¿Qué va a Suceder con los Intereses Mineros de las FARC si las Conversaciones de Paz Resultan Exitosas?

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Con el creciente involucramiento de las FARC en la minería ilegal, InSight Crime echa una mirada a lo que podría sucederle a la participación del grupo guerrillero colombiano en esta industria, si el proceso de paz resulta exitoso.

La primera ronda de negociaciones en más de una década entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno, comenzaron oficialmente el 18 de octubre. Mientras muchos fueron sorprendidos por el uso de retórica incendiaria por parte de las FARC en la rueda de prensa, hay razón para creer que el prolongado conflicto colombiano puede llegar a su fin. Como lo señaló el investigador Adam Isacson, la guerrilla ha participado hasta ahora en las conversaciones “con seriedad y disciplina”, demostrando un compromiso esperanzador hacia el proceso de paz.

Aún si las conversaciones de paz salen bien, resultando en la posible desmovilización de las FARC, no es claro qué sucederá con la red ilegal financiera del grupo. El involucramiento del grupo en el narcotráfico es uno de los cinco pilares de discusión con el gobierno, con el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón estimando que el grupo rebelde gana entre US$2.400 y USD$3.500 millones de dólares anualmente por operaciones de narcotráfico. Pero, esta es una de las muchas fuentes de financiamiento de los rebeldes. Como ha reportado InSight Crime, la minería ilegal –particularmente la minería ilegal de oro– se está convirtiendo rápidamente en un recurso central para las FARC. Un estudio publicado en septiembre por el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), encontró que la minería de oro ilegal había sobrepasado a la producción de coca como la principal fuente de ingreso de las FARC, y otros grupos armado, en 8 de los 32 departamentos de Colombia.

Una reciente investigación de El Colombiano apoya esta afirmación, encontrando que en el departamento de Antioquia, los rebeldes cobran el equivalente a USD$1.600 y USD$2.750 por cada pieza de maquinaría pesada, que empresas ilegales de minería importan para usar en sus áreas de influencia. Adicionalmente, también cobran por la entrada de gasolina y exigen el 10 por ciento de todas las ganancias. Como señala El Colombiano, esto es irónico dado que el líder del equipo negociador de las FARC, Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, dedicó gran parte de sus declaraciones en la primera conferencia de prensa, para denunciar las prácticas explotadoras de las compañías que operan a gran escala en el país.

Análisis InSight Crime

En muchas maneras, el tema sobre lo que sucederá con las actividades de minería ilegal de las FARC, se encuentra ligado al acercamiento del gobierno para regular todo el sector minero. Desde 2002 el gobierno ha alentado al sector minero, incrementando drásticamente la distribución de los títulos mineros (permisos para operar) en el país. Pese a esto, algunos estiman que casi la mitad de toda la minería en Colombia es ilegal, o llevada a cabo por pequeñas operaciones mineras (llamadas artesanales también) que no cuentan con ningún tipo de permisos formales.

El gobierno ha prometido facilitar a las empresas mineras adquirir los permisos legales, pero hay al menos 6.000 minas en el país que se consideran actualmente ilegales. Esta medida podría ser vital para debilitar el control de las FARC sobre la minería. Si estas reformas fuesen más fuertemente acogidas por el estado, le otorgaría los medios a los mineros para reportar extorsiones sin miedo a consecuencias legales.

Aun así, el creciente precio de minerales como el oro le da un incentivo a la guerrilla de mantener estas inversiones. Aún si las FARC se desmovilizaran al final de las conversaciones de paz, muchas células que se están lucrando de la minería continuarían sus actividades pese a los deseos de sus comandantes. Algunos investigadores temen que la desmovilización de las FARC replique la fallida desmovilización de 2003-2006 del grupo paramilitar, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en las cuales un número de mandos medios y algunos bajos volvieron a delinquir luego de haber entregado sus armas.

Hay evidencia también de que en algunas áreas del país la guerrilla se encuentra profundizando su involucramiento en el proceso de extracción de la minería. El reporte de CITpax encontró que en el departamento central de Tolima, el Comando Central de las FARC aparentemente ha comprado maquinaría de minería presuntamente para rentarla a mineros del área y obtener ganancias.

Debido a que el “fin” del conflicto podría alimentar la inversión en Colombia en el sector minero, que de por sí se encuentra en alza, podría darle elementos para que las operaciones de las FARC entren en conflicto con las operaciones a gran escala de compañías mineras en el país. Extorsiones y secuestros de empleados de minerías, que han sido llevados a cabo en el pasado por la guerrilla, podrían incrementar y ser objetivo de grupos remanentes que se encuentren compitiendo por recursos y tierras. Como tal, cualquier expansión de la minería requerirá que el ejército colombiano priorice la seguridad de proyectos mineros domésticos y multinacionales.

 

Niños de Tumaco, carne de varios cañones

Los grupos criminales y las guerrillas intentan reclutar a los adolescentes del puerto colombiano sobre el Pacífico, principal productor de cocaína del país. Sus madres tratan de salvarlos, pero la pelea contra la violencia y la indolencia estatal es muy desigual.

Anteayer la señora F se puso a llorar. Amaneció sin un centavo. Su vecina, tan pobre como ella, le dijo que no llorara y le regaló 500 pesos. Se compró unos pancitos, pero le ha sido difícil tragarlos sin nada para tomar. Desgrana sus lamentos con la cadencia dulce de las gentes del Pacífico colombiano. Se vino con los cuatro nietos al hombro del cacaotal que tenía en Magüí-Payán hace unos años, después de que le mataran a su hija porque “la cogieron cambiada”: unos guerrilleros la confundieron con otra del mismo nombre y la fusilaron.

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Hoy sin embargo, la abuela está contenta. Con nuestra visita puede mostrarnos orgullosa el diploma y la medalla que le trajo el otro día su nieto mayor de 16 años. Los ganó en el campo donde entrena en Cali a donde un reclutador se lo llevó después de que lo vio meter cuatro goles en un partido de fútbol escolar. Todavía no lo pasan por la televisión, pero si le va bien, todos estarán a salvo.

El barrio donde vive la señora F, como tantos otros de Tumaco, el segundo puerto de Colombia en el Pacífico, está derramándose por fuera del suelo habitable de la isla. Sus casas de madera hacen equilibrio en unos palos torcidos clavados entre la basura, el manglar y el sedimento barroso del mar. Sólo las sostienen la buena voluntad y la infinita paciencia con la que sus residentes aguardan que algo cambie. Por las calles asfaltadas con cáscara de coco molida corren los niños harapientos, descalzos y sonrientes.

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Un tipo, que desentona por su mala cara y sus recias botas, finge comprar algo en la tienda, mientras mira de reojo a los periodistas que visitan sus dominios. La gente se pone nerviosa. Una señora les hace señas a los reporteros que se alejen de allí. A la salida del barrio, había otros dos hombres armados vigilando.

Es lo más cerca que se ve al otro tipo de reclutadores de los niños de Tumaco, aquellos que también se los llevan a campos a entrenar y eventualmente, también los llevarán a aparecer en la tele. Con ellos sin embargo, no aprenderán a hacer chilenas o goles olímpicos como quizás lo consiga el nieto de Fanny con sus instructores en Cali. Cuando los levantadores criminales se los lleven, los jóvenes se cultivarán como informantes, prostitutas, sicarios y si aciertan a borrarse pronto la conciencia, su medalla de méritos consistirá en una moto o un fusil.

Dijo una profesora de piel perfecta y ojos tristes de otro barrio, a la que la daba tanto miedo hablar que ni siquiera dejó grabar la charla, que se están llevando dos o tres jóvenes por semana. Nadie más tiene cifras reales porque el alistamiento es clandestino y la prohibición de denunciarlo se impone con terror. De los niños, los reclutadores criminales prefieren los más serios y silenciosos; también, los fuertes y los más pobres y sufridos, y preferiblemente que estén entre los 12 y los 14 años. Entre más jovencitos, más fáciles de manipular. De las niñas, siempre buscan a las más bonitas.

Los milicianos de la guerrilla de las Farc y los integrantes de Los Rastrojos – una banda criminal con presencia nacional –han instalado su control en los enclenques barrios de Tumaco como Viento Libre, Panamá, Nuevo Horizonte, Los Ángeles-California, la mayoría, en las comunas cuatro y cinco de esta ciudad, de 161.000 habitantes. Hacen sentir su poder paseándose armados, imponiendo horarios y reglas a la gente indefensa, o cobrando vacunas a los modestos comerciantes, o endulzándoles el oído a los niños para que se sumen a su causa, definida casi siempre en forma vaga. Les dicen que en esa vida que llevan solo habrá miseria; que sólo por hacer un mandado se ganan un jean o un celular; que hay que rebelarse contra el abandono en que los tienen; que tendrán sueldo, un arma, serán alguien, serán respetados.

