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El sur de Venezuela, la ‘mina de oro’ del crimen organizado en Suramérica

Narcotráfico, disputas entre actores estatales e irregulares, extorsiones y la fiebre por el oro han convertido al sur de Venezuela en un foco de ilegalidad y confrontaciones armadas. Un informe reciente confirma que las fronteras con Colombia y Brasil y los habitantes del sur del país experimentan un paraestado legislado por el crimen organizado. De acuerdo con el informe publicado por Crisis Group, Sindicatos, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), funcionarios del gobierno, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son los protagonistas de extorsiones, asesinatos, extracción de oro y otros mercados ilegales como el contrabando y narcotráfico. Estarían desangrando los estados Amazonas y Bolívar, dejando un clima de violencia entre bandos y sociedad civil.

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Según la publicación, el ELN sigue siendo el actor con más fuerza en el terreno, abarcando 13 de los 24 estados venezolanos. Especialmente en el sur donde saca 60 por ciento de sus ganancias y se disputa las minas de Bolívar con los sindicatos, grupos criminales venezolanos, que parecen ceder ante la presión de los guerrilleros colombianos, mientras que en Amazonas comparte la explotación de las minas con la GNB y las disidencias de las FARC en una especia de alianza. Estos últimos, también colombianos, estarían financiando su actividad criminal por lo menos en 50 por ciento de las minas venezolanas, encabezados por Géner García Molina, alias “Jhon 40” y el frente Acacio Media, compuesto por disidentes del extinto frente 16 de las FARC. Por su parte, el informe también destaca la ya conocida participación de militares venezolanos, quienes serían los encargados de establecer puntos de control en lo que cobran un porcentaje de las ganancias a los mineros, bien sea en oro, moneda colombiana o dólares estadounidenses. En otros casos, las guerrillas han tenido que sobornar a los militares para que les permitan extraer el oro, hecho que genera disputas entre ambos bandos.

Análisis de InSight Crime

La condición limítrofe de los estados Amazonas y Bolívar con Colombia, Venezuela y Brasil es uno de los puntos que más preocupación genera, debido a la posibilidad de violencia en las fronteras y todos los riesgo que implica la acción de grupos irregulares. En especial Colombia, cuya porosa frontera no solo sirve para que miembros de las guerrillas pasen a esconderse en Venezuela, sino que además ingresen a territorios colombiano el oro extraído del país caribeño para legalizarlo. De fronteras hacia adentro, las lealtades “volátiles e impredecibles” de estos grupos criminales ponen en peligro a la población del sur de Venezuela, que se ve en medio de la disputa por el control de las economías ilegales, siendo ellos el último y más débil eslabón de la cadena de producción. El estudio también señala un posible enfrentamiento diplomático que podría ser consecuencia del accionar criminal de las guerrillas colombianas, quienes, aún ocultas en Venezuela, continúan atentando contra las autoridades en diferentes partes de Colombia, lo que podría ser interpretado como ataques ordenados o planificados desde Caracas. El reclutamiento de comunidades indígenas en la región también preocupa a la comunidad internacional, así como el alto nivel de contaminación por uso de mercurio en la minería que está produciendo en las tierras y las comunidades alrededor de ríos como Guainía, Inírida y Atabapo, quienes alcanzan hasta 60 veces el nivel máximo de mercurio en la sangre. El sur de Venezuela es tal vez el territorio más vulnerable del sur del continente. La crisis del país parece no tocar fondo, mientras el crimen organizado se apropia de la zona más lucrativa de esa nación sin una respuesta efectiva del Estado que, por el contrario, parece estar involucrado hasta sus más altas cúpulas.

Las 2 caras de los “ejércitos” criminales del régimen de Venezuela

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El mundo observó con asombro las imágenes de “colectivos”, policías de la FAES y militares de la GNB disparando y reprimiendo con excesiva fuerza a civiles desarmados que intentaban ingresar ayuda humanitaria por las fronteras que conectan a Venezuela con Colombia y Brasil. Estos episodios de represión, que marcaron la jornada del sábado 23 de febrero de 2019, dejaron al menos cuatro muertos y más de 285 heridos. Entre las víctimas se contabilizan decenas de indígenas de la etnia Pemón -que debieron buscar refugio en territorio brasilero- y algunos periodistas que fueron robados, perseguidos y amenazados por estos grupos armados. Las cámaras de los medios de comunicación y los videos de testigos, captaron como hombres vestidos de negro, en motos, con armas largas y pistolas 9 mm, actuaban en manadas contra manifestante que rechazaban al gobierno de Nicolás Maduro. De la misma manera registraron la “cacería” de algunos manifestantes por parte de funcionarios uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que los perseguían en tanques y vehículos de guerra en Ureña, estado Táchira, y Santa Elena de Uairén, estado Bolívar. Pero, ¿quiénes son en realidad estos grupos? ¿Por qué defienden la fallida revolución socialista de Maduro? ¿Qué tan fuerte es su lealtad a un gobierno que ha sido desconocido por más de 50 países y señalado de estar vinculado con el crimen organizado? ¿Están estos “ejércitos” preparados y dispuestos a enfrentar una eventual intervención en Venezuela? El siguiente análisis de InSight Crime intenta responde estas interrogantes.

“El Cartel de los Soles” cuida lo suyo

Para nadie es un secreto que los militares son el sostén principal del Gobierno de Maduro. Pero en realidad cuál es el peso de su apoyo y sobre qué se basa la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El militarismo ha caracterizado los 20 años de gobiernos chavistas en Venezuela. Tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro supieron alimentar la lealtad de la FANB colocando a los funcionarios castrenses en practicámente todas las instituciones de la administración pública, militarizando la seguridad ciudadana y creando instituciones financieras, empresas y estructuras de explotación minera, entre otras, para asegurarle a los militares nuevas funciones y fuentes de ingreso.

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Pero, la lealtad de los militares venezolanos se basa en lucrativos negocios vinculados con el crimen organizado, como narcotráfico, minería ilegal, contrabando, extorsión y otros delitos. Este poder económico ilegalmente acumulado por militares de alto rango y pertenecientes al Cartel de los Soles, sería una de las principales razones para mantener su respaldo a Maduro. La situación es diferente para la tropa y los oficiales de mandos medios que -aunque participan en actividades criminales y violaciones de derechos humanos- no tienen ni el poder, ni los ingresos de sus superiores, y la mayoría está expuesto a la falta de alimentos y la escasez de medicamentos. En medio de la más reciente ola de conflictividad en Venezuela el descontento en el seno de la institución castrense venezolana se ha puesto en evidencia con el alzamiento de un grupo de soldados de bajo rango, el pasado 21 de enero, mientras que más de 411 funcionarios han escapado del régimen de Maduro en busca de la amnistía ofrecida por el presidente interino Juan Guaidó. Denuncian que han sido obligados a actuar junto a los colectivos. Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano calcula que actualmente los cuatro componentes de la FANB (Ejército, GNB, Aviación y Armada) suman entre 136.000 y 140.000 efectivos, y agrega que 90 por ciento de la FANB está descontenta.

Los exterminadores tienen miedo

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La Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana es un grupo élite creado durante las protestas de 2017, por Nicolás Maduro para defender la revolución. Desde entonces se convirtió en un grupo de exterminio, según la ONG Provea, involucrado en más de 675 ejecuciones extrajudiciales de personas de sectores populares, algunas de ellas señaladas de ser delincuentes. Con aproximadamente 1.600 hombres, según indicó un funcionario del Ministerio de Interior y Justicia a InSight Crime, la FAES ha ejecutado una represión brutal en el contexto de la nueva oleada de manifestaciones antigubernamentales ocurridas en Venezuela a partir de enero de 2019. “Este es uno de los pocos grupos policiales que se podría mantenerse leal a Maduro, porque ellos tienen un adoctrinamiento, una formación especial para actuar en función de objetivos políticos. Se crearon para atender escenarios como el que está planteado en estos momentos en Venezuela. Están preparados para matar”, dijo el funcionario desde Caracas, que pidió resguardar su identidad. Agregó que otra de las razones por las que algunos miembros de la FAES podrían mantenerse leales a Maduro, es que muchos de ellos en realidad son miembros de los colectivos y han sido incorporados a las filas de ese cuerpo por su forma sanguinaria de actuar. Esta versión fue confirmada por otros funcionarios de la PNB y de la propia FAES, que han abandonado este cuerpo recientemente, y por líderes de colectivos que conversaron con InSight Crime desde Venezuela.

