Se acaba el tiempo en el Congreso de Colombia para aprobar legislación de paz con las FARC

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Se agota el tiempo para que el gobierno colombiano establezca el marco legal para implementar un acuerdo de paz con los ahora exinsurgentes de la guerrilla de las FARC. No hacerlo sería un grave golpe al acuerdo de paz que corre el riesgo de desestabilizar un hampa ya volátil en el posconflicto.

El 2 de noviembre, el ministro del interior Guillermo Rivera hizo público un llamado a los líderes del congreso para que sostuvieran sesiones plenarias los cinco días de la semana en lugar de los dos habituales en lo que resta de noviembre en un último esfuerzo por implementar el marco legal para los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El motivo de la urgencia es la inminencia del cierre de un régimen especial de “tratamiento acelerado”, que buscaba adelantarse al tedioso proceso del congreso en Colombia para implementar con mayor eficiencia las cimientos legales para la implementación del acuerdo de paz. Si el senado y la cámara de representantes no aprueban la legislación relacionada con el acuerdo de paz antes de que termine noviembre, es posible que se retrase por meses la aprobación de medidas importantes.

Nueve leyes y reformas constitucionales relacionadas con el proceso de paz se encuentran en trámite en el congreso. Sin embargo, aun con el fast track, el avance ha sido desesperadamente lento. Ni una ley se ha aprobado desde el inicio de las actuales sesiones, en julio pasado, y ni siquiera se han debatido cuatro proyectos, según El Tiempo.

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La legislación en trámite incluye leyes fundamentales para implementar el sistema de justicia transicional, conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) más una reforma diseñada para facilitar la participación formal de las FARC en la política.

Los opositores al proceso de paz han intentado obstaculizar el avance de la legislación relacionada con el acuerdo por numerosas vías, entre ellas el no llegar a las votaciones. Sin embargo, los políticos afines al acuerdo de paz también han recibido fuertes críticas por la falta de liderazgo en el proceso legislativo.

El gobierno mantiene la esperanza de prorrogar la fecha de cierre del fast track hasta finales de diciembre, y espera la decisión de la Corte constitucional sobre el tema, según informó Semana. Pero aun con una prórroga, parece improbable que se aprueben todas las leyes del proceso de paz para finales del año.

El gobierno ha estado librando una ardua batalla por aprobar la legislación relacionada con el proceso de paz, desde que la Corte Constitucional suavizó los procedimientos del fast track en mayo, lo que creó una oportunidad para que miembros de la oposición en el congreso usaran tácticas dilatorias para frenar el proceso.

Análisis de InSight Crime

El aspecto legal del proceso de paz ha llegado a un punto crítico. La no implementación del marco legislativo para los acuerdos de paz antes de que termine el fast track y las actuales sesiones del congreso pueden representas el mayor revés político a los acuerdos de paz desde que los votantes rechazaran inesperadamente una versión anterior del acuerdo en el plebiscito de octubre de 2016.

Las leyes que no se aprueben dentro del fast track se someterán al proceso legislativo normal, que puede quedar en un punto de muerto virtual por acción de ciertos opositores. También es posible que en los debates en el congreso puedan cambiar las promesas hechas por el gobierno a las FARC hasta el punto en que pierdan su esencia.

Además, el congreso debe suspender sus sesiones desde mediados de diciembre hasta marzo de 2018, apenas unos meses antes de las próximas elecciones presidenciales en Colombia, lo que significa que es casi seguro que los acuerdos de paz se convertirán en un tema político insoluble que los candidatos discutirán buscando su beneficio electoral. Incluso, por lo menos dos de los favoritos en las elecciones han mostrado una oposición frontal a los acuerdos. Si cualquiera de ellos gana, podría aprovechar la falta de un marco legal propicio para sabotear el acuerdo.

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Dicha situación conduciría a un fracaso del gobierno para cumplir lo pactado en el acuerdo de paz, y el impacto de ese fracaso en el hampa colombiano podría ser dramático y peligroso.

Las FARC quedarían en un limbo que los haría muy vulnerables, sin confianza en las garantías sobre su situación judicial, su seguridad, su reinserción a la vida civil y la participación política. En esas circunstancias, aumentaría peligrosamente la probabilidad de formación de grupos disidentes o de retorno de excombatientes a la ilegalidad.

Además, el incumplimiento de las promesas de ayuda para el desarrollo de zonas rurales abandonadas aumentará la probabilidad de que esas regiones sigan dependiendo de las economías ilegales; principalmente, el cultivo de coca. Esto implicaría que muchas de ellas seguirían siendo feudos criminales asolados por la violencia y ajenos al control estatal.

La desintegración del proceso de paz por la falta de legislación que lo respalde también podría tener un efecto devastador en el frágil proceso de paz con el mayor grupo insurgente que queda en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Si el secretariado del ELN o los jefes de las diferentes facciones en riesgo de dejar el proceso, ven que el gobierno ha fracasado por completo en la ejecución de sus promesas con las FARC, sufrirá la credibilidad de cualquier promesa hecha al ELN. Esto podría llevar al secretariado del ELN a revaluar si es un momento propicio para buscar la paz.

Si el gobierno y su frágil coalición en el congreso pueden hacer un último esfuerzo, aún podrían aprobarse por lo menos las leyes más críticas, como la justicia transicional y el proyecto de reforma política. Sin embargo, parece cada vez más probable que el proceso de paz prometido será diferente al que se implemente eventualmente.

Las riquezas de las FARC: hasta US$580 millones de ingresos anuales

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Los exguerrilleros de las FARC, que hasta hace poco era el grupo guerrillero más antiguo de Latinoamérica, afirman constantemente que poseen poco dinero. Y si bien tenían muchos gastos, también solían establecerse en territorios que generan más de mil millones de dólares al año como producto de actividades criminales. Este último artículo sobre las riquezas de las FARC intenta cuantificar las lucrativas economías sobre las que solían tener control —y que ahora otros actores criminales de Colombia desean poseer—.

