Más noticias sobre Los Urabeños

Mujeres y jóvenes de Venezuela, los más reclutados por los grupos irregulares

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El último informe de una ONG venezolana sobre migración muestra un aumento acelerado en la incorporación de venezolanos a organizaciones criminales colombianas. El éxodo masivo de los que huyen de la crisis de Venezuela ha sido aprovechado por grupos irregulares para alimentar sus filas con el reclutamiento forzoso de mujeres y jóvenes. En el informe, elaborado por la Fundación Redes (Fundaredes) se calcula que entre 60 y 70 por ciento de los integrantes de los grupos irregulares colombianos, como Los Rastrojos, son venezolanos entre 16 y 25 años de edad. El estudio que fue elaborado con apoyo de las ONG Paz y Reconciliación (Pares) y Progresar e incluye testimonios de víctimas que fueron interceptadas por estos grupos. Entre ellos el de una mujer venezolana que en julio de 2018 cruzó la frontera junto con varios de sus familiares, quien contó que tuvo que lanzarse de un vehículo en movimiento para no ser sometida por un hombre que les ofreció ayuda y que en el trayecto les “invitó” a sumarse a la guerrilla.

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A mediados de 2018 ya Fundaredes había reportado que más de 15.000 menores venezolanos están al servicio de entre 8 y 12 organizaciones criminales que actúan en la frontera colombo-venezolana. Sin embargo, las cifras de la fundación Ideas para La Paz son más conservadoras. De acuerdo con esta ONG colombiana aproximadamente 300 venezolanos se sumaron al Ejército de Liberación Nacional y unos cinco grupos criminales se aprovechan del la crisis de movilidad humana generada en Venezuela.

Análisis InSight Crime

El reclutamiento de venezolanos en la frontera con Colombia no es nuevo y en el transcurso de 2018 se conocieron diversos casos. Pero el fenómeno está en ascenso y comienza a preocupar a organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que se están ocupando del problema de la migración venezolana. Las autoridades de ambas naciones también manejan algunos datos sobre este reclutamiento. Sin embargo, el informe de Fundaredes es el único documento público que menciona las características de las víctimas del reclutamiento y el porcentaje aproximado de venezolanos que habría sido forzosamente reclutado por estos grupos. En lo que va de 2018 Fundaredes ha documentado más de 250 denuncias de venezolanos que fueron víctimas de los grupos irregulares durante los pasos por las trochas.

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El director de Fundaredes, Javier Tarazona, explicó a InSight Crime que el monitoreo que realizan de la situación desde 2009 les ha permitido ganarse la confianza de los habitantes de la zonas fronterizas y de las disidencias de los grupos guerrilleros: “Hemos tenido acceso a disidentes de estos grupos paramilitares y guerrilleros que nos han informado el proceso de reclutamiento y han sido con quienes hemos podido acceder incluso al proceso de formación y adoctrinamiento de los integrantes de estas agrupaciones,” aseguró Tarazona. La diáspora venezolana cada vez es mayor y la Organización Internacional para las Migraciones reportó en noviembre de 2018 que ya suma tres millones, de los cuales más de un millón están en Colombia. A la par, los grupos irregulares que actúan de manera impune en la frontera colombo-venezolana perfeccionan su modus operandi para incorporar en sus filas a los venezolanos que huyen del hambre.

La caída de la organización narcotraficante más poderosa de Colombia

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Tras los duros golpes propinados por el Gobierno, y con disidencias al interior del grupo y un líder dispuesto a soltar el timón, Los Urabeños enfrentan un futuro aciago, que podría conducir a una violenta reorganización de la criminalidad colombiana. A principios de agosto de este año fue arrestado Carlos Mario Tuberquia Moreno, alias “Nicolás”, uno de los principales jefes de la organización narcotraficante Los Urabeños —golpe que representó una estocada mortal para la dirigencia del grupo—.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Colombia En menos de un año, el principal jefe de Los Urabeños, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, fue testigo de cómo su círculo más cercano fue diezmado por sucesivos arrestos o muertes: primero fue quien se desempeñó como segundo al mando durante mucho tiempo, Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán”; a este le siguieron Manuel Arístides Meza Páez, alias “El Indio”; Daniel Martínez Caraballo, alias “Samuel”, y ahora Nicolás, director financiero del grupo y principal coordinador de las operaciones de narcotráfico, quien además, según El Colombiano, era responsable de liderar las negociaciones con las autoridades para la rendición de Otoniel. Según el mismo medio de noticias, dichas negociaciones se han estancado. Otoniel ha reemplazado a los líderes caídos de Los Urabeños con una generación de lugartenientes jóvenes, según informó El Colombiano el 21 de septiembre. Ello ha dado lugar al surgimiento de Giovanis Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, quien al parecer es el principal responsable de las rutas de tráfico marítimas hacia Estados Unidos y Europa, y de Nelson Darío Hurtado Simanca, alias “Marihuano”, al mando del Bloque Central Urabá y de unos 700 hombres en la subregión del Caribe, además de otros comandantes de bloques regionales, como señala el medio de noticias. Cabecillas de Los Urabeños y presencia del grupo en Colombia actualmente. Cortesía de El Colombiano. El 2 de octubre, Blu Radio confirmó parte de esta redistribución del poder a nivel interno. El canal de noticias afirma que Marihuano era el segundo al mando, seguido por Chiquito Malo. Con base en información de Jorge Luis Vargas Valencia, general de la Policía al frente de las operaciones del Gobierno contra Los Urabeños, Blu Radio informó además sobre el ascenso de Darío Úsuga, alias “Pueblo”, quien es pariente de Otoniel. A diferencia de los líderes caídos, se considera que esta nueva generación es más criminal, alejada de la ideología original de los paramilitares y guerrilleros de Los Urabeños. Los líderes caídos de Los Urabeños representaban una formidable fuente de poder. Según El Colombiano, desde 2013 habían liderado una organización de casi 4.000 hombres en 20 de los 32 departamentos de Colombia, así como células en países como Panamá, Venezuela y España.

