.

En una entrevista con la emisora La FM, Heyck señaló que los paramilitares, así como los narcotraficantes y los grupos guerrilleros, dominaban sus respectivas secciones de las cárceles, desde donde dirigían diversas actividades criminales, como tráfico de armas y drogas y prostitución, con la complicidad de funcionarios corruptos.

Análisis de InSight Crime

A finales de los noventa y primeros años del nuevo siglo, las cárceles como La Modelo estaban comúnmente divididas en tres secciones: una de los grupos guerrilleros, otra de sus enemigos los paramilitares y otra de delincuentes comunes. Cada uno de estos grupos podía formar estructuras criminales fuertemente armadas para imponerse en sus respectivas secciones, y los enfrentamientos violentos entre ellos eran comunes.

Según investigaciones de los medios de comunicación y testimonios de combatientes desmovilizados, los paramilitares también utilizaban las prisiones para cobrar rescates y deudas relacionadas con drogas, mantener secuestrados y llevar a cabo asesinatos.

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La periodista Jineth Bedoya, cuyo secuestro en la cárcel La Modelo en el año 2000 fue el punto de partida para la mencionada investigación, dijo que en esa época La Modelo era “la oficina desde donde se administraba la criminalidad más grande del país”.

Aunque por mucho tiempo han circulado evidencias del desmembramiento y la desaparición de personas, esta investigación es el primer indicio de la magnitud de las atrocidades, que según los fiscales se pudieron haber repetido en numerosas prisiones controladas por paramilitares en todo el país.

Hoy en día las cárceles colombianas siguen siendo un hervidero de corrupción, crimen y terribles condiciones. Sin embargo, a pesar de sus imperfecciones, no están tan directamente gobernadas por los grupos armados como lo estuvieron en la primera década de este siglo.

Error de Fiscalía absuelve de cargos por narcotráfico a paramilitar colombiano

La Corte Suprema de Justicia de Colombia absolvió de la condena por narcotráfico a un exlíder paramilitar, lo que reaviva las dudas sobre la voluntad y la capacidad del país para impartir justicia a sus más sonados criminales de guerra.

El exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso fue exonerado de una condena por narcotráfico porque la Fiscalía General de la República no consiguió presentar evidencia suficiente de sus actos, informó El Tiempo.

La corte dictaminó que aunque los fiscales presentaron información general sobre operaciones de narcotráfico en el área, no presentaron pruebas fácticas sobre el modus operandi o las circunstancias en las que fueron cometidos los delitos, informó Colprensa.

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Entre otros factores, los fiscales no lograron indicar la cantidad y ubicación de pistas de aterrizaje usadas para el tráfico de drogas, así como tampoco qué propiedades fueron usadas y qué otros actores estuvieron implicados en los crímenes, según informes de la agencia noticiosa.

La decisión absuelve parcialmente a Mancuso, así como al exjefe paramilitar Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano” y a otros miembros del célebre Bloque Catatumbo de las AUC de una sentencia dictada contra ellos en 2014, por un juzgado de Bogotá.

Los crímenes de Mancuso habrían sido cometidos entre 1996 y finales de 2004. Los fiscales también lo acusaron de participar en el cultivo, la producción y el tráfico de drogas.

Colprensa informó que este segundo dictamen también consideró inadmisible levantar contra los acusados cargos que no estuvieran relacionados con el Bloque Catatumbo, como en el caso del narcotráfico, considerando que el deber de la corte era analizar las actividades del bloque paramilitar en el departamento de Norte de Santander, y no los delitos ocurridos en otros departamentos antes de 1999.

Estados Unidos imputó a Mancuso por narcotráfico en 2002, como resultado de lo cual fue extraditado en 2008, tras la desmovilización de la organización paramilitar de las AUC.

Análisis de InSight Crime

Este mayúsculo traspié ha renovado la atención sobre las ambigüedades tanto éticas como legales en la condena de algunos de los más temibles criminales de guerra en Colombia. Como ilustra este caso, el sistema judicial colombiano sigue cometiendo errores elementales en la condena a paramilitares.

Otros casos han levantado banderas de alerta similares. En 2013, la Corte Suprema absolvió a Mancuso de una masacre perpetrada en 1996, la cual había admitido años atrás, porque los fiscales no presentaron evidencias sólidas.

