Desplazamiento forzado en Colombia indica nueva dinámica de los ex-FARC

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Cientos de ciudadanos de una región clave para el tráfico de drogas al sur de Colombia se han visto forzados a abandonar sus hogares a causa del aumento de los enfrentamientos entre grupos criminales rivales, lo que indica que hay cambios en la dinámica criminal de la región, tras la desaparición de alias “Guacho”, exjefe de la ex-FARC mafia. Intensos combates entre un grupo de exmiembros disidentes de la guerrilla en desmovilización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocido como Frente Oliver Sinisterra (FOS), y otro grupo armado conocido como Los Contadores, han obligado a cientos de colombianos a salir de sus hogares en la vereda de Santo Domingo, cerca de la ciudad portuaria de Tumaco, departamento de Nariño, al suroeste del país, según un informe de El Tiempo. Pocos días antes, el 1.° de marzo, Ivette Catherine Mina Santana, de la Defensoría del Pueblo de Tumaco, había alertado a los miembros de la comunidad sobre la posibilidad de que fueran desplazados después de los intensos enfrentamientos entre los dos grupos que se registraron el 28 de febrero, según Blu Radio.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Colombia Los combates provocaron el desplazamiento de entre 150 y 275 personas del suroeste de Colombia, que han cruzado la frontera hacia la ciudad portuaria de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador. Un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa de Ecuador reportó que el lugar se ha convertido recientemente en un territorio afectado por la violencia en Colombia y por las disputas por la región fronteriza. El comunicado de prensa señala que los miembros de las fuerzas armadas ecuatorianas han reforzado su presencia a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana con el fin de supervisar el flujo de personas y embarcaciones en la zona. El desplazamiento es frecuente en Colombia, dadas las cinco décadas de un violento conflicto armado. Pero la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en 2016 ha estado acompañada de una nueva era de desplazamientos forzados. Los grupos criminales se están enfrentando por el control de territorios estratégicos que antes ocupaban las FARC pero que ya han sido abandonados. En enero de 2018, por ejemplo, en un periodo de cuatro días, la lucha armada causó el desplazamiento de casi 300 familias en todo el país, lo que representa un total de más de 1.000 personas.

Análisis InSight Crime

El reciente desplazamiento masivo de cientos de ciudadanos de Tumaco indica que Los Contadores, dirigidos por un experimentado narcotraficante conocido como alias “Contador”, están tratando de aprovechar el debilitamiento del Frente Oliver Sinisterra tras la muerte del jefe del grupo, Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, que solía ser uno de los líderes criminales más dominantes en esta estratégica región fronteriza. Según El Tiempo, Contador ha sido supuestamente el “verdadero poder” y el “gran financiador” del tráfico de drogas en la apetecida región del Pacífico colombiano durante al menos una década. Fue un actor clave en las actividades de narcotráfico de la Columna Móvil Daniel Aldana de las FARC y en el Frente 29. Sin embargo, después de la desmobilización de las FARC en 2016, Contador comenzó a trabajar con Yeison Segura Mina, alias “Don Y”, quien fue presuntamente el líder de los grupos de milicias que operan en Tumaco. Pero, según El Tiempo, después de la muerte de aquel, en noviembre de 2016, Contador continuó trabajando con el hermano de Don Y, Víctor David Segura Palacios, conocido simplemente como “David”, así como con Guacho.       VEA TAMBIÉN: Cobertura de la ex-FARC mafia Dado que David encabezaba un grupo criminal conocido como Guerrillas Unidas del Pacífico, hasta su muerte en septiembre 2018, y Guacho lideraba el Frente Oliver Sinisterra hasta que las fuerzas de seguridad lo mataron en diciembre de 2018, parece que Contador decidió mantenerse a la zaga y quedar por fuera de la atención de las autoridades, a la vez que financiaba las operaciones de narcotráfico en la región. Pero Contador no opera solamente en el Pacífico. Uno de sus principales compradores de cocaína, según El Tiempo, es Miguel Botache Santillana, más conocido como “Gentil Duarte”, quien hoy en día es el criminal más buscado de Colombia y uno de los líderes de la disidencia del Frente Primero, el cual opera principalmente en los departamentos de Guaviare, Vaupés, Meta y Vichada. Dicha disidencia es posiblemente uno de los grupos mafiosos más poderosos y peligrosos que se conformaron con exguerrilleros de las ex-FARC. La relación de Contador con la disidencia del Frente Primero, así como con el poderoso grupo mexicano Cartel de Sinaloa, es probablemente lo que mantiene activas sus operaciones de narcotráfico después de la muerte de dos de sus principales clientes, David y Guacho. También puede explicar la ofensiva armada que Los Contadores están librando contra el debilitado Frente Oliver Sinisterra, quizá con el fin de consolidar el control sobre el tráfico de drogas en Nariño. Cuando Colombia rompió récords de producción de cocaína en 2017, este departamento fue la principal zona productora de coca en el país, con 45.735 hectáreas de tierras utilizadas para el cultivo de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). * Este artículo fue escrito con la colaboración del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, de InSight Crime.

Sombra de ejecuciones extrajudiciales acecha a cúpula militar en Colombia

La presencia en la cúpula militar de nueve generales acusados de participar en ejecuciones extrajudiciales en Colombia ha levantado el temor de que el presidente Iván Duque limpie sus antecedentes para alcanzar sus objetivos de seguridad nacional. El 27 de febrero, Human Rights Watch (HRW) denunció que nueve destacados generales, incluido el comandante del ejército nacional designado por Duque, están implicados en una serie de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. Estos asesinatos, conocidos como ‘falsos positivos’, llevaron a miembros del ejército a inducir con engaños a colombianos habitantes de zonas rurales para que salieran de sus casas y asesinarlos. Posteriormente se declaraba a estas personas como miembros de grupos guerrilleros caídos en combate, lo que se usaba para inflar las estadísticas. Los oficiales responsables de esos homicidios muchas veces recibían ascensos y otras compensaciones. En 2015, los fiscales declararon que tenían abiertas investigaciones sobre casi 5.000 víctimas de esos falsos positivos.