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En el resto de los cuerpos policiales de Venezuela, incluidas las otras unidades de la PNB, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas hay un descontento generalizado por la situación de crisis económica y social que afecta a todos los venezolanos. Pero, por encima de todo, priva el miedo a ser calificados como traidores y ser víctimas de persecución, prisión y tortura como muchos adversarios al régimen de Maduro, aseguraron a InSight Crime funcionarios policiales. En el caso de las policías la “lealtad” se sustenta sobre el miedo. En el SEBIN -la policía de inteligencia que persigue, detiene y tortura a disidentes- el descontento es mayor desde la confusa detención de Juan Guaidó, cuando fueron encarcelados los 12 funcionarios que la ejecutaron. Por otra parte, se desconoce el número total de funcionarios de los cuerpos de seguridad en Venezuela.

Paramilitares contra la pared 

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Desde el inicio de la tensión política en Venezuela en 2019 los colectivos han jugado un papel protagónico. Apenas Maduro tomó posesión para su cuestionado segundo mandato, los colectivos salieron a respaldarlo. Y recientemente en las fronteras con Colombia y Brasil dieron una demostración aún más contundente de apoyo al gobernante chavista. Como Insight Crime había alertado, funcionarios del Gobierno en el estado Táchira crearon el Colectivo de Seguridad Fronteriza, integrando por disidentes de las FARC y el ELN. Su poder y violencia quedaron evidenciados el pasado 23 de enero, cuando abrieron fuego para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria disparando contra los voluntarios y civiles de la oposición, y atacando a periodistas en San Antonio del Táchira, en el puente Simón Bolívar y Santa Elena de Uairén.

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La violencia fue abrumadora que el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, denunció que el Gobierno había sacado a presos a la calle para actuar como colectivos en la represión. Los colectivos son civiles armados ilegalmente que surgieron durante el gobierno de Hugo Chávez y que se han consolidado como grupos de choque para defender la revolución bolivariana. Su presencia se ha extendido a 16 estados de Venezuela, actúan con el apoyo de los cuerpos de seguridad y se dedican a diversas actividades criminales como extorsión, sicariato, secuestro y tráfico de drogas. Los colectivos también participaron en la represión de protestas en 2014 y 2017, y en las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). Los colectivos en general han expresado su apoyo a Maduro. Un miembro del Secretariado Revolucionario de Venezuela aseguró a InSight Crime que “si pasa algo nosotros vamos a tener que salir a defender al Gobierno, porque los que lleguen van a venir por uno”, dijo dejando clara su necesidad de sobrevivencia. Sin embargo, otros tienen dudas de continuar alineados con el gobierno, pues ya no reciben los beneficios económicos que tenían y también están expuestos a los efectos de la crisis venezolana. También temen ser perseguidos por el Gobierno si intentan apartarse de la “revolución”. “Todo el mundo tiene miedo aquí, pero el pueblo ha demostrado que quiere un cambio y lo mismo ocurre con las organizaciones sociales (…) Si pasa algo, la mayoría va a salir corriendo. Pero también tenemos miedo de que nos persiga el gobierno que llegue. ¿Quién va a querer darle amnistía a los colectivos”, dijo a InSight Crime el líder de uno de estos grupos que opera en la parroquia 23 de Enero de Caracas.

La guerrilla defiende su mina

Con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la mitad del territorio venezolano y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reagrupándose en la frontera, los grupos irregulares colombianos aportan su cuota al crimen organizado y a la inestabilidad en el país vecino. El proceso de paz adelantado en Colombia con las FARC dejó como resultado varios grupos de guerrilleros, disidentes, dispuestos a continuar con el narcotráfico y al ELN como el enemigo número uno del Estado. Con estos antecedentes, ambos grupos ven en Venezuela una posibilidad de protegerse en la casa de un vecino que ha sido tolerante y complaciente durante los últimos 20 años. Pero además han encontrado un escenario perfecto para desarrollar y potenciar sus economías criminales.

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Los guerrilleros colombianos en algunos lugares de Venezuela asumen las funciones del Estado. Mientras el ELN maneja la actividad minera en el Arco Minero, en la frontera disidentes y elenos se organizan entre sí para controlar las rutas del narcotráfico entre Apure y Arauca. Mantener todas estas ventajas podrían ser una buena razón para enfrentar con las armas una intervención militar en Venezuela. Recientemente uno de los líderes del ELN y miembro del Comando Central de esa guerrilla, Israel Ramírez Pineda, también conocido como “Pablo Beltrán”, declaró para el diario británico The Telegraph que en caso de una intervención militar a Venezuela ellos “serían la primera línea y no lo dudarían” en defender al régimen de Maduro, haciendo referencia a un posible enfrentamiento. La cantidad de hombres disponibles de estos grupos irregulares colombianos no es precisa, pero el reciente informe de International Crisis Group se refiere a un ejército de unos 2.000 hombres del ELN. Así las cosas, su control sobre el territorio en Venezuela convierte a estos dos grupos guerrilleros, con amplia experiencia bélica, en aliados criminales y en importantes actores en la defensa armada de la revolución en caso de una confrontación.

‘Colectivo fronterizo‘ amenaza ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela

Un nuevo “colectivo” armado y, supuestamente entrenado por grupos irregulares colombianos, se sumaría a la custodia de la frontera de Venezuela junto a militares y grupos de élite de la policía, justo cuando se anuncia el ingreso de la ayuda humanitaria solicitada por la oposición y el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó. Desde el domingo 3 de febrero, Freddy Bernal, designado por Nicolás Maduro como “protector del Táchira” (estado fronterizo) en 2017, está al mando del despliegue de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en las localidades fronterizas. La medida sería una reacción al anuncio de Guaidó sobre el primer ingreso de ayuda internacional desde un centro de acopio instalado en Cúcuta (Colombia) para afrontar la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. A través de videos difundidos en su cuenta de Twitter @FreddyBernal, el líder oficialista se refirió a las instrucciones que recibió de Maduro: Para garantizar la Paz ejecutamos un plan perfecto con nuestros hombres y mujeres del #Táchira, confiando en la #FANB y en nuestro Amor Patrio”, escribió Bernal en la red social. Sin embargo, fuentes en el estado Táchira informaron a InSight Crime que el plan de incluía también la activación del “colectivo de seguridad fronteriza, un grupo integrado por civiles armados y algunos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del cual se tiene conocimiento desde agosto de 2018.  

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InSight Crime verificó que aproximadamente 70 motorizados, presuntamente integrantes del Colectivo de Seguridad recorrieron las calles de San Antonio y Ureña, en Táchira, el pasado 23 de enero, cuando se llevaron a cabo manifestaciones en contra de Maduro.  En esa ocasión la ong Fundaredes los responsabilizó de la muertes de dos manifestantes ocurridas ese día.

Análisis de InSight Crime

Recientes exhibiciones públicas de miembros de un colectivo de seguridad fronteriza, afecto al régimen chavista, emergen como un posible obstáculo para la apertura de un corredor humanitario hacia Venezuela, y se suman a otras muestras de apoyo de colectivos de Caracas a Maduro. La demostración de poder que hecha por el colectivo de seguridad fronteriza circulando en motos, vestidos de negro, con pasamontañas y apertrechados con chalecos antibalas y armas, no fue impedida las autoridades militares y policiales, con Freddy Bernal a la cabeza. Esto sugiere nuevamente una sospechosa tolerancia y posible vinculación con estos grupos, que han manifestado estar dispuestos a utilizar las armas, para respaldar a Maduro y oponerse a un cambio en la conducción política de Venezuela. Hasta el presente, el colectivo de seguridad fronteriza había actuado en la clandestinidad y su presencia en las calles de Táchira solo estaba registrada en pintas en las paredes que muestran la silueta de un hombre portando un fusil y la inscripción: “Los colectivos toman la frontera en defensa de la revolución”.

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“Ellos salieron el 23 de enero después de la marcha, a eso de las 5:00 de la tarde, a amedrentar y echar plomo por todo Ureña y San Antonio”, dijo a InSight Crime un testigo de la actuación del grupo criminal. Fuentes militares consultadas por InSight Crime revelaron  que los integrantes del colectivo de seguridad fronteriza estarían siendo entrenados por miembros de la guerrilla colombiana, en un campamento situado en la localidad Palotal, municipio Bolívar del estado Táchira.   El posible uso de este colectivo para obstaculizar el primer ingreso de medicinas y alimentos a Venezuela desde Colombia, aumenta las tensiones, pues se supone que en la apertura del corredor humanitario participan fuerzas de seguridad de Colombia y de otros países que apoyan que desconocen a Maduro como presidente de Venezuela.