Las finanzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), actualmente desmovilizadas, se han establecido históricamente sobre tres pilares: el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. En el año 2012, como una condición previa para las conversaciones de paz con el gobierno colombiano, las FARC abandonaron el secuestro, pero compensaron el déficit en sus ingresos mediante una mayor participación en la minería ilegal de oro, pues los precios del oro se dispararon en 2011, y el sector minero creció exponencialmente.

Esta es la última entrega de una serie de tres artículos que InSight Crime ha publicado sobre las riquezas y la economía criminal de las FARC. Vea además el primer y el segundo artículo.

A continuación se presentan las estimaciones de InSight Crime sobre las riquezas de las FARC en el período 2015-2016, el último de actividad guerrillera de la organización.

El narcotráfico

Aunque las FARC siempre han negado su participación directa en el tráfico de drogas, ésta ha sido la base económica de su revolución. El crecimiento de las FARC y el aumento de los cultivos de coca en Colombia durante la década de los noventa y en la primera década del nuevo siglo siguieron trayectorias visiblemente paralelas. El comercio de la cocaína, en el cual las FARC llegaron a ser tal vez los actores más importantes en el mundo, es el que proporciona el mayor botín criminal para otros actores ilegales hoy en día.

Antes de desarmarse, las FARC ejercieron el control de cerca del 70 por ciento de los cultivos de coca, la materia prima de la cocaína.

presencia farc cultivos coca

Los guerrilleros han admitido que cobraban un impuesto sobre el cultivo de coca y la producción de base de coca, al cual llamaban “gramaje”. Estos impuestos le representaban a la guerrilla una ganancia neta de cerca de US$150 por kilo de base de coca. Según las estimaciones conservadoras sobre la producción de cocaína hechas en 2015 por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), Colombia produjo 646.000 kilogramos de cocaína cada año. (Un buen químico puede obtener un kilo de cocaína cristalizada a partir de un kilo de base de coca de buena calidad.) Eso significa que, si las FARC controlaban el 70 por ciento de los cultivos, cobraban impuestos sobre 452.000 kilos de base de coca, lo cual, a US$150 de gramaje por kilo, representaba alrededor de US$67,9 millones al año.

Por otro lado, el potencial de ingresos de la cocaína, que en Colombia cuesta alrededor de US$2.500 por kilo, sería de $1,13 mil millones por esos 452.000 kilos. Sin embargo, las FARC no procesaban gran parte de la base de coca para convertirla en cocaína; la mayor parte de este trabajo lo realizan los grupos conocidos como “bandas criminales” (o Bacrim). InSight Crime ha investigado sólo siete unidades de las FARC (o “frentes” como se les conoce) implicadas en el tráfico de cocaína (los frentes 33, 10, 16, 48, 29, 30 y 57). Estos frentes también traficaban drogas a través de las fronteras con países vecinos como Panamá, Venezuela, Brasil y Ecuador. No resulta ilógico pensar que las FARC procesaban el 15 por ciento de la base de coca que pasaba por sus manos y que la vendían a US$2.500 el kilo. En total, esto les habría reportado US$169,5 millones al año.

Las FARC también cobraban impuestos por los cargamentos de droga que cruzaban por su territorio, por los laboratorios que protegían y por cada avión cargado de drogas que despegaba de sus zonas de influencia. Estas ganancias probablemente generaban al menos US$30 millones al año.

Si se suma el dinero obtenido del gramaje (US$67,9 millones), los ingresos de la producción de cocaína (US$169,5 millones) y los otros “impuestos” sobre el tráfico de drogas (US$30 millones), las FARC habrían estado ganando US$267 millones al año por el comercio de cocaína. Estos cálculos son estimados, pero InSight Crime consultó a diversos expertos en el tráfico de drogas, quienes creen que de hecho esta cifra es baja.

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Pero las FARC no sólo participaban en el comercio de cocaína. En sus áreas de influencia tradicionales también hay abundantes cultivos de amapola. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) estima que Colombia produce unas dos toneladas de heroína al año. A diferencia de la heroína conocida como “alquitrán negro” mexicano, que tradicionalmente ha tenido una pureza de 40 por ciento, la heroína colombiana pasa por un sofisticado proceso que garantiza una pureza superior al 90 por ciento. Cada kilo de heroína colombiana vale hasta US$100.000 en Estados Unidos, lo que significa que este mercado es de unos US$200 millones.

Si bien el sistema de “impuestos” de los actores ilegales sobre la heroína no es tan estandarizado como los que se cobran sobre la cocaína, fuentes en el departamento de Tolima, donde se cultiva amapola, le dijeron a InSight Crime que los guerrilleros cobraban impuestos sobre los cultivos de amapola o sobre las cosechas de goma de opio. Al analizar el mapa del territorio de las FARC y de los cultivos de amapola, resultaría extraño que las FARC no estuvieran beneficiándose también de esta industria, en por los menos US$5 millones al año.

presencia farc cultivos amapola

En la última década, las FARC también se involucraron en el comercio de la marihuana en el Departamento del Cauca. El Frente 6 y la Columna Móvil Jacobo Arenas han establecido un cuasi monopolio sobre la producción de marihuana en las montañas de Cauca, donde se produce la marihuana de más alta calidad del país, conocida como “cripa”. Una hectárea de marihuana puede producir 2.000 kilos de la droga al año. Un kilo de marihuana de alta calidad vale un promedio de US$170. No existen datos confiables sobre el número de hectáreas cultivadas, pero fuentes del Cauca le dijeron a InSight Crime que podrían ser más de mil hectáreas. Según nuestras estimaciones, mil hectáreas produciendo 2.000 kilogramos a US$170 cada uno podrían generar más de $300 millones al año. Sería sorprendente que las FARC no estuvieran recibiendo US$30 millones de estas y otras plantaciones de marihuana en sus áreas de influencia.

presencia farc cultivos marihuana

Las FARC han sido muy ineficientes en su manejo del narcotráfico. El Secretariado, el órgano directivo de la organización, por motivos políticos siempre se ha mantenido distanciado del tráfico de drogas y ha delegado esta responsabilidad a los frentes. Por eso el tráfico nunca ha sido controlado centralmente, ni se han maximizado sus potenciales beneficios. Sin embargo, si estos cultivos y este territorio fueran tomados por las Bacrim, que son extremadamente eficientes en maximizar los beneficios, podrían generar más de US$1,2 mil millones de ganancias al año.

