Colombia finalmente adopta una estrategia decisiva contra Los Urabeños

El gobierno de Colombia ha hecho una serie de ajustes discretos pero que podrían ser decisivos en la búsqueda del líder del grupo criminal Los Urabeños, el criminal más buscado del país que ha evadido a las autoridades por más de dos años.

Con notablemente poca atención mediática, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, anunció el pasado 22 de junio que la búsqueda del líder de Los Urabeños Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, quedará ahora a cargo de Jorge Luis Vargas, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIJIN) – y quizá el policía investigativo más capaz del país.

Además, por primera vez en la historia, se creó una Fuerza de Tarea Conjunta que trabajará bajo las órdenes de la Policía y no del Ejército, para dirigir una nueva ofensiva contra la estructura de Los Urabeños. Esta unidad estará conformada por 3.200 miembros de la Policía, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, informó El Tiempo.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, estuvo presente durante este anuncio en el cuartel general de la fuerza de tarea, en Necoclí, departamento de Antioquia. Hay indicaciones de que Estados Unidos seguirá brindando ayuda en la operación para atrapar a Otoniel y a sus principales cabecillas con el propósito de desmantelar a esta organización transnacional de tráfico de drogas.

“Esta es la cuarta vez que vengo a Necoclí para conocer los resultados de la Policía, lo cual demuestra el compromiso e interés de mi país en apoyar a la Fuerza Pública en su lucha contra el narcotráfico y crimen organizado”, le dijo Whitaker a El Tiempo.

Análisis de InSight Crime

La designación de Jorge Luis Vargas como comandante de la nueva Fuerza de Tarea Conjunta es parte de la segunda fase de la Operación Agamenón, el operativo de búsqueda del gobierno colombiano en contra de Los Urabeños. Durante su primera fase, que duró más de dos años, las autoridades capturaron a más de mil miembros de este grupo criminal, pero no lograron dar con su líder Otoniel ni desmantelar la estructura.

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InSight Crime visitó el centro en Necoclí, desde donde se dirige la Operación Agamenon. Ahí, se exhiben los helicópteros Black Hawk donados por Estados Unidos para apoyar las operaciones, y un centro de inteligencia con tecnología de punta, el cual sin duda se convertirá en el centro operacional del general Vargas, quien se dio a conocer gracias a su trabajo en la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), donde fortaleció la infraestructura de inteligencia de Colombia hasta alcanzar estándares de clase mundial.

Poner a la policía a cargo de la nueva fuerza de tarea es una de las primeras señales de un posible cambio de estrategia en el Ministerio de Defensa en el entorno del posconflicto, en donde la Policía –y no el Ejército– asume el papel de la seguridad interna, como lo dicta la Constitución. Esta podría ser una muestra de lo que está por venir con la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El mayor operativo de persecución de Colombia no ha logrado atrapar su objetivo principal. Y esta es la razón.

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La densa selva de Colombia en la Costa Caribe es el bastión de Los Urabeños, una de las organizaciones criminales más poderosas del continente americano. Allí es donde sus líderes se esconden, y también es donde el gobierno está reiniciando su mayor operación policial para, una vez más, intentar obligarlos a salir. Pero hasta ahora el enorme esfuerzo no ha logrado su objetivo principal: capturar al sospechoso criminal más buscado de Colombia.

Bordeados por la frontera con Panamá y el mar Caribe, los imponentes árboles y remotos cayos de la región de Urabá, Colombia, son la perfecta fortaleza natural para el hombre más buscado del país, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, cabecilla del grupo criminal más poderoso de Colombia, Los Urabeños.

Hace más de dos años, el gobierno colombiano lanzó la que se convertiría en una prolongada búsqueda por Otoniel y su círculo cercano: la “Operación Agamenón”, liderada por el famoso Bloque de Búsqueda de la Policía, que se conformó en la década de los noventa para perseguir a Pablo Escobar, capo del Cartel de Medellín.

Escobar fue baleado en el techo de una casa de Medellín en diciembre de 1993, aunque hay informes contradictorios acerca de si fue realmente un agente de policía quien apretó el gatillo. Pero aunque la Operación Agamenón tiene un número mucho mayor de funcionarios, recursos y fondos que el Bloque de Búsqueda de Medellín, sus agentes han estado recorriendo el bastión de Los Urabeños sin lograr atrapar a ninguno de los líderes principales del grupo, aunque sí han arrestado a cientos de mandos menores.

Actualmente, Colombia está convocando al ejército para “Agamenón II”.

Las características esenciales de las primeras acciones de la Operación Agamenón no van a cambiar, pero van a pasar por un proceso de “reingeniería” en la segunda fase que acaba de iniciar, según un funcionario judicial directamente involucrado en la operación y que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.

Sin embargo, el cambio más significativo en la estrategia —la participación directa del ejército—puede ser una medida bastante política.

¿Política en juego?

Según la fuente del gobierno, ha habido muchos “celos” entre los militares con respecto a la bien financiada operación policial. En la Operación Agamenón inicialmente se desplegaron unos 1.200 agentes de policía, apoyados por helicópteros Black Hawk, y con la colaboración ocasional del ejército. Sin embargo, el ejército argumenta que la operación policial sería mucho más potente si las fuerzas armadas pudieran aportar sus conocimientos en territorios rurales, lo cual harán esta vez, explicó la fuente.

Pero es poco probable que involucrar al ejército completamente acabe con las trabas burocráticas al interior del aparato de seguridad del gobierno. Cada una de las instituciones involucradas en la Operación Agamenón —la Fiscalía General de la Nación, el ejército y varias unidades policiales— tiene investigaciones diferentes en torno a Otoniel y su círculo cercano. Y al parecer todas ellas compiten entre sí, protegiendo vehementemente la información que han obtenido mediante inteligencia, pues cada una quiere ser la primera en capturar al hombre más buscado en Colombia.

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Si bien es muy probable que la colaboración entre organismos le ayudaría al gobierno a acorralar a los líderes de Los Urabeños como Otoniel, es una importante oportunidad para que el ejército demuestre que es indispensable para la seguridad ciudadana. A medida que Colombia adelanta la implementación de los acuerdos de paz con el principal grupo guerrillero del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el ejército está tratando de forjarse un papel en este nuevo escenario, lo cual incluye apoyar la lucha de la policía contra el crimen organizado.

Un territorio difícil

Además de estos escollos políticos, la Operación Agamenón ha enfrentado grandes retos físicos y estratégicos. La geografía del refugio de Otoniel es un enorme obstáculo. La poco navegable selva de Urabá es el territorio propio de los líderes de Los Urabeños, algunos de los cuales tienen antecedentes en la guerrilla y están preparados para enfrentar condiciones adversas. Esto es aún más difícil para la policía. Apenas seis meses después de iniciada la operación, un helicóptero se estrelló debido al mal tiempo en la región donde se buscaba al jefe de Los Urabeños Luis Orlando Padierna Peña, alias “Inglaterra”, tras lo cual murieron 17 agentes.

En algunas zonas, el acceso por vía aérea es casi imposible debido al alto follaje, y a otros lugares sólo se puede llegar por mar.