Ecuador es advertido sobre posible ataque fronterizo del ELN

Las fuerzas de seguridad de Ecuador están en máxima alerta después de recibir informes según los cuales los guerrilleros del ELN de Colombia estarían planeando un ataque transfronterizo, lo que llama la atención sobre el que hasta ahora ha sido un importante punto ciego en la estrategia de seguridad fronteriza de Ecuador. Las fuerzas de seguridad de Colombia han emitido una alerta para sus homólogos ecuatorianos, a la que InSight Crime tuvo acceso, según la cual el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría planeando un ataque contra el ejército o la policía en la región fronteriza. El informe identifica instalaciones y unidades en los municipios de Mira en la provincia de Carchi y San Lorenzo en Esmeraldas, como posibles objetivos. Aunque la advertencia no menciona los motivos del ataque, un alto funcionario de la policía ecuatoriana, quien habló bajo condición de anonimato, le dijo a InSight Crime que el posible ataque estaría motivado por razones políticas más que estratégicas. Según el funcionario, el ELN puede estar buscando tomar represalias contra el gobierno ecuatoriano por expulsar del país a los líderes guerrilleros, después de haberse negado a continuar ser garante de las conversaciones de paz entre el ELN y el gobierno colombiano el año pasado. La fuente agregó que la guerrilla también podría estar enviando un mensaje por el apoyo de Ecuador a Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana que se ha declarado presidente interino, dado que se cree que los guerrilleros tienen vínculos con el actual líder de Venezuela, Nicolás Maduro.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil del ELN La presencia armada del ELN en Ecuador aún no se ha podido verificar, pero, según informes de inteligencia a los que InSight Crime tuvo acceso, la Compañía José Luis Cabrera es una facción guerrillera que opera justo al oeste del importante cruce fronterizo entre Ipiales y Tulcán. La compañía hace parte del Frente Comuneros del Sur, que es un actor importante en la guerra por controlar las economías criminales en el departamento colombiano de Nariño, ubicado en la frontera. Además, el funcionario de policía informó que, mientras que el ELN se encontraba en Ecuador para adelantar las conversaciones de paz, también buscó activamente construir una red de apoyo dentro del país. Según el funcionario, los guerrilleros establecieron contactos con altos funcionarios del gobierno nacional, así como con líderes políticos y comunitarios en la región fronteriza. Si bien las autoridades creen que su principal objetivo era establecer vínculos políticos, también les preocupa que los guerrilleros pudieran haber estado buscando establecer redes de apoyo logístico y cadenas de suministro.

Análisis de InSight Crime

Un ataque contra las fuerzas de seguridad ecuatorianas sería una medida muy riesgosa para el ELN. La última figura criminal que realizó grandes ataques en Ecuador fue Walter Patricio Arízala Vernaza, alias “Guacho”, quien dirigía un grupo de exguerrilleros disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Guacho fue muerto en diciembre de 2018, después de que su ataque contra la policía, el ejército y periodistas en Ecuador llevara a Colombia y Ecuador a mejorar drásticamente la cooperación bilateral en materia de seguridad y a que se unieran para ir tras el excombatiente guerrillero.       VEA TAMBIÉN: Noticias del crimen organizado en Ecuador Dado que el gobierno colombiano está buscando asestar un duro golpe al ELN después del ataque con carrobomba contra instalaciones policiales en Bogotá a mediados de enero, tras el cual resultaron muertas 21 personas, un ataque del ELN en Ecuador probablemente provocaría un asalto transfronterizo similar. Sin embargo, las fuentes en Ecuador expresan una preocupación adicional: que el ELN buscará acrecentar los cimientos que establecieron durante las conversaciones de paz para utilizar a Ecuador como retaguardia, centro logístico y cadena de suministro. Esto también podría aumentar sus ingresos criminales, ya que les permitiría controlar los flujos a través de uno de los principales corredores de tráfico de cocaína fuera de Colombia, donde la minería de oro ilegal está en aumento. Si bien no está clara cuál es la estrategia fronteriza del ELN, las alertas de un ataque son una advertencia para las autoridades ecuatorianas: al centrar su atención casi exclusivamente en la mafia ex-FARC, han generado oportunidades para el ELN.

Ataque con carro bomba en Colombia muestra interés del ELN por las ciudades

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El ELN asumió la responsabilidad del atentado con un carro bomba ocurrido hace una semana en Bogotá, lo cual no solo marcó el fin de las conversaciones de paz con el Gobierno de Colombia, sino que además mostró el notable fortalecimiento de este grupo guerrillero en los últimos dos años. La pregunta es: ¿qué implicaciones tiene este hecho en la reconfiguración del grupo irregular? En un comunicado publicado el lunes 21 de enero en su portal Voces, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó su autoría en el ataque del pasado jueves 17 de enero a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander en Bogotá, que dejó 21 muertos y 80 heridos. “La operación realizada contra dichas instalaciones y tropas (La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional), es lícita dentro del derecho de la guerra”, dice el pronunciamiento de esta guerrilla, a la vez que sostiene que es una “respuesta en legítima defensa” a los ataques del Gobierno. La aceptación de la responsabilidad del hecho terrorista viene a confirmar los hallazgos y sospechas de las autoridades colombianas desde el inicio de las investigaciones, cuando señalaron a este grupo guerrillero como autor material e intelectual del hecho, luego de identificar el cadáver conductor del automóvil explosivo como José Aldemar Rojas Rodríguez, alias “Mocho” o “Kiko”, quien de acuerdo con información ofrecida en rueda de prensa por la Fiscalía General, pertenecía a las filas del ELN.

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Al conocer los primeros resultados de las investigaciones, basados principalmente en la identidad del autor material, el presidente Iván Duque hizo público el fin de las conversaciones de paz con el ELN, y pidió activar las órdenes de captura de los 10 integrantes del ELN que forman parte de las negociaciones de paz realizadas en Cuba y de los miembros del Comando Central (COCE), estructura de mando principal del ELN. Sin embargo, desde la mesa de diálogos en Cuba Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”, jefe negociador y miembro del COCE, admitió que no tenían conocimiento sobre el atentado o sobre el modo de operación que se utilizó. Lo que puso evidencia posibles diferencias o distanciamientos entres las distintas facciones que componen esta guerrilla sobre el procesos de paz.

Análisis de InSight Crime

La magnitud del atentado ocurrido en Bogotá desnuda los posibles desacuerdos al interior del ELN sobre los diálogos de paz y deja muy claro el fortalecimiento que ha tenido el ELN desde que las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron su proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil a finales de 2016. De hecho, el ELN se ha convertido en el actor criminal más importante del país, ocupando territorios controlados anteriormente por las FARC y aumentando su participación dentro del narcotráfico y otros negocios ilícitos. Además el reciente atentado no solo da luces sobre el poderío militar y económico que ha logrado el ELN. Esta acción ofrece un panorama sobre la aplicación de algunos lineamientos que se definieron en los dos últimos congresos del ELN, como es llevar a las ciudades su histórica disputa. Esto significa que los centros urbanos vuelven a cobrar un valor estratégico para el ELN, retomando lo definido en el Cuarto congreso del ELN, en 2006 y ratificado en el Quinto congreso, en 2015, donde este grupo ilegal identificaba las ciudades como centros de las principales discusiones políticas del país. “Nos entendemos parte de un proceso de construcción del ELN, que mira de forma integral la ciudad región y los espacios urbanos, suburbanos y rurales, desde las definiciones del V Congreso… El FGUN (Frente de Guerra Urbano Nacional) continuará atendiendo las 10 ciudades que trae: Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali, Popayán, Neiva”, dice el documento del Quinto congreso al que tuvo acceso InSight Crime. Ante la falta de resultados en el proceso de paz, pudiera estarse dando también un avance en implementación militar de “la lucha armada revolucionaria e insurgencia popular”, que el ELN definió en su Quinto congreso. Los ataques a dependencias policiales en Bogotá (2019) y a Barranquilla (2018) podrían ser un ejemplo de esta estrategia. En este contexto cobra importancia la figura de Gustavo Aníbal Giraldo, alias “Pablito”, siendo el responsable militar del ELN dentro del COCE y líder histórico del Frente de Guerra Oriental, desde donde se habría gestado el atentado de Bogotá. Esta acción también podría revelar una articulación más fuerte entre los frentes económicamente más poderosos y el frente urbano. Sin embargo, no deja de lado la continuación de las acciones militares en los principales escenarios de combate en las zonas rurales, donde frentes con amplia capacidad económica y militar como los frentes de guerra Oriental y Occidental mantendrán sus acciones bélicas, según lo confirma Jaime Arias, alias “Uriel”, uno de los comandantes del frente de Guerra Occidental del ELN en audios difundidos por algunos medios.