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Desde que estalló el escándalo en 2008, muchos soldados han ido a prisión por su participación y altos mandos han salido de la institución. Sin embargo, nunca se ha acusado a alguien con rango de general. Los nueve generales ahora implicados en los ‘falsos positivos’ son Nicacio Martínez, comandante del ejército; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la jefatura de Estado mayor; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la jefatura de Estado Mayor de planeación y políticas; Adolfo León Hernández Martínez, comandante del comando de transformación del ejército del futuro; Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la fuerza de tarea Vulcano; Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la fuerza de tarea Aquiles; Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del centro nacional de entrenamiento; Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la décima brigada blindada, y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Decimotercera brigada. Según el informe, tres de los generales ya tienen investigaciones directamente en su contra; son los casos de Villegas Muñoz, David Bastidas y Pinto Lizarazo. Los otros seis presuntamente comandaban unidades que estuvieron implicadas en las ejecuciones. El general Nicacio Martínez negó tajantemente las acusaciones, diciendo que “Dios y mis subalternos saben cómo hemos actuado”. El Ministerio de Defensa también expidió un comunicado apoyando a Martínez, donde especificaba que no hay investigaciones abiertas en su contra. En los días transcurridos desde las acusaciones, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada como parte del proceso de paz en implementación, anunció que están investigando a 55 militares por sus nexos con este escándalo.

Análisis de InSight Crime

Varios elementos son motivo de inquietud. El primero de todos, el presidente Iván Duque está cayendo en el mismo juego de sus predecesores, al hacer de la estrategia de mano dura la base de su política de seguridad nacional. Con esto, confirma lo que muchos ya temían: que las fuerzas armadas colombianas están por encima de la ley. Los generales implicados pueden tener un historial criminal sin que esto sea un obstáculo para el avance en su carrera.

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En segundo lugar, ¿qué mensaje le transmite esto al resto del ejército? El nombramiento de estos generales seguramente irá ligado a la recuperación de otras tácticas del pasado sangriento de Colombia. Las tropas en este campo bien pueden tener bastante autonomía para tomar decisiones por sí mismas. Armadas con la aparente impunidad, volverá a levantarse el fantasma de las violaciones a los derechos humanos. Para terminar, esas designaciones socavan un pilar de soporte clave para todo el proceso de paz. Como parte del acuerdo de paz con las FARC en 2016 se dispuso que la JEP investigaría abusos pasados por parte del ejército y de grupos paramilitares. En un momento en que el proceso de paz en su totalidad se encuentra en la cuerda floja, el nombramiento de generales presuntamente implicados en uno de los peores de tales abusos, no hace más que confirmar las sospechas de que Duque no tiene intenciones de honrar los compromisos del gobierno. La JEP está atravesando una verdadera crisis últimamente. Las acciones de Duque han creado un ambiente de duda sobre la facultad de la JEP de actuar aun siguiendo los criterios con los que se creó, como la actuación en casos ‘como los falsos positivos’. Es alentador verla hacer progresos con su investigación sobre estas ejecuciones extrajudiciales desde que se conocieron las revelaciones sobre estos generales, pero hasta el momento no se han formulado cargos contra ningún alto comandante o general.

Red internacional de tráfico de armas conecta a Perú con Ecuador y Colombia

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Se sabe que las estructuras de crimen organizado están pasando arsenales enteros de Perú a Ecuador, así como a los grupos armados en Colombia. Sin embargo, todavía se desconocen los detalles acerca del origen de las armas y de las organizaciones criminales que las reciben. El pasado 13 de febrero, las autoridades ecuatorianas realizaron un operativo en las ciudades de Quito y Riobamba, cuyo resultado fue el desmantelamiento de una red internacional de tráfico de armas que transportaba, almacenaba y distribuía armas y municiones provenientes de Perú, con destino a Ecuador y Colombia. Mediante la Operación Armagedón 9, las autoridades interceptaron dos vehículos, allanaron varias bodegas, arrestaron a siete personas y confiscaron medio millón de municiones y 15.000 rondas de explosivos, que al parecer tenían como destino el mercado negro en Colombia. A la vez que continúan surgiendo informes sobre ventas de armas del ejército de Ecuador a grupos colombianos, esta operación permitió revelar que hay armas de alta tecnología de Estados Unidos y México que están ingresando a Ecuador a través de Perú, para luego ser introducidas de contrabando a Colombia por varios puntos de la frontera.

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Un informe elaborado por las autoridades ecuatorianas sobre este operativo explica que las armas que provienen de Perú llegan a la provincia de El Oro en Ecuador. De allí suelen ser llevadas a la ciudad de Guayaquil, para luego ser comercializadas y vendidas a organizaciones criminales y otros grupos que operan en la frontera con Colombia, especialmente en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos. En los últimos nueve años, la policía de Ecuador ha incautado cerca de 40.000 armas de contrabando, entre las que se encuentran 12.000 rifles de alto calibre, todas las cuales estaban dirigidas a organizaciones criminales. Las alarmas relacionadas con el tráfico de armas en Ecuador se activaron desde octubre de 2018, cuando, a través de la “Operación Camaleón”, las autoridades desmantelaron en dicho país una red dedicada al contrabando de armas del ejército ecuatoriano, con destino al Frente Oliver Sinisterra (FOS), un grupo disidente de las FARC. Este grupo se encontraba bajo órdenes de Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, uno de los criminales más buscados de Colombia y Ecuador, quien fue muerto en diciembre de 2018. Sin embargo, según declaraciones del fiscal ecuatoriano Wilson Álvarez Valencia, las guerrillas colombianas continúan recibiendo “grandes cantidades de municiones y armas de alto calibre” de los grupos del crimen organizado transnacional. La ministra del Interior, María Paula Romo, agregó que todavía quedan dudas sobre qué organizaciones colombianas están recibiendo específicamente armas de Perú y Ecuador. Si bien una de ellas es el Frente Oliver Sinisterra, la ministra Romo señala que dicho frente también contaba con armas que no forman parte del arsenal estándar de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, como armas calibre 5,56 y 9 mm.

Análisis de InSight Crime

En el ejército ecuatoriano ha habido durante mucho tiempo una crisis interna, dado que algunos de sus elementos venden armas a miembros de grupos criminales. Además, el país sigue siendo un punto de transbordo del contrabando de armas. Sin embargo, a pesar de las repetidas operaciones, continúa siendo difícil identificar los detalles sobre los orígenes de estas armas, los grupos que las transportan y las organizaciones criminales que las reciben, aparte del Frente Oliver Sinisterra. La participación de miembros del ejército ecuatoriano en dicho contrabando está bien documentada, pero las incautaciones han permitido identificar una conexión internacional a escala mucho mayor. Si bien el gobierno ecuatoriano acepta la responsabilidad por las acciones dentro de su propio ejército, también ha señalado que los arsenales más grandes provienen del extranjero a través de países como Perú.