La extorsión

Después del narcotráfico, la extorsión ha sido la segunda economía criminal más grande y lucrativa de las FARC. Una vez más, las estimaciones sobre las ganancias potenciales son difíciles de obtener, dado que pocas víctimas reportan dicha actividad. Sin embargo, InSight Crime ha logrado reunir algunas cifras mediante investigación de campo.

Los informes provenientes de diversas partes del país indican que las FARC les estaban cobrando a los ganaderos un “impuesto” de US$3,50 (10.000 pesos colombianos) por cabeza de ganado al año. Para hacerse una idea del potencial de ingresos, en el departamento de Caquetá, dominado por las FARC, donde la extorsión es generalizada, en 2014 había 1.294.718 cabezas de ganado registradas. Esto podría haber generado un ingreso anual de US$4,5 millones para la guerrilla.

Casi todos los negocios en las áreas de las FARC tenían que pagar extorsiones. Las empresas de transporte eran particularmente vulnerables, pues pagaban entre US$10 y 70 por vehículo al mes; sin embargo, todo tipo de empresas debían pagar, desde las grandes petroleras hasta las tiendas pequeñas. Los contratos públicos para construir carreteras, puentes o infraestructura para aguas residuales generalmente debían entregar entre el 10 y 15 por ciento del valor del contrato para poder trabajar sin ningún obstáculo en las zonas de las FARC.

La investigación de campo en la región conocida como Bajo Cauca (ubicada entre los departamentos de Antioquia y Córdoba), donde han estado presentes las FARC, las Bacrim y el último grupo guerrillero que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), permitió descubrir que allí existían cuotas de extorsión fijas. Las empresas pequeñas pagaban entre US$24 (70.000 pesos) y 278 (800.000 pesos) al mes, dependiendo de su volumen de negocios. Las empresas medianas pagaban entre US$350 (1 millón de pesos) y más de US$1.000 (3 millones de pesos) al mes. Y las empresas grandes podían pagar hasta US$10.000 (30 millones de pesos) al mes.

Se cree que en el municipio de Tarazá, ubicado en el Bajo Cauca, donde hay 623 negocios registrados, el valor total de las extorsiones era de un poco menos de US$100.000 al mes. Ahora bien, Tarazá es un municipio con un gran número de negocios, pero la mayoría de los municipios donde las FARC estaban presentes eran rurales y pobres. Pero si las FARC tenían presencia en 265 municipios del país, y si cada uno generaba tan sólo una cuarta parte de esa cantidad—aproximadamente US$25.000 mensuales—, entonces su potencial de ingresos por la extorsión podría sobrepasar los US$75 millones al año (US$25.000 x 12 meses x 256 municipios = US$76,8 millones).

Del secuestro a la minería de oro

La guerrilla abandonó la práctica del secuestro en 2012, una actividad criminal que les generaba hasta US$300 millones al año durante el apogeo del secuestro en el año 2002. Sin embargo, este ingreso fue sustituido por las extorsiones al próspero sector de la minería ilegal de oro, que creció enormemente en 2010 dado que los precios pasaron de US$1.200 por onza a más de US$1.800 hacia el año 2011.

En este sentido, las FARC también organizaron su sistema de extorsiones. Cobraban por las dragas y la maquinaria pesada que se movía en sus áreas, hasta US$7.000 por las retroexcavadoras más grandes. Por cada máquina, el dueño pagaba un impuesto mensual de entre US$1.000 y 4.000, dependiendo de la cantidad de oro extraído. En nueve municipios del mencionado Bajo Cauca, InSight Crime registró más de mil retroexcavadoras en operación en el año 2012, que generaban un ingreso mensual promedio de US$3 millones, es decir, más de US$36 millones al año. Si bien todo este dinero no llegaba a las arcas de las FARC, da una idea del potencial de ingresos de la industria del oro en una sola zona. En el Bajo Cauca también hay evidencia de que los mineros artesanales, quienes trabajan sin maquinaria pesada, pagaban extorsiones de entre US$25 y 250 al mes, dependiendo de la cantidad de oro que cada uno extraía.

presencia farc depositos minerales

Es difícil obtener cifras precisas sobre la producción ilegal de oro, aunque las exportaciones de oro de Colombia superan los US$2 mil millones al año, y un 80 por ciento de ese total se extrae de manera ilegal. Sólo un 12 por ciento del oro extraído en el país se realiza de forma totalmente legal, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Las FARC no sólo obtienen ganancias de la minería de oro. Hay evidencia de que las FARC cobran impuestos sobre el carbón, la plata, el tungsteno y el coltán. No es sorprendente constatar que la presencia de las operaciones de minería ilegal coincide con la presencia de guerrilleros y Bacrim. (Vea el mapa arriba).

Una vez más, estas estimaciones, confirmadas por fuentes oficiales que hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato, ubican las ganancias de las FARC a partir de la minería en unos US$200 millones al año.

Si se suman todas estas economías criminales, las FARC podrían haber ganado US$580 millones en 2015. Sin embargo, creemos que la organización recibió quizá US$300 millones al año, la mayoría de los cuales se invirtieron en operaciones a nivel nacional e internacional. Otra buena parte llegó a los bolsillos de los comandantes de las FARC en toda la cadena de mando. Dado que los comandantes le estuvieron robando sistemáticamente al ejército guerrillero durante años, no es sorprendente que varias facciones se hayan negado a entregarlo todo y a retirarse del negocio.

Esta es la última entrega de una serie de tres artículos que InSight Crime ha publicado sobre las riquezas y la economía criminal de las FARC. Vea además el primer y el segundo artículo.

Las riquezas de las FARC: lista de activos no revela patrimonio total de la guerrilla

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El ejército guerrillero desmovilizado de Colombia, las FARC, finalmente reveló su lista oficial de activos —por valor de cientos de millones de dólares— pero el fiscal general del país ya arremetió contra el “inútil” inventario, que puede representar un valor muy inferior a las verdaderas riquezas de los exguerrilleros.

