Las Inversiones Extranjeras de las FARC

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Se sabe que las FARC tienen innumerables bienes en Colombia, acumuladas durante sus casi 50 años de lucha. Pero segun cálculos de la Fiscalía General, sus mayores riquezas estarían en el extranjero

Al parecer, las FARC recibe anualmente del narcotráfico cerca de 2 billones de pesos, los cuales invierte en “negocios lucrativos, como finca raíz, transporte y cadenas hoteleras y de abarrotes”, según información de El Tiempo. La identificación de los bienes será crucial a la hora de abordar el tema de la reparación a las víctimas; uno de los puntos principales a abordar en la mesa de negociación entre el gobierno colombiano y las FARC, el próximo 8 de octubre en Oslo, Noruega.

El Diario del Capo Arroja Luces Sobre el Poder de Cartel Colombiano

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Documentos, incluyendo un diario, pertenecería a un capo de la droga colombiano, ofrece una visión del poder de corrupción del ahora extinto Cartel del Norte del Valle y arroja sospechas sobre altos funcionarios de Colombia y Venezuela. Según RCN radio de Colombia desde marzo del 2009, la Fiscalía tiene en su poder el diario del extraditado narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”. El diario primero cayo en manos de entonces vicealmirante de la armada y se lo entregó a los fiscales, junto con otros documentos que dan una versión desde adentro de las operaciones del otrora poderoso Cartel del Norte del Valle. Desde que fue desmantelado entre el 2007 y el 2009, el Cartel del Norte del Valle se ha transformado en un grupo llamado los Rastrojos, entre las principales organizaciones narcotraficantes de Colombia. Según los datos revelados por el informe de RCN, los documentos parecen dar una buena idea del poder financiero necesario para llevar a cabo las operaciones de tráfico de drogas del cartel. Algunos de los oficiales colombianos supuestamente nombrados en los documentos, han negado haber tenido vínculos con los grupos criminales, y el ejército colombiano ha cuestionado públicamente la autenticidad de los documentos. Sin embargo, el informe de RCN plantea la pregunta sobre si cualquier cartel colombiano que esté operando actualmente puede contar con la gran red de funcionarios cómplices que el Cartel del Norte del Valle logró cultivar. Según RCN, el diario de Chupeta incluye una lista de 16 oficiales de alto rango, tanto militares como policiales, incluyendo el ex jefe de policía de Bogotá, siete coroneles militares, y tres almirantes. El diario también señala que el ex Fiscal General Luis Camilo Osorio (2001-2005) recibió pagos mensuales de US$160,000. Un importante congresista es señalado de haber prometido ayudar a prevenir la extradición de Chupeta a los Estados Unidos a cambio de US$2 millones. Aparte del diario, RCN dice haber tenido acceso a otros documentos del Cartel de Norte del Valle. Según se informa, estos incluyen una carta dirigida al ex líder del cartel, Wilber Varela, alias “Jabón,” quien estaba en Venezuela en ese momento. Según RCN, la carta nombra a varios altos oficiales venezolanos, a los cuales Varela debía contactar con el fin de tener impunidad allá, incluyendo Néstor Reverol, el entonces jefe de la Guardia Nacional Venezolana. Actualmente se desempeña como viceministro de seguridad ciudadana. El entonces principal funcionario antidrogas de Venezuela también es nombrado, según con RCN. Si bien esta supuesta lista de contactos no es evidencia de la maldad de los oficiales venezolanos, indica, genuinamente, que el Cartel Norte del Valle consideró que valía la pena tratar de a la alta jerarquía cuando se contactó con los funcionarios públicos del país. Otro documento descrito por RCN es una carta aparentemente escrita por el líder de los Rastrojos, Luis Enrique Calle Serna, en marzo del 2008, dos meses después de que Varela fuera asesinado en Venezuela (después se reveló que Calle Serna ayudó a planear el asesinato). La carta parece dar instrucciones sobre lo que la organización debía hacer después de la muerte de Varela, diciendo: “Recuerda que éste es un negocio y no sólo un nombre.” Después, Calle Serna ordena a los encargados de la “inteligencia” que se pongan en contacto con sus contactos para “reafirmar” su compromiso con el negocio del narcotráfico. El documento entonces detalla otros 23 nombres, incluyendo a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), oficiales militares y policiales, abogados, una modelo, y otros narcotraficantes que han sido capturados. Finalmente, RCN señala un registro de los pagos del Cartel del Norte del Valle a unas 36 personas. Los pagos van de US$12,000, a un oficial de policía que brindaba “apoyo”, hasta US$350,000 a una mujer por el manejo de los “negocios”. Algunos de los otros nombres según RCN insinúan la extensión de la red del cártel mas allá de Sur América. Alguien llamado Eduardo Acosta a quien se le describe como de nacionalidad mexicana, y “Z-4” – una forma de alias usado por los Zetas – es señalado de recibir US$172,000 por “protección.” A un contacto que aparece como el responsable de las “salidas de Venezuela” – presumiblemente, la salida de los cargamentos de droga procedente de Venezuela – se le pagó US$15,000. A dos hombres señalados de formar parte de la red logística de las FARC, asentados en Guayana y Surinam, presuntamente se les pagaba US$85.400 y US$146.000, respectivamente. Independientemente de su veracidad, el hecho de que los documentos del Cartel del Norte del Valle vistos por RCN apunten hacia una amplia y costosa red de complicidad no es nada nuevo. La habilidad financiera de Chupeta y su voluntad de pagarle a todos –, desde oficiales de las fuerzas de seguridad hasta periodistas — ha sido bien documentada, y no es sino un ejemplo del tipo de influencia corruptora que los miembros del Cartel del Norte del Valle, una vez ejercieron. Como señaló la revista Semana en una portada en el 2007, Chupeta era conocido por pagar 6 millones de pesos al mes (cerca de US$3,354 hoy en día) a aquellos que lo alertaran sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad o sobre sus operaciones. Incuso, él pagó unos US$6,000 por mes a un ingeniero de una compañía de teléfonos celulares, a cambio de que le avisara si sus llamadas estaban siendo grabadas. Miembros de la policía, el ejército y del poder judicial estaban todos en su nómina. Pero el informe de RCN destacó los vastos recursos financieros y las conexiones de alto nivel que el Cartel del Norte del Valle aparentemente usaba para operar. Al ofrecer una visión de los tipos de recompensas financieras que el cartel era capaz de ofrecer, dan pistas sobre el tipo de desafíos que las autoridades colombianas tienen que enfrentar al luchar contra la corrupción. Considerando que los herederos del cartel, los Rastrojos, están luchando por recuperarse después de la reciente entrega del hermano de Calle Serna, un alto cabecilla, vale la pena preguntarse si esta nueva generación de traficantes todavía tiene acceso a los contactos de alto nivel usados por sus antecesores. (La imagen de arriba muestra a Chupeta antes y después de una gran cirugía plástica que se realizó para ocultar su identidad)