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El ataque también dejó al descubierto la falta de la cohesión dentro de la guerrilla -ya de por sí fraccionada debido a la estructura federal que utiliza- en torno al proceso de paz. La falta de poder real que tiene el COCE sobre el actuar de los frentes, podría crecer con el fracaso de los diálogos, y resultar en un ELN menos disciplinado en su participación en actividades ilegales. Esto debilitaría la posibilidad que se tiene de reunir a esta guerrilla para futuras y eventuales conversaciones de paz. *Este análisis fue elaborado con información del equipo de investigación de Colombia

GameChangers 2018: Los ‘ganadores’ del crimen en Latinoamérica

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¿Cuáles son las principales estructuras criminales que más se fortalecieron en Latinoamérica en lo corrido de 2018? Tres grupos, en tres países distintos, han emprendido una agresiva expansión, tanto territorial como económica, y están preparados para dominar el panorama criminal de la región.

Aunque la tendencia general durante la última década en Latinoamérica ha sido la fragmentación de las estructuras criminales, estos tres grupos están cambiando el modelo y han cobrado una visibilidad eminente en su crecimiento en número e influencia territorial. Este crecimiento no ha sido solo nacional, sino también transnacional. Valga decir que estas son las estructuras criminales visibles a las que les hemos seguido la pista a lo largo de 2018. En un momento en que muchos criminales han optado por mantener un bajo perfil y sumir sus operaciones cada vez más en la clandestinidad, puede haber otros que se nos hayan escapado.

¿Esta agresión flagrante y su visibilidad son el secreto de su éxito? O ¿la atención que están atrayendo con sus acciones hará caer sobre ellos toda la furia de las autoridades nacionales e internacionales, y motivará su fragmentación y desaparición definitiva?

3. El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Aunque el notorio cartel de Sinaloa monopolizó los titulares a lo largo de 2018, con el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el cartel de Jalisco es el que ha estado creciendo, lento pero seguro, en México. Ahora controla más territorio que su rival de Sinaloa, y se impone en la lucrativa industria de las drogas sintéticas, a la par que sigue moviendo toneladas de cocaína al mes. El exagente de la DEA Mike Vigil declaró a Insight Crime que cree que el CJNG ya iguala al cartel de Sinaloa en términos de ganancias.

Con menos de una década en la escena criminal, el CJNG se erige como el grupo criminal con la presencia territorial más extendida, por lo menos en 22 estados mexicanos, un incremento en comparación con 2016, cuando se registraba en apenas 14 estados. Una fuente de inteligencia mexicana en Guadalajara declaró a InSight Crime que el CJNG había amplificado su crecimiento mediante una política agresiva de reclutamiento de menores de edad, y de células criminales que quedaron sin líder en otras estructuras ilegales tras las muertes de sus cabecillas.

“Cuando el CJNG le gana la plaza a otro grupo, los que quedan se tienen que alinear”, dijo la fuente.

Aun cuando otros importantes carteles de México, como Los Zetas, se fragmentan, Jalisco a pesar de recibir golpes, sigue intacto como federación criminal, con unos mandos y una dirección claros. Su comandante en jefe, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ostenta el dudoso honor de tener una recompensa de US$10 millones sobre su cabeza, una de las más altas ofrecidas por el Tesoro de Estados Unidos.

El cartel de Jalisco ha demostrado ser notablemente ágil, rápido para aprovechar los cambios en el panorama criminal, como la muerte de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “H2”, de la Organización Beltrán Leyva en Nayarit, y la captura de Ignacio Rentería, alias “El Cenizo”, de los Caballeros Templarios en Michoacán. El CJNG usó esos sucesos para apresurarse a ocupar territorios en ambos estados.

Así mismo, el CJNG no ha tenido reparos para hacer uso de violencia extrema para enfrentar al estado. Durante la guerra por Nayarit, agentes de Jalisco incitaron tasas de homicidios récord y secuestraron y asesinaron a dos agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (conocida con el acrónimo de la SEIDO). Incluso hicieron desfilar a los dos agentes en un video que subieron a internet antes de matarlos.

Con el control de los puertos en ambas costas mexicanas, el único cartel que tiene una infraestructura de esa magnitud, el CJNG tiene extensas redes de exportaciones, que no solo van hacia Estados Unidos, donde según la Administración para el Control de Drogas (DEA) tiene redes de distribución consolidadas en Los Angeles, Nueva York y Atlanta, sino también hacia Europa y Asia. Y no solo es la salida de drogas de México, sino los precursores químicos que inundan el país para abastecer los laboratorios de drogas sintéticas del CJNG, incluyendo los de producción de fentanilo.

El CJNG tiene otra ventaja comercial, una alianza con Los Cuinis, que actúa como la facción de lavado de dinero del cartel.

Sin embargo, 2018 no ha estado exento de dificultades para el grupo.  Ha enfrentado pugnas intestinas, como la formación de un grupo disidente, la Nueva Plaza, que le disputa al CJNG su base de operaciones en Guadalajara. También ha habido un alto número de detenciones de miembros del CJNG, incluyendo la esposa de El Mencho, Rosalinda González Valencia, el 26 de mayo, en Guadalajara, por cargos de crimen organizado y lavado de dinero. Sin embargo, pese a la creciente presencia e importancia del CJNG, la administración del ex-presidente Enrique Peña Nieto asestó poquísimos golpes al cartel, para gran frustración de Estados Unidos, que retiró la reserva sobre 15 expedientes contra el alto mando del cartel en octubre de 2018.

2. El Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Como último grupo insurgente aún en armas en Colombia, el ELN ha aprovechado al máximo la desmovilización de sus poderosos primos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017, para convertirse en el grupo ilegal más poderoso del país, en términos de capacidad militar e influencia territorial.

El ELN ha tomado control del territorio que alguna vez perteneció a sus aliados de las FARC en zonas en las que cohabitaron los dos grupos, con la absorción de sus economías criminales y, en algunos casos, su mano de obra.

Entre las economías criminales que han estado recogiendo está el negocio de la droga, no solo la cocaína, sino también la marihuana y la heroína. Pese a su resistencia ideológica histórica al negocio de los narcóticos, el ELN se ha sumergido ahora en todos los eslabones del negocio de la droga, aprendiendo de las FARC y expandiendo su fuente de ingresos, que había ido en declive por muchos años.

“Si varias estructuras [del ELN] no hubieran recurrido al narcotráfico, habrían desaparecido”, señaló el experto en el ELN Luis Eduardo Celis, en un intercambio con InSight Crime.

Varias investigaciones han hallado que el ELN ha reforzado su participación en el negocio de la droga de varias formas en los dos últimos años: de la exportación de cocaína y heroína, a la posesión de “narco”submarinos semisumergibles para el transporte de droga (en especial el primer submarino eléctrico incautado en Colombia). Todo ello a pesar de una tajante declaración del alto comandante del ELN de no inmiscuirse en el tráfico de drogas:

“reiteramos la … exigencia para que de ninguna manera el fenómeno contrarrevolucionario del narcotráfico, tenga cabida en la vida de nuestras estructuras”, declaró el comandante en jefe del ELN Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, en una alocución subida a internet.

En su calidad de mayor actor ilegal, las organizaciones narcotraficantes recurren al ELN para que les facilite su actividad y les preste los servicios de protección vitales que requieren para producir cocaína y la lleven a los puntos de partida para enviarlos a mercados internacionales. Es posible que esto siga contribuyendo al crecimiento del ELN en 2019.

Sin embargo, el ELN no se está expandiendo solo en Colombia. La vecina Venezuela, sumida en el colapso económico y la criminalidad extendida, se ha convertido en terreno fértil para la expansión del ELN. La investigación de InSight Crime ha seguido la pista a la presencia del ELN en 12 de los 24 estados de Venezuela, muchos de ellos lejos de la frontera con Colombia. Aunque la presencia del ELN en Venezuela no es nueva, se había concentrado en tres estados fronterizos: Apure, Táchira y Zulia, ahora los insurgentes colombianos tienen influencia en todo el país y parecen estar prestando especial atención al estado de Bolívar, rico en oro, imponiendo el orden e “impuestos” a la minería informal que se extiende por todo ese estado.

Sin embargo, el ELN está dividido. Pese a tener un comando central, conocido como el COCE, hay una facción moderada, que ha estado liderando los titubeantes diálogos de paz con el gobierno, bajo la dirección de Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”. Del otro lado, está la facción militar y más radical, que dirige la agresiva expansión. El jefe más importante de esta es Gustavo Anibal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”, quien lleva mucho tiempo establecido en el estado venezolano de Apure y posiblemente está al frente de la expansión de los insurgentes en Venezuela. Esto no debería impedir el crecimiento continuado del grupo insurgente, pero sí torpedea al grupo en lo que respecta a construir algún tipo de acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Ninguna negociación real es posible con el grupo mientras crezca a esa velocidad.  Y hay poca evidencia de que ese crecimiento esté disminuyendo, aun cuando el ELN aguanta cada vez más el peso de la ofensiva del ejército colombiano.   

