Política de drogas en Colombia: Un vehículo estancado

Un nuevo informe revela que las estrategias para reducir el consumo de drogas en Colombia no han sido eficientes, entretanto, el negocio del microtráfico saca ventaja de esta situación y aumenta sus clientes. El pasado 11 de febrero, el grupo de Acciones para el Cambio, conformado por 10 organizaciones del país, publicó un documento titulado: La experiencia de Colombia en materia de política de drogas en la última década, en donde realiza una evaluación detallada de los avances del país sobre las metas trazadas en los últimos 10 años y formula unas recomendaciones para el Gobierno Nacional. Según señala el informe: “El balance general muestra que aunque la política de drogas ha consumido más de 20 billones de pesos colombianos (US$6.400 millones), los problemas de gobernabilidad y construcción de Estado, así como las respuestas adecuadas al consumo, siguen siendo una deuda pendiente”. De acuerdo al Ministerio de Salud y Protección social, la evolución del consumo por año de sustancias ilícitas en Colombia aumentó de 1,6 por ciento en 1996 a 2,7 por ciento en 2008 y a 3,6 por ciento en 2013 (último registro de este estudio). Ante estas alarmantes cifras, el documento hace un llamado de atención al nuevo enfoque propuesto por el actual gobierno, el cual parece estar tomando un camino diferente al que se venía trabajando en la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En ese sentido, se advierte una transición de lo pactado en La Habana, donde el consumo debía ser considerado como asunto de salud pública bajo un enfoque de derechos humanos, hacia una política que endurece la respuesta del Estado frente al consumidor. Dicha transición, refleja la discontinuidad de una política sólida en contra del consumo de drogas y un distanciamiento de los lineamientos propuestos por Naciones Unidas.

Análisis de InSight Crime

A nivel internacional Colombia es identificado como un país productor en términos de drogas ilícitas, sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) subraya que el país pasó en los últimos siete años pasó a ocupar el cuarto puesto en Suramérica en consumo de cocaína y marihuana. Colombia ha visto una transformación en la naturaleza de sus actores armados que ha permitido la propagación narcomenudeo en todo el territorio nacional. Pasó de ser un país donde el negocio del narcotráfico estaba monopolizado por los grandes carteles, a tener una fragmentación de organizaciones armadas y democratización en la producción y venta de estupefacientes. La tendencia en el incremento de consumo de drogas ilícitas expuesta en el informe del grupo de Acciones para el Cambio, está directamente relacionado con el aumento de las rentas del narcomenudeo según el DNP. Para el año 2015, el negocio del microtráfico generó 6 billones de pesos colombianos (US$1.900 millones) de ganancias para las estructuras criminales, lo que representa un 0,75 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Para ese mismo año, acerca de 1,5 millones de personas fueron asociadas a la adquisición de sustancias ilícitas. En términos de rentabilidad, producir 1 kg de cocaína en Colombia cuesta aproximadamente entre seis millones de pesos y nueve millones de pesos colombianos (US$2.000 y US$3.000). Este valor aumenta de manera importante en el mercado interno. De acuerdo con el estudio del DNP publicado en 2016, las organizaciones criminales pueden obtener ganancias de más de 1.500 por ciento por vender drogas al menudeo. El narcomenudeo permite bajar la pureza del producto original para aumentar su rendimiento. Otra gran atractiva para los grupos criminales es que el microtráfico evita exponerse a los riesgos del tráfico internacional de estupefacientes.

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Para hacerle cara al creciente consumo que ha presentado el país, la política contra las drogas debería plantear una estrategia integral que incluya los temas de prevención, educación y tratamiento frente al consumo. El nuevo decreto impulsado por el presidente Duque, cuya finalidad es prohibir el porte de dosis personal, se puede quedar corto frente a las dimensiones de esta problemática que van mucho más allá de prohibir el consumo y no enfocarse en los temas de salud pública. *Este artículo fue escrito con la ayuda del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado, de InSight Crime.

Usureros y la creciente diversificación del crimen en México

Un reciente informe señala que algunas de las organizaciones criminales más poderosas de México están controlando redes de prestamistas usureros lideradas por ciudadanos colombianos en todo el país, una prueba más de que estos grupos están buscando nuevos flujos de ingresos fuera de sus fortines tradicionales. Según Excélsior, las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de la Ciudad de México indican que, desde 2015, ocho grupos criminales son los principales protectores de más de 1.500 colombianos que permanecen en el país con visas vencidas y operan redes de prestamistas en la capital y en más de 20 de los 31 estados del país. El informe de Excélsior indica que la Unión de Tepito, la Familia Michoacana y la Fuerza Antiunión son algunos de los grupos locales que les brindan protección a dichas redes, pero también hay organizaciones más grandes que dirigen estas operaciones, como Los Zetas y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).      VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre la extorsión Según Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, los prestamistas utilizan el denominado método “gota a gota”, mediante el cual ofrecen préstamos a altas tasas de interés a los dueños de pequeños negocios y a los vendedores ambulantes, y luego extorsionan a quienes no pueden pagarles. Estas organizaciones ofrecen inicialmente, y de manera verbal, una tasa de interés del 20 por ciento. Sin embargo, esa tasa de interés asciende al 50 por ciento a las cuatro semanas. Si las víctimas no pueden pagar, las amenazan, les roban y a veces incluso las atacan. En algunos casos, se ha identificado a agentes de policía en servicio que también participan en estas redes. En un sector específico de la Ciudad de México detrás del Palacio Nacional, los vendedores ambulantes son a menudo victimizados y obligados a pagar, según el monto del préstamo, entre 1.000 y 2.000 pesos mexicanos al día (entre US$50 y 100), según Excélsior.