Capturado Alias “Sebastián”: Cabecilla de la Mafia en Medellín

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La policía colombiana captura a uno de los jefes criminales más grandes del país, Erickson Vargas Cárdenas alias “Sebastián”, jefe de la Oficina de Envigado. El diario El Tiempo reportó que el jefe de la Oficina de Envigado fue capturado a las 6:00 a.m. del 8 de agosto, en una operación en el municipio de Copacabana a las afueras de la ciudad de Medellín. Uno de sus guardaespaldas fue asesinado en la confrontación con la policía. El arresto fue confirmado por el Presidente Juan Manuel Santos, quien a través de Twitter describió el arresto como un “supergolpe” contra la mafia de Medellín. En un comunicado posterior, el presidente dijo que “Sebastián” será extraditado a Estados Unidos. Sin duda, el arresto de Sebastián pone en duda el futuro de la Oficina de Envigado, y puede anunciar un importante cambio para el crimen organizado en Medellín. Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”, quien fuese el rival de Sebastián para quedar en el mando de la Oficina, fue arrestado en Venezuela en noviembre de 2011. Con Valenciano fuera del espectro, Sebastián se convirtió en el líder único de la Oficina de Envigado, y trató de consolidar el control del grupo en la ciudad. Sin embargo, esto se ha visto obstaculizado, por la creciente influencia de otra de las organizaciones delictivas en la ciudad: el grupo de neo-paramilitares los Urabeños. Dirigida por Henry de Jesús López, alias “Mi Sangre”, y apoyado por algunos ex miembros de la facción de Valenciano que se unieron después del arresto de Valenciano, la banda criminal de los Urabeños ha estado desplazando el control de la Oficina de la actividad criminal en Medellín. Con Sebastián fuera del panorama y sin un sucesor claro a la vista, los Urabeños podrían estar a punto de convertirse en la organización criminal dominante en la ciudad. El epicentro de gran parte del conflicto entre los dos ha sido turbulenta Comuna 8 de Medellín. Los combos rivales (pandillas), cada uno de ellos trabajando para alguna de las dos bandas criminales grandes, han convertido el barrio oriental en un campo de batalla. Aunque se pensaba que la Oficina tenía la ventaja en esta batalla, la detención de Sebastián puede costar a esta organización la lealtad de los combos rivales. Si los Urabeños le arrebatan el control a la Oficina, esto significará el final de una era para el mundo criminal de la ciudad. La Oficina se creó en la década de 1980 como parte del imperio de Pablo Escobar, y ha dominado el crimen en Medellín desde entonces. El ascenso de los Urabeños también podría tener un impacto en la naturaleza de la delincuencia en la ciudad. Como una fuente de inteligencia de la policía dijo InSight Crime a principios de este año, Mi Sangre tiene muchas más contactos con el narcotráfico internacional que Sebastián, lo que significa que tiene más recursos. Sebastián basó su actividad en el mercado interno de drogas de Medellín, la extorsión y el control de las loterías locales para obtener los recursos de la organización, muchos de los cuales tuvo que compartirlos con los combos locales encargados de recoger aquellos recursos. Por su parte Mi Sangre, tiene acceso a las redes de tráfico controladas por los Urabeños en la costa del Caribe y a las redes de drogas en América Central y México, lo que genera muchísimos ingresos. Desde luego, un mayor ingreso significa una mayor influencia, así Mi Sangre puede darse el lujo de incluir a muchas más personas en su organización criminal. Aunque que la Oficina de Envigado todavía no está completamente fuera de la ecuación y Mi Sangre está lejos de ser el líder indiscutible de Medellín, si él logra llegar hasta la cima, sus contactos internacionales podrían ver el regreso de Medellín como el centro del tráfico de drogas en el país, tal como lo era hace 20 años.

Paz con Pandillas Lecciones de Colombia para El Salvador

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En momentos en que la tregua de las pandillas en El Salvador ofrece una esperanza de que pueda transformarse en algo más duradero, InSight Crime mira las lecciones del proceso de paz de Colombia una década antes, con el ejército paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El 12 de marzo, los medios salvadoreños reportaron que el país había pasado las 24 horas más pacíficas de los útimos tres años, con solo dos homicidios, en comparación al promedio diario de 13. La tendencia continuó los siguientes días, con niveles extraordinariamente bajos de violencia en un país que se ha convertido en uno de los más peligrosos. Pronto, el sitio de internet investigativo El Faro reportó que el gobierno había ofrecido concesiones a líderes pandilleros encarcelados a cambio de una reducción en la violencia. Días después la altos funcionarios de la Iglesia Católica salieron a decir que habían negociado una tregua entre la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Desde el comienzo, el gobierno negó cualquier participación en esto. Sin embargo, con las ganancias en términos de seguridad, de la tregua que ya lleva cuatro meses, y los homicidios en niveles 60 por viento más bajos que antes de la tregua, el gobierno está buscando convertir la tregua en un acuerdo de paz duradero. Los líderes pandilleros se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, a quien le presentaron una lista de demandas, incluso llevando a la mesa la cuestión del desarme, llevando a cabo una entrega de armas “simbólica” (foto arriba). El gobierno ha respondido; el Presidente Mauricio Funes declaró que “la tregua ha creado un escenario diferente que permite al gobierno considerar un acuerdo nacional”. Países vecinos como Honduras y Guatemala, impresionados con la reducción en la violencia, han expresado su interés en implementar un modelo similar para atacar sus propios problemas de violencia pandillera. Existe cada vez más la posibilidad de que la tregua se convierta en un acuerdo de paz duradero. En este momento delicado para El Salvador, vale la pena mirar las lecciones que ofrece Colombia, que embarcó en su propio programa para desmovilizar los ejércitos paramilitares hace casi 10 años.

Paz con los Paramilitares

En diciembre de 2002, cuatro meses después de que Álvaro Uribe se posesionara como presidente de Colombia, las AUC declararon un cese al fuego unilateral. Las raíces de la organización estaban en grupos formados en los años ochenta para proteger a los terratenientes y narcotraficantes de las guerrillas, pero en los siguientes 20 años se convirtió en una federación narcotraficante responsable de masacres y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En julio de 2003, el gobierno y las AUC anunciaron un acuerdo para llevar a cabo una desmovilización completa de las fuerzas paramilitares para 2006. Más de 31.000 supuestos combatientes pasaron por ceremonias de desmovilización, entregando armas y equipo, y muchos ingresaron a programas gubernamentales para reintegrarse a la sociedad. Las AUC ya no es una fuerza en Colombia; sus máximos líderes están todos muertos o encarcelados, muchos de ellos en Estados Unidos. El país ha sido más pacífico desde entonces. Las estadísticas de la policía colombiana, citadas por las Naciones Unidas, muestran una caída en la tasa nacional cuando comenzaron las negociaciones. Desde 1995 hasta 2002, la tasa varió entre 60 y 71 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas en el mundo. En 2003 había bajado a 56, y desde entonces ha ido reduciéndose constantemente, hasta los niveles de los 30 actualmente. Un diario en 2007 señaló una reducción del 13 por ciento en homicidios, en promedio, en áreas donde los paramilitares se habían desmovilizado, calculando que se habían prevenido aproximadamente 2.800 muertes gracias al proceso de paz. La mejorada situación de seguridad es, por supuesto, consecuencia de muchos factores, particularmente la ofensiva del gobierno contra los grupos guerrilleros, pero la desmovilización paramilitar jugó su parte. Cuando menos, acabó con las masacres a gran escala que eran características de las AUC. El impacto de la tregua salvadoreña puede ser mayor que la desmovilización colombiana. Desde que la tregua empezó hace cuatro meses, los homicidios han pasado de 13 diarios a 5 en promedio, lo que significa que casi 1.000 vidas se han salvado, en un país con un sexto de la población de Colombia al momento del proceso de paz con los paramilitares. En ambos casos, está el potencial de eliminar los mayores contribuidores de violencia. En El Salvador, el gobierno acusó a las pandillas de ser responsables del 90 por ciento de los homicidios del país, una acusación que ha sido criticada, pero que empezó a verse más plausible luego de que los homicidios hayan sido reducidos un 60 por ciento bajo las órdenes de sus líderes. De la misma forma, se estima que las AUC era el mayor contribuidor de violencia en Colombia a finales de los noventas y a principios de siglo.