No cabe duda de que si el ELN se alía con los disidentes de las FARC, también en aumento, algo que ya parece estar sucediendo, los insurgentes lograrán alcance nacional y hasta transnacional en 2019.

1. El Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC)

La pandilla carcelaria más poderosa de Brasil estuvo ocupada en 2018. La organización aprovechó al máximo la total falta de voluntad política para enfrentarla. El débil, paralizado y al parecer corrupto gobierno del presidente Michel Temer gastó su limitado capital político simplemente en aferrarse al poder. A eso se sumó el restante interés político nacional dirigido a unas elecciones presidenciales que lanzaron al poder a Jair Bolsonaro, un extremista en temas de seguridad, el 1 de enero de 2019.

El PCC lleva varios años en expansión, pero en 2018 se reveló una presencia y cohesión mucho mayores que las que se habían registrado con anterioridad, con agresivos operativos en Paraguay y Bolivia, y tentáculos que llegan a Colombia, Argentina, Uruguay y Venezuela. La participación de la pandilla en el negocio internacional de la cocaína también revela una capacidad para obtener mayores ganancias y expandirse por fuera de Suramérica.

Uno de los detonadores de los ataques del PCC ha sido la guerra con la pandilla carcelaria más antigua de Brasil, el Comando Rojo (Comando Vermelho), que se inició en 2016 y llevó a que el PCC desafiara al Comando Rojo en todo el país.

Archivos incautados por las autoridades en 2018 arrojan luz sobre fuentes de ingresos, tácticas de lavado de dinero y aumento de reclutas del PCC. Los documentos indicaban que la renta anual del grupo puede llegar a los US$200 millones. Según los documentos, los miembros del PCC pagan una cuota de afiliación hasta de 950 reales brasileños (US$250) al mes, que se destinan principalmente al mantenimiento de los miembros del grupo en prisión.

La expansión del PCC en el exterior ha sido más evidente en Paraguay. La expansión en ese país, y la predisposición del grupo a actuar en abierto desafío ante cualquier respuesta paraguaya, se anunció con estilo cinematográfico en abril 2017 con un osado ataque a las oficinas principales de Prosegur, una firma de autos blindados en Ciudad del Este. Con precisión militar, 60 hombres armados volaron las puertas de una bóveda, con toda tranquilidad sacaron US$11,7 millones, condujeron en una caravana de vehículos a prueba de balas hasta la frontera y fueron vistos por última vez en lanchas rápidas por el río Paraná, en dirección a Brasil.

Desde entonces, las raíces del PCC en Paraguay, principal país productor e marihuana de Suramérica y paraíso de contrabandistas, se han afianzado y propagado. Se cree que el PCC domina ahora la ciudad paraguaya fronteriza de Pedro Juan Caballero, donde ejerce un control total del negocio de la marihuana y la cocaína que pasan por esta ciudad.

Todas las estructuras criminales de Brasil quieren acceso a la bonanza de la producción de cocaína en Colombia, no solo para abastecer el creciente mercado interno, sino también para hacerse a una tajada del negocio transnacional, que es más lucrativo. La presencia del PCC en la zona trifronteriza, entre Brasil, Colombia y Perú, otro país productor de cocaína, se ha intensificado en los últimos años, muchas veces acompañada de masacres y violencia extrema. Bolivia no ha estado exento de una dinámica similar, aunque en 2018 fue el Comando Rojo, más que el PCC, el que tuvo una presencia más obvia en ese país.

Venezuela, con la corrupción extendida y el descalabro económico, se ha convertido en fuente de armas para grupos criminales, y el PCC ha buscado abastecerse de armamento de grueso calibre allí.

Aunque algunos de los principales jefes del PCC han caído muertos, el grupo ha logrado mantener su dirección y control, aunque actúa más como una franquicia con una junta directiva que como una estructura integrada verticalmente. La junta directiva se conoce como la ‘Sintonia Geral Final’ (Sintonía General Final), y está conformada por unos ocho a diez miembros. Esta toma las decisiones más importantes sobre estrategia y dicta indicaciones generales para las actividades de los miembros del PCC.

Irónicamente la elección del presidente Bolsonaro puede ser un estímulo para el PCC, sin duda en términos de reclutas, pues se prevén más confrontaciones y arrestos de miembros, según la retórica de campaña.

“Específicamente, el motor del crecimiento del PCC son las prisiones”, comentó la experta en el PCC Camila Dias, de la Universidad Federal de ABC. “Las prisiones son los lugares donde el PCC ancla su base y crea su fuerza y sus bases sociales. Entre más se impulse la política de reclusión como respuesta a la violencia, más se fortalecerá y expandirá el PCC. Paradójicamente el estado termina actuando para proveer más miembros al PCC”.

Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo, con más de 700.000 presos, y sigue de cerca a Estados Unidos y China, ambos con poblaciones totales mucho mayores. Y ese número parece destinado a crecer durante 2019.

Es la opinión de InSight Crime que el PCC pronto se convertirá en una de las estructuras criminales más importantes del continente americano y se codeará con los colombianos y los mexicanos. La expansión futura, especialmente en el ámbito transnacional, dependerá de cuánto se involucre el PCC en el negocio de la cocaína, aprovechando la posición de Brasil como uno de los principales puentes de la cocaína hacia Europa y más allá.

Márcio Christino, fiscal de São Paulo, autor de dos libros sobre el PCC, compartió esa opinión.

“El PCC está en Brasil, Bolivia, Paraguay y está ingresando a Uruguay y Argentina. Van en esa dirección. Hay un vacío y ellos van a expandirse y expandirse. Y a dominar”.

GameChangers 2018: Migración venezolana, un nuevo filón para el crimen organizado

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En el río revuelto que fue el año 2018 hubo una constante: la huida de los venezolanos de su país. La migración dejó a miles de personas sin casa, sin dinero y listas para la explotación de los grupos del crimen organizado.

Mariana es un ejemplo. A ella le tomó medio día cruzar por tierra la frontera entre Venezuela y Colombia. No necesitó documentos de identidad, ni pasaporte. Tampoco tuvo que atravesar ríos caudalosos, ni lidiar con funcionarios de puestos migratorios. Solamente pagó poco más de 20.000 bolívares y 10.000 pesos colombianos (unos US$34 en mayo de 2018), todos sus ahorros, para ocupar uno de los cinco puestos en el vehículo tipo sedan que un amigo utiliza para transportar venezolanos a Colombia por Paraguachón, en el estado Zulia.

El monto, que parece simbólico, alimenta una rudimentaria estructura de tráfico de migrantes que opera en La Guajira. La organización es controlada por indígenas de la etnia Wayúu y es responsable de ingresar a miles de migrantes venezolanos ilegalmente a Colombia. Al menos 40 integrantes de la familia de Mariana, una manicurista de Maracaibo, que ahora viven en Medellín, usaron la misma red para salir de Venezuela.

El boom de la migración forzada de venezolanos lleva más de dos años y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calculan que unos tres millones de personas salieron del país en ese lapso de tiempo. La mayoría se dirige a Colombia y Brasil, los vecinos más próximos, pero otros van a Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Panamá, México, Trinidad y Tobado, Curazao y Aruba.

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El masivo y descontrolado éxodo de venezolanos ha estimulado el surgimiento de innumerables economías criminales y negocios ilícitos. Los migrantes son la “mercancía” que alimenta una industria criminal que viene creciendo exponencialmente, y que pudiera replicar la nefasta y peligrosa experiencia de coyotes que opera entre Centroamérica, México y Estados Unidos.

En Venezuela aún no existen cifras, ni datos que permitan estimar la cantidad de emigrantes que han alimentado las redes de tráfico y trata de personas, tampoco se sabe cuántos han sido reclutados por las organizaciones criminales que operan en Colombia, empujados por la desesperación de huir de una de las peores crisis sufridas por un país de la región en las últimas décadas.

En 2018 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó su primer estudio sobre tráfico de migrantes y se calcula que al menos 2,5 millones de migrantes fueron víctimas de redes de tráfico de personas en el mundo en 2016, generando ingresos de aproximadamente de US$7.000 millones a estas organizaciones criminales.

En el caso de Venezuela el negocio de la migración ha echado raíces a ambos lados de la frontera. La primera estructura criminal que deben sortear los ciudadanos para salir del país está dentro de las propias instituciones del Estado. Funcionarios corruptos operan junto a intermediarios para sobornar y extorsionar a las personas que necesitan obtener un pasaporte, una carta de antecedentes policiales o la certificación de un título universitario, como lo reportó InSight Crime. Las exorbitantes tarifas en dólares para estos servicios son ofrecidas por whatssap.

