La estampida del miedo en la frontera colombo-venezolana

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Aunque ya no son las masas de hace una década, aún demasiados colombianos que habitan en los límites entre Colombia y Venezuela se están viendo forzados a huir de sus hogares para escapar de la violencia del viejo conflicto armado y de nuevas mafias criminales.

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Entre 2008 y 2011 se desplazaron en Norte de Santander más de 27.000 personas, y en el primer semestre de este año ya iban casi 1.000 personas que se han tenido que ir de sus hogares de afán en grupos grandes, y muchas decenas más en forma individual.

VerdadAbierta.com conversó con algunas personas en plena huída, constató como el conflicto entre el Estado y las guerrillas sigue forzando a la gente a desplazarse y cuenta qué tiene que ver el narcotráfico en todo esto.

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¿Por qué no paró el desplazamiento?

Entre 1998 y 2005, en Norte de Santander, el más poblado departamento al oriente colombiano, pegado a Venezuela, una brutal ofensiva las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se definían como una fuerza ilegal contrainsurgente, invadió pueblos y veredas, asesinó, quemó, aterrorizó, y obligó a 114.000 hombres, mujeres y niños a salir despavoridos para salvar sus vidas. Estos paramilitares querían, sobre todo, arrebatarle a las guerrillas las ganancias de la exportación ilegal de cocaína por la lucrativa ruta venezolana. Este negocio es más atractivo en esa parte del país. Allí, en la selva del Catatumbo, crece frondosa la coca y se recogen seis cosechas y medio al año. Además, como son subsidiados por el gobierno de Venezuela, la gasolina y otros insumos químicos, como el cemento y la acetona, que se usan para extraer la cocaína de la hoja de esa planta, resultan particularmente baratos. En esta frontera porosa de 376 kilómetros, además, son fáciles todos los contrabandos, desde carbón hasta ganado y es sencillo esconder cargas ilícitas y escabullirse cuando el brazo de la ley actúa. Los paramilitares buscaron también suplantar a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC), y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en un territorio a donde habían sido fuertes por más de dos décadas. Y al igual que en el resto del país, eso incluía capturar a los gobiernos locales para conseguir rentas fáciles y robar tierra para montar sus agroindustrias y haciendas ganaderas. Debido a una negociación entre el gobierno nacional y las AUC, éste grupo dejó las armas desde 2004. En noviembre 25, los 1.425 integrantes del Bloque Catatumbo se desmovilizaron oficialmente.

Los nortesantandereanos creyeron que eso marcaba el fin de su tragedia; que había llegado el tiempo de reconstruir. El gobierno, acatando una enérgica sentencia de la Corte Suprema de Justicia en defensa de la población víctima del conflicto armado también de 2004, comenzó a mejorar sus sistemas de atención y de ayuda a los desplazados. Eran insuficientes, pero en las comunas 6, 7 y 8 al norte y al occidente de Cúcuta, la capital del departamento, a donde habían llegado miles a levantar sus improvisados ranchos, el Estado y las organizaciones civiles, como los sacerdotes católicos Scalabrini y otros voluntarios italianos, alemanes y venezolanos, venían construyendo barrios, ampliando cupos escolares, montando centros de salud. Si la avalancha de desplazados hubiera terminado ahí, seguramente hoy ya habría tranquilidad, pero no fue así.

Pronto mandos medios de las antiguas autodefensas que no dejaron las armas reorganizaron sus bandas criminales al servicio de los negocios ilegales de la frontera que nunca dejaron de fluir. Grupos de otras partes del país llegaron a la lucrativa zona. Para 2007, entre locales y foráneos, ya había en la frontera varios grupos aterrorizando a la gente: Urabeños, Rastrojos, y últimamente, una banda que quiere tener apellido pseudo-político y se hace llamar las Autodefensas de Norte de Santander. Hoy estas bandas están desplazando familias trabajadoras que viven al límite entre los dos países, desde Puerto Santander al norte de Cúcuta, hasta Ragonvalia en el sur. También está desplazando a la población civil al norte del departamento la vieja guerra colombiana, por la cual la fuerza pública intenta sacar a las guerrillas del norte selvático del territorio. En El Tarra, norte de Tibú, San Calixto, Teorama y Ocaña, a cada envión del Ejército, la guerrilla siembra más minas en el campo, y dinamita más estaciones de policía y bases militares, muchas de las cuales están en medio de las casas de la gente. Evitando quedar entre fuegos cruzados, las familias huyen, se mudan de zona, van y vuelven, y pasan hambre y a sus hijos les queda marcado el miedo.

La gente sigue huyendo:

Cuentan que en los peores tiempos, por allá entre 1999 y 2002, cuando la arremetida violenta de los paramilitares de las AUC en el Catatumbo, esa selva entre Colombia y Venezuela al norte del departamento de Norte de Santander, expulsaba diariamente a cinco familias por día de Tibú y a dos de El Tarra, los niños, apostados sobre las pilas de hoja de coca, ponían en la mira imaginaria de sus palos al transeúnte, mientras gritaban el traqueteo de las metralletas.

Una década después, esos paramilitares ya no existen pues dejaron las armas a fines de 2004, pero a esos niños que jugaban a imitar a los guerreros no les mejoró mucho la vida. Menos de la mitad de los que viven en el pueblo El Tarra completan la primaria, y apenas el 14 por ciento terminan el bachillerato. Allí y en Tibú, la mayoría de los jóvenes no saben hacer mucho y tienen poco para hacer. Pueden meterse a raspachines –como se le dice en Colombia al oficio cosechar la hoja de coca – porque hay coca sembrada en más de 3.000 hectáreas; los ejércitos legales e ilegales se los pelean. Faltan las vías, beben agua mala y los esfuerzos oficiales por brindar salud y educación son como remiendos que no alcanzan a cubrir los agujeros de la pobreza.

El nuevo gobierno ha reforzado batallones y bases militares que intentan mantener a raya a la guerrilla que acecha, intentando recuperar el territorio perdido en Catatumbo. En El Tarra abundan los uniformados, hay una estación de policía y una base militar. También hay otra a cuatro minutos en automóvil, en una aldea llamada Motilonia (los colonos de la región llamaron motilones a los indígenas Bari por la forma en que se cortaban el pelo). Desde El Tarra, el ejército intenta con dificultad avanzar selva adentro, pues la guerrilla bloquea rutas, siembra minas, lanza explosivos y protege sus cultivos ilícitos a muerte.

En diciembre de 2011 las FARC lanzaron una granada contra la estación de policía; en enero y febrero de 2012 hubo 13 combates en la zona rural y según actores humanitarios de la región, unas 800 personas salieron de sus casas buscando refugio. Algunos se desplazan por unos días, se refugian incluso en la casa del personero o del alcalde, y después regresan a sus casas.1

“Huir es una estrategia de protección de la gente”, dijo una persona que atiende la catástrofe humanitaria en la región. En marzo pasado, en San Pablo, Teorama, otro municipio de Catatumbo, iba entrando la fuerza pública este año y la guerrilla la atacó. Hubo varios muertos y heridos, entre ellos una mujer y un bebé. La población huyó, pero para cuando llegó la ayuda de emergencia, ya la gente había vuelto a sus casas. En esos días de terror, sin embargo, cuando más necesitaron atención médica y sicológica, alimentos y abrigo, no hubo nadie que los auxiliara.

El 14 de mayo, como a las 11 de la mañana, se armó la balacera en Filo El Gringo, otro pueblito de El Tarra. Las FARC tiraron un cilindro explosivo contra el puesto móvil del Ejército que queda enfrente a la escuela primaria. Los militares abrieron fuego y la escuela llena de niños quedó en medio del tiroteo. Por años la escuela había estado vacía, después de que en 2001 las autodefensas sacaran corriendo a las familias de este corregimiento ejemplarmente organizado y bonito, quemando sus casas y amedrentando a todos. La gente progresista de Filo El Gringo comenzó a retornar en 2008, pero ahora la guerra ha vuelto a aterrorizarlos y los niños no quieren volver a estudiar.

El pasado 11 de junio, luego de un ataque a la base militar de Motilonia que destruyó varias casas de la gente, 33 familias salieron corriendo hacia el pueblo. Al poco tiempo todas las familias de esa vereda, unas 86 en total, huyeron “por físico y mero miedo”, como dijo el personero Alexander Collantes al diario local, La Opinión, y se refugiaron en una finca que tiene la Alcaldía pegada al pueblo. Diecinueve niños no quieren volver al colegio, dice un funcionario que los atiende, tienen pesadillas cargadas de olor a pólvora y algunos se orinan en la cama.