La organización guerrillera desmovilizada, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha declarado bienes por cerca de US$332 millones, que incluyen rubros como propiedad raíz, cabezas de ganado, oro e incluso electrodomésticos.

Luego de que las FARC publicaran un resumen de sus activos, la revista Semana puso en línea una versión al parecer filtrada del inventario completo. Las FARC habían entregado el inventario al gobierno con el ánimo de convertir esos bienes en fondos para las víctimas del país, luego del desarme oficial del grupo guerrillero, a comienzos de este mes.

 Bienes declarados por las FARC

 Vea aquí una versión de Datawrapper del inventario resumido.

Pero, el inventario desató indignación por su aparente falta de diligencia, así como por la inclusión de artículos de uso cotidiano de escaso valor, como escobas, exprimidores de jugo, pocillos y talco. (La lista completa revela que junto a los enseres domésticos tan ridiculizados, las FARC incluyeron equipos costosos, como equipos odontológicos y herramientas industriales). Eso llevó al fiscal general de Colombia Néstor Humberto Martínez a escribir una carta de desdén al gobierno.

Este es el primero de una serie de artículos que InSight Crime publicará sobre los bienes de las FARC y las economías criminales en los próximos días.

Gran parte de los bienes en la lista de las FARC, equivalente a casi la mitad de su patrimonio, carece de matrícula inmobiliaria, “lo que lo hace francamente inútil e improcedente” para el inventario, escribió Martínez. Como no puede identificarse legalmente el dueño de estas propiedades, la Fiscalía General ha determinado que “por ahora, no hay inmuebles de las FARC que escapen a la acción real de extinción” por parte de las autoridades.

En el inventario, las FARC también “aceptaron como suyos” activos que los fiscales pueden haber descubierto en sus investigaciones sobre el grupo guerrillero, sin identificación precisa de estos. Las autoridades ya comenzaron a efectuar la extinción de dominio de activos de las FARC por un valor cercano a los US$580 millones de dólares, según afirma en su carta.

Además, la lista incluye artículos y servicios que no pueden liquidarse, y que fueron rechazados por el fiscal general Martínez. Esto incluye servicios médicos brindados por la guerrilla, como primeros auxilios y cirugías; su armamento, el cual o será destruido o se convertirá en monumentos conmemorativos; y miles de kilómetros de vías que las FARC supuestamente construyeron.

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Un comunicado emitido por el secretariado de las FARC el 25 de agosto ofreció una respuesta a la crítica de Martínez, donde atribuía la ambigüedad de los títulos de propiedad a la ausencia histórica del estado en las zonas rurales y aducía que el grupo guerrillero perdió también mucha información durante el conflicto armado para ofrecer una lista verdaderamente exhaustiva de los bienes.

La carta adjunta del grupo a las Naciones Unidas, que recibieron la primera versión del inventario, puso de relieve las limitaciones de tiempo en las que se realizó, y ofreció la posibilidad de proporcionar todos los detalles necesarios para localizar las propiedades a más largo plazo.

El miembro del secretariado de las FARC Pastor Alape también comentó que el dinero de las FARC “apenas representa una contribución modesta a la reparación material” de las víctimas. “El estado es el responsable de la atención de las víctimas. Ningún estado puede eludir sus deberes, y no puede delegar esa función a las personas”.

¿Todo el dinero está ahí?

Aunque los guerrilleros han defendido por mucho tiempo su afirmación de que “las FARC no tienen dinero” más de 50 años de lucrativas actividades criminales y pruebas de una amplia actividad de lavado de activos indica que su patrimonio es mucho mayor de lo que han admitido.

Con base en cálculos realizados por InSight Crime entre 2015-2016, antes del desarme oficial de las FARC, las potenciales ganancias anuales de la guerrilla, derivadas de sus actividades ilegales pueden haber llegado a US$580 millones, en su mayoría por las actividades con narcóticos y minería ilegal. Y estimativos publicados por The Economist en 2016 indicaban que los activos totales de las FARC podían superar los US$11 mil millones.

Hay evidencia de que gran parte del patrimonio de las FARC se mantiene oculto. En primer lugar, las autoridades colombianas ya han identificado o puesto bajo la figura de extinción de dominio activos ligados a las FARC por un valor muy superior al declarado por las FARC, como propiedades urbanas y ganado que por sí solos superan los inventariados.

Y aunque las FARC alegan que gran parte de sus ganancias se destina a la financiación de la lucha, incluyendo las armas, la calidad y actualidad del armamento entregado a la ONU puso en evidencia lo sustancial de su riqueza, según un funcionario de alto rango de las Naciones Unidas, citado por Semana.

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Sin embargo, aunque muchos frentes sin duda se beneficiaron de las actividades criminales, lo más probable es que muchos mandos medios nunca declararan esa riqueza ni la entregaran al secretariado de las FARC, y en lugar de eso prefirieran quedársela. Esta es una de las razones que podría explicar porqué el inventario oficial de las FARC es más exiguo que su riqueza real —mucha parte del cual no se puso en conocimiento de los altos mandos, o sigue en manos de los comandantes que desertaron del proceso de paz. Sin duda, el desglose frente por frente de los bienes de la guerrilla reveló que decenas de millones de dólares en activos parecen haber sido secuestrados por poderosos grupos disidentes en el este de Colombia. (en los próximos días InSight Crime publicará un análisis sobre este inventario detallado).

Quizás lo más importante es que gran parte, si no la mayoría del dinero de los excombatientes es blanqueado por un número desconocido de testaferros —ciudadanos legales que pueden no tener vínculo aparente con las FARC— que podrían ayudar al grupo a mantener activos indetectados. Además, fuentes de la Fiscalía General informaron a InSight Crime que la mayor parte de la riqueza de la organización se mantiene oculta en activos en el exterior. El inventario al parecer no incluye activos ni cuentas bancarias en otros países.

A fin de cuentas, es probable que miembros de las FARC de todos los niveles hayan mantenido activos clandestinos como red de protección para seguir adelante, como medio de financiamiento para su movimiento político o para mantener una posición segura en ciertas economías criminales.