El deterioro de las finanzas

La pérdida de los antiguos líderes no es la única lesión que han sufrido Los Urabeños. Dada la constante persecución del Gobierno, el grupo ha perdido grandes cantidades de dinero debido a la incautación de enormes cargamentos de cocaína. Después de tres años de la Operación Agamenón —una ofensiva conjunta entre la Policía y el Ejército llevada a cabo en la subregión de Urabá, fortín tradicional del grupo— Los Urabeños han perdido más de 300 toneladas métricas de cocaína, y cerca de 2.500 de sus integrantes han muerto o han sido capturados. Esto ha afectado directamente la capacidad para pagarles a sus miembros, según lo constató InSight Crime durante las investigaciones de campo. Al darse cuenta de esta decadencia, algunos traficantes independientes han empezado a utilizar las rutas de drogas de Los Urabeños sin la autorización del grupo. Según Semana, esto ha deteriorado aún más las finanzas y la credibilidad de la organización. Y la decisión pública de Otoniel de negociar su entrega con las autoridades, reiterada en septiembre de 2017, después de la muerte de alias Gavilán, es un claro signo de la disminución de su poder.

¿El fin de la era Otoniel?

Los problemas financieros y la decisión del líder de soltar el timón han producido grietas dentro de la organización. Esto se aprecia sobre todo en el norte del departamento de Antioquia, donde una facción disidente denominada “Caparrapos” ha iniciado una abierta confrontación con Los Urabeños. Según Blu Radio, otros miembros de la organización están traficando drogas sin la autorización de Otoniel —una clara señal de que el máximo líder está perdiendo el control—. Otro factor que está potenciando la independencia de las subestructuras de Los Urabeños es la creciente influencia de los grupos mexicanos en Colombia, como lo ha constatado InSight Crime. Dado que los altos mandos de Los Urabeños están atravesando por dificultades financieras, los compradores mexicanos están poniendo dinero en efectivo en las manos de los niveles inferiores, lo que deslegitima aún más el liderazgo de Otoniel y genera roces entre las diferentes unidades. La fragmentación de la red de los Urabeños parece inminente, y algunos ataques localizados recientes permiten prever la violencia que podría desatarse a raíz del fraccionamiento del grupo criminal más poderoso de Colombia actualmente. Es muy probable que Otoniel sea el último líder de la agonizante franquicia de Los Urabeños. * Este artículo fue escrito con la ayuda del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, de InSight Crime.

Ataques a multinacionales en Colombia, síntomas de nueva era criminal

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Una serie de ataques a empresas multinacionales en Colombia podría ser un indicio de que los grupos armados están perdiendo disciplina y aumentando su carácter criminal, en esta nueva era del crimen organizado en el país. El 20 de septiembre, tres geólogos de la multinacional minera Continental Gold fueron asesinados en el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia. Hombres armados, aparentemente de la disidencia del Frente 36 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), atacaron el campamento donde dormían 11 geólogos que desarrollaban actividades de exploración minera en la zona. El ataque dejó tres personas muertas y tres heridas. Surgieron varias hipótesis sobre el hecho. Las autoridades afirmaron que la disidencia del Frente 36 —un grupo de personas que abandonaron el proceso de paz de las FARC y están bajo el mando de Ricardo Abel Ayala, alias “Cabuyo”— realizó el ataque en alianza con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, este último grupo repudió los hechos y afirmó que no tiene presencia en la zona. El grupo criminal Los Urabeños, quienes según varios medios también fueron investigados, negaron ser autores del crimen.

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Dos semanas antes, el 5 de septiembre, Continental Gold había sido blanco de otro ataque en Buriticá, otro municipio de Antioquia donde la compañía canadiense tiene su principal proyecto de minería de oro. Varios sujetos atacaron a dos ingenieros de la Continental Gold, mataron a Óscar Alarcón y lesionaron a su compañero. La policía capturó a cuatro miembros de Los Urabeños por ser los supuestos autores del ataque. Más recientemente, supuestos miembros de Los Urabeños secuestraron a 17 funcionarios de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Zaragoza, Antioquia, según el ejército. De acuerdo con una de las víctimas que habló con El Tiempo, el grupo los mantuvo bajo intimidación durante tres días para extorsionar a la empresa de servicios públicos, que tiene presencia en varios países de la región. El ejército liberó a los funcionarios el 25 de septiembre. Los Urabeños negaron haberlos secuestrados.

Análisis de InSight Crime

Pese a sus diferentes contextos, estos tres casos representan la lucha contra la legalidad — o la explotación de ella — por parte de grupos territoriales que están cada vez más alejados de un liderazgo disciplinado e ideológico. Antioquia ha sido el escenario de un reacomodo de actores criminales después de la desmovilización de las guerrillas de las FARC, cada uno en búsqueda de fortalecer sus ingresos criminales en un departamento donde abunda la coca y la extracción ilegal de oro.

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Empresas legales, tal como Continental Gold y otras entidades poderosas, suponen una amenaza a los ingresos de estos grupos. La entrada de empresas a territorios en conflicto histórico (lo cual se podía suponer iba a ser más fácil con la salida de las FARC) no solamente consume los recursos que nutren a los actores criminales, como el oro, sino que muchas veces trae una mayor atención estatal y presencia de fuerzas de seguridad. Tal fue el caso de Buriticá, donde Los Urabeños perdieron la mayor parte de un botín criminal importante por las acciones de la empresa Continental Gold y las autoridades estatales. Además, la salida de las FARC ha implicado una reformulación del escenario criminal, y que los grupos emergentes, como las disidencias, tengan que reestablecer su dominio territorial. El ataque en Yarumal, además de enviar un mensaje a la multinacional, podría ser un intento del grupo reducido de la disidencia del 36 de demostrar su fortaleza militar y disposición a la violencia. Adicionalmente, la subida de estos mandos guerrilleros disidentes a posiciones de máximos jefes de sus propias estructuras, significan que ya no tienen que responder a una cúpula histórica, y que tienen menos obligación a la disciplina. Paralelo a eso, Los Urabeños también están viendo una atomización al interior del grupo, la captura masiva de capos e importantes incautaciones de droga. Este debilitamiento del mando de la organización y de sus finanzas parece haber resultado en un menor control de la cúpula hacia algunas facciones territoriales, y que estas estén buscando más rentas alternativas como la extorsión. Tras la firma del acuerdo de paz en Colombia, el aumento en la llegada de inversiones y empresas foráneas que algunos esperaban para el país podría estar en riesgo debido al escenario volátil que crean los grupos ilegales que siguen activos, y quienes van a luchar para proteger sus propios intereses. *Este artículo fue escrito con asistencia del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado de InSight Crime.

Ley de Colombia que permite la entrega de grupos criminales llega tarde y con limitaciones

Una nueva ley de Colombia que les permite a los grupos criminales del país someterse a la justicia de manera colectiva podría ser poco efectiva porque la fragmentación de dichos grupos no incentiva a los jefes criminales a persuadir a sus miembros de renunciar a su libertad. La ley, aprobada por el Congreso el 20 de junio, les permite a las organizaciones criminales entregarse colectivamente a las autoridades, a cambio de una reducción del 50 por ciento en sus condenas. Se espera que la legislación sea firmada por el presidente Juan Manuel Santos, quien ha expresado su apoyo a la ley. Para beneficiarse de la ley, los grupos armados deben entregar al Estado una lista de sus miembros, incluyendo pruebas en su contra, dar información sobre sus activos, que por lo tanto podrían ser confiscados, y declarar si hay menores dentro de sus filas. Los grupos también tendrían que proporcionar detalles sobre sus operaciones criminales, incluidas las rutas de la droga y los casos de corrupción, y deben reconocer a sus víctimas y proponer un plan de reparación. La ley establece que se crearán una o más “zonas de reunión”, donde los miembros de los grupos se concentrarán y permanecerán hasta el final del proceso judicial. Su enjuiciamiento se hará según las leyes criminales regulares, pero se llevará a cabo de manera expedita. Asimismo, el gobierno establecerá “condiciones especiales de reclusión” para quienes se acojan a la ley, aunque no está claro en qué consistirán dichas condiciones. En ninguna circunstancia se les otorgará inmunidad frente a la extradición a quienes se acojan a la ley. Y si en los cinco años siguientes a la sentencia inicial una persona es hallada culpable de un acto criminal nuevo o que no fue declarado, perderá el derecho a la reducción del 50 por ciento en su condena. Como parte de la nueva normativa, se pondrá en marcha un programa de reintegración para quienes se acojan a la ley.

Análisis de InSight Crime

La ley parece estar dirigida a Los Urabeños, cuyo máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, ofreció el año pasado entregar su grupo al Gobierno.

(Video del comandante de Los Urabeños, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, agosto de 2017. Cortesía de El Colombiano)

Sin embargo, Otoniel está al frente de una organización cada vez más fragmentada, y es poco probable que sus “tropas” —conformadas en general por jóvenes que tienen poco contacto con los cabecillas— sigan sus pasos en caso de que decida entregarse. En efecto, la ley les ofrecería pocos beneficios reales, dado que el sistema penal ordinario ya ofrece una reducción del 50 por ciento en las penas para aquellos acusados que ofrezcan cooperación. Entonces, ¿a quién beneficiaría esta ley? En primer lugar, a Otoniel, quien es perseguido por el mayor bloque de búsqueda en la historia de Colombia, y gracias a esta ley podría evitar correr el mismo destino que han tenido la mayor parte de sus hombres más cercanos.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Los Urabeños La ley, que está estrechamente relacionada con el reciente proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también podría ser un logro tardío de la administración Santos, que está a pocos días de finalizar. Y en caso de que resulte exitosa, le proporcionaría al Estado el marco necesario para un complejo proceso que previamente ha dado lugar a desastrosos “desarmes” de grupos armados ilegales. Sin embargo, si los altos mandos de Los Urabeños aprovechan esta ley para someterse a la justicia, ello podría acelerar el proceso de fragmentación del grupo en células disidentes. Ante la ausencia de directivas, es posible que estas facciones busquen violentamente tomar el control de los territorios de Los Urabeños.

Con la captura de “Samuel” autoridades en Colombia le pisan los talones al jefe de Los Urabeños

Las autoridades en Colombia capturaron a uno de los últimos jefes que quedaban de Los Urabeños, un golpe devastador para la organización narcotraficante más poderosa del país, el cual avizora que el fin del grupo está cerca. En un operativo militar conjunto el 21 de mayo, las autoridades arrestaron a Daniel Martínez Caraballo, alias “Samuel”, en el municipio de San Jacinto, departamento de Bolívar, al norte del país, según un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República. Según un comunicado de prensa del ejército, Samuel es el presunto sucesor de Manuel Arístides Meza Páez, alias “El Indio”, exjefe financiero de Los Urabeños y jefe de operaciones en diferentes regiones estratégicas. Los organismos de seguridad colombianos dieron de baja a El Indio en marzo de 2018 como parte de una iniciativa de seguridad conjunta conocida como la “Operación Agamenón II” que busca desmontar el grupo criminal.

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Samuel presuntamente comandaba las operaciones de narcotráfico, extorsión y minería ilegal del brazo armado “Erlín Pino Duarte” de Los Urabeños. Según el comunicado del ejército, Samuel también coordinó ataques contra las fuerzas de seguridad colombianas y contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos guerrilleros que quedan en el país. La detención de Samuel es un golpe fuerte a las finanzas de Los Urabeños. Según el anuncio de los militares, el arresto de Samuel afecta hasta el 30 por ciento de los ingresos ilegales del grupo.

Análisis de InSight Crime

La captura de Samuel es un revés más para las ya debilitadas fuerzas de Los Urabeños, y puede ser una señal de que las autoridades se están acercando al cabecilla del grupo, el criminal más buscado de Colombia. En los últimos meses, la cúpula de Los Urabeños ha sido diezmada por las fuerzas de seguridad del gobierno colombiano. A finales de 2017, organismos de seguridad abatieron a Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán”, segundo al mando del grupo. Siguió poco después la captura de Luis Orlando Padierna, alias “Inglaterra”, otro cabecilla de alto rango, y la muerte de El Indio a comienzos de 2018. Esto, en parte, ha llevado al jefe de Los Urabeños Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, a ofrecer entregarse él y su organización. La estrategia oficial parece centrarse ahora no solo en las capturas, sino en cortar las fuentes de financiamiento de Otoniel.

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Aunque Otoniel —el criminal más buscado en Colombia— aún no se entrega, las autoridades dicen que están “estrechando el cerco” a su alrededor después de la reciente captura de Samuel. Ante el reclamo de otros grupos criminales rivales del territorio que Los Urabeños ya no pueden controlar, podrían volver a ponerse sobre la mesa las propuestas anteriores de un posible acuerdo de sometimiento entre el grupo y el gobierno colombiano, a medida que a Otoniel se le agotan las opciones.

La nueva generación de narcotraficantes colombianos post-FARC: “Los Invisibles”

Durante mucho tiempo, el narcotráfico ha permeado el conflicto civil colombiano, ocultándose entre las facciones beligerantes y corrompiéndolas. Ahora que el conflicto civil se ha reducido, y que solo el ELN permanece en el campo de batalla, el tráfico de drogas está mutando nuevamente. Los capos de la droga colombianos se han dado cuenta de que la mejor manera de protegerse no es con un ejército privado, sino con el anonimato. Es por eso que a la cuarta generación de narcotraficantes colombianos la hemos llamado: “Los Invisibles”. En el año 2013 se pregonaba que se había llegado a un punto de inflexión en la guerra contra las drogas en Colombia, dado que la producción de cocaína estaba disminuyendo, a la vez que se estaba desmantelando a las grandes organizaciones de tráfico de drogas (OTD). Estados Unidos y Colombia aplaudían los logros del “Plan Colombia”, y se creía que los mexicanos estarían dirigiendo el contraído comercio de cocaína al por mayor y que sus días estaban contados.

*Este artículo forma parte de una investigación realizada para el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, que es coordinado por la Fundación InSight Crime y la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales (FCPGRI) de la Universidad del Rosario. El levantamiento de la información fue realizado por un equipo multidisciplinario de 12 investigadores, en visitas a más de 146 municipios. 

Este “éxito” fue un espejismo. Hoy en día, el comercio de cocaína en Colombia está más boyante que nunca, la producción ha llegado a niveles récord, y se están explorando nuevos mercados internacionales. Los narcotraficantes colombianos han aprendido que la violencia es contraproducente para el negocio. La nueva generación de traficantes ha aprendido que el anonimato es la mejor protección, que la plata es muchísimo más efectiva que el plomo. Los colombianos le han cedido a los mexicanos el mayor mercado mundial: Estados Unidos. Esto no es señal de debilidad, sino más bien una sabia medida mercantil.           VEA TAMBIÉN: Noticias y Perfiles de Colombia El tráfico de drogas hacia el mercado estadounidense no es un buen negocio. Los traficantes tienen un alto riesgo de ser interceptados y extraditados, y de que se les confisquen sus activos; además, los precios al por mayor oscilan entre US$20.000 y 25.000 por kilo. Los colombianos prefieren poner sus ojos en Europa, donde un kilo de cocaína vale más de US$35.000, o en China (US$50.000) o Australia (US$100.000). Los riesgos allí son menores y las ganancias mayores. Resulta entonces un mejor negocio. Es más probable que los narcotraficantes colombianos de hoy se vistan en Arturo Calle en vez de hacerlo en Armani, que usen zapatos clásicos europeos, en lugar de botas de cocodrilo, que conduzcan un Toyota en vez de un Ferrari, y que vivan en un apartamento de clase media alta, en lugar de habitar una mansión con grifería de oro. Tienen el aspecto de un hombre de negocios respetable. Cuarenta años después de que Pablo Escobar industrializara el tráfico de drogas, ha surgido una nueva generación de narcotraficantes que aprendió de sus padres e incluso de sus abuelos, pero que realiza sus multimillonarios negocios por fuera del radar, para no llamar la atención. Hoy en día es casi imposible separar el dinero sucio de los dineros lícitos, pues durante 50 años se han sofisticado las técnicas de lavado invirtiendo en todos los frentes de la economía colombiana. Los capos de hoy no tocan nunca un kilo de cocaína, y mucho menos una pistola 9 mm chapada en oro. Sus armas son un teléfono móvil encriptado, una variada cartera de negocios establecidos legalmente y un íntimo conocimiento de las finanzas mundiales. Los invisibles conforman la cuarta generación del tráfico de drogas en Colombia.

¿Qué ha generado la reciente evolución del tráfico de drogas en Colombia?

1. El retiro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la escena criminal. 2. El debilitamiento de la última red criminal con alcance nacional, Los Urabeños (también conocidos como el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC). 3. Los golpes a la estructura visible de la Oficina de Envigado. 4. La Pax Mafiosa en Colombia, que ha llevado a que la violencia disminuya, así hayan aumentado la producción de cocaína y otras economías criminales. 5. La débil implementación del acuerdo de paz —que está llevando a que los guerrilleros de las FARC regresen a las economías ilegales— y ha afectado el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 6. Los niveles récord de producción de cocaína. 7. La aparición de una nueva red criminal, la mafia de las ex-FARC, conformada por disidentes, FARCRIM y las “FARC ocultas”. 8. La mayor eficiencia de la inteligencia colombiana, y su capacidad de atrapar a los narcotraficantes identificados. 9. Una división entre los narcos de pura sangre y el aparato militar del narcotráfico.               VEA TAMBIÉN: Noticias de Colombia, paz y conflicto El tráfico de drogas es el negocio más ágil del planeta. Maneja miles de millones de dólares y evade a los organismos de seguridad nacionales e internacionales, se adapta a las cambiantes condiciones mucho más rápido de lo que lo hacen los gobiernos y las fuerzas de seguridad. Aprende de sus errores en el que se considera el más implacable y violento de los mercados. Las condiciones actuales y hasta el año 2019 están a su favor, gracias a diversos factores de carácter nacional e internacional: 1. El año de elecciones en Colombia. No se va a tomar ninguna decisión política, ni estratégica seria mientras no haya un nuevo presidente en la Casa de Nariño a principios de 2019. 2. El colapso de Venezuela y la criminalización del régimen chavista bajo la administración Nicolás Maduro, que tiene enormes implicaciones para la dinámica criminal en Colombia. 3. Países vecinos, como Panamá, Brasil, Ecuador y Perú han sido afectados por acusaciones de corrupción en altos niveles, lo cual disminuye la legitimidad de los gobiernos y les causa distracciones en la lucha contra el crimen organizado transnacional (COT). 4. Una falta de directrices desde Washington, junto a las fricciones que el presidente Donald Trump ha causado con aliados antinarcóticos claves, como México y Colombia (la amenaza pública de la descertificación). 5. La total falta de unidad entre los países latinoamericanos en torno a la manera de detener el tráfico de cocaína. 6. La expansión del cáncer de la corrupción en América Latina y el Caribe, lo cual crea aún más oportunidades para el COT y el comercio de cocaína.

¿Cuál será el futuro del tráfico de cocaína en Colombia?

1. El desarrollo de una nueva red criminal conformada por exintegrantes de las FARC, que puede llegar a dominar la producción de cocaína en Colombia. 2. La creciente infiltración del narcotráfico en el ELN, que debilita aún más la dirección y el control, así como la disciplina y la ideología de la organización. Esto representa una amenaza para lograr la paz. 3. Los grandes narcotraficantes se hacen cada vez más clandestinos. 4. Una creciente sofisticación del COT colombiano, que ha aprendido las lecciones de 40 años de evasión a los organismos de seguridad nacionales e internacional. *Este artículo forma parte de una investigación realizada para el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, que es coordinado por la Fundación InSight Crime y la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales (FCPGRI) de la Universidad del Rosario. El levantamiento de la información fue realizado por un equipo multidisciplinario de 12 investigadores, en visitas a más de 146 municipios. 

La mafia colombiana

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La mafia en Colombia está compuesta actualmente por una miríada de grupos localizados en áreas específicas, personajes sombríos y mano de obra subcontratada, que se combinan para poner orden en el caótico mundo criminal y generar ganancias millonarias traficando de todo tipo de cosas, desde cocaína hasta influencias. La mafia, una etiqueta que abarca a todos los actores criminales de Colombia, excepto a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a la mafia de las ex-FARC, está organizada en redes de múltiples niveles. Las altas esferas del crimen organizado todavía están conformadas por un puñado de figuras similares a los antiguos capos del crimen colombiano: comandantes de grupos armados y poderosos narcotraficantes cuyas violentas historias son bien conocidas por las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación. Sin embargo, estas figuras son una especie en vía de extinción. El ciclo de vida productivo de los prominentes líderes de la mafia es cada vez más corto, y muchos de los que quedan viven huyendo. En cambio, la mayoría de las élites criminales de hoy no son las que controlan grandes estructuras armadas, sino las que pueden mover dinero y poder, y ejercer influencia tanto en el mundo legal como en el criminal. Las élites criminales de hoy están representadas por traficantes internacionales que mantienen el flujo de drogas: los “Invisibles”, es decir, los negociantes ocultos del comercio de cocaína, que organizan el envío de cargamentos de varias toneladas de drogas mientras ostentan respetables vidas entre las élites sociales y económicas de Colombia. Muchos comenzaron como lavadores de dinero o testaferros de los carteles de Medellín y Cali, o de sus sucesores del Cartel del Norte del Valle y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Han sobrevivido y prosperado durante décadas, alejándose de los trabajos sucios, ocultos tras fachadas legales construidas cuidadosamente. Si bien las élites criminales están constituidas por nodos de fluidas redes de dinero y poder, el hampa todavía requiere estructuras que puedan ejercer control territorial, manejar directamente las actividades criminales e imponer reglas y relaciones de forma violenta. En el panorama criminal de hoy, cada vez más fragmentado, este papel lo cumplen diversos actores criminales. Algunos de los grupos mafiosos actuales descienden directamente de paramilitares y guerrilleros y han conservado algunas de las características y modalidades de los grupos armados; se trata sobre todo de Los Urabeños y Los Puntilleros, que se formaron a partir de remanentes de las AUC, así como el Ejército Popular de Liberación (EPL), un grupo disidente de guerrilleros desmovilizados, dedicado en gran parte a actividades criminales. Los otros grupos que conforman el mundo criminal de hoy son producto de la fractura y el reciclaje de figuras que anteriormente hacían parte de la ilegalidad, como los grandes carteles de Medellín y Cali, las AUC y los ejércitos privados de los narcotraficantes y de otras élites criminales. Dichos grupos se han convertido en organizaciones híbridas, en las que se combinan las características y los integrantes de los grupos armados, así como narcotraficantes y criminales comunes. La desarticulación de los últimos grupos criminales con alcance nacional implica que ahora son más locales y tienen limitado control territorial. De estas organizaciones, las más sobresalientes son las oficinas de cobro de Medellín y Cali, La Constru, La Cordillera, la Empresa y las células locales de Los Rastrojos, grupo criminal armado que solía tener presencia nacional. La mayoría de los diferentes grupos criminales del bajo mundo de hoy se dedican principalmente a prestar servicios a narcotraficantes y otras élites criminales. Sin embargo, también han diversificado su cartera criminal, y además del comercio de drogas se dedican a una larga lista de actividades criminales, como la extorsión, el microtráfico y la minería ilegal.

Cambios en la dinámica criminal apuntan a un violento futuro en la frontera Colombia-Venezuela

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El continuo aumento de la crisis económica, política y social en Venezuela y la desmovilización del mayor grupo guerrillero de Colombia han cambiado la dinámica criminal en la frontera entre los dos países y han transformado a la región en uno de los principales centros del crimen organizado en Latinoamérica. La frontera entre Colombia y Venezuela ha sido durante años un centro de diversas actividades criminales. Los más poderosos grupos del crimen organizado colombiano han utilizado por mucho tiempo la región fronteriza, la situación económica y la geografía de Venezuela para adelantar sus empresas criminales, como el narcotráfico, el contrabando de combustible y la extorsión. Pero lo más importante es que Venezuela sirve como un punto clave para el trasbordo de los cargamentos de drogas que trafican constantemente los grupos del crimen organizado colombiano hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. A continuación, InSight Crime analiza los actores y motivos de este creciente conflicto.

Los antecedentes: guerrilla, paramilitares y Bacrim

Históricamente, los principales actores que controlan el mercado de las drogas en la región fronteriza han sido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) El contrabando también ha sido una actividad delictiva muy lucrativa en la frontera colombo-venezolana. Cuando Venezuela cerró su frontera con Colombia en el año 2015, el comercio ilícito pasó de ser una actividad delictiva a pequeña escala a convertirse en una próspera economía ilegal liderada principalmente por antiguos grupos paramilitares, que actualmente son llamados “bandas criminales” (Bacrim), como Los Rastrojos y Los Urabeños, los cuales, entre otras cosas, les cobran impuestos a los traficantes que intentan cruzar la frontera. Además de la gran variedad de productos que se trafican en el mercado de contrabando en la frontera entre Colombia y Venezuela, resaltan también las sofisticadas redes de extorsión dirigidas por grupos paramilitares colombianos, el tráfico de armas, el secuestro, el uso del contrabando para lavar dineros sucios y la minería ilegal. Pero dado que el caos de Venezuela se agudiza cada vez más y el hampa colombiano se está ajustando a la desmovilización de las FARC, estas dinámicas tradicionales también están cambiando, y en la región están comenzando a aparecer diferentes actores criminales.

Los detonantes: el caos y la corrupción

El creciente caos en Venezuela y los radicales cambios en el hampa colombiano tras la desmovilización de las FARC están llevando a una reconfiguración de la dinámica criminal en la frontera entre Colombia y Venezuela.   La corrupción sistémica y la criminalidad al interior de las fuerzas de seguridad venezolanas, ante las que el presidente Nicolás Maduro se ha hecho el de la vista gorda, son un factor que contribuye a estos cambios. La organización no gubernamental venezolana Fundación Redes criticó recientemente la pérdida de una “cantidad significativa” de armas militares y municiones pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en varios estados fronterizos. Según dicha fundación, las armas fueron entregadas a grupos criminales colombianos. Esto se dio poco después de que se presentaran pruebas que vinculan al ejército venezolano con el tráfico de armas a grupos guerrilleros colombianos. En abril de 2017, las autoridades colombianas arrestaron a un presunto intermediario del EPL que supuestamente estaba a cargo de adquirir armas y granadas del ejército venezolano para proveérselas al grupo guerrillero. Según el director de la Fundación Redes, Javier Tarazona, la administración de Maduro y las fuerzas de seguridad de Venezuela, en particular los cuestionados grupos de militares y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), conocidos como el Cartel de los Soles, son cómplices de los grupos criminales colombianos que operan en la frontera.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil del Cartel de los Soles “El ELN y los disidentes de las FARC controlan las economías criminales ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela”, le dijo Tarazona a InSight Crime. “La administración Maduro les permite a estos grupos operar a ambos lados de la frontera y es cómplice de sus actividades criminales. El Cartel de los Soles trabaja con guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC para traficar drogas por la frontera”. Como InSight Crime ha informado anteriormente, la profunda crisis económica de Venezuela es un importante factor generador de la creciente participación de las fuerzas armadas en actividades criminales. Debido a sus bajos ingresos —el agente con el más alto sueldo en el ejército venezolano gana menos de US$50 al mes—, las lucrativas actividades criminales se están volviendo cada vez más atractivas para los militares.

Los promotores: la migración y las oportunidades

La agudización de la crisis venezolana ha obligado a unos 25.000 ciudadanos a trasladarse a Colombia diariamente, lo que les proporciona oportunidades a los grupos del crimen organizado, como el ELN y Los Urabeños, que operan en la región fronteriza, cobrando impuestos a los migrantes, e incluso reclutándolos como mano de obra barata. Informes recientes de los medios aseguran que los miembros de los colectivos —grupos a favor del gobierno y armados por la administración Maduro— están atravesando la frontera con Colombia, lo que los convierte potencialmente en mano de obra para los grupos del crimen organizado.      VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Venezuela Según Tarazona, los grupos criminales colombianos están reclutando a los miembros que huyen de los colectivos, así como a niños y adolescentes, para utilizarlos en sus operaciones criminales. Tarazona le dijo a InSight Crime que, dado que cada vez hay más miembros de los colectivos que huyen de Venezuela y caen en las manos de los grupos criminales colombianos, esto va a “causar más conflictos” en la frontera. Los colectivos han sido asociados con la violencia y tienen experiencia en el manejo de armas. Han actuado como agentes del Gobierno en Venezuela, reprimiendo las protestas de la oposición y participando en polémicas iniciativas de seguridad. Es posible que los grupos del crimen organizado los recluten como mercenarios para que los ayuden en la lucha por el control de las lucrativas economías criminales a cambio de un pequeño pago, que probablemente sería mayor que lo que ganan en Venezuela. Esto podría sentar las bases para que los miembros de los colectivos se conviertan en asesinos, extorsionistas o narcotraficantes trabajando para los grupos criminales colombianos que operan en la región fronteriza, y podría determinar quién termina asumiendo el control. Si bien los disidentes de las FARC, así como el ELN y el EPL, siguen siendo los principales actores en las actividades criminales en la frontera colombo-venezolana, Bacrim como Los Rastrojos, que se creía que estaban gravemente debilitados luego de una serie de golpes a sus cabecillas, están teniendo un resurgimiento en la región fronteriza, gracias en parte al creciente caos en Venezuela y a la fragmentación del hampa colombiano a raíz de la desmovilización de las FARC. De hecho, según un informe de diciembre de 2017 publicado por la Fundación Progresar (una organización colombiana de defensa de los derechos humanos), otros grupos emergentes, como el Ejército Paramilitar de Norte de Santander (EPN), conformado principalmente por antiguos miembros de Los Urabeños, también están tratando de ampliar sus operaciones en la región fronteriza. El informe reveló que la principal fuente de financiamiento del EPN proviene de la extorsión, seguida del contrabando, el tráfico de drogas y la distribución de drogas al por menor. El director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, coautor del informe de diciembre de 2017, le dijo a InSight Crime mediante un correo electrónico que, “como están las cosas actualmente, los grupos que podrían continuar con sus actividades criminales en la frontera son Los Urabeños, Los Rastrojos y el EPN”.

El pronóstico: negligencia sistemática y violencia

La región fronteriza no es una prioridad para ninguno de los gobiernos, lo que probablemente agravará la situación de criminalidad. El gobierno colombiano está concentrado en los esfuerzos relacionados con la reintegración de los exguerrilleros de las FARC, y el ELN representa una amenaza creciente para la seguridad nacional, tras el fin del cese el fuego temporal. Por otro lado, es poco probable que el Gobierno de Maduro combata la criminalidad en la frontera, dado que las fuerzas armadas, que participan activamente en las acciones criminales, constituyen un importante apoyo para su administración. No obstante, es probable que las dinámicas criminales en la frontera sigan cambiando a medida que la criminalidad en Colombia se transforma tras la desmovilización de las FARC y en tanto continúa la inestabilidad en Venezuela. El asesinato de dos venezolanos en la ciudad colombiana de Cúcuta, ubicada en la frontera, apenas un mes después de haber llegado a la ciudad, presuntamente por no haberle pagado las extorsiones a un grupo criminal que opera allí, es un claro ejemplo de estas dinámicas cambiantes, y de la violencia que podría seguirse dando.

Video: Grupo criminal de Colombia, Los Urabeños busca escapatoria

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Tras recibir varios duros golpes, el grupo criminal Los Urabeños, de Colombia, ha anunciado un cese el fuego unilateral, como un último intento de negociar con el Gobierno. Los directores de InSight Crime, Steven Dudley y Jeremy McDermott, discuten las posibles consecuencias que tendría una rendición de Los Urabeños en el tráfico de drogas en el país suramericano. Los Urabeños, la principal organización narcotraficante colombiana actualmente, anunció, a través de una declaración del 13 de diciembre, que cesarían las hostilidades durante la época de Navidad. El documento, que consta de ocho puntos, llama a los otros grupos armados a que también suspendan las hostilidades temporalmente. En particular, llaman al Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quienes Los Urabeños han tenido violentos enfrentamientos este año, a que haga un alto el fuego en todo el país. El presidente Juan Manuel Santos “calificó como positivo el anuncio del Clan del Golfo [como también se conoce a Los Urabeños] de cesar actividades militares, pero advirtió que la Fuerza Pública no dejará de ejercer presión contra esta estructura criminal”, como lo señala un comunicado de prensa de la Presidencia. Esta presión del gobierno ha aumentado en los últimos tres años, y desde principios de 2015 se lanzó la Operación Agamenón, cuyo objetivo es ir tras Los Urabeños en su bastión tradicional, la subregión de Urabá en la costa Caribe colombiana. Las operaciones conjuntas entre la policía y el ejército, los bombardeos aéreos a los campamentos de Los Urabeños, y la creación, en el año 2016, de una unidad especial de la policía contra el crimen organizado, denominada “Bloque de Búsqueda”, han tenido impactos visibles sobre la estructura criminal. Junto con las incautaciones de toneladas de cocaína,  que han debilitado al grupo, en pocos meses las fuerzas de seguridad han derribado al segundo y tercer hombre al mando de la agrupación. Inicialmente, a finales de agosto de este año, con la muerte de Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán”, a manos de las fuerzas de seguridad, y después, en el mes de noviembre, cuando las autoridades dieron de baja al sucesor de Gavilán como el segundo hombre al frente del grupo, Luis Orlando Padierma, alias “Inglaterra”. Según El Tiempo, en los últimos cuatro años el grupo ha perdido la mitad de sus miembros. Estos golpes han acorralado a Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, el cabecilla de Los Urabeños. En septiembre, unos días después de la muerte de Gavilán, Otoniel les propuso a las autoridades negociar su rendición. La reciente declaración reafirma el deseo de Los Urabeños de entrar en negociaciones de paz con el gobierno, como un intento de convertir al grupo en un actor político. Sin embargo, los comentarios de Santos muestran que la postura oficial es inequívoca: no habrá conversaciones de paz como las que se han llevado a cabo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN. Las únicas dos opciones para Los Urabeños son entregarse a la justicia, o arriesgarse a ser aniquilados.

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Más allá de los parámetros que tendría una posible rendición de Los Urabeños, existe incertidumbre acerca de sus consecuencias para el comercio de las drogas en Colombia y para la criminalidad en el país, que actualmente se compone de redes criminales que interactúan entre sí. “La salida de Los Urabeños de esta nueva dinámica será significativa, pero no generará cambios importantes en la exportación de cocaína en el país”, señaló Jeremy McDermott, director de InSight Crime. “Sólo eliminará uno de los rostros más visibles de dicho comercio en la actualidad, y tal vez habrá un cambio geográfico […] La red criminal podría cambiar de centro de operaciones, y trasladarse [de Urabá] a otra parte del país. Y apostamos a que será a los Llanos Orientales, cerca de las fronteras con Venezuela y Brasil”.