Análisis de InSight Crime

Las recientes revelaciones sobre la dinámica de las redes de prestamistas usureros que operan en México son pruebas adicionales de que algunas de las organizaciones criminales más poderosas del país están diversificando sus operaciones y buscando nuevos flujos de ingresos. En primer lugar, esta es una actividad de muy bajo riesgo. Parece que a los grupos criminales de México han desarrollado un gusto por permitir que los colombianos entren al país y se queden para dirigir este tipo de redes, siempre y cuando les den una tajada de las ganancias. Si las autoridades intervienen, pueden demostrar que sus manos están limpias, pues no han extorsionado a nadie directamente.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de México Este no es el único indicio de que los principales actores criminales de México están buscando nuevos flujos de dinero, pues las fuentes de ingresos tradicionales, como el tráfico de marihuana y heroína, han disminuido considerablemente debido a la legalización y a la demanda de los opioides sintéticos. De hecho, aparte de secundar a los usureros, al parecer el CJNG también está apoyando al Cartel del Tabaco, un nuevo grupo conformado a finales de 2017 que presiona a los venteros para que distribuyan cigarrillos de algunas marcas en particular en al menos ocho estados mexicanos. El grupo criminal más prominente del país también pastorea una serie de grupos más pequeños involucrados en el lucrativo negocio del robo de petróleo, una industria multimillonaria que ha desencadenado violentos enfrentamientos entre organizaciones rivales.

Caída de ‘Rodrigo Cadete’ en Colombia, golpe a la red de disidentes FARC

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En un operativo a cargo de las Fuerzas Militares se logró neutralizar a alias Rodrigo Cadete, convirtiéndose así en la baja más sensible que han sufrido las disidencias de las FARC al mando de Gentil Duarte. El presidente Iván Duque Márquez anunció, el 2 de febrero, que Edgar Mesías Salgado Aragón, alias “Rodrigo Cadete”, había fallecido después de un bombardeo orquestado por las fuerzas de seguridad en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, específicamente en un territorio ubicado entre los ríos Camuya y Yarí, en el departamento de Caquetá al sur del país. De acuerdo a declaraciones del Ministro de Defensa, Guillermo Botero: “Cadete estaba reagrupando a antiguos militantes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) para montar un nuevo movimiento y fue ahí donde logramos neutralizarlos. Hace 510 días, Cadete se había declarado como disidente de las FARC.”      VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre la mafia de las ex-FARC Antes de desertar del proceso de paz en el 2017, alias Rodrigo Cadete estuvo concentrado en la vereda La Fila, en el municipio de Icononzo, departamento del Tolima junto con 170 de sus hombres. Su salida, se dio en medio de un desplazamiento entre El Paujil y Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá, en donde emprendió la huida junto con otros hombres armados y tomó la decisión de alinearse con las disidencias que estaba conformando Gentil Duarte en ese entonces. Con esta importante baja por parte de la Fuerza Pública, el gobierno colombiano logra asestar su segundo golpe importante a las disidencias en corto tiempo, después de que en diciembre del año pasado lograran neutralizar a Walter Arizala, alias “Guacho”, quien lideraba el Frente Oliver Sinisterra en el departamento de Nariño.

Análisis de InSight Crime

La caída de Rodrigo Cadete se convierte en el golpe más fuerte que las fuerzas militares han propinado a la poderosa red de disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, lideradas por Gentil Duarte. La importancia de la baja de Cadete radica en el impacto directo que tiene sobre el proyecto de articulación que presuntamente tiene Duarte con varias estructuras disidentes de la guerrilla en el territorio nacional. Este plan tendría el propósito de restablecer la histórica presencia que tuvo la guerrilla de las FARC en varios departamentos del país. Bajo la responsabilidad de Cadete estaba la misión de consolidar y unificar las disidencias en los departamentos sureños de Caquetá y Putumayo.