Que estos errores sean o no resultado de deficiencias, suscitan dudas sobre la determinación de las autoridades colombianas de condenar a criminales de guerra reconocidos. En otro caso reciente, la Corte Suprema adujo evidencia insuficiente cuando desestimó una acusación contra el coronel Alfonso Plazas, pese a que ya había sido hallado culpable del delito de desaparición forzosa de varias personas en la toma de 1985 al Palacio de Justicia, en la que guerrilleros de izquierda tomaron como rehenes a varios magistrados de la Corte Suprema y a empleados del lugar.

Los cuestionamientos no se limitan al sistema judicial colombiano. La parte acusadora contra varios exlíderes paramilitares en cortes de Estados Unidos también ha pasado a escrutinio.

Numerosos jefes de las AUC, incluyendo a Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, están pagando condenas en Estados Unidos pese al acuerdo de desmovilización pactado con el gobierno colombiano en 2004, del que inicialmente se creyó los blindaría de la extradición.

Casi diez años después, aún no hay claridad sobre si estos criminales pagarán cárcel en Colombia por los innumerables abusos contra los derechos humanos una vez terminen sus largas sentencias por narcotráfico en Estados Unidos.

La indulgente sentencia dictada hace poco al excomandante del Bloque Norte de las AUC, Jorge 40, en un tribunal de Estados Unidos, ilustra ese problema. En Colombia, Jorge 40 está acusado de más de 20.000 crímenes, pese a lo cual podría quedar en libertad en tan solo cinco años.

Jefe paramilitar colombiano recibe pena sorprendentemente leve

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Uno de los más conocidos cabecillas paramilitares de Colombia, “Jorge 40”, podría salir de la cárcel en Estados Unidos en cinco años, tras haber concluido un extraño episodio judicial que plantea aún más preguntas sobre el papel de Estados Unidos en el juzgamiento de paramilitares colombianos.

 El 6 de noviembre, un tribunal de Washington DC dictó una sentencia de 16 años por narcotráfico a Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Como Jorge 40 ya ha estado más de nueve años en prisión preventiva, podría salir libre en sólo cinco años debido a que hay otras reducciones por buena conducta.

Los fiscales del caso habían pedido una condena de 30 años para Jorge 40, considerado uno de los principales líderes de una de las más importantes organizaciones de narcotráfico en el mundo, las AUC. Éstas asumieron el rol de un ejército alterno del gobierno por más de una década, matando y desplazando a cientos de miles de colombianos en su guerra contra los revolucionarios de extrema izquierda.

Sin embargo, el exjefe paramilitar negó estos cargos, aduciendo que aunque él “cobraba impuestos” y proporcionaba seguridad para las organizaciones de narcotráfico, él no fue narcotraficante como tal. En un discurso de casi tres horas en las que hizo referencia a Thomas Jefferson, Voltaire y Thomas Hobbes, Jorge 40 se presentó como un preso político que violó la ley porque era necesario proteger a su pueblo de la amenaza de los grupos guerrilleros izquierdistas, informó El Tiempo.

En su veredicto, el juez Reggie Walton simpatizó con el argumento de Jorge 40. Según El Tiempo, el juez le dijo a Jorge 40: “No tengo ninguna duda de que lo que usted hizo fue luchar contra un enemigo que consideraba que era una amenaza para su país y que su papel en esta conspiración no fue el de productor ni distribuidor”.

Sin embargo, agregó, su papel en el negocio de las dogas contribuyó al tráfico de cientos de kilos de drogas a Estados Unidos y causó dolor a miles de personas.
“Lo que hizo es grave porque destruyó las vidas de otros, a pesar de que creía que estaba salvando las vidas de su pueblo”, fueron sus palabras, según informó El Tiempo.

Análisis de InSight Crime

Jorge 40 fue uno de los más poderosos y temidos líderes de las AUC, y su nombre se asocia con algunas de las más infames masacres y asesinatos cometidos durante la brutal campaña de contrainsurgencia de los paramilitares entre finales del siglo XX y principios del XXI.