Una fábula como advertencia

Son más las lecciones por sus fracasos que ofrece el proceso de paz de Colombia, que por sus éxitos limitados. La desmovilización en Colombia es considerada un fracaso, ya que un gran número de combatientes se unió a grupos sucesores del paramilitarismo o a carteles de narcotraficantes que se apoderaron de muchas estructuras criminales antiguas de las AUC. El gobierno insiste en llamar a estos grupos “bandas criminales” (BACRIM), asegurando que no guardan relación con los paramilitares, aunque muchos de sus líderes fueron comandantes de rangos medios en las AUC. Estas se han apoderado de muchas de las mismas actividades criminales, usando las mismas redes y atacando las áreas civiles que controlan. Como señala un reporte de 2010 de Human Rights Watch, el ascenso de las BACRIM se debe en gran parte a las fallas del proceso de de desmovilización en Colombia para “desmantelar las redes criminales de las AUC y sus estructuras de apoyo financieras y políticas.” Las maras salvadoreñas no cuentan con el mismo tipo de redes financieras o políticas que los paramilitares, y no están involucradas en el crimen organizado al mismo nivel. LA MS13 y Barrio 18 han evolucionado en la última dÈcada, desde sus principios como pandillas de barrio conectadas vagamente a nivel nacional, pero siguen siendo pandillas callejeras que obtienen gran parte de su financiamiento de la extorsión. Están involucradas en el tráfico de drogas como vendedores en las calles (conocido como microtráfico o narcomenudeo), pero no controlan la distribución mayorista del producto, y no lidian con organizaciones internacionales de narcotraficantes. Sin embargo, sus redes se enraízan en las comunidades donde se encuentran ubicadas. En muchas áreas ejercen control social, sustituyendo al gobierno, cobrando “impuestos” a los vendedores ambulantes y previniendo que entren grupos rivales. Sería importante que el gobierno salvadoreño acabara con este control, y llevara presencia estatal a áreas bajo el control de las pandillas. Si esto no se logra, las nuevas estructuras criminales ascenderán para tomar el lugar de las maras, si llegaran a desmovilizarse. Human Rights Watch, dijo que el gobierno colombiano no aprovechó el proceso de desmovilización para “interrogar minuciosamente a los paramilitares desmovilizados sobre el conocimiento de los bienes, contactos y operaciones criminales del grupo, para investigar sus redes criminales y fuentes de apoyo y desmantelarlas.” Las autoridades salvadoreñas deberían tomar nota y usar la oportunidad para abogar por el desmantelamiento de las redes de extorsión de las pandillas. El proceso de desmovilización colombiano también falló en no procesar judicialmente a los miembros de las AUC por los crímenes más serios. El acuerdo era que quedarían libres quienes no tuvieran acusaciones serias de violaciones de derechos humanos, los cuales recibirían un máximo de ocho años en prisión, compensando el resto con la reparación a sus víctimas y declaraciones públicas de sus acciones. Hasta ahora, siete años han pasado desde que la Ley de Justicia y Paz fue implementada, sólo ha habido siete condenas. Muchos de los líderes de las AUC están cumpliendo condenas más largas, luego de ser extraditados a Estados Unidos por narcotráfico, lo que significa que muchos han dejado de cooperar con la justicia colombiana. Si el Salvador se mueve hacia un proceso de paz completo, el gobierno debe asegurarse de que los miembros responsables por serios abusos sean llevados a la justicia. Como señaló el Crisis Group al comienzo del proceso de paz colombiano, “sería desastroso permitir que hombres con armas crean que pueden llevar a cabo terribles atrocidades hoy y ser perdonados mañana.” Con cada proceso de paz debe haber un balance entre la paz (que acabe el conflicto) y la justicia (que asegure que los culpables sean castigados), pero permitir la impunidad por crímenes serios no asegura un proceso de paz duradero.

Dos conflictos

La diferencia entre las maras salvadoreñas y los paramilitares colombianos son enormes. Las AUC eran parte de un conflicto civil que involucraba más actores, incluidas las guerrillas que aún siguen combatiendo hoy. Tenían vínculos profundos con el establecimiento político y militar, mientras que las maras no, y llevaban a cabo actos brutales y masacres a mayor escala. Por su parte, El Salvador presenta su propia serie de problemas, incluyendo una enemistad histórica entre dos de las pandillas que hacen parte de la tregua hoy. Por supuesto, el efecto de un acuerdo de paz en El Salvador puede ser al revés que en Colombia. A través del proceso de desmovilización, los paramilitares colombianos dejaron de lado gran parte de su posición ideológica y se transformaron en las BACRIM, que han omitido la retórica política y ejercen menos control social en sus territorios, enfocándose más en el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. De acuerdo al analista Douglas Farah, que ha entrevistado a varios miembros de pandillas en El Salvador, desde que la tregua fue declarado, los pandilleros se están preparando para una inserción a la política. En un reporte publicado por el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (Center for Strategic and International Studies), predijo que los resultados de las treguas “van a implicar una reducción a corto plazo de sus actividades, mientras las pandillas se transforman en actores políticos”, y reportó que los pandilleros están armando planes para apoyar candidatos políticos a cambio de protección y el control de sus agendas políticas. En Colombia, si bien las AUC no existen más, el tráfico de droga se mantiene. En El Salvador, incluso si se logran desmovilizar a los miembros de las pandillas, los factores que causan que los jóvenes se unan a las pandillas, como la exclusión social y el desempleo, seguirán existiendo.