Los Urabeños utilizan estos factores a su favor, pero además cuentan con otro activo fundamental: la comunidad local. Muchos residentes supuestamente protegen a los jefes criminales, actuando como vigías e informantes y ayudándoles en sus redes de protección permanente. Entre los colaboradores parece que se encuentran indígenas locales, cuyas reservas no pueden ser bombardeadas y a las cuales no pueden ingresar libremente las fuerzas de seguridad. Al parecer, la policía no ha ni siquiera solicitado el ingreso a las reservas indígenas —lo cual se debe hacer a través del gobernador de la reserva— pues saben que esto podría alertar inmediatamente a las personas objeto de su búsqueda.

Durante los dos años de la Operación Agamenón se han obtenido los siguientes resultados:

  • 1.284 arrestos (1.001 miembros de Los Urabeños)
  • 52 sospechosos muertos en combate 
  • 444 operaciones
  • 94 toneladas métriccas de cocaína incautadas
  • 81 laboratorios allanados
  • 2 pistas de aterrizaje clandestinas destruidas
  • 517 activos confiscados (valorados en US$115 millones)
  • US$9 milliones incautados
  • 409 armas incautadas

Fuente: Policía Nacional de Colombia

Por lo tanto, la policía ha intentado poner a estas mismas comunidades de su lado. Acceder a ellas e invitarlas a participar en programas sociales ha sido difícil, pero ha valido la pena; varios informantes civiles les han ayudado a llegar a metros de sus objetivos. Hace unos pocos meses, en el municipio de Necoclí, un francotirador de la policía casi da con el segundo hombre al mando de Los Urabeños: Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán”, que se encontraba a 500 metros de distancia.

Dadas todas estas presiones, los jefes de Los Urabeños se han vuelto cada vez más paranoicos en cuanto a la seguridad y han renunciado a su lujoso estilo de vida. Asesinan a cualquiera de sus hombres sobre el que tengan sospechas, se trasladan constantemente y han empezado a utilizar mensajeros humanos en vez de teléfonos.

Cómo ganar

La Operación Agamenón ha estado activa el doble del tiempo que llevaba el Bloque de Búsqueda cuando derribó a Pablo Escobar. La búsqueda del capo requirió unos 50 millones de pesos colombianos al mes (unos US$17.000 a la tasa de cambio actual), durante un año y dos meses, mientras que se dice que la Operación Agamenón —que lleva ya más de dos años en actividades—cuesta casi 90 veces esa cantidad (US$1,4 millones al mes).

Sin embargo, la operación para atrapar a Escobar tenía algo de lo que la Operación Agamenón carece y que probablemente nunca tendrá: la colaboración de los más feroces enemigos de los hombres a los que busca, que en el caso de Escobar incluía al poderoso Cartel de Cali. Además, esa operación se desarrolló en las calles de Medellín, la segunda ciudad más grande Colombia, a diferencia de la agreste selva de Urabá.

Sin embargo, fue un hecho clave el que facilitó la caída de Escobar: él le hizo una llamada a su familia, la cual fue interceptada inmediatamente. Y la lección fue bien aprendida: la mejor manera de obtener resultados es mantener una estrecha vigilancia sobre los miembros de la familia, como le dijo el funcionario judicial a InSight Crime.

El funcionario argumentó que, para ser efectiva, la Operación Agamenón deberá “destruir” todo lo que rodea a los líderes de Los Urabeños, lo que incluye interceptar e infiltrar a las personas cercanas a ellos. Hasta ahora, las autoridades parecen haberse ceñido a esta estrategia, capturando a la esposa de Otoniel y a otros de sus parientes.

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Pero las autoridades también tienen que paralizar a estos jefes financieramente, lo cual no sólo significa incautar cocaína, sino además congelar los activos blanqueados, dijo la fuente. Una nueva sección de la Fiscalía General, creada a raíz de los recientes acuerdos de paz, al parecer tendrá una unidad específica para este propósito.

El ejército puede ser en efecto un valioso recurso para las operaciones contra Los Urabeños. Pero aun así, su mayor participación puede aumentar la probabilidad de violaciones a los derechos humanos.

Es cierto que la Operación Agamenón ha ejercido presión sobre el grupo criminal, que según los funcionarios de inteligencia se ha visto obligado a trasladar sus operaciones de narcotráfico hacia el Pacífico, lo cual ha alterado las rutas internacionales de la droga. En caso de que el gobierno logre reducir a los principales cabecillas de Los Urabeños, acabaría con décadas de conocimientos en el tráfico de drogas con importantes conexiones internacionales.

A pesar de esto, hay pocas señales de que la organización de Los Urabeños se esté reduciendo. Desde el año 2009, miles de sus miembros han sido capturados por las autoridades; sin embargo, parece que otros tantos han sido reclutados. De hecho, la organización parece estar en expansión, tratando de apoderarse de los territorios que antes eran controlados por las FARC, que se encuentran en proceso de desmovilización, después de haber firmado un acuerdo de paz con el gobierno el año pasado.

Una mirada al interior del masivo negocio de explosivos en el mercado negro de Colombia

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La bonanza del negocio de la minería ilegal de oro en Colombia demanda explosivos, muchos de los cuales se consiguen en forma ilícita. Este negocio, esencial pero olvidado, ha abierto la puerta para que poderosos capos criminales creen un lucrativo mercado negro que involucra a un grupo grande de personajes, desde sicarios, empresas mineras legales incluso hasta el ejército colombiano.

En Segovia, a pocas horas en dirección norte de la segunda ciudad más grande de Colombia, Medellín, bombillos fluorescentes iluminan una mina donde la gente no busca oro, sino que retira con sumo cuidado los números de serie de explosivos expedidos por el ejército.

La distribución de estos poderosos explosivos “Indugel” es exclusiva del ejército colombiano, y estos son la opción preferida para abrir túneles para la minería en esta región rica en oro. Pero no solo las empresas legales los usan. Toneladas completas de explosivos se desvían al mercado negro cada año para abastecer a los miles de mineros informales que trabajan sin las licencias exigidas.

Un operativo de las fuerzas de seguridad el 14 de enero cerró esta operación clandestina. Se decomisaron casi 3 toneladas de explosivos y se arrestaron a dos personas, informó El Colombiano.

Poco después, comentaron las autoridades a InSight Crime, parece que el dueño de la mina recibió una llamada de un miembro de Los Urabeños, el grupo criminal más poderoso de Colombia. Quería saber cómo había permitido la incautación de tanto material explosivo, y a cambio demandaban que se les pagara.

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Según los funcionarios judiciales y de gobierno consultados por InSight Crime, hay indicios de que Los Urabeños tienen casi un monopolio de este lucrativo mercado ilegal en el departamento de Antioquia, donde se ubica Segovia. Algunas fuentes señalaron que el grupo criminal considera que los explosivos ilegales son una fuente de ingresos más fácil que el narcotráfico, la tradicional fuente de ganancias de los delincuentes colombianos.

Varios factores hacen de los explosivos ilegales una inversión importante para Los Urabeños, aun cuando el grupo ya tenga intereses en la minería ilegal, el negocio de la droga, el tráfico sexual y otras industrias criminales.

Una razón es la enorme demanda. Las inmensas reservas auríferas en el departamento de Antioquia son el sustento de miles de mineros. Quienes no han sido contratados por empresas legales necesitan explosivos para abrir sus túneles clandestinos. Pero la alternativa casera del Indugel, comúnmente llamada “polvo loco”, se considera riesgosa e inestable.

Se han rastreado varios de los explosivos decomisados hasta sus compradores originales, que incluyen empresas mineras subcontratadas por multinacionales.

En segundo lugar, estos mineros no pueden ir a otro lugar. Para asegurarse el control del negocio, Los Urabeños supuestamente convocaron a los mineros de la región a una reunión en la que les advirtieron que les prohibían vender explosivos Indugel fuera de su red. Se dice que grupos “piratas” que intentaron negociar independientemente de Los Urabeños fueron exterminados, mientras que otros que revenden los explosivos que fabrican deben pagar extorsiones a Los Urabeños.

Quizás lo más importante para el grupo criminal es que esta es una empresa de bajo riesgo. Hasta hace cerca de un año, cuando las autoridades abrieron investigaciones sobre esta red ilegal, casi nadie se había ocupado del asunto. De hecho, funcionarios judiciales confirmaron a InSight Crime que hasta ahora solo se ha capturado a delincuentes de bajo nivel, como transportadores, aunque se esperan arrestos de más relevancia en el futuro.

Cómo funciona el mercado negro

Los operativos actuales han revelado hasta el momento por lo menos 60 asociaciones mineras que apoyan el mercado negro de explosivos bajo control de Los Urabeños en solo dos pueblos mineros del departamento de Antioquia, los cuales generan alrededor de US$350.000 en ganancias al mes; unos US$4 millones anuales.

Esta red criminal requiere colaboradores en la esfera legal, según explicaron fuentes judiciales. Las empresas mineras formales deben tener un título minero, y al parecer un papeleo interminable para recibir autorización de la Secretaría de Minas, el Departamento para el Control del Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCA) y de las autoridades ambientales. Con esto, pueden comprar los explosivos para minería al único productor legal del país, el fabricante del ejército Indumil.

Una vez obtienen la valiosa licencia, las empresas cooptadas compran los explosivos al ejército, y se dice que algunos sobornan a los agentes para que les den “manos” (unidad de explosivos por un valor de unos US$250) extra, sin registrar en los libros. Las investigaciones indican que estas manos se entregan a Los Urabeños, quienes revenden el producto a una tasa hasta de US$1.500 en el mercado negro, margen de ganancias de un 500 por ciento.

Esta red también ha afectado a importantes instituciones mineras. Pese sus esfuerzos por eliminar el número de serie en el Indugel, varios explosivos decomisados se han podido rastrear hasta sus compradores originales, entre ellos empresas mineras subcontratadas por multinacionales. En otros casos, los explosivos han sido aparentemente robados a las multinacionales y revendidos en el mercado negro. No es claro el grado de participación, si la hay, de las multinacionales mismas en el negocio ilegal.

Según los funcionarios judiciales, este proceso no puede funcionar sin complicaciones sin la negligencia o la colaboración de los agentes de seguridad y entes de gobierno. Hay sospechas entre las autoridades de que mandos medios del ejército pueden estar facilitando la concesión de licencias a empresas sospechosas. Además, los transportadores de explosivos ilegales capturados en flagrancia pueden sobornar a la policía (algunos de los cuales están en la nómina de Los Urabeños) para evitar ir a la cárcel y conservar parte de su carga.

Aun cuando se denuncian y penalizan las empresas corruptas, algunas simplemente cambian el nombre registrado y siguen como si nada hubiera pasado, al parecer bajo la laxa supervisión de la Secretaría de Minas. El mismo ente es el responsable de garantizar que las minas que reciben los explosivos estén realmente en operación, lo que no se hace actualmente, según fuentes judiciales. Cuando las fuerzas de seguridad incursionaron en la mina en Segovia, esta se encontraba fuera de operación hacía un mes por lo menos.

En otros casos, la falta de comunicación entre las instituciones ha beneficiado este mercado negro. Es sorprendente que aparentemente el DCCA no tuvo noticia de la conducta criminal de los compradores hasta hace poco, aun cuando otros organismos del gobierno sabían de esto.

Gráfico cortesía de El Colombiano que ilustra los decomisos de explosivos realizados en 2016

Una tendencia más amplia

Viendo cómo este fenómeno solo comenzó a atraer la atención del gobierno hace algunos meses, no sería una gran sorpresa que existieran redes criminales similares en otros centros mineros alrededor de Colombia. La minería informal también se da en regiones como Cauca, Córdoba y Bolívar, donde las autoridades aún no analizan el uso de explosivos de procedencia ilegal.

Toda esta dinámica está ligada a la falta de énfasis del gobierno en la minería ilegal en Colombia hasta hace relativamente poco. Aunque durante décadas las iniciativas de seguridad se vieron consumidas por la “guerra contra la droga”, los sucesores criminales de los grandes carteles se diversificaron para incluir la minería en su repertorio criminal. Según las autoridades, la industria minera ilegal es actualmente hasta 200 por ciento más rentable que el narcotráfico para los criminales, y en los últimos años esta se ha convertido en prioridad para las autoridades.

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Estos mismos grupos criminales ahora han sacado provecho de las falencias en la vigilancia sobre el negocio de los explosivos, y las investigaciones y decomisos recientes pueden ser el catalizador de nuevas investigaciones. El ejército está poniendo mayor atención a las transgresiones relacionadas con explosivos y está tomando medidas contundentes; ya ha bloqueado por lo menos nueve licencias de explosivos en Antioquia por sospechas de ilegalidad.

Pero el gobierno también debe resolver los problemas en el ámbito legal que están haciendo posible este mercado negro. Los mineros muchas veces enfrentan obstáculos casi insalvables al tratar de establecer operaciones formales, lo que los empuja a buscar alternativas al margen de la ley. Las investigaciones de InSight Crime han hallado que la corrupción e ineptitud en el gobierno local han entorpecido las propuestas de negocios mineros legítimos para obtener licencias para el manejo de explosivos. Quitar del camino algunos de los obstáculos que enfrentan los mineros locales que buscan adelantar operaciones legítimas probablemente ayudaría a restringir esta fuente de ingresos para Los Urabeños y la red corrupta que lo sustenta.

Desarrollo económico y crimen organizado: las dos caras de Urabá, Colombia

El Golfo de Urabá cuenta con 323 kilómetros de costa porosa, espesa y profunda dominados a su antojo por las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, mejor conocidas como Los Urabeños; por ahí se mueve contrabando, cocaína y migrantes, pero también maquinaria pesada que hoy le da forma al puerto de aguas profundas que tanto anhela la dirigencia antioqueña.

El mismo día que un grupo de campesinos reclamantes de tierra se reunían en un céntrico hotel de Apartadó, Urabá antioqueño, para compartir sus temores frente su seguridad por cuenta del dominio alcanzado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la región, a varios kilómetros de allí, en el vecino municipio de Carepa, dos policías eran atacados a mansalva por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

El hecho, que tuvo lugar a eso de las 2 de la tarde en el populoso barrio San Marino del casco urbano, dejó un uniformado muerto y otro herido. Tan solo 24 horas antes, un puesto de Policía ubicado en inmediaciones del corregimiento Piedras Blancas, también de Carepa, había sido hostigado por desconocidos.

*Este artículo fue editado y publicado con autorización de Verdad Abierta. Su contenido no refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

La verdad, no se trató de desconocidos. En Urabá, autoridades civiles y militares saben que los responsables de estos hechos no son otros que los “gaitanistas”, los mismos que el gobierno nacional decidió nombrar “Clan del Golfo”, pero que en la región simplemente llaman como los “paracos” y que hoy tienen aterrorizados a comerciantes, campesinos reclamantes, funcionarios y pobladores.

De acuerdo con el coronel Luis Eduardo Soler, comandante del Departamento de Policía Urabá, los recientes ataques contra sus hombres obedecen a retaliaciones de los miembros de esta organización criminal por cuenta de los éxitos operacionales de la Operación Agamenón. El más reciente, recuerda el Alto Oficial, tuvo lugar el pasado 3 de mayo en zona rural de Necoclí, cuando efectivos de la Policía sostuvieron un enfrentamiento armado con varios “gaitanistas” en la vereda Los Guaduales. Allí dieron de baja a Ulder Cardona Rueda, alias “Pablito”, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de 150 millones de pesos. En la acción también fueron abatidos tres de sus escoltas personales.

Alias “Pablito” era considerado por los investigadores judiciales como uno de los más sanguinarios miembros de las AGC. Tenía bajo su responsabilidad las finanzas de las estructuras que delinquen en Córdoba y el Urabá antioqueño y era, después de alias Dario Antonio Úsuga, alias “Otoniel” y Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán”, el hombre más importante de esta organización criminal en este rincón norte del país. Su historial registra que en septiembre de 2005 se desmovilizó junto a otros 1.135 paramilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia en el corregimiento Tilodirán de Yopal, Casanare.

Sin duda un gran trofeo para los efectivos policiales, quienes, desde entonces, patrullan en caravanas de dos, tres y hasta cuatro motocicletas, todos portando gruesos chalecos antibala. Una imagen a la que terminarán acostumbrándose los pobladores del Urabá antioqueño, así como ya se acostumbraron a ver motocicletas de la Policía escoltando los vehículos repartidores de cerveza y gaseosa.

La decisión de acompañar estos vehículos se tomó luego que un mismo día de mediados de enero pasado, en distintos parajes fueran quemados tres automotores. El primero de ellos, un repartidor de gaseosas, incinerado en pleno centro de Carepa; los otros dos transportaban cerveza en la vía que de Mutatá conduce a Belén de Bajirá. Los hechos, tal como explicó el Departamento de Policía Urabá en su momento, obedecieron a represalias de los “gaitanistas” por el no pago de extorsiones.

No es de ahora que la extorsión tiene azotados a los pobladores del Urabá. El fenómeno viene de hace varios años. En municipios como Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo y Necoclí, la extorsión ya registra niveles dramáticos. Comerciantes formales e informales y transportadores deben pagar; también los contratistas de obras públicas locales; tampoco se salvan quienes quieran explotar la riqueza maderera de la región y aquellos que pretendan ingresar contrabando o realizar cualquier otra actividad ilegal en el puerto, debe pagarle a los “gaitanistas”.

“Desafortunadamente tenemos un alto subregistro en materia de extorsión, porque la gente no denuncia. La mejor manera de prevenir y atacar este delito es así, denunciando, con la colaboración de la ciudadanía. El 100 por ciento de los casos denunciados se resuelven positivamente. Pero la gente no lo hace”, explica el comandante de Policía Urabá con relación a un flagelo que crece día a día.

La mejor esquina de América

Los 323 kilómetros de extensión que posee todo el Golfo de Urabá acreditan a los antioqueños como el segundo departamento con más costa sobre el Mar Caribe después de La Guajira. Un privilegio geoestratégico que la dirigencia política y gremial del departamento y del país no ha podido sacarle todo el provecho que ha querido. Hasta ahora.

Luego de varias décadas de promesas fallidas, la Sociedad Puerto Antioquia, en cabeza del Grupo PIO SAS (Puertos-Inversiones-Obras), comenzó a materializar el sueño de un puerto de aguas profundas en el Urabá antioqueño con una inversión de 350 millones de dólares. Las obras iniciaron este año en el corregimiento Nueva Colonia, de Turbo, y se espera que genere 1.800 empleos directos en la región.

No es la única gran obra de infraestructura que se ejecuta en estos tiempos en la considerada “mejor esquina de América”. Desde 2015 viene construyéndose tramos de doble calzada entre los municipio de Chigorodó-Carepa-Apartadó-El Tres, corregimiento de Turbo. Esto se suma a los inicios de obra de los proyectos viales Mar I, que contempla la construcción de doble calzada entre Dabeiba y Mutatá; y Mar II, que mejorará la conectividad entre Santafé de Antioquia y Mutatá gracias a la construcción de tramos de doble calzada y un túnel a la altura del sitio conocido como El Toyo.

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Con ello, las 12 horas –y a veces más– que tomaba el viaje por tierra desde Medellín hasta Apartadó se reducirán en cinco, lo que equivale decir que la salida al mar se acortará sustancialmente, con las implicaciones que ello trae en términos de competitividad. “Quiere decir que será más barato sacar mercancías por el puerto de Turbo que por Barranquilla y Buenaventura y que Urabá estará bajo la lupa de todo el país”, afirma Camilo Calle, secretario de Gobierno de Carepa.

Según estimativos del funcionario, gracias a estos proyectos, sumado a la consolidación de la agroindustria del banano que hoy cuenta con 34.267 hectáreas sembradas con la fruta y en 2015 registró volúmenes de exportación de 68 millones de cajas, el Urabá antioqueño pasará de tener una población hoy cercana a los 650 mil habitantes a poco más de un millón en los próximos cuatro años.  

Pero esta ola de progreso y desarrollo se da sin que la región haya resuelto los problemas que han marcado su historia, como la tenencia de la tierra, por ejemplo. Seis años después de la puesta en marcha de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la justicia ha logrado resolver unos 176 casos de un total de 890 presentados ante los tribunales de tierras. Dichas sentencias suman un total de 6.143 hectáreas entregadas a sus legítimos propietarios.

Para Elkin Rocha, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) Territorial Urabá, la restitución avanza a buen ritmo y este podrá mejorar mucho más cuando tomen posesión de sus cargos los nueves jueces de tierras que fueron designados solo para Urabá. “Vamos a pasar a tener tres a cuatro jueces más. Eso sin duda ayudará a evacuar muchos casos”, aseveró el funcionario, quien además explicó que de 19.448 solicitudes radicadas a la fecha ante las diferentes oficinas de la URT en Antioquia, unas 7.109 corresponden solo a Urabá.

Sin embargo, a juicio de organizaciones como Forjando Futuros, que acompaña judicialmente a víctimas del despojo de tierras en el Urabá antioqueño, el balance que deja la restitución de tierras en Urabá es muy pobre pues lo devuelto a labriegos vía sentencia judicial solo representa el cuatro por ciento del total de tierras despojadas en toda la región: 150 mil hectáreas. Eso sin contar que la situación de seguridad de los campesinos reclamantes de tierras se torna cada vez más compleja, incluso para aquellos que han salido beneficiados con decisiones de los jueces de restitución.

Reclamantes: Acorralados

Todo fue júbilo y esperanza entre las 106 familias reclamantes de la vereda Paquemás de Turbo el año en que la justicia no solo les reconoció su condición de víctimas de uno de los despojos más significativos cometidos en la región sino que además, les devolvía la tierra usurpada. No era para menos. Entre 2014 y 2015, los tribunales de tierras profirieron 22 sentencias mediante las cuales devolvían a sus legítimos dueños unos 37 predios de los 87 que actualmente se encuentran en disputa jurídica.

Se trata de fincas que primero fueron abandonas por los labriegos en el año 1995, quienes, huyendo de la ofensiva paramilitar liderada por Hebert Veloza García, alias “HH”, no les quedó otra opción más que el éxodo forzado. Luego vino el despojo: un funcionario público, valiéndose del miedo que imperaba en toda la región, obligó a los campesinos mediante engaños y amenazas a renunciar a sus títulos, que no eran más que resoluciones de adjudicación proferidas por el Incora- luego Incoder- en noviembre 1994.

“Aquí hay un problema serio: están explotando madera que da miedo. Los “paras” son los que controlan ese negocio. Y como nadie puede decir nada, entonces lo que está en peligro son los proyectos productivos para las familias que ya retornaron porque cada rato se los tumban”

Curiosamente, la tierra terminó en manos de poderosos terratenientes y ganaderos, quienes convirtieron las parcelas en imponentes sociedades ganaderas y que hoy, según los relatos de los reclamantes conocidos por Verdad Abierta, se oponen al proceso de restitución con furia e, incluso, desconociendo decisiones judiciales.

“Los casos son concretos: como las familias que han retornado aún tienen como vecino al opositor, entonces, el opositor les echa el ganado para que acaben con los proyectos productivos; les corren constantemente las cercas; les envenena los animales. ¿Y quién dice algo si allá la ley son los “paras”?”, relata un campesino de la zona, quien pidió el anonimato de su identidad.

Las preocupaciones no paran ahí. Según el labriego, varios líderes de los reclamantes de la vereda Paquemás han recibido amenazas de muerte en los últimos meses. Como la justicia no ha vuelto a pronunciarse sobre el resto de los predios reina total incertidumbre entre quienes retornaron a la vereda y aquellos que aún esperan recuperar lo que la guerra les arrebató.

“Aquí hay un problema serio: están explotando madera que da miedo. Los “paras” son los que controlan ese negocio. Y como nadie puede decir nada, entonces lo que está en peligro son los proyectos productivos para las familias que ya retornaron porque cada rato se los tumban, se los envenenan, se los acaban”, añade la fuente.

La visión de los reclamantes es que la “cosa tiende a empeorar”

A varios kilómetros de allí, en el corregimiento Macondo, de Turbo, la realidad no es muy diferente. Actualmente habitan unas 600 familias que decidieron regresar desde 2012 por su propia cuenta y riesgo a lo que consideran suyo. Y riesgo es lo que han padecido. Desde hace dos años para acá se intensificaron los ataques contra los retornados: les tumban sus ranchos, les envenenan animales y fuentes de agua o intimidan a mujeres y niños. 

También están las llamadas amenazantes que diariamente reciben los líderes más visibles donde les advierten que pronto comenzará contra ellos un “plan pistola”. El asesinato de Porfirio Jaramillo, campesino que reclamaba tierras en la vereda Guacamayas de Macondo, ocurrido el pasado 28 de enero, hace temer que dicho plan será una realidad. A varios campesinos, reconocidos por su liderazgo no les ha quedado más remedio que abandonar la región.

La situación es igual de complicada en territorios como el consejo comunitario La Larga-Tumaradó, en límites con el departamento del Chocó. Allí, voceros de las comunidades afro denuncian que los “gaitanistas” patrullan el territorio con las mismas libertades que alguna vez lo hicieran los paramilitares al servicio de Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán” e imponen restricciones: nadie puede entrar a esa vasta zona sin que ellos se percaten y hay confinamiento de las comunidades.

La visión de los reclamantes es que la “cosa tiende a empeorar”. La justicia hace “oídos sordos” a sus denuncias y las amenazas, ataques y homicidios siguen sin esclarecerse. Los opositores a la Ley de Víctimas han intensificado su campaña de desprestigio contra la URT y los reclamantes, y las diatribas ya comenzaron a calar entre los políticos locales mientras que en la profundidad de la sabana urabaense, aumentan las denuncias sobre atropellos cometidos por capataces de fincas, quienes hacen de las suyas aupados en el creciente control “gaitanista”.

“Los “gaitanistas” tienen gente diseminada en todas las entradas de corregimientos y veredas a los que les dicen “puntos”. Ellos vigilan quién entra y quién sale. “Pasa que a veces ingresa la Policía a la vereda a pasar revista de cómo estamos. Y más se demoran en salir ellos que llegar los tales “puntos” a preguntar qué hablamos con los policías. Así es el control por acá”, cuenta un campesino reclamante de Guacamayas.

“Ofensiva con resultados para mostrar” 

“No son paramilitares”, responde sin titubear el comandante del Departamento de Policía Urabá, coronel Luis Eduardo Soler, cuando se le pregunta qué son las Autodefensas Gaitanitas de Colombia (AGC) o “Clan del Golfo”, cómo los llaman en esa institución. Para este oficial, se trata de una organización criminal que recicló combatientes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el narcotráfico, la delincuencia que ya existía en la zona y hasta de las propias Farc y que hoy intenta mostrar un poderío armado con un pseudo discurso político, “quizás esperando en algún momento presionar una negociación con el gobierno”. 

“Su principal actividad es el narcotráfico. Y cuenta para ello con una costa de más de 300 kilómetros que, por más que queramos, es difícil de controlar. Por ahí se mueve de todo”, explica el coronel Soler, quien asegura que la expansión de la extorsión y el ataque indiscriminado a uniformados “lo que muestra es el desespero de esta gente; ellos están sintiendo la presión, que los tenemos acorralados y que ya no se pueden mover como antes”.

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Lo anterior, según el Coronel, es consecuencia de la controvertida Operación Agamenón, un gigantesco operativo policial mediante el cual se busca la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, máximo cabecilla de los “gaitanistas”, y la desarticulación de la organización. Las cifras más importantes que arroja hasta ahora son la incautación de más de 85 toneladas de cocaína listas para exportar y la captura de 1.300 integrantes de esta organización, incluidos varios cabecillas locales y mandos medios.

Con todo y ello, la pregunta que se formulan en Urabá hoy es: ¿por qué no logran la captura de “Otoniel”, pese a tanto despliegue policial y, por el contrario, parecen cada vez más fuertes? En algo coinciden los análisis de las autoridades civiles y de Policía con relación a los “gaitanistas”: se han convertido en un empleador más en la región y han logrado construir unas sólidas redes de apoyo gracias a dos cosas: ganarse el apoyo de las comunidades y reclutar principalmente a familiares.

“En muchas partes los ven como unos “Robin Hood”. Le ayudan a la señora para que lleve el hijo al médico; si una familia no tiene mercado pues le compran. Contratan mototaxistas, con eso se ganan el apoyo de la gente. Súmele a eso que, es cierto, buena parte de ellos son familia, no por nada los llamaban el “Clan Úsuga”, relata un funcionario de la Alcaldía de Carepa, quien muestra su preocupación por un fenómeno que viene creciendo en los municipios del Urabá antioqueño y que está directamente relacionada con esta organización criminal: el microtráfico.

“Se nos ha incrementado el consumo de sustancias psicoactivas, se nos está convirtiendo en un problema de salud pública”, cuenta el funcionario. Y no solo eso. El fenómeno del pandillerismo crece como espuma en los barrios marginales de Carepa, Turbo y Apartadó con sus sabidas consecuencias: aumento de riñas con armas blancas y de flagelos como el raponeo. “A estos pelados los envician, luego los ponen a vender droga y si lo ven que prueba finura, pues lo van metiendo a la organización”, añade la fuente.

Así está Urabá hoy: una región que muestra hoy dos caras completamente contradictorias. De un lado se está convirtiendo en uno de los polos de desarrollo mercantiles, financieros e inmobiliarios más importante del país; y de otro, el crimen organizado se consolida y le muestra sus colmillos a la institucionalidad.

*Este artículo fue editado y publicado con autorización de Verdad Abierta. Su contenido no refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Gobierno de Colombia afirma haber reducido a Los Urabeños, pero el grupo continúa siendo fuerte

A pesar de una reciente serie de ataques violentos contra la Policía de Colombia atribuidos a Los Urabeños, las autoridades siguen alardeando de sus golpes contra el grupo criminal. Sin embargo, hay evidencias de que el grupo continúa siendo fuerte.

El grupo criminal más poderoso de Colombia, Los Urabeños, está acusado de haber orquestado un nuevo ataque contra los organismos de seguridad del país que dejó como resultado la muerte de un agente de policía en la ciudad de Acandí, en la costa Caribe del departamento de Chocó, informó Caracol Radio el pasado 8 de mayo.

Según el medio de noticias, dos agentes de policía murieron en el lapso de una semana en el vecino departamento de Antioquia.

Además, un comandante de la policía fue asesinado en la ciudad de Valledupar, al norte del país, el día 5 de mayo. Según El Colombiano, las autoridades señalaron que el presunto agresor, quien fue asesinado durante su arresto, era miembro de Los Urabeños.

La racha de asesinatos de policías se viene presentando desde el mes de marzo y se ha atribuido en parte al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). Pero las autoridades también han sostenido que los asesinatos más recientes podrían ser represalias por parte de Los Urabeños frente a las operaciones de seguridad contra el grupo.

Desde febrero de 2017, por lo menos tres figuras de alto perfil de la organización criminal han sido asesinadas durante las operaciones de la Policía y un cuarto miembro del grupo fue arrestado en Medellín, informó El Colombiano en otro artículo.

El 3 de mayo, poco después del asesinato de una de las tres importantes figuras de Los Urabeños, una patrulla de la policía que estaba respondiendo a un llamado de emergencia en el corregimiento de San Cristóbal, cerca de Medellín, fue atacada con un artefacto explosivo que fue lanzado al interior de la patrulla. Dos agentes resultaron heridos en el acto, que se considera hace parte de las represalias del grupo criminal.

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Por otro lado, el 6 de mayo las autoridades llevaron a cabo una ceremonia para felicitar a los policías que habían participado en la “Operación Agamenón”, según Radio Santa Fe.

La operación, iniciada en febrero de 2015, permitió  el despliegue de abundantes armamentos, así como de helicópteros militares y bombardeos a los campamentos del grupo, con el fin de destruir a Los Urabeños en su bastión tradicional, la región del Urabá en el Caribe, que se utiliza como plataforma para los cargamentos de cocaína. Uno de los objetivos explícitos desde el comienzo de la operación ha sido la captura del máximo jefe del grupo criminal, Darío Antonio Úsuga, alias “Otoniel”.

Entre los logros de la operación, las autoridades incluyen la captura de más de mil presuntos integrantes de Los Urabeños y la incautación de 44 toneladas métricas de cocaína, según Radio Santa Fe.

El general Jorge Hernando Nieto Rojas, director de la Policía Nacional de Colombia, afirmó que la organización criminal “ha sido desmantelada en más de un 50 por ciento”.

Análisis de InSight Crime

El número de miembros de Los Urabeños supuestamente capturados durante la Operación Agamenón, así como las grandes incautaciones de cocaína, sugieren que las autoridades han logrado dar algunos golpes a la organización criminal. Además, la presión ejercida por la operación, que ya se ha extendido por bastante tiempo, parece ser uno de los factores que permiten explicar los intentos del grupo por asumir el control de las rutas de tráfico en el departamento del Chocó.

Aun así, las afirmaciones del gobierno colombiano según las cuales su trabajo ha logrado debilitar significativamente a Los Urabeños deben analizarse cuidadosamente. Diferentes acciones, como la serie de ataques recientes contra agentes de la policía, indican que el grupo sigue teniendo abundante poder criminal. De hecho, los informes indican que Los Urabeños han estado extendiendo sus acciones, incluso a lo largo de la costa Pacífica del país y en el Putumayo, en la frontera con Ecuador.

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Si bien el gobierno hace alarde del gran volumen de incautaciones de cocaína, el tamaño de estas incautaciones son un indicio del poder que aún mantiene la organización.

Por otra parte, casi dos años después del inicio de la Operación Agamenón, las autoridades todavía no han capturado a Otoniel. En otras palabras, la operación ha fracasado en cuanto a su objetivo principal. El líder de Los Urabeños ha logrado evadir su captura y permanece prófugo.

Socio de Pablo Escobar fue asesinado en Medellín, Colombia

Un socio de Pablo Escobar fue asesinado en la segunda ciudad de Colombia, lo que permite suponer que había continuado traficando drogas durante mucho tiempo después de la caída del Cartel de Medellín.

José Antonio Ocampo, alias “Pelusa”, fue asesinado en Medellín el 22 de abril, informó Semana. Al parecer, Pelusa había sido un socio importante del ya desaparecido Cartel de Medellín, de Pablo Escobar.

Pelusa había sido capturado por las autoridades colombianas en una finca de Necoclí, en el departamento de Antioquia, en diciembre de 1989. Según el New York Times, en ese momento la policía dijo que él era una de las figuras más importantes del Cartel de Medellín.

Según Ruta Noticias, Pelusa había sobrevivido a un atentado contra su vida por parte de Escobar en junio de 1992, después de lo cual se vinculó al tristemente célebre “Doce del Patíbulo”, un grupo de narcotraficantes que se enfrentó al jefe del Cartel de Medellín hasta su muerte en diciembre de 1993.

Después de la caída del cartel, Pelusa permaneció en Antioquia, especialmente en la región de Urabá, al parecer relacionado con grupos paramilitares de extrema derecha y, finalmente, con Los Urabeños, que actualmente es la organización narcotraficante más poderosa de Colombia.

Los informes señalan que Pelusa fue baleado por hombres no identificados en una gasolinera en la Vía de Las Palmas, en Medellín. Según Noticias Caracol, el secretario de Seguridad de la ciudad, Gustavo Villegas, dijo que el hombre no tenía cuentas pendientes con la justicia actualmente.

Análisis de InSight Crime

El Cartel de Medellín se vio significativamente debilitado después de la muerte de Escobar en 1993, pero muchos de los socios del legendario narcotraficante continuaron operando muchos años después sin ser detectados por las autoridades. Al parecer, Pelusa fue uno de ellos.

Sin embargo, Pelusa no era una figura tan importante como Escobar. Era más bien un “invisible” —término con el que se suele identificar a los narcotraficantes veteranos que sobrevivieron a la caída de los carteles colombianos y continuaron trabajando con varios grupos del crimen organizado en el país—.

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Otros traficantes colombianos han utilizado la misma estrategia. Por ejemplo, Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, pasó de ser un gánster de nivel medio en una organización criminal conocida como Los Chatas, a ser uno de los líderes de la Oficina de Envigado, considerada la sucesora del Cartel de Medellín. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos cree que Tom es ahora el principal enlace entre la Oficina y Los Urabeños y que está encargado de manejar las relaciones entre los dos grupos. 

Asesinato de exguerrillero de las FARC complica el proceso de paz en Colombia

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Un exguerrillero de las FARC ha sido asesinado en Nariño, un turbulento departamento en el suroeste de Colombia, lo que pone de presente los riesgos políticos y criminales que enfrentan los excombatientes que buscan desmovilizarse y los esfuerzos del país en su transición hacia la paz.

Luis Alberto Ortíz Cabezas, exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), murió el 16 de abril en La Guayacana, vereda del municipio de Tumaco, Nariño, según informaron las FARC en un comunicado. Las autoridades de gobierno confirmaron el homicidio, y el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, envió una unidad especial a Tumaco para investigar el asesinato, informó El Espectador.

Ortíz, también conocido como “Pepe”, había sido encarcelado en la penitenciaría de Villahermosa en la ciudad de Cali, pero fue liberado a finales de marzo como parte de una ley de amnistía aprobada por el Congreso colombiano el 28 de diciembre de 2016. La ley fue incluida dentro de los acuerdos de paz firmados el 24 de noviembre de 2016 entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el que hasta entonces era el grupo guerrillero más antiguo y más grande del hemisferio.

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La ley pretende ofrecer garantías judiciales para los exguerrilleros que entreguen sus armas como parte del proceso de desmovilización, que también comenzó en diciembre de 2016. Concede indultos para miles de guerrilleros que no son culpables de crímenes de lesa humanidad, así como la libertad para muchos guerrilleros encarcelados, como era el caso de Ortíz.

Las FARC atribuyeron el asesinato a un combatiente paramilitar conocido como “Renol”, presuntamente responsable de otras amenazas y asesinatos en la región, según afirma el grupo exguerrillero. Las FARC también instaron al gobierno a ejercer más presión sobre los grupos paramilitares.

“Incumplimiento al combate de paras es de gran riesgo al proceso [de paz]”, escribió en un tuit el jefe supremo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko“, el pasado 20 de abril.

Análisis de InSight Crime

Los integrantes de las FARC tienen razones para estar preocupados. Actualmente se encuentran conformando su aparato político, que podría ser independiente o estar alineado con movimientos políticos existentes, como Marcha Patriótica, descendiente de la Unión Patriótica (UP), un partido político creado por las FARC a mediados de los ochenta, durante un proceso de paz con un gobierno anterior. La UP había ganado 5 escaños en el Senado y 9 en la Cámara de Representantes en 1986. Pero en los años siguientes unos 4.000 miembros del partido (incluyendo dos candidatos presidenciales) fueron exterminados sistemáticamente por paramilitares de extrema derecha y sus aliados de las fuerzas armadas.

Marcha Patriótica cumplió su quinto aniversario el pasado 21 de abril, y han sido en verdad cinco años bastante sangrientos: unos 124 de sus miembros han sido asesinados, según dice el grupo.

Al mismo tiempo, los líderes sociales han sido atacados supuestamente por grupos armados ilegales que han ingresado a antiguos territorios de los guerrilleros  y ejercen control sobre las economías criminales que las FARC abandonaron. Según un informe de la organización de derechos humanos Somos Defensores, el número de líderes sociales asesinados en 2016 aumentó 27 por ciento, pasando de 63 en 2015 a 80 en 2016. Y según cálculos del gobierno, solo en los primeros tres meses de 2017 han muerto 17 líderes sociales.

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El asesinato sistemático de líderes comunitarios y nacionales, algunos de las cuales pueden estar trabajando con los exguerrilleros para llevar a cabo trabajo político, pone a las FARC en un dilema adicional: quedarse quietos y ver cómo son asesinados, o reaccionar violentamente y romper los acuerdos de paz. Algunos líderes de las FARC supuestamente les han dicho a sus combatientes que deberían prepararse para conformar sus propios grupos de autodefensa, en caso de que la violencia contra ellos se intensifique.

Pero el asesinato de Ortíz también podría ser el resultado de la continua lucha por el poder en una zona estratégica para los grupos del crimen organizado colombiano. Tumaco —que en el más reciente estudio de caso de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) se identifica como el municipio del país con la mayor cantidad de coca, la materia prima para la cocaína— ha sido un bastión crucial de las FARC.

Cuando los guerrilleros empezaron a desmovilizarse, las autoridades indicaron que otros grupos armados comenzaron a enfrentarse por los antiguos territorios de los guerrilleros, en particular la organización neoparamilitar conocida como Los Urabeños y el último grupo guerrillero que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La combinación de motivos criminales y políticos para llevar a cabo violentas represalias podría complicar aún más las cosas.

Enorme incautación de cocaína en Colombia es señal del poder de Los Urabeños

Las autoridades de Colombia incautaron un cargamento de varias toneladas de cocaína perteneciente al grupo criminal más poderoso del país, lo que demuestra que, a pesar de las divisiones entre sus dirigentes, la organización criminal sigue manteniendo su poder en el comercio de drogas.

La policía colombiana anunció la incautación de casi 6.200 kilogramos de cocaína el pasado 2 de abril en la ciudad puerto de Barranquilla, departamento de Atlántico, en el Caribe colombiano. Las sustancias ilegales, valoradas en unos 200 millones de euros (cerca de US$213 millones), estaban ocultas en un cargamento de chatarra que iba rumbo a Algeciras, España.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que se trata del tercer cargamento más grande incautado por la policía colombiana en territorio continental en la historia, informó El Espectador.

Villegas dijo que la droga pertenecía a Los Urabeños, el grupo del crimen organizado más poderoso de Colombia, así como a otras organizaciones criminales en el norte y oriente del país.

El ministro de Defensa agregó que la incautación del enorme cargamento fue posible gracias al arresto de “El Mocho”, sobrino del máximo dirigente de Los Urabeños, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”.

El Mocho comenzó a hacerse cargo de las rutas de las drogas del grupo después de una supuesta ruptura entre Otoniel y su mano derecha, Roberto Vargas, alias “Gavilán”, quien fue acusado por Otoniel de “robarles [a los Urabeños] las rutas y cargamentos de droga para su beneficio personal”, dijo Villegas.

Desde comienzos del año, las autoridades colombianas han incautado 70 toneladas métricas de cocaína, de las cuales 15,8 han sido confiscadas en los departamentos caribeños del país. Sin embargo, en Colombia se está presentando un récord histórico en cuanto a la producción de coca y cocaína, lo que significa que, a pesar del volumen total de incautaciones, las autoridades quizá están confiscando sólo un pequeño porcentaje de la cantidad total de drogas que se producen.

Análisis de InSight Crime

Esta gran incautación es una clara señal de que las divisiones al interior de la dirigencia de Los Urabeños no han afectado todavía la situación del grupo como el actor principal en el hampa colombiana.

En el año 2015, la policía y el ejército lanzaron una operación conjunta destinada a acabar con el grupo criminal. La llamada Operación Agamenón se vio fortalecida en marzo de 2016, tras la creación de un bloque especial de búsqueda enfocado en las organizaciones criminales. Sin duda, la operación ha dado como resultado algunos de los golpes más importantes contra Los Urabeños, como el de marzo de 2016, cuando se dio de baja a Jairo Durango Restrepo, alias “Gua Gua”, uno de los cabecillas del grupo, además del arresto de más mil de sus miembros.

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Sin embargo, Otoniel, el líder del grupo y el criminal más buscado de Colombia, permanece prófugo, y la incautación de más de seis toneladas de cocaína en Barranquilla es un indicio incuestionable de la capacidad de Los Urabeños para continuar traficando sustancias ilegales. Además, el hecho de que el cargamento iba rumbo a Europa indica que el grupo ha mantenido su presencia en ese importante mercado de la droga, a pesar de las operaciones dirigidas a la infraestructura de Los Urabeños.

Por otro lado, la incautación también pone de relieve la importancia de las ciudades puerto de Colombia como puntos de partida estratégicos para los cargamentos internacionales de la droga, así como el papel de Barranquilla en el mapa criminal del país.

Durante una investigación de campo realizada en junio de 2016, a los investigadores de InSight Crime se les dijo que el puerto de Barranquilla no era utilizado frecuentemente por los narcotraficantes. Debido a los supuestos controles de seguridad en la ciudad, los estupefacientes son enviados bien sea por lanchas que parten de otros muelles en el departamento, o bien desde los puertos de Cartagena y Santa Marta. Esta enorme incautación parece ser una señal de que esta dinámica puede estar cambiando.

Historia de violencia se repite en Chocó, departamento estratégico de Colombia

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El ELN ha negado su responsabilidad en la muerte de cinco civiles en el departamento colombiano de Chocó. Los últimos episodios de violencia muestran que la valiosa ubicación estratégica de la zona y las lucrativas economías criminales merecen que los grupos criminales se la disputen luego de la desmovilización de las FARC.

El Fiscal General de Colombia Néstor Humberto Martínez declaró que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaba detrás de la presunta masacre de cinco campesinos, ocurrida en el municipio Litoral de San Juan el 25 de marzo, informó El Colombiano. Las autoridades anunciaron que los homicidios, que desplazaron a 52 habitantes de la localidad, eran una señal de la estrategia del ejército guerrillero para expandir su control sobre los muy rentables mercados del tráfico de estupefacientes y la minería aurífera ilegal abandonados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras su proceso de desmovilización.

Desde enero, casi 2.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzoso por la violencia en el Chocó, según La Silla Vacía, muchos de ellos motivados por los enfrentamientos entre el ELN y los Urabeños, uno de los grupos criminales más poderosos de Colombia, (bandas criminales – BACRIM). El 4 de marzo, 200 miembros armados de los Urabeños entraron al municipio de Alto Baudó en el departamento de Chocó, según divulgó mediante un comunicado (ver abajo) el movimiento social y político Congreso de los Pueblos. También ha habido brotes de violencia en los municipios de Medio y Bajo Baudó, y según La Silla Vacía, Chocó podría tener los mayores índices de desplazamiento en el país en el presente año, tal como sucedió en 2016. Cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) muestra que en el último año hubo 6.900 personas desplazadas en el departamento.

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Esta migración forzada es consecuencia directa de la retirada de las FARC de estas zonas en el marco del proceso de desmovilización, la cual dejó un vacío que luchan por ocupar otros grupos armados, según la declaración de la corte constitucional.

Análisis de InSight Crime

Chocó ha sido por largo tiempo territorio en disputa entre grupos criminales rivales que intentan controlar sus zonas de producción de estupefacientes, sus corredores de embarque importantes y sus amplios recursos auríferos. Pero aunque la violencia tiene larga duración, las recientes acciones del gobierno y el proceso de paz con las FARC han creado más incentivos criminales para la lucha por el poder entre el ELN y los Urabeños en el Chocó, quizás uno de los departamentos colombianos más rentables en términos de economías criminales.

Las cifras oficiales más recientes sobre cultivos de coca indican que las áreas sembradas se mantuvieron apenas por debajo de las 1.500 hectáreas de 2015, lo que lo sitúa como el noveno departamento colombiano donde más se han extendido los cultivos de coca. Pero Chocó ha sido señalado reiteradamente como productor importante de oro ilegal en Colombia, con un valor anual total de unos US$3 mil millones.

Además, aunque el departamento no sea necesariamente uno de los mayores productores de coca, la ubicación geográfica de Chocó bordeando la Costa Pacífica, su límite con Panamá y sus redes fluviales naturales ofrecen a los grupos criminales considerables incentivos logísticos para el transporte de narcóticos. Las zonas rurales de la región siguen planteando bastantes dificultades de acceso, dado que el departamento no cuenta con muchas vías pavimentadas, lo que complica la acción de las autoridades.

Estos factores ya habían ocasionado violentos enfrentamientos entre las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2006, año en que las AUC se desmovilizaron. El conflicto entre el ELN y los Urabeños en el departamento se remonta a 2009, según informes de la Defensoría del Pueblo.

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Pero aunque los informes de noticias recientes indican que la guerra entre guerrilla y paramilitares se mantiene, los actores de ambos lados han cambiado. El grupo criminal de los Urabeños reemplazó a las AUC, que les dieron origen. Los cuatro frentes del ELN que operan en Chocó van por el territorio abandonado por las FARC al desmovilizarse, de manera específica las áreas que antes controlaban los frentes 30 y 57.

El frente 30 fue fuerte en Litoral de San Juan, donde ocurrieron las matanzas recientes de los cinco campesinos. Su costa Pacífica es un valioso punto de embarque de drogas. El frente 57 dominaba los municipios al norte, como Nuquí, Bahía Solano y Juradó antes de desmovilizarse. La investigación en el campo de InSight Crime señala que en Chocó permanece un número indeterminado de excombatientes del frente 57 de las FARC, lo que podría complicar aún más la violencia entre distintos actores criminales.

 

Dinu00e1micas criminales en Chocu00f3

Uno de los factores que podría explicar las incursiones de los Urabeños en el territorio controlado por la guerrilla en el Chocó es la operación militar en curso contra la base histórica del grupo en la subregión de Urabá a lo largo del Golfo de Urabá, sobre el Caribe. La campaña, lanzada en 2015 bajo el nombre de “Operación Agamenón”, buscaba golpear el liderazgo de los Urabeños y en particular de su jefe Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Aunque hasta el momento ha tenido poco éxito en su objetivo, los operativos militares —entre los que se cuentan el bombardeo aéreo de campamentos de los Urabeños— han aumentado la presión sobre el grupo criminal en Urabá, cuya costa Caribe se usaba tradicionalmente como punto de salida para los cargamentos de droga.

Como resultado de esto, ya en 2015, el año del lanzamiento de la operación Agamenón, se habían conocido denuncias de intentos de los Urabeños por tomarse las rutas de drogas en el Chocó y tendencias de desplazamiento forzado asociadas. Estados Unidos estima que los cultivos de coca en Colombia aumentaron en 20 por ciento en 2016, alcanzando un máximo histórico. El incremento de la producción de cocaína implica que los grupos criminales tienen mayor necesidad de asegurar corredores de droga hasta los puntos de embarque transnacionales, como los que ofrecen Chocó por medio de su costa Pacífica.

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Se ha conocido evidencia de los esfuerzos del ELN por heredar el territorio que controlaban las FARC, con el decomiso de 1,5 toneladas de cocaína vinculadas al grupo sobre la costa Pacífica en Juradó el 19 de marzo. La necesidad simultánea de los Urabeños de asegurarse el control sobre los corredores de droga en el departamento, hacen parecer inevitable que haya más violencia y desplazamientos.

Documento por cortesía de Luis Fernando Quijano Moreno