La ironía de Motilonia, como dijo un entrevistado con sonrisa agria, es que es casi la única vereda del Catatumbo donde la gente no vive de la coca. Allí las familias aprendieron a cultivar el pescado cachama en estanques. Durante el día la gente ha seguido yendo a ver sus cachamas, pero éstas no reciben el cuidado que requieren y además el zumbido de las balas y estruendo de las explosiones las aturde y no engordan como deberían.

Víctor Ramón Navarro, conocido como Megateo, jefe de frente del Ejército Popular de Liberación, una guerrilla desmovilizada en su mayoría en 1991, sobrevivió la invasión paramilitar y ha construido un poder considerable sobre la base de un narco-emporio y la ejecución de obras públicas y sociales en beneficio de la comunidad. En el territorio bajo su dominio, el número de personas forzadas a desplazarse ha sido constantemente alto en los últimos años.

De Tibú, por decirlo así la capital del Catatumbo, también están huyendo, de a diez personas por mes, según reportó a fin de junio La Opinión. Pero allí no es la guerra la que desarraiga y desplaza, sino son las bandas de criminales que extorsionan y matonean para conseguir dinero rápido de quienes lo han conseguido con años de trabajo. En Tibú un grupo de delincuentes que dice ser de los Rastrojos, el ejército privado creado por un narcotraficante del departamento del Valle al sur del país hacia 2004, es el que extorsiona. La gente no los denuncia porque desconfía, sabe que siempre hay infiltrados en la fuerza pública. De vez en cuando la policía da un golpe, y captura a unos cuantos criminales, pero la fila de jóvenes dispuestos a reemplazarlos es larga, pues hay mucho dinero en juego, y salvo su desdichada vida, tienen poco qué perder.

Dijo un especialista en desarrollo rural que conoce bien la zona, que el narcotráfico se ha ido comiendo al Estado y a las mismas guerrillas como el comején devora la madera en estas tierras tropicales, y cuando hay debilidad en la jefatura, cualquiera hace lo que le dé la gana. Así, cada petardo aparece como hecho terrorista, cuando detrás hay pleitos de negocios por el tráfico ilegal de gasolina, químicos para preparar la cocaína, fertilizantes, lavado de dineros, en los que también están involucrados agentes estatales.

El desplazamiento forzado por el crimen

Puerto Santander, un municipio al norte de la zona metropolitana de Cúcuta es algo así como la puerta de entrada del comercio ilegal a Venezuela. Allí el ambiente es aparentemente tranquilo y las cifras oficiales de desplazamiento son bajitas. No es porque haya paz, como dice un oficial de la policía, más bien es porque allí el dominio de Los Rastrojos es casi absoluto.

Sin embargo, de sus veredas, como hormigas van saliendo personas que se van volviendo incómodas para los hombres armados. Es lo que sucedió con Adolfo y Rosita [los nombres han sido cambiados por razones de seguridad]. Él un modestísimo tejedor de mimbre y fabricante artesanal de zapatos y ella una líder innata que no sabía que lo era, se instalaron en esa aldea y poco a poco fueron haciéndose a un pequeño capital. Primero tenía Adolfo tenía que caminar para vender los zapatos y las sillas por todas esas veredas. Después ya pudo comprar su bicicleta y ahí empezó a rendirle más el dinero y mejoró su rancho. Vinieron los hijos y por una docena de años vivieron tranquilos, prosperando. Los vecinos les propusieron que se metieran a la junta comunal y después, cuando él resultó elegido edil, su mujer entró también a la liderar la comunidad.

“Los paramilitares se desmovilizaron en el 2004, pero ellos dejaron otra gente, como haga de cuenta yo irme y dejar a los hijos que sigan trabajando aquí este tallercito, porque eso fue lo que pasó”, dijo el zapatero a VerdadAbierta.com. (vea el video donde cuenta su historia).

Esa gente que dejó los ‘paras’ puso a uno de los suyos de presidente de la junta de acción comunal, y los vecinos de la vereda no volvieron a las reuniones. Los pistoleros entonces culparon a Rosita de haberlos instigado en contra de ellos. La tensión subió a medida que motociclistas armados venían a preguntar por ella cada vez más seguido. Al final, Adolfo y Rosita salieron y dejaron todo tirado. Se instalaron en otro municipio de Norte de Santander, a empezar de cero. Lograron malvender la casita después de unos meses, y el gobierno le dio a Adolfo el equivalente a unos 700 dólares para que montara su taller. Apenas si le alcanzó para comprarse un calentador que derrite la goma con que le pega la suela a los zapatos y algunos instrumentos básicos. Paga arriendo y se arriesga a viajar a Catatumbo porque por allá puede vender mejor sus zapatos: sus sandalias a 12.000 pesos (US$6.60), botas de jean, a 15.000 pesos (US$8). Si tuviera un cliente fijo, quizás podría salir de la pobreza en que lo dejaron. Pero Adolfo no se queja, al menos no le mataron a ningún hijo.

“El gobierno cree que uno con un millón de pesos (US$555) va a montar empresa, tiene que estar muy de buenas y ganarse la lotería”, dijo Adolfo con pesar. Todas las ferias y capacitaciones que le han dado no le devuelven su taller bien montado, ni la buena vida que habían construido con su esposa y que tuvieron que abandonar. Los muchachos criminales que los forzaron a salir siguen allí en su vereda como si nada.

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En un corregimiento a menos de dos horas de Cúcuta, la capital de Norte de Santander, un departamento de millón y medio de habitantes, la extensa familia de Chepe venía prosperando en paz, hasta que llegó el día de la madre. [Su nombre ha sido cambiado para proteger su identidad.] Él había comenzado con un lote que le dio la reforma agraria hace 39 años, y después con esfuerzo fue comprando lotes vecinos para sus siete hijos. En lugar de estudiar, ellos prefirieron el campo, aprendieron a cultivar el arroz, y entre todos, tomaron créditos y compraron maquinaria, una combinada que sirve para arar y cosechar, y varios tractores. La modesta y amplia casa de los padres servía para los encuentros de la extensa familia que se multiplicó hasta sumar 33 personas, entre ellos, 16 niños.

Las bendiciones, Chepe las supo repartir entre los vecinos. Formaron juntos una cooperativa productora de arroz para sumar fuerzas. Seis mujeres dieron a luz en su carro, que servía de improvisada ambulancia veredal. Quien quisiera tenía siempre un viaje gratis cuando Chepe, salía en su camioneta, y no son pocos los parceleros a quienes este campesino sonriente les prestó sin cobrarles su combinada para darles una mano con sus cultivos. “Son de lo mejor entre la gente de esa región, trabajadores y honrados”, nos dijo a los reporteros de VerdadAbierta.com, un vecino del lugar que alguna vez le hizo un trabajo.15-20-08 desplazados

Todavía se les asoman las lágrimas a los ojos, no sabe uno si de rabia o de tristeza, cuando cuentan el día del ataque en mayo pasado. El almuerzo para celebrar el día de la madre ya había pasado, y sólo quedaba parte de la familia y algunos niños en la casa paterna. De pronto sintieron ruidos y empezó la balacera. La señora de Chepe salió corriendo a cerrar la puerta, y cruzándose por entre las balas que perforaban el metal y las paredes, levantó un colchón y se lo arrojó encima a los niños para protegerlos.

Después se escuchó el estallido de la granada. Los niños lloraban bajito, aterrorizados. A los atacantes –dicen ellos que quizás eran como 15, una jovencita incluida– se les debió estrellar la granada contra una reja alta que protegía la casa y se les devolvió y debió herir a algunos, porque después de lanzarla, salieron corriendo y unos iban cojeando. Los hijos que escucharon los tiros y las explosiones desde las casas vecinas corrieron a socorrerlos, pero ya se habían ido los maleantes. Aterrorizados partieron todos, con mujeres, niños, con algunas cobijas y lo que pudieron meter en la camioneta que también había salido averiada por la granada. Esa noche durmieron en la sede de la alcaldía y al día siguiente se instalaron en una escuela, mientras pensaban qué hacer.

El asalto fue sorpresivo pero los perpetradores no. En las semanas anteriores, en tres ocasiones, un par de muchachos en motocicleta y armados, habían venido a advertirles a Chepe y a sus hijos que debían darles cinco millones de pesos mensuales o si no que se atuvieran a las consecuencias. A él le hubiera gustado poder pagar por su tranquilidad, pero no podía. Con los precios del arroz por el piso, apenas si le queda para cumplir sus pagos a los bancos que financian sus cultivos. Hacía unos años ya le había pasado algo similar, y entonces acudió al Gaula (policía especializada en secuestro y extorsión) y cogieron a los bandidos. Ahora da más miedo. Seis familias cercanas de El Zulia tuvieron que huir a Venezuela cuando fueron extorsionadas por la misma banda. Un jovencito de 14 años que intentó proteger a un familiar lo asesinaron.