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Para lograr consolidar este ideal de unificación de las disidencias a lo largo y ancho del país, Duarte designó a mandos altos y experimentados en dicha labor. Dentro de los más destacados está la designación de “Jhon 40” al mando del Frente 33 en el Catatumbo, ubicado en la región fronteriza con Venezuela al noreste del país. Rodrigo Cadete contaba con 39 años de trayectoria guerrillera en donde se destaca su comandancia en el Frente 27 Isaías Pardo Leal, perteneciente al temido Bloque Oriental. Después que abandonara el proceso de paz en el 2017, una fuente de la Defensoría del Pueblo consultada por Insight Crime, comentó que la llegada de Cadete a Caquetá no solamente estuvo acompañada por el fortalecimiento de la disidencia en la zona, sino que también fue elemental en la pelea para asegurar los ríos Caquetá y Caguán, esenciales en el tráfico de armas y drogas con Brasil. Por el lado del departamento del Putumayo, se sabe que Cadete fue enviando como emisario de Gentil Duarte con la finalidad de buscar una alianza con alias “Sinaloa”, quien está al mando del Frente 48. Según El Tiempo, esta asociación no logró concretarse debido al rechazo de Sinaloa, lo que generó una fractura evidente en los planes de asentamiento de la disidencia en el sur del país. Su potencial valor para las disidencias también se medía por su conocimiento del negocio del narcotráfico que adquirió en la antigua guerrilla, cuando Victor Julio Suárez Rojas, alias “Mono Jojoy”, el entonces máximo comandante militar de las FARC lo designara como el enlace con los narcos brasileños y el encargado de la cadena del narcotráfico entre Vichada y Guaviare, después de la muerte del Tomás Medina Caracas, alias “Negro Acacio”, el exjefe del Frente 16, en 2007. Con la caída de Cadete, la red de Gentil Duarte pierde una pieza clave en su proyecto de articular las disidencias en una fuerte red criminal nacional y hasta internacional, y también un posible punto de contacto con narcotraficantes regionales. Reemplazar a Cadete no es una tarea fácil, ya que los excomandantes disidentes de alto rango, experimentados en lo militar y criminal, se hacen cada vez más escasos. Las informaciones sobre su reemplazo apuntan a alias “Cachorro”, segundo al mando de Cadete. Cachorro se había reportado inicialmente como muerto en el mismo ataque del 2 de febrero, pero fuentes de inteligencia militar han confirmado que sigue vivo, según informó BluRadio. *Este artículo fue escrito con la ayuda del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado, de InSight Crime.

Suben homicidios en Medellín luego de años a la baja

Se ha culpado del incremento de los homicidios a ajustes de cuentas entre bandas de los barrios periféricos de la ciudad, pero los cambios en el hampa de la ciudad de Medellín pueden ser los responsables del aumento en el número de cadáveres. En 2018, Medellín tuvo un recuento de 626 homicidios, 7,6 por ciento por encima del año anterior. Las confrontaciones entre grupos criminales fueron responsables de más de la mitad de esas muertes, según informó El Tiempo. Gran parte de la sangre corrió en la Comuna 13, sector en las laderas occidentales de la ciudad que registró el incremento más abrupto en los homicidios, de 48 en 2017 a 91 el año pasado. Bandas de barrio, conocidas como combos, se enfrentaron en las empinadas cuestas que enmarcan la ciudad, buscando controlar las redes de extorsión y de expendio de estupefacientes.

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La segunda ciudad más grande de Colombia llevaba varios años consecutivos registrando descensos en las cifras de homicidios. En 2015, se reportaron 496 homicidios, el número más bajo en décadas. Pero desde entonces las cifras por muerte violenta han ido en aumento. La fiscal nacional contra el crimen organizado Claudia Carrasquilla afirmó que los homicidios en Medellín se dispararon debido a la captura de los cabecillas de la Oficina de Envigado, coalición que controla la mayoría de actividades delictivas en la ciudad. “[Estas] han generado un reajuste en las distintas organizaciones por control de territorio”, explicó Carrasquilla en entrevista con El Tiempo.

Análisis de InSight Crime

Aunque los combos fueron los responsables de la racha de homicidios ocurridos en 2018 en Medellín, los conflictos entre ellos se agravaron por las armas y drogas entregadas por facciones de la poderosa Oficina de Envigado. La “Oficina”, como se la conoce localmente, ha perdido dirección por cuenta de la fragmentación y ha dejado de operar como una entidad jerárquica; ahora tiene varios jefes, con alianzas cambiables y facciones distintas, que muchas veces entran en conflicto y se apoyan en grupos criminales externos. Los homicidios en Medellín han presentado bajas sustanciales en las tres décadas que han pasado desde que los carteles de las drogas, los paramilitares de derecha, las guerrillas de izquierda y otros grupos criminales libraron cruentas guerras en las calles, que le valieron a la ciudad la reputación de la más peligrosa del mundo, en los años noventa. Después de esto, la Oficina de Envigado —conglomerado de grupos criminales que fueran cobradores de deudas para Pablo Escobar— subieron al poder. De 2003 a 2008, sus diversas estructuras criminales, que incluían unos 120 combos, quedaron bajo el control de Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna“, quien mantuvo a raya los homicidios. Su captura y posterior extradición, sin embargo, llevó a que la tasa de homicidios en la ciudad se triplicara, con las peleas de diferentes cabecillas por el control de la “Oficina”. La siguiente baja importante en el número de homicidios se dio en medio de una tregua entre las facciones aún en pie de la Oficina de Envigado y Los Urabeños, la organización narcotraficante más poderosa de Colombia, que también había intentado tomarse la ciudad por la fuerza. También la innovación en las estrategias de seguridad pública —tanto por parte del gobierno como de la ciudadanía en general— incidieron en la reducción de la violencia. Pero la tregua nunca llegó cerca de brindar la estabilidad que Don Berna aseguró. Desde entonces, los asesinatos en la ciudad han sido resultado en su mayor parte de los enfrentamientos entre combos —ocasionalmente en nombre de facciones de la Oficina de Envigado, Los Urabeños y otras estructuras criminales, así como operadores independientes.