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Según un alto funcionario gubernamental consultado por InSight Crime, las armas confiscadas durante la Operación Armagedón estaban dirigidas a “diversos grupos” en Colombia. Sin embargo, aparte de esta declaración no existe información más específica. Henry Troya, ex viceministro de Minería de Ecuador, dijo en comentarios con InSight Crime que, en los sobrevuelos para detectar operaciones de minería ilegal, se han descubierto provisiones de armamento de alto poder, como “bombas, granadas, misiles y armas de largo alcance”. Existe otro sonado caso que arroja más luz sobre este tema. En abril de 2018, un equipo de tres periodistas del diario ecuatoriano El Comercio fue secuestrado y asesinado por el Frente Oliver Sinisterra en la frontera con Colombia. Sin embargo, las autoridades colombianas y ecuatorianas no han emitido ningún informe balístico sobre las armas que fueron usadas para asesinarlos. Ecuador ha tomado medidas para detener la venta de sus equipos militares, pero dicha práctica aún continúa. Sin embargo, si no existe el suficiente respaldo internacional, el país no cuenta con la capacidad investigativa para rastrear las armas que entran a su territorio o para hacerles seguimiento una vez ingresan a Colombia.

Corrupción carcelaria en Colombia es sistémica e involucra a altos funcionarios

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Los directores de dos cárceles y 120 empleados del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia están acusados de cobrarles dinero a los internos a cambio de algunas ventajas, como el acceso a mejores celdas, lo que pone de relieve el rol que juegan las autoridades carcelarias en las extensas redes de corrupción en las prisiones latinoamericanas. Según el diario El País de Cali, el mes pasado las autoridades arrestaron a los directores de La Picota y La Modelo, dos cárceles de Bogotá. Los fiscales afirman que Luis Perdomo, director de La Picota, le pidió 30 millones de pesos colombianos (US$9.470) al recluta José Bayron Piedrahita Ceballos, un presunto narcotraficante. Ese monto era para permitir que los familiares pudieran visitar a Piedrahita antes de su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos de corrupción y extorsión. Las autoridades arrestaron al director de la cárcel el 27 de enero durante una reunión con el hijo de Piedrahita, según informó El Espectador. Perdomo ha negado los cargos.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Colombia Tres días más tarde, César Ceballos, director de la cárcel La Modelo, fue arrestado por cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Los fiscales dicen que él les pedía dinero a los reclusos y sus familiares para asignarles mejores celdas. Había además tarifas por citas médicas, drogas ilegales, alcohol e incluso armas de fuego, según un informe de El Tiempo. Ceballos también ha negado los cargos. En los últimos dos años, unos 120 empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) han sido detenidos por soborno y extorsión, según una investigación de El Tiempo publicada a raíz de la detención de los dos directores carcelarios.

Análisis de InSight Crime

El enorme esquema de corrupción que implica a dos de los más altos funcionarios de las cárceles colombianas llama la atención acerca de cómo las prisiones latinoamericanas generan y refuerzan las estructuras de crimen organizado. Las prisiones de toda la región son viejas y se encuentran abandonadas y hacinadas. En algunos países, las deplorables condiciones de los internos y la falta de recursos han llevado a las autoridades a entregar gran parte del control a los mismos internos. En los países del Triángulo Norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, las pandillas dirigen bloques de celdas, e incluso cárceles enteras. Por ejemplo, en El Salvador, los líderes pandilleros encarcelados de Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 utilizan las cárceles del país como su sede, desde donde dirigen redes de extorsión por fuera de las prisiones. En Brasil, los miembros de la pandilla carcelaria PCC deben hacer pagos para costear abogados y para protegerse de los abusos por parte de los guardias. Y en Venezuela, las mafias conocidas como pranes han establecido un sistema de extorsiones en las cárceles, donde los internos deben pagar si quieren recibir visitas.       VEA TAMBIÉN: El dilema de las prisiones en Latinoamérica El sistema penitenciario de Colombia, si bien es más seguro y mejor organizado que otros de la región, se encuentra demasiado hacinado y carece de suficiente supervisión. Esto ha permitido el surgimiento de los denominados “caciques” —que generalmente son capos de la mafia, comandantes guerrilleros o líderes paramilitares— quienes controlan ciertos espacios o “patios” y cobran impuestos por bienes que son ingresados de manera ilegal a las prisiones, como teléfonos celulares, drogas y licores. Sin embargo, en el reciente escándalo de sobornos con la participación del sistema penitenciario nacional, los mismos guardias y directores se convirtieron en caciques. Ellos repartían beneficios, controlaban los precios de los bienes de contrabando y, lo más importante, manejaban las llaves para asignar patios y controlar las visitas. Varios reclusos han descrito en detalle el mercado negro que se ha desarrollado en las cárceles de Colombia. Un preso de una cárcel de Barranquilla dijo que los internos pagaban por bolsas de arroz, televisores y acondicionadores de aire. En la cárcel de Bellavista, a las afueras de Medellín, las autoridades carcelarias les cobraban a los internos para permitirles ingresar a programas de estudio o empleo que les ayudaban a rebajar sus penas. En la cárcel de La Picota, los reclusos pagaban una renta mensual de tres millones de pesos colombianos (unos US$1.000) para ser trasladados a bloques de celdas más cómodas. Un guardia también le dijo a El Tiempo que él había sido amenazado por denunciar la corrupción en las cárceles y que varios colegas habían sido asesinados por intentar hacer denuncias similares. Varias grabaciones de audio que se presentaron durante una audiencia judicial muestran lo sistémica que era la red de sobornos al interior de la cárcel La Modelo en Bogotá. En una de las grabaciones, se escucha a un sujeto que le dice a la pariente de uno de los prisioneros que, para pasar el interno a un patio mejor, le debía pagar 20 millones de pesos colombianos (unos US$6.500) al director. “Usted no es la única que está pagando”, le dice.

El Pacífico americano, la ruta preferida de los narcos

Una de las rutas más codiciadas por narcos en el Cono Sur del continente americano parece estar disminuida. Mientras las autoridades mantienen sus radares sobre el Atlántico y el Caribe en busca de cargamentos de droga, el Pacífico se proyecta como la nueva plataforma de narcotráfico hacia Norteamérica. De acuerdo con los reportes del gobierno mexicano, entre enero de 2018 y febrero de este año la Armada mexicana ha decomisado 10,7 toneladas de cocaína. Casi dos tercios del total incautado en los seis años anteriores. Aunque estas incautaciones han sido en ambas costas del país, la ruta del Pacífico parece ser la preferida por narcos y carteles para llevar su droga hasta el otro lado del continente.

Las rutas del narcotráfico hacia los países caribeños siguen siendo eficaces para llegar a mercados en el norte de América y Europa, sin embargo, la profunda crisis que vive actualmente Venezuela y que afecta a los países cercanos  como Trinidad y Tobago, donde la piratería se ha disparado, tendría bajo la lupa las costas y puertos de Venezuela, República Dominicana, Haití, así como cualquier embarcación que provenga de ellas.