Es desesperante ver a este campesino exitoso, trabajador, autónomo, pasando penurias con sus hijos y nietos, arrinconados en una escuela hace casi dos meses. Para comer tienen lo que les regala la Alcaldía, mientras su maquinaria agrícola por la que están pagando a crédito está ociosa. La policía les dijo que se devolvieran a su casa, que ya habían capturado al jefe de la banda, pero Chepe intentó regresar y vio pasar de cerca a dos de los motociclistas sospechosos. Al contrario de los jóvenes sinvergüenza que les querían robar el producido de su trabajo, Chepe y sus hijos sí tienen una vida buena qué perder, y por eso no se arriesgan a volver. Sueñan con irse lejos, a donde no tengan que aguzar el oído para adivinar si el ruido de la moto que se acerca significa que han vuelto para matarlos. (ver entrevista con Chepe en video).

“No es coincidencia que saquen a la familia de Chepe de la región, es una manera de mandarle a todos los demás un mensaje de intimidación. ‘¿Si la más prestigiosa y fuerte familia de la vereda la atacaron así, qué nos pasará a nosotros si no pagamos?’, se preguntarán los vecinos”, dijo una funcionaria de Cúcuta con una larga experiencia en la atención a desplazados.

El coronel Álvaro Pico, experto en inteligencia que hoy comanda la Policía de Cúcuta y de su área metropolitana le aseguró a VerdadAbierta.com que ya ha puesto tras las rejas a 180 maleantes de los grupos que sucesivamente han ido apareciendo desde la desmovilización de las AUC. Primero hubo Águilas Negras, después los Rastrojos se hicieron dueños del bajo mundo de las ciudades y cuando éstos fueron golpeados, los Urabeños, otro grupo fundado por un jefe de las AUC que tuvo poder en el golfo de Urabá, en la costa Caribe colombiana, llegaron a ocupar el lugar.

Las utilidades del negocio del tráfico de estupefacientes alcanzan para financiar varias generaciones de jóvenes ambiciosos o confundidos o misérrimos para que sean la carne de cañón del fabuloso negocio. Las 3.490 hectáreas de coca que, calculó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, había en el Catatumbo en 2011 produjeron poco más de 17 toneladas de cocaína pura, que en Colombia tuvieron un precio de mercado de 42 millones de dólares, los que se volvieron unos dos mil millones de dólares en la calles de las ciudades estadounidenses.

La provisión de precursores químicos también deja ganancias gordas. Según los cálculos de la Policía, los Rastrojos le sacaron en 2010 un promedio de 1.000 millones de pesos mensuales – US$unos 580.000 – a la venta de gasolina. La diferencia del precio entre Colombia y Venezuela hace que este insumo común para el procesamiento de la hoja de coca sea otro negocio. Del lado colombiano la gasolina cuesta 16 veces más que del otro lado de la frontera.

Por momentos, las ganancias de la cocaína han mermado. Por ejemplo, en 2006, después del retiro de los paramilitares quienes habían extendido el cultivo de coca hasta cubrir casi 10 mil hectáreas, el área sembrada disminuyó veinte veces, y las ventas quedaron reducidas a menos del 10 por ciento de los años de la bonanza de las AUC. En los siguientes años, para compensar, los cultivadores casi en su totalidad auspiciados por las FARC, consiguieron sacarle más cosechas al año a cada cultivo –en promedio 6,2– y mejorar la eficiencia, según explicó un funcionario del programa gubernamental de erradicación de cultivos a VerdadAbierta.com. Pero para 2009, el área cultivada se volvió a extender y el mercado floreció de nuevo.

Cuando el mercado baja, los pistoleros de las bandas criminales buscan dinero fácil en los barrios; empujan la droga, roban y extorsionan a quiénes ven como presa fácil. Eso está forzando a mucha gente que no puede o no quiere pagar a salir huyendo hacia Venezuela, hacia otros pueblos del mismo departamento o a otros barrios de la misma capital. Con el éxodo de la gente buena, los malos se hacen más fuertes, y el poder los va llevando a abusar más: a sacar a alguien que no quiso entregarles un hijo para su grupo o a otro que vive justo donde quieren abrirle paso a una ruta clandestina de contrabando.

“Después de 2004 sí disminuyó la violencia, pero hacia 2007, empezó otro fenómeno muy claro que tiene que ver con el tema de droga, liderazgo y venta”, dijo a VerdadAbierta.com un educador de la Ciudadela Juan Atalaya, integrada por barrios donde la tercera parte de la población son personas que llegaron huyendo por sus vidas. Es su forma de decir que ahora hay pugnas barriales por el control del micro-tráfico de bazuco y cocaína, un crimen que echó raíces en Cúcuta en los tiempos en que el negocio internacional había decaído.

Las cifras demuestran que Cúcuta, una ciudad luminosa donde se aguanta mejor el calor por la brisa constante, es el gran receptor de los desplazados del departamento, pero también el gran expulsor. La extorsión, la amenaza, el ambiente sórdido que se teje alrededor de los negocios ilegales, empujaron en 2010 a 500 cucuteños a dejar sus hogares, o por lo menos esos son los casos registrados por el gobierno. Ese mismo año llegaron a la ciudad otras 724 personas huyendo de otra parte. Desde 2005 hasta el 31 de marzo de 2011, el gobierno registró 22.669 personas que llegaron desplazadas a la ciudad capital, y cuatro de cada diez de estas eran jóvenes y niños.

El padre Francesco Bortignon de la comunidad misionera de los scalabrinianos lleva doce años sirviendo a estas comunidades de los barrios de Cúcuta y explica que hay desplazamiento local porque ya la gente se siente amenazada con una mala mirada y prefiere irse a arriesgarse; o porque le cobran ‘vacuna’ y no la puede pagar. Y desde hace un año y medio volvieron a llegar a Cúcuta los desplazados provenientes del Catatumbo, de la guerra del Estado contra la guerrilla. En una semana les están llegando de repente la petición de de diez cupos en el colegio de niños que vienen desplazados de otras zonas.

“Los desplazados que recibo cada día son descripciones que dan pena, y le puedo asegurar que el 60 por ciento son lágrimas de miseria”, dice el padre. “¿Cómo puedo estar desplazado desde hace cuatro o cinco meses y un pedazo de papel me dice que me atienden si me enfermo pero soy tan pobre que no tengo ni plata para ir por allá?”

Son varias las entidades que atienden a los desplazados en Norte de Santander. La principal es la antigua Acción Social, que ahora pasó a llamarse Unidad de Víctimas y hace parte de una nueva entidad más grande que se llama Departamento de la Prosperidad Social. El cambio burocrático ha complicado la atención de los desplazados, más cuando en Filo El Gringo, en Motilonia, en Villa del Rosario o en Cúcuta, los que hoy piden ayuda de emergencia ya la habían recibido en años anteriores cuando habían sido desplazados la primera vez. Así por ejemplo, desplazados de El Tarra de enero recién fueron aceptados en el sistema para quedar oficialmente registrados como desplazados en junio. Sin ese registro oficial no tienen acceso a cupos en los colegios, ni dineros de auxilios, ni atención prioritaria en salud.

El gobierno de Juan Manuel Santos anunció a comienzos del año una inversión multimillonaria (el equivalente a unos US$450 millones) en protección social y mejoramiento de servicios para Norte de Santander. Pero la gente en terreno es escéptica.

Según un informe de gestión de la gerencia para la región del Catatumbo durante el período 2004-2011 se invirtieron 175.000 millones de pesos (US$97.000) en atención humanitaria, desarrollo económico, desarrollo social, gobernabilidad, justicia y seguridad y ordenamiento de la propiedad. El gobierno nacional no consultó ni con la comunidad ni con los gobiernos locales, cómo invertir esos dineros. Según una fuente conocedora, los oficiales militares estaban muy molestos porque, sabiendo que la consolidación del territorio dependía de la eficacia de la inversión social, la plata se embolataba en manos de contratistas amigos de políticos locales con el visto bueno de funcionarios nacionales. Varios alcaldes y líderes comunitarios hoy se preguntan dónde quedó ese dinero porque la mayoría de la obras no se ven.