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Esto es lo que ocurre en la Comuna 13, el sector periférico en las laderas de la ciudad que por años ha sufrido la violencia, pero que también se ha convertido en destino turístico, que atrae visitantes a sus grafitis y escaleras eléctricas al aire libre. Por lo menos cuatro combos en conflicto son responsables de los homicidios en ese sector. Dos de ellos son rivales tradicionales; los otros dos son aliados que terminaron siendo antagonistas. También puede haber otros en medio de esos. Poderosos grupos criminales, la mayoría escindidos de la Oficina de Envigado original, han tratado de intensificar esas disputas, facilitando armas y dinero a los combos con el fin de controlar la frontera oeste de la ciudad, incluyendo la avenida San Juan. La autopista, que conduce al norte de Antioquia y a la región de Urabá, es un corredor estratégico para transportar narcóticos, efectivo y armas. Andrés Tobón, secretario de seguridad de Medellín, en entrevista con InSight Crime comentó que el crimen organizado en la ciudad está en “desorden”, lo que ha motivado los asesinatos. “Hay una ruptura, no solo a nivel local”, añadió Tobón, “sino también en la jerarquía”. Uno de los jefes de la Oficina de Envigado, alias “Ocho”, coincidió en que las capturas han atizado la violencia, y en entrevista con El Tiempo afirmó que los nuevos cabecillas “tienen menos control sobre sus estructuras [criminales]”. Entretanto, los habitantes de la comuna padecen los daños colaterales mientras sigue la matanza. En las dos primeras semanas de enero, hubo 24 homicidios en Medellín, 16 más que el año anterior.

Arrestan a contrabandistas iraníes de oro y platino en Chocó, Colombia

Las autoridades colombianas capturaron a dos iraníes acusados de dirigir operaciones de minería ilegal en el departamento de Chocó y de la exportación ilegal de más de US$50 millones en oro y platino a Canadá y Estados Unidos. Hassan Jalali Bidgoli y Amir Mohit Kermani fueron identificados en una investigación de inteligencia por la policía, que reveló que eran responsables de actividades de minería ilegal en los ríos de Quito y San Juan. Al momento de su captura, presentaron documentos de ciudadanía estadounidense. Los residentes locales del municipio del Medio San Juan fueron reclutados para extraer los minerales, y a varios de ellos los nombraron ejecutivos en una empresa de papel llamada Dragados San Miguel S.A.S. VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Minería ilegal Esa era apenas una de las varias empresas de cartón que usaba la red de contrabandistas de oro. Otra conocida como Vencol aparecía bajo la dirección de un venezolano, Moisés Ortiz Martínez, quien era el encargado de “legalizar” el oro obtenido en Colombia, además de otras propiedades de minería ilegal en Bolivia. Posteriormente, se exportaban los minerales a Canadá y Estados Unidos, bajo el nombre de otra firma con sede en Medellín, de nombre C.I. Tala Legal Trading. Las ganancias de esas exportaciones se enviaban a “bandas criminales en Libia y Estados Unidos”, que no han sido identificadas, según El Tiempo. La policía colombiana informó que la banda pagaba vacunas a Los Urabeños, también conocidos como Clan del Golfo, para que se les permitiera operar en la región. Aunque las capturas se efectuaron en Chocó, el grupo operaba en toda Colombia. Las autoridades han emitido un total de 16 órdenes de captura, algunas de ellas para otros integrantes en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca y Antioquía. El grupo también tenía presencia en Bolivia.