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Por otra parte, en los últimos años los grupos locales como los colombianos, han aumentado la siembra de cultivos hacia la costa pacífica del país, específicamente en Cauca y Nariño. Entre 2014 y 2017, estos dos departamentos juntos, casi han triplicado el número de cultivos de coca, lo que genera un reacomodo de las estructuras nacionales e internacionales, para buscar la mejor posición en el mercado ilegal.

Análisis de InSight Crime

Así las cosas, la apuesta del crimen organizado estaría en evitar el ruido generado en el Caribe y utilizar las rutas del Pacífico como escape, a pesar de que estas tampoco garantizan el éxito de los traslados. Un eventual cambio en la ruta del narcotráfico en la región también generaría una variación en el modus operandi del crimen organizado y del transporte en la autopista del narcotráfico del Pacífico americano. Aunque los ojos de la comunidad internacional siguen en el Caribe, autoridades antinarcóticos refuerzan medidas hacia el norte del continente, donde cada vez más cargamentos son detectados y el los métodos se tornan sofisticados.. Ya algunos de los cargamentos que salen del Pacífico no viajarían solos, van “escoltados” por miembros de carteles para evitar confrontaciones con tumbadores, piratas como en el caso venezolano o, incluso, tratar de distraer las autoridades en caso de persecuciones. El uso de elementos de alta tecnología también estaría marcando la preferencia de esta ruta. Con menos ojos sobre los cargamentos enviados, los narcos han empezado a utilizar boyas con dispositivos satelitales, que les permiten dejar la droga en ciertos puntos de altamar con el objetivo de que sea recogida por otros grupos aliados o dejarlas a la deriva en caso de ser detectados y volver por ellas cuando sea posible. Por último, la corrupción de funcionarios dentro de los puertos sigue siendo un factor fundamental en el tránsito de estupefacientes hacia el norte. Un hecho que no es nuevo, pero que sigue teniendo relevancia, especialmente si se tiene en cuenta el flujo de droga que se mueve ha incrementado en un 190 por ciento desde el 2014. A pesar de que las autoridades realizan esfuerzos por vigilar el Pacífico para evitar la llegada de los alcaloides, Centroamérica sigue siendo un eslabón débil en la cadena debido a la falta de recursos para controlar las nuevas modalidades de entrega. Salvo en México y Estados Unidos, donde parecen ver con preocupación el incremento en esta ruta.

Ecos del pasado: el plan de seguridad de Duque para Colombia

Cuando el presidente colombiano Iván Duque anunció su nuevo plan de seguridad, le aseguró a la prensa que “no debía confundirse con la guerra”. No obstante, a la hora de la verdad, esa diferencia parece tener poca importancia. El plan, dado a conocer este mes, dice que el gobierno colombiano no negociará “ceses bilaterales al fuego” al tratar con lo que llama Grupos Armados Organizados (GAO). En esta clasificación entran la guerrilla, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN); exparamilitares, como Los Urabeños, o Clan del Golfo; y los vestigios de esos grupos. El factor común a todos ellos es su actividad narcotraficante y otras al margen de la ley. Las fuerzas de seguridad buscarán “la desarticulación” de estos grupos para imposibilitar la formación de nuevas estructuras criminales, según reza el documento, llamado Política de Defensa y Seguridad (PDS).

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Un segundo principio estipulado en el plan es la recuperación de la presencia institucional en todo el país. Con este fin, las fuerzas de seguridad se concentrarán en lo que se describe como Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII). En dichas zonas se presentan altos índices de violencia y criminalidad, y están ubicadas en zonas pobres y remotas del país, ricas en recursos naturales. Dice también que el gobierno llevará servicios sociales a esos territorios, aunque el plan se extiende mucho más en la descripción de las intervenciones militares y policiales. Las redes de participación cívica, que “prestarán apoyo a las fuerzas armadas”, están incluidas en esta estrategia para retomar zonas controladas por grupos criminales. Rafael Guarín, consejero de seguridad nacional de Duque, se apresuró a explicar que estas redes ciudadanas simplemente suministrarán información a las autoridades, y añadió que su arma “es un teléfono celular”. Ya se han registrado más de 800.000 colombianos con estas redes, informó El Tiempo. Para combatir el crimen organizado transnacional, el plan pide colaboración en temas de seguridad con países vecinos y mayores capacidades de inteligencia, como la tecnología satelital para el control de las fronteras colombianas.

Análisis de InSight Crime

El plan de seguridad de Duque es belicoso, carente de detalles y un refrito de estrategias controversiales implementadas por sus predecesores, en particular su mentor político, Álvaro Uribe. Uribe, presidente entre 2002 y 2010, y actualmente senador, fue el primero en designar unas zonas como objetivo de las fuerzas armadas. El sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos, presidente de 2010 a 2018, también apuntó a esas zonas rojas. Sus administraciones usaron fondos del Plan Colombia, un programa de ayuda estadounidense por US$10 mil millones, con una duración de dos décadas que se destinaría a combatir las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), designadas narcoterroristas. El Plan Colombia suministró nuevo armamento al ejército y mejoró sus capacidades de inteligencia. Las fuerzas hicieron avances importantes en materia de seguridad, lo que incluyó el restablecimiento de la presencia militar en zonas olvidadas del país y la expulsión de grupos armados ilegales. Pero las fuerzas de seguridad fueron blanco de críticas por la ejecución de civiles. En los primeros años de la década de 2000, varios jóvenes fueron secuestrados, asesinados y vestidos como combatientes para reportarlos como caídos en combate, en el escándalo que se conoció como falsos positivos. En 2015, los fiscales declararon que tenían abiertas investigaciones de casi 5.000 víctimas de esos falsos positivos.