Tumaco no es el único lugar donde guerrillas y bandas criminales reclutan jóvenes a la fuerza en Colombia. En toda la costa Pacífica, desde la frontera con Ecuador hasta la de Panamá, en el oriente cerca a Venezuela, en los Llanos Orientales, en barrios de las principales ciudades, los armados meten a los menores en sus guerras porque es fácil mandonearlos, adoctrinarlos, abusar de ellos, ponerlos en la primera fila del peligro. En 20 de los 32 departamentos colombianos hay reclutamiento de menores, según cuentas de la Defensoría del Pueblo. Un polémico estudio del tema, “Como corderos entre lobos”, aseguró este año que son 18.000 los niños en la filas del crimen organizado y la insurgencia. Otros expertos sostienen que la cifra no tiene suficiente fundamento, y que la real es de la tercera parte. En lo que sí coinciden es que Tumaco es un punto crítico, quizás el peor del país.

Fiesta de millones

Por más que guerrilleros y bandidos a veces les pinten de bonitos colores su causa a los jóvenes, El Dorado de Tumaco es el narcotráfico. Este municipio de Nariño, el departamento que forma la esquina suroccidental de Colombia, es el mayor productor de hoja de coca y el mayor exportador de cocaína del país. El auge de la droga en esa región empezó hace una década, cuando las aspersiones aéreas con herbicidas de los cultivos de coca en los departamentos vecinos de Putumayo y Caquetá, forzaron a los narcotraficantes a abrir nuevas áreas de producción en Nariño. Esta política de fumigación masiva de cultivos ilícitos en esos departamentos despoblados, ideada por los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos bajo el conocido nombre de Plan Colombia, salió mal. No sólo no acabó la coca y llevó la violencia al otrora pacífico Nariño, sino que la movida les resultó beneficiosa a los narcos, pues se les abarataron costos al estar más cerca del mar. También se les facilitó sacar la droga sin ser vistos, ya que la costa en ese punto es selvática y sinuosa, y cada uno de las decenas de riachuelos cubiertos de manglar que desembocan allí en el mar es una ruta segura para sacar la valiosa mercancía.

Tumaco produce anualmente unas 27 toneladas métricas de cocaína, según el último cálculo que la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito hizo en 2010. Solamente teniendo en cuenta lo que se paga por la cocaína en Colombia, el negocio vale unos 180 millones de dólares al año. Esta suma es dos veces y media mayor que todo el presupuesto público de la ciudad. Los ingresos de los narcotraficantes que meten esa cocaína tumaqueña en las calles de Estados Unidos se multiplican luego por doce.

No obstante, de esa fiesta de millones a los niños tumaqueños les queda sólo la resaca de la violencia. En Tumaco, se mueren 58 niños de cada mil nacidos vivos antes de cumplir el primer año, cuando en Colombia la tasa es de 16 de cada mil. Y la tasa de sífilis congénita en esa ciudad perdida, 15,23 por mil, es siete veces mayor que la del país (2,6 por mil). En 2011 llegaron a los hospitales cinco niñas infectadas con Hepatitis B, y 95 niños y niñas, entre 10 y 14 años, golpeados o maltratados gravemente por padres y padrastros. Apenas seis de cada 10 jóvenes se quedan en la ? escuela a estudiar bachillerato, pues deben ayudar a la familia a conseguir el alimento. Hay pocas oportunidades de empleo, quizás moto-taxista o ayudante en alguna tienda, acarreador de agua o pescador. Hay muchas oportunidades de caer abaleado. Uno de cada cinco asesinados en Tumaco en 2011 tenía entre 15 y 19 años. Esas son las cuentas amargas del completo informe que hizo la Secretaría de Salud del Municipio este año.

Como hasta hace menos de una década en esta isla de playas negras y mar azul no había habido guerra, la gente aún no nace prevenida, como en otros lugares de Colombia. “No han tenido tiempo de elaborar toda esta violencia que nos ha llegado en los últimos años”, dice una sicóloga que trata jóvenes. Por eso el miedo es el compañero de crianza. Miedo de hablar de más, de enamorarse con alguien del barrio equivocado, de que alguien te mire de más, miedo de que te lleven con ellos.

La profesora que lleva treinta años lidiando niños en Tumaco cuenta que a veces en el recreo se entran muchachos armados, y los estudiantes se amontonan en el otro extremo del patio. “Los malos, profe, llegaron los malos”, balbucean con horror.

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A un alumno de décimo quisieron llevárselo cinco grandulones con armas de fuego del supermercado Merca Z. Él tembloroso se animó a mandar un mensaje por celular: “Díganle a la profe que me están levantando”. En esas vino la policía y se pudo fugar. Pero al otro día, los matones fueron a buscarlo al colegio, y se tuvo que volar para Ecuador, cuya frontera queda apenas a tres horas en lancha. Sus amigos, a quienes los del grupo armado les sacaron fotos, también huyeron. Sabían que a cualquiera podían cobrarle la osadía del que se les escapó. A otro joven que terminó el servicio militar lo eligieron los de las bandas para reclutarlo y también tuvo que correr. Cinco hermanos que vivían con una tía salieron así mismo, de un día para otro. Uno de ellos repetía agobiado que Dios a él no lo quería. Y una muchacha cachetona gordita de 14 años, en cuya casa se vendía droga, un día no volvió más al colegio. Meses después la profe la vio en la calle caliente, de tacones altos, la cara pintarrajeada, como disfrazada.

“Muchachos juiciosos y valiosos, los más inteligentes, han caído allá”, dice la maestra, y explica que viven hacinados en una pieza y sueñan con casas bonitas y ropa nueva. “Se meten a los grupos atraídos por cualquier oferta o a veces, sólo en protesta porque el gobierno no les ha puesto nunca atención”.

Y la sicóloga atendió un caso en el que una madre logró que a su hijo lo soltaran los de un grupo armado que se lo habían llevado. Pero cuando regresó a casa, “terminó construyéndole una cárcel en su propia casa por el miedo a que lo descubrieran, miedo a que se lo llevaran nuevamente, miedo a que lo mataran – cuenta—. Él empezó a paralizarse, no podía caminar físicamente. Afortunadamente se ha ido recuperando poco a poco y ahora ya anda. Pero ha sido un viacrucis para la madre”.

El terror de que los alisten a la fuerza los grupos armados también estanca las amistades y los noviazgos. El diccionario lista el miedo como sinónimo de desconfianza, sospecha, recelo porque son la misma cosa. ¿Qué tal si este joven la quiere conquistar para meterla a la banda criminal? ¿Qué tal si este nuevo amigo lo mete en problemas cuando le pide que le lleve un paquete? “Se ha roto muchísimo la amistad porque ya los jóvenes no tienen la libertad de confiar en otros jóvenes, de andar libremente en las calles como antes”, dice la sicóloga.

Lo único cierto con que cuentan los muchachos es con la pobreza, la miseria, dice con cierto humor negro el líder comunitario Antonio y asegura que “los jóvenes no tienen quién les dé apoyo para una dignidad”. Le da la razón un muchacho que dice “que vive con la inseguridad siempre encima”, como una nube negra que lo persigue por toda la ciudad y no lo deja imaginar siquiera cómo será su futuro.

Una mujer que promueve el progreso comunitario le ha tocado lidiar con muchos casos, como el de su comadre que se le iban a llevar a los tres hijos, una niña de 14 años y dos varones de 16 y 18, y los tuvo que sacar de afán para Bogotá. A otra amiga que vivía en el campo, la guerrilla se le llevó a la hija, muy guapa. De eso hace siete años y nunca se supo más de ella. También de prisa se metió al Ejército el hijo de la señora G. Fue la única manera que se le ocurrió al joven para evadir el cerco de los criminales.

“Cuando tu hijo está ya en edad de cargar un arma, lo “invitan” a que se una al grupo armado”, dice la hermana Gaby, una voluntaria católica de origen alemán, que junto con otro puñado de religiosos son quienes más conocen los barrios tumaqueños porque llevan décadas ayudándole a la gente a mejorar sus vidas. “Si el joven se niega, toda la familia está en riesgo”. Con las niñas es diferente: se las piden a sus hermanos con fusil en mano y éstos solo pueden ceder o huir.

Mucha fuerza pública, poca protección

La impotencia es lo que le llena los ojos de lágrimas a la señora G; el hijo mayor enlistado en el Ejército a las malas para salvarse, y otro, al que también querrán reclutar las bandas delincuenciales, lo tuvo que sacar a media noche para donde una parienta que apenas conocía en Cali. ¿Por qué no acudió a la fuerza pública para pedir protección? No es que ésta falte en el municipio. Casi en cada cuadra de la avenida La Playa que atraviesa Tumaco se ve un policía armado, el aeropuerto es prácticamente una base militar y los helicópteros pintados de camuflado pasan todo el día, yendo y viniendo de las operaciones de ataque en los campos.