Análisis de InSight Crime

La minería ilegal de oro reviste gran atractivo para extranjeros que vienen a Colombia en búsqueda de sus lucrativas ganancias. No sorprende encontrar esta red en Chocó, pues el departamento representó 39 por ciento de las operaciones de minería ilegal en Colombia en 2017. Si bien el narcotráfico es la actividad ilícita donde más se detiene a foráneos, el oro también ha atraído a criminales internacionales por las ganancias que puede llegar a generar y la facilidad con la que se blanquea. Mientras que un kilogramo de cocaína colombiana llega a valer alrededor de US$40.000 una vez llega a Europa o Estados Unidos, en Colombia un kilogramo de oro puede valer US$42.000 en el mercado legal. VEA TAMBIÉN:  Noticias y perfil de Los Urabeños Lo que llama la atención de estas capturas es la participación de los iraníes. Es mucho más común encontrar capos foráneos de origen brasileño en el negocio de la minería ilegal. Estos se ven atraídos a Colombia por la mayor flexibilidad de las leyes colombianas frente al endurecimiento de las normas en su país de origen, de acuerdo con autoridades colombianas. Si bien, hoy en día los brasileños se cuentan entre los capos extranjeros más comunes en la minería ilegal en Colombia, hasta ahora no se había visto mucho la participación de venezolanos a los altos niveles, sino como obreros en las minas, por no hablar de individuos de origen iraní. Aparte de la mano de obra, la minería ilegal demanda el uso de maquinaria pesada, que causa daños medioambientales irreparables, como se denunció en los casos de los ríos Quito y San Juan. Organizaciones criminales, como los Urabeños y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también se benefician de la industria en general, sacando su tajada por medio de servicios de protección, o impuestos para la entrada de las dragas. * Este artículo se redactó con la ayuda del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado, de InSight Crime.

Crecen Los Caparrapos en Colombia por alianzas con ELN y ex-FARC mafia

Convertidos en uno de los actores criminales más visibles de Colombia por su guerra con Los Urabeños, Los Caparrapos han provocado una reacción de las autoridades en 2019 que les ha valido varias capturas y la pérdida de un arsenal. Pero este versátil grupo criminal ha seguido creciendo mediante alianzas con el ELN y la ex-Farc Mafia para asegurarse un territorio crucial. El 23 de enero, el ejército colombiano decomisó una explotación de minería ilegal en la zona rural de El Bagre, de la cual el grupo extraía más de 20 kilogramos de oro al mes, lo que se traducía en ganancias mensuales superiores a los US$725.000. Solo dos días después, un operativo dentro y en los alrededores del municipio rural de Tarazá terminó con el arresto de 14 integrantes de bandas, incluyendo seis de Los Caparrapos, más la liberación de varios menores de edad que habían sido reclutados por la fuerza. En ese mismo operativo, se incautaron un buen número de armas, entre ellos rifles, revólveres, granadas de mano, más de 1.200 cartuchos de munición y equipo de comunicaciones. Esas acciones ejecutadas por el ejército y la policía fueron una respuesta a una escalada de violencia asociada a Los Caparrapos en la zona del Bajo Cauca, noroeste de Colombia, donde la cifra de desplazados por esa ola de violencia se cuenta por lo menos en 200 personas. El 17 de enero, enfrentamientos entre el grupo criminal Los Urabeños, también conocido como el Clan del Golfo, obligaron a 48 familias a huir de una vereda de Tarazá. Como respuesta, la séptima división del Ejército colombiano envió un destacamento a hacer presencia militar en la zona. Pese a las complicaciones, Los Caparrapos se han seguido fortaleciéndose, principalmente gracias a alianzas estratégicas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la ex-FARC Mafia, disidentes del proceso de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC). En el Bajo Cauca, el grupo ha establecido alianzas con el ELN y con los disidentes del Frente 36 de las FARC, una alianza que le ha permitido contar con poder de fuego adicional para enfrentar a Los Urabeños, que operan solos.

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Los Caparrapos también hicieron un pacto con el antiguo frente 18 de las FARC en el departamento de Córdoba, que brindó al grupo criminal protección adicional para la producción de coca y otras economías ilícitas.

Análisis de InSight Crime

Los Caparrapos se fortalecieron de manera exponencial a lo largo de 2018, cuando intensificaron los enfrentamientos en el Bajo Cauca con Los Urabeños, grupo del cual se escindieron. El grupo ha demostrado agilidad en sus cambios de alianzas con el ELN y las disidencias de las FARC, que aparecen en un momento en que la violencia arrecia y han provocado una respuesta militar más fuerte, que da al grupo protección adicional en el momento en que la necesitan. Una fuente de la Defensoría del Pueblo de Colombia en Córdoba, que pidió mantener su nombre en reserva, comentó a InSight Crime que “es posible que Los Caparrapos se expandan fuertemente en 2019 y se consoliden como actor importante en el panorama del crimen organizado”. Según la fuente, la alianza con el ELN se hizo clara por primera vez a finales de 2018, cuando se denunció que integrantes de Los Caparrapos combatían junto con hombres que portaban brazaletes del ELN. “Esas alianzas son muy volátiles. Es probable que sean temporales y dependan del reclamo de territorios. Habrán definido qué zonas puede tomar cada grupo”, añadió la fuente. Hace unos 30 años, la conflictiva región del Bajo Cauca fue un bastión del ELN y las FARC, antes de que la presión de los grupos paramilitares de derecha debilitaran su influencia. Ahora es un enclave atractivo para la toma de tierras para grupos como el ELN, gracias de nuevo a la fragmentación de Los Urabeños. Las alianzas con Los Caparrapos buscan sacar el mayor provecho de ese vacío de poder.