Las BACRIM de Colombia Comunes o Actores del Conflicto Armado

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Los grupos criminales neoparamilitares de Colombia han sido excluidos de una iniciativa que apunta a desmovilizar grupos guerrilleros, limitando el campo de acción del gobierno para lidiar con estas organizaciones y alimentando el debate de si deben ser reconocidos como actores del conflicto interno del país que lleva más de 48 años. El 14 de junio, el congreso colombiano aprobó el histórico Marco Legal para la Paz, un mecanismo que señala los términos de una posible negociación de paz. Sus principales beneficiarios son los grupos guerrilleros, que son explícitamente reconocidos como actores en el conflicto armado y pueden recibir penas menos severas si se entregan. Pero los legisladores excluyeron a la segunda generación de grupos paramilitares, llamadas “bandas criminales” (BACRIM), del marco legal bajo el argumento de que las bandas criminales no son consideradas parte del conflicto armado, debido a su naturaleza criminal. La exclusión de las BACRIM del marco legal ha sido poco discutida, por el temor de que una negociación con las BACRIM se asemeja a la fallida desmovilización de los predecesores de las BACRIM, el grupo paramilitar denominado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, el razonamiento detrás de la ley para la paz ha revivido un viejo debate: ¿deben ser las BACRIM reconocidas como actores del conflicto armado? Muchas organizaciones civiles lo creen así. Aseguran que la caracterización actual de estos grupos deja un vacío judicial que lleva a procesos judiciales laxos para miembros de las BACRIM. En un reporte reciente, el International Crisis Group (ICG) argumenta lo mismo, citando como ejemplo la desmovilización parcial del ERPAC en 2011. La ONG caracterizó este evento como un fracaso porque los miembros del grupo fueron tratados como criminales comunes en los tribunales, lo que significó sentencias m·s cortas. La clasificación del ERPAC como una organización criminal significó que sus miembros recibieron sentencias menos severas por crímenes como “concierto para delinquir”, y no fueron acusados por violaciones graves a los derechos humanos (incluyendo desplazamiento forzado y masacres) que encajan en el contexto del conflicto armado. Esta cuestión va más allá de la desmovilización del ERPAC. La clasificación actual de las BACRIM como criminales también significa que las víctimas de sus crímenes no se puedan beneficiar de la Ley de Victimas de 2011, que busca restituir tierra y ofrece reparaciones a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Es una contradicción que mientras las BACRIM son causantes de desplazamiento forzado y cometen muchas otras violaciones que caen dentro de la Ley de Victimas, la ley misma excluya a las víctimas de violaciones cometidas por fuera del contexto del conflicto armado. De esta forma, es posible afirmar que dicha caracterización de las BACRIM deja sin acceso a miles de víctimas a un importante mecanismo de justicia. Mientras muchos analistas están de acuerdo con que hay evidencia sólida para vincular las BACRIM al aspecto político del conflicto, la sociedad civil esté dividida en si se deben reconocer oficialmente como actores, por el miedo a sus consecuencias. Antonio Menéndez de Zubillaga de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos describió de peligroso el declarar a las BACRIM como parte del conflicto armado. “No queremos entrar en un proceso de paz con criminales”, dijo. Human Rights Watch (HRW) expresó una preocupación similar sobre la posibilidad de impunidad si las BACRIM fueran a ser incluidas como actores del conflicto armado. HRW ha sido altamente crítica del Macro Legal para la Paz por la posibilidad de impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por los grupos guerrilleros. La organización advierte que si las BACRIM fueran reconocidas como actores del conflicto armado, también podrían exigir puesto en una eventual negociación de paz, algo que podría seriamente complicar todo el proceso. Si se toma la historia reciente de Colombia como un punto de referencia, entonces las preocupaciones sobre las repercusiones en un proceso de paz son justificadas. Las organizaciones de derechos humanos muestran al proceso de Justicia y Paz que llevó a la desmovilización de los paramilitares como un fracaso parcial e incluso completo. Según Federico Andreu de la Comisión Colombiana de Juristas, siete años de la Ley de Justicia y Paz solo ha logrado la condena de siete paramilitares, de las cuales únicamente tres están en firme. Debido a esto, hay amplias razones para creer que las negociaciones con las BACRIM no llevarían a ningún lado. No obstante, el rol de las BACRIM en el conflicto armado es imposible de ignorar. En una entrevista reciente, Luis Alberto Bonilla de la Defensoría del Pueblo explicó que las víctimas de la violencia de las BACRIM que se acerquen a su oficina, denuncian los mismos crímenes de derechos humanos que las víctimas de grupos paramilitares de las AUC reportados entre los años noventa y a comienzos de siglo, incluyendo desplazamiento forzado, homicidios selectivos y control social de las comunidades. A diferencia de las BACRIM, las AUC eran reconocidas como parte del conflicto armado. Mientras que el Bonilla afirmó que la Defensoría sigue los términos de la nueva ley en lo que respecta a las BACRIM y su clasificación como grupos por fuera del conflicto, pero recalcó que “la realidad revela otra cosa.” Muchas organizaciones de derechos humanos incluso rechazan el nombre de “BACRIM”, escogiendo usar otros apelativos que varían los vínculos de estas con el paramilitarismo. Estos van desde “neoparamilitares” a “narcoparamilitares” y en ocasiones, en oposición abierta y desafiante a la caracterización del gobierno, “paramilitares”. La realidad es que la actual clasificación es imperfecta. Los tipos de crímenes en contra de los derechos humanos que cometen las BACRIM muestran continuidad con los paramilitares, cuyas acciones y discurso antiguerrillero los hacían claramente actores en el conflicto interno del país. Dado esto, es razonable que el estado declare a las BACRIM actores del conflicto. Esto resultaría en el reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que cometen estos grupos, otorgándoles a sus víctimas un acceso más completo a los mecanismos de justicia. Pero, el gobierno debe ser cuidadoso y evitar que la historia se repita. Declarar las BACRIM actores del conflicto armado, debe ser un esfuerzo para priorizar los derechos de las víctimas y no debe resultar en la impunidad que caracterizó el proceso de Justicia y Paz. En últimas, falta ver si el gobierno colombiano cambia su posición frente a estos grupos. Si lo hace, habrá que ver cómo se encuentra un equilibrio el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia con una posibilidad real de una negociación de paz que podría implicar una continuación de la impunidad.

El Índice de Estados Fallidos de Foreign Policy se Equivoca en América Latina

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El último índice de estados fallidos de la revista Foreign Policy presenta una imagen errónea de la estabilidad regional en América Latina, en gran parte debido a una interpretación demasiada amplia del fracaso de los estados. La revista Foreign Policy, en colaboración con el Fund for Peace (Fondo para la Paz), ha publicado el Índice de Estados Fallidos de 2012, la octava edición del informe. El índice utiliza una serie de indicadores sociales, económicos y políticos para clasificar a los países en orden ascendente en función de su riesgo de colapso y de sucumbir a la violencia. Luego Foreign Policy agrupa a los países en cinco categorías: “críticos”, “en peligro “,” en el límite “,” estables ” y “muy estable”. Como es de esperar, la mayoría de los estados con los índices más altos se encuentran en África, con Somalia, la República Democrática del Congo y Sudán encabezando la lista. Sin embargo, el índice de este año incluye inesperadamente a tres países de América Latina en la misma categoría “crítica” en la que pone a estas naciones africanas asediadas. Según el índice, Haití, Colombia y Bolivia están en riesgo de ser estados fallidos en los puestos 7, 52 y 62 de la lista, respectivamente. Si bien la pobreza extrema y la anarquía en Haití, sin duda, justifican el alto rango de ese país, Bolivia y Colombia generalmente no son considerados en la misma categoría. En los índices de 2010 y 2011, Haití fue el único país del hemisferio occidental en ser clasificado como un “crítico”. Las razones para que este año estén incluidas Colombia y Bolivia no son claras. Si bien Colombia aún se encuentra en medio de un conflicto interno desde hace décadas con las guerrillas marxistas, y hay evidencia que sugiera que el número de ataques de la guerrilla aumentó en 2011 en un 10 por ciento, la situación general de seguridad en el país está mejorando lentamente. El grupo guerrillero más grande, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sigue estando consignado a las zonas remotas del país, muy lejos de su máximo en 2002, cuando controlaban un área del tamaño de Suiza, en el sureste del país. Sólo el último año se han perdido cantidades considerables de apoyo a sus bases en Venezuela y Ecuador, con los gobiernos de ambos países prometiendo acabar con presencia de la guerrilla. Los diversos grupos neo-paramilitares que el gobierno llama “bandas criminales” (BACRIM) siguen siendo una amenaza, pero varios de sus líderes de más alto nivel han sido capturados o dados de baja , como sucedió con Javier Serna Calle, alias “Comba”, y Juan de Dios Usuga , alias “Giovanni”. El éxito del gobierno en contra de estas organizaciones ha sido recompensado con una caída significativa en los homicidios. En 2011, la tasa de homicidios en Colombia llegó a su punto más bajo en 27 años. El alto puesto de Bolivia en el ranking es aún más desconcertante. Es cierto que el país se ha visto afectada por la inestabilidad política durante gran parte de su historia reciente, pero ha mejorado desde que Evo Morales asumió la presidencia en 2006. Las manifestaciones de los grupos indígenas, sindicatos, y más recientemente por agentes de policía han sacudido a las grandes ciudades en todo el país desde entonces, pero en cada uno de estos casos, el gobierno ha intervenido para llegar a algún tipo de acuerdo. Mientras que las protestas han contribuido a la renuncia de los miembros de su gabinete, tales movilizaciones de masas son una especie de tradición en el país y no han llevado al presidente Morales ni cerca a dejar el poder, como les ocurrió a los presidentes en 2003 y 2005. No parece haber ninguna buena razón para que la revista Foreign Policy describa a Bolivia o Colombia como en peligro crítico de ser estados fallidos, y mucho menos por qué esos dos se clasifican más alto que otros países en el hemisferio. Honduras, donde la corrupción policial es endémica, la tasa de homicidios es el más alto en el mundo y los periodistas son a menudo blanco del crimen organizado, es tal vez a mayor riesgo de fracaso como estado que cualquiera de los países de Suramérica. Otro contendiente potencial sería de Surinam, donde el narcotraficante convicto y exdictador Desi Bouterse es el presidente. Bouterse, quien pudo haber estado involucrado en el tráfico de drogas en fechas tan recientes como en 2006, presionó hace poco a la legislatura de Surinam para que aprobara una ley otorgándole una amnistía general y cerrando una investigación sobre las acusaciones de que él mató a 15 miembros de la oposición en 1982. Pero incluso éstos se basan en definiciones demasiadas amplias del fracaso del estado, que es uno de los principales problemas con el Índice de Estados Fallidos. Los doce indicadores utilizados por el Fondo para la Paz en su análisis inicial incluyen factores tales como “desarrollo económico desigual”, “presión demográfica” y “fuga humana y de cerebros”, cuestiones que están más allá de las concepciones tradicionales del fracaso de estado que impliquen el deterioro del estado de derecho. Esta metodología resulta limitada en su aplicabilidad a otros países de la región. Chile, por ejemplo, se describe como uno de los casos de éxito de América Latina “en el resumen general del índice, pero el país ha visto la sexta mayor caída en su puntaje en comparación con 2007. En última instancia, aunque el Fondo para la Paz dice que la “integración sistemática de una amplia gama de fuentes de datos” es una fortaleza del índice, en el caso de América Latina parece hacer más borroso el panorama en vez de aclararlo.