Hay 7.000 soldados y policías en Tumaco, dice el general Mario Valencia comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso. Esto significa que hay un uniformadocada 23 habitantes, una fuerza exagerada en comparación con cualquier ciudad colombiana, como Bogotá, por ejemplo donde hay uno cada 400 habitantes. Tumaco es una de las 14 zonas que el gobierno nacional escogió desde hace tres años para desarrollar un Plan de Consolidación, con apoyo militar de Estados Unidos. El diario nacional El Tiempo informó en julio pasado, además, que en este municipio el Ministerio de Defensa inauguró una estrategia especial contra el narcotráfico que busca acelerar lo que ya busca el Plan Consolidación: controlar el territorio y después entrar con la inversión estatal en infraestructura y servicios.

Pero aunque hay gente que reconoce los esfuerzos de la fuerza pública, la mayoría confía poco en los uniformados. Por eso, los agentes pueden pasarse horas apostados a la entrada de algunas zonas de La Ciudadela o de Viento Libre, pero no controlan lo que sucede barrio adentro. Tienen sus razones. El dinero que fluye es mucho, suficiente para infiltrar y corromper a los agentes de la fuerza pública. Entonces cuando se denuncia nadie sabe si se habla con el enemigo, dicen casi todos entrevistados, algunos de los cuales relatan experiencias agrias al respecto. Uno dijo que no pasaron dos días desde que denunciara ante la policía que lo querían reclutar, cuando los criminales ya se habían enterado y lo amenazaron. Otro, que la Policía respondió con tal alharaca que todo el barrio se dio cuenta de quién denunció.

En la ciudad, la Policía tiene grandes riesgos. En febrero pasado le pusieron una bomba a la estación central de policía que mató a cuatro agentes e hirió a 74 personas, entre policías y civiles y en junio, en el barrio de Nuevo Milenio, fueron asesinados dos agentes por francotiradores. La posterior reacción de las autoridades en ambos casos, sin embargo, no despertó una mayor solidaridad con la Policía si no que, por el contrario, alejó más a la gente.

Por el asesinato de los policías en Nuevo Milenio, el comandante dio a entender por radio que eran los habitantes de ese barrio los que protegían a los criminales, ofendiendo así a toda la comunidad. El barrio entero hizo una fiesta por la vida para responderle a la Policía que ellos no favorecían la violencia, ni estaban en contra del imperio de ley. Los tumaqueños también han visto que la estación destruida fue rápidamente reconstruida, pero las casas vecinas siguen en ruinas.

Tampoco ayuda a la confianza en las autoridades que el propio jefe de la policía de Nariño, coronel William Montezuma fuera capturado en 2011, sospechoso de haberse aliado con los paramilitares cuando fue jefe de la policía en Norte de Santander. Dos jefes paramilitares lo señalaron como su cómplice. Él se defendió alegando que las acusaciones eran falsas y fue dejado en libertad.

Las Fuerzas Armadas hacen jornadas recreativas con los jóvenes, y según el general Valencia, por las cinco emisoras departamentales les advierten a los padres que no descuiden a los hijos, que les cuiden los amigos, que no los dejen solos. Son palabras necias en un lugar donde la mayoría vive sólo con la madre y ésta tiene que salir a trabajar para conseguir la comida. El Ejército ha rescatado a varios niños y niñas. Una de ellas de 14 años ya había hecho explotar bombas. Por ley los deben entregar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) a donde les encuentran un hogar temporal, mientras los sacan a un Centro Transitorio en Cali o en Bogotá donde deben recibir asistencia sicológica y social.

En lo que va de 2012 han salido de los grupos armados de Tumaco, 14 niños y niñas menores de 18 años. Algunos fueron rescatados por la fuerza pública en operaciones militares. Otros consiguieron fugarse. La quinceañera M duró dos años en la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Su hermano se escapó de ese grupo y los guerrilleros se la llevaron a ella en represalia. Le tocaba buscar leña, ayudar a cocinar. Otra niña, P, que tiene 14 años cuenta que la engañaron. Le dijeron que podía ir sólo de visita, a saludar a un primo. Pero cuando quiso irse, ya no la dejaron regresar. Y L, un muchacho de 15 años, dijo que se metió a guerrillero para vengar la muerte de su padre. Para que no puedan ser identificados, la ley prohíbe contar detalles de la vida de estos niños y niñas. Pero se sabe que hoy los tres viven en hogares sustitutos, tan pobres como los hogares de donde los sacaron, esperando que los trasladen a la ciudad.

Los funcionarios del Bienestar, muchos nombrados con palancas políticas, cumplen sus trámites burocráticos. Una defensora le dice a una madre sustituta que se va a hacer cargo de un ex guerrillero de 17 años, cuántos papeles y sellos le faltan para cumplir el trámite para legalizar la tenencia del joven. Fría, comenta que no les cree a estos jóvenes, que son unos mentirosos.

Más fe en ellos tienen quienes conocen mejor sus problemas. Los religiosos católicos y de otras iglesias trabajan con los muchachos que pueden. Hacen con ellos teatro, actividades deportivas, les enseñan a pensar, a conversar, a navegar en Internet. “Me siento un poco en paz conmigo mismo porque no me siento tan vulnerable a los grupos armados porque estoy concientizado sobre lo que puede hacer de mi vida si llego a pertenecer a grupos como esos o el daño que le puedo hacer a mi comunidad y a la sociedad”, dice J, un joven que hace teatro con sus amigos dirigidos por una joven alemana que realiza un doctorado en teología y habita en su mismo barrio.

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Una lideresa del barrio Familias en Acción, asociada a madres de los barrios difíciles de Tumaco, bajo la inspiración de Mireya Oviedo, una maestra retirada, le busca financiación a su proyecto de crear una sala común donde los niños puedan estudiar y jugar, mientras sus mayores trabajan, y así protegerlos después de que salen de la escuela. Hasta ahora no ha conseguido quién la apoye.

El secretario de Gobierno de Tumaco, Hernán Cortés, él mismo surgido de las organizaciones de afro-descendientes, y que representa una nueva forma de hacer política en el municipio –frente a la tradicional de cacicazgos corruptos y profundamente liados con el narcotráfico– cuenta que acaban de empezar un proyecto en dos barrios para buscarles educación y empleo a 250 jóvenes. Pero hasta ahora comienzan.

Todos ellos saben que el problema sólo se arregla con cambios de fondo. Si los jóvenes tuvieran buena educación, viviendas dignas, empleo posible, lugares de recreación sería mucho más difícil reclutarlos para el crimen. “A medida de que el Estado entre con fortaleza a unas zonas que se han recuperado militarmente, vamos a poder decir que estamos ganando espacios sólidos que verdaderamente permitan a la gente cambiar esa tendencia que tenían hacia lo ilícito”, dice convencido el general Valencia.

Sin embargo, el esfuerzo militar se ve más que el civil. Escasean vías, servicios públicos, viviendas, parques, canchas de juego y escuelas amplias y suficientes. La inversión social se viene prometiendo desde hace décadas y la gente no tiene cómo creer que ahora sí es en serio.

Mientras que llega el anunciado desarrollo social, pocos parecen enfocados en inventar remedios inmediatos que impidan el reclutamiento de niños y niñas para el crimen y la guerra. Los esfuerzos privados de los religiosos, de los maestros y de algunas organizaciones para ganarse los jóvenes para la paz, apenas si cubre unos centenares de ellos en Tumaco.

“Es importante en un pueblo donde todo el mundo está callado por el miedo, que creemos espacios donde los jóvenes recuperen su palabra, su risa, su juego, que sean ciudadanos también, que se sientan alguien, que no se ahoguen en el sufrimiento”, dice Gaby, explicando que se podría hacer una revolución educativa si realmente se quisiera.

Tampoco las autoridades han desarrollado una ruta de acción concreta para reaccionar a tiempo ante el reclutamiento ilegal y forzado de niños. Los jóvenes en alto riesgo no saben a dónde acudir. Los maestros tampoco. La fuerza pública no sabe manejar las emergencias y a veces pone en peor riesgo a la familia que denuncia. Los funcionarios nacionales demuestran poco interés en atender el problema.

Los padres, y sobre todo, las madres debe arreglárselas como pueden, sacando a los hijos a escondidas, arriesgando sus vidas y las de ellas mismas. Y cuando no consiguen salvarlos, nada impedirá que sus hijos e hijas queden atrapados por las garras de la violencia. Ellos estarán destinados a repetir la historia y en pocos años estarán reclutando niños de la siguiente generación.

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La Caída de los Rastrojos Parece Inminente Después de la Última Entrega

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Con la desmovilización de 17 combatientes en el Valle del Cauca, y posiblemente cientos más para entregarse, hay indicios de que la banda narcotraficante de los Rastrojos, la otrora más poderosa de Colombia, esté colapsando después de la rendición y captura de los principales líderes.