Al Estado, que aún no consigue atender y resarcir a las víctimas de antes como debiera, se le siguen presentando nuevas víctimas o las mismas de antes, vueltas a victimizar. En este rincón de Colombia, además, la tragedia es doble, pues al desplazamiento masivo de la vieja guerra que continúa, se le suma otro desplazamiento forzado igualmente cruel, el de las bandas criminales. Y el aumento de los cultivos de la coca en 2011, el crecimiento del desplazamiento forzado en El Tarra en Catatumbo en 2012 y bandas criminales que rápidamente reemplazan a los que han golpeado las autoridades, son malos augurios de que el éxodo forzado de esta frontera caliente va a continuar por muchos años.

*Vea el reportaje completo de VerdadAbierta.com, con elementos multimedia aquí. 

Las Inversiones Extranjeras de las FARC

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Se sabe que las FARC tienen innumerables bienes en Colombia, acumuladas durante sus casi 50 años de lucha. Pero segun cálculos de la Fiscalía General, sus mayores riquezas estarían en el extranjero

Al parecer, las FARC recibe anualmente del narcotráfico cerca de 2 billones de pesos, los cuales invierte en “negocios lucrativos, como finca raíz, transporte y cadenas hoteleras y de abarrotes”, según información de El Tiempo. La identificación de los bienes será crucial a la hora de abordar el tema de la reparación a las víctimas; uno de los puntos principales a abordar en la mesa de negociación entre el gobierno colombiano y las FARC, el próximo 8 de octubre en Oslo, Noruega.

FARC

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El mayor ejército irregular de Colombia opera en varias regiones del país, en busca de recursos para financiar su guerra de casi 50 años contra del gobierno. Las FARC es el grupo guerrillero más antiguo e importante del hemisferio occidental y durante mucho tiempo ha financiado su lucha política y militar a través del secuestro, la extorsión y su participación en el comercio de drogas en varios niveles.

A pesar de un esfuerzo concertado por parte del gobierno colombiano, con cerca de US$8 mil millones en ayuda proveniente de Estados Unidos, el grupo guerrillero aún opera en 25 de los 32 departamentos de Colombia, y se estima que cuenta con aproximadamente 8.000 guerrilleros en sus filas. Durante las últimas décadas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han adaptado sus tácticas con el fin de sobrevivir, desde su decisión en 1982 de empezar a gravar a los cultivadores de coca y a los laboratorios de cocaína, hasta su intento fallido de establecer un partido político, la Unión Patriótica, en 1984.

Después de las derrotas militares que sufrió durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y la muerte de su más antiguo comandante espiritual y militar, Pedro Antonio Marín, alias “Manuel Marulanda”, en 2008, el grupo se ha enfocado menos en controlar territorio y más en el uso de tácticas de guerra de guerrillas combinadas con el fortalecimiento de sus redes urbanas y el aumento de su alcance político. En el año 2012 el grupo comenzó unas negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

Historia

Las raíces de las FARC pueden remontarse a los brotes de violencia que afligieron a la Colombia rural después del asesinato del líder populista del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá el 9 de abril de 1948. El asesinato desencadenó una lucha sectaria, primero en Bogotá y después en el campo, la cual comenzó como una batalla entre los dos principales partidos políticos: liberales y conservadores. Pueblos enteros fueron blanco por sus afiliaciones políticas, entre ellos Ceilán, en el departamento del Valle del Cauca, donde el partido liberal reclutó a hombres jóvenes como Manuel Marulanda, entonces conocido con el alias de “Tirofijo”, para luchar contra el ataque de los paramilitares conservadores. Este periodo, que llegó a conocerse como “La Violencia”, dejaría cerca de 200.000 muertos en 15 años. Cientos de miles de personas más huyeron de sus lugares de origen hacia ciudades más grandes o zonas rurales más remotas.

Entre los que huyeron se encontraba una pequeña facción bajo el control del Partido Comunista de Colombia (PCC). Estos colonos sobrevivieron durante su tiempo en las milicias, o lo que se conocía como unidades de “autodefensa”. Las autodefensas del PCC hacían parte de una estrategia comunista colombiana más grande, que incluía la “combinación de todas las formas de lucha”, entre ellas el desarrollo de sindicatos, organizaciones estudiantiles y la pugna por puestos políticos. La unidad y estrategia del PCC atrajo a algunos miembros de las milicias del partido liberal, entre ellos Manuel Marulanda, quien se unió al partido en los años cincuenta. Las facciones rurales del PCC eran pequeñas pero representaban una amenaza ideológica para el gobierno, el cual lanzó una ofensiva en contra de su bastión, el pueblo de Marquetalia, Tolima, en 1964. La ofensiva expulsó a los guerrilleros pero provocó la chispa para que el partido formalizara su grupo armado: Bloque Sur de Tolima.

El grupo guerrillero adoptó el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1966, y comenzó un ascenso lento y firme. El crecimiento del comercio ilegal de drogas ayudó. A mediados de los años setenta, la guerrilla cambio sus reglamentos internos y comenzó a cobrar impuestos a los numerosos cultivadores de marihuana del sur del país. Más tarde, ampliaron ese mandato para incluir también las plantaciones de hoja de coca. Durante ese mismo periodo, las FARC empezaron a secuestrar en masa y a extorsionar a empresas grandes y pequeñas. A principios de los años ochenta, las FARC comenzaron a gravar los laboratorios de cocaína que operaban en sus áreas de influencia.

Las nuevas fuentes de ingreso implicaron mejores equipos y más tropas, pero esto llegó a un costo muy alto, a medida que los grandes traficantes de cocaína empezaron a oponerse al cobro de “impuestos” y ellos también empezaron a adquirir tierra y a ejercer influencia en la política local. Cuando guerrilleros izquierdistas de otra facción de la guerrilla secuestraron a la hija de una gran organización narcotraficante, varios traficantes organizaron un grupo paramilitar, llamado Muerte a Secuestradores (MAS). También hubo enfrentamientos entre los narcotraficantes y las FARC por el supuesto robo de un gran alijo de dinero por parte de los guerrilleros en los Llanos Orientales. Agricultores, empresarios, y propietarios de pequeñas tiendas empezaron a atacar a los guerrilleros debido a la excesiva extorsión y secuestro.

En 1984, las FARC intentaron otra táctica y lanzaron un partido político al tiempo que negociaban un acuerdo de paz con el gobierno. La Unión Patriótica (UP) era pequeña, pero ganaba impulso a medida que el país se movía hacía un mayor control gubernamental de los fondos y los proyectos nacionales. En sus primeras elecciones, en 1986, la UP ganó varios escaños en el congreso y su candidato presidencial obtuvo más de 300.000 votos, un récord para cualquier candidato de la izquierda. En las primeras elecciones municipales del país en 1988, el partido ganó 16 campañas para alcaldías y otros 247 escaños en concejos municipales. La reacción de los que se oponían al partido fue rápida. Los grupos paramilitares y narcotraficantes, en ocasiones trabajando en conjunto con el gobierno colombiano, asesinaron en masa a los miembros de la UP. Más de 3.000 personas fueron asesinadas en un periodo de seis años, las FARC volvieron a las montañas desde donde continuaron con su ascenso meteórico.

El crecimiento de la guerrilla en este periodo causo preocupación y muchos cuestionaron las intenciones de las FARC con la UP, preguntándose si los guerrilleros habían usado al partido como un medio para fortalecerse militarmente; incluso cuando negociaban la paz y hablaban de entregar las armas. Entre 1984 y 1988, el periodo en que la UP fue más fuerte, las FARC duplicaron el tamaño de sus fuerzas. Este crecimiento se debió a muchos factores, entre ellos los ataques a la UP, que llevaron a que muchos renunciaran al proceso democrático. La estrategia de las FARC, que se nutrió de la idea del PCC de la “combinación de todas las formas de lucha”, también estuvo relacionada con la creciente cantidad de nuevos combatientes.

La expansión continuó con su levantamiento vertiginoso durante los años noventa. Luego de que en 1991 el gobierno lanzara un ataque aéreo contra un bastión de la guerrilla, las FARC empezaron a dividir sus fuerzas a través de las zonas rurales de Colombia, y desarrollaron aún más sus tácticas ofensivas. A mediados de los noventa, los guerrilleros llevaron a cabo una serie de ataques que debilitaron a las fuerzas gubernamentales, capturando cientos de soldados y policías colombianos que se convirtieron rápidamente en piezas de canje en una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno y las FARC. Poco tiempo después de un intercambio de prisioneros entre las dos partes, el gobierno cedió a los guerrilleros un área del tamaño de Suiza en los departamentos sureños de Caquetá y Meta, abriéndole el paso a más conversaciones de paz.