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Esto también aumenta la presión sobre Los Urabeños, quienes se encuentran en riesgo creciente de fragmentación, pues grupos disidentes están empezando a transportar narcóticos por su cuenta. El declive del grupo se hizo evidente con la pérdida de poder de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, jefe mayor del grupo que se encuentra fugitivo de las autoridades, y puede estar afectado por problemas renales. Es muy probable que Los Caparrapos sigan acrecentando su poder en 2019, debido a la combinación de su conocimiento operativo y su brutalidad. Se han desplegado cerca de  4.000 efectivos en Antioquia y Córdoba para evitar una mayor expansión del grupo. Pero, según la Defensoría del Pueblo, “la falta de acopio de inteligencia y no saber quién es el enemigo, implica que los soldados puedan tener no más que un leve efecto disuasor”.

Ecuador es advertido sobre posible ataque fronterizo del ELN

Las fuerzas de seguridad de Ecuador están en máxima alerta después de recibir informes según los cuales los guerrilleros del ELN de Colombia estarían planeando un ataque transfronterizo, lo que llama la atención sobre el que hasta ahora ha sido un importante punto ciego en la estrategia de seguridad fronteriza de Ecuador. Las fuerzas de seguridad de Colombia han emitido una alerta para sus homólogos ecuatorianos, a la que InSight Crime tuvo acceso, según la cual el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría planeando un ataque contra el ejército o la policía en la región fronteriza. El informe identifica instalaciones y unidades en los municipios de Mira en la provincia de Carchi y San Lorenzo en Esmeraldas, como posibles objetivos. Aunque la advertencia no menciona los motivos del ataque, un alto funcionario de la policía ecuatoriana, quien habló bajo condición de anonimato, le dijo a InSight Crime que el posible ataque estaría motivado por razones políticas más que estratégicas. Según el funcionario, el ELN puede estar buscando tomar represalias contra el gobierno ecuatoriano por expulsar del país a los líderes guerrilleros, después de haberse negado a continuar ser garante de las conversaciones de paz entre el ELN y el gobierno colombiano el año pasado. La fuente agregó que la guerrilla también podría estar enviando un mensaje por el apoyo de Ecuador a Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana que se ha declarado presidente interino, dado que se cree que los guerrilleros tienen vínculos con el actual líder de Venezuela, Nicolás Maduro.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil del ELN La presencia armada del ELN en Ecuador aún no se ha podido verificar, pero, según informes de inteligencia a los que InSight Crime tuvo acceso, la Compañía José Luis Cabrera es una facción guerrillera que opera justo al oeste del importante cruce fronterizo entre Ipiales y Tulcán. La compañía hace parte del Frente Comuneros del Sur, que es un actor importante en la guerra por controlar las economías criminales en el departamento colombiano de Nariño, ubicado en la frontera. Además, el funcionario de policía informó que, mientras que el ELN se encontraba en Ecuador para adelantar las conversaciones de paz, también buscó activamente construir una red de apoyo dentro del país. Según el funcionario, los guerrilleros establecieron contactos con altos funcionarios del gobierno nacional, así como con líderes políticos y comunitarios en la región fronteriza. Si bien las autoridades creen que su principal objetivo era establecer vínculos políticos, también les preocupa que los guerrilleros pudieran haber estado buscando establecer redes de apoyo logístico y cadenas de suministro.

Análisis de InSight Crime

Un ataque contra las fuerzas de seguridad ecuatorianas sería una medida muy riesgosa para el ELN. La última figura criminal que realizó grandes ataques en Ecuador fue Walter Patricio Arízala Vernaza, alias “Guacho”, quien dirigía un grupo de exguerrilleros disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Guacho fue muerto en diciembre de 2018, después de que su ataque contra la policía, el ejército y periodistas en Ecuador llevara a Colombia y Ecuador a mejorar drásticamente la cooperación bilateral en materia de seguridad y a que se unieran para ir tras el excombatiente guerrillero.       VEA TAMBIÉN: Noticias del crimen organizado en Ecuador Dado que el gobierno colombiano está buscando asestar un duro golpe al ELN después del ataque con carrobomba contra instalaciones policiales en Bogotá a mediados de enero, tras el cual resultaron muertas 21 personas, un ataque del ELN en Ecuador probablemente provocaría un asalto transfronterizo similar. Sin embargo, las fuentes en Ecuador expresan una preocupación adicional: que el ELN buscará acrecentar los cimientos que establecieron durante las conversaciones de paz para utilizar a Ecuador como retaguardia, centro logístico y cadena de suministro. Esto también podría aumentar sus ingresos criminales, ya que les permitiría controlar los flujos a través de uno de los principales corredores de tráfico de cocaína fuera de Colombia, donde la minería de oro ilegal está en aumento. Si bien no está clara cuál es la estrategia fronteriza del ELN, las alertas de un ataque son una advertencia para las autoridades ecuatorianas: al centrar su atención casi exclusivamente en la mafia ex-FARC, han generado oportunidades para el ELN.