Si cruzan por tierra hay peligros. El territorio que comparten Colombia y Venezuela en La Guajira, por ejemplo, es controlado por “los guajiros”, como se conoce a los indígenas de esa región, quienes imponen tarifas para autorizar la circulación de vehículos que transportan migrantes al lado colombiano. Tienen hasta 10 puntos de control en cada una de las más de 200 trochas (caminos improvisados ilegales que conectan a ambos países), y disponen de una flota de vehículos registrados en su estructura. Para poder transitar por estas vías los pagos se hacen en cada punto de control y varían permanentemente.

Cuando un migrante o un transportista independiente intentan burlar este esquema de traslados se exponen a robos, maltratos, abusos sexuales y pone su vida en riesgo. También en la frontera con Brasil se comienzan a reportar casos de tráfico de migrantes, mediante organizaciones criminales que lideran indistintamente brasileros y venezolanos.

Si van por mar hay otros peligros y otros costos. En las costas de Venezuela con Curazao y Aruba, y con Trinidad y Tobago se han identificado otras modalidades de tráfico de personas, como el uso de pequeños botes pesqueros -no aptos para estos viajes- para transportar ilegalmente a venezolanos. El costo de la peligrosa travesía es de US$350 (un poco más de lo que costaría un boleto aéreo para el mismo destino). En la embarcación suben hasta 20 personas. No hay detalles acerca de las organizaciones y forma en que operan estos grupos, pero los frecuentes naufragios y capturas de los denominados “balseros venezolanos” indican que podría tratarse de una industria en crecimiento.

Esclavos del hambre

El hambre y las dificultades para acceder a los servicios de salud y los medicamentos han sido el motor que ha impulsado la acelerada y masiva  migración de venezolanos. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi) 2017, 87 por ciento de los venezolanos se encuentran en condición de pobreza. Esta situación coloca a los emigrantes en una condición de vulnerabilidad que es aprovechada por las organizaciones criminales.

Muchos venezolanos son víctimas de esclavitud moderna y sus diversas manifestaciones, como la explotación sexual y laboral. Un informe Trata de Personas, Trabajo Forzoso y Esclavitud, publicado por la ONG venezolana Paz Activa a comienzos de 2018, registró 198.800 víctimas de tráfico de personas desde Venezuela hasta 2017, y alerta que podrían llegar a 600.000 en 2019.

Venezuela, es junto a Belice y Haití, uno de los tres países de América Latina señalados por Estados Unidos de no hacer ningún esfuerzo para combatir la trata de personas y proteger a las víctimas.  Autoridades de Colombia aseguran que la trata de personas ha aumentado con la migración venezolana, como reportó InSight Crime.

En lo que va de año decenas de redes de trata de personas, explotación sexual y esclavitud laboral de migrantes venezolanos han sido desmanteladas en Colombia, México, Panamá, República Dominicana, Perú y distintos países de Europa.

En Bogotá 75 por ciento de las víctimas de trata reportadas son venezolanas. En localidades como Cartagena, Barranquilla y Quindío se han desmantelado pequeñas redes de esclavitud sexual y laboral. Las autoridades calculan que en Cúcuta hay más de 2.000 prostitutas venezolanas, tantas que tan solo cobran 10.000 pesos (unos US$3,5) por su servicio.

Grupos criminales que operan en Colombia también se están aprovechando del hambre de los venezolanos. Autoridades del departamento Norte de Santander aseguraron a InSight Crime que actualmente todos los grupos armados están reclutando a venezolanos. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Popular de Liberación (EPL), Los Rastrojos y Los Urabeños los utilizan para diversas funciones. En su último informe la Fundación Redes asegura que actualmente 60 por ciento de los integrantes de estos grupos son venezolanos.

Además, InSight Crime conoció que los venezolanos han desplazado a los raspachines —personas que se dedican a recolección de hojas de coca para sobrevivir— porque cobran menos sueldo.

“La mayoría de las personas que son captadas por estos grupos criminales son jóvenes desesperados por conseguir ingresos para ayudar a sus familias en Venezuela”, afirmó David Smolansky, exalcalde de El Hatillo viviendo en exilio, que coordina un grupo de trabajo sobre migrantes venezolanos creado este año por la Organización de Estados Americanos (OEA).

De hecho, los pagos van desde US$100 hasta US$300 al mes, un ingreso que sería casi imposible de recibir en su país. Pero los peligros también aumentan. En junio cuatro venezolanos (entre ellos dos mujeres) murieron durante un bombardeo del Ejército colombiano a un campamento de disidentes de las FARC en Arauca.

Economías informales, economías criminales

En Cúcuta, el punto más caliente de la amplia frontera que comparten Colombia y Venezuela, por donde transitan unos 40.000 venezolanos diariamente, el río de migrantes cargando maletas y paquetes sobre los hombros desemboca en una prolífica actividad comercial informal, donde todo, desde celulares, canaimitas (computadoras portátiles que repartía el gobierno venezolano en las escuelas) hasta cabello puede comprarse, o venderse.

Apenas pisan territorio colombiano las venezolanas tienen la opción de vender su cabello hasta por 100.000 pesos (unos US$30), lo que en Venezuela se traduce en cinco salarios mínimos y brinda la posibilidad alimentar a una familia de 3 personas durante un mes. El cabello es utilizado para hacer extensiones de pelo natural que son ofrecidas en internet hasta por US$200, mientras que las computadoras canaimitas son usadas en centros de apuestas y ventas de lotería.

Este pasaje es solo el abreboca de lo que se perfila como un importante corredor del crimen organizado asociado a la migración. Fuentes de InSight Crime aseguran que en esa frontera existe una estructura de prostitución, que se encarga de captar a mujeres jóvenes y niños desde el momento que pasan el puente Simón Bolívar. Son ubicados en vehículos de carga y trasladados a distitos departamentos de Colombia, e incluso a Panamá.

Aunque esta versión no pudo ser confimada en el trabajo de campo, se conoció que en diversas regiones de Colombia es notoria la presencia de una gran cantidad de trabajadoras sexuales de nacionalidad venezolana. También en localidades turísticas, como Cartagena y Santa Marta se han denunciado casos de explotación sexual de niños venezolanos.

Fronteras cerradas, crimen abierto

La situación generada por la migración venezolana ha comenzado a tener gran impacto en la región, donde en 2018 se realizaron al menos dos cumbres de gobiernos de América Latina en busca de una solución. Además se suma a la ya complicada situación migratoria que afecta a Centroamérica, México y Estados Unidos.

Sin embargo, mandatarios a lo largo y ancho del continente parecen no poder encontrar una respuesta efectiva a la crisis de migración. Al contrario, la reacción inmediata de muchos de ellos ha sido cerrar las fronteras, como forma de disuadir el aumento de flujos migratorios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es uno de quienes han abogado más fuertemente por esta alternativa, proponiendo diversas estrategias para, efectivamente, cerrar la frontera con México.

Aunque la ecuación plantea que al haber menos posibilidad de entrar a un país, habrá menos migración irregular es, simplemente, errónea.

Al contrario, cuando las fronteras se cierran, las personas migrantes no hacen más que tomar rutas más peligrosas, que usualmente están controladas por el crimen organizado, gracias, entre otros, a cadenas de corrupción y colusión con las autoridades y fuerzas de seguridad locales.

En México, por ejemplo, los migrantes ya están tomando rutas de tránsito más peligrosas. En esta situación, los grupos de crimen organizado saben que pueden cobrar tasas más altas por sus servicios, o por sus extorsiones. En el caso de Venezuela, el tráfico de migrantes aún no es un negocio tan redituable pues las restricciones para el ingreso de los venezolanos son menores, en la mayoría de los casos solo requieren de un documento de identidad vigente.

De hecho, la migración no está disminuyendo. Además, las razones por las que personas de centroamérica, Venezuela y otros países en la región migran o solicitan asilo, particularmente las altísimas tasas de homicidios a causa del control que ejercen las pandillas o grupos criminales en sus países, no han cambiado y sus gobiernos parecen no tener la capacidad, o voluntad política, para detener su continua expansión.

Tampoco existen elementos que indiquen una posible mejora de la crisis humanitaria en Venezuela, pues según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) 2018 podría cerrar con una inflación de 1.000.000 por ciento y el Producto Interno Bruto (PIB) se habrá reducido en 18 por ciento antes de terminar el año.

El aumento del número de migrantes y solicitantes de asilo genera un mayor mercado para los grupos que se benefician de él y la falta de capacidad o voluntad política de las autoridades locales y nacionales en las zonas más afectadas de romper la corrupción y colusión que permiten que los grupos funcionen.