No obstante, las conversaciones fueron problemáticas desde el principio, cuando Tirofijo, quién había asumido formalmente el alias de “Manuel Marulanda”, no apareció en su apertura. En los años siguientes se presentaron algunos avances pero sobretodo obstáculos. Las FARC usaron el territorio para reagruparse, reclutar, entrenar y lanzar ataques a las poblaciones locales. Cuando el ejército los perseguía, los guerrilleros se replegaban en la zona desmilitarizada. Las FARC también retuvieron víctimas de secuestro en la región y cuidaban grandes extensiones de cultivos de coca, la materia prima para producir cocaína. En lo que muchos vieron como una señal de las verdaderas intenciones de los guerrilleros, construyeron vías y túneles, preparándose para una guerra prolongada similar a la que Mao Tse-tung llevó a cabo en China o el Vietcong en Vietnam.

Las conversaciones terminaron en 2002 cuando las FARC secuestraron un avión y lo obligaron a aterrizar en una carretera, llevándose consigo algunos pasajeros como prisioneros. Inmediatamente comenzaron los combates, a medida que el gobierno buscaba retomar la tierra que había cedido para las negociaciones. Poco después, la guerrilla secuestró a la candidata presidencial del Partido Verde, Ingrid Betancourt, y a su jefe de campaña, Clara Rojas. En febrero de 2003, se estrelló un avión que llevaba a cuatro contratistas del gobierno estadounidense y un piloto colombiano, quiénes se encontraban realizando tareas de vigilancia en una región del sur controlada por las FARC. Tres de los contratistas fueron secuestrados.

Estos eventos coincidieron con la llegada en 2002 del presidente Álvaro Uribe, quién contrario a su predecesor Andrés Pastrana, había hecho su campaña política sobre una plataforma de guerra. Las FARC lo recibieron lanzando morteros contra el palacio presidencial durante la ceremonia de posesión el 7 de agosto de ese año.

Sin dejarse perturbar, Uribe reforzó el ejército, fortaleció la inteligencia policial, ubicó fuerzas de seguridad en casi todos los municipios y creó programas para incentivar a los guerrilleros a que se entregaran a las autoridades. Este esfuerzo recibió un gran apoyo por parte de Estados Unidos, que en 2002 empezó un ambicioso programa de asistencia llamado “Plan Colombia“. Luego del secuestro de los tres contratistas, los servicios de inteligencia estadounidenses, aumentaron el entrenamiento, asistencia y equipamiento de los colombianos, acelerando el ya de por sí rápido programa de profesionalización.

En 2012, el grupo comenzó las negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, y los negociadores anunciaron el cese al fuego oficial en junio de 2016. Se llegó a un acuerdo final entre ambas partes en agosto de 2016. Actualmente, las FARC se están desmovilizando en “zonas de concentración” a lo largo de Colombia. Después, varios guerrilleros serán reintegrados a la sociedad mientras que los responsables por crímenes agravados cumplirán sentencias reducidas fuera de las prisiones. Los puntos del acuerdo incluyen enfrentar el tráfico de drogas y a los grupos criminales, la participación de las FARC en la política nacional, reforma del campo y derechos de las víctimas.

A pesar de que las FARC se han retirado de sus bastiones, no todos los miembros cumplieron con el acuerdo y en vez de eso continúan con actividades criminales.

Liderazgo

Las FARC son un grupo complejo con una estructura y una línea de comando bien definidas. Su estructura organizacional ha evolucionado a lo largo de los años como resultado de un proceso de adaptación a los principales retos del conflicto interno. Con una estructura aparentemente jerárquica, la geografía y tamaño de Colombia ha hecho casi imposible para el comando central, conocido como el Secretariado, ejercer el control sobre toda la organización, la cual está dividida en frentes, con la excepción de varias unidades de fuerzas especiales que tienden a deambular por donde más se necesitan o con el fin de realizar operaciones especiales. Las FARC tienen una gran red de apoyo de expertos logísticos en bombardeos, transporte, secuestro, tráfico de armas, almacenamiento de alimentos, etc., y maneja grupos de milicias en las ciudades. La relativa autonomía de los frentes puede hacer de ellos organizaciones criminales letales. En efecto, estas unidades, de las cuales hay más de 70, tienen un incentivo para robar, secuestrar, extorsionar y saquear, ya que su crecimiento depende, en parte, de su rendimiento financiero.

En el frente político, las FARC están conectadas con el Partido Comunista de Colombia. Cada unidad guerrillera tiene un operador político, y cada combatiente tiene obligaciones tanto políticas como militares. Estas incluyen estar atentos a las noticias y analizarlas, y la difusión de las creencias de las FARC a sus familiares y amigos. Las FARC se han separado del Partido Comunista y, después de que su proyecto político público, la UP, fracasara, el grupo ha estado manejando dos estructuras clandestinas, el Movimiento Bolivariano y el Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3).

En los últimos años, el gobierno colombiano ha asestado varios golpes importantes al liderazgo guerrillero. En septiembre de 2007, en lo que fue el primero de una serie de fuertes golpes en contra del grupo, la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó un campamento de las FARC en el departamento de Guaviare, al oriente del país, abatiendo al líder guerrillero Tomás Medina Caracas, alias “Negro Acacio”. En marzo de 2008, el gobierno bombardeó un campamento de las FARC ubicado cerca al río Putumayo, un par de kilómetros dentro de Ecuador, acabando con la vida de Luis Edgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes” y a varios otros guerrilleros. El mismo mes, Manuel Marulanda murió por causas naturales.

La nueva dirección de las FARC, compuesta por Guillermo León Sáenz Vargas, alias “Alfonso Cano”, y Víctor Julio Suárez, alias “Mono Jojoy”, estuvó tratando de implementar una nueva estrategia, pero las constantes ofensivas de las fuerzas del gobierno han ahogado sus intentos. Mono Jojoy fue abatido en septiembre de 2010 y Alfonso Cano en noviembre de 2011. Varios otros líderes de las FARC se han refugiado en Venezuela y otros países vecinos. El comandante de las FARC actualmente es Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, un comandante endurecido por la guerra cuyas posiciones ideológicas fueron forjadas no solamente en Colombia, si no en la Moscú comunista, en la Yugoslavia de Tito y en Cuba.

Geografía

Las FARC tienen una presencia fuerte en los Llanos Orientales cerca de la frontera con Venezuela, y en los departamentos surorientales de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Las FARC también tienen presencia en los departamentos occidentales de Chocó y Antioquia, entre otros.

Aliados y enemigos

Entre 2005 y 2009, las FARC libraron una sangrienta batalla contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero de menor tamaño. Sin embargo, en diciembre de 2009, los líderes guerrilleros negociaron un alto el fuego y una alianza a nivel nacional, y ya ha surgido evidencia que sugiere que los grupos guerrilleros han perpetrado ataques conjuntos y que incluso han trabajado mano a mano para extorsionar a varias empresas.

Del mismo modo, algunos frentes de las FARC también colaboran con los grupos delictivos conocidos como Bacrim (acrónimo de “bandas criminales”) en el tráfico de drogas, vendiéndoles base de coca y cocaína.

Perspectivas

En los últimos años miles de guerrilleros se han desmovilizado voluntariamente, debilitando a las FARC y fortaleciendo la inteligencia del Estado sobre la guerrilla. Sin embargo, la victoria que para muchos estuvo a su alcance a comienzos de siglo se hacía cada vez más distante. 

Mientras que el actual acuerdo de paz ha puesto un final a la guerrilla de las FARC, su conflicto interno está lejos de acabarse. La salida de la guerrilla ha resultado en la criminalización de algunos de sus disidentes, lo que ha generado grupos similares a las BACRIM: organizaciones criminales que se formaron tras la desmovilización de las fuerzas paramilitares del país.

Estos grupos disidentes se han enfrentado entre ellos y con otros actores armados para ganar el control sobre las economías criminales que las FARC dejan atrás, como los cultivos de coca y la minería ilegal.

Algunos de estos antiguos guerrilleros también se están transfiriendo al ELN, llevando con ellos armas, recuros y economías criminales. Esto podría reforzar de manera significativa a la segunda guerrilla más importante del país, en un momento en el que intenta llegar a su propio acuerdo acuerdo con el gobierno colombiano.

Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’

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Rodrigo Londoño Echeverri, quien usaba el alias “Timochenko”, fue el tercer y último comandante de las FARC en sus más de 50 años de historia, sucesor de Pedro Antonio Marín, alias “Manuel Marulanda”, y Guillermo León Sáenz Vargas, alias “Alfonso Cano”. De los tres, Londoño tiene el pasado más enigmático.