Boom de cocaína en Colombia motivaría aumento de decomisos en Europa

Los decomisos de cocaína en dos de los puertos más grandes y con mayor tráfico de Europa aumentaron más de 25 por ciento en el último año, lo que subraya el posible impacto por fuera de Latinoamérica del incremento de la producción global de cocaína, de Colombia principalmente. Las autoridades de los Países Bajos, en el puerto de Rotterdam, y de Bélgica, en el puerto de Amberes, incautaron más de 73 toneladas de cocaína en 2018, casi 35 por ciento por encima de las 54 toneladas incautadas en los dos puertos el año anterior, según informó la Het Parool, la Policía Neerlandesa, con sede en Amsterdam. Los decomisos de cocaína en estos dos puertos han presentado un aumento de más de 25 por ciento en los últimos años. En 2013, por ejemplo, las autoridades belgas decomisaron poco más de cuatro toneladas en el puerto de Amberes, según el diario neerlandés De Volkskrant. El número de laboratorios desmantelados para el procesamiento de cocaína también se cuadruplicó entre 2016 y 2018, de apenas cinco a 21 en el último año, según la Het Parool.

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Luego de que los narcóticos llegan a los dos puertos de Europa occidental, tanto los Países Bajos como Bélgica sirven de países de tránsito para la cocaína destinada al Reino Unido, Escandinavia en el norte de Europa, y otras partes del continente, y el resto del mundo. “El efecto de este tráfico internacional [de drogas] es cada vez más tangible en Europa y especialmente en los Países Bajos”, afirmó la jefa de policía de Países Bajos Jannine Van den Berg. La solidez de la infraestructura y el acceso a dos importantes sistemas fluviales convierten estos dos puertos en plataformas ideales para los traficantes. Por su parte, el puerto de Rotterdam termina en un cuello de botella. Todo el tráfico debe ingresar y salir por la misma vía, lo que facilita la vigilancia de las autoridades, mientras que el puerto de Amberes en Bélgica, uno de los más grandes del mundo, es más atractivo para los traficantes. Sin embargo, se comenta que los puertos Rotterdam y Amberes han tenido dificultados para combatir la corrupción —algo que también se ha enfrentado en países de toda Latinoamérica— lo que permite que el flujo de cargamentos de narcóticos pase sin ser detectado, como lo declaró la jefa de policía Van den Berg. Los riesgos son altos, pero empleados corruptos del puerto de Amberes, en Bélgica, pueden ganar entre 75.000 y 125.000 euros (entre US$85.000 y US$142.000) por cargamento que ayuden a pasar sin problemas, según publicó De Volkskrant.

Análisis de InSight Crime

El alza en los decomisos de cocaína en el último año en dos de los puertos más importantes de Europa constituye una evidencia más de que el incremento de la producción global de cocaína —principalmente en Colombia, mayor productor mundial del alcaloide, pero también en Bolivia y Perú— tiene repercusiones globales en países de tránsito y consumidores. El boom de la producción de cocaína en Colombia ha afectado el flujo de narcóticos y exacerbado el crimen organizado en varios países de la región. Los países de transbordo de la cocaína colombiana están adquiriendo una participación más relevante y transnacional en el tráfico internacional de la droga. Las autoridades de Panamá, por ejemplo, decomisaron un récord de 84 toneladas de narcóticos en 2017, de los cuales la mayoría era cocaína. Los grupos criminales colombianos también tienen más producto en reserva que nunca antes, y están buscando nuevos mercados lucrativos en Europa y Asia. La policía europea afirma que el continente está “inundado” de cocaína, debido al récord de producción en Colombia.

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Europa es probablemente muy atractiva [para los grupos narcotraficantes colombianos] porque es un mercado en crecimiento, los precios en las calles son más elevados que en Estados Unidos, y no tienen que tratar con intermediarios mexicanos”, reflexionaba Adam Isacson, investigador asociado sénior del centro de pensamiento Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en un mensaje de correo electrónico dirigido a InSight Crime. Varios grupos criminales de Colombia, incluyendo los Urabeños, casi exterminados, y grupos de las ex-FARC Mafia —redes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— se han visto implicadas en decomisos anteriores de cargamentos de cocaína rumbo a Europa. Sin embargo, sus secuaces europeos no parecen estar procesando pasta de coca para transformarla en clorhidrato de cocaína (HCl), lo que constituiría una evolución importante en su modus operandi. En lugar de eso, el producto ya procesado puede estar pulverizándose en plantas procesadoras de Bélgica o Países Bajos. La cocaína procesada aparece en diferentes formas, camuflada en líquidos, ropa y otras mercancías, que pueden contrabandearse con mayor facilidad que la droga en su forma final. *Este artículo se redactó con la colaboración del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado de InSight Crime.