El problema con el inventario de las FARC

La estrategia de las FARC de incluir en su inventario activos descubiertos por los fiscales, sin identificación precisa no tiene muchas posibilidades de funcionar. Sin embargo, esto indica que las FARC están en problemas y, si se les impusiera, podría no coincidir con la lista verificada de activos del fiscal general. Esta es una de las formas más sencillas que tienen las autoridades de despojar a la guerrilla de los beneficios de la justicia transicional, que incluye sentencias máximas de ocho años para los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto.

La judicialización de los exguerrilleros como delincuentes comunes puede dar satisfacción a los opositores del proceso de paz; algunos creen que el fiscal general se cuenta entre ellos. Pero también podría ser un paso demasiado lejos para muchos de los excombatientes que tienen poca fe en el proceso, quienes con mucha facilidad podrían regresar a su estilo de vida y ganancias anteriores, si se vislumbra la amenaza del tiempo en prisión.

Sin embargo, algunos temores en torno a cómo se utilizarán los activos de las FARC se disiparon con un decreto presidencial del 24 de agosto, donde se afirmaba que todas las ganancias se destinarán exclusivamente a las víctimas del país. Esto debería eliminar la posibilidad de que se empleen ganancias para financiar los programas de reinserción de las FARC o su actividad política, lo que habría dado a los exguerrilleros algo de control en la administración de sus bienes, y se vio como una posibilidad de lavar su dinero ilegal.

Además, la propuesta del fiscal general de que la totalidad de los bienes inmuebles de las FARC aún corren el riesgo de quedar bajo la figura de extinción de dominio plantea la pregunta de si esas ganancias llegarán a manos de las víctimas del país. Cualquier activo extinto técnicamente pasa por el sistema de justicia ordinaria, y no por el sistema de justicia transicional, aunque algunos funcionarios del gobierno han indicado que aún puede usarse para la reparación de las víctimas.

Este es el primero de una serie de artículos que InSight Crime publicará sobre los bienes de las FARC y las economías criminales en los próximos días.

¿Qué sigue tras el desarme de las FARC en Colombia?

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Este 15 de agosto fue el último día del histórico desarme de los guerrilleros de las FARC, que allana el camino para la siguiente fase crucial del proceso de paz en Colombia: su reinserción a la sociedad. Pero los excombatientes son vulnerables y existen grandes tensiones. ¿Podrá el gobierno evitar el deterioro de la situación de seguridad en Colombia y garantizar que los combatientes desmovilizados no retornen a la vida criminal?

El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, anunció que el 15 de agosto el personal de las Naciones Unidas (ONU) retiró las últimas armas de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de las zonas de desmovilización.

“El desarme de las FARC termina”, dijo Villegas.

Tras la finalización de la etapa de desarme, los excombatientes permanecerán en las zonas de desmovilización temporales, que a partir de ahora se llamarán Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Las armas recogidas serán recicladas, y con ellas se construirán tres monumentos alusivos a la paz.

Sin embargo, todavía existe una cantidad indeterminada de armas en diversas zonas de almacenamiento por todo el país. Hacia finales de julio, la ONU había accedido a menos de la mitad de los 779 sitios registrados en ese momento por las FARC.

Estos depósitos de armas ya han sido blanco de los grupos armados. El 6 de agosto, un equipo de trabajo fue atacado cuando buscaba un sitio de almacenamiento, tras lo cual un policía resultó herido. Se cree que los atacantes eran disidentes de las FARC o miembros del segundo grupo guerrillero más grande del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Villegas anunció además que habrá cambios en los procedimientos de seguridad en las zonas.

“El marco legal de las zonas [de desmovilización] termina […]  también en el diseño de la seguridad de las zonas para las comunidades que las recibieron”, dijo.

Esto significa que la policía permanecerá en esas mismas áreas por los próximos tres años y podrá ingresar a las zonas, y que los excombatientes no serán responsables de su propia seguridad.

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Además, como parte de un plan de despliegue que fue anunciado en 2016, 80.000 miembros del ejército y la policía mantendrán su presencia en 116 municipios vulnerables donde las FARC solían ejercer el control.

“Esta se considera la operación policial y militar más grande que tiene hoy el hemisferio y el continente americano”, dijo el ministro de Defensa.

La siguiente fase del acuerdo de paz se centrará en la reincorporación política, social y económica de los exguerrilleros, lo que incluye la conformación de su propio partido político.

(Cortesía de la Misión de la ONU en Colombia)

Análisis de InSight Crime

Ahora que están desarmados, los exguerrilleros de las FARC son más vulnerables que nunca. El gobierno es el principal responsable de proveerles lo que necesiten para sobrevivir e integrarse a la vida civil y a la sociedad, con el fin de evitar que vuelvan a caer en la criminalidad.

Según Raúl Rosende, jefe de gabinete de la misión de la ONU que continuará monitoreando el proceso, “hay dos elementos fundamentales para ello: que los excombatientes tengan seguridad física y socioeconómica”.

La importancia de proporcionar seguridad física quedó clara en la víspera del final oficial de la fase de desarme, cuando el presunto jefe de milicias del Frente 18 de las FARC fue asesinado a las afueras de un campamento de desmovilización de las FARC.

Otros líderes sociales también están siendo asesinados año tras año, un síntoma más del disminuido poder de las FARC y de las deficiencias del Estado para ocupar los territorios que solían ser de la guerrilla y proveer protección en dichos lugares. El 6 de agosto, presuntos miembros de Los Urabeños, la organización criminal más poderosa de Colombia, asesinaron al líder local Nidio Dávila, quien estaba promoviendo activamente la sustitución de los cultivos de droga en el departamento colombiano donde más coca se produce. Este no es el primer ejemplo evidente de la oposición criminal al proceso de sustitución de los cultivos de coca.

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Como lo demuestra el caso de Dávila, estas muestras de violencia pueden tener un impacto directo sobre el crimen organizado. La inseguridad afectará la capacidad de las comunidades para hacer frente a los grupos criminales que buscan explotar y expandir el comercio de drogas y otros negocios ilegales, lo que podría tener graves repercusiones en la estabilidad de Colombia e incluso en las relaciones internacionales del país con socios clave como Estados Unidos.