Diecisiete camuflados, miembros armados de los Rastrojos, salieron temprano de su campamento en el Cañón de las Garrapatas el 22 de octubre para entregarse a las autoridades en el corregimiento La Sonora, en el Valle del Cauca, informó El País.

La desmovilización se organizó después de la entrega del líder de los Rastrojos Javier Calle Serna, alias “Comba,” a las autoridades estadounidenses en mayo de este año. Según Semana, como parte de un acuerdo que él negoció, Comba aceptó ayudar a las autoridades a desmantelar el grupo criminal.

Esta es la primera desmovilización del grupo en el Cañón de Las Garrapatas, del cual se estima que consta de un poco más de 100 combatientes. El grupo protege laboratorios de cocaína y corredores de tráfico de drogas claves que van hacia la costa pacífica. Según se informa, se espera que los combatientes que quedan se entreguen en las próximas semanas.

En 2009, 112 miembros de los Rastrojos se desmovilizaron en el Chocó, en la costa pacífica. Informes han circulado en los últimos meses sobre una ola de entregas que se espera que tengan lugar; con el diario El Tiempo declarando en agosto, que 300 combatientes estaban negociando su entrega. El diario también informó el 22 de octubre que, como parte de un acuerdo alcanzado entre el hermano de Javier, Luis Enrique, y los Estados Unidos, que facilitó su entrega el mes pasado, 150 combatientes se han entregado a las autoridades.

Actualmente no está claro si la unidad del Cañón de Las Garrapatas comprende parte de ese total.

Análisis de InSight Crime

Además de la entrega de los hermanos Calle Serna, los Rastrojos también perdieron a su jefe militar este año cuando Diego Pérez Henao, alias “Diego Rastrojo,” fue detenido en Venezuela en junio. Muchos predijeron que esto llevaría a una ruptura de la banda, algo que parece estar sucediendo.

Uno de los principales factores que provocarán la caída de los Rastrojos es la incursión de grupos rivales más fuertes en su territorio. Desde 2011, los Urabeños han tenido presencia en el baluarte de los Rastrojos en el Valle del Cauca, haciendo alianzas con el clan del narcotráfico los Machos, y el ex miembro del Cartel de Cali, Víctor Patiño. Ahora, sin embargo, los Urabeños parecen estar expandiéndose y buscando imponer su dominio en la región, al estar alentados por la caída de los tres líderes de los Rastrojos. Una reciente ola de asesinatos en el Valle del Cauca da cuenta de esto.

Debido a la falta de liderazgo dentro de los Rastrojos, el grupo también se está enfrentando con la amenaza de una lucha interna. Antes de su arresto, hubo informes de que Diego Rastrojo estaba al mando de una facción en contra de Comba debido a un desacuerdo entre los dos sobre la decisión de Comba de negociar. Esta división aparentemente ha perdurado desde sus respectivas detenciones, con un número de asesinatos atribuidos a las facciones enfrentadas, a principios del mes pasado en el norte y el centro del Valle del Cauca.

El número de los Rastrojos se ha reducido en un 20 por ciento en los últimos años, dejando al grupo con unos 1.600 combatientes, según la policía colombiana. Si la última desmovilización es un indicio de lo que vendrá, estos números empezarán a reducirse más, dejando al grupo en la periferia del narcotráfico en Colombia a medida que otros se mueven para ocupar su lugar. Parece probable que los Urabeños ahora buscarán devorar el territorio de los Rastrojos para convertirse en la banda de narcotraficantes más poderosa del país, aunque podrían enfrentar cierta competencia por parte de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional and (ELN).

A pesar de las Conversaciones de Paz, las FARC Continúan con los Ataques

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A pesar de estar a punto de comenzar las conversaciones de paz con el gobierno de Colombia, las FARC continúan su campaña de violentos ataques, lo cual podría arruinar las negociaciones si los rebeldes van demasiado lejos.

El 14 de octubre, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cerraron una carretera principal que pasa por la frontera con Venezuela, desde el departamento de Norte de Santander, en Colombia. El mismo día, rebeldes destruyeron dos torres eléctricas en la provincia, en ataques que aparentemente fueron trabajo del Frente 33 de las FARC.

También el 14 de octubre, elementos del Frente 10 de las FARC atacaron una columna de soldados en el departamento de Arauca, matando a dos civiles en el fuego cruzado, según oficiales militares. Al parecer, los ataques registrados el 16 de octubre contra el tramo del polioducto del Valle del Cauca, en el municipio de San Pedro, y contra dos torres de energía de ISA en este mismo municipio, fueron acciones de las FARC.

Los incidentes ocurrieron días antes de que los líderes de las FARC se reunieran con representantes del gobierno colombiano en Oslo, Noruega, para comenzar las conversaciones formales de paz, el 18 de octubre. 

Análisis de InSight Crime

No es sorprendente el hecho de que las FARC hayan continuado llevando a cabo ataques violentos en vísperas de las conversaciones de paz, en la medida que el gobierno colombiano rechazó el llamado de cese al fuego por parte de los rebeldes, en el periodo previo al diálogo.

Los ataques podrían ayudar a fortalecer la posición de la guerrilla en la mesa de negociación. Al continuar su campaña de violencia, la guerrilla está demostrando que sigue siendo una seria amenaza para la seguridad. Esto podría ser un intento de contrarrestar las afirmaciones de que su participación en las conversaciones de paz es una señal de debilidad, como han sugerido algunos analistas.

El peligro es que la guerrilla pueda sobrestimar su fuerza, como ha ocurrido en el pasado. La última ronda de conversaciones de paz con el gobierno, por ejemplo, terminó en 2002, después de que las FARC secuestraran un avión comercial y a un senador que iba abordo. En 2006, el gobierno del ex Presidente Álvaro Uribe suspendió todo contacto con las FARC cuando guerrilleros detonaron un carro bomba afuera de una academia militar en Bogotá, hiriendo a 23 personas.

El continuo uso de la violencia por parte de las FARC también podría indicar algo mucho más peligroso para el futuro de la paz en Colombia. Se puede sugerir que el secretariado del grupo ya no tiene el poder de controlar todos los elementos del grupo; una señal de que un proceso de desmovilización formal podría no terminar el conflicto. Se cree que la estructura organizacional de las FARC ha sido erosionada en los últimos años, en parte, debido a la participación de los rebeldes en actividades criminales como narcotráfico, tráfico de armas y secuestro. Esto se exacerbó con la pérdida de varios miembros clave del secretariado de las FARC, incluyendo al máximo líder Guillermo León Sáenz Vargas, alias “Alfonso Cano,” quien era considerado uno de los últimos líderes políticos del grupo.

Si este es el caso, entonces el futuro de las FARC podría parecerse a la historia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las cuales se desmovilizaron entre 2004 y 2006. Durante este tiempo, un número de bloques paramilitares se entregaron sólo de nombre, continuando sus actividades sin la fachada de una ideología política. Muchos de estos grupos sucesores pasaron a convertirse en actores principales en el bajo mundo criminal del país, incluyendo pesos pesados como los Urabeños, y se conocen como “bandas criminales” (BACRIM).

Sin embargo, hay evidencia de que las FARC han reducido sus violentos ataques en vísperas de las conversaciones programadas, por lo menos cuando se trata de ataques al sector energético, con los cuales se ha contado en el pasado como una demostración de fuerza. La petrolera Ecopetrol, anunció el mes pasado que el número de ataques contra sus instalaciones habían disminuido significativamente. “[En Septiembre] tuvimos sólo tres ataques, lo cual no es nada comparado con las cifras históricas,” dijo a la prensa la representante de Ecopetrol Adriana Echeverri.

La suspensión o la reducción de los ataques podría ayudar a demostrar que la guerrilla está comprometida con la paz, algo cuestionado por muchos en Colombia, y en ayudar a que las conversaciones avancen.

El último líder de los Rastrojos se entrega a Estados Unidos

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El último líder del grupo narcotraficante de los Rastrojos, Luis Enrique Calle Serna, se ha entregado a las autoridades de los Estados Unidos, evidenciando la posibilidad de que esta poderosa organización criminal este ad portas del fin.

El 2 de octubre, Calle Serna se entregó a las autoridades estadounidenses en Panamá, desde donde fue transferido inmediatamente a una prisión en Nueva York, según reportó Semana. Él venía negociado con las autoridades estadounidenses, y de hecho, en febrero, el presidente colombiano Juan Manuel Santos confirmó que Calle Serna y su hermano Javier, alias “Comba”, buscaban entregarse.

Según la Policía Nacional colombiana, el arresto del capo Daniel “El Loco” Barrera, el 18 de septiembre, propició la entrega de Luis Enrique, dado que El Loco había sido el responsable de suministrar seguridad al líder Rastrojo en Venezuela, donde residía. Adicionalmente, la policía afirmó que luego del arresto de El Loco, Luis Enrique contactó a su familia en España para hacerles saber que iba a entregarse, e informó su decisión a la DEA a través de su abogado.