FARC

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El mayor ejército irregular de Colombia opera en varias regiones del país, en busca de recursos para financiar su guerra de casi 50 años contra del gobierno. Las FARC es el grupo guerrillero más antiguo e importante del hemisferio occidental y durante mucho tiempo ha financiado su lucha política y militar a través del secuestro, la extorsión y su participación en el comercio de drogas en varios niveles.

A pesar de un esfuerzo concertado por parte del gobierno colombiano, con cerca de US$8 mil millones en ayuda proveniente de Estados Unidos, el grupo guerrillero aún opera en 25 de los 32 departamentos de Colombia, y se estima que cuenta con aproximadamente 8.000 guerrilleros en sus filas. Durante las últimas décadas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han adaptado sus tácticas con el fin de sobrevivir, desde su decisión en 1982 de empezar a gravar a los cultivadores de coca y a los laboratorios de cocaína, hasta su intento fallido de establecer un partido político, la Unión Patriótica, en 1984.

Después de las derrotas militares que sufrió durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y la muerte de su más antiguo comandante espiritual y militar, Pedro Antonio Marín, alias “Manuel Marulanda”, en 2008, el grupo se ha enfocado menos en controlar territorio y más en el uso de tácticas de guerra de guerrillas combinadas con el fortalecimiento de sus redes urbanas y el aumento de su alcance político. En el año 2012 el grupo comenzó unas negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

Historia

Las raíces de las FARC pueden remontarse a los brotes de violencia que afligieron a la Colombia rural después del asesinato del líder populista del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá el 9 de abril de 1948. El asesinato desencadenó una lucha sectaria, primero en Bogotá y después en el campo, la cual comenzó como una batalla entre los dos principales partidos políticos: liberales y conservadores. Pueblos enteros fueron blanco por sus afiliaciones políticas, entre ellos Ceilán, en el departamento del Valle del Cauca, donde el partido liberal reclutó a hombres jóvenes como Manuel Marulanda, entonces conocido con el alias de “Tirofijo”, para luchar contra el ataque de los paramilitares conservadores. Este periodo, que llegó a conocerse como “La Violencia”, dejaría cerca de 200.000 muertos en 15 años. Cientos de miles de personas más huyeron de sus lugares de origen hacia ciudades más grandes o zonas rurales más remotas.

Entre los que huyeron se encontraba una pequeña facción bajo el control del Partido Comunista de Colombia (PCC). Estos colonos sobrevivieron durante su tiempo en las milicias, o lo que se conocía como unidades de “autodefensa”. Las autodefensas del PCC hacían parte de una estrategia comunista colombiana más grande, que incluía la “combinación de todas las formas de lucha”, entre ellas el desarrollo de sindicatos, organizaciones estudiantiles y la pugna por puestos políticos. La unidad y estrategia del PCC atrajo a algunos miembros de las milicias del partido liberal, entre ellos Manuel Marulanda, quien se unió al partido en los años cincuenta. Las facciones rurales del PCC eran pequeñas pero representaban una amenaza ideológica para el gobierno, el cual lanzó una ofensiva en contra de su bastión, el pueblo de Marquetalia, Tolima, en 1964. La ofensiva expulsó a los guerrilleros pero provocó la chispa para que el partido formalizara su grupo armado: Bloque Sur de Tolima.

El grupo guerrillero adoptó el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1966, y comenzó un ascenso lento y firme. El crecimiento del comercio ilegal de drogas ayudó. A mediados de los años setenta, la guerrilla cambio sus reglamentos internos y comenzó a cobrar impuestos a los numerosos cultivadores de marihuana del sur del país. Más tarde, ampliaron ese mandato para incluir también las plantaciones de hoja de coca. Durante ese mismo periodo, las FARC empezaron a secuestrar en masa y a extorsionar a empresas grandes y pequeñas. A principios de los años ochenta, las FARC comenzaron a gravar los laboratorios de cocaína que operaban en sus áreas de influencia.

Las nuevas fuentes de ingreso implicaron mejores equipos y más tropas, pero esto llegó a un costo muy alto, a medida que los grandes traficantes de cocaína empezaron a oponerse al cobro de “impuestos” y ellos también empezaron a adquirir tierra y a ejercer influencia en la política local. Cuando guerrilleros izquierdistas de otra facción de la guerrilla secuestraron a la hija de una gran organización narcotraficante, varios traficantes organizaron un grupo paramilitar, llamado Muerte a Secuestradores (MAS). También hubo enfrentamientos entre los narcotraficantes y las FARC por el supuesto robo de un gran alijo de dinero por parte de los guerrilleros en los Llanos Orientales. Agricultores, empresarios, y propietarios de pequeñas tiendas empezaron a atacar a los guerrilleros debido a la excesiva extorsión y secuestro.

En 1984, las FARC intentaron otra táctica y lanzaron un partido político al tiempo que negociaban un acuerdo de paz con el gobierno. La Unión Patriótica (UP) era pequeña, pero ganaba impulso a medida que el país se movía hacía un mayor control gubernamental de los fondos y los proyectos nacionales. En sus primeras elecciones, en 1986, la UP ganó varios escaños en el congreso y su candidato presidencial obtuvo más de 300.000 votos, un récord para cualquier candidato de la izquierda. En las primeras elecciones municipales del país en 1988, el partido ganó 16 campañas para alcaldías y otros 247 escaños en concejos municipales. La reacción de los que se oponían al partido fue rápida. Los grupos paramilitares y narcotraficantes, en ocasiones trabajando en conjunto con el gobierno colombiano, asesinaron en masa a los miembros de la UP. Más de 3.000 personas fueron asesinadas en un periodo de seis años, las FARC volvieron a las montañas desde donde continuaron con su ascenso meteórico.

El crecimiento de la guerrilla en este periodo causo preocupación y muchos cuestionaron las intenciones de las FARC con la UP, preguntándose si los guerrilleros habían usado al partido como un medio para fortalecerse militarmente; incluso cuando negociaban la paz y hablaban de entregar las armas. Entre 1984 y 1988, el periodo en que la UP fue más fuerte, las FARC duplicaron el tamaño de sus fuerzas. Este crecimiento se debió a muchos factores, entre ellos los ataques a la UP, que llevaron a que muchos renunciaran al proceso democrático. La estrategia de las FARC, que se nutrió de la idea del PCC de la “combinación de todas las formas de lucha”, también estuvo relacionada con la creciente cantidad de nuevos combatientes.