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Del mismo modo, la red de participación cívica de Duque trae a la memoria las Convivir de Uribe, grupos de seguridad civil introducidos a mediados de los 90, presumiblemente para brindar apoyo a la lucha del estado contra el crimen y la violencia. InSight Crime informó en 2015 que esos grupos pasaron a convertirse en organizaciones criminales en la sombra y fachadas del movimiento paramilitar de derecha. El infame legado de las Convivir, que se armaron con la venia del gobierno, bien puede ser la razón por la que el consejero de seguridad de Duque salió a aclarar de inmediato que la nueva red cívica no se armará, y solo actuarán como intermediarios con las autoridades. Pero la prontitud con la que cientos de miles de colombianos se unieron al programa demuestra que la idea sigue teniendo acogida entre la población. Un número tan grande de informantes podría brindar información vital a las autoridades sobre zonas controladas por pandillas, como los sectores de las laderas de Medellín, donde hace poco los llamados combos redoblaron la matanza. El plan también reconoce limitaciones de planes anteriores en la protección de los recursos naturales de la acción de los grupos criminales, que exhiben una participación cada vez mayor en el tráfico de tierras, la tala indiscriminada de bosques para despejar el terreno para el cultivo de coca y la minería aurífera ilegal, ambas con efectos devastadores sobre el medio ambiente. También revela que el gobierno reforzará sus iniciativas de protección a líderes sociales y comunitarios, que han sido carne de cañón con una frecuencia escalofriante en los últimos años. Otras prioridades válidas del plan incluyen el direccionamiento de los recursos de inteligencia a las fronteras nacionales y la intensificación de la cooperación en seguridad con países vecinos. Grupos criminales de variada índole —ELN, disidencias de las FARC y narcotraficantes, como Los Urabeños— están usando a Ecuador y Venezuela como plataforma para los envíos de narcóticos de Colombia, minería de oro ilegal y otras economías ilícitas, como el contrabando de ganado y otros productos. El plan de Duque también intenta enfrentar el cultivo récord de coca en Colombia, subiendo la meta anual de erradicación a 100.000 hectáreas. pero se concentra en las iniciativas de erradicación forzosa, como la fumigación aérea, al parecer a costa del programa de sustitución de cultivos, que se implementó en el marco del acuerdo de paz con las FARC. El plan de Duque se acerca tanto a la visión de su mentor, que Uribe trazó en un plan de 2003, que El Espectador halló semejanzas en la redacción de ambos documentos. Ambos evitan a propósito la expresión “conflicto armado”. Es diciente que la estrategia de seguridad de Duque se deslinda abiertamente de la de su predecesor. Santos negoció la paz con las FARC, y estuvo dispuesto a considerar un acuerdo similar con el ELN. El plan de Duque deja poca duda de que no habrá negociaciones de ese tipo bajo su tutela, al declarar ilegales los “ceses bilaterales al fuego” y afirmar que los grupos armados tienen una única salida: la “disolución” total de sus organizaciones. Entre tanto, una paz débil pende de un hilo mientras aumentan las disidencias de las FARC. Y el ELN sigue expandiendo su presencia, engrosando sus economías criminales y en una confrontación directa con el estado. El reciente carro bomba detonado por el grupo en una academia de policía de Bogotá devuelve a lo peor del sangriento pasado de Colombia —las campañas de Pablo Escobar, con la explosión de bombas, y la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M19. Con la suspensión de las negociaciones de paz, solo puede esperarse que se intensifiquen los ataques del ELN. Para enfrentar las actuales amenazas de Colombia, sin embargo, lo que se necesita no es una vuelta al pasado, sino nuevas ideas.