Comba se entregó a las autoridades estadounidenses en mayo. Un mes después, en Venezuela, le siguió el arresto de otro de los principales comandantes de los Rastrojos: Diego Pérez Henao, alias “Diego Rastrojo”.

El ministro de defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, dijo que la entrega de Calle era evidencia de que la presión ejercida por la fuerza pública no les deja otra opción a los narcotraficantes, diferente a entregarse.

Análisis InSight Crime

La detención de Calle, el último líder de los Rastrojos –la antigua ala militar del Cartel del Norte del Valle–, pone en duda la supervivencia del grupo. Incluso antes de que Diego Rastrojo y Comba cayeran, había reportes de luchas internas entre la facción comandada por los Calle Serna, los Comba, y la de Diego Rastrojo, debido a un desacuerdo sobre si debían negociar una eventual entrega. La pérdida de Comba y Diego Rastrojo causó mayor confusión puesto que grupos rivales, particularmente los Urabeños, aprovecharon e incursionaron en el fortín de los Rastrojos en el departamento de Valle del Cauca.

Adicionalmente, esta semana en Bogotá, la policía capturó a José Leonardo Rodríguez Guevara, alias “Pinky”. Él era el segundo al mando después de José Leonardo Hortúa Blandón, alias “Mascota”, quien aparentemente ha tomado el control de la facción de Diego Rastrojo, luego de su arresto. Si Mascota sólo controla una facción, es poco probable que sea capaz de reemplazar tanto a los Calle Serna como a Diego Rastrojo.

Según la policía, los Rastrojos están perdiendo pie de fuerza. En los últimos dos años han perdido hasta un 20 por ciento de sus miembros, llegando a 1.656 combatientes, según reportó El Tiempo. La entrega de Calle Serna puede hacer que el grupo se quiebre aún más por cuanto hasta los más leales combatientes podrían migrar hacia otros grupos más fuertes. Ha habido reportes de que esto ya está sucediendo en la caliente zona colombiana del Bajo Cauca, donde miembros de los Rastrojos están yendo a engrosar filas de los Urabeños.

La decisión de Calle Serna de entregarse, al igual que el hecho de que se encontrara viviendo en Venezuela, evidencia las dificultades que enfrentan los narcotraficantes para administrar sus operaciones, una vez que sus perfiles son demasiado públicos, especialmente si son buscados por los Estados Unidos.

Es también posible que la entrega de los Comba fuese motivada por amenazas a sus familias. Víctor Patiño Fómeque, un exmiembro del Cartel de Cali, que cumplió una sentencia reducida en Estados Unidos luego de colaborar con la DEA, volvió a Colombia en 2010 y comenzó una guerra contra los Rastrojos. Parte de su motivación es la presunta muerte de 35 miembros de su familia a manos de los Rastrojos. Los familiares de los Calle Serna son blanco de una probable venganza. El acuerdo de entrega de los hermanos podría involucrar la protección de sus familias por parte de los Estados Unidos.

Sea cual fuere la razón que haya propiciado la entrega de Calle Serna, no cabe duda: su remoción del escenario ha servido para debilitar aún más a los Rastrojos y seguro significa que este otrora poderoso grupo narcotraficante tiene sus días contados como una fuerza unificada del hampa colombiana.

‘Uribe Sabía que los Paramilitares Financiaron su Campaña’: Ex Jefe Paramilitar

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Según acusaciones de un líder paramilitar y de exmiembros del Congreso, Álvaro Uribe recibió a sabiendas apoyo del grupo paramilitar AUC para su campaña presidencial de 2002.

En testimonios del proceso de Justicia y Paz en Colombia, el líder de las AUC, Salvatore Mancuso, dijo que se reunió personalmente con Uribe cuando él era gobernador de Antioquia, pero que nunca se reunieron en medio de ninguna campaña presidencial. Las AUC enviaron a dos políticos para hablar con Uribe, los cuales sirvieron como intermediarios durante la temporada electoral de 2002, según Mancuso. Para ese tiempo, Uribe era consciente de que las AUC estaban apoyando su campaña para presidente, añadió Mancuso. 

Equipo de futbol colombiano busca romper lazos con su pasado vinculado al narcotráfico

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Un equipo de futbol colombiano anunció que podría renunciar a dos de sus títulos ganados, cuando el club deportivo era propiedad de un narcotraficante en los años ochenta, llamando la atención sobre la larga y sórdida historia de los vínculos entre el futbol profesional y el crimen organizado.

En una entrevista con Caracol Radio, el presidente de Millonarios, un club de futbol de Bogotá, dijo que la junta directiva del equipo está considerando renunciar a sus últimos dos títulos como parte de un esfuerzo por limpiar la imagen del equipo y romper los lazos con el pasado. Según Semana, esta es la primera vez que un presidente de un equipo de futbol colombiano ha admitido abiertamente los vínculos con grupos narcotraficantes.

Captura de Narcotraficante Resalta las Alianzas Cambiantes en las Pandillas Colombianas

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El arresto del líder de la banda colombiana los Paisas revela las dinámicas del conflicto de la droga, en el que las pandillas cambian constantement sus nombres y alianzas en el mundo del narcotráfico.

La policía anunció el arresto de Germán Bustos Alarcón, alias “El Puma”, uno de los criminales más buscados del departamento colombiano de Antioquia, por quien se ofrecía una recompensa de 250 millones de pesos (unos US$140.000) por información de su paradero. En 2011, fue acusado por una corte estadounidense del Distrito Sur de Florida por narcotráfico, al lado de figuras poderosas como Diego Pérez Henao, el líder capturado de los Rastrojos. Esto fue parte de la primera serie de acusaciones formuladas por la única unidad de acusaciones de Estados Unidos que tiene por objetivo a los grupos narcotraficantes colombianos, conocidos como bandas criminales (o BACRIM).

El Puma fue arrestado en la región conocida como Bajo Cauca, el centro de operaciones de los Paisas y una de las áreas más fuertemente disputadas por los grupos del crimen organizado en Colombia. Gran parte del área fue otrora controlada por facciones de la federación paramilitar conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Pero, luego de su desmovilización en 2006, el Bajo Cauca se convirtió en el campo de batalla entre los grupos compuestos por exparamilitares, a los que el gobierno decidió nombrar como BACRIM. Casi todas las BACRIM de Colombia –los Urabeños, los Rastrojos, los Paisas, y en alguna medida, la Oficina de Envigado– tienen presencia en el Bajo Cauca.

Análisis de InSight Crime

De muchas formas, el caso del Puma es representativo del tipo de actores criminales que encabezan el conflicto colombiano. Él fue capaz de trabajar de manera ininterrumpida en las diferentes generaciones de los grupos criminales colombianos, cambiando lealtades en numerosas ocasiones.

Puma empezó como un mando medio en el Bloque Mineros de las AUC, bajo el control del líder paramilitar Ramiro “El Cuco” Vanoy. Fue uno de los 2.789 paramilitares que se desmovilizaron de este bloque en 2006.

No obstante, Puma nunca dejó el narcotráfico, igual que cientos de otros paramilitares de los mandos medios que pasaron por el proceso de desmovilización, para luego establecer nuevas organizaciones criminales con diferentes nombres. Junto con exmiembros del Bloque Mineros, se enlistó en los Paisas, una organización dedicada al tráfico de cocaína en el Bajo Cauca. Este reciclaje de exparamilitares de las AUC en las BACRIM es uno de los principales conductores del conflicto de las drogas en Colombia.

Los Paisas lucharon una guerra sangrienta con los Rastrojos y los Urabeños en el Bajo Cauca entre 2008 y 2010. Este conflicto es, de igual forma, representativo de cómo la guerra de la droga en Colombia es combatida ahora entre grupos de neoparamilitares. Este conflicto involucra muchos exmandos medios de las AUC que nunca se desmovilizaron por completo, quienes constantemente cambian sus lealtades entre grupos rivales. Por ejemplo, entre 2008 y 2010, los Paisas lucharon en contra de los Urabeños en el Bajo Cauca donde eran aliados de los Rastrojos. Pero, luego de la muerte del líder Paisa, César Augusto Torres Luján, alias “Mono Vides”, en octubre de 2010, los Paisas cambiaron de bando y trabajaron con los Urabeños en el Bajo Cauca. Sin embargo, estas alianzas fuertemente regionalizadas no son obligatoriamente ejecutadas a nivel nacional, como sí sucedía en la época de las AUC.

Aún así, con la captura del Puma, los Paisas pueden contar con Rafael Álvarez Piñeda, alias “Chepe”, otro miembro desmovilizado del Bloque Mineros, para mantener al grupo cohesionado. Mientras que la muerte de Mono Vides, aparentemente tuvo el efecto de dar un vuelco de 180 grados a las dinámicas del Bajo Cauca, es poco probable que la salida del Puma cause un cambio similar en la relación de los Paisas con los Urabeños, más aún, si los Urabeños parecen estar convirtiéndose en la más poderosa red de narcotraficantes de Colombia.