Dadas estas condiciones, los exguerrilleros y las comunidades rurales tienen más razones para temer que los esfuerzos de seguridad del gobierno no serán suficientes en el futuro cercano. Esto podría alentar a los grupos de civiles a armarse para su propia defensa, una opción que los comandantes de las FARC han apoyado anteriormente.

Sin embargo, ha habido algunos avances en cuanto a seguridad, como el despliegue estratégico de las fuerzas del Estado y la aprobación de una ley que les permite a los exguerrilleros de las FARC vincularse a una fuerza especial de 1.200 guardias de seguridad, denominada Unidad Nacional de Protección (UNP), cuya principal función consistirá en brindarles seguridad a los exguerrilleros.

Como ha señalado Rosende, el funcionario de la ONU, para que los exguerrilleros continúen comprometidos con el proceso de paz se requiere que tengan buenas condiciones de vida. Ya se han puesto en marcha los planes iniciales para lograr esto. El mes pasado, se crearon cuentas bancarias para los guerrilleros desmovilizados y se les pagaron las primeras sumas mensuales de dinero —justo por debajo del salario mínimo de Colombia (que es de unos US$250)—. Además, los exguerrilleros iniciaron su primera cooperativa financiera, que estará encargada de proveer fondos para los desmovilizados emprendedores. Los nuevos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación también ofrecerán más oportunidades educativas para los excombatientes, que ya han experimentado con sus propios negocios y proyectos agrícolas.

InSight Semanal: Narcoterrorismo en Latinoamérica, ¿qué tan real es la amenaza?

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En nuestra sesión de Facebook Live del 10 de agosto, el editor sénior Mike LaSusa habló con Benoît Gomis, investigador asociado de Simon Fraser University, sobre los mitos y realidades de la amenaza del “narcoterrorismo” en Latinoamérica.

LaSusa comenzó por preguntarle a Gomis por su análisis acerca de la amenaza de grupos terroristas como Hezbolá y el Estado Islámico en Latinoamérica y el Caribe. Gomis explicó por qué cree que, aunque la amenaza de estos grupos es real, a menudo se ha exagerado sobre la misma, generalmente por razones políticas, y ello ha llevado a desviar la atención de asuntos de seguridad más apremiantes.

También hablaron sobre las amenazas que plantean otros grupos terroristas de la región, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también de Colombia, y Sendero Luminoso, de Perú, y sobre cómo las políticas militaristas no han logrado abordar los factores subyacentes que sostienen las actividades de estos grupos y que conducen al reclutamiento de más miembros.

Vea la conversación completa en Facebook Live:

Nuevos grupos de disidentes de FARC comienzan a formarse en Colombia

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A pocas semanas de completar la desmovilización de la guerrilla de las FARC en Colombia, denuncias de robos de armas, narcotráfico, reclutamiento forzoso y homicidios ligados a disidentes de las FARC muestran cómo un nuevo hampa ya está tomando forma para sucederla.

En las últimas dos semanas, han surgido denuncias de actividad de disidentes, que involucra a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el norte, sur, centro y este de Colombia, un indicio de que disidentes de esa guerrilla comienzan a ejercer control sobre territorios claves para el narcotráfico.

Los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, en el centro y este del país, se han convertido en ejes de actividad disidente; hay denuncias que indican que las redes de los ex FARC ahora controlan corredores claves para el narcotráfico, participan en el tráfico de cocaína y en el negocio de la marihuana, y dirigen redes de extorsión.

El 29 de julio, la marina colombiana denunció el decomiso de una tonelada de marihuana de alta potencia perteneciente a disidentes del frente 47 de las FARC, que era transportada por río en el municipio de Solita en Caquetá, según informó El Tiempo. Este decomiso es el segundo de esa magnitud en Caquetá, luego del descubrimiento de otra tonelada en mayo, que las autoridades vincularon a disidentes del frente 14.

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La semana anterior, el 21 de julio, la captura de Eduardo Moreno Montaña, alias “Jairo Pineda” o “Pando”, puso al descubierto las operaciones de una célula disidente que tenía actividades en el departamento de Meta, centro-este del país, según Semana. Moreno, quien desertó en abril de un campamento de desmovilización en Meta, dirigía presuntamente una célula de 30 personas especializadas en extorsión, que era responsable de varios ataques recientes con explosivos.

Las fuerzas de seguridad creen que la célula de Moreno hacía parte de una red mayor, conformada por disidentes del séptimo frente, que es una de las tres redes criminales con poder en la región, junto con los dirigidos por antiguos miembros de las FARC, de los frentes primero y Acacías. Estas tres organizaciones controlan el territorio, que constituye en conjunto corredores de narcotráfico claves con salida a Venezuela y Brasil, según la revista Semana.

Estas redes disidentes han continuado la práctica de reclutamiento forzoso de menores de edad, según comentarios hechos por el Defensor del Pueblo del gobierno colombiano, Fernando Carrillo. Su denuncia se refuerza con informes del municipio de Solano en Caquetá, de que el ejército ha puesto a varios jóvenes bajo su protección, pues eran objetivo de reclutamiento forzoso de remanentes del frente primero, separado de las FARC.

Además, el 25 de julio, en el departamento de Nariño, suroeste del país, el ejército notificó la captura de cinco disidentes de las FARC que supuestamente dirigían una red de narcotráfico en el municipio de Policarpa, según información de El Tiempo.

La región —una de las principales zonas de cultivo y procesamiento de coca en el país, asentada sobre rutas de tráfico hacia la costa Pacífica— ha sido un hervidero de actividad disidente. El ejército estima que hay por lo menos 100 disidentes trabajando en tres redes, según El Tiempo, mientras que las FARC mismas acusaron a una pandilla integrada por disidentes del homicidio de un miliciano de las FARC desmovilizado, un hecho ocurrido el 15 de julio.

El mismo día, en el departamento de Antioquia, noroeste de Colombia, se supo que el gobernador Luis Pérez había denunciado que disidentes de las FARC estaban formando bandas criminales en una carta al Ministerio de Defensa.

