Narcotraficante colombiano confirma nexos de industrias y funcionarios de Costa Rica con grupos criminales

Una entrevista con el presunto coordinador de una red de narcotráfico en Colombia confirma que grupos criminales transnacionales operan en Costa Rica en complicidad con empresarios locales, y con el apoyo de trabajadores de las compañías de aduana, quienes venden información a las organizaciones criminales. El narcotraficante, identificado como alias “Juan”, reveló la ruta de los cargamentos, que salen desde Cartagena hasta Puerto Limón, el más importante de Costa Rica, para continuar a Estados Unidos, Europa o China. El narcotraficante explicó cómo logran movilizar envíos que llegan a tener hasta 20 mil kilos de cocaína en camiones que transportan cemento, en una entrevista que concedió al programa “Testigo Directo”, de Caracol Televisión de Colombia, y que reproduce el medio digital Crhoy.com. “Nosotros hacemos los envíos a Costa Rica, a través de los contenedores hasta Puerto Limón. Nosotros allá tenemos un contacto con el propietario de una empresa de cemento, de camiones cementeros que llevan cemento hasta Costa Rica. Normalmente mandamos máximo 100 kilos por camión… Esa empresa cuenta con… unos 200 camiones trabajando…”, dijo alias “Juan”. VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Costa Rica El presunto coordinador de la red criminal transnacional aseguró que la estructura del narcotráfico en Costa Rica funciona como en Colombia. Insistió en la participación de empresarios con compañías legalmente establecidas, que son usadas para legalizar el dinero producto del tráfico de drogas. “Tenemos un gran equipo trabajando, desde Cartagena a Costa Rica”, dice la entrevista reproducida por Crhoy.com. Esta estructura incluye a funcionarios de las aduanas del país centroamericano, quienes cobran por dejar pasar los contenedores con la droga.

Análisis InSight Crime

Las declaraciones del presunto narcotraficante ratifican la información publicada en una amplia investigación realizada recientemente por el diario La Nación, donde se muestran las rutas y maniobras que utilizan los traficantes de drogas en Costa Rica. En el reportaje de La Nación también se hace referencia a la cooptación de ciudadanos costarricenses y de empresarios de ese país con las redes del narcotráfico. En el caso de Costa Rica, los grupos del crimen organizado también han aprovechado su próspera industria exportación para movilizar grandes cargamentos de droga, principalmente hacia Estados Unidos, en colaboración con los carteles mexicanos. El ministro de seguridad de Costa Rica, Gustavo Mata, reconoció que las autoridades han tenido dificultades para controlar el paso de la droga por su país. “Esto es un tsunami. Ellos aprovechan espacio aéreo, fronteras terrestres, [rutas] marítimas”, explicó. “Es un bombardeo constante. Mientras la policía encuentra un cargamento, tres o cuatro más están entrando”, declaró a La Nación.

Informe muestra alcance transnacional del narcotráfico en Costa Rica

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Un reportaje reciente presenta desde una nueva perspectiva la dinámica del negocio de la droga en Costa Rica, lo que pone de relieve cómo los grupos criminales transnacionales han cooptado a personas e industrias locales para promover sus empresas criminales.

Una extensa investigación del medio informativo local La Nación muestra la importancia y creciente participación de Costa Rica como punto de tránsito de la cocaína proveniente de Suramérica con destino a Estados Unidos, Europa y otros mercados.

El reportaje revela cómo redes criminales, conformadas por costarricenses, mexicanos, colombianos y otros han aprovechado las condiciones estratégicas del lugar para traficar grandes cantidades de narcóticos a mercados de consumo importantes.

También explora los efectos negativos que ha tenido esta próspera industria ilícita sobre Costa Rica, por tradición uno de los países más estables y seguros de Centroamérica.

Logística interna

En el pasado se ha tenido noticia de la presencia de grupos criminales multinacionales, principalmente mexicanos y colombianos. Pero la investigación de La Nación subraya la importancia del apoyo local para facilitar la operación de las maquinarias criminales transnacionales.

Según el reportaje, los grupos narcotraficantes extranjeros muchas veces subcontratan a costarricenses para ayudar en la logística local. Los costarricenses recogen cargamentos de cocaína en puntos estratégicos en todo el país, en especial a lo largo de las costas del Pacífico y el Caribe, los almacenan y transportan dentro del país para su reenvío.

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El ministro de seguridad de Costa Rica Gustavo Mata declaró a La Nación que las agobiadas autoridades no logran detectar la mayor parte de la cocaína que pasa por el país.

“Esto es un sunami. Ellos aprovechan espacio aéreo, fronteras terrestres, [rutas] marítimas”, explicó. “Es un bombardeo constante. Mientras la policía encuentra un cargamento, tres o cuatro más están entrando”.

Con la avalancha de cocaína que pasa por Costa Rica, el consumo interno de la droga ha aumentado, quizás como resultado de la mayor cantidad del producto que permanece en el país.

Según el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia de Costa Rica, el porcentaje de ciudadanos que declaran el uso “reciente” de cocaína tuvo un repentino aumento de casi 600 por ciento en la última década, de 0,2 por ciento en 2006 a 1,1 por ciento en 2016.

Expertos en exportación

Además de los extensos litorales sobre el Atlántico y el Pacífico, Costa Rica ha resultado auspicioso para las narcotraficantes gracias a sus industrias agrícola y de transporte de productos lícitos.

La Nación informa que los traficantes han hecho especial uso del puerto de Limón, importante terminal portuaria nacional sobre el mar Caribe, donde el conflicto por el negocio de la droga se ha asociado con la creciente violencia. Con frecuencia se ocultan cargas de drogas en despachos de productos agrícolas de exportación.

Por ejemplo, en julio de 2011, las autoridades españolas decomisaron 37 kilogramos de cocaína escondidos en un cargamento de piña. La investigación posterior develó que la red responsable era dirigida por un colombiano que trabajaba con un costarricense, quien estaba a cargo de la compra y el despacho de la cocaína, mientras que un mexicano reclutaba a hombres de una ferretería local para ayudar con el trabajo.

La evidencia también indicó un alto grado de sofisticación por parte del grupo criminal. Se dice que los contenedores de embarque habían sido modificados por soldadores profesionales para crear un lugar para ocultar la cocaína.

Crédito: La Nación

(Crédito: La Nación)

La Nación destaca que el uso de exportaciones agrícolas para esconder la mercancía ilícita puede tener un impacto negativo en las industrias locales —por ejemplo, si se decomisa o estropea el producto.

Se dice que algunas empresas han comenzado a contratar personal de seguridad y a emplear cámaras, escáneres, perros antinarcóticos y otros métodos para detectar alteraciones en sus envíos. Pero el costo de esas medidas puede estar fuera del alcance de firmas transportadoras más pequeñas, lo que las hace más vulnerables a los narcotraficantes.

Hormigas y mulas

Además de aprovechar la industria exportadora en Costa Rica para el envío de grandes despachos de narcóticos, los traficantes también han manejado esquemas en menor escala en el país.

Un ejemplo es el método “hormiga” para el tráfico de drogas, que incluye el despacho de numerosas “mulas” con pequeñas cargas de drogas que puedan acumularse para hacer un gran total, lo que reduce el riesgo de pérdidas masivas cuando se incautan paquetes individuales. De hecho, entre 2012 y junio de 2016, las autoridades decomisaron 1,5 toneladas de cocaína de potenciales mulas de drogas y pasajeros en vuelos de aerolíneas comerciales.

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La Nación relaciona el éxito de este método en Costa Rica con la laxitud en sus protocolos de seguridad aeroportuaria. La agencia de noticias informa que entre 2010 y 2016 137 mulas con drogas lograron pasar los controles aeroportuarios en Costa Rica antes de ser interceptadas en el exterior.

El sistema de correos de Costa Rica también es propenso a ser usado para narcotráfico. Según La Nación, grupos criminales han infiltrado los servicios postales del país para asegurarse de que los paquetes con estupefacientes puedan evadir las inspecciones de seguridad.

‘Sin cacao no hay chocolate’

Las autoridades costarricenses han propuesto algunas medidas para combatir el crimen organizado en el país, como el refuerzo de la cooperación de las autoridades con países vecinos. Pero el impacto de esas medidas puede ser limitado.

Las fuerzas de seguridad de Costa Rica se han visto superadas por el auge del tráfico de cocaína, que alimenta simultáneamente a grupos criminales, quienes, según representantes del gobierno, son los culpables del alza en las tasas de homicidios. Y el país ha planteado algunas respuestas cuestionables, como el drástico acortamiento del tiempo de adiestramiento para los agentes de policía.

Aunque Estados Unidos ofreció un paquete de ayuda de US$30 millones a Costa Rica el año pasado, la escasez de recursos puede ser un obstáculo importante. Como informara La Nación el año anterior, la falta de dinero ha entorpecido la capacidad del país para llevar a cabo algunas de sus propuestas contra la delincuencia.

Como lo dijo en tono sarcástico un político en ese momento, “No se puede hacer chocolate sin cacao”.

Cómo el miedo al crimen en Centroamérica impacta la vida diaria y contribuye a la migración

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Un nuevo informe muestra hasta qué punto la inseguridad afecta negativamente las vidas diarias de la población civil centroamericana, y ofrece nueva evidencia de que el crimen y la corrupción son factores importantes detrás de la emigración en la región. Los hallazgos indican que las actuales políticas dirigidas a dar solución a estos problemas pueden carecer de un énfasis adecuado en medidas preventivas, más que reactivas en su objetivo de disuadir el crimen y la migración.

El Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana de la Universidad de Vanderbilt (LAPOP) y el Diálogo Interamericano presentaron un estudio titulado “Beneath the Violence” (Bajo la violencia) en un evento celebrado el 3 de octubre en Washington, D.C.

Con base en encuestas realizadas en Centroamérica, los autores crearon un “índice de conductas para evitar el crimen”, mediante el cual se clasificó a los países según el grado en el que los encuestados declararon que el miedo al delito ha afectado su vida cotidiana.

El índice mostró que de toda la región los ciudadanos de Honduras son los que mayor impacto sienten por la inseguridad, seguido de cerca por Guatemala y El Salvador, los otros dos países que conforman el “Triángulo norte” de Centroamérica. Es notable que una mayoría de los encuestados en la subregión del Triángulo Norte admitieron tener “un poco o mucho miedo de ser asesinados”.

Gráfico cortesía de LAPOP y el Diálogo Interamericano

(Gráfico cortesía de LAPOP y el Diálogo Interamericano)

En parte causó sorpresa que el estudio hallara que en el ámbito individual, “la evasión del crimen es mayor entre quienes están en riesgo genuino de padecer el crimen”. Quienes ya habían sido víctimas de un delito tenían muchas más probabilidades de informar que temían otro hecho de ese tipo. Otros factores, como la presencia de pandillas en el barrio y experiencias de primera mano con corrupción o incompetencia policial, también se asociaron con mayor comportamiento de rechazo hacia el crimen.

Aunque hubo pequeñas variaciones sorprendentes en las respuestas promedio de las diferentes clases socioeconómicas, el informe puntualiza que las personas de menores ingresos son las más afectadas en lo que respecta a la inseguridad. Por ejemplo, casi la mitad de los encuestados de menores ingresos informaron que evitan tomar el transporte público por temor a ser víctimas de delitos, lo cual puede afectar sus posibilidades de buscar oportunidades laborales o de educación.

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Además, el estudio halló una fuerte correlación entre una mayor evasión del crimen y el aumento de la emigración. Aproximadamente una tercera parte de los adultos del Triángulo Norte había pensado dejar el país el año anterior a la encuesta. Los únicos factores que se observó que tienen mayor impacto en la decisión de emigrar fueron el desempleo y tener parientes en el exterior.

Como ya lo había señalado InSight Crime, es común que varios de esos llamados “factores de rechazo” se combinen para incidir en la decisión de una persona a emigrar. Repitiendo lo que varios expertos han comentado a InSight Crime, el informe del LAPOP y el Diálogo Interamericano afirma que “esto indica que los esfuerzos de control migratorio en Estados Unidos, centrados exclusivamente en las políticas internas y la seguridad fronteriza tienen pocas probabilidades de éxito para disuadir la inmigración a la larga”.

Análisis de InSight Crime

El nuevo estudio ofrece información valiosa sobre la percepción de los ciudadanos centroamericanos sobre la inseguridad, y el impacto que esta tiene en diversos aspectos de sus vidas.

Por ejemplo, uno de los autores del informe, Michael Camilleri, resaltó durante la presentación del estudio que el porcentaje de población que afirma que el mayor problema de su país es la inseguridad es casi el mismo en Honduras y Uruguay. Sin embargo, como ya lo había informado InSight