 

Historia

Algunas fuentes afirman que Timochenko tiene formación como médico profesional, pero no hay evidencia de sus estudios. Es oriundo de Quindío, un departamento cafetero en el centro de Colombia, que vivió algunos de los peores momentos del período de La Violencia política en el país, el cual comenzó en 1940 y terminó poco antes del surgimiento de grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a mediados de los años sesenta.

Rodrigo Londoño fue entrenado en Cuba y Rusia. Su nombre de guerra fue elegido presuntamente en honor a Semyon Timoshenko, un famoso general soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de unirse a la guerrilla, Londoño militó en la Juventud Comunista (JUCO), en la época en la que esta le hacía oposición a la administración de Alfonso López Michelsen. Tras ingresar a las FARC, su ascenso en la línea de mando se dio en algunas de las zonas de influencia de mayor importancia estratégica para el grupo. Se cree que comenzó su carrera en las FARC en el departamento de Antioquia, el cual se encontraba devastado por la violencia, para luego trasladarse a la región del Magdalena Medio en el centro de Colombia.

Luego de la VIII Conferencia de las FARC, muchos presuntos simpatizantes de la guerrilla fueron asesinados por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, presos por la paranoia, algunos de los comandantes locales de las FARC realizaron una violenta purga dentro de sus propias filas, hasta que Londoño intervino y tomó el control. Este mito ha alimentado su reputación como un político radical y de mano dura en comparación con los otros excomandantes de la guerrilla, Manuel Marulanda y Alfonso Cano.

En 1986 fue llamado a unirse al Secretariado de las FARC, unidad de mando conformada por siete líderes del grupo. Un año después, la dirección de la guerrilla nombró a Londoño como el primer jefe del Bloque Oriental, pero sería Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy” quien empezaría a tener peso militar después del asalto a la base militar de Girasol, el 8 de enero de 1991, en Mesetas (Meta). En 1994, después de la VIII Conferencia de las FARC, fue nombrado comandante del Bloque Magdalena Medio, que se cree era una de las divisiones guerrilleras más difíciles de comandar. En noviembre de 2011 asumió el liderazgo del grupo, tras la muerte del entonces comandante, Alfonso Cano.

Al interior de la guerrilla, Londoño era conocido por sus habilidades militares, y aunque tenía experiencia en la gestión de contactos internacionales en Venezuela, durante su comandancia confió esta labor a Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, el último jefe del Frente Internacional de las FARC, dadas sus habilidades diplomáticas y a nivel internacional. Este también contaba con experiencia como jefe guerrillero de inteligencia y contrainteligencia, algo que necesitaba para mantenerse enterado de lo que sucedía en su círculo más cercano.

Bajo el mando de Rodrigo Londoño, las FARC tomaron la decisión de iniciar oficialmente las negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, que comenzaron en Cuba el 4 de septiembre de 2012; en realidad, esta fue la continuación del acercamiento que había realizado Alfonso Cano antes de haber sido dado de baja. Tras dos años exploratorios y cuatro de negociación, el 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz en el que se pactó la desmovilización de la guerrilla y su transformación en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

En septiembre de 2017, Londoño fue elegido presidente del nuevo partido político FARC, y poco tiempo después anunció su candidatura para la presidencia de la nación. Debido a que Londoño presentó serios problemas cardíacos, en marzo de 2018 la Fuerza Alternativa renunció a la campaña presidencial y Londoño continuó con su proceso de recuperación.

Actividades criminales

Rodrigo Londoño tenía circular roja de Interpol y más de cien órdenes de captura. Entre otros delitos, se le acusa de haber participado en el secuestro del exgobernador del Meta, Alan Jara, en 2001; de la toma de Mitú, capital del departamento de Vichada, en 1998, y de la explosión en el Club El Nogal en Bogotá en 2003. Antes de la firma de los Acuerdos de Paz, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura, para que respondiera por cargos de tráfico de drogas, así las FARC afirmaran que su participación en el narcotráfico se limitaba a cobrar impuestos a los cocaleros. Con la firma de los Acuerdos de Paz se levantaron las órdenes de captura en su contra en Colombia.

Geografía

Como comandante del Bloque Oriental de las FARC, Londoño tuvo una gran influencia en la región de los Llanos Orientales, así como en Cundinamarca, Boyacá y algunas zonas de la Amazonía colombiana. Posteriormente, estuvo al frente del Bloque Magdalena Medio y se cree que después se trasladó a la zona noreste de Colombia, a lo largo de la frontera con Venezuela y la Serranía del Perijá. Esta región se ha vuelto importante para los guerrilleros durante los últimos 15 años, por el narcotráfico y por la aparición en Venezuela de elementos que han servido como socios en actividades criminales e insurgentes.

Aliados y enemigos

Históricamente, entre los principales enemigos de los líderes de las FARC, como Rodrigo Londoño, se encuentran elementos de extrema derecha de las élites políticas de Colombia, algunos de los cuales han tenido vínculos con grupos paramilitares. No obstante, al interior del grupo guerrillero también se han presentado desacuerdos y divisiones. Cuando Londoño asumió el liderazgo de las FARC, se evidenció una división interna en el alto mando de la guerrilla, pues Iván Márquez también era un candidato con fuertes posibilidades de asumir el mando. Aunque el relevo de mandos de las FARC se había resuelto desde hacía mucho tiempo mediante un mecanismo de relevos, la sucesión de Alfonso Cano implicó un desafío especial para la comandancia. Con el éxito de los operativos militares en contra de los cabecillas del grupo, empezaron a depender cada vez más de mandos jóvenes, pero había que reafirmar la necesidad de continuar con la línea de mando. En ese orden de ideas, Londoño le ganó a Iván Marquez para asumir la comandancia de las FARC por su antigüedad en las filas guerrilleras.

Esta división fue más evidente en la transición del grupo hacia un partido político, pues en las votaciones para la dirección nacional Márquez superó a Rodrigo Londoño, y actualmente lidera una línea más crítica sobre la implementación de los Acuerdos de Paz. Actualmente, la toma de decisiones dentro de la Fuerza Alternativa es un proceso mucho más democrático y eso resulta favorable para Márquez. En la actualidad, se puede afirmar que existen dos grandes bloques dentro del liderazgo del grupo: uno de tendencia más dogmática, liderado por Londoño, y otro más pragmático y con un mayor riesgo de criminalización, compuesto por Márquez y otros integrantes.

Perspectivas

Luego de liderar el grupo guerrillero más importante del continente, orquestando múltiples actos de violencia, extorsionando y participando en el comercio de drogas, Rodrigo Londoño fue el principal artífice de los Acuerdos de Paz que abrieron la posibilidad de participación política mediante la creación de un partido político, el 1 de noviembre de 2017.

Actualmente, Londoño lidera el nuevo partido político y vela por la implementación de los acuerdos, pero esta no ha sido una tarea fácil debido a las divisiones al interior del partido y a todos los obstáculos que ha enfrentado el proceso de paz, como las consecuencias que han traído las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre el exnegociador de paz de la antigua guerrilla, Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”.

Víctor Julio Suarez Rojas, alias ‘Mono Jojoy’

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Hasta su muerte en septiembre de 2010, Víctor Julio Suarez Rojas, alias “Mono Jojoy,” fue el máximo comandante militar del grupo guerrillero colombiano de las FARC, jefe del temido Bloque Oriental, y un miembro del mando más alto del grupo, el Secretariado.

En muchos círculos era considerado el segundo al mando de la guerrilla y era respetado dentro de la organización por sus estrategias y destrezas militares. Como comandante del Bloque Oriental, el Mono Jojoy fue responsable de las actividades de cuatro bloques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en los Llanos Orientales de Colombia. Su muerte dejó un vacío muy grande en el grupo.

Historia

El Mono Jojoy se unió a las FARC a los 12 años. Se abrió camino hasta convertirse en jefe de escuadrón y luego comandante de compañía. Su valiente enfoque llamó la atención del comandante máximo de la guerrilla, Pedro Marín, alias “Manuel Marulanda” o “Tirofijo,” quien se convirtió en su mentor y fue el responsable de su meteórico ascenso a través de las filas.

Más tarde creó una escuela para entrenar unidades especiales que utilizaban tácticas al estilo de Vietnam. También es reconocido por haber participado en varios ataques importantes a bases militares en el sur y el oriente de Colombia a mediados de los años noventa, lo cual cambió la cara de la guerra colombiana. Durante un tiempo, incluso trató de “liberar” zonas, una táctica muy utilizada por los rebeldes del FMLN en El Salvador, aunque sin éxito.