Según Pérez, en el municipio de Dabeiba, las FARC expulsaron a tres miembros que robaron armas de las caletas entregadas a las Naciones Unidas como parte del acuerdo de desmovilización, y reclutaron a casi una docena de criminales locales para formar su propia red. Pérez también afirmó que en el municipio de Ituango, 14 desertores de las FARC habían robado armas y montado una banda criminal. Tanto Dabeiba como Ituango son lugares de producción y procesamiento de coca.

Análisis de InSight Crime

En muchos aspectos, el proceso de paz con las FARC avanza según lo planeado; las FARC han depuesto sus armas y entregado una lista de sus activos, están formando su nuevo partido político y les faltan pocas semanas para terminar el periodo de desmovilización transicional. Pero los últimos días de las FARC como organización guerrillera han dejado al hampa colombiano en el umbral de una nueva era. Y aunque aún está por verse qué forma tomará exactamente, el flujo consistente de denuncias sobre las actividades de los disidentes de las FARC brinda algunas claves.

Los intereses criminales de estas redes son claros. Cada uno de los informes recientes vienen de territorios que se encuentran en importantes centros de cultivo y procesamiento de estupefacientes; cooptar este lucrativo negocio es casi con certeza el principal objetivo de estos grupos. Sin embargo, como se vio en Meta, el narcotráfico puede no ser la única actividad criminal en su portafolio delincuencial, y si estas células pueden ejercer control territorial en sus zonas de operación, también es probable que creen redes de extorsión.

Las armas incautadas en redadas contra las redes disidentes —que incluían AK-47 en Caquetá, granadas en Meta y rifles y una ametralladora en Nariño— indican que estas redes han logrado evadirse con un poderoso arsenal de armamento.

Las nuevas denuncias también dan pistas importantes sobre la manera como se estructurarán estas células. Hasta el momento, algunas células de antiguos miembros de las FARC que se han identificado siguen siendo relativamente pequeñas. Es probable que la estructura más numerosa llegue a la centena de integrantes, y las denuncias del este indican que los grupos no están tan organizados jerárquica y militarmente como la guerrilla de las FARC.

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Redes pequeñas, ágiles y más descentralizadas con intereses criminales diversificados que controlen eslabones en la cadena del narcotráfico en lugar de todo el proceso son comunes en el hampa colombiano actual. Pero cabe la posibilidad de que Colombia repita la tendencia observada después de la desmovilización de la contrainsurgencia paramilitar, cuando más de 30 grupos iniciales se unieron en menos de media docena de poderosos ejércitos armados, hasta el punto en que hoy no hay más que una organización con genuino alcance nacional: Los Urabeños.

Otra pregunta importante que flota sobre la evolución de estas células es cómo interactuarán con otros elementos del hampa colombiano, en particular con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (que se está expandiendo a los antiguos territorios de las FARC aun cuando estén sentado a la mesa de diálogos con el gobierno), así como los Urabeños y otras redes de ex FARC. Las células de antiguos miembros de las FARC tienen tres opciones en cuanto a su relación con otros actores: o cooperan, enfrentan o son absorbidos.

Es muy probable que continúe la expansión de las células disidentes de las FARC, e incluso que pueda acelerarse cuando los guerrilleros dejen los campamentos de desmovilización, lo cual debilitará la influencia del secretariado sobre los soldados rasos, mientras deja a muchos exguerrilleros enfrentados al abrumador prospecto de la reintegración a la vida civil o a la tentadora promesa de la criminalización.

Las redes que estos informes dibujan bien pueden representar la primera ola de unidades criminalizadas de las FARC, sus intereses, estructura y modus operandi. Mientras el proceso de paz sigue desarrollándose, queda por ver cómo evolucionarán y cómo evolucionará con ellos el resto del mundo criminal colombiano.

DEA se hizo pasar por miembros de las FARC para atrapar traficante de armas

Un hombre de Costa de Marfil se declaró culpable en una corte de Estados Unidos por ofrecer apoyo a agentes encubiertos de la DEA que se hacían pasar por miembros del grupo guerrillero colombiano FARC, lo que plantea dudas acerca del manejo de operaciones similares en el futuro, dada la actual desmovilización de las FARC.

Faouzi Jaber, ciudadano de Costa de Marfil de 61 años de edad, conocido por el alias de “Excellence”, se declaró culpable en una corte federal de Nueva York el 25 de julio por conspirar para traficar armas y drogas como apoyo a la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), considerada por Estados Unidos como una organización terrorista.

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Según un comunicado de prensa de la Fiscalía de Estados Unidos, Jaber se reunió varias veces con fuentes confidenciales que trabajaban para la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), que se hacían pasar por miembros de las FARC. En dichos encuentros, Jaber les presentó traficantes de drogas y armas a las fuentes confidenciales y prometió ayudarle a la guerrilla a obtener armas, traficar drogas en África y lavar dinero.

Jaber fue arrestado en abril de 2014 por autoridades locales en la República Checa, a quienes Estados Unidos les solicitó ayuda para capturarlo y extraditarlo.

Análisis de InSight Crime

Jaber no es el primer traficante de armas internacional atrapado por agentes de la DEA haciéndose pasar por miembros de las FARC. Quizá el caso más conocido es el que ocurrió en Tailandia en 2008, cuando fue arrestado Viktor Bout, conocido como el “mercader de la muerte”, quien fue condenado en Estados Unidos por conspirar para vender armas a fuentes de la DEA que se hacían pasar por combatientes de las FARC. Más recientemente, luego de una operación similar, un hombre de origen rumano llamado Flaviu Georgescu fue declarado culpable en Estados Unidos por participar en una conspiración para traficar armas.

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Aunque la táctica de hacerse pasar por miembros de las FARC le ha permitido a la DEA capturar varios presuntos criminales internacionales, la agencia deberá encontrar un nuevo grupo por el cual hacerse pasar en este tipo de operaciones. Las FARC, uno de los grupos guerrilleros más antiguos y famosos del mundo, firmó un acuerdo de paz con el gobierno colombiano el año pasado, y recientemente entregó sus armas a las Naciones Unidas.