La estampida del miedo en la frontera colombo-venezolana

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Aunque ya no son las masas de hace una década, aún demasiados colombianos que habitan en los límites entre Colombia y Venezuela se están viendo forzados a huir de sus hogares para escapar de la violencia del viejo conflicto armado y de nuevas mafias criminales.

Vea el reportaje especial completo de VerdadAbierta.com, con elementos multimedia, aquí

Entre 2008 y 2011 se desplazaron en Norte de Santander más de 27.000 personas, y en el primer semestre de este año ya iban casi 1.000 personas que se han tenido que ir de sus hogares de afán en grupos grandes, y muchas decenas más en forma individual.

VerdadAbierta.com conversó con algunas personas en plena huída, constató como el conflicto entre el Estado y las guerrillas sigue forzando a la gente a desplazarse y cuenta qué tiene que ver el narcotráfico en todo esto.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Colombia

¿Por qué no paró el desplazamiento?

Entre 1998 y 2005, en Norte de Santander, el más poblado departamento al oriente colombiano, pegado a Venezuela, una brutal ofensiva las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se definían como una fuerza ilegal contrainsurgente, invadió pueblos y veredas, asesinó, quemó, aterrorizó, y obligó a 114.000 hombres, mujeres y niños a salir despavoridos para salvar sus vidas. Estos paramilitares querían, sobre todo, arrebatarle a las guerrillas las ganancias de la exportación ilegal de cocaína por la lucrativa ruta venezolana. Este negocio es más atractivo en esa parte del país. Allí, en la selva del Catatumbo, crece frondosa la coca y se recogen seis cosechas y medio al año. Además, como son subsidiados por el gobierno de Venezuela, la gasolina y otros insumos químicos, como el cemento y la acetona, que se usan para extraer la cocaína de la hoja de esa planta, resultan particularmente baratos. En esta frontera porosa de 376 kilómetros, además, son fáciles todos los contrabandos, desde carbón hasta ganado y es sencillo esconder cargas ilícitas y escabullirse cuando el brazo de la ley actúa. Los paramilitares buscaron también suplantar a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC), y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en un territorio a donde habían sido fuertes por más de dos décadas. Y al igual que en el resto del país, eso incluía capturar a los gobiernos locales para conseguir rentas fáciles y robar tierra para montar sus agroindustrias y haciendas ganaderas. Debido a una negociación entre el gobierno nacional y las AUC, éste grupo dejó las armas desde 2004. En noviembre 25, los 1.425 integrantes del Bloque Catatumbo se desmovilizaron oficialmente.

Los nortesantandereanos creyeron que eso marcaba el fin de su tragedia; que había llegado el tiempo de reconstruir. El gobierno, acatando una enérgica sentencia de la Corte Suprema de Justicia en defensa de la población víctima del conflicto armado también de 2004, comenzó a mejorar sus sistemas de atención y de ayuda a los desplazados. Eran insuficientes, pero en las comunas 6, 7 y 8 al norte y al occidente de Cúcuta, la capital del departamento, a donde habían llegado miles a levantar sus improvisados ranchos, el Estado y las organizaciones civiles, como los sacerdotes católicos Scalabrini y otros voluntarios italianos, alemanes y venezolanos, venían construyendo barrios, ampliando cupos escolares, montando centros de salud. Si la avalancha de desplazados hubiera terminado ahí, seguramente hoy ya habría tranquilidad, pero no fue así.

Pronto mandos medios de las antiguas autodefensas que no dejaron las armas reorganizaron sus bandas criminales al servicio de los negocios ilegales de la frontera que nunca dejaron de fluir. Grupos de otras partes del país llegaron a la lucrativa zona. Para 2007, entre locales y foráneos, ya había en la frontera varios grupos aterrorizando a la gente: Urabeños, Rastrojos, y últimamente, una banda que quiere tener apellido pseudo-político y se hace llamar las Autodefensas de Norte de Santander. Hoy estas bandas están desplazando familias trabajadoras que viven al límite entre los dos países, desde Puerto Santander al norte de Cúcuta, hasta Ragonvalia en el sur. También está desplazando a la población civil al norte del departamento la vieja guerra colombiana, por la cual la fuerza pública intenta sacar a las guerrillas del norte selvático del territorio. En El Tarra, norte de Tibú, San Calixto, Teorama y Ocaña, a cada envión del Ejército, la guerrilla siembra más minas en el campo, y dinamita más estaciones de policía y bases militares, muchas de las cuales están en medio de las casas de la gente. Evitando quedar entre fuegos cruzados, las familias huyen, se mudan de zona, van y vuelven, y pasan hambre y a sus hijos les queda marcado el miedo.

La gente sigue huyendo:

Cuentan que en los peores tiempos, por allá entre 1999 y 2002, cuando la arremetida violenta de los paramilitares de las AUC en el Catatumbo, esa selva entre Colombia y Venezuela al norte del departamento de Norte de Santander, expulsaba diariamente a cinco familias por día de Tibú y a dos de El Tarra, los niños, apostados sobre las pilas de hoja de coca, ponían en la mira imaginaria de sus palos al transeúnte, mientras gritaban el traqueteo de las metralletas.

Una década después, esos paramilitares ya no existen pues dejaron las armas a fines de 2004, pero a esos niños que jugaban a imitar a los guerreros no les mejoró mucho la vida. Menos de la mitad de los que viven en el pueblo El Tarra completan la primaria, y apenas el 14 por ciento terminan el bachillerato. Allí y en Tibú, la mayoría de los jóvenes no saben hacer mucho y tienen poco para hacer. Pueden meterse a raspachines –como se le dice en Colombia al oficio cosechar la hoja de coca – porque hay coca sembrada en más de 3.000 hectáreas; los ejércitos legales e ilegales se los pelean. Faltan las vías, beben agua mala y los esfuerzos oficiales por brindar salud y educación son como remiendos que no alcanzan a cubrir los agujeros de la pobreza.

El nuevo gobierno ha reforzado batallones y bases militares que intentan mantener a raya a la guerrilla que acecha, intentando recuperar el territorio perdido en Catatumbo. En El Tarra abundan los uniformados, hay una estación de policía y una base militar. También hay otra a cuatro minutos en automóvil, en una aldea llamada Motilonia (los colonos de la región llamaron motilones a los indígenas Bari por la forma en que se cortaban el pelo). Desde El Tarra, el ejército intenta con dificultad avanzar selva adentro, pues la guerrilla bloquea rutas, siembra minas, lanza explosivos y protege sus cultivos ilícitos a muerte.

En diciembre de 2011 las FARC lanzaron una granada contra la estación de policía; en enero y febrero de 2012 hubo 13 combates en la zona rural y según actores humanitarios de la región, unas 800 personas salieron de sus casas buscando refugio. Algunos se desplazan por unos días, se refugian incluso en la casa del personero o del alcalde, y después regresan a sus casas.1

“Huir es una estrategia de protección de la gente”, dijo una persona que atiende la catástrofe humanitaria en la región. En marzo pasado, en San Pablo, Teorama, otro municipio de Catatumbo, iba entrando la fuerza pública este año y la guerrilla la atacó. Hubo varios muertos y heridos, entre ellos una mujer y un bebé. La población huyó, pero para cuando llegó la ayuda de emergencia, ya la gente había vuelto a sus casas. En esos días de terror, sin embargo, cuando más necesitaron atención médica y sicológica, alimentos y abrigo, no hubo nadie que los auxiliara.

El 14 de mayo, como a las 11 de la mañana, se armó la balacera en Filo El Gringo, otro pueblito de El Tarra. Las FARC tiraron un cilindro explosivo contra el puesto móvil del Ejército que queda enfrente a la escuela primaria. Los militares abrieron fuego y la escuela llena de niños quedó en medio del tiroteo. Por años la escuela había estado vacía, después de que en 2001 las autodefensas sacaran corriendo a las familias de este corregimiento ejemplarmente organizado y bonito, quemando sus casas y amedrentando a todos. La gente progresista de Filo El Gringo comenzó a retornar en 2008, pero ahora la guerra ha vuelto a aterrorizarlos y los niños no quieren volver a estudiar.

El pasado 11 de junio, luego de un ataque a la base militar de Motilonia que destruyó varias casas de la gente, 33 familias salieron corriendo hacia el pueblo. Al poco tiempo todas las familias de esa vereda, unas 86 en total, huyeron “por físico y mero miedo”, como dijo el personero Alexander Collantes al diario local, La Opinión, y se refugiaron en una finca que tiene la Alcaldía pegada al pueblo. Diecinueve niños no quieren volver al colegio, dice un funcionario que los atiende, tienen pesadillas cargadas de olor a pólvora y algunos se orinan en la cama.