Estos dos fenómenos, combinados, hacen que resulte poco probable que la situación mejore a futuro. Al contrario, es probable que el hampa vea en este mercado ilegal, una creciente oportunidad de ganancias.

GameChangers 2018: el año en el que el crimen se volvió ideología

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InSight Crime presenta su publicación anual GameChangers 2018, en la que analizamos las tendencias más importantes del crimen organizado en el continente americano durante el año. Desde el aumento de la oferta de las drogas ilícitas, pasando por el resurgimiento de grupos criminales monolíticos, hasta el debilitamiento de los programas anticorrupción y una ola de respuestas militarizadas frente al crimen, 2018 fue un año en el que los asuntos políticos continuaron enmarcados en la dicotomía izquierda-derecha, pero la única ideología que importó fue la del crimen organizado.

Algunas de las peores noticias se dieron en Colombia, donde la producción de coca y cocaína alcanzó niveles récord en un año más de malas noticias con respecto al histórico acuerdo de paz con la insurgencia política más antigua de la región, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La desmovilización de los miembros de las ex-FARC ha estado plagada de ineptitud gubernamental, corrupción, violaciones a los derechos humanos y acusaciones de que los altos dirigentes de la guerrilla están implicados en el narcotráfico. Y ello pudo haber contribuido directa e indirectamente al aumento de la producción de coca y cocaína.

En medio de esta tumultuosa situación, en el mes de mayo Colombia eligió como presidente al político de derechas Iván Duque, protegido de Álvaro Uribe, quien fue presidente del país y actualmente es senador de la república. Su alianza podría afectar no solo lo que queda del acuerdo de paz, sino toda la criminalidad del país; en efecto, durante 2018 los disidentes de las ex-FARC reestablecieron antiguos feudos criminales o se aliaron con otras facciones delincuenciales, y el último grupo guerrillero que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), llenó los vacíos de poder en Colombia y en la vecina Venezuela, lo que lo convierte en uno de los tres grupos criminales que consideramos ganadores este año. Por otro lado, ha surgido una nueva generación de traficantes, que prefiere el anonimato a los grandes y llamativos ejércitos violentos del pasado.

También es de resaltar el aumento que se presentó en 2018 en las drogas sintéticas, sobre todo el fentanilo. El flagelo de este opiáceo sintético causó más muertes por sobredosis en Estados Unidos que cualquier otra droga. El fentanilo ya no se consume como sustituto de la heroína, sino que aparece oculto en píldoras de prescripción médica falsificadas y mezclado con cocaína y con medicamentos no aprobados. Se produce en China, y aunque gran parte de la droga se transporta a través del sistema postal estadounidense, otra parte atraviesa México en su recorrido hacia Estados Unidos. Durante 2018, los grupos criminales de México parecieron haber orientado sus operaciones cada vez más en torno a esta droga, especialmente dada su creciente popularidad, disponibilidad y rentabilidad. Como resultado, se están dando algunas alianzas que podrían cambiar las reglas del juego, sobre todo entre las organizaciones criminales mexicanas y dominicanas.

Una de estas estructuras criminales mexicanas es el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), otro de los tres grupos criminales que consideramos ganadores en 2018. El CJNG ha evadido los intentos por debilitarlo mediante diversas estrategias, como sofisticadas relaciones públicas y tácticas militares, y además las circunstancias le han sido favorables —el gobierno ha estado demasiado distraído—. Ello no significa que sea invulnerable. En 2018, el grupo dio algunos duros golpes en su bastión, por lo que las autoridades estadounidenses lo pusieron en su radar, lanzando una serie de acusaciones contra la organización.

Los carteles de México se enfrentaron entre sí, incluso mientras aprovechaban las lucrativas economías criminales. El resultado se hizo evidente en los niveles récord de homicidios de este año. El deterioro de la seguridad allanó el camino para la elección del candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en el mes de julio. AMLO, como se le conoce afectuosamente, no basó su campaña precisamente en los asuntos de seguridad, pero quizá ganó gracias a ellos, y de paso heredó de su predecesor un cáliz de seguridad envenenado: mientras que Peña Nieto puede afirmar que durante su gobierno fueron arrestados o asesinados 110 de los 122 cabecillas criminales, AMLO se enfrenta a más de mil futuros líderes y a cientos de grupos criminales.

El aumento de la oferta de cocaína y fentanilo afectó enormemente a Estados Unidos, que continúa siendo uno de los mayores consumidores de drogas en el mundo. Pero 2018 demostró que la era en que Estados Unidos utiliza la política de drogas como un arma de su política exterior puede estar llegando a su final. En vísperas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, el “llamado a la acción” por parte de la administración Trump —que consistía en una estrategia apoyada en cuatro pilares— no tuvo el suficiente apoyo de otros países de la región. Por el contrario, Canadá legalizó la marihuana, y el recién electo presidente de México ha considerado alejarse radicalmente de la estrategia de mano dura que promueve la administración Trump.

Aun así, los dos años de la extraña y caótica política exterior de Donald Trump han tenido un impacto devastador en las relaciones exteriores en la región y han allanado el camino para el crimen organizado transnacional. En primer lugar, la administración Trump ha abandonado prácticamente todos los programas que por años se han adelantado contra la corrupción en Centroamérica, al tiempo que su administración enfrenta constantes acusaciones de corrupción al interior de su propio régimen.

Específicamente, 2018 será recordado como el año en que el gobierno de Estados Unidos dejó de apoyar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la fiscalía adjunta respaldada por la ONU en ese país. Durante casi 10 años de labor, los casos liderados por la CICIG han llevado a la cárcel a presidentes, vicepresidentes, candidatos vicepresidenciales, exministros, banqueros, dueños de hoteles y muchas personas más. Pero este año, el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales —quien también está siendo investigado por la CICIG— comenzó a presionar a la Casa Blanca y a sus aliados directamente, y de esta manera logró reunir una coalición de miembros de las élites que han sido acusados, marginar a la CICIG y exiliar a su reconocido comisionado colombiano, pese a la presión del Congreso de Estados Unidos para que se mantenga el respaldo judicial en el país.

Otros mandatarios han emprendido un juego similar; en particular, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha logrado neutralizar la versión de la CICIG en ese país: la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). En el mes de febrero, Juan Jiménez Mayor, director de la MACCIH, renunció sorpresivamente. En una carta abierta publicada en su cuenta de Twitter, Jiménez explicó que dimitió debido a la falta de apoyo del progenitor de la MACCIH, la Organización de los Estados Americanos (OEA), y a los esfuerzos concertados del Congreso hondureño por debilitar la misión. Tanto Honduras como Guatemala han debido enfrentar desafíos constitucionales para los mandatos de la MACCIH y la CICIG. Sin embargo, como signo positivo, la reelección del fiscal general de Honduras, cuya gestión ha sido relativamente buena, puede hacer que las intenciones de neutralizar los programas anticorrupción allí sean infructuosos, sobre todo en lo que respecta a una investigación que está siguiendo muy de cerca al propio presidente Hernández.

Nada de esto parece molestar a Trump, quien durante 2018 se dedicó casi permanentemente a una campaña política en Estados Unidos, en especial en torno a la diversidad de inmigrantes que huyen de la violencia de los grupos criminales que los asedian, como la Mara Salvatrucha (MS13) —un tema que abordamos en nuestra investigación de tres años de duración sobre la pandilla—. Y lo que es peor aún, las políticas fronterizas de Trump están por el contrario favoreciendo al crimen organizado. Y su administración parece haber abandonado toda intención de defender los derechos humanos o la libertad de prensa, a pesar de que la región sigue siendo el lugar más peligroso del planeta para ejercer el periodismo, sobre todo debido al crimen organizado, la corrupción y la impunidad que promueven aliados de Estados Unidos como Morales y Hernández.

De hecho, la indiferencia de Trump frente a la ley, el orden y la verdad permitió el avance de la demagogia, lo cual fue muy evidente en Brasil, donde el triunfo de la derecha fue más rotundo que en Colombia. Después de ser apuñalado durante una manifestación política, el populista militar-evangélico Jair Bolsonaro —quien ha sido descrito como un “Donald Trump brasileño”— ascendió en el camino a la presidencia con base en una plataforma racista y xenófoba que incluye sentencias de prisión más largas, militarización de la guerra contra el crimen, y el retroceso en los esfuerzos regionales por legalizar ciertas sustancias ilegales.