Ataque con carro bomba en Colombia muestra interés del ELN por las ciudades

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El ELN asumió la responsabilidad del atentado con un carro bomba ocurrido hace una semana en Bogotá, lo cual no solo marcó el fin de las conversaciones de paz con el Gobierno de Colombia, sino que además mostró el notable fortalecimiento de este grupo guerrillero en los últimos dos años. La pregunta es: ¿qué implicaciones tiene este hecho en la reconfiguración del grupo irregular? En un comunicado publicado el lunes 21 de enero en su portal Voces, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó su autoría en el ataque del pasado jueves 17 de enero a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander en Bogotá, que dejó 21 muertos y 80 heridos. “La operación realizada contra dichas instalaciones y tropas (La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional), es lícita dentro del derecho de la guerra”, dice el pronunciamiento de esta guerrilla, a la vez que sostiene que es una “respuesta en legítima defensa” a los ataques del Gobierno. La aceptación de la responsabilidad del hecho terrorista viene a confirmar los hallazgos y sospechas de las autoridades colombianas desde el inicio de las investigaciones, cuando señalaron a este grupo guerrillero como autor material e intelectual del hecho, luego de identificar el cadáver conductor del automóvil explosivo como José Aldemar Rojas Rodríguez, alias “Mocho” o “Kiko”, quien de acuerdo con información ofrecida en rueda de prensa por la Fiscalía General, pertenecía a las filas del ELN.

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Al conocer los primeros resultados de las investigaciones, basados principalmente en la identidad del autor material, el presidente Iván Duque hizo público el fin de las conversaciones de paz con el ELN, y pidió activar las órdenes de captura de los 10 integrantes del ELN que forman parte de las negociaciones de paz realizadas en Cuba y de los miembros del Comando Central (COCE), estructura de mando principal del ELN. Sin embargo, desde la mesa de diálogos en Cuba Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”, jefe negociador y miembro del COCE, admitió que no tenían conocimiento sobre el atentado o sobre el modo de operación que se utilizó. Lo que puso evidencia posibles diferencias o distanciamientos entres las distintas facciones que componen esta guerrilla sobre el procesos de paz.

Análisis de InSight Crime

La magnitud del atentado ocurrido en Bogotá desnuda los posibles desacuerdos al interior del ELN sobre los diálogos de paz y deja muy claro el fortalecimiento que ha tenido el ELN desde que las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron su proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil a finales de 2016. De hecho, el ELN se ha convertido en el actor criminal más importante del país, ocupando territorios controlados anteriormente por las FARC y aumentando su participación dentro del narcotráfico y otros negocios ilícitos. Además el reciente atentado no solo da luces sobre el poderío militar y económico que ha logrado el ELN. Esta acción ofrece un panorama sobre la aplicación de algunos lineamientos que se definieron en los dos últimos congresos del ELN, como es llevar a las ciudades su histórica disputa. Esto significa que los centros urbanos vuelven a cobrar un valor estratégico para el ELN, retomando lo definido en el Cuarto congreso del ELN, en 2006 y ratificado en el Quinto congreso, en 2015, donde este grupo ilegal identificaba las ciudades como centros de las principales discusiones políticas del país. “Nos entendemos parte de un proceso de construcción del ELN, que mira de forma integral la ciudad región y los espacios urbanos, suburbanos y rurales, desde las definiciones del V Congreso… El FGUN (Frente de Guerra Urbano Nacional) continuará atendiendo las 10 ciudades que trae: Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali, Popayán, Neiva”, dice el documento del Quinto congreso al que tuvo acceso InSight Crime. Ante la falta de resultados en el proceso de paz, pudiera estarse dando también un avance en implementación militar de “la lucha armada revolucionaria e insurgencia popular”, que el ELN definió en su Quinto congreso. Los ataques a dependencias policiales en Bogotá (2019) y a Barranquilla (2018) podrían ser un ejemplo de esta estrategia. En este contexto cobra importancia la figura de Gustavo Aníbal Giraldo, alias “Pablito”, siendo el responsable militar del ELN dentro del COCE y líder histórico del Frente de Guerra Oriental, desde donde se habría gestado el atentado de Bogotá. Esta acción también podría revelar una articulación más fuerte entre los frentes económicamente más poderosos y el frente urbano. Sin embargo, no deja de lado la continuación de las acciones militares en los principales escenarios de combate en las zonas rurales, donde frentes con amplia capacidad económica y militar como los frentes de guerra Oriental y Occidental mantendrán sus acciones bélicas, según lo confirma Jaime Arias, alias “Uriel”, uno de los comandantes del frente de Guerra Occidental del ELN en audios difundidos por algunos medios.

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El ataque también dejó al descubierto la falta de la cohesión dentro de la guerrilla -ya de por sí fraccionada debido a la estructura federal que utiliza- en torno al proceso de paz. La falta de poder real que tiene el COCE sobre el actuar de los frentes, podría crecer con el fracaso de los diálogos, y resultar en un ELN menos disciplinado en su participación en actividades ilegales. Esto debilitaría la posibilidad que se tiene de reunir a esta guerrilla para futuras y eventuales conversaciones de paz. *Este análisis fue elaborado con información del equipo de investigación de Colombia