La ironía de Motilonia, como dijo un entrevistado con sonrisa agria, es que es casi la única vereda del Catatumbo donde la gente no vive de la coca. Allí las familias aprendieron a cultivar el pescado cachama en estanques. Durante el día la gente ha seguido yendo a ver sus cachamas, pero éstas no reciben el cuidado que requieren y además el zumbido de las balas y estruendo de las explosiones las aturde y no engordan como deberían.

Víctor Ramón Navarro, conocido como Megateo, jefe de frente del Ejército Popular de Liberación, una guerrilla desmovilizada en su mayoría en 1991, sobrevivió la invasión paramilitar y ha construido un poder considerable sobre la base de un narco-emporio y la ejecución de obras públicas y sociales en beneficio de la comunidad. En el territorio bajo su dominio, el número de personas forzadas a desplazarse ha sido constantemente alto en los últimos años.

De Tibú, por decirlo así la capital del Catatumbo, también están huyendo, de a diez personas por mes, según reportó a fin de junio La Opinión. Pero allí no es la guerra la que desarraiga y desplaza, sino son las bandas de criminales que extorsionan y matonean para conseguir dinero rápido de quienes lo han conseguido con años de trabajo. En Tibú un grupo de delincuentes que dice ser de los Rastrojos, el ejército privado creado por un narcotraficante del departamento del Valle al sur del país hacia 2004, es el que extorsiona. La gente no los denuncia porque desconfía, sabe que siempre hay infiltrados en la fuerza pública. De vez en cuando la policía da un golpe, y captura a unos cuantos criminales, pero la fila de jóvenes dispuestos a reemplazarlos es larga, pues hay mucho dinero en juego, y salvo su desdichada vida, tienen poco qué perder.

Dijo un especialista en desarrollo rural que conoce bien la zona, que el narcotráfico se ha ido comiendo al Estado y a las mismas guerrillas como el comején devora la madera en estas tierras tropicales, y cuando hay debilidad en la jefatura, cualquiera hace lo que le dé la gana. Así, cada petardo aparece como hecho terrorista, cuando detrás hay pleitos de negocios por el tráfico ilegal de gasolina, químicos para preparar la cocaína, fertilizantes, lavado de dineros, en los que también están involucrados agentes estatales.

El desplazamiento forzado por el crimen

Puerto Santander, un municipio al norte de la zona metropolitana de Cúcuta es algo así como la puerta de entrada del comercio ilegal a Venezuela. Allí el ambiente es aparentemente tranquilo y las cifras oficiales de desplazamiento son bajitas. No es porque haya paz, como dice un oficial de la policía, más bien es porque allí el dominio de Los Rastrojos es casi absoluto.

Sin embargo, de sus veredas, como hormigas van saliendo personas que se van volviendo incómodas para los hombres armados. Es lo que sucedió con Adolfo y Rosita [los nombres han sido cambiados por razones de seguridad]. Él un modestísimo tejedor de mimbre y fabricante artesanal de zapatos y ella una líder innata que no sabía que lo era, se instalaron en esa aldea y poco a poco fueron haciéndose a un pequeño capital. Primero tenía Adolfo tenía que caminar para vender los zapatos y las sillas por todas esas veredas. Después ya pudo comprar su bicicleta y ahí empezó a rendirle más el dinero y mejoró su rancho. Vinieron los hijos y por una docena de años vivieron tranquilos, prosperando. Los vecinos les propusieron que se metieran a la junta comunal y después, cuando él resultó elegido edil, su mujer entró también a la liderar la comunidad.

“Los paramilitares se desmovilizaron en el 2004, pero ellos dejaron otra gente, como haga de cuenta yo irme y dejar a los hijos que sigan trabajando aquí este tallercito, porque eso fue lo que pasó”, dijo el zapatero a VerdadAbierta.com. (vea el video donde cuenta su historia).

Esa gente que dejó los ‘paras’ puso a uno de los suyos de presidente de la junta de acción comunal, y los vecinos de la vereda no volvieron a las reuniones. Los pistoleros entonces culparon a Rosita de haberlos instigado en contra de ellos. La tensión subió a medida que motociclistas armados venían a preguntar por ella cada vez más seguido. Al final, Adolfo y Rosita salieron y dejaron todo tirado. Se instalaron en otro municipio de Norte de Santander, a empezar de cero. Lograron malvender la casita después de unos meses, y el gobierno le dio a Adolfo el equivalente a unos 700 dólares para que montara su taller. Apenas si le alcanzó para comprarse un calentador que derrite la goma con que le pega la suela a los zapatos y algunos instrumentos básicos. Paga arriendo y se arriesga a viajar a Catatumbo porque por allá puede vender mejor sus zapatos: sus sandalias a 12.000 pesos (US$6.60), botas de jean, a 15.000 pesos (US$8). Si tuviera un cliente fijo, quizás podría salir de la pobreza en que lo dejaron. Pero Adolfo no se queja, al menos no le mataron a ningún hijo.

“El gobierno cree que uno con un millón de pesos (US$555) va a montar empresa, tiene que estar muy de buenas y ganarse la lotería”, dijo Adolfo con pesar. Todas las ferias y capacitaciones que le han dado no le devuelven su taller bien montado, ni la buena vida que habían construido con su esposa y que tuvieron que abandonar. Los muchachos criminales que los forzaron a salir siguen allí en su vereda como si nada.

***

En un corregimiento a menos de dos horas de Cúcuta, la capital de Norte de Santander, un departamento de millón y medio de habitantes, la extensa familia de Chepe venía prosperando en paz, hasta que llegó el día de la madre. [Su nombre ha sido cambiado para proteger su identidad.] Él había comenzado con un lote que le dio la reforma agraria hace 39 años, y después con esfuerzo fue comprando lotes vecinos para sus siete hijos. En lugar de estudiar, ellos prefirieron el campo, aprendieron a cultivar el arroz, y entre todos, tomaron créditos y compraron maquinaria, una combinada que sirve para arar y cosechar, y varios tractores. La modesta y amplia casa de los padres servía para los encuentros de la extensa familia que se multiplicó hasta sumar 33 personas, entre ellos, 16 niños.

Las bendiciones, Chepe las supo repartir entre los vecinos. Formaron juntos una cooperativa productora de arroz para sumar fuerzas. Seis mujeres dieron a luz en su carro, que servía de improvisada ambulancia veredal. Quien quisiera tenía siempre un viaje gratis cuando Chepe, salía en su camioneta, y no son pocos los parceleros a quienes este campesino sonriente les prestó sin cobrarles su combinada para darles una mano con sus cultivos. “Son de lo mejor entre la gente de esa región, trabajadores y honrados”, nos dijo a los reporteros de VerdadAbierta.com, un vecino del lugar que alguna vez le hizo un trabajo.15-20-08 desplazados

Todavía se les asoman las lágrimas a los ojos, no sabe uno si de rabia o de tristeza, cuando cuentan el día del ataque en mayo pasado. El almuerzo para celebrar el día de la madre ya había pasado, y sólo quedaba parte de la familia y algunos niños en la casa paterna. De pronto sintieron ruidos y empezó la balacera. La señora de Chepe salió corriendo a cerrar la puerta, y cruzándose por entre las balas que perforaban el metal y las paredes, levantó un colchón y se lo arrojó encima a los niños para protegerlos.

Después se escuchó el estallido de la granada. Los niños lloraban bajito, aterrorizados. A los atacantes –dicen ellos que quizás eran como 15, una jovencita incluida– se les debió estrellar la granada contra una reja alta que protegía la casa y se les devolvió y debió herir a algunos, porque después de lanzarla, salieron corriendo y unos iban cojeando. Los hijos que escucharon los tiros y las explosiones desde las casas vecinas corrieron a socorrerlos, pero ya se habían ido los maleantes. Aterrorizados partieron todos, con mujeres, niños, con algunas cobijas y lo que pudieron meter en la camioneta que también había salido averiada por la granada. Esa noche durmieron en la sede de la alcaldía y al día siguiente se instalaron en una escuela, mientras pensaban qué hacer.

El asalto fue sorpresivo pero los perpetradores no. En las semanas anteriores, en tres ocasiones, un par de muchachos en motocicleta y armados, habían venido a advertirles a Chepe y a sus hijos que debían darles cinco millones de pesos mensuales o si no que se atuvieran a las consecuencias. A él le hubiera gustado poder pagar por su tranquilidad, pero no podía. Con los precios del arroz por el piso, apenas si le queda para cumplir sus pagos a los bancos que financian sus cultivos. Hacía unos años ya le había pasado algo similar, y entonces acudió al Gaula (policía especializada en secuestro y extorsión) y cogieron a los bandidos. Ahora da más miedo. Seis familias cercanas de El Zulia tuvieron que huir a Venezuela cuando fueron extorsionadas por la misma banda. Un jovencito de 14 años que intentó proteger a un familiar lo asesinaron.