Principales casos e investigaciones sobre corrupción en Odebrecht en 2019

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Desde que comenzó en Brasil con la “Operación Lavado de Autos” (“Operação Lava Jato”) en 2014, el escándalo de corrupción en Odebrecht ha ocupado los titulares en toda Latinoamérica. Presidentes, legisladores y grandes empresarios han sido acusados y encarcelados en toda la región. En este informe, InSight Crime presenta un resumen de las investigaciones o juicios contra prominentes personalidades en América Latina y el Caribe.
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México México ha sido lento en lo que tiene que ver con el escándalo de Odebrecht. El único nombre importante que ha surgido en las investigaciones sobre el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica ha sido el de Emilio Lozoya Austin. El expresidente de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto es acusado de dirigir un esquema de corrupción mediante empresas fantasma entre 2012 y 2016. Además, la fiscalía mexicana cree que Lozoya Austin utilizó los jugosos sobornos recibidos de Odebrecht para financiar las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluida la de Peña Nieto. Muchos mexicanos creen que la ausencia de rendición de cuentas y de juicios por parte del gobierno federal fue una manera utilizada por la administración anterior y la actual para proteger a quienes estaban involucrados con Odebrecht.  En un país con altos niveles de impunidad, falta ver si este caso conducirá eventualmente a investigaciones más amplias. En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que la investigación sobre Odebrecht continuaría, por lo que es posible que pronto comiencen otras investigaciones. República Dominicana Las audiencias preliminares sobre Odebrecht han ocupado los titulares en República Dominicana en las últimas semanas. Con una corrupción rampante, el país caribeño investiga actualmente a siete personas que al parecer recibieron más de US$92 millones en sobornos de la gigante constructora brasileña. Dos nombres que sobresalen en las investigaciones son el actual senador Tommy Galán y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Ambos son miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que se está preparando para las elecciones presidenciales de 2020.  Una sentencia de culpabilidad podría empañar la imagen del partido y obstaculizar sus posibilidades de continuar en el poder, pues el actual presidente, Danilo Medina, también es miembro del PLD. El Salvador El expresidente Mauricio Funes está siendo investigado por la presunta malversación de US$351 millones. Se sospecha que Odebrecht le pagó entre US$1 y 3 millones al exmandatario durante la campaña presidencial de 2009. Funes, presidente del país entre 2009 y 2014, también enfrenta una investigación judicial por supuestamente comprar diputados con el fin de obtener votos favorables en la Asamblea Legislativa durante su presidencia. El expresidente tiene cuatro órdenes de captura en su contra por casos de corrupción. Actualmente reside en Nicaragua, protegido por el asilo político otorgado por el presidente Daniel Ortega. Sin embargo, el portavoz del presidente electo Nayib Bukele anunció que el gobierno comenzará a hablar con Nicaragua para exigir la deportación de Funes. Guatemala La investigación que actualmente adelanta Guatemala sobre Odebrecht se centra en el exministro de Infraestructura Alejandro Sinibaldi, quien se encuentra prófugo. La Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sostienen que Sinibaldi dirigió una estructura criminal dentro del Ministerio de Comunicaciones. Sinibaldi tiene una orden de allanamiento de Interpol, y otras ocho personas estrechamente relacionadas con él están siendo buscadas por las autoridades, entre ellas sus hermanos Álvaro y Luis Rodrigo Sinibaldi. Otra importante figura que está siendo investigada en Guatemala es el excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien fue arrestado en Estados Unidos en enero de 2018. Baldizón es acusado de supuestamente recibir sobornos de funcionarios de Odebrecht para ayudarles a obtener contratos de obras públicas en el país centroamericano. Tras un fallido intento de obtener asilo en Estados Unidos, Baldizón decidió retirar su solicitud y está pendiente de la extradición a Guatemala. En Guatemala se presentó una crisis constitucional después de que el presidente Jimmy Morales decidiera expulsar a la CICIG del país, una medida que generó fuertes reacciones a nivel nacional e internacional. Dada la ausencia de la CICIG, la última audiencia de Sinibaldi y Baldizón fue suspendida y reprogramada para el 27 de febrero de 2019. Falta ver qué impacto tendrá la actual crisis con la CICIG en el futuro del caso.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero Panamá El expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra bajo arresto, y varias personas cercanas a su presidencia, están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht. La fiscalía panameña señala que entre 2009 y 2014, periodo de la presidencia de Martinelli, se asignaron recursos por más de US$96 millones para proyectos de infraestructura, como mejoras viales en Chanis, la ampliación del aeropuerto de Tocumen, la renovación urbana de Curundú, mejoras en la Línea 1 del Metro, y muchas otras. En consecuencia, la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá inició una investigación contra el exministro de Economía Frank de Lima, acusado de recibir por lo menos US$7 millones en pagos indebidos. Otra importante figura que está siendo investiganda actualmente es el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña y de inflar los costos del proyecto de la autopista Arraijan-La Chorrera con fines ilícitos. Colombia En Colombia, Odebrecht pagó al menos US$32,5 millones en sobornos para obtener los contratos de construcción de la autopista Ruta del Sol y otros proyectos de infraestructura. El exsenador Otto Nicolás Bula Bula, quien fue condenado a dos años de prisión por recibir sobornos, ha sido el principal testigo del gobierno para esclarecer el esquema de sobornos. La investigación ha involucrado a varios funcionarios del gobierno durante las administraciones de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, entre ellos el exsenador Bernardo Miguel Elías. El Fiscal General de la nación, Néstor Humberto Martínez, también ha sido objeto de atención recientemente, después de que el auditor Jorge Enrique Pizano revelara grabaciones secretas en las que hablaba de irregularidades contractuales con Martínez, quien en ese momento se desempeñaba como abogado de Corficolombiana, una empresa socia de Odebrecht. Las grabaciones de las conversaciones de Pizano con Martínez salieron a la luz en una entrevista de televisión. Pizano, quien sufría de cáncer y finalmente murió a causa de un ataque cardíaco, proporcionó la entrevista con la condición de que solo se difundiera tras su muerte. El conflicto de intereses de Martínez no se detiene allí. También fue asesor legal de Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia y fundador del conglomerado Grupo Aval, uno de los propietarios de Corficolombiana que, según Reuters, está cooperando actualmente en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ecuador El caso de Odebrecht en Ecuador ilustra una elaborada estructura de corrupción durante la presidencia de Rafael Correa. Su amigo de infancia, el exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra cumpliendo una pena de prisión por el escándalo de corrupción, ha sido acusado por Luis Mameri, vicepresidente de Odebrecht en Latinoamérica, de aceptar más sobornos de los que se conocieron inicialmente, mediante una empresa llamada Glory International. En septiembre de 2018, la Fiscalía General de Ecuador inició una investigación preliminar contra ocho personas por supuestamente involucrarse con el crimen organizado como parte del esquema de corrupción de Odebrecht. Entre las personas investigadas se encuentra el expresidente Rafael Correa, quien actualmente reside en Bélgica, donde está solicitando asilo político. Además, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera; el exministro del Interior, José Serrano, y el exprocurador general Diego García también están siendo investigados por su papel en el proyecto hidroeléctrico San Francisco. La Fiscalía General de Ecuador anunció recientemente que otras 11 investigaciones preliminares estarían enfocadas en Rafael Correa, Alexis Mera y Jorge Glas. Este anunció concreta los esfuerzos de Ecuador para castigar a los involucrados en este escándalo de corrupción.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre élites y crimen organizado Perú Decir que el escándalo de Odebrecht ha sacudido la clase política de Perú sería poco. María Sokolich, la nueva fiscal general de Perú tras la polémica renuncia de Pedro Chávarry, se encuentra al frente de la investigación sobre algunos de los principales políticos que ocupan o han ocupado los más altos cargos del país. El actual presidente, Martín Vizcarra está siendo investigado por presuntos vínculos entre la empresa de su propiedad y Odebrecht entre 2006 y 2008. Su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, tiene una investigación en su contra —que lo obligó a dimitir en marzo de 2018— por presuntas consultorías que su empresa, Westfield Capital, le ofreció a Odebrecht entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007. El expresidente Alan García, a quien se le negó una solicitud de asilo en Uruguay después de que las acusaciones salieron a la luz, está acusado de recibir sobornos durante la construcción del Metro de Lima. Los otros dos exmandatarios que están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos son Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Se espera que en el mes de marzo el exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, dé una declaración sobre este tema en Brasil. El testimonio de Barata podría conmocionar nuevamente a la nación andina. Recientemente, Odebrecht ha anunciado que cooperará con el gobierno peruano. Sus antiguos ejecutivos en el país serán entrevistados próximamente, lo que puede conducir a nuevas revelaciones.
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Argentina La investigación de Odebrecht en Argentina amenaza a decenas de altos exfuncionarios relacionados con proyectos de obras públicas durante las presidencias de Néstor Carlos Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Las investigaciones más sobresalientes son las de Julio de Vido y Daniel Cameron. Julio de Vido, exministro de Planificación durante la administración de Fernández, se entregó a las autoridades en octubre de 2018. De Vido es acusado de hacer parte del escándalo de “Obras Viales”, que involucra la supuesta malversación de fondos públicos a través de procesos de licitación para obras viales en la provincia de Santa Cruz, así como otros proyectos de infraestructura a su cargo. Por su parte, el exministro de Energía, Daniel Cameron, está siendo investigado como parte de un caso conocido como “Skanska II”, donde las irregularidades en la expansión de los gasoductos en el país se han relacionado con un esquema de corrupción con la colaboración de Odebrecht. Sin embargo, el nivel de corrupción durante las administraciones de los Kirchners es más profundo. Según algunos informes, otros 14 empresarios y cinco exempleados también están siendo investigados por múltiples actividades ilícitas en cooperación con la constructora brasileña. Bolivia La historia de los ventajosos negocios de Bolivia con empresas brasileñas se remonta a 1987, año en el que el entonces ministro de Energía, Carlos Morales Landívar, fue acusado de utilizar su influencia política para favorecer a la empresa brasileña Andrade Gutiérrez. Y ahora Landívar es acusado de haber estado involucrado en 2003 con Camargo Correa —una de las 13 principales empresas en Brasil investigadas en el caso Lavado de Autos— cuando fue ministro de Servicios y Obras Públicas. Sin embargo, los nombres vinculados directamente al caso Odebrecht son Carlos Mesa, expresidente y aspirante presidencial en 2019, y su sucesor, Eduardo Rodríguez Veltzé, exjefe de Estado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ambos están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht durante sus presidencias, entre 2003 y 2006. La investigación en torno a Mesa podría desempeñar un papel crucial en las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre. La eventual condena de Mesa podría allanar el camino para la reelección de Evo Morales. Brasil En Brasil, en los últimos cinco años, más de 77 ejecutivos de la compañía han llegado a acuerdos de culpabilidad, una presidenta fue suspendida de sus funciones, otro expresidente está actualmente en la cárcel, y su sucesor también está siendo investigado como resultado del escándalo de Odebrecht. Este es solo un breve panorama del gran impacto que ha tenido el caso Lavado de Autos en el país más grande de Suramérica. El 6 de febrero, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra actualmente cumpliendo una pena, fue acusado de cargos adicionales que añadirían 13 años más a su condena actual. A Lula se le acusa de recibir dineros ilícitos durante su mandato de 2003 a 2010. Además de Lula, otras personas de su círculo cercano han sido acusadas y arrestadas por corrupción. Una de esas personas, Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados, ha estado en prisión desde 2016. Cunha es acusado de recibir un soborno de US$5 millones. Sin embargo, a pesar de su arresto actual, la fiscalía brasileña ha imputado cargos adicionales en su contra. Por su parte, Aécio Neves, exgobernador y candidato presidencial en 2014, es acusado de haber recibido sobornos a cambio de ofrecer apoyo a legislaciones que favorecían obras que eran del interés de Odebrecht cuando él ejercía como gobernador del estado de Minas Gerais. La investigación en torno a Neves está en curso mientras él mantiene una curul en el senado en representación de Minas Gerais. Por último, el expresidente Michel Temer (2016-2018) ha llamado la atención de los titulares, pues la policía federal de Brasil ha solicitado que se le impute por soborno y lavado de capitales. Según los funcionarios, mientras fue vicepresidente en 2014, Temer y su Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB) recibieron más de US$2 millones de Odebrecht. Ahora que Sérgio Moro, quien estuvo encargado de liderar la investigación Lavado de Autos, es el nuevo ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, la atención se centrará en la nueva legislación que ha propuesto para combatir la corrupción.