La expansión continuó con su levantamiento vertiginoso durante los años noventa. Luego de que en 1991 el gobierno lanzara un ataque aéreo contra un bastión de la guerrilla, las FARC empezaron a dividir sus fuerzas a través de las zonas rurales de Colombia, y desarrollaron aún más sus tácticas ofensivas. A mediados de los noventa, los guerrilleros llevaron a cabo una serie de ataques que debilitaron a las fuerzas gubernamentales, capturando cientos de soldados y policías colombianos que se convirtieron rápidamente en piezas de canje en una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno y las FARC. Poco tiempo después de un intercambio de prisioneros entre las dos partes, el gobierno cedió a los guerrilleros un área del tamaño de Suiza en los departamentos sureños de Caquetá y Meta, abriéndole el paso a más conversaciones de paz.

No obstante, las conversaciones fueron problemáticas desde el principio, cuando Tirofijo, quién había asumido formalmente el alias de “Manuel Marulanda”, no apareció en su apertura. En los años siguientes se presentaron algunos avances pero sobretodo obstáculos. Las FARC usaron el territorio para reagruparse, reclutar, entrenar y lanzar ataques a las poblaciones locales. Cuando el ejército los perseguía, los guerrilleros se replegaban en la zona desmilitarizada. Las FARC también retuvieron víctimas de secuestro en la región y cuidaban grandes extensiones de cultivos de coca, la materia prima para producir cocaína. En lo que muchos vieron como una señal de las verdaderas intenciones de los guerrilleros, construyeron vías y túneles, preparándose para una guerra prolongada similar a la que Mao Tse-tung llevó a cabo en China o el Vietcong en Vietnam.

Las conversaciones terminaron en 2002 cuando las FARC secuestraron un avión y lo obligaron a aterrizar en una carretera, llevándose consigo algunos pasajeros como prisioneros. Inmediatamente comenzaron los combates, a medida que el gobierno buscaba retomar la tierra que había cedido para las negociaciones. Poco después, la guerrilla secuestró a la candidata presidencial del Partido Verde, Ingrid Betancourt, y a su jefe de campaña, Clara Rojas. En febrero de 2003, se estrelló un avión que llevaba a cuatro contratistas del gobierno estadounidense y un piloto colombiano, quiénes se encontraban realizando tareas de vigilancia en una región del sur controlada por las FARC. Tres de los contratistas fueron secuestrados.

Estos eventos coincidieron con la llegada en 2002 del presidente Álvaro Uribe, quién contrario a su predecesor Andrés Pastrana, había hecho su campaña política sobre una plataforma de guerra. Las FARC lo recibieron lanzando morteros contra el palacio presidencial durante la ceremonia de posesión el 7 de agosto de ese año.

Sin dejarse perturbar, Uribe reforzó el ejército, fortaleció la inteligencia policial, ubicó fuerzas de seguridad en casi todos los municipios y creó programas para incentivar a los guerrilleros a que se entregaran a las autoridades. Este esfuerzo recibió un gran apoyo por parte de Estados Unidos, que en 2002 empezó un ambicioso programa de asistencia llamado “Plan Colombia“. Luego del secuestro de los tres contratistas, los servicios de inteligencia estadounidenses, aumentaron el entrenamiento, asistencia y equipamiento de los colombianos, acelerando el ya de por sí rápido programa de profesionalización.

En 2012, el grupo comenzó las negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, y los negociadores anunciaron el cese al fuego oficial en junio de 2016. Se llegó a un acuerdo final entre ambas partes en agosto de 2016. Actualmente, las FARC se están desmovilizando en “zonas de concentración” a lo largo de Colombia. Después, varios guerrilleros serán reintegrados a la sociedad mientras que los responsables por crímenes agravados cumplirán sentencias reducidas fuera de las prisiones. Los puntos del acuerdo incluyen enfrentar el tráfico de drogas y a los grupos criminales, la participación de las FARC en la política nacional, reforma del campo y derechos de las víctimas.

A pesar de que las FARC se han retirado de sus bastiones, no todos los miembros cumplieron con el acuerdo y en vez de eso continúan con actividades criminales.

Liderazgo

Las FARC son un grupo complejo con una estructura y una línea de comando bien definidas. Su estructura organizacional ha evolucionado a lo largo de los años como resultado de un proceso de adaptación a los principales retos del conflicto interno. Con una estructura aparentemente jerárquica, la geografía y tamaño de Colombia ha hecho casi imposible para el comando central, conocido como el Secretariado, ejercer el control sobre toda la organización, la cual está dividida en frentes, con la excepción de varias unidades de fuerzas especiales que tienden a deambular por donde más se necesitan o con el fin de realizar operaciones especiales. Las FARC tienen una gran red de apoyo de expertos logísticos en bombardeos, transporte, secuestro, tráfico de armas, almacenamiento de alimentos, etc., y maneja grupos de milicias en las ciudades. La relativa autonomía de los frentes puede hacer de ellos organizaciones criminales letales. En efecto, estas unidades, de las cuales hay más de 70, tienen un incentivo para robar, secuestrar, extorsionar y saquear, ya que su crecimiento depende, en parte, de su rendimiento financiero.

En el frente político, las FARC están conectadas con el Partido Comunista de Colombia. Cada unidad guerrillera tiene un operador político, y cada combatiente tiene obligaciones tanto políticas como militares. Estas incluyen estar atentos a las noticias y analizarlas, y la difusión de las creencias de las FARC a sus familiares y amigos. Las FARC se han separado del Partido Comunista y, después de que su proyecto político público, la UP, fracasara, el grupo ha estado manejando dos estructuras clandestinas, el Movimiento Bolivariano y el Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3).

En los últimos años, el gobierno colombiano ha asestado varios golpes importantes al liderazgo guerrillero. En septiembre de 2007, en lo que fue el primero de una serie de fuertes golpes en contra del grupo, la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó un campamento de las FARC en el departamento de Guaviare, al oriente del país, abatiendo al líder guerrillero Tomás Medina Caracas, alias “Negro Acacio”. En marzo de 2008, el gobierno bombardeó un campamento de las FARC ubicado cerca al río Putumayo, un par de kilómetros dentro de Ecuador, acabando con la vida de Luis Edgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes” y a varios otros guerrilleros. El mismo mes, Manuel Marulanda murió por causas naturales.

La nueva dirección de las FARC, compuesta por Guillermo León Sáenz Vargas, alias “Alfonso Cano”, y Víctor Julio Suárez, alias “Mono Jojoy”, estuvó tratando de implementar una nueva estrategia, pero las constantes ofensivas de las fuerzas del gobierno han ahogado sus intentos. Mono Jojoy fue abatido en septiembre de 2010 y Alfonso Cano en noviembre de 2011. Varios otros líderes de las FARC se han refugiado en Venezuela y otros países vecinos. El comandante de las FARC actualmente es Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, un comandante endurecido por la guerra cuyas posiciones ideológicas fueron forjadas no solamente en Colombia, si no en la Moscú comunista, en la Yugoslavia de Tito y en Cuba.

Geografía

Las FARC tienen una presencia fuerte en los Llanos Orientales cerca de la frontera con Venezuela, y en los departamentos surorientales de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Las FARC también tienen presencia en los departamentos occidentales de Chocó y Antioquia, entre otros.

Aliados y enemigos

Entre 2005 y 2009, las FARC libraron una sangrienta batalla contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero de menor tamaño. Sin embargo, en diciembre de 2009, los líderes guerrilleros negociaron un alto el fuego y una alianza a nivel nacional, y ya ha surgido evidencia que sugiere que los grupos guerrilleros han perpetrado ataques conjuntos y que incluso han trabajado mano a mano para extorsionar a varias empresas.