Es desesperante ver a este campesino exitoso, trabajador, autónomo, pasando penurias con sus hijos y nietos, arrinconados en una escuela hace casi dos meses. Para comer tienen lo que les regala la Alcaldía, mientras su maquinaria agrícola por la que están pagando a crédito está ociosa. La policía les dijo que se devolvieran a su casa, que ya habían capturado al jefe de la banda, pero Chepe intentó regresar y vio pasar de cerca a dos de los motociclistas sospechosos. Al contrario de los jóvenes sinvergüenza que les querían robar el producido de su trabajo, Chepe y sus hijos sí tienen una vida buena qué perder, y por eso no se arriesgan a volver. Sueñan con irse lejos, a donde no tengan que aguzar el oído para adivinar si el ruido de la moto que se acerca significa que han vuelto para matarlos. (ver entrevista con Chepe en video).

“No es coincidencia que saquen a la familia de Chepe de la región, es una manera de mandarle a todos los demás un mensaje de intimidación. ‘¿Si la más prestigiosa y fuerte familia de la vereda la atacaron así, qué nos pasará a nosotros si no pagamos?’, se preguntarán los vecinos”, dijo una funcionaria de Cúcuta con una larga experiencia en la atención a desplazados.

El coronel Álvaro Pico, experto en inteligencia que hoy comanda la Policía de Cúcuta y de su área metropolitana le aseguró a VerdadAbierta.com que ya ha puesto tras las rejas a 180 maleantes de los grupos que sucesivamente han ido apareciendo desde la desmovilización de las AUC. Primero hubo Águilas Negras, después los Rastrojos se hicieron dueños del bajo mundo de las ciudades y cuando éstos fueron golpeados, los Urabeños, otro grupo fundado por un jefe de las AUC que tuvo poder en el golfo de Urabá, en la costa Caribe colombiana, llegaron a ocupar el lugar.

Las utilidades del negocio del tráfico de estupefacientes alcanzan para financiar varias generaciones de jóvenes ambiciosos o confundidos o misérrimos para que sean la carne de cañón del fabuloso negocio. Las 3.490 hectáreas de coca que, calculó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, había en el Catatumbo en 2011 produjeron poco más de 17 toneladas de cocaína pura, que en Colombia tuvieron un precio de mercado de 42 millones de dólares, los que se volvieron unos dos mil millones de dólares en la calles de las ciudades estadounidenses.

La provisión de precursores químicos también deja ganancias gordas. Según los cálculos de la Policía, los Rastrojos le sacaron en 2010 un promedio de 1.000 millones de pesos mensuales – US$unos 580.000 – a la venta de gasolina. La diferencia del precio entre Colombia y Venezuela hace que este insumo común para el procesamiento de la hoja de coca sea otro negocio. Del lado colombiano la gasolina cuesta 16 veces más que del otro lado de la frontera.

Por momentos, las ganancias de la cocaína han mermado. Por ejemplo, en 2006, después del retiro de los paramilitares quienes habían extendido el cultivo de coca hasta cubrir casi 10 mil hectáreas, el área sembrada disminuyó veinte veces, y las ventas quedaron reducidas a menos del 10 por ciento de los años de la bonanza de las AUC. En los siguientes años, para compensar, los cultivadores casi en su totalidad auspiciados por las FARC, consiguieron sacarle más cosechas al año a cada cultivo –en promedio 6,2– y mejorar la eficiencia, según explicó un funcionario del programa gubernamental de erradicación de cultivos a VerdadAbierta.com. Pero para 2009, el área cultivada se volvió a extender y el mercado floreció de nuevo.

Cuando el mercado baja, los pistoleros de las bandas criminales buscan dinero fácil en los barrios; empujan la droga, roban y extorsionan a quiénes ven como presa fácil. Eso está forzando a mucha gente que no puede o no quiere pagar a salir huyendo hacia Venezuela, hacia otros pueblos del mismo departamento o a otros barrios de la misma capital. Con el éxodo de la gente buena, los malos se hacen más fuertes, y el poder los va llevando a abusar más: a sacar a alguien que no quiso entregarles un hijo para su grupo o a otro que vive justo donde quieren abrirle paso a una ruta clandestina de contrabando.

“Después de 2004 sí disminuyó la violencia, pero hacia 2007, empezó otro fenómeno muy claro que tiene que ver con el tema de droga, liderazgo y venta”, dijo a VerdadAbierta.com un educador de la Ciudadela Juan Atalaya, integrada por barrios donde la tercera parte de la población son personas que llegaron huyendo por sus vidas. Es su forma de decir que ahora hay pugnas barriales por el control del micro-tráfico de bazuco y cocaína, un crimen que echó raíces en Cúcuta en los tiempos en que el negocio internacional había decaído.

Las cifras demuestran que Cúcuta, una ciudad luminosa donde se aguanta mejor el calor por la brisa constante, es el gran receptor de los desplazados del departamento, pero también el gran expulsor. La extorsión, la amenaza, el ambiente sórdido que se teje alrededor de los negocios ilegales, empujaron en 2010 a 500 cucuteños a dejar sus hogares, o por lo menos esos son los casos registrados por el gobierno. Ese mismo año llegaron a la ciudad otras 724 personas huyendo de otra parte. Desde 2005 hasta el 31 de marzo de 2011, el gobierno registró 22.669 personas que llegaron desplazadas a la ciudad capital, y cuatro de cada diez de estas eran jóvenes y niños.

El padre Francesco Bortignon de la comunidad misionera de los scalabrinianos lleva doce años sirviendo a estas comunidades de los barrios de Cúcuta y explica que hay desplazamiento local porque ya la gente se siente amenazada con una mala mirada y prefiere irse a arriesgarse; o porque le cobran ‘vacuna’ y no la puede pagar. Y desde hace un año y medio volvieron a llegar a Cúcuta los desplazados provenientes del Catatumbo, de la guerra del Estado contra la guerrilla. En una semana les están llegando de repente la petición de de diez cupos en el colegio de niños que vienen desplazados de otras zonas.

“Los desplazados que recibo cada día son descripciones que dan pena, y le puedo asegurar que el 60 por ciento son lágrimas de miseria”, dice el padre. “¿Cómo puedo estar desplazado desde hace cuatro o cinco meses y un pedazo de papel me dice que me atienden si me enfermo pero soy tan pobre que no tengo ni plata para ir por allá?”

Son varias las entidades que atienden a los desplazados en Norte de Santander. La principal es la antigua Acción Social, que ahora pasó a llamarse Unidad de Víctimas y hace parte de una nueva entidad más grande que se llama Departamento de la Prosperidad Social. El cambio burocrático ha complicado la atención de los desplazados, más cuando en Filo El Gringo, en Motilonia, en Villa del Rosario o en Cúcuta, los que hoy piden ayuda de emergencia ya la habían recibido en años anteriores cuando habían sido desplazados la primera vez. Así por ejemplo, desplazados de El Tarra de enero recién fueron aceptados en el sistema para quedar oficialmente registrados como desplazados en junio. Sin ese registro oficial no tienen acceso a cupos en los colegios, ni dineros de auxilios, ni atención prioritaria en salud.

El gobierno de Juan Manuel Santos anunció a comienzos del año una inversión multimillonaria (el equivalente a unos US$450 millones) en protección social y mejoramiento de servicios para Norte de Santander. Pero la gente en terreno es escéptica.

Según un informe de gestión de la gerencia para la región del Catatumbo durante el período 2004-2011 se invirtieron 175.000 millones de pesos (US$97.000) en atención humanitaria, desarrollo económico, desarrollo social, gobernabilidad, justicia y seguridad y ordenamiento de la propiedad. El gobierno nacional no consultó ni con la comunidad ni con los gobiernos locales, cómo invertir esos dineros. Según una fuente conocedora, los oficiales militares estaban muy molestos porque, sabiendo que la consolidación del territorio dependía de la eficacia de la inversión social, la plata se embolataba en manos de contratistas amigos de políticos locales con el visto bueno de funcionarios nacionales. Varios alcaldes y líderes comunitarios hoy se preguntan dónde quedó ese dinero porque la mayoría de la obras no se ven.

Al Estado, que aún no consigue atender y resarcir a las víctimas de antes como debiera, se le siguen presentando nuevas víctimas o las mismas de antes, vueltas a victimizar. En este rincón de Colombia, además, la tragedia es doble, pues al desplazamiento masivo de la vieja guerra que continúa, se le suma otro desplazamiento forzado igualmente cruel, el de las bandas criminales. Y el aumento de los cultivos de la coca en 2011, el crecimiento del desplazamiento forzado en El Tarra en Catatumbo en 2012 y bandas criminales que rápidamente reemplazan a los que han golpeado las autoridades, son malos augurios de que el éxodo forzado de esta frontera caliente va a continuar por muchos años.

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