Nuevo libro devela fallas en seguridad en frontera Ecuador-Colombia

El mediático secuestro y homicidio de tres empleados de la prensa en marzo de 2018 fue un momento histórico para Ecuador, y vuelve a llamar la atención sobre la violencia generada por los grupos ex-FARC mafia de Colombia que operan a lo largo de la frontera. Pero casi un año después, persisten las dudas e interrogantes sobre la versión oficial de los hechos y las medidas que en ese momento tomaron las autoridades. En su nuevo libro, “Rehenes”, Arturo Torres y María Belén Arroyo se preguntan cómo y por qué se ejecutó a los tres secuestrados. El reportaje requirió un exhaustivo trabajo de investigación en Ecuador y Colombia, que ofrece una mirada reveladora de la realidad sobre el terreno en esta región fronteriza estratégica. Cuando el grupo disidente de las en su mayoría desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocido como el Frente Óliver Sinisterra (FOS), al mando de Walter Patricio Arízala, alias “Guacho”, lanzó una serie de ataques contra las fuerzas de seguridad de Ecuador, los periodistas de El Comercio decidieron investigar uno de esos ataques en la población de Mataje. En un punto de su trayecto, los periodistas fueron tomados por un grupo de miembros del frente Óliver Sinisterra en Ecuador, y posteriormente fueron llevados al otro lado de la frontera, en Colombia, según el libro.

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Cuando se hizo público el secuestro, los gobiernos de Colombia y Ecuador acordaron suspender los operativos militares contra el frente Óliver Sinisterra para proteger las vidas de los periodistas. Pero esta investigación develó varias fuentes que identificaron operativos conjuntos secretos realizados en ese periodo. Fuerzas especiales de la policía de Colombia supuestamente fueron desplegadas a Ecuador y atacaron al frente Óliver Sinisterra en Colombia. Es más, una entrevista con un integrante en prisión de ese frente Jesús Vargas Cuajiboy, alias “Reinel”, reveló nueva información sobre las muertes de los empleados de El Comercio. Reinel era el responsable de la vigilancia permanente a los rehenes cuando se movilizaban, y aseguró que la ex-FARC pretendía liberarlos dos días después. Sin embargo, la persistencia de los operativos militares puso nervioso al jefe del frente, el ecuatoriano Walter Arizala Vernaza, alias “Guacho”. Al final, Guacho concluyó que era demasiado riesgoso mantener a los periodistas con vida. La investigación reveló que los rehenes fueron asesinados el 7 de abril, cinco días antes de la fecha en la que se dijo que habían muerto los rehenes.

Análisis de InSight Crime

Los asesinatos de El Comercio muestran la falta de preparación del gobierno ecuatoriano para enfrentar la expansión de los grupos ex-FARC mafia, que se filtró al norte de Ecuador luego del acuerdo de paz firmado por el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC en 2016. No fue hasta que estalló la violencia a comienzos de 2018 que el gobierno ecuatoriano tomó medidas para remediar la falta de seguridad a lo largo de su frontera, con un rápido respaldo a la cooperación en seguridad con Colombia con el fin de reforzar el pie de fuerza en la zona, y sentar las bases para mejorar el intercambio de inteligencia y los operativos conjuntos. Esto también allanó el camino para los operativos clandestinos que exponen Torres y Arroyo. Con mejoras visibles en la cooperación bilateral en materia de seguridad entre Ecuador y Colombia, los días de Guacho siempre estuvieron contados. Un operativo conjunto de seguridad en diciembre de 2018 abrió finalmente el espacio para que las autoridades colombianas lo localizaran y le quitaran la vida.

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Aunque estas acciones militares impactaron al frente Óliver Sinisterra y estaban diseñadas para afrontar la crisis en la frontera norte, Torres y Arroyo concluyen en su libro que esos operativos no son con mucho suficientes para asegurar esa estratégica región. De hecho, aunque el frente Óliver Sinisterra acaparó gran parte de la atención pública, no son la única organización criminal que opera en la frontera Colombia-Ecuador. Torres y Arroyo señalaron la presencia de otros grupos, como La Constru y Los Comuneros, con operaciones en el nordeste de Ecuador. La Constru es una red narcotraficante, cuyas raíces se extienden a los contrainsurgentes paramilitares desmovilizados en Colombia, que durante largo tiempo han operado en la frontera, en el departamento de Putumayo, suroeste colombiano. Informes de inteligencia de la policía a los que InSight Crime tuvo acceso indican que el grupo criminal ahora trabaja con Pedro Oberman Goyes Cortés, alias “Sinaloa”, cabecilla de una red de ex-FARC mafia en rápida expansión. Las fuerzas de seguridad creen que “Sinaloa” cruzó la frontera hacia Ecuador, y su grupo fue acusado de un violento ataque contra agentes antinarcóticos en la provincia de Sucumbíos en enero de este año. Algunas fuentes dentro de las fuerzas de seguridad de Ecuador dicen que Los Comuneros son una organización conformada por milicianos entrenados por las FARC, que han creado redes de extorsión y secuestro. Según la investigación de Torres y Arroyo, el grupo se está expandiendo a los municipios del sur de Colombia. Estas otras organizaciones criminales han logrado mantenerse a la sombra y extender su control de las economías ilegales, mientras que las autoridades se centraban en Guacho y en su grupo de ex-FARC mafia. El interés en Guacho y en la frontera noroeste también tuvo otro efecto; agentes antinarcóticos ecuatorianos declararon a InSight Crime que las rutas de droga están migrando hacia el este y se han reubicado en las provincias de Sucumbíos y Carchi para escapar de la presión a lo largo de la frontera noroeste.