Del mismo modo, algunos frentes de las FARC también colaboran con los grupos delictivos conocidos como Bacrim (acrónimo de “bandas criminales”) en el tráfico de drogas, vendiéndoles base de coca y cocaína.

Perspectivas

En los últimos años miles de guerrilleros se han desmovilizado voluntariamente, debilitando a las FARC y fortaleciendo la inteligencia del Estado sobre la guerrilla. Sin embargo, la victoria que para muchos estuvo a su alcance a comienzos de siglo se hacía cada vez más distante. 

Mientras que el actual acuerdo de paz ha puesto un final a la guerrilla de las FARC, su conflicto interno está lejos de acabarse. La salida de la guerrilla ha resultado en la criminalización de algunos de sus disidentes, lo que ha generado grupos similares a las BACRIM: organizaciones criminales que se formaron tras la desmovilización de las fuerzas paramilitares del país.

Estos grupos disidentes se han enfrentado entre ellos y con otros actores armados para ganar el control sobre las economías criminales que las FARC dejan atrás, como los cultivos de coca y la minería ilegal.

Algunos de estos antiguos guerrilleros también se están transfiriendo al ELN, llevando con ellos armas, recuros y economías criminales. Esto podría reforzar de manera significativa a la segunda guerrilla más importante del país, en un momento en el que intenta llegar a su propio acuerdo acuerdo con el gobierno colombiano.

Perfil de Colombia

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Pese a los avances del gobierno en materia de seguridad en la última década, al menos media docena de grupos criminales grandes siguen operando en Colombia. La mayoría han dejado la ideología de lado para enfocarse en la producción, tráfico y distribución de drogas ilegales en ámbitos locales; manteniendo actividades como el tráfico de armas, lavado de activos, el secuestro y la extorsión.

Geografía

Colombia es la puerta a Suramérica, contando con acceso a los dos océanos, Centroamérica y compartiendo extensas fronteras prácticamente sin vigilancia con otros cuatro países. Tres cordilleras que recorren el país le dan espacio suficiente a las organizaciones criminales para que muevan, escondan y produzcan drogas ilegales, así como para llevar a cabo otras actividades como la minería ilegal. La ubicación de Colombia ha convertido al país en un centro de contrabando y actividades ilícitas, mientras que sus vastas cordilleras han hecho que sea difícil para cualquier gobierno unificar la nación y proporcionar seguridad. Colombia da acceso a negocios lícitos e ilícitos a Ecuador, Brasil y Perú hacia el sur, el este de Venezuela y al norte de Panamá.

Historia

La excelente ubicación geográfica de Colombia ha implicado que durante mucho tiempo sea un hervidero de contrabando. La relación del país con el tráfico de drogas se inició en los años 70 cuando los agricultores pobres comenzaron a plantar marihuana como una alternativa mucho más lucrativa que la producción de cultivos legales. El desarrollo del crimen organizado en Colombia se aceleró en los años 70 cuando los grupos criminales parecían sacaron provecho de la moda de cocaína en los Estados Unidos mediante el procesamiento de hoja de coca proveniente de Perú y Bolivia en clorhidrato de cocaína (HCL), para luego hacerla llegar a los Estados Unidos. En los años 80, los primeros grandes carteles de la cocaína surgieron, el Cartel de Medellín de Pablo Escobar y el Cartel de Cali, en el suroeste. Pese a que se encontraban en el mismo negocio, los carteles de Cali y Medellín eran polos opuestos. Los líderes del Cartel de Medellín comenzaron robando carros y sobornado a policías, empleando a matones y pandillas locales para llevar a cabo su trabajo sucio. Cuando las clases altas rechazaron su intento de entrar en la política, se rebelaron y usaron la violencia para coartar al estado. El Cartel de Cali era más sofisticado para operar ya que surgió de un contingente de clases altas y uso la persuasión política más que militar para operar. Ambos establecieron imperios de cocaína que iban desde los cultivos cocaleros de Bolivia hasta las calles de Nueva York.

Por esta época en que el procesamiento de coca se trasladaba a Colombia, los grupos armados en el país se embarcaban en una nueva estrategia para incrementar sus ingresos a través de diversas actividades criminales, especilamente el secuestro. Las cuatro principales guerrillas — el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) — empezaron a tener como objetivo a empresarios, ganaderos y políticos. Las llamadas retenciones fueron declaradas de naturaleza política en principio, pero fueron evolucionando a uno de los motores más importantes de crecimiento financiero para estos grupos. Sin embargo, el impacto a largo plazo de esta estrategia sería catastrófico para los grupos. El secuestro por parte del M-19 de una de las hijas de un gran narcotraficante llevó a la creación de uno de los primeros grupos paramilitares financiados por los narcotraficantes que eventualmente dejaron de tener dentro de sus objetivos a los insurgentes e incluyeron en sus listas a civiles que fueran sospechosos de colaborar con ellos. Incluso los lugareños se volcaron en contra de las guerrillas ya que estos empezaron a secuestrar gente de clase media e incluso campesinos pobres y pequeños comerciantes. El resultado fue una reaccion generalizada, aumentando el apoyo por los grupos paramilitares de derecha y las tácticas represivas de los militares, al igual que, poco apoyo político para las guerrillas una vez se desmovilizaron y entraron al proceso político.

Mientras tanto, los laboratorios de cocaína eran un buen negocio, tanto para los grupos criminales como para los rebeldes, para los empresarios como para el gobierno, pero también trajo consecuencias catastróficas para Colombia. Pocos tenían un incentivo real para reducir el comercio de droga hasta que el gobierno de Estados Unidos empezó a presionar levantando procesos judiciales en contra de algunos de los grandes líderes de los carteles, lo que llevó a otra espiral de violencia en la que cientos de civiles inocentes fueron asesinados en una serie de bombas orquestadas por Escobar y sus cómplices. Los llamados ‘Extraditables’, también mataron a docenas de policías y jueces, asesinaron y secuestraron políticos prominentes y grandes empresarios. Las tácticas funcionaron y el gobierno colombiano eliminó los tratados de extradición durante la Asamblea Constitucional de 1991.Con la extradición fuera de  la mesa, Escobar se entregó, pero sólo con la condición de servir su tiempo en su propia prisión de lujo. Después de un año, el acuerdo entre Escobar y el gobierno se agrió después de que se hizo evidente que su imperio criminal seguía en marcha detrás de las rejas, y Escobar escapó. Luego de escaparse de la cárcel, se enfrentó a un enemigo formidable que incluía a una alianza tácita entre la policía colombiana, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), un grupo de letales paramilitares asesinos y su rival principal el Cartel de Cali. La presión lo forzó a salir de su escondite lo suficiente para ser asesinado por las autoridades en diciembre de 1993.

Incluso, luego de la muerte de Escobar, el narcotráfico continuó su ascenso. Los que se habían aliado para destruirlo tomaron las riendas de su cadena de producción y de sus redes de distribución. Los nuevos grupos criminales eran más sofisticados que los anteriores, camuflando sus intenciones en alianzas militares, uniformes de policía y retórica política. Con el arresto de los líderes del Cartel de Cali, un grupo de ex policías junto con algunos oficiales activos se convirtieron en el centro de uno de los carteles más poderosos de la historia, el Cartel del Norte del Valle.