Sin embargo, el hecho de que las FARC hayan desaparecido como organización guerrillera no significa que la DEA deje de usar fuentes confidenciales que se hacen pasar por delincuentes para ejecutar operaciones encubiertas. De hecho, esta táctica —que ha sido criticada como estrategia de captura— se ha vuelto esencial para la DEA en su persecución de casos del denominado “narcoterrorismo” en Latinoamérica y otras partes del mundo.

Colombia comienza bancarización de exguerrilleros de las FARC

El gobierno de Colombia ha dado inicio al proceso que permitirá el ingreso de los guerrilleros desmovilizados de las FARC al sistema bancario del país, pero las sanciones internacionales vigentes contra su liderazgo podrían complicar este importante paso en la reintegración de los exguerrilleros a la sociedad.

El alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo anunció que el 21 de julio comenzó el proceso que permitirá la transferencia de dinero por parte del gobierno colombiano a los miembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó Caracol.

El anuncio se realiza en el marco del acuerdo de paz firmado el año pasado entre el gobierno y las FARC. Los exguerrilleros que sean bancarizados recibiran lo correspondiente al 90 por ciento del salario mínimo legal en Colombia (actualmente de unos US$215) y podrán acceder a otros servicios financieros, como créditos o abrir cuentas de ahorros.

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Aunque se estima que casi 7.400 exguerrilleros podrían ser bancarizados, la Superintendencia Financiera del país ha descartado establecer una regulación especial para que entre 90 y 150 de los desmovilizados que actualmente están incluidos en la lista de capos (Kingpin List) de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus iniciales en inglés), puedan tener acceso al sistema financiero colombiano.

La lista, que busca criminalizar las actividades comerciales con personas involucradas con el tráfico de drogas, incluye a Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”; Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias “Pastor Alape”, y Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, así como otros miembros del Secretariado y antiguos comandantes.

Análisis de InSight Crime

Uno de los puntos clave para Colombia en la implementación de los acuerdos de paz consistirá en blindar su sistema financiero de capitales de procedencia ilícita. De no hacerlo, el país podría estar incumpliendo con los acuerdos de Basilea, una serie de regulaciones de sostenibilidad financiera internacional, lo cual podría afectar la reputación de sus bancos e incluso poner en riesgo la calificación de inversión del país.

El país ha venido implementando una serie de herramientas normativas para inventariar los bienes de las FARC y aumentar el impacto de su ley de extinción de dominio, con el fin de poder ofrecer a los bancos información detallada sobre la situación económica y jurídica de los excombatientes y la fuente de sus recursos. Según la Fiscalía General, sus más de 300 investigadores han venido estudiado cuidadosamente más de cinco millones y medio de archivos de inteligencia e identificado cerca de 3.389 bienes que son propiedad del grupo, con un valor aproximado de US$365 millones.

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John Smith, el director de la OFAC, ha señalado que “el propósito de la sanción [de la lista] es que la gente cambie su conducta y, si pasa, si dejan el narcotráfico, blanqueo de dinero y el terrorismo, no estamos en contra de removerlos. Cientos de personas que han sido excluidas, y queremos seguir haciéndolo si hay cambio de conducta”.

Mientras tanto, y frente a la negativa de la Superintendencia Financiera para agilizar el proceso, es probable que el sistema bancario del país prefiera ceñirse a la normativa internacional para evitar sanciones, y que los excombatientes de las FARC sigan encontrando nuevos obstáculos legales y sociales en su reintegración a la vida civil.

Decreto de amnistía de Colombia reduce temores sobre presos de las FARC

El gobierno colombiano expidió un nuevo decreto para facilitar la liberación de guerrilleros de las FARC encarcelados, eliminando un obstáculo en el proceso de amnistía que se había convertido en una de las más graves amenazas a corto plazo para la implementación de los acuerdos de paz en Colombia.

El 19 de julio, según informó El Espectador, el Ministerio de Justicia de Colombia emitió el Decreto 1252, que establece el marco legal para suspender el proceso judicial y conceder amnistías e indultos a miles de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que permanecen en prisión.

El decreto, que se establece como un complemento a la Ley de Amnistía del año pasado, asegura que la situación judicial de los miembros de las FARC que continúan encarcelados se debe resolver rápidamente, estipulando que todos los casos deben ser procesados dentro de los 10 días después de las reclamaciones, y estableciendo sanciones para los jueces que no lo hagan, según informó El Universal.

El nuevo decreto también busca desenredar las complicadas situaciones jurídicas de muchos miembros de las FARC. Establece que los miembros de las FARC condenados por ciertos delitos, algunos de los cuales no están incluidos en la amnistía, recibirán libertad condicional dado que ya han pasado por lo menos cinco años en prisión.

Como respuesta ante esta ley, el líder de las FARC Seusis Pausias Hernández, alias “Jesús Santrich”, terminó la huelga de hambre que había comenzado hacía casi un mes debido a los largos retrasos en la liberación de miembros de las FARC encarcelados, informó El Espectador.

Análisis de InSight Crime

Resolver la situación jurídica de los miembros de las FARC que se encuentran presos se había convertido en un gran obstáculo para la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, tanto así que incluso Naciones Unidas había increpado al gobierno colombiano por sus interminables retrasos en la liberación de los presos.

A principios de julio, más de seis meses después de la aprobación de la Ley de Amnistía, sólo el 30 por ciento de los miembros de las FARC encarcelados habían sido liberados, según grupos de defensa de los derechos de los presos. Un informe de una coalición de este tipo de grupos señala que las FARC han reconocido 3.400 presos como miembros de sus filas, mientras que el gobierno ha certificado a 2.400 como militantes de las FARC. De los que fueron certificados, a 285 se les ha concedido la amnistía, a 254 se les otorgó libertad condicional y 283 fueron trasladados a los campamentos de desmovilización de las FARC.

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Los retrasos en la amnistía han sido una de las principales preocupaciones de las FARC durante el proceso de desmovilización, y han contribuido a la desconfianza en el gobierno y en su voluntad y capacidad para cumplir sus promesas.

Sin embargo, más de 7.000 miembros de las FARC ya se han beneficiado de la amnistía, y si a éstos se les suman sus compañeros encarcelados, con esto se eliminará una de las mayores fuentes de ansiedad y posible disidencia entre las filas de las FARC.