Actividades criminales

El Mono Jojoy también estuvo en el centro de las actividades de narcotráfico de las FARC. Además de adueñarse de gran parte de la producción de coca del país, muchos frentes de las FARC bajo el mando del Mono Jojoy crearon sus propias redes de distribución de droga en Venezuela y Brasil. Las autoridades colombianas creen que él también estuvo a cargo de los rehenes del grupo y de los negocios de secuestro, y fue acusado de ordenar el secuestro de la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses en 2002 y 2003, respectivamente. 

Al momento de su muerte, en Colombia había 62 órdenes de arresto contra el líder guerrillero. Entre los cargos estaban narcotráfico, secuestro, extorsión, rebelión y terrorismo, y reclutamiento forzado de niños. También estuvo implicado en el atentado de 2003 de El Nogal, un lujoso club deportivo y social en Bogotá, que dejó 36 personas muertas y otras 100 heridas. El gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición para enfrentar cargos de tráfico de drogas y homicidio.

Geografía

El Mono Jojoy comandaba el Bloque Oriental de las FARC, el cual opera en la región de los Llanos Orientales de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela.

Aliados y enemigos

Las FARC tienen alianzas tanto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como con los grupos criminales conocidos como Bacrim (acrónimo de “bandas criminales”). Las FARC han participado en operaciones conjuntas con el ELN y algunos de sus frentes colaboran con las Bacrim en el tráfico de drogas.

Perspectivas

Mono Jojoy sufría de diabetes, llevandolo a la búsqueda constante de insulina, un factor que ayudó a las autoridades a localizar y bombardear su campamento en septiembre de 2010

Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’

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Guillermo León Sáenz Vargas, alias “Alfonso Cano”, era el comandante máximo de las FARC, la  guerrilla más antigua y mortal del hemisferio. Fue abatido el 4 de noviembre de 2011.

Historia

Alfonso Cano se convirtió en comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) luego de que el antiguo líder guerrillero, “Manuel Marulanda”, muriera por causas naturales en 2008. Cano ingresó las FARC en 1982, donde pasó la mayor parte de su tiempo como líder político del Bloque Occidental. Era bien conocido en la organización por sus ideales comunistas y su marcada línea revolucionaria, aunque muchos de sus compañeros le reprochaban su escasa experiencia militar. Desde que asumió el liderazgo de las FARC, gastó millones de dólares en armas y buscó cambiar las tácticas guerrilleras, en respuesta a la ofensiva militar del gobierno colombiano que empujó a las FARC a los confines del país y hacia otros Estados vecinos. Esto resultó en un mayor uso de minas antipersonales y en el uso de carros bomba para mantener a los militares a raya.

Cano era más un ideólogo político que un estratega militar. Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, León Sáenz inició su carrera guerrillera a principios de los años ochenta en las FARC, como emisario del Partido Comunista. Desde el principio tuvo una relación muy cercana con el comandante político de la guerrilla, Luis Morantes alias “Jacobo Arenas”, quien lo ascendió rápidamente al comando central de la guerrilla: el Secretariado. Luego de la muerte de Morantes en 1990, se convirtió en el emisario político más importante de las FARC. En 2000 lanzó el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, un partido político clandestino.También estuvo a cargo del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PC3).

La aparición de Sáenz como el máximo comandante de las FARC ayudo a dar credibilidad a la idea de que la guerrilla estaba más abierta a la idea de un acuerdo negociado. Participó como representante político de las FARC en las negociaciones de paz de Caracas en 1991 y en los diálogos de paz de Tlaxcala en 1992. No obstante, durante los diálogos de paz en el Caguán con el gobierno de Andrés Pastrana entre 1999 y 2002 mantuvo un perfil bajo, pero en cuanto las negociaciones fracasaron en 2002, buscó activamente nuevos miembros para el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, y condujo la operación en la que 12 políticos del departamento del Valle del Cauca fueron secuestrados. Los políticos fueron ejecutados por la guerrilla más adelante.

Sáenz Vargas era también conocido en la guerrilla por su disciplina de mano dura. Fue acusado de ejecutar a 40 guerrilleros por insubordinación. También fue acusado de los asesinatos de Guillermo Gaviria, entonces gobernador del departamento de Antioquia, del exministro Gilberto Echeverri y de ocho miembros de las fuerzas militares en el año 2003 cuando el ejército intentó un fallido plan de rescate para los dos políticos que se encontraban secuestrados por la guerrilla.

A pesar de su falta de credenciales militares, el líder de las FARC implementó de manera exitosa una agresiva estrategia que se especializaba en emboscadas relámpago, conocida como “Plan Renacer”, y en la focalización exclusiva en las fuerzas militares, conocida como “Plan Pistola”. En 2009 y 2010, esto permitió a las FARC causar tantas bajas militares como las vistas en el cénit de su poder. Bajo el mando de Sáenz, las FARC aumentaron la cantidad de ataques y acciones a una sorprendente cifra de 1.600 ataques en el año 2010, según la Fundación Nuevo Arco Iris. Al inicio del 2011, Sáenz se comprometió a duplicar los ataques de las FARC en un video de 13 minutos que entregó a los medios.

Actividades criminales

Cano era buscado por Estados Unidos por cargos de narcotráfico, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció US$5 millones por su captura. También estuvo involucrado en casos de secuestro de alto perfil y fue el presunto responsable de la ejecución de algunas de las victimas.

Geografía

Cano se desempeñó como el líder político del Bloque Occidental de las FARC y operó principalmente en los departamentos de Tolima, Cauca y Huila.

Aliados y enemigos

Las FARC tienen alianzas tanto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como con los grupos criminales conocidos como Bacrim (acrónimo de “bandas criminales”). Las FARC han participado en operaciones conjuntas con el ELN y algunos de sus frentes colaboran con las Bacrim en el tráfico de drogas.

Perspectivas

Las FARC realizaron un aparente gesto de buena fe política cuando en 2011 liberaron a cinco rehenes políticos, pero simultáneamente iniciaron una ola de bombardeos y emboscadas como lo habían prometido. A raíz de esto, el presidente Juan Manuel Santos dejó claro que su prioridad y la de su gobierno era abatir al comandante de las FARC cuando en 2011anunció que las fuerzas armadas “estaban respirándole en la nuca”. El ejército creó una fuerza de tarea conjunta para acorralar a Sáenz en la zona montañosa de Tolima, Huila y Cauca. La estrategia dio lugar a una intensificación del conflicto en estas regiones, específicamente en el Cauca. Algunos frentes de la guerrilla lanzaron enérgicos ataques en contra de las fuerzas de seguridad, en parte para distraer la atención del ejército de los movimientos de Sáenz.

Luego de la muerte de dos de sus más importantes oficiales de seguridad, se hizo cada vez más claro que el cerco se estaba cerrando alrededor de Sáenz. En julio evitó por poco su captura y empezó a viajar con un pequeño grupo de sólo 12 guardaespaldas. Fue abatido por las autoridades el 4 de noviembre 4 de 2011.

FARC

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As the biggest irregular guerrilla army in Colombia, the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) operates in different regions of the country mainly in search for financial sources to fight their 40-year old war against the government and maintain their army. The FARC is the oldest and most important guerrilla group in Western Hemisphere. It has long financed its political and military battle against the Colombian government by kidnapping, extortion and participating on various levels in the drug trafficking business.

In spite of a concerted effort by the Colombian government, that included close to $8 billion in U.S. assistance over the last ten years, the rebel group still operates in 25 of 32 Colombian departments. Throughout the decades, the FARC has frequently adapted its tactics to survive, from its 1982 decision to begin taxing coca growers and cocaine laboratories, to its failed attempt at establishing a political party, the Patriotic Union (Unión Patriotica), in 1984. More recently, following the death in 2008 of its longtime spiritual and military commander, Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda,’ the rebel group has begun moving towards building up its urban networks and increasing its political outreach, after the military defeats suffered during Álvaro Uribe’s presidency (2002-2010).

Origins

The FARC’s roots can be traced back to the rural violence that afflicted Colombia, following the assassination of populist leader of the Liberal Party, Jorge Eliécer Gaitán, on April 9, 1948, in Bogota. The assassination touched off a sectarian struggle, first in Bogota, and later in the countryside. The fight began as a battle between the country’s two chief parties, the Liberals and Conservatives. Entire villages were targeted for their political affiliations, among them the village of Ceilán, in the Valle del Cauca department, where the Liberal Party recruited young men like Pedro Antonio Marín, then alias ‘Tirofijo,’ to fight off the Conservative paramilitary onslaught. The violence, or what became known as ‘La Violencia,’ would leave close to 200,000 dead during the next 15 years. Hundreds of thousands more fled their hometowns to larger cities or more remote rural areas.