En efecto, el final de los Carteles de Cali y Medellín significó el fin de la compra directa de pasta base de coca en Perú y Bolivia, e implicó el incremento de producción de coca en Colombia. Gran parte del cultivo se centró en las zonas rurales aisladas dominadas por los grupos guerrilleros y el cobro de impuesto al trafíco de drogas se convirtió en la fuente más importante de finanzas para los rebeldes, dandole incentivos a sus enemigos para apoderarse de sus territorios. Mientras los Carteles de Cali y Medellín operaban grandes estructuras con redes armadas sofisticadas, los nuevos grupos eran pequeños ejércitos que competían por el control de la producción. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) era el más grande de estos ejércitos. Un movimiento nacional de grupos paramilitares creado en 1997 para pelear en contra de las guerrillas, en su pico, las AUC contaban con unos 35.000 soldados a su disposición. Durante años, sí combatieron en contra de las cada vez menos populares guerrillas, quienes habían alcanzado el pico de los secuestros con niveles sin precedentes, pero siempre combinando las campañas políticas y militares con los intereses comerciales especialmente el tráfico de drogas. Algunos frentes guerrilleros de las FARC también se involucraron en mayor medida en la producción de cocaína, especialmente a través de Venezuela y Brasil, y luego a través de Ecuador. Sin embargo, mientras que los grupos colombianos eran militar y terriorialmente poderosos, su poder en el comercio transnacional de drogas era débil.  Durante este tiempo las organizaciones mexicanas como los Carteles del Golfo, Tijuana, Juárez y Sinaloa, se movieron en la cadena de suministro y aumentaron su participación directa en el tráfico de drogas negociando directamente con los proveedores del HCL, lo que produjó el traslado del equilibrio de poder de Colombia a México. 

En 2003, la cadena de suministro pasó por otra transformación. El Cartel del Norte del Valle comenzó una sangrienta guerra interna después de que una facción asesinara a uno de los principales líderes de la otra facción. La guerra coincidió con el inicio de un proceso de paz en el que los líderes de las AUC desmovilizaron sus ejércitos y se entregaron a las autoridades. Varios líderes de las AUC también fueron asesinados durante este proceso y muchos de los que se entregaron más tarde fueron extraditados a los Estados Unidos. El gobierno de Colombia también comenzó una ofensiva militar contra la guerrilla, desalojándolos de muchas de las zonas fuertes productoras de coca.

La desintegración de la Cartel del Norte del Valle y la desmovilización de las AUC marcó el comienzo de una nueva era en el crimen de Colombia dominada por los híbridos criminales y paramilitares que el gobierno apodó Bacrim (bandas criminales). Estos grupos se componen en gran parte de los paramilitares que se rearmaron o no se desmovilizaron y son dirigidos por ex comandantes de las AUC que ocuparon el vacío dejado por los principales líderes paramilitares. Originalmente había más de 30 Bacrim, pero el número se ha reducido a grupos más pequeños que han sido absorbidos por las redes más potentes o han sido desmantelados por las fuerzas de seguridad.

En la actualidad, Los Urabeños son la banda criminal más poderosa controlando una amplia gama de actividades delictivas en gran parte del país. Las FARC, por su parte, han estado involucradas en conversaciones de paz con el gobierno desde 2012 y es posible que se de su desmovilización en 2016. Esto podría implicar una reorganización importante en el hampa colombiana debido a la posibilidad de que algunos frentes de las FARC podrían seguir delinquiendo en lugar de reintegrarse a la sociedad y otras organizaciones probablemente luchen por el control de los intereses criminales desocupados por las FARC.

Grupos Criminales

Dos insurgencias, múltiples grupos de ex paramilitares y algunas organizaciones narcotraficantes pequeñas trabajan tanto en concierto como individualmente, y peleando entre ellas, para controlar los puntos de producción, bodegaje, almacenamiento, y embarcación de drogas ilícitas y otras formas de contrabando. Estos grupos incluyen a los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN, y grupos criminales como los Rastrojos, el ERPAC, los Paisas, la Oficina de Envigado, los Urabeños. También hay redes criminales más pequeñas y localizadas que van desde las bandas callejeras a paramilitares rearmados en todo el país, y estos a menudo trabajan en colaboración con las organizaciones más grandes.

Fuerzas de Seguridad

Las Fuerzas de Seguridad de Colombia — divididas entre Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía– tienen alrededor de 500,000 miembros. Cada rama cuenta con un departamento de inteligencia que trabaja de la mano con las agencias de inteligencia de Estados Unidos y la Unión Europea compartiendo información y, en ocasiones, coordinando operaciones en contra de los grupos del crimen organizado.

Sistema Judicial  

El sistema de tribunales de Colombia está encabezado por cuatro órganos judiciales: el Tribunal Supremo, que tiene jurisdicción sobre derecho civil y penal; el Consejo de Estado, que se ocupa del derecho administrativo; la Corte Constitucional; y el Consejo Superior de la Judicatura, que sirve como un tribunal de apelación respecto a los conflictos de competencia entre tribunales. Durante la última década, Colombia se ha sometido a una revisión judicial masiva, ya que se trasladó del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, ayudado por el Programa de Reforma del Sector Justicia (JSRP) dirigido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, el sistema sigue obstaculizado debido a la ineficiencia y las altas tasas de impunidad —Colombia ocupa el tercer puesto en impunidad del mundo— según el Índice Global de Impunidad (CESIJ). Según el informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Colombia también ocupa el lugar 114 de 140 países en cuanto a  independencia judicial.

 Prisiones

A pesar de una serie de reformas e inversiones, incluida la ayuda financiera y logística de Estados Unidos, las prisiones de Colombia están superpobladas, desmoronadas, plagadas de corrupción y economías criminales. La tasa de ocupación se sitúa actualmente en el 153 por ciento de su capacidad, situación que se agrava por el hecho de que más de un tercio de los internos aún no han sido condenados dando lugar a terribles condiciones y a la falta de acceso a los servicios básicos. Dentro de las prisiones colombianas, las economías ilegales basadas en la extorsión y el contrabando prosperan, aunque las cárceles no están directamente a cargo de los grupos criminales como en otros países. El sistema penitenciario de Colombia está a cargo de un organismo independiente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que se ha visto plagado por escándalos y declarado no apto para el propósito. 

Plan Colombia

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“Plan Colombia” is a multi-pronged, multi-billion dollar effort to battle drug trafficking organizations (DTOs), insurgencies and paramilitary groups in the Andean nation. Passed in 2000 at the tail end of the Clinton administration, the plan enjoyed bipartisan support in Washington and helped initiate and sustain widespread systemic changes in Colombia that have helped the country dismantle several large criminal groups including the North Valley Cartel (Cartel del Norte del Valle – NVC), the United Self Defense Forces of Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC) paramilitary group and the National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional – ELN) insurgency.

The US has given Colombia over $7 billion in mostly military assistance since 2000 as part of the plan. Much of this aid has gone to training, military hardware such as helicopter gunships and advanced intelligence gathering equipment. Colombia did its part by tripling its military budget, nearly doubling the size of its Armed Forces and professionalizing the Armed Forces. Another large portion of the US aid went to eradication efforts, while smaller portions have gone to social and economic programs.

The results have been equally mixed. The military and police have greatly increased their intelligence gathering capacity, and their ability to react quickly to this intelligence has led to the capture or death of numerous criminal leaders and insurgents, including three of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC) rebels’ top commanders. The FARC, once an insurgency with close to 17,000 soldiers, is half that size today. The AUC demobilized under pressure from the government. The NVC self-destructed, and the ELN is nearly extinct. Production of coca, which is the raw material for cocaine, dropped as well, but other Andean nations have increased their output, offsetting these gains in Colombia. Kidnappings and homicide levels dropped steeply, but in a troubling sign, the national murder rate has begun to increase again.Plan Colombia continues to stir debate in Washington and elsewhere as policymakers and lawmakers struggle for a strategy to help Mexico and Central America contain the growing strength of criminal groups in the Isthmus. Many politicians, including Bill Clinton, have called for a “Plan Mexico,” and Secretary of State Hillary Clinton recently likened Mexico to Colombia, a comment that drew strong criticism from Mexican government officials. Policy wonks and non-governmental groups are weighing in as well, offering both criticisms and praise of the policy that promises to be at the heart of most any security strategy in the region for years to come.Resources