Agresivos esfuerzos de erradicación de coca amenazan proyectos de sustitución voluntaria en Colombia

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El despliegue del ambicioso programa de erradicación forzada de cultivos ilícitos del nuevo gobierno de Colombia se suma a una serie de acciones que han multiplicado los temores por el futuro de un accidentado programa de sustitución de cultivos ilícitos conocido como PNIS, en el que ya están inscritas más de 100.000 familias. En medio de una grave crisis en la implementación del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), una de las principales estrategias para abordar la oferta de drogas ilícitas acordada en los diálogos de paz con las exguerrilla de las FARC, el nuevo gobierno de Colombia comenzó a implementar su nuevo plan de erradicación de coca, que aumentó en un 43 por ciento la meta anual a 100.000 hectáreas. Las cifras sobre coca publicadas a mediados del año pasado señalan que Colombia actualmente cuenta con cerca de 200.000 hectáreas de coca, una cifra que alcanzó su pico durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos luego de que tuviera una marcada tendencia a la baja desde 2007. El programa de erradicación de cultivos de uso ilícitos cuenta con dos estrategias, la de erradicación forzada y la de sustitución voluntaria. Así, el gobierno espera que la erradicación de 80.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito se realice a través de acciones del Ejército y la Policía Antinarcóticos, y las demás con programas de sustitución, principalmente el PNIS. Además de la transferencia de dinero (poco más de US$600 bimensuales) que recibirían las familias inscritas, este proyecto contempla varios programas de asistencia y seguridad alimentaria, el desarrollo de infraestructura social (salud, electrificación y conectividad) y la conservación de áreas protegidas. Según un informe de la ONU, a diciembre de 2018 había más 100.000 familias inscritas en el programa, que en un 90 por ciento cumplieron con quitar los cultivos, y erradicaron al menos 32.000 hectáreas de coca.

 VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre paz con las FARC

Sin embargo, poco después de que Duque se posesionara en agosto de 2018, los pagos a las familias inscritas al PNIS fueron suspendidos, en algunos casos hasta durante cuatro meses. Una parte importante de la plataforma política de Duque radicó en la modificación de los acuerdos de paz alcanzados entre la exguerrilla de las FARC y el gobierno de Santos, los cuales fueron rechazados por los colombianos en un plebiscito y luego fueron decretados por el entonces presidente. En el mismo mes de agosto, frente a las declaraciones de su nuevo ministro de Defensa en cuanto a que toda la erradicación sería obligatoria y sobre la posibilidad de retornar a la erradicación aérea con glifosato (que había sido suspendida durante el gobierno de Santos por sus graves implicaciones), diferentes organizaciones campesinas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) radicaron una carta pública en la que pedían al presidente mantener los programas de sustitución voluntaria que se habían acordado. Desde su llegada al poder, Iván Duque casi duplicó la cantidad de hectáreas erradicadas al día y superó la meta de erradicación de 65.000 hectáreas (incluyendo sustituidas) del gobierno de Santos. En el Presupuesto General de la Nacional para 2019, presentado por el presidente al Congreso, el gobierno anunció un recorte de unos US$140 millones para los temas de enfoque territorial incluidos con el acuerdo, que comprenden instituciones como la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio, al tiempo que anunció un aumento del 53 por ciento al gasto de defensa. Se calcula que durante los próximos 15 años el costo de la implementación del acuerdo de paz con las FARC en Colombia podría ascender a unos US$40.000 millones. El costo de implementar el PNIS podría alcanzar los US$1.300 millones.

Análisis de InSight Crime

Si bien es cierto que, como Duque y otros de sus altos funcionarios  han señalado, su gobierno heredó un proceso con fragilidad en los recursos y complejidades institucionales, –y otras “papas calientes” de crimen organizado– la posible falta de voluntad del nuevo gobierno para implementar los proyectos de sustitución amenaza con poner fin a un proceso que ya estaba sobre la cuerda floja. Los pocos PNIS que avanzan lo hacen con lentitud y tropiezos. Además de la llegada de la Fuerza Pública para erradicar a la fuerza lo que las familia harían de manera voluntaria, algunos de los problemas más recurrentes identificados por líderes comunitarios durante una Audiencia Pública en diciembre en el Congreso estuvieron relacionados con el incumplimiento en los pagos y la ausencia de asistencia técnica. A este clima de inestabilidad se suma el recrudecimiento de asesinatos contra los líderes sociales que apoyan estas iniciativas de sustitución voluntaria. La tasa de homicidio en las zonas de incidencia de erradicación voluntaria en Octubre de 2018 casi se duplicó con relación al mismo período del año anterior. El incumplimiento en la implementación de programas como el PNIS no solo incentiva a las familias inscritas a retornar a la plantación de coca como forma de subsistencia y puede aumentar la cantidad de cultivos, sino que también ha aumentado los niveles de violencia y la vulnerabilidad de los locales a ser reclutados por actores criminales y a ser víctimas de enfrentamientos o ataques –que se agudiza con el redoble en el enfoque militar–. En otras partes del país se han presentado denuncias de presiones para volver a la plantación de coca por parte de grupos criminales, como las disidencias de las FARC en Guaviare. Durante un Consejo Extraordinario de Seguridad que se realizó en enero, el alcalde de Tibú, el segundo municipio con más hectáreas sembradas de coca en el país, aprovechó para referirse al presidente Iván Duque, quien encabezaba la reunión. “Preocupa para algunos el hecho de que se interrumpa el proceso del PNIS. Sabemos que la erradicación forzada es un tema en la agenda (…), pero esperamos que no se dé sin que antes se hayan agotado todos los trámites de sustitución que tenemos”. “Hay un temor por el recrudecimiento del conflicto en el territorio”, agregó. Pero la confianza de las comunidades en algunos de los municipios históricamente más afectados por el conflicto no es lo único que está en riesgo. En el panorama actual, la comunidad internacional, el sector empresarial y la sociedad civil también podrían estar cuestionándose su disposición para continuar invirtiendo en el proceso.