En marzo de 2006, Jorge 40 se desmovilizó junto con 4.000 de sus hombres tras un acuerdo de desarme entre las AUC y el gobierno colombiano. Sin embargo, supuestamente él continuó dirigiendo redes paramilitares desde la cárcel, y en 2008 fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 13 jefes de las AUC por el incumplimiento de los términos de su acuerdo de desmovilización.

Al principio parecía que Jorge 40 tomaría el mismo camino que otros líderes de las AUC, cooperando con las autoridades estadounidenses a cambio de una sentencia más indulgente, y en 2009 aceptó los cargos por tráfico de drogas que se le imputaban.

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Sin embargo, esto sólo marcó el comienzo de un período de cambios judiciales y fuertes discusiones con sus diferentes equipos de abogados, informó El Tiempo. En 2011, él retiró su confesión, pero luego se retractó y volvió a declararse culpable en 2013, cuando estaba a punto de enfrentar un juicio definitivo.

Al año siguiente, sin embargo, Jorge 40 volvió a retirar su confesión y despidió a su abogado. Afirmó que su abogado lo había presionado a declararse culpable a causa de un conflicto de intereses (su abogado representa a otro líder de las AUC, Salvatore Mancuso, quien había llegado a un acuerdo que podría ser afectado si Jorge 40 iba a juicio). Sin embargo, la corte rechazó este argumento, dado que Jorge 40 lo habría sabido desde cuando aceptó el acuerdo por consejo de su abogado.

A pesar de este proceso legal tortuoso —y costoso—, la condena impuesta a Jorge 40 es comparable a las recibidas por sus excamaradas de las AUC que llegaron a acuerdos con las autoridades de Estados Unidos. Mancuso, por ejemplo, fue elogiado por las autoridades por su completa cooperación, pero terminó con una sentencia apenas unos meses menor que la que recibió Jorge 40.

Aunque el juez pareció simpatizar con los argumentos de Jorge 40, la indulgente sentencia también pudo haber estado relacionada con los constantes cambios del proceso legal. Antes de la sentencia, Jorge 40 había anunciado que apelaría la sentencia debido a la decisión de la corte de no permitirle retirar su declaración de culpabilidad, según informó El Tiempo, lo que aumentaba la posibilidad de más años de disputas legales, seguido de un largo juicio. Con la posibilidad de ser liberado en apenas cinco años, es poco probable que Jorge 40 esté interesado ahora en esta opción.

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La sentencia de Jorge 40 se suma a la controversia en torno al enjuiciamiento de los líderes de las AUC en Estados Unidos. Este proceso ha sido polémico desde el principio, dado que algunos de los peores violadores de los derechos humanos en la historia de Colombia han sido acusados de tráfico de drogas en un país extranjero, en lugar de responder por las víctimas de sus crímenes de lesa humanidad.

La controversia se profundizó con los acuerdos y las sentencias leves, muchas de las cuales incluso no les fueron comunicadas a los colombianos tras las decisiones —tomadas por el mismo juez que condenó a Jorge 40—, y los archivos fueron sellados en siete de los casos que involucraban a las principales figuras de las AUC.

Sin embargo, aunque la historia de Jorge 40 en el sistema de justicia de Estados Unidos puede haber terminado con un tratamiento inesperadamente leve, puede que no termine en libertad.

En agosto, la Corte Suprema de Justicia colombiana decidió excluirlo de la Ley de Justicia y Paz —el marco jurídico que les permite a los líderes paramilitares desmovilizados recibir reducciones en sus sentencias por confesar sus crímenes—. Jorge 40 está acusado de más de 20.000 actos criminales, pero admite responsabilidad en sólo 99 de ellos, según informó Semana, y según eso no ha cumplido con sus obligaciones según los términos del acuerdo. Como resultado, si es deportado a Colombia tras cumplir su condena en Estados Unidos, será juzgado como un criminal común, y probablemente enfrentará una larga condena.

Sin embargo, es poco probable que el obstinado excaudillo se haya dado por vencido. Otros exdirigentes de las AUC, como Juan Carlos Sierra Ramírez, alias “El Tuso”, han argumentado que su vida estaría en peligro si fueran devueltos a Colombia después de cumplir su condena en Estados Unidos y por eso se les ha permitido quedarse. Aunque este puede ser un caso difícil, Jorge 40 ya ha demostrado su habilidad de desafiar la lógica legal convencional.