Pero a juzgar por lo que ocurrió en 2018, lograr mayor seguridad en Brasil —donde en 2017 se registró el asombroso récord de 63.880 homicidios— puede no resultar tan fácil, incluso auqnue la solución que Bolsonaro propuso goza de popularidad. Durante 2018 se presentó otra ola de combates en diferentes partes del país, incluyendo una serie de enfrentamientos entre la Familia del Norte y el Comando Rojo, que puso fin a un pacto de tres años de duración entre los dos grupos. Sin embargo, el Primer Comando Capital (PCC) fue el que continuó planteando la mayor amenaza, expandiéndose tanto dentro de Brasil como en otras partes de la región, lo que lo ubica en el primer puesto de nuestra lista de ganadores criminales de 2018.

Irónicamente, el gobierno izquierdista de El Salvador fue el que más se asemejó en 2018 a la estrategia militarista de Bolsonaro en su lucha contra el crimen. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dio luz verde para una estrategia de línea dura que recuerda a muchos de los regímenes que la misma guerrilla del FMLN combatió en el pasado, antes de convertirse en un movimiento político. En 2018, el partido además codificó sus medidas más draconianas y ofreció abundante protección a los autores intelectuales de las más atroces violaciones a los derechos humanos, incluso a pesar de que los resultados de dichas medidas fueron mediocres.

Por otra parte, durante 2018, pandillas como la MS13 demostraron su capacidad para adaptarse y para mover su músculo político de maneras sorprendentes, sobre todo en la capital, San Salvador. El exalcalde de la ciudad, Nayib Bukele, quien es actualmente uno de los principales candidatos en la contienda presidencial —y quien ha sido un camaleón político, pasando de la izquierda en el FMLN a un pequeño partido rival de derecha— llevó a cabo una negociación con las pandillas, de modo que pudo empezar a remodelar el centro histórico de la ciudad y transformarlo en un área que acogiera más a las familias —o por lo menos a la moda y los turistas—. De cierta manera, su estrategia funcionó, dado que la violencia disminuyó, el centro obtuvo algunas de las necesarias mejoras estructurales, y se abrieron nuevos negocios. La disminución en los homicidios durante este año indica que el FMLN y otros operadores políticos también pueden haber notado los resultados  y quizá están tratando de darles un lugar a las pandillas, sobre todo con miras a las elecciones presidenciales de febrero.

Más hacia el centro del espectro político se ubicó Costa Rica, que en el mes de abril eligió como presidente a Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana (PAC), de orientación centroizquierda. Allí, las elecciones al parecer no respondieron a la seguridad ciudadana, de la que quizá sí pueda depender la supervivencia de la administración del nuevo presidente. Las tasas de homicidios han llegado a niveles récord, sobre todo porque Costa Rica está desempeñando un papel cada vez más importante en la actividad criminal transnacional, pero quizá también porque en 2018 se observó que las fuerzas de seguridad del país pueden estar involucradas en el crimen ahora más que nunca.

En un espectro político propio se ubicó el venezolano Nicolás Maduro, quien fue reelegido en abril en un ejercicio que pareció confirmar que desde hace mucho tiempo ha desechado cualquier pretensión de democracia. Como lo describimos en una investigación especial publicada en varias secciones, Venezuela se ha convertido efectivamente en un vehículo para los intereses criminales. Las razones para ello tienen que ver con la aparición de grupos criminales propios que se encuentran tanto al interior del gobierno como vinculados a él, pero además con la abdicación de las funciones del Estado, especialmente en lo que se refiere a las prisiones, y con la muerte de todo sistema económico viable, lo que facilita la corrupción y la ineptitud que prevalecen en el gobierno de Maduro.

Como resultado de todo lo anterior, el caos no se dejó esperar en 2018, y miles de refugiados se lanzan diariamente a otros países. La crisis de los refugiados, que no tiene precedentes, trajo consigo desesperación e, inevitablemente, más crimen organizado. En pocas palabras, en 2018 Venezuela se convirtió en un epicentro regional del crimen, un lugar donde se vende de todo, desde combustible robado hasta adolescentes y alimentos descompuestos, y donde la competencia está en todos los ámbitos. Y al gobierno no parece importarle. Su solución consistió en lanzar una criptomoneda vinculada a su industria petrolera en quiebra, al mismo tiempo que la primera dama enfrentaba acusaciones de narcotráfico.

Migrantes de Venezuela recorren Perú a pie

En medio de las fuertes disputas políticas de suma-cero, hay un caso aparte, incluso una luz de esperanza. En 2018, Argentina pareció estar buscando cierto justo medio en la batalla contra el crimen. El gobierno impulsó mejoras en la recolección de datos y la recopilación de inteligencia, a la vez que aumentó sus estadísticas de arresto y confiscación. Implementó además un programa de policía comunitaria, aunque coqueteó con el uso de una estrategia militarizada a lo largo de las fronteras y en otros sitios.

Los resultados han tenido sus más y sus menos. El desmantelamiento y el juicio de uno de los grupos criminales más violentos del país, por ejemplo, fueron eclipsados por la permanente capacidad de dicho grupo para operar desde la cárcel. Y la nueva ley de negociación de culpabilidad abrió puertas para la corrupción oficial, sobre todo entre los políticos vinculados al antiguo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Como expresó la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, durante una entrevista con InSight Crime en 2018, el plan del gobierno es casi perfecto. “Nosotros planteamos lo que llamamos el modelo 80/20: 80 por ciento de inteligencia, 20 por ciento de casualidad”, dijo.

En 2018, este fue un comentario gratamente sincero, un reconocimiento de que no todos los programas son como se anuncian.

Credit: AP Images

Mujeres y jóvenes de Venezuela, los más reclutados por los grupos irregulares

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El último informe de una ONG venezolana sobre migración muestra un aumento acelerado en la incorporación de venezolanos a organizaciones criminales colombianas. El éxodo masivo de los que huyen de la crisis de Venezuela ha sido aprovechado por grupos irregulares para alimentar sus filas con el reclutamiento forzoso de mujeres y jóvenes. En el informe, elaborado por la Fundación Redes (Fundaredes) se calcula que entre 60 y 70 por ciento de los integrantes de los grupos irregulares colombianos, como Los Rastrojos, son venezolanos entre 16 y 25 años de edad. El estudio que fue elaborado con apoyo de las ONG Paz y Reconciliación (Pares) y Progresar e incluye testimonios de víctimas que fueron interceptadas por estos grupos. Entre ellos el de una mujer venezolana que en julio de 2018 cruzó la frontera junto con varios de sus familiares, quien contó que tuvo que lanzarse de un vehículo en movimiento para no ser sometida por un hombre que les ofreció ayuda y que en el trayecto les “invitó” a sumarse a la guerrilla.

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A mediados de 2018 ya Fundaredes había reportado que más de 15.000 menores venezolanos están al servicio de entre 8 y 12 organizaciones criminales que actúan en la frontera colombo-venezolana. Sin embargo, las cifras de la fundación Ideas para La Paz son más conservadoras. De acuerdo con esta ONG colombiana aproximadamente 300 venezolanos se sumaron al Ejército de Liberación Nacional y unos cinco grupos criminales se aprovechan del la crisis de movilidad humana generada en Venezuela.

Análisis InSight Crime

El reclutamiento de venezolanos en la frontera con Colombia no es nuevo y en el transcurso de 2018 se conocieron diversos casos. Pero el fenómeno está en ascenso y comienza a preocupar a organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que se están ocupando del problema de la migración venezolana. Las autoridades de ambas naciones también manejan algunos datos sobre este reclutamiento. Sin embargo, el informe de Fundaredes es el único documento público que menciona las características de las víctimas del reclutamiento y el porcentaje aproximado de venezolanos que habría sido forzosamente reclutado por estos grupos. En lo que va de 2018 Fundaredes ha documentado más de 250 denuncias de venezolanos que fueron víctimas de los grupos irregulares durante los pasos por las trochas.

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El director de Fundaredes, Javier Tarazona, explicó a InSight Crime que el monitoreo que realizan de la situación desde 2009 les ha permitido ganarse la confianza de los habitantes de la zonas fronterizas y de las disidencias de los grupos guerrilleros: “Hemos tenido acceso a disidentes de estos grupos paramilitares y guerrilleros que nos han informado el proceso de reclutamiento y han sido con quienes hemos podido acceder incluso al proceso de formación y adoctrinamiento de los integrantes de estas agrupaciones,” aseguró Tarazona. La diáspora venezolana cada vez es mayor y la Organización Internacional para las Migraciones reportó en noviembre de 2018 que ya suma tres millones, de los cuales más de un millón están en Colombia. A la par, los grupos irregulares que actúan de manera impune en la frontera colombo-venezolana perfeccionan su modus operandi para incorporar en sus filas a los venezolanos que huyen del hambre.