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Among those who fled was a small faction under the control of the Communist Party of Colombia (Partido Comunista de Colombia – PCC). These colonists survived during their marches by organizing militias, or what were known as “self-defense” (autodefensas) units. The PCC ‘autodefensas’ were part of a larger Colombian communist strategy of “combining all forms of struggle,” which also included developing unions, student organizations and vying for political posts. The PCC’s unity and strategy attracted some members of the Liberal Party’s militias, among them Marín, who joined the party some time in the 1950s. The PCC’s rural factions were tiny but represented an ideological threat to the government, which launched an offensive against them in 1964 in their stronghold, the village of Marquetalia, Tolima. The offensive cleared the rebels out but provided the spark for the party to formalize its armed group: the Southern Tolima Bloc (Bloque Sur de Tolima).

The rebel group adopted the name Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC) in 1966, and began a slow, steady rise. The growth of the illegal drug market helped. In the mid-1970s, the guerrillas changed their bylaws and began collecting taxes from the numerous marijuana growers in the south of the country. They later expanded that mandate to include the coca leaf plantations. During that same period the FARC began kidnapping en masse and extorting large and small businesses. In the early 1980s, the FARC began taxing cocaine laboratories that operated in their areas of influence.

The new revenue meant better equipment and more troops, but it also came with a very high cost. Large cocaine traffickers began balking at the “taxes”; they also bought land and began to exert influence on local politics. When leftist rebels from another guerrilla faction kidnapped the daughter of a large drug trafficking organization, several traffickers organized a paramilitary organization, Death to Kidnappers (Muerte a Secuestradores – MAS). Fighting between drug traffickers and the FARC also started over an alleged theft by the rebels of a large stash of cash in the Eastern Plains. Farmers, businessmen, and small shop owners also turned on the rebels because of the excessive extortion and kidnapping.

In 1984, the FARC tried another tactic and launched a political party while negotiating a peace settlement with the government. The Patriotic Union (Unión Patriotica – UP) was small but gained momentum as the country shifted to more local government control of funds and projects. In its first elections in 1986, the UP won several seats in congress and its presidential candidate garnered over 300,000 votes, a record for a leftist candidate. In the country’s first municipal elections in 1988, the party won 16 mayoral campaigns and another 247 city council posts. The reaction by the party’s opposition was swift. Paramilitary groups and drug traffickers, at times working closely with the Colombian government, assassinated UP members en masse. Over 3,000 were killed in a six-year period, and the FARC returned to the mountains where it continued its meteoric rise.

Indeed, the guerrillas’ growth during this period caused concern, and many questioned the FARC’s intentions vis-à-vis the UP, wondering whether the rebels had used the party as a means to strengthen itself militarily even while it negotiated peace and talked about turning in its weapons. Between 1984-1988, the years that the UP was the strongest, the FARC doubled the size of its forces. This growth was due to many factors, among them the attacks on the UP itself, which pushed many to give up on the democratic process, and the FARC’s strategy, which drew from the PCC’s idea of “combining all forms of struggle.”

The 1990s continued apace. After the government launched an aerial assault on the guerrillas’ headquarters in 1991, the FARC began spreading its forces throughout the countryside and developed more offensive tactics. In the mid-1990s, the rebels perpetrated a series of spectacular and debilitating assaults on government troops and battalions, leading the capture of hundreds of Colombian troops and policemen who quickly became bargaining chips in a new round of negotiations between the government and the FARC. Not long after a prisoner swap between the sides, the government ceded a massive territory in the southern provinces of Caquetá and Meta the size of Switzerland that opened the door to more peace talks.

The talks, however, were in trouble from the start when Marín, who had since taken on the former formal nom de guerre of Manuel Marulanda, did not appear at the inauguration. The years that followed included some advances but mostly difficulties. The FARC used the territory to regroup, recruit, train and launch attacks on nearby towns. When the army would give chase, the rebels would retreat into the zone. The FARC also kept kidnapping victims in the region and oversaw large coca plantations, the raw material used to make cocaine. In what many saw as the rebels’ real intentions, they built roads and tunnels, as if preparing for the type of prolonged war that Mao-tse-tung had used in China or the Vietcong had used in Vietnam.

In 2002, the talks ended when the FARC hijacked an airplane and landed it along a highway, before taking several passengers captive. Fighting broke out immediately as the government sought to retake the Switzerland-sized swath of land it had ceded for the negotiations. Shortly thereafter, the guerrillas kidnapped Green Party Presidential Candidate Íngrid Betancourt and her vice-presidential running mate, Clara Rojas. In February 2003, an airplane carrying four US government contractors and a Colombian pilot who were doing surveillance over the FARC-controlled region in the south crashed. Three of the U.S. contractors were taken captive.

These events coincided with the arrival of President Álvaro Uribe in 2002, who, as opposed to his predecessor Andrés Pastrana, had campaigned on a war platform. The FARC greeted him by launching mortars at the presidential palace during the August 7, 2002, inauguration.

Undeterred, Uribe reinforced the army, strengthened police intelligence, placed security forces in nearly every municipality and created incentive programs for the rebels to turn themselves into authorities. This effort got a boost from the US, which had begun an ambitious assistance program it had labeled “Plan Colombia,” in 2000. Following the kidnapping of the three US contractors, the US intelligence services upped their training, equipment and assistance to the Colombians, accelerating an already fast-track professionalization program.

The results have been historic and have had a powerful cumulative effect that has transformed Colombia. Thousands of guerrillas have voluntarily demobilized, weakening the FARC and strengthening the state’s intelligence on the rebels. In September 2007, in what was perhaps the first big blow against the group, the Colombian Air Force bombed a FARC camp in eastern department of Guaviare, killing the rebel leader Tomás Medina Caracas, alias ‘Negro Acacio.’ In March 2008, the government bombed a FARC camp located near the Putumayo river, a couple of kilometers inside Ecuador, killing Luis Edgar Devia Silva, alias ‘Raul Reyes’ and several other guerrillas. That same month, Manuel Marulanda died of natural causes. The new leadership of the FARC, Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano,’ and Víctor Julio Suárez, alias ‘Mono Jojoy,’ had been trying to implement a new strategy, but government forces’ constant offensives have strangled these two leaders. Suárez was killed in September 2010, and several other FARC leaders have taken refuge in Venezuela and other neighboring states.

Still, the FARC is not finished. The rebel group has several thousand troops and continues to draw strength from government economic policies that have widened the divide between rich and poor in this country. The FARC also still operates in coca-growing areas, from which it can draw tremendous revenue and even dabble in the trade of the processed-cocaine itself, which the guerrillas are increasingly doing.

Modus Operandi

The FARC is a complex group with a well defined organizational structure and line of command. It’s organizational structure has evolved throughout the years as a result of a process of adaptation to the main challenges of the internal conflict. Ostensibly hierarchical, the geography and size of Colombia has made it nearly impossible for the central command, known as the Secretariat, to exercise control over the pieces, which are broken up into Fronts, with the exception of various special forces units that tend to roam where they are most needed or where they are doing a special operation. In the cities, the FARC manages militia groups. Throughout they have a vast support network full of logistical experts in bombing, transportation, kidnapping, arms trafficking, food storage, etc. The relative autonomy of the Fronts can make them lethal criminal organizations. Indeed, the Fronts, of which there are over 70, have incentive to thieve, kidnap, extort and plunder since their growth depends, in part, on their financial return.

On the political front, the FARC is connected to the Communist Party of Colombia (Partido Comunista de Colombia – PCC). Each unit has a political operative and each soldier has political as well as military duties. These include paying attention to and analyzing the daily news and spreading the gospel of the FARC to family and friends. For all intents and purposes, the FARC has broken from the PCC and, after their public political project, the UP, failed, they are running two clandestine structures, the Bolivarian Movement and the Clandestine Communist Party of Colombia.

In the end, there is much discussion about whether this structure and modus operandi constitute a ‘cartel’ or a criminal organization. While it is true that parts of the FARC traffic in illegal drugs in increasing quantities, kidnap and extort, and partake in other criminal activities that undermine their mission, their general structure, recruitment, modus operandi and their purpose remain centered in the political rather than the financial returns, making it hard for InSight to say they are simply a criminal enterprise.

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