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Grupos criminales en Costa Rica diversifican técnicas de robo de combustible

Los mecanismos usados por las bandas de ladrones de combustible en Costa Rica para perforar los oleoductos y robar el producto para revenderlo se están sofisticando cada vez más, nueva evidencia del creciente poderío de los grupos criminales en el país centroamericano. Lo que antes eran extracciones rústicas de combustible ahora se están sofisticando, pues los grupos de ladrones de combustible en Costa Rica pagan a expertos sumas de hasta 3 millones de colones (alrededor de US$5.000) por extracciones profesionales a los ductos, según información de CRHoy. Desde 2015, la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) —la petrolera estatal del país— ha presentado un incremento del número de extracciones ilegales de combustible, lo que acarrea millones de dólares en pérdidas, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica.

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En mayo de este año, las autoridades detuvieron a cinco sospechosos de pertenecer a una red que opera en la ciudad de Heredia, justo al norte de la capital San José, de la que se afirma que robó por lo menos US$2 millones de la refinería estatal, informó La Nación. Unas cuantas semanas después, las autoridades detuvieron a otros 14 sospechosos de otra red de robo de hidrocarburos que operaban en la ciudad de Limón, sobre la costa caribe del país, a quienes se sindica del robo de más de US$2,1 millones en combustible, según EFE. Las autoridades también decomisaron un rifle AK-47, municiones, camiones con tanques de almacenamiento específicos para gasolina, y chalecos antibalas, entre otros.

Análisis de InSight Crime

El mayor énfasis que se presume están haciendo los grupos criminales en Costa Rica en sus actividades de robo de hidrocarburos indica que están fortaleciéndose y, en consecuencia, diversificando sus portafolios criminales. El aumento que viene exhibiendo la producción de coca en Colombia desde 2013 y la revitalización de Centroamérica como uno de los principales corredores para la cocaína traficada hacia los mercados estadounidenses ha transformado el rol de Costa Rica como punto de trasbordo clave de la droga. Esto, a su vez, ha aumentado los ingresos de los grupos criminales locales, quienes han diversificado sus actividades y se han expandido a otras actividades ilegales, como el robo de hidrocarburos y la minería aurífera ilegal.

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El robo de combustible es un negocio muy extendido en Latinoamérica, y en gran medida se considera que la industria es una fuente de ingresos de relativo poco riesgo y grandes ganancias para los grupos criminales. En México, por ejemplo, la industria representa varios miles de millones de dólares, que puede resultar una actividad más rentable que el tráfico de drogas, según afirmó un reportaje reciente de Rolling Stone. Con el fortalecimiento de los grupos criminales, es lógico que incursionen en otras actividades criminales más rentables, como el robo de combustible. Sin embargo, queda por ver si Costa Rica enfrentará las mismas fatales consecuencias que esa lucrativa industria ha generado en México. Las autoridades costarricenses ya están enfrentando mayor violencia por el recrudecimiento de los enfrentamientos entre grupos criminales por el control de los mercados locales de drogas.

Arresto de capo plantea nuevos interrogantes sobre corrupción en Nicaragua

Las autoridades de Costa Rica capturaron a uno de los cabecillas de un grupo internacional de narcotráfico mientras almorzaba con el hijo de un magistrado de la Corte Suprema de Nicaragua, lo que vuelve a poner sobre la mesa viejas preguntas sobre la influencia criminal en las instituciones de gobierno del país centroamericano. El 5 de septiembre, agentes de la Interpol y miembros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica detuvieron a Mario Juan Pereira Ramos, ciudadano nicaragüense sospechoso de narcotráfico, en un restaurante de la capital San José, según lo anunció el subdirector de la oficina de la Interpol en Costa Rica, Luis Diego Morera, en una conferencia de prensa. David Salomón Rosales —hijo del magistrado de la Corte Suprema de Nicaragua Francisco “Chicón” Rosales, aliado del presidente Daniel Ortega— también fue arrestado en un principio. Quedó en libertad poco después, luego de que las autoridades establecieran que no tenía órdenes de captura abiertas y no portaba armas, según Morera. De Rosales se dice que es aliado del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Migración criminal Las autoridades habían estado investigando y haciendo acopio de inteligencia sobre Pereira Ramos durante los dos meses previos, y según Morera de Interpol Pereira Ramos es requerido por la justicia de Estados Unidos por su presunto rol como “importante líder de una organización criminal” implicada en narcotráfico internacional. Se dice que el presunto narcotraficante repartía su tiempo entre Nicaragua y Costa Rica, añadió. Pereira Ramos alquilaba una casa justo al norte de la capital costarricense, en la ciudad de Heredia, y tenía otra casa en alquiler en Limón, sobre la costa Caribe, según Morera. Las autoridades estadounidenses no han presentado una solicitud formal de extradición contra Pereira Ramos, pero Morera afirmó que las autoridades costarricenses cooperarán con las estadounidenses cuando eso suceda.

Análisis de InSight Crime

La situación no pinta bien: el hijo de un magistrado de la Corte Suprema de Nicaragua departiendo con alguien requerido por narcotráfico en Estados Unidos. Y no es la primera vez que se plantean interrogantes sobre los nexos entre narcotraficantes y jueces en Nicaragua. Ya en 2010, la exministra de gobernación Ana Isabel Morales había denunciado que muchos jueces y magistrados habían excarcelado u otorgado reducciones de penas hasta a 1.000 narcotraficantes, entre ellos miembros del conocido Cartel de Sinaloa mexicano. VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Nicaragua Hay poca información sobre Salomón Rosales, pero un video que circula por estos días en la aplicación de mensajería WhatsApp parece mostrar a Rosales ufanándose de ser “intocable” en Costa Rica y Nicaragua.

¿Cuál es la causa de la creciente violencia en Costa Rica?

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El nuevo presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, acaba de cumplir 100 días como jefe de Estado. Pero su gobierno aún no logra detener la creciente violencia, generada por grupos criminales locales que se enfrentan por el control de los mercados nacionales de las drogas. Costa Rica se ha conocido por su baja tasa de criminalidad y por tener una economía relativamente estable, dado que logró evadir los conflictos de la sangrienta Guerra Fría y los problemas generados por las violentas pandillas que han causado estragos en otros países de Centroamérica. Sin embargo, en los últimos años el país ha experimentado un continuo repunte en los homicidios. En 2017, Costa Rica superó el récord nacional en homicidios reportados, pues se presentaron 603 asesinatos y una tasa de homicidios de 12,1 por 100.000 habitantes. Y 2018 no pinta mejor. En los primeros seis meses de este año, Costa Rica registró 302 homicidios; según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta cifra representa 29 casos más que en el mismo período del año anterior. Los funcionarios proyectan que 2018 superará el récord de 2017, con un estimado de 625 homicidios. El analista de seguridad Paul Chaves, del Centro Formación en Criminología y Seguridad, se refirió recientemente a la situación de seguridad de Costa Rica como una “caída en picada”. A pesar de ello, el país continúa estando entre los países menos violentos de Latinoamérica.

Análisis de InSight Crime

Autoridades y expertos han explicado el aumento de la violencia señalando temas como la creciente fragmentación del hampa, una mayor presencia de armas de fuego y el nuevo papel del país en el mapa de las drogas a nivel regional. Durante años, Costa Rica ha servido como un importante punto de trasbordo para el envío de cocaína colombiana hacia Estados Unidos y Europa. Inicialmente se contrataban bandas criminales costarricenses locales para que protegieran los cargamentos de droga y transportaran el producto por todo el país. En lugar de pagarles en dólares, las organizaciones criminales transnacionales solían pagarles a dichas bandas con drogas, lo que llevó a aumentar la cantidad de estas en territorio costarricense, una tendencia que se ha observado en otros países de transbordo. Con los años, a medida que hay una mayor disponibilidad de drogas en Costa Rica, el consumo de drogas ilícitas ha aumentado, y los actores criminales locales han intentado controlar los mercados locales, cada vez más lucrativos. “En promedio, los grupos locales pueden obtener entre US$2.000 y 3.000 por día en una sola plaza. Sin embargo, muchos grupos controlan hasta cinco, seis o siete puntos de venta de drogas”, según dijo el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Michael Soto, consultado por InSight Crime.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Costa Rica La estrategia oficial de Costa Rica para combatir el tráfico de drogas se ha centrado principalmente en ir tras los líderes de los grupos locales, lo cual genera fragmentación de estos grupos, y a su vez lleva al aumento de la violenta competencia por los mercados. En el año 2012, las autoridades arrestaron a Marco Antonio Zamora Solórzano, alias “El Indio”, uno de los principales narcotraficantes de Costa Rica. Este había controlado durante años los principales mercados de drogas a nivel local, específicamente en la parte sur de la capital, San José. Tras su arresto, la estructura criminal de Zamora Solórzano se fragmentó en varios grupos que comenzaron a competir violentamente por el acceso a los mercados de drogas en la capital; Soto señala que esto elevó la tasa de homicidios después de 2013. Tras ser capturados, algunos de los más importantes líderes de las redes de microtráfico han logrado dirigir actividades de tráfico de drogas a nivel local, así como el asesinato de sus rivales, desde el interior de las prisiones. Dos ejemplos recientes de esto último son el de Leonel Mora Núñez, alias “Gordo Leo”, quien ha estado administrando las ventas locales de drogas y ordenando diversos asesinatos desde una cárcel de Costa Rica tras su arresto en 2009, y el de Luis Ángel Martínez Fajardo, alias “Pollo”, quien continúa dirigiendo actividades criminales en Costa Rica desde una prisión nicaragüense. En diciembre de 2017, Martínez Fajardo fue supuestamente responsable de la muerte del nicaragüense Erwin Guido Toruño, alias “El Gringo”. El asesinato de Guido Toruño, quien también cumplía un papel clave en el tráfico de estupefacientes en San José, puede ser otra de las causas del aumento de la violencia, dado que otros grupos se apresuraron a llenar el vacío dejado por su desaparición. Además de la creciente fragmentación criminal, la mayor presencia de armas de fuego también podría estar llevando al aumento en las tasas de homicidio. En los últimos años han surgido informes sobre redes de tráfico de armas que tienen supuestos vínculos con México, Colombia y Panamá. “Hay una gran disponibilidad de armas. No está claro de dónde provienen, pero existe un importante flujo [de armas fuego] a través del corredor centroamericano como consecuencia de las guerras civiles”, puntualizó Walter Espinoza, director del OIJ, consultado por InSight Crime. El anuncio de la semana pasada acerca de la creación de un nuevo plan de seguridad pública podría indicar un cambio en la estrategia global del gobierno para luchar contra los grupos que se enfrentan por el microtráfico. La iniciativa, denominada “Sembremos seguridad”, se basa en el programa de seguridad pública de la ciudad de Medellín (Colombia) y busca aumentar la colaboración entre las autoridades federales y los funcionarios comunitarios, y dar prioridad a los recursos que se invierten en la prevención y en las operaciones policiales en zonas de alto riesgo. Falta ver si esta iniciativa podrá revertir la tendencia de violencia e inseguridad. * Deborah Bonello y Juan Diego Posada contribuyeron en la investigación para este artículo.

Lucrativo negocio de tráfico de celulares en cárceles de Costa Rica facilita extorsión

El tráfico de celulares en las cárceles de Costa Rica se ha vuelto un negocio lucrativo y poco castigado que permite la continuidad de actividades criminales y la prosperidad de delitos como la extorsión. Según un informe de La Nación, el director de la Policía Penitenciara de Costa Rica Pablo Bertozzi reveló que se han formado bandas criminales al interior de las cárceles que contratan a personas externas y a funcionarios del Ministerio de Justicia para que ingresen celulares a los centros penitenciarios. Los prisioneros pueden llegar a pagar hasta 400.000 colones (alrededor de US$706) por cada celular que entra. Una vez dentro de la cárcel, las bandas comercializan los teléfonos a un precio mayor, que puede alcanzar hasta los 800.000 colones (alrededor de US$1.412). El éxito de este negocio es, en parte, el resultado de que los reos o terceros no pueden ser perseguidos penalmente por estas acciones, ya que no están tipificadas como delito, según La Nación. Las autoridades solo pueden dar sanciones menores a los reos — como llamadas de atención o reubicación — o decomisar los teléfonos. En los últimos tres años se han incautado 10.014 celulares en cárceles costarricenses. Según La Nación, Bertozzi afirma que son los “mismos reos de siempre” a los que se les confiscan. “Ya tenemos gente […] identificada en ese sentido, gente que repone el celular como si nada, gracias a la ayuda de sus visitas y de funcionarios corruptos”, dijo el director. Este año también fueron descubiertos en Costa Rica dos casos en los que se adiestraron gatos para ingresar celulares a una prisión de máxima seguridad.

Análisis de InSight Crime

La disponibilidad de celulares en cárceles y la habilidad de los reos para comunicarse con el exterior ha permitido que los criminales sigan llevando a cabo actividades por fuera de la prisión e incluso que reconstruyan negocios ilícitos que habían sido desmantelados. Esto quedó demostrado, por ejemplo, el pasado mayo, cuando la policía costarricense desarticuló, por segunda vez en dos años, una red de narcotráfico que operaba a nivel nacional y era dirigida desde la cárcel de máxima seguridad La Reforma. Por otro lado, un funcionario de la Policía Penitenciaria dijo a InSight Crime que la presencia de celulares en las prisiones es clave para el mercado de la extorsión. Para los reos, extorsionar por teléfono o por medio de aplicaciones de mensajería encriptada como WhatsApp puede llegar a generar grandes ganancias sin la necesidad de tener que amenazar a la víctima en persona o recoger el dinero, ya que esto se realiza a través de transferencias bancarias.

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En comparación con otros países de Centroamérica, en especial los que conforman el Triángulo Norte, la extorsión carcelaria en Costa Rica se ha mantenido en niveles relativamente bajos. Sin embargo, las autoridades costarricenses han aumentado sus esfuerzos en los últimos meses para combatirla, con capacitaciones de personal penitenciario y la aprobación de una ley que obliga a las compañías telefónicas a bloquear la señal dentro de las prisiones. El bloqueo de señal podría ser un importante paso para minimizar las llamadas extorsivas desde las prisiones, pero todavía no es claro cuándo el presidente firme las medidas y entren en vigor. Mientras tanto, es posible que los reos se las sigan ingeniando para asegurarse que las comunicaciones sigan disponibles.

Arrestos en Costa Rica apuntan a mayores nexos de fuerzas de seguridad en narcotráfico

Las autoridades de Costa Rica han detenido a varios integrantes de una red de narcotráfico dirigida por antiguos agentes de seguridad, lo que pone de relieve una tendencia de intensificación de la corrupción en los organismos de seguridad del país centroamericano, atizado por la expansión de su rol como punto de trasbordo de la droga. El 23 de mayo, las autoridades costarricenses arrestaron a 22 presuntos miembros de un grupo de transportadores liderado por antiguos miembros del servicio de guardacostas y la policía nacional del país, según un comunicado oficial del Ministerio de Seguridad Pública. Se presume que los exagentes de orden público ayudaban a transportar cargamentos de droga provenientes de Colombia y Ecuador, con destino a Estados Unidos por territorio costarricense. Los cargamentos se recuperaban de puntos estratégicos en el mar, usando lanchas rápidas de bandera costarricense que llevaban el producto a la costa sur del país, donde se regresaba a los proveedores suramericanos, según CRHoy. El medio informativo también señaló que los proveedores pagaban con cocaína a la red de transporte, y ellos la revendían en Costa Rica.

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Las autoridades indican que la red reclutaba agentes del orden público activos para que les proporcionaran información confidencial sobre los movimientos y operativos de los cuerpos de seguridad. Entre los arrestados había un agente de policía activo y cuatro guardacostas activos, según una nota aparte de CRHoy. En los dos últimos años, las autoridades confiscaron presuntamente 8,5 toneladas de cocaína y casi US$1 millón vinculados a la red.

Análisis de InSight Crime

Con la expansión del rol de Costa Rica en el negocio de la droga en los últimos años, también ha crecido el problema de la corrupción en los organismos de seguridad. Y así como en otros países de Centroarmérica, agentes de orden público, activos y retirados, tienen una participación importante en la cadena de tráfico. El cartel Perrones, en El Salvador, y la familia Lorenzana, de Guatemala, fueron dos de los grupos transportistas más nombrados de Latinoamérica. El éxito y la longevidad de ambas redes dependió en mucha medida de su habilidad para establecer alianzas con agentes de seguridad y élites corruptas con el fin de mover sin interferencia cargamentos de drogas para organizaciones criminales de mayor tamaño.

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Los recientes arrestos en Costa Rica indican que las fuerzas de seguridad, en ejercicio y en retiro, también tienen una participación central en la ayuda a los grupos transportistas. De hecho, en junio de 2017 las autoridades costarricenses arrestaron a un exoficial de policía de alto rango por la presunta protección de un cargamento de cocaína, y por brindar logística y seguridad a grupos narcotraficantes que mueven drogas en el país.

Perfil de Costa Rica

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Costa Rica ha sido considerada tradicionalmente como un refugio de seguridad en Centroamérica, una región asolada por la violencia. Sin embargo, en años recientes el país ha experimentado niveles récord de violencia, que según las autoridades se debe a su creciente papel como punto de transbordo de drogas. Los grupos criminales locales no parecen representar una amenaza de seguridad importante. Sin embargo, a medida que se relacionan cada vez más con organizaciones criminales transnacionales que expanden sus operaciones en Costa Rica, es posible que la corrupción y la inestabilidad aumenten.

Geografía

Ubicada en el Istmo Centroamericano, Costa Rica limita al norte con Nicaragua, con una frontera de 309 kilómetros, y al suroeste con Panamá, con 330 kilómetros, y representa una zona de enlace y transición de los cargamentos de cocaína entre esos países. A pesar de ser uno de los países más pequeños de la región, donde existen poco más de 51.000 kilómetros de agreste selva tropical, Costa Rica parece estar volviéndose más atractiva para los narcotraficantes transnacionales. Con grandes extensiones costeras no patrulladas y varios puertos importantes tanto en el mar Caribe como en el Océano Pacífico, la geografía de Costa Rica les permite a los grupos del crimen organizado utilizar rutas terrestres, aéreas y marítimas.

Historia

A diferencia de muchos otros países latinoamericanos, Costa Rica ha logrado evadir en general los grandes conflictos armados y los períodos de gobierno militar. Las instituciones relativamente fuertes del país y su estable sistema democrático han evitado el desarrollo de grupos criminales poderosos en el país. Pero la geografía y la historia de Costa Rica les han permitido a las organizaciones criminales transnacionales establecerse en su territorio. La presencia de grupos criminales internacionales en Costa Rica se remonta a mediados de los ochenta, cuando el país se convirtió en un puente importante de las drogas provenientes de Suramérica en su ruta hacia Estados Unidos a través de Centroamérica y México. Dado que las autoridades estadounidenses endurecieron las medidas de seguridad con el fin de monitorear el tráfico de drogas que provenían de Suramérica y pasaban por el Caribe, los grupos criminales empezaron a aprovechar los vacíos en la seguridad de Costa Rica. Los puertos del país eran particularmente atractivos, ya que las redes criminales costarricenses los usaban para negociar el combustible subvencionado por el Gobierno intercambiándolo por drogas de los traficantes colombianos. Estos grupos locales traficaban y almacenaban las drogas localmente, recurriendo a funcionarios portuarios corruptos para exportar las drogas en contenedores comerciales. Los traficantes también usaban pequeños aeropuertos regionales, donde las fuerzas de seguridad eran fácilmente corruptibles, para transportar drogas por el país. Además, los grupos de traficantes transnacionales utilizaban ciudadanos costarricenses para que les ayudaran a lavar sus dineros usando bancos locales y otras empresas legales. En gran parte debido a este antecedente, el país sigue siendo un importante centro para el blanqueo de dinero a nivel internacional. La agresiva arremetida contra la corrupción a finales de los ochenta y comienzos de los noventa dio lugar a casos de corrupción que permitieron destituir varios altos funcionarios costarricenses, acusados de ayudar a los grupos criminales. Además, durante toda la década de los noventa y a principios del nuevo siglo, Costa Rica firmó una serie de acuerdos multilaterales para atacar la corrupción, el narcotráfico, el blanqueo de capitales y el tráfico de armas. La creación de nuevas instituciones gubernamentales destinadas a combatir el crimen organizado, así como la promulgación de nuevas leyes y reglamentos, contribuyeron a mejorar la seguridad en Costa Rica. Sin embargo, en los últimos años, los antiguos logros de Costa Rica en la lucha contra el crimen y la corrupción han sido contrarrestados por las novedosas estrategias de los grupos del crimen organizado transnacional, cada vez más inclinados a corromper a las fuerzas de seguridad y cooperar con socios criminales locales. A finales de 2011, la entonces presidenta Laura Chinchilla advirtió sobre la grave amenaza que representa el crimen organizado transnacional en Costa Rica. Y de 2010 a 2016, los homicidios aumentaron considerablemente. En 2017, el país tuvo el año más violento registrado en su historia. Los funcionarios han señalado que el aumento de la violencia se debe a la creciente presencia de organizaciones criminales transnacionales —en particular las redes de narcotráfico— aunque es muy probable que las riñas entre los grupos criminales locales también estén contribuyendo a este aumento. Sin embargo, hay pruebas contundentes de que el narcotráfico en Costa Rica ha incrementado en lo que va corrido de la segunda década de este siglo, fomentado por el auge de la producción de cocaína en Colombia. Y también hay fuertes indicios de que las organizaciones criminales transnacionales están expandiendo sus actividades en Costa Rica con una serie de grupos criminales locales cada vez más sofisticados.

Grupos criminales

Además de colaborar con los grupos transnacionales en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, las organizaciones criminales de Costa Rica participan en una serie de empresas delincuenciales, como el narcotráfico, el tráfico sexual, el tráfico de órganos y la minería y la tala ilegales, así como en el tráfico de personas y el contrabando. En el país también se han descubierto operaciones de lavado de dinero altamente sofisticadas. Se sabe que diversos grupos criminales transnacionales operan en Costa Rica, a menudo en colaboración con socios locales. En los últimos años ha habido numerosos indicios de que poderosos grupos mexicanos, como el Cartel de Sinaloa, tienen presencia en Costa Rica, principalmente para facilitar el transbordo de drogas. Los funcionarios incluso han acusado a las organizaciones criminales mexicanas de enviar sicarios costarricenses al extranjero para ofrecerles entrenamiento especializado. Las autoridades costarricenses también han advertido sobre los grupos criminales colombianos —entre los que se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya en proceso de desmovilización— que se dedican al tráfico de armas y drogas, así como al lavado de dinero en el país. Los narcotraficantes de otros países centroamericanos también han usado a Costa Rica como base de operaciones y como refugio. En noviembre de 2016, el líder del grupo hondureño Cartel del Atlántico, Wilter Neptalí Blanco Ruíz, fue arrestado en Costa Rica pocas semanas después de haber huido de su país de origen. Y en 2015, un tribunal costarricense condenó al capo de la droga nicaragüense Agustín Reyes Aragón a 12 años de prisión por cargos de narcotráfico. Reyes Aragón afirmó que había huido de su país de origen debido a un complot de asesinato por parte del Gobierno. Algunos grupos criminales transnacionales de Europa, como ‘Ndrangheta —el principal importador y mayorista de cocaína de Italia— también han sido relacionados con el narcotráfico en Costa Rica. Funcionarios costarricenses han advertido acerca de la presencia de las pandillas más poderosas de Centroamérica, Barrio 18 y MS13, pero ha habido pocos indicios de que estos grupos supongan una verdadera amenaza de seguridad.

Fuerzas de seguridad

Costa Rica no ha tenido ejército desde que este fue abolido por la Constitución de 1948. El país cuenta con un cuerpo de policía denominado Fuerza Pública, controlada por el Ministerio de Seguridad Pública, la cual se encarga de garantizar la seguridad en las zonas rurales, así como en las fronteras del país. En el año 2017, el Ministerio de Seguridad Pública tenía un presupuesto de cerca de US$450 millones. El poder judicial tiene una fuerza policial aparte, conocida como Policía Judicial, que depende del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y se encarga de investigar los crímenes y arrestar a los sospechosos. El OIJ está adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, que en el año 2017 tenía un presupuesto de unos US$230 millones. El aparato de seguridad de Costa Rica ha recibido un importante apoyo de Estados Unidos en los últimos años, y en 2016 se anunció la transferencia de un paquete de ayuda en seguridad de US$30 millones. En los últimos años, las encuestas han demostrado que la policía de Costa Rica es percibida en general como una institución más confiable y menos corrupta que la de muchos de sus países vecinos. Sin embargo, ha habido numerosos casos recientes de vínculos de la policía con el crimen organizado, lo que ha generado el temor de que los grupos criminales estén logrando cada vez más penetrar en las fuerzas de seguridad. Además, como respuesta a los crecientes niveles de criminalidad y violencia, las autoridades han propuesto medidas policiales que podrían ser contraproducentes, como acortar el período mínimo de formación de los agentes.

Sistema judicial

El poder judicial de Costa Rica constituye una rama independiente del Gobierno y se rige por un sistema de derecho civil que es común en toda Latinoamérica. Está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Apelaciones y los Juzgados de Distrito. La Corte Suprema tiene una sala de audiencias específica que atiende los casos criminales. El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial son los dos órganos judiciales más importantes de Costa Rica; el primero se encarga de determinar el alcance de las investigaciones, y el segundo se ocupa de las investigaciones criminales. La Fiscalía General es el órgano más alto del Ministerio Público. En general, se considera que Costa Rica tiene uno de los niveles más bajos de impunidad en la región.

Prisiones

El sistema penitenciario de Costa Rica está controlado por el Ministerio de Justicia y Paz y es administrado por la Dirección General de Adaptación Social; por otra parte, la Defensoría del Pueblo supervisa las condiciones de las prisiones y presenta informes sobre las mismas. Las prisiones de Costa Rica se encuentran en general hacinadas, sobre todo por el uso de la detención preventiva; a finales de 2014 estaban aproximadamente a 140 por ciento de su capacidad. El país está tomando algunas medidas iniciales para reducir su alta tasa de encarcelamiento.

Costa Rica desmantela nuevamente red de drogas dentro de cárcel de máxima seguridad

El desmantelamiento, por segunda vez en dos años, de una organización de narcotráfico en Costa Rica, que era dirigida por un hombre recluido en una cárcel de máxima seguridad es una señal preocupante de la facilidad con la que operan los grupos criminales en un país con rol creciente en el tráfico internacional de estupefacientes. El 16 de mayo, la policía de Costa Rica arrestó a 13 personas acusadas de pertenecer a una red de microtráfico que operaba en la capital San José, y en otros lugares del país, según información de CRHoy. El grupo transportaba narcóticos desde el puerto de Limón, sobre el Caribe, y las vendía en San José y sus alrededores, todo bajo las órdenes de Leonel Mora Núñez, alias “Gordo Leo”, quien la dirigía desde la cárcel de máxima seguridad de La Reforma, según declaraciones de las autoridades. Mora Núñez, quien en 2009 fue sentenciado a diez años de prisión por narcotráfico, daba las órdenes a su segundo vía telefónica, según La Nación.

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Se sospecha que la organización controlaba docenas de puntos de venta distribuidos en toda la capital, los cuales recaudaban alrededor de 35 millones de colones (unos US$60.000) al día. Estos puntos de ventas se dividían entre vendedores de esquina y “búnkers”, término que se usa para describir lugares de alta seguridad con acceso a la calle. Las autoridades también acusan a la estructura de Gordo Leo de perpetrar una serie de homicidios, incluyendo uno, en 2007, en el que la víctima fue secuestrada y torturada. En otro, en junio de 2017, la casa de la víctima fue impactada por más de 200 balas, lo que indica la magnitud del arsenal y el poder de fuego que poseía la estructura. No es la primera vez que las autoridades anuncian el desmantelamiento de una organización dirigida por Gordo Leo. En 2015, fueron arrestadas por narcotráfico unas 40 personas, que actuaban bajo las órdenes del preso de máxima seguridad.

Análisis de InSight Crime

La capacidad del reo en una cárcel de máxima seguridad para reconstruir una estructura de microtráfico y generar casi US$2 millones mensuales en menos de tres años apunta a las fallas en el sistema penitenciario de Costa Rica, lo que incluye la incapacidad de las autoridades para controlar las comunicaciones de los reclusos con el exterior. En un bizarro En un extraño hecho el mes pasado, guardias de la prisión de La Reforma descubrieron que se ingresaban teléfonos celulares de manera ilegal a la instalación usando gatos. El hecho de que se acuse al grupo de controlar docenas de puntos de venta en todo San José también apunta a una posible colusión con autoridades locales. Estos búnkers por lo general manejan un volumen de estupefacientes y de dinero en efectivo mucho mayor que un simple vendedor callejero y son un blanco fijo para la policía, lo que implica que su éxito por lo general dependa de la corrupción entre las autoridades locales. Estos aspectos son especialmente preocupantes dado el rol cada vez mayor de Costa Rica dentro del negocio internacional de drogas. La evidencia ya apunta a una sofisticación correlacionada de los grupos locales y mayor presencia de organizaciones transnacionales extranjeras en el país.

Presidente electo de Costa Rica carece de plan para enfrentar la creciente inseguridad

El presidente electo de Costa Rica no parece tener un plan coherente para hacer frente a los altos niveles de violencia sin precedentes en la nación, relacionados con el creciente papel del país en el tráfico de drogas a nivel regional. El pasado 1 de abril, Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana (PAC), de centroizquierda, fue elegido presidente de Costa Rica, tras derrotar al candidato conservador Fabricio Alvarado Muñoz con poco más de 60 por ciento de los votos.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Costa Rica A pesar de que 2017 fue el año más violento que se haya registrado en Costa Rica, durante la campaña se les prestó más atención a otros temas. En lugar de referirse a la creciente inseguridad, los candidatos se centraron más en temas sociales y económicos, como los derechos de la comunidad LGBT, la deuda interna del país y un caso de corrupción a nivel nacional que involucra al sector del cemento en Costa Rica.

Análisis de InSight Crime

A pesar de que hay claros signos de que la inseguridad ha ido creciendo en Costa Rica, debido a la mayor participación del país en el comercio internacional de drogas, el presidente electo no presentó durante su campaña un plan claro orientado a detener la creciente ola de violencia y criminalidad. Los funcionarios costarricenses saben muy bien que la violencia relacionada con el crimen organizado va en aumento. Según un informe oficial de septiembre de 2017, el crimen organizado está “impulsando una oleada de violencia” en el país. Según las autoridades, cerca del 25 por ciento de los homicidios cometidos en 2017 estuvieron vinculados al tráfico de drogas. Sin embargo, hasta el momento la retórica de Alvarado en torno a la política de seguridad ha sido vaga e inconsistente.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre las políticas de seguridad De hecho, Alvarado ha propuesto mejorar la infraestructura de la policía nacional y la capacitación que se les ofrece a los agentes, así como fortalecer los programas de seguridad ciudadana, como parte de la labor preventiva para luchar contra la criminalidad. Mejorar la formación de los policías es esencial, dado que el año pasado el Gobierno tomó una cuestionable medida mediante la cual se redujeron los requisitos de entrenamiento, con el fin de poner más policías a patrullar las calles. Pero la propuesta de Alvarado no especifica cómo se podrían dar estas mejoras ni cómo se abordarán algunas de las causas generadoras de la violencia en Costa Rica. Las propuestas de Alvarado de atacar al crimen organizado también carecen de claridad. El presidente electo se ha referido a una de las causas de la creciente violencia: el acceso a las armas de fuego. Para corregir esto ha propuesto un control de armas más estricto y ha planteado la necesidad de un registro de armas con el fin de poderlas rastrear más fácilmente. Pero en Latinoamérica abundan las armas ilegales utilizadas por los grupos criminales, y es poco probable que un registro por sí solo logre arrebatárselas a los criminales. Alvarado también ha propuesto una ley de confiscación de activos en Costa Rica —una polémica herramienta utilizada por las autoridades de toda la región para ir tras las finanzas de los grupos criminales—. Sin embargo, hay poca evidencia de que dicha política logre reducir la creciente inseguridad, sobre todo en el corto plazo. Por otra parte, el Partido Acción Ciudadana no cuenta en su plataforma con secciones específicas sobre crimen y seguridad. Falta ver si el nuevo gobierno delineará propuestas más concretas con respecto a la inseguridad en Costa Rica, donde en los primeros tres meses de 2018 se presentó un nuevo récord de homicidios.

GameChangers 2017: ¿Qué esperar en 2018?

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El crimen organizado florece en medio de la corrupción política y la incertidumbre. De eso habrá de sobra en Latinoamérica durante 2018, lo que favorecerá el afianzamiento del crimen organizado en toda la región a lo largo del año. Este es el momento en el que echamos mano de nuestra extensa investigación y experiencia para hacer nuestros pronósticos para el año que comienza. Y el panorama para 2018 es uno de los más desoladores que InSight Crime haya visto en sus nueve años de estudio de los fenómenos criminales en Latinoamérica y el Caribe. Enfrentar el crimen organizado requiere de gobiernos estables con propósito, estrategia, fuerzas de seguridad sólidas, una democracia saludable y transparencia, más la cooperación internacional. En este momento parece que todo eso escasea en la región. El caos político, los conflictos internos y la agitación aseguran que la atención se concentrará en la supervivencia y la manipulación de la democracia, no en la lucha contra el crimen organizado. La legitimidad del gobierno ha quedado en tela de juicio en algunos países de la región, con investigaciones a líderes políticos por corrupción y manipulación del poder. Caudillos políticos en problemas muchas veces harán tratos a puerta cerrada con elementos criminales para garantizar su supervivencia. Más aún, varios países vivirán importantes elecciones en el año que inicia, otro factor de inestabilidad política.

Resacas políticas del 2017

Como escribimos en la introducción de este GameChangers, en 2017 la corrupción se impuso en la cúpula de gobierno por toda la región. Así entramos en 2018 con varias resacas políticas, donde creemos que la corrupción asumirá mayor control:
  • Venezuela, donde la última hoja del árbol de la democracia cayó y un régimen corrupto se atrinchera en el poder. A medida que los ingresos del petróleo se agotan, es posible que el gobierno se criminalice aún más para seguir en pie. La desintegración del estado venezolano y su corrupción absoluta tiene implicaciones regionales de amplio alcance. El impacto más inmediato lo sienten vecinos, como Colombia, Brasil y los países caribeños (Trinidad y Tobago, Aruba y República Dominicana principalmente entre ellos), pero sus efectos se extienden aún más lejos.
  • Honduras, donde se ha debatido la reelección del presidente Juan Orlando Hernández por denuncias de fraude y corrupción. Esto ha debilitado aún más su ya deteriorada Este país del Triángulo Norte tiene una importancia extraordinaria en el paso de estupefacientes provenientes de Suramérica hacia Estados Unidos.
  • Perú, donde el presidente Pedro Pablo Kuczynski estuvo al borde de la destitución por acusaciones de corrupción, y sobrevivió únicamente tras condonar la sentencia de cárcel del expresidente Alberto Fujimori, preso por abusos contra los derechos humanos. La familia Fujimori controla una de las facciones más poderosas del Congreso. El debilitamiento y descrédito de Kuczynski han sido fatales. Como resultado de esto, esperamos ver un recrudecimiento de actividades delictivas importantes, como el tráfico de cocaína, oro y madera.
  • En Bolivia, el presidente Evo Morales ha manipulado la constitución y parece dispuesto a perpetuarse en el poder al lanzarse como candidato para un cuarto periodo. La mayoría de restricciones a sus facultades ahora parecen haberse suprimido, aun cuando el país sigue desempeñando un rol central en el tráfico de estupefacientes en Suramérica.
  • Ecuador asistió a la destitución de su vicepresidente luego de ser condenado por corrupción, mientras que el presidente Lenin Moreno está enfrascado en una guerra política con el expresidente Rafael Correa. El crimen organizado no hace parte de la lista de prioridades del presidente, pese al hecho de que, según creemos, el puerto de Guayaquil es uno de los principales puntos de partida de los cargamentos de cocaína en todo el mundo.

Elecciones presidenciales en 2018

Para empeorar la incertidumbre política, habrá elecciones en seis importantes países, lo que implica que la atención política se la llevarán toda ellas y la lucha contra el crimen organizado quedará relegada.
  • Brasil tiene un presidente con cerca del 5 por ciento de aprobación y una imagen universal de corrupto. El favorito para ganar estas elecciones, Luiz Inácio “Lula” da Silva, fue condenado en julio por aceptar coimas de una firma de ingenieros a cambio de contratos de obras públicas.
  • Colombia, el principal productor mundial de cocaína, busca implementar contra viento y marea un acuerdo de paz con insurgentes marxistas y evitar un reciclaje de actores criminales. Los enemigos de la paz parecen más fuertes que sus amigos en el abanico de candidatos.
  • Costa Rica, país situado a medio camino en la ruta centroamericana de la cocaína con destino a Estados Unidos, ha visto cómo el crimen organizado transnacional echa raíces y alimenta estructuras criminales locales.
  • México ha padecido nuevos picos de violencia, y su actual presidente, Enrique Peña Nieto, ofrece pocas estrategias novedosas para contener los homicidios o el crimen organizado que los motiva. Se necesita desesperadamente nuevos líderes, pero sin importar quién gane las elecciones de julio no se esperan cambios reales en la estrategia hasta finales del año, cuando el sucesor asuma la presidencia.
  • Paraguay, el productor de marihuana más prolífico de Suramérica, ya tiene un presidente asociado a la actividad criminal en la forma de contrabando de cigarrillos. Con el acuartelamiento de los grupos criminales brasileños en este país sin salida al mar, hay la necesidad de un liderazgo transparente que contenga la actividad criminal.
  • Venezuela debe celebrar sus elecciones presidenciales, pero con la dictadura que ahora ejerce el presidente Nicolás Maduro, no hay garantía de que estas se realicen, y mucho menos de que haya algún cambio real. Es más probable que los cambios sean motivados por el colapso económico que por la contienda política.
Incluso en Cuba, dominada desde 1959 por los hermanos Castro, se esperan cambios con la promesa de Raúl Castro de dimitir en 2018. Y el presidente de Nicaragua Daniel Ortega, en el poder desde 2007, está afianzando el control en los hilos del poder y socavando la democracia. Desde los días de la Guerra Fría no se veían tan amenazados la democracia y el buen gobierno en Latinoamérica. En parte estas condiciones han sido propiciadas por el crimen organizado y la corrupción que este fomenta. Y el crimen organizado seguirá sacando provecho del caos. La cooperación también es clave en la lucha contra el crimen organizado transnacional y para bien o para mal, Estados Unidos muchas veces ha aportado coherencia y liderazgo en la guerra contra la droga y el crimen organizado. Ese liderazgo se acabó junto con buena parte de la credibilidad de Estados en la región. Todo esto simplemente le da un margen de maniobra mayor a los criminales.

Más ‘plata’ que ‘plomo’

Hay otro aspecto del crimen organizado que vale la pena mencionar al pensar en 2018. Aunque la corrupción siempre ha sido uno de los principales instrumentos del crimen organizado, su otra cara ha sido la intimidación y la violencia. Es famosa la oferta que hacía Pablo Escobar a sus víctimas: “plata” (soborno) o “plomo” (una bala). Lo que la mayoría de los delincuentes sofisticados están entendiendo es que los sobornos los llevan mucho más lejos y mucho más rápido que la violencia. El acrecentamiento de los escándalos de corrupción da fe de esto. Mientras México, Venezuela y gran parte de los países del Triángulo Norte —El Salvador, Guatemala y Honduras— registran tasas de homicidios en niveles epidémicos, en Colombia se revierte la tendencia. Aun con los récords en la exportación de cocaína, más el consumo interno de la droga, y el florecimiento de otras economías ilegales, como la minería aurífera y la extorsión, se observa un descenso de los homicidios. Aunque esto obedece en parte al desescalamiento del conflicto civil con la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el otro factor importante es el desarrollo de una Pax Mafiosa. La primera “pax mafiosa” se gestó en Medellín, capital del tráfico de cocaína, y desde ahí se expandió a todo el país. Esto implica que nuestra misión de poner al descubierto el crimen organizado se está dificultando aquí, en nuestra base que es Colombia. La historia criminal de Latinoamérica la han impulsado empresarios criminales, principalmente en la forma de carteles de la droga. No es el caso de África, donde la actividad criminal muchas veces la orquestan elementos dentro del mismo gobierno. Con la continua fragmentación del crimen organizado en Latinoamérica, y la corrupción consolidándose como el método preferido para hacer negocios ilícitos, Latinoamérica puede comenzar a parecerse más a África. La delincuencia puede gozar no solo de protección en los más altos niveles del gobierno, sino que incluso puede ser manejada por dichos elementos. Este es un fenómeno que hemos estudiado de cerca en nuestras investigaciones sobre las “Élites y el crimen organizado”. Dedicaremos aún más recursos a ese tipo de investigaciones, pues creemos que señalan la dirección que adoptará la evolución criminal. VEA TAMBIÉN: InDepth Cobertura sobre Élites y crimen organizado El crimen organizado transnacional es la actividad más versátil del planeta y se adapta a las condiciones cambiantes con mayor rapidez que los gobiernos. Cuando esos gobiernos son debilitados, subvertidos y corrompidos por los grupos del crimen transnacional, el terreno de juego antes era desigual se pone aún más cuesta arriba. Es posible que este año la delincuencia se atrinchere aún más en la región, que la corrupción llegue a nuevas cimas del gobierno o incluso que secuestren el estado. Prepárese, porque debemos prestar mucha atención para ver la mano del crimen organizado en medio del caos político. Foto superior Associated Press/Carlos Jasso