Acuerdo de paz con las FARC en Colombia sobrevive a su primer año

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Un año después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, los esfuerzos del gobierno colombiano para poner fin al conflicto con el grupo guerrillero han sido en su mayoría exitosos. Pero los acuerdos no han supuesto un golpe tan contundente como se esperaba sobre el hampa en Colombia, debido en gran parte a las fallas en la implementación de ciertas medidas.

“Que no quede la menor duda: seguiremos cumpliendo los acuerdos”, declaró el presidente Juan Manuel Santos el 24 de noviembre, según un comunicado de la presidencia.

Un año antes, Santos y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”, se dieron la mano en la firma de la versión final de los acuerdos de paz, que pusieron fin a más de cinco décadas de conflicto.

En la víspera del primer aniversario, el 23 de noviembre, Santos había empezado a conmemorar el histórico acuerdo. Aunque admitió algunos errores cometidos en la implementación de los acuerdos, Santos ofreció un panorama tranquilizador de la situación, y aseguró que el acuerdo era “irreversible”, sin importar quién gane la elección presidencial en Colombia en 2018.

Balance general positivo

Dados los retos inherentes a la terminación de un conflicto de 52 años de duración y a la historia de sangrientas masacres perpetradas por ambas partes, el que la paz se haya mantenido en firme el primer año es por sí solo una victoria.

Pero sigue el problema de la disidencia. El 23 de noviembre, Santos recogió las cifras de un informe reciente divulgado por la Fundación Paz y Reconciliación, que estima que solo 700 guerrilleros rechazaron la desmovilización. Santos subrayó que esa cifra indicaba una disidencia del 7 por ciento, considerablemente inferior al promedio de cualquier proceso de paz, que se acerca al 15 por ciento, informó El Espectador.

Con base en una extensa investigación de campo realizada a lo largo del año pasado en toda Colombia, InSight Crime cree que la tasa de disidencia se acerca más al 15 por ciento. Dicha cifra no solo es acorde al promedio general global, sino que también es inferior a la registrada en procesos de paz anteriores en Colombia, con la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) y el ejército paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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Más aún, aunque sigue latente el riesgo de deserción masiva, la transición exitosa de las FARC de grupo guerrillero a partido político —aunque en su etapa inicial— da a los exinsurgentes una voz en el escenario político colombiano. Esto no solo debilita una de los principales causales de abandono del proceso y vuelta a las armas entre los excombatientes de las FARC; también sienta un precedente positivo en el contexto de las difíciles negociaciones de paz que sostiene el gobierno con el grupo guerrillero de mayor tamaño que aún queda, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El balance general positivo del proceso de paz también puede medirse en la reducción de la violencia. Aunque quedan focos de conflicto en varias zonas rurales, en 2017 se presentó una reducción progresiva del número de soldados muertos o heridos, tras una asombrosa caída en 2016. Y el 23 de noviembre, el vicepresidente Óscar Naranjo anunció la tasa de homicidios más baja de las últimas cuatro décadas en Colombia, resultado de muchos otros factores también, pero que sin duda refleja en términos generales la tendencia positiva de la seguridad en Colombia.

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Es irónico que la violencia en una de las principales zonas de conflicto que quedan en Colombia, la subregión de Urabá, sobre la costa Caribe, sea en realidad una señal positiva de la implementación de los acuerdos de paz. El acuerdo estipula de manera explícita que el gobierno tomará medidas contra los grupos armados surgidos de los grupos paramilitares desmovilizados en Colombia, lo que incluye a los poderosos Urabeños.

En su campaña contra el grupo criminal, el gobierno colombiano ha desplegado un poder de fuego importante en el bastión tradicional de los Urabeños. También aumentó la presión sobre el grupo criminal en el resto del país, con resultados visibles.

Incluso a la par que elogiaba las iniciativas de paz en el país, en la víspera del aniversario de los acuerdos, Santos anunciaba la muerte de uno de los cabecillas de Los Urabeños en un operativo de seguridad realizado ese mismo día. Tras un intercambio de disparos de veinte minutos con los comandos Jungla de la policía, cayó abatido Luis Orlando Padierna, alias “Inglaterra”, en una lujosa hacienda en el departamento del Norte de Santander, según narró en detalle El Tiempo.

Hace menos de dos semanas, el mismo comando élite de la policía había decomisado más de 12 toneladas de cocaína de Los Urabeños, y a finales de agosto fue abatido el segundo al mando del grupo por las fuerzas de seguridad en Urabá.

Dinámica criminal global sin trabas

Desafortunadamente, la firma del acuerdo con el que fuera en su momento el principal actor del tráfico de cocaína en Colombia no ha rendido resultados positivos para el panorama criminal en el país.

Es posible que haya mayor presión sobre Los Urabeños, pero la salida de las FARC ha permitido al grupo quedarse con la mayor porción de la industria de la cocaína en Colombia. Y la organización narcotraficante está lejos de ser el único grupo que ha aprovechado la desmovilización de las FARC como una oportunidad de expansión. El ELN, en forma paralela a sus negociaciones de paz con el gobierno, ha logrado recuperar territorios dejados por las FARC y otras lucrativas economías criminales. , También parecen haberse expandido algunos grupos disidentes de las FARC, en particular el frente primero.

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Esta dinámica de expansión criminal puede deberse no solo a la desmovilización de las FARC, sino también al récord en la producción de cocaína en Colombia. Y en el centro del problema está la producción nacional de coca, que debe haber sufrido una reducción importante con las medidas del acuerdo de paz.

Con fuerte presión de Estados Unidos para que se haga énfasis en una política de erradicación tradicional, represiva y agresiva, el gobierno colombiano ha encontrado tropiezos para implementar los programas voluntarios de sustitución de cultivos establecidos en los acuerdos de paz. El historial de la difícil política de drogas del país —que combina la erradicación forzada con la sustitución voluntaria— no es del todo negativo. Pero las fallas del gobierno frente a los cocaleros son innegables e incitaron un aluvión de protestas este año, las cuales culminaron en una sangrienta masacre de cultivadores de coca a manos de las fuerzas de seguridad en el municipio de Tumaco, una de las principales zonas cocaleras de Colombia. Esto también ilustra la manera como el gobierno ha fracasado en gran parte en la retoma de las zonas que estaban bajo el control de la guerrilla.

El fracaso más preocupante del gobierno en relación con los acuerdos de paz es posiblemente la lista pendiente de leyes que no se han votado en el Congreso, las cuales se requieren para la implementación de los acuerdos. Entre ellas hay proyectos de ley para crear la Jurisdicción Especial para la Paz, un marco jurídico especial para excombatientes guerrilleros, que es un pilar esencial para la paz. Como lo explicó anteriormente InSight Crime, puede quedar muy poco tiempo para que la actual administración presione la aprobación de esta legislación crucial, y su ausencia bien podría suponer un peligro para el segundo aniversario de los acuerdos de paz.

Enorme incautación de cocaína en Colombia muestra indicios de reorganización en el hampa

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El mayor decomiso de cocaína en Colombia en más de una década es un golpe al grupo criminal de Los Urabeños e ilustra el impacto de la ofensiva del gobierno contra el grupo, que se desarrolla en la tradicional plaza fuerte de Los Urabeños y podría tener repercusiones en todo el panorama criminal colombiano.

Un total de 400 hombres, incluyendo a 40 de una unidad élite de asalto aéreo de la Policía, se desplegaron en cuatro operativos simultáneos el 8 de noviembre en plantaciones bananeras en Urabá, subregión sobre el Caribe en el departamento de Antioquia, según anunció la policía en un comunicado.

Más de 12 toneladas de cocaína, avaluadas hasta en US$360 millones en Estados Unidos, según el presidente Juan Manuel Santos, fueron desenterradas de alijos bajo tierra.

En septiembre, las autoridades se incautaron de siete toneladas de cocaína en otra plantación de banano en Urabá. La más reciente operación encubierta reporta un total de 362 toneladas en decomisos de cocaína en Colombia en lo corrido del año, lo que supera las 317 toneladas del año anterior —esta a su vez una cifra récord en la historia del país—.

Las autoridades afirman que los últimos estupefacientes incautados eran de propiedad de por lo menos diez grupos diferentes que contrataban al grupo criminal más poderoso del país, Los Urabeños, para guardar y eventualmente enviar la droga. Estas se sacaban del país en cargamentos de banano, según información de El Tiempo.

Los operativos se desarrollaron como parte de la operación Agamenón. Lanzada en 2015, la operación está a cargo de la policía y el ejército, y tiene como objetivo atacar a Los Urabeños en su bastión histórico y trampolín tradicional de cocaína en Urabá.

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El presidente Santos también anunció el arresto de docenas de militantes de Los Urabeños en el departamento del Meta, ubicado en la región de los Llanos Orientales de Colombia, en límites con Venezuela y Brasil. A comienzos de esta semana, la Fiscalía General de Colombia anunció que un operativo conjunto de la policía y el ejército había desarticulado una red de Los Urabeños en Meta, que se encontraba bajo órdenes directas del jefe de Los Urabeños Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, para ampliar las operaciones del grupo en el área.

Estas iniciativas en curso contra Los Urabeños se realizan en medio las negociaciones entre el grupo y el gobierno. En un video que circuló a comienzos de septiembre, Otoniel anunciaba que estaba listo para negociar el sometimiento del grupo. Las autoridades revelaron el pasado mes su oferta para los términos de la entrega, lo que indica que están tomando en serio el ofrecimiento.

Análisis de InSight Crime

Aunque la Operación Agamenón no ha logrado hasta el momento la caída de Otoniel, el considerable poder de fuego y de hombres que se ha desplegado en el intento está causando fuertes reveses a las operaciones de drogas de Los Urabeños. Esto repercute sobre todo el hampa colombiano, y debe continuar sacudiendo de manera visible la dinámica de los narcóticos a largo plazo en el país.

Las autoridades afirmaron en mayo que el operativo había derivado en la captura de más de 1.000 miembros y 44 toneladas de cocaína pertenecientes al grupo. La operación también causó la muerte del segundo al mando del grupo a finales de agosto, y al decomiso de otras 20 toneladas de cocaína en los últimos dos meses, según el comunicado de la policía ya mencionado.

En forma simultánea, desde el lanzamiento de Agamenón en febrero de 2015, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han desmovilizado, dejando a Los Urabeños —quienes muchas veces ofrecen el uso de sus corredores de narcotráfico a otros grupos dueños de los estupefacientes— como principal actor en el negocio de la droga en Colombia.

Entretanto, la producción de cocaína en el país se ha disparado a niveles históricos. En esencia, Los Urabeños nunca antes han tenido tanta cocaína para transportar ni tales dificultades para despacharla desde su bastión en Urabá. Fuentes de inteligencia colombianas comentaron a InSight Crime que el grupo simplemente es incapaz de sacar el producto del golfo sobre el mar Caribe con la celeridad suficiente para estar a la par con los flujos que ingresan desde las regiones cocaleras. Como lo muestran los decomisos recientes, se ven obligados a ocultar enormes cantidades de la sustancia, lo que explica en parte porqué las autoridades han logrado captar cargas de varias toneladas almacenadas lejos.

Una consecuencia directa de la menor capacidad operativa de Los Urabeños en Urabá es la búsqueda de rutas de drogas que salen de Colombia desde otros lugares del país. La ubicación estratégica del departamento de Chocó, colindante con Urabá y que se extiende desde la frontera entre Colombia y Panamá a lo largo de la mitad de la costa Pacífica de Colombia, ha sido una de esas regiones. La expansión del grupo en Chocó cobró especial visibilidad en el primer semestre de 2017, cuando miles de personas resultaron desplazadas por los enfrentamientos violentos entre Los Urabeños y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos compitiendo por el control de las rutas de contrabando de la región.

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Ahora bien, parece que el grupo tiene en la mira los Llanos Orientales, que por largo han albergado varios corredores de droga. El área posee extensas fronteras no vigiladas con Venezuela, cuya situación caótica la convierte en una autopista perfecta para la cocaína, y Brasil, otro importante país de tránsito y principal mercado de consumo de cocaína en Latinoamérica.

El anuncio de Santos sobre la captura de docenas de militantes de Los Urabeños en el Meta, la declaración de la Fiscalía General sobre las órdenes directas dadas por Otoniel para la expansión en ese departamento, y las anteriores advertencias de funcionarios de seguridad son una señal de que este cambio ya puede haberse iniciado. La pregunta es si este fenómeno se desarrollará en silencio, dada la capacidad de Los Urabeños para negociar y encontrar puntos en común incluso con grupos criminales rivales, o si la región se convertirá en escenario de confrontaciones violentas que implican a grupos ya establecidos allí.

Con estos cambios en la dinámica criminal en Colombia, podrían complicarse las negociaciones entre Los Urabeños y las autoridades. La decisión de Otoniel de negociar un sometimiento —lo que incluirá la entrega de información a las autoridades sobre la red criminal y sus operaciones— promete causar agitación interna, lo que podría intensificarse con los continuos decomisos de narcóticos y los arrestos masivos.

Informe presenta en detalle posible acuerdo de sometimiento de Urabeños en Colombia

Se ha conocido un nuevo documento que detalla los posibles términos de sometimiento del grupo criminal más poderoso de Colombia, lo que constituye una primera indicación de cómo sería dicha negociación.

El Ministerio de Justicia de Colombia ha presentado al Consejo de Política Criminal un documento de trabajo que detalla los términos del sometimiento a la justicia para Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel” y los Urabeños, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), según informó El Tiempo.

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De acuerdo con el documento obtenido en exclusiva por El Tiempo, los términos de la entrega no se aplicarían únicamente a las estructuras mayores de los Urabeños, como las de Otoniel y sus aliados más cercanos, que tienen un comando unificado, ejercen control territorial y usan la violencia contra las fuerzas de seguridad, sino también para grupos más pequeños, de tres o más personas que actúen de manera concertada para delinquir.

Para dar inicio al sometimiento, debe presentarse en primer lugar un documento escrito al fiscal general, donde se describa en detalle su voluntad de acogerse a los términos de entrega, además de sus zonas de influencia, el número de personas que se entregarán y sus números de identificación.

Cuando se determine el punto de desmovilización y los términos del desarme, el fiscal general podrá proceder a expedir las órdenes de captura. Se espera que sea el fiscal quien adelante todas las negociaciones porque, como lo afirmó el presidente Juan Manuel Santos, esta no sería una “negociación política”. El proceso de sometimiento no demoraría más de un mes, según comunicó El Tiempo.

Además, quienes se entreguen por voluntad propia también tendrán que revelar las rutas de narcotráfico y las ubicaciones de los laboratorios de procesamiento, así como sus redes de lavado de activos. Se dice que podrían conservar el 5 por ciento de los activos que entreguen a las autoridades, y recibirían reducciones hasta de 40 por ciento en sus sentencias, según la información de El Tiempo.

La reducción de 40 por ciento en las sentencias penales sigue debatiéndose, según el diario, y dependerá de “la efectividad y el grado de colaboración con la justicia, la satisfacción de los derechos de las víctimas y la terminación de la actividad delictiva”.

Otoniel ofreció someterse él junto con los Urabeños a las autoridades colombianas en septiembre, luego de que las fuerzas de seguridad abatieran al segundo al mando del grupo Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán”.

Análisis de InSight Crime

En términos generales el gobierno colombiano no ha mostrado mucho entusiasmo frente a la logística de un posible sometimiento de los Urabeños, pero este último indica que en realidad ha estado trabajando diligentemente en la elaboración de un acuerdo, lo que demuestra que toma en serio el proceso e incluso puede estar intentando cerrar un acuerdo antes de que el presidente Santos concluya su mandato.

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Uno de los aspectos más interesantes de los posibles términos de la rendición es la posibilidad de que quienes se sometan efectivamente puedan conservar el 5 por ciento de los activos que entreguen y beneficiarse de una reducción de penas hasta de 40 por ciento. Los beneficios judiciales y la totalidad de activos entregados han sido cuestionados en el histórico acuerdo de paz que firmara el gobierno colombiano en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

No cabe duda de que los activos de las FARC han sido objeto de un fuerte escrutinio a lo largo del proceso de paz, en gran parte por las dudas de si los exguerrilleros dieron a conocer el total de su patrimonio. Y varios narcotraficantes colombianos han intentado hacerse pasar por desmovilizados de las FARC para aprovechar los beneficios judiciales ofrecidos por el gobierno. Estos problemas podrían aflorar en la posible entrega de los Urabeños.

Sin embargo, aunque el supuesto acuerdo es un avance para el gobierno colombiano, es tan solo el comienzo y persisten las dudas de si esto desarticulará la estructura de los Urabeños. La banda ha subcontratado gran parte de sus actividades criminales con grupos más pequeños que actúan en su nombre. Y aunque dejar por fuera a Otoniel y a algunos de sus lugartenientes cercanos puede debilitar la estructura bajo su control, también puede dar lugar a que otros grupos que subcontrataban continúen sus actividades criminales en representación de los Urabeños o en su reemplazo.

Tras muerte de segundo al mando, Los Urabeños de Colombia ofrecen rendición

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El narcotraficante más buscado de Colombia y jefe de los poderosos Urabeños ha ofrecido entregarse él y a su organización a las autoridades pocos días después de que su segundo fuera abatido por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, es poco probable que el grupo criminal, disperso y descentralizado, pueda congregar a sus bases para que dejen sus actividades de narcotráfico a cambio de una celda en prisión.

Haciendo referencia a Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció el 5 de septiembre que el gobierno había recibido “del jefe del Clan del Golfo [Los Urabeños] una manifestación expresa de la voluntad de acogerse, de someterse a la justicia, él con todos sus hombres”.

El presidente hizo énfasis en que se trata de una entrega “no de una negociación política, [para la cual] no hay ninguna posibilidad”.

Pero aclaró que cabe la posibilidad de indulgencia si la organización colaboraba con las autoridades.

“Si se someten a la justicia, la ley prevé que pueden tener algunos beneficios, dependiendo de […] qué es lo que entregan”, agregó el mandatario.

Los Urabeños, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como se hacen llamar, son la mayor amenaza del crimen organizado en Colombia. Aunque llevan por lo menos dos años proponiendo al gobierno entrar en negociaciones sin resultado, es la primera vez que ofrecen entregarse a las autoridades sin un diálogo político, según fuentes de la Fiscalía General consultadas por InSight Crime.

El día de la declaración de Santos, circuló en línea un video al parecer de Úsuga, en el que parecía confirmar su deseo de entregarse.

(Grabación en video del comandante en jefe de los Urabeños Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, agosto de 2017. Cortesía de El Colombiano)

“En repetidas ocasiones hemos expresado nuestra intención de alcanzar una salida digna y voluntaria para todos nuestros combatientes, acogiéndonos a la justicia colombiana con garantías que conlleven a la reconciliación nacional”, afirma Otoniel en el video, que, en sus palabras, data de agosto de 2017.

“Una vez estén dadas las condiciones, estamos dispuestos a suspender todas las actividades ilegales de la organización”, añadió Otoniel. También afirma que el Estado Mayor es “tan unido como siempre” y respeta el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano, que logró recientemente la desmovilización de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El jefe de Los Urabeños cierra su mensaje pidiendo el apoyo del papa Francisco, quien viajó esta semana a Colombia y ha apoyado el proceso de paz entre las FARC y el gobierno.

La noticia se conoce pocos días después de que las fuerzas de seguridad asesinaran al segundo al mando de Los Urabeños Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán”, como parte de la “Operación Agamenón” —persecución que lleva la policía hace dos años con el fin de derrocar a los jefes de Los Urabeños. En estos dos años, las autoridades han capturado a más de 1.500 presuntos miembros y decomisado 100 toneladas de cocaína y más de US$170 millones en activos de la organización, según el presidente Santos.

El ministro de Justicia Enrique Gil Botero y el fiscal general Néstor Humberto Martínez evaluarán la propuesta de Los Urabeños y el paso siguiente en el proceso.

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(Carteles de los delincuentes más buscados por la policía de Colombia, que representan a los mandos de Los Urabeños. Varios de ellos fueron capturados en los últimos meses)

Análisis de InSight Crime

Esta bandera blanca parece ser la primera de la jefatura de Los Urabeños. El momento puede no ser coincidencia. A pesar de llevar años huyendo de la justicia, el alto mando no había sufrido un golpe directo hasta la muerte de Gavilán, el 31 de agosto. Sin embargo, lejos está la organización criminal más poderosa de Colombia de dejar la esfera criminal para siempre.

A medida que el bloque de búsqueda más grande de la historia colombiana estrecha el cerco alrededor de Otoniel y otros lugartenientes claves, una salida rápida puede ser la mejor opción de los mandos. Además, Otoniel fue guerrillero y por consiguiente es probable que entienda cómo posicionarse en el campo de batalla y en el campo político. Pero no es muy probable que las células de Los Urabeños, que manejan lucrativas actividades criminales en todo el territorio colombiano, compartan su deseo de entregarse. Los Urabeños operan más como franquicia que como organización criminal jerárquica, lo que significa que muchos —si no la mayoría— de quienes usan el nombre del poderoso grupo operan de manera semiindependiente y no responden directamente al alto mando.

Un fiscal que trabaja para la Fiscalía General comentó a InSight Crime que según estimativos no oficiales, Los Urabeños pueden tener alrededor de 3.500 miembros (otros cálculos oficiales son mucho menores). La fuente cree que la tasa de deserción ante cualquier eventual rendición sería aún mayor que la de las FARC, la cual ha motivado la aparición de numerosos grupos disidentes, a pesar de tener una línea de mando más vertical que la de la agrupación de Otoniel.

Actualmente, Los Urabeños ejercen estricto control sobre vastas economías ilícitas, desde el tráfico de cocaína hasta la minería aurífera ilegal. Y pese a las divisiones internas, han estado ampliando su control en territorios estratégicos, incluyendo los que quedaron vacantes con la desmovilización de los insurgentes de las FARC. Sería difícil que Los Urabeños renunciaran a todo esto, e incluso que renunciaran a usar un nombre que despierta temor y sumisión en las comunidades bajo su influencia, así como entre rivales que pueden buscar usurpar su poder.

Más aún, los beneficios judiciales no son tan atractivos, como lo serían si Los Urabeños hubieran logrado hacerse a un lugar en la mesa de negociaciones, como grupo político alzado en armas. El gobierno colombiano ha rechazado de manera categórica sus intentos continuados de mostrarse como movimiento político modelado a la manera de sus predecesores paramilitares en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la Fiscalía General, el alto mando había buscado sentencias reducidas, comparables a las que se otorgaron a las AUC —un máximo de ocho años— y una amnistía general para los soldados rasos.

Pero lo máximo que al parecer podrán lograr es una reducción del 50 por ciento de sus sentencias, que en el caso de Otoniel puede llegar hasta a 60 años. Para esto, los excombatientes tendrían que revelar todo sobre sus actividades delictivas y las de la organización, y entregar todos sus bienes.

Incluso, actualmente Colombia no tiene un marco legal para la rendición en masa de una organización criminal, lo que implica que cada miembro tendría que entregarse individualmente —aunque en forma colectiva— y sería procesado de manera individual, explicó el fiscal.

El prospecto de un proceso tan laborioso, incompleto e incierto parece desalentador, pero hay un precedente. En 2011, una organización narcotraficante conformada por paramilitares desmovilizados de las AUC, el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (ERPAC), se entregó a las autoridades de manera inesperada. Pero en lugar de desmantelar la organización, en el proceso una gran cantidad de combatientes decidieron no participar y crearon aún más grupos criminales en alianza con actores armados más grandes. El caso del ERPAC también ilustró las dificultades de llevar procesos penales contra esas personas que se entregaron.

Pese a los inevitables obstáculos, si la actual administración puede lograr la entrega del alto mando de los Urabeños, el presidente Santos tendría más capital político al aproximarse al fin de su mandato. El desmantelamiento de organizaciones como la de los Urabeños es una promesa clave del gobierno para las negociaciones con las FARC, y hasta el momento no ha cumplido muy bien su parte del acuerdo de paz. Este acontecimiento podría inspirar más confianza en los múltiples procesos de paz en el país, incluyendo las negociaciones continuadas con el que es hoy por hoy el mayor grupo guerrillero del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambas partes acordaron iniciar un cese al fuego el 4 de septiembre.

No cabe duda de que esto también puede aumentar las posibilidades de que la elección presidencial del próximo año se la lleve un candidato favorable a la paz y que se mantenga la ruta fijada por los acuerdos. Por otra parte, cualquier fragmentación resultante de Los Urabeños puede conducir rápidamente a una escalada del conflicto armado en Colombia, lo que puede tener consecuencias negativas para Santos y poner en mayor riesgo a las comunidades más vulnerables de Colombia.

Segundo al mando de Los Urabeños es abatido durante operativo de seguridad

Un alto comandante del grupo criminal más poderoso de Colombia fue abatido durante una operación de seguridad, lo cual significa un nuevo logro para las autoridades y a la vez puede generar nuevas luchas al interior de la organización, que se encuentra cada vez más fragmentada.

El segundo hombre al mando de Los Urabeños, Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán”, fue abatido durante una operación llevada a cabo el 31 de agosto por miembros de la policía y el ejército en la región de Urabá, Colombia, bastión tradicional del grupo.

Gavilán, quien fue una figura clave en el crimen colombiano durante más de 20 años, murió en medio de ataques aéreos y terrestres realizados por una unidad especial de las fuerzas militares como parte de la Operación Agamenón II, la persecución más grande en la historia de Colombia, que hasta el momento no había logrado derribar a ningún miembro de la cúpula de Los Urabeños.

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Gavilán fue uno de los criminales más buscados en Colombia, después de haber ascendido en las filas del crimen durante décadas, pasando de ser un combatiente de la guerrilla y los paramilitares, hasta convertirse en líder de Los Urabeños. Al momento de su muerte había supuestamente 22 órdenes de captura en su contra por cargos de homicidio, concierto para delinquir, narcotráfico y desplazamiento forzado.

A principios de esta semana, otro gran operativo de seguridad llevado a cabo como parte de la Operación Agamenón II condujo a la muerte y el arresto de más de una docena de miembros de Los Urabeños. Entre los heridos durante la operación en Norte de Santander se encontraba el quinto al mando del grupo criminal, Luis Orlando Padierna Peña, conocido por los alias de “Inglaterra” y “El Viejo”.

Análisis de InSight Crime

Este nuevo logro de las autoridades en su búsqueda de los más altos comandantes de Los Urabeños puede atribuirse a un reciente cambio mediante el cual, por primera vez en Colombia, la policía, en lugar del ejército, está a cargo de una operación conjunta. En el mes junio se volvió a lanzar la segunda fase de la Operación Agamenón, que se ha extendido por dos años, bajo la dirección del general Jorge Luis Vargas, director de la sección de investigaciones criminales de la policía nacional. Y en los últimos meses, las autoridades han dado de baja a varios jefes de los Urabeños, además de incautar drogas y activos del grupo.

Además, la organización de Los Urabeños se está expandiendo y puede estar a la defensiva. Dado que el bastión del grupo en las selvas de Urabá ha sido sitiado por las fuerzas del Estado, Los Urabeños han intentado trasladar sus operaciones de la región noreste del Caribe colombiano a la región Pacífica. Y como sus facciones en diversas partes del país se están enfrentando a rivales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Rastrojos, el grupo podría tener problemas para eludir a las fuerzas del Estado o para defenderse de ellas.

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Las recientes capturas y muertes de los comandantes de Los Urabeños conducirán inevitablemente a una reestructuración del liderazgo del grupo,  y quizá generarán más desconfianza al interior del mismo, así como enfrentamientos por el control de las rutas del narcotráfico. De hecho, incluso antes de los duros golpes dados gracias a las recientes operaciones de seguridad, ya estaban aumentando las fricciones internas. Meses antes de su muerte, Gavilán supuestamente había tenido un altercado con el máximo líder de Los Urabeños, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel“. Ahora que Gavilán ha salido de escena, y que alias Inglaterra, el otro líder del grupo, puede estar incapacitado debido a sus heridas, Otoniel cuenta cada vez con menos aliados en su círculo de comandantes de confianza.

Sin embargo, incluso si se están generando fracturas en el liderazgo de Los Urabeños, la estructura de franquicias del grupo probablemente permitirá que las células locales continúen sus operaciones y su violenta expansión sin mayores obstáculos.

Nuevo plan de sustitución de cultivos en Colombia enfrenta viejos obstáculos: informe

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El gobierno de Colombia ha trazado un ambicioso plan para erradicar 100.000 hectáreas de cultivos de coca para el fin de este año, pero un análisis del programa hasta el momento plantea dudas sobre la capacidad del gobierno para evitar que grupos armados ilegales regeneren este círculo vicioso criminal.

La tesis del nuevo informe titulado  “¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?” de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), un centro de pensamiento sobre el posconflicto en Colombia, es que el plan de sustitución de cultivos del gobierno no está brindando medidas de seguridad adecuadas ni alternativas sostenibles a comunidades que históricamente han sido las más afectadas por el conflicto armado.

El informe aparece en un momento en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) renuncian al control del 60 por ciento de los campos de coca más productivos del mundo, en el marco de un acuerdo de paz que el grupo guerrillero firmó con el gobierno en 2016. Las FARC obtenían ingresos anuales aproximados de US$200 millones a US$3.500 millones de la cadena de distribución de cocaína, así que llenar el vacío dejado por las FARC luego de su desmovilización es el mayor reto del gobierno.

Con ese fin, el gobierno ha fijado una meta muy alta de sacar 100.000 hectáreas de coca de los libros criminales para finales de 2017.

Como se señaló en su “Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito” (PNIS), el gobierno depende del Ministerio de Defensa para la erradicación forzosa de 50.000 hectáreas, mientras que las otras 50.000 hectáreas vendrán de la sustitución voluntaria de los campesinos.

El PNIS, creado por disposición del Artículo 4 del acuerdo de paz de 2016 e implementado a finales de enero de este año, ofrece incentivos financieros a las familias cocaleras inscritas en el programa para que cambien sus cultivos ilícitos por alternativas legales, como cacao o café. La FIP estima que para cumplir su objetivo, el estado debe asegurar la erradicación diaria de un promedio de 330 hectáreas únicamente con fines de sustitución.

En la superficie, parece que todo va muy bien. El informe señala que se han registrado más de 75.000 cultivadores de 13 departamentos, lo que suma un estimado de 79.191 hectáreas de coca que podría ser sustituido, a cambio de un pago aproximado de US$11.000 dólares por agricultor en el transcurso de dos años, según datos de la FIP. El gobierno ya comenzó a entregar los primeros subsidios a las familias que accedieron a reemplazar sus plantaciones de coca. Con el primer desembolso, se espera que las familias limpien los cultivos en 60 días aproximadamente.

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Sin embargo, hay un gran obstáculo para el éxito. Según el estudio, actores armados ilegales están al acecho, preparándose para tomar el control de la producción de la coca en territorios previamente dominados por las FARC. Aunque no es un fenómeno nuevo, la situación ha empeorado en algunas regiones en los últimos meses, mientras que la atención nacional estaba dirigida al desarme y la reubicación de las FARC.

Las llamadas “bandas criminales” o Bacrim, especialmente la más grande de ellas, conocida como los Urabeños, grupos disidentes de las FARC, y la organización guerrillera que queda, conocida como Ejército de Liberación Nacional (ELN) están moviéndose rápidamente para tomar control de las áreas anteriormente ocupadas por las FARC con el objetivo de expandir sus operaciones de narcotráfico.

En algunas áreas, dice el informe, las Bacrim, disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN están impidiendo directamente que los productores locales de coca ingresen al programa de sustitución, asegura el informe.

Según la FIP, narcotraficantes transnacionales están presionando a los grupos criminales locales para evitar que los pequeños agricultores acepten el acuerdo del gobierno. (El argumento para seguir con la coca es respaldado principalmente por el hecho de que los agricultores dicen que pueden ganar diez veces más dinero cultivando coca que cualquier otro producto, según investigaciones de campo de InSight Crime en regiones cocaleras).

En Guaviare, por ejemplo, los disidentes del Primer Frente de las FARC han lanzado amenazas contra las familias vinculadas al programa de sustitución y recientemente secuestraron a un funcionario de las Naciones Unidas enviado para explicar el PNIS a la comunidad. En Nariño, la intimidación proviene de la milicia disidente Columna Móvil “Daniel Aldana” de las FARC.

En el Cauca, según la FIP, el ELN sigue cobrando gramaje y peaje por el uso de rutas; y en Putumayo, la organización criminal La Constru, tradicionalmente urbana, está reforzando su presencia en las zonas rurales para controlar la producción de cocaína. 

Incluso si el Estado logra reprimir la producción de coca, los grupos criminales todavía podrán recurrir a la minería ilegal como fuente de financiamiento estable.

Un área de interés menos discutida es la relación entre el cultivo de coca y la minería ilegal, que a menudo van de la mano en zonas ricas en recursos, según afirma la FIP. Actualmente, el estado no tiene un plan específico para evitar que los productores de coca hagan la transición a esta economía ilícita paralela, generalmente controlada por organizaciones criminales.

En departamentos como Nariño y Antioquia, por ejemplo, hay claras coincidencias de estos dos fenómenos, con estricto control de las organizaciones criminales y el reclutamiento de la misma mano de obra, según el informe. Hay evidencia de una estrecha conexión entre la economía de las drogas ilegales y la minería ilegal, con una fuerte correlación entre el precio del oro y el número de hectáreas cultivadas con coca. Si el precio de la coca disminuye, ese mismo productor puede iniciar con minería ilegal, y viceversa.

Análisis de InSight Crime

El problema predominante es que el plan del gobierno de ofrecer subsidios financieros temporales a las familias cocaleras no se mantendrá en el largo plazo, y que las fuerzas de seguridad nacionales no pueden impedir que actores armados ilegales se trasladen a áreas desocupadas por las FARC.

Los municipios cocaleros son más pobres que el resto del país y tienen niveles de institucionalidad muy bajos. Los prospectos de producción de coca para un pequeño agricultor no desaparecerán después de dos años, como tampoco los grupos criminales, los cuales se esforzarán por mantener vivo el lucrativo negocio. Sin la protección del Estado, que ha sido débil en zonas remotas, donde los grupos del crimen organizado mantienen fuerte presencia, puede obligarse a los agricultores a dar la espalda al programa, especialmente cuando los vecinos del lado que ingresaron están recibiendo amenazas de muerte.

La celeridad del gobierno colombiano para implementar el programa está exacerbando problemas de fondo. Bajo fuerte presión internacional para reducir la producción de coca —especialmente por parte de Estados Unidos, que recientemente presionó para que se reanudara la fumigación— el estado está moviéndosa rápidamente para lograr resultados inmediatos, y de esa manera pone en peligro una estrategia integral a más largo plazo dirigida al desarrollo rural en el proceso.

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Este año, la producción de coca aumentó a niveles no vistos en décadas y parece seguir aumentando, incluso con los esfuerzos de erradicación en curso. El aumento es evidencia de que la política del gobierno no perdurará si no hay iniciativas efectivas del estado, la infraestructura y el sector privado que ofrezcan alternativas económicas viables.

Incluso si el gobierno consigue reducir la producción de coca, los grupos criminales podrán seguir recurriendo a la minería ilegal como un recurso estable para financiarse. La minería informal y la industria del “oro sangriento” sirven como fuente de financiamiento generalizada y vital para una variedad de organizaciones criminales en el país, con estimaciones recientes que indican que el 88 por ciento del oro de las minas colombianas es extraído ilegalmente, lo que crea una pérdida para el estado de alrededor de 2 mil millones de dólares.

En el posconflicto inmediato, los políticos deben definir una estrategia específica para evitar que los productores de coca pasen a la industria paralela, pero ellos, hasta ahora, han ignorado el problema

Al interior de las Bacrim de Colombia: dinero

Millones de dólares en dinero sucio circulan continuamente por el Bajo Cauca, en flujos ascendentes y hacia el exterior, procedentes de una amplia gama de actividades criminales. Las Bacrim son las principales reguladoras y beneficiarias de esta economía subterránea.

A diferencia de sus predecesores paramilitares y carteles del narcotráfico, las Bacrim mantienen un portafolio diversificado de actividades ilegales que se extiende mucho más lejos del negocio transnacional de la cocaína. En el Bajo Cauca, las economías criminales controladas o explotadas por las Bacrim incluyen la explotación y minera y la venta de oro ilegales, la trata de personas, la explotación sexual, y principalmente, las drogas y la extorsión. Las enormes sumas de dinero sucio que dichas actividades generan circulan en efectivo por toda la región e ingresan a la economía legal mediante varios frentes de lavado de dinero.

Drogas

El nivel superior del comercio de drogas con los carteles mexicanos y otros compradores internacionales de cocaína son en gran medida del dominio del círculo interno de los cabecillas de las Bacrim y de los narcotraficantes independientes a los que estos prestan servicios. Lás células locales, sin embargo, se reservan un rol importante en el tráfico de drogas desde las zonas de producción hasta los puntos de embarque, lo que permite a los cabecillas de los Urabeños mover su propio producto, así como ofrecer escolta desde la producción hasta el despacho a otros traficantes. En el Bajo Cauca, la red de las BACRIM se encarga de conducir la pasta de coca desde el Bagre, Zaragoza, Tarazá o Segovia hasta las costas norte u oeste de Urabá, región que bordea la frontera con Panamá.

Las Bacrim del Bajo Cauca usan sus redes de inteligencia, su presencia armada y contactos corruptos para asegurarse el paso seguro de la pasta de coca, un servicio por el cual cobran el 10 por ciento del valor del cargamento.

narcotrafico en el bajo cauca 1

Los cargamentos son escoltados por un “guía”, que permanece con los narcóticos durante toda la travesía de la carga por el Bajo Cauca. Esta red de guías es coordinada desde poblaciones aisladas, como Cuturú en las riberas del río Nechí, al que solo puede llegarse por vía fluvial o por un camino sin pavimentar fuertemente vigilado fuera de la carretera Caucasia-Zaragoza. Tanto el río Cauca como el río Nechí proporcionan la mejor cubierta para el transporte de narcóticos, aunque los autobuses públicos también son otro medio común.

Aunque las Bacrim del Bajo Cauca son apenas un eslabón en la cadena del narcotráfico transnacional, si hablamos del expendio local de drogas —el microtráfico— ellos controlan casi toda la cadena de suministro.

“El dinero del microtráfico se va directamente a los cabecillas, para los lujos de ellos y sus fiestas” – ‘El Gordo’

La célula comúnmente se abastecía de pasta de coca de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), si bien esto está cambiando debido a la desmovilización de las FARC. Venden una parte de cada cargamento, como la pasta de coca para fumar, conocida como “basuco”, y procesan lo demás en forma de cocaína en polvo en laboratorios situados en su bastión de Piamonte, zona en el municipio de Cáceres.

Posteriormente, una red de mototaxistas de confianza transporta los estupefacientes por todo el Bajo Cauca. En Caucasia, llega a un centro local de distribución en el barrio conocido como La Ocho, donde la cocaína se corta y se separa en bolsitas plásticas de un gramo de peso cada una. Desde ahí, una red de “mulas”, conformada por niños y adolescentes de la calle, que trabajan a cambio de comida y techo, distribuyen la droga a las diferentes plazas de toda la ciudad, cada una manejada por una banda de expendedores. Algunas de las bandas reciben salario de las Bacrim. Otras les compran la sustancia y pagan un porcentaje de lo vendido como impuesto para que se les permita ejercer su actividad. La red puede esperar mover alrededor de dos kilos de cocaína a la semana en Caucasia; las ganancias derivadas de esto se quedan en el Bajo Cauca.

Extorsión

En toda Colombia, la extorsión se ha convertido en el pilar financiero constante y confiable de las células locales de las Bacrim. En el Bajo Cauca, el 20 por ciento de las ganancias por extorsión se le paga al comando nacional, como un impuesto que les permita trabajar como parte de la franquicia de los Urabeños. El resto de las ganancias cubre los costos de operación de la célula. Es un sistema de tributación subterráneo de largo alcance al que es casi imposible escapar; en el Bajo Cauca todos deben pagar lo que en Colombia se conoce como “la vacuna”.

En el Bajo Cauca, las redes extorsivas de las Bacrim llegan a todo tipo de negocios, grandes y pequeños, legales e ilegales. En muchos casos, las unidades extorsivas de las Bacrim calculan las cuotas con base en su propio análisis financiero criminal, mientras que en otros obtienen información sobre la producción o las ganancias de alguien de adentro.

En la mayoría de los pequeños negocios, la vacuna representa un porcentaje de las ganancias estimadas según esos cálculos. Otros, sin embargo, se prestan para diferentes esquemas de pago: los casinos pagan por máquina tragamoneda, las empresas de transporte por vehículo y los ganaderos por cabeza de ganado.

Muchas veces las grandes empresas tampoco se libran de esto. Las Bacrim del Bajo Cauca afirman que incluso las cadenas de supermercados más grandes del país, como Éxito y Olímpica deben pagar, aunque ninguna de esas firmas respondió a estas declaraciones. La planta de la cervecería Bavaria en Caucasia también ha sido objeto de extorsión, y paga una suma fija de cinco millones mensuales, según fuentes de las Bacrim, hecho que niega la oficina principal de Bavaria. 

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Armas, teléfonos y dinero decomisado durante el arresto de miembros de Bacrim

Las cuotas mensuales no son obligatorias solo para los negocios; con frecuencia las Bacrim también se dirigen a personas naturales. Comienzan con una simple llamada telefónica pidiendo dinero. Luego vienen la intimidación y las amenazas en persona. Finalmente, se cita a las víctimas para hacer el pago, por lo general en un parque o una iglesia. No asistir al encuentro termina casi siempre en homicidio. “Fernanda”, quien no quiso darnos su nombre real para la publicación y trabaja en el hospital de Caucasia, un día recibió una llamada en la que le exigían 200.000 pesos colombianos (cerca de US$70). “Dijeron que matarían a mi hija si yo no iba, entonces ¿qué podía hacer?”, preguntó.

“Los que trabajan duro, que no tienen el dinero para pagar, son los que son forzados a pagar” – ‘El Gordo’

La “multa” es otro método usado por las Bacrim para cobrar extorsiones. Es un pago único que los grupos emplean para recaudar rápidamente grandes sumas de efectivo de quienes perciben como ricos. “Jorge”, otra persona que no quiso revelar su nombre, es profesor y tiene un terreno en Cáceres. Un día, varios miembros de las Bacrim llegaron a su casa, lo acusaron de dañar su equipo de minería y le exigieron cinco millones de pesos (unos US$1.700) como compensación. Lo obligaron a tomar un préstamo bancario para pagarlo, y, según dice, estará pagándolo por los próximos cinco años. Su hijo tuvo que dejar sus estudios de medicina, porque a raíz de eso Jorge ya no pudo pagarle la matrícula.

“Tuve que darles la plata. Tuvimos que hacer esos sacrificios porque amenazaron con matarme a mí y a mi familia”, añadió.

Sin embargo, no todos pagan extorsiones por temor.

Quienes pagan “por voluntad propia” en el Bajo Cauca incluyen supuestamente a grandes ganaderos, bares, firmas de mensajería y mineros que trabajan en los mercados formal e informal. El Bajo Cauca es una región rica en minería aurífera, y las Bacrim afirman que el 90 por ciento de las operaciones en la región les pagan la vacuna de manera voluntaria o porque tienen vínculos con sus redes. Los mineros y sus representantes contradicen esta afirmación con vehemencia, y dicen que solo una minoría paga, y lo hacen por miedo.

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Un “barraquero” trabajando en el municipio de Nechi

Ya sea por obligación o voluntariamente, cualquier excavadora que opere en territorio controlado por las Bacrim en el Bajo Cauca debe pagar tres millones de pesos (alrededor de US$1.030) al mes solo por trabajar. Muchos deben pagar un 10 por ciento adicional de las ganancias cada vez que procesan su oro. Las Bacrim también dirigen sus propias minas, ya por medio de testaferros o directamente, en bastiones territoriales como Piamonte.

El cobro de extorsiones es una tarea de la que se ocupan los rangos inferiores de las Bacrim. Los “extorsionistas” son por lo general adolescentes de veinte años de edad o poco más. Las Bacrim suelen usar mujeres para reclutar y atraer a muchachos ingenuos a su círculo para estas tareas.

El extorsionista no lleva un arma cuando cobra el dinero, pero muchas veces es seguido de cerca por una escolta armado que interviene de ser necesario. El dinero se deposita por lo general en negocios fachada de confianza. En la ciudad de Caucasia, por ejemplo, esos negocios incluyen un bar y una barbería. De allí una figura de mayor rango, por lo general el segundo al mando en la zona, recoge el dinero, y se cuenta lo recaudado en el sector antes de que el comandante de la zona lleve personalmente el dinero al comando del Bajo Cauca, en Piamonte.

Flujos de efectivo ilícitos

Cuantiosas sumas de dinero circulan por el hampa del Bajo Cauca, y las Bacrim tienen formas tanto sofisticadas como rudimentarias de manera esos flujos de efectivo. Mucha parte de ello se requiere para mantener el funcionamiento de la red, mientras que el resto abastece los escalones superiores del hampa, dentro y fuera de la región.ç

Los flujos de dinero de cada sector son manejados por un jefe financiero, que por lo general es alguien sin antecedentes penales o procesos judiciales por resolver. Sin embargo, el trabajo es algo así como un regalo envenenado. La tentación de robar —o la sospecha de la tentación de robar— ha dado pie al asesinato de muchos jefes financieros en el Bajo Cauca, luego de periodos relativamente cortos en ese cargo.

La mayoría de las economías del hampa se basan en el efectivo, y aunque muchos de los costos de las Bacrim, como salarios y sobornos, se hacen con pagos en efectivo, el resto debe introducirse a la economía legal usando redes de negocios fachada y cuentas bancarias. En el Bajo Cauca, parte del dinero se deposita en cuentas bancarias a nombre de miembros sin antecedentes o testaferros, mientras que el resto se blanquea por medio de empresas de papel, que incluyen comerciantes de oro, almacenes de artículos de cuero, bares y una carpintería.

*Informe realizado por James Bargent y Mat Charles. Filmado y editado por Mat Charles. Filmación adicional de Sven Wolters. 

Al interior de las Bacrim de Colombia: asesinatos

El control que ejercen las Bacrim sobre territorios como el Bajo Cauca en el norte de Colombia surge del poder de las armas, y la muerte es el precio constante de dicho poder.

En los sectores rurales, los miembros uniformados de las Bacrim armados con rifles de asalto todavía patrullan en unidades que recuerdan sus orígenes paramilitares. Pero en los centros urbanos, su capacidad de agresión radica en sus redes de sicarios.

La vida de un sicario

El sicario es uno de los roles más especializados dentro de las filas de las Bacrim. Su único trabajo consiste en matar o torturar cuando se le solicita. En el Bajo Cauca, se les paga un salario mensual de entre 1,5 y 3 millones de pesos (entre US$500 y 1.000), dependiendo de qué tan valoradas sean sus habilidades, y ganan un bono por cada asesinato realizado, que oscila generalmente entre 200.000 y 300.000 pesos (unos US$70 o 105). En casos especiales, estos pagos pueden llegar a ser de millones de pesos.

Los sicarios independientes (es decir, aquellos que no están en la nómina de Los Urabeños) suelen ganar mucho más que los asalariados, aunque ello depende del objetivo. En el Bajo Cauca hay varios sicarios independientes especializados, a quienes los jefes de las Bacrim suelen llamar cuando no pueden confiar en sus propios hombres, o cuando éstos no tienen las habilidades o los recursos necesarios.

La mayoría de los sicarios son reclutados cuando son adolescentes. Los miembros de la red de las Bacrim identifican en sus comunidades a los niños con problemas o vulnerables, que suelen ser los que tienen problemas familiares o económicos, y los abordan con ofertas de dinero fácil.

“Juan”, un muchacho de quince años de edad que prefirió no usar su nombre real, dice que cuando tenía 13 años le ofrecieron 100.000 pesos (unos US$35) para matar a alguien.

“Sabían que yo estaba en una situación desesperada y que estaba buscando trabajo. Al principio dije que no, pero me siguieron durante varios días y finalmente acepté”, explicó.

“Hay momentos que te sientes bien porque hay dinero, hay drogas, hay mujeres y hay poder” – ‘Manuel’

Ese asesinato fue la iniciación de Juan en las Bacrim. Actualmente vive con otros ocho reclutas jóvenes en una casa proporcionada por Los Urabeños. La pequeña y destartalada casa tiene sólo dos habitaciones, y un pedazo de hierro corrugado sustituye la puerta frontal.

“No sé a quién maté o por qué, pero no me importa”, dice Juan. “Es más fácil si no sabes nada sobre la víctima”.

Tal indiferencia no es inusual. A los sicarios no les suelen decir a quién van a matar o por qué.

“Tomy”, quien también prefirió dar un nombre falso, tiene 18 años y también vive en la casa. Se desempeña como “campanero”.

“No tenía dónde vivir. Me dijeron que me podrían dar un lugar para vivir”, dijo. “Me dieron un teléfono y me dijeron que vigilara a todo el mundo”.

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Una casa en el barrio de Caucasia conocido como “El Camello”

Los campaneros, también conocidos como “puntos”, patrullan sus zonas en busca de caras desconocidas o actividades extrañas, y reportan cualquier irregularidad a su comandante mediante un teléfono proporcionado por los líderes de su unidad. Los campaneros también juegan un papel clave en la recopilación de inteligencia para los asesinatos.

“Si tú quieres matar a alguien o necesitas información de alguien, es fácil, puedes ir a las autoridades” – ‘Fredy’

Quienes comienzan en los primeros eslabones de la cadena como campaneros o “extorsionistas” saben que continuarán la carrera como asesinos. Y un día cualquiera los comandantes deciden probar su temple, poniendo un arma en sus manos y ordenándoles que maten a alguien. El entrenamiento, si es que se ofrece, consiste generalmente en una tarde de manejo básico de armas y práctica de tiro al blanco con un veterano de las Bacrim.

“Sé que algún día me pedirán que mate a alguien. Pero estoy listo para eso”, dice Tomy.

En las filas de la Bacrim, los sicarios son vistos con respeto y temor al mismo tiempo; son duros, pero también locos. Sin embargo, el precio que pagan suele ser alto. Algunos usan sustancias psicoactivas, e incluso consumen drogas para prepararse para los ataques, y son atormentados por los rostros de las personas a quienes matan. Otros muestran poco remordimiento por lo que han hecho. Pero entre el peso de sus acciones, las presiones de la ley y la organización y la pugna entre poder social y aislamiento, la suya es a menudo una carrera corta y azarosa.

Anatomía de un asesinato

Los sicarios de las Bacrim no operan solos; hacen parte de un equipo dentro del cual cada integrante tiene sus propias funciones y responsabilidades. Hasta hace poco, la red de asesinos de Caucasia constaba de más de 25 individuos, pero muchos de ellos fueron detenidos recientemente en una redada de la policía.

El primer paso para cualquier asesinato consiste en recopilar inteligencia sobre la víctima. Si bien los campaneros son los que suelen realizar esta tarea, en el caso de víctimas de alto perfil o bien protegidas, también puede implicar obtener información sensible proveniente de contactos en las fuerzas de seguridad, las instituciones locales o las empresas.

Los sicarios solamente están armados mientras cumplen su misión, de modo que su primera tarea consiste en encontrarse con los “guarda armas”. En Caucasia hay dos pistolas calibre .38 y un revólver de 9 mm a disposición de los sicarios. Hay dos mujeres que trabajan como guarda armas. Ellas mantienen las armas ocultas, pero se aseguran de que haya acceso fácil y rápido a ellas en todo momento.

El día del asesinato, el campanero suele coordinar la acción, informándole al “piloto” (el conductor de la misión) dónde debe reunirse con el guarda armas y dónde se encuentra la víctima.

Los asesinatos suelen llevarse a cabo en lugares públicos, sin considerar quién pueda estar presenciándolos. Los sicarios saben que la mayoría de los testigos se sienten demasiado atemorizados como para hablar. Sus principales preocupaciones son la ausencia de policías, la posibilidad de que el sicario huya fácilmente y el hecho de que la víctima no tenga escapatoria posible. El piloto lleva al sicario lo suficientemente cerca de la escena para que identifique al objetivo, y lo espera con el motor de su motocicleta encendido. El sicario derriba a la víctima con disparos preliminares y luego, si tiene oportunidad, la remata con disparos en la cabeza, para luego volver donde el piloto y emprender la huida.

red de asesinos de caucasia

Hay numerosas razones para convertirse en objetivo de las Bacrim. Ellas deben mantener su monopolio territorial y criminal vigilando violentamente las más mínimas confrontaciones a su autoridad.

Cualquier venta de drogas sin la debida autorización, incluso en los niveles más bajos de ventas callejeras, puede desencadenar una sentencia de muerte. Cualquier miembro de las Bacrim que sea atrapado robando o realizando actividades paralelas, como utilizar el nombre de Los Urabeños para constituir sus propias redes de extorsión, es igualmente castigado con la muerte. Cualquier comerciante que oponga resistencia a sus extorsiones o a otras actividades criminales también puede convertirse en un objetivo.

Para mantener el control también resulta clave la vigilancia de los “sapos”, o soplones. Los informantes, bien sean miembros de la organización, rivales o civiles, representan un grave riesgo para los miembros de las Bacrim y para sus intereses económicos.

Las personas que representen un obstáculo para las Bacrim, como los políticos o los periodistas, o los policías y jueces incorruptibles, también suelen terminar en las listas negras. Dado que tales personas están a menudo bien protegidas y su eliminación no siempre es un asunto prioritario, los comandantes suelen poner un precio sobre sus cabezas, que puede ser reclamado por cualquier sicario de dentro o fuera de la organización.

Las Bacrim también llevan a cabo campañas de “limpieza social”, según su propio código moral y religioso, y movidas por su deseo de ejercer autoridad e intimidar a la población.

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 Arresto de alias “Taison”, presunto sicario de Caucasia

Los violadores y ladrones —excepto los grupos de las Bacrim que se dedican a robar motos para realizar los asesinatos y luego revenderlas— son objeto de una pena de muerte instantánea. Los drogadictos —a pesar de que son clientes de las Bacrim— suelen ser asesinados, y la comunidad LGBT es rutinariamente amenazada, aunque no se ha demostrado que haya habido asesinatos directamente relacionados con la limpieza social de los miembros de la comunidad LGBT en años recientes.

En varias comunidades del Bajo Cauca, los ciudadanos han informado que las Bacrim también actúan como jurado y jueces de hecho en conflictos vecinales o de familia. Los comandantes dictan sentencias, pero los sicarios son quienes hacen el trabajo. Otros civiles son asesinados como parte de venganzas personales por haberse enfrentado con miembros de las Bacrim, o con sus familiares o amigos.

Sin embargo, las únicas víctimas de las Bacrim no son las personas que han ofendido a la organización. Esta también brinda servicios de asesinato a sueldo a cualquiera que tenga las conexiones adecuadas o el dinero suficiente.

Entre sus clientes se encuentran políticos y destacados miembros de las élites sociales y económicas de la región, así como ciudadanos del común que se mueven en los círculos adecuados. Muchos tienen acceso a los servicios de los sicarios gracias a los pagos voluntarios de protección que hacen a las Bacrim, y otros los pueden contactar para poner una recompensa sobre la cabeza de un rival o de una persona que amenace sus intereses políticos o comerciales. Y otros más buscan los servicios de las Bacrim para crímenes pasionales, a menudo para contratar un sicario que se vengue del amante de una esposa infiel.

*Informe realizado por James Bargent y Mat Charles. Filmado y editado por Mat Charles. Filmación adicional de Sven Wolters. 

Al interior de las Bacrim de Colombia: poder

En lugares como la región del Bajo Cauca, las Bacrim son una típica manifestación de la criminalidad en la Colombia actual: una célula regional semiautónoma que hace parte de una potente red nacional.

Las raíces de las Bacrim se remontan al grupo sombrilla de paramilitares desmovilizados, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las cuales libraron una sangrienta guerra en Colombia en la década de los noventa y los primeros años del nuevo siglo, para expulsar a los grupos guerrilleros y sus supuestos simpatizantes, con el fin de apoderarse de las tierras y tomar el control de las economías criminales. Como sucedió en todo el país después de que las AUC se disolvieron, muchos de los paramilitares del Bajo Cauca no se reincorporaron a la vida civil, sino que permanecieron en la criminalidad. Desde entonces han conformado redes híbridas de paramilitares y criminales que tienen nuevas estructuras, modus operandi y relaciones con otros actores armados.

La franquicia del Bajo Cauca

El Bajo Cauca —una región del norte del departamento de Antioquia conformada por seis municipios— es un territorio dominado por Los Urabeños, la última Bacrim con un verdadero alcance nacional. Los Urabeños son la organización criminal más poderosa de Colombia actualmente. Sin embargo, como suele ocurrir en su descentralizada red, la relación entre los dirigentes de Los Urabeños a nivel nacional y las Bacrim locales es compleja. Algunas células son controladas por el comando central, mientras que otras funcionan de manera autónoma.

Las células de las Bacrim que controlan el oriente del Bajo Cauca son las de Los Urabeños “puros”, es decir, aquellos que son dirigidos por el comando nacional de Los Urabeños, el cual les proporciona líderes y otros miembros de fuera de la región. Según fuentes militares, la estructura típica de dichas células está conformada por un comandante, conocido como el “Primero”, que es apoyado por un jefe de finanzas, el “Segundo”, y un jefe militar, el “Tercero”. Por debajo de ellos se encuentran otros cinco jefes, que están encargados de la logística, el reclutamiento, las redes de inteligencia y asesinatos, la ideología y las relaciones con la comunidad.

estructura de poder de las bacrim 1

Sin embargo, el resto de la región está bajo el dominio de una red diferente con una larga historia en el Bajo Cauca, y que, por el momento, tiene cierto nivel de autonomía con respecto a los jefes de Los Urabeños. Para los miembros más antiguos de la red, éstos no son Urabeños auténticos, sino “Chepes”.

Rafael Álvarez Piñeda, alias “Chepe”, es un excomandante de nivel medio de las AUC y miembro fundador de Los Paisas, la primera Bacrim que se conformó en el Bajo Cauca. En la guerra por el Bajo Cauca que se libró entre 2008 y 2012, Los Paisas se dividieron en facciones rivales. La facción de Chepe formó una alianza con Los Urabeños, y otra facción se unió a los principales rivales de Los Urabeños: Los Rastrojos.

“Va a haber una guerra por las bandas criminales; entre ellas y con la guerrilla” – ‘El Soldado’

En 2012, Los Rastrojos les cedieron el Bajo Cauca a Los Urabeños como parte de un acuerdo entre los dirigentes nacionales de ambas partes. Los miembros rasos de los Rastrojos-Paisas fueron asimilados por Los Chepes, mientras que los niveles superiores huyeron o fueron exterminados. Chepe fue capturado en el año 2013, pero la red que él conformó continúa controlando el territorio a nombre de Los Urabeños.

La cooptación de células locales de las Bacrim en la franquicia de Los Urabeños, como Los Chepes, les ha permitido a Los Urabeños extender su influencia en territorios criminales clave por toda Colombia. Se trata de un modelo mutuamente beneficioso, que permite que el dinero y el poder fluyan en ambas direcciones.

Los Chepes les ofrecen a Los Urabeños apoyo armado a lo largo de las rutas de las drogas y en las zonas de producción del Bajo Cauca, y a cambio ellos reciben la protección de un poderoso respaldo nacional que puede proporcionar armas y refuerzos. Los Chepes reciben pagos por proteger las drogas en la región y pueden dirigir las economías criminales locales como un monopolio, pero a cambio deben pagarles un impuesto mensual a Los Urabeños, mediante bancos y empresas en la ciudad de Medellín.

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Presentación de los capturados en una operación en contra de las Bacrim en diciembre 2016

Sin embargo, hay indicios de crecientes tensiones entre Los Chepes y Los Urabeños, después de que recientes operaciones policiales han generado caos en la organización, y una oleada de asesinatos indican que se ha presentado una nueva guerra territorial. Según fuentes de las Bacrim y de las fuerzas de seguridad, antes de su arresto en Medellín en el mes de marzo, el comandante de Los Chepes, José Horacio Osorio Bello, alias 6-7, le vendió parte de la franquicia del Bajo Cauca al grupo criminal Los Triana, ubicado en Medellín, sin el permiso o el conocimiento de Los Urabeños.

Bacrimlandia

En los centros urbanos como Caucasia, la capital de facto del Bajo Cauca, las Bacrim son una oscura presencia, visible sólo para quienes las conocen: sus sicarios se transportan como pasajeros en motocicletas. Sus extorsionistas tienen la apariencia de clientes. Sus campaneros son niños de los barrios y sus redes financieras son los negocios locales.

“La gente ahí vive con miedo. Miedo a la muerte, miedo a la tortura” – ‘Manuel’

Sin embargo, en los anárquicos territorios que han heredado de los paramilitares y que ahora son sus bastiones, las Bacrim ejercen su poder mucho más abiertamente, y es desde estas comunidades rurales desde donde dirigen sus redes criminales. Ante la ausencia del Estado, los cientos de residentes que viven en estos pueblos han optado por acatar las reglas de las Bacrim.

En el Bajo Cauca, el poder de las Bacrim se ejerce sobre todo en dos extensos distritos rurales del municipio de Cáceres que solían ser fortines de algunos de los más poderosos caudillos paramilitares del Bajo Cauca: Piamonte y Guarumo.

Piamonte fue el bastión de uno de los caudillos más temidos de las AUC, Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, y actualmente es la base estratégica de las Bacrim en el Bajo Cauca. El área poblada de Piamonte está dividida en dos sectores: uno para la población general y otro para los miembros de las Bacrim. La población está a merced de estos últimos, y hay poca diferencia en los niveles de vida, pues las Bacrim habitan las mismas casas rudimentarias, sólo que cuentan con mayor seguridad.

Muchos de los miembros de las Bacrim han optado por vivir en Piamonte porque es uno de los lugares más seguros para evadir las órdenes de arresto. A su sector sólo se puede acceder por ferry, y la corta travesía por río es fuertemente custodiada por varios “campaneros” (vigilantes) armados, quienes vigilan a todo el que entra o sale.

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Motocicletas se suben al ferry que parte desde Piamonte

Las únicas rutas que la policía puede tomar si quiere ingresar a Piamonte están cuidadosamente vigiladas por campaneros que rondan la carretera que parte de Caucasia y se dirige hacia el sur y por centinelas de las Bacrim que vigilan las riberas del río a ambos lados de la ciudad.

Más allá del centro urbano, se encuentra el área rural de Piamonte, que es patrullada por unidades que cuidan los cultivos de coca de las Bacrim, así como sus laboratorios de procesamiento de cocaína, sus minas de oro ilegales y los escondites de armamento pesado.

Cerca de Piamonte se encuentra Guarumo, otro distrito que se ha convertido en lugar de vivienda o refugio de los comandantes locales más importantes de la región.

En Guarumo, los comandantes son protegidos por escuadrones de guardaespaldas que ejercen una estrecha vigilancia sobre todos los movimientos dentro y fuera de la zona y mantienen una presencia permanente a lo largo de la única carretera del municipio. Dado que es uno de los lugares más seguros de la región, Guarumo también es utilizado como lugar para reuniones de los comandantes y para las peleas de gallos y fiestas semanales de las Bacrim.

Las apartadas islas de La Amargura y La Plantera, a las que se llega tras un corto viaje en ferry desde Piamonte y Guarumo, es donde supuestamente viven los altos mandos de la organización. Estas islas también permiten ocultar los campos de tortura de las Bacrim. Según los habitantes de la región y fuentes de las Bacrim, las islas han sido convertidas en fosas comunes.

Piamonte y Guarumo son considerados los territorios más prestigiosos para los comandantes en la zona de influencia de la organización, y allí también habitan los hombres más cercanos a los comandantes. Para los residentes, que deben pagarles un “impuesto” a las Bacrim, estos comandantes representan la ley.

La dinámica del poder armado

Las Bacrim no son los únicos actores armados con intereses en el Bajo Cauca. Ellas deben lidiar con sus rivales y socios tanto del medio legal como del mundo criminal, como los policías y los grupos guerrilleros marxistas, equilibrando las relaciones con ellos y manejando las riendas del poder y el dinero. Esta delicada dinámica se verá interrumpida por la actual desmovilización de la guerrilla más poderosa del Bajo Cauca y de Colombia en general, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La corrupción de las fuerzas de seguridad, en particular de la policía, es de vital importancia para las operaciones de las Bacrim, las cuales dicen que les hacen pagos mensuales a los funcionarios corruptos con el fin de que éstos les den información. Esta información les permite estar preparadas para las operaciones militares o policiales y asegurarse de que los cargamentos de droga pasen por la zona sin ningún obstáculo.

Las redes de inteligencia de las Bacrim penetran todos los niveles de mando, desde los patrulleros en las calles hasta los comandantes de la policía a nivel regional. Una fuente de un alto mando del ejército, que habló bajo condición de anonimato, asegura que la corrupción impide las operaciones militares en el Bajo Cauca.

“Sabemos que hay personas al interior que trabajan para ellos. Ellos les advierten cuándo vamos a llegar. Pasa todo el tiempo”, dijo la fuente.

Sin embargo, no dio ejemplos específicos.

Las tensiones entre la policía y el ejército son habituales en el Bajo Cauca. Ambos son responsables por la seguridad de la región, como parte de una red interinstitucional conocida como “Operación Corazón Colombia”.

“Lo que pasa es que hay quienes se guían por sus propios intereses y no por los intereses de la paz”, dijo la fuente del ejército.

Los funcionarios corruptos no sólo garantizan el paso de los cargamentos, sino que además presuntamente les suministran armas a las Bacrim.

Durante la época de las AUC, los paramilitares del Bajo Cauca libraron una amarga y violenta guerra contra las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero más pequeño. Sin embargo, los viejos odios han dado lugar a nuevas relaciones comerciales, y recientemente las FARC y Los Urabeños llegaron a un acuerdo.

Según el acuerdo entre las Bacrim y las FARC, cada parte se encargaría de sus territorios y de los intereses económicos al interior de ellos. La guerrilla, cuyo territorio cubre la mayor parte de las tierras usadas para el cultivo de coca, les compraría a los productores la pasta de coca (la pegajosa pasta que constituye la primera fase para la transformación de la planta en cocaína) y se la vendería a las Bacrim. Y si quieren transportar su propia pasta por el territorio de las Bacrim para llevarla a otra zona, deben pagarles un derecho de transporte.

Sin embargo, dado que las FARC como organización nacional se encuentra entregando sus armas y preparándose para reincorporarse a la vida civil, el hampa del Bajo Cauca se está reorganizando, y ya se están formando nuevos conflictos y ciclos de violencia. (Vea aquí la cobertura sobre el proceso de paz entre las FARC y el gobierno).

La violencia vinculada al proceso de paz era ya una realidad antes de la firma del acuerdo definitivo a finales de 2016. Durante los últimos años de las negociaciones entre el gobierno y las FARC, Los Urabeños confrontaron una alianza entre los guerrilleros de las FARC y el ELN en los municipios de Zaragoza y El Bagre y del ELN en Cáceres. Se cree que, desde que comenzó la desmovilización de las FARC, elementos disidentes están trabajando con la nueva alianza de las Bacrim entre una facción de Los Chepes y Los Triana en Tarazá y Cáceres.

La desmovilización también está afectando el tráfico de drogas. Hacia el norte, en Nechí, los cocaleros han informado que las FARC ya han desaparecido y que las Bacrim han comenzado a comprarles la pasta directamente a ellos.

“El tipo que solía venir volvió con alguien nuevo y dijo que de ahora en adelante debíamos pagarle a él”, dijo un agricultor. “Eso fue todo. Nada más ha cambiado. El precio no ha cambiado. Es sólo que una nueva persona compra lo que hacemos”.

En El Bagre ha surgido una figura misteriosa, conocida como “Misael”. Los habitantes del municipio dicen que Misael está empleando a decenas de personas para cosechar hojas de coca en un terreno cerca de Puerto Claver. Dicen que se les paga 12.000 pesos (unos US$4) por “arroba” (cerca de 25 libras) de hojas de coca seleccionadas. Esto es más de los 5.000 pesos (unos US$1,75) que pagan otros cosechadores de coca.

*Informe realizado por James Bargent y Mat Charles. Filmado y editado por Mat Charles. Filmación adicional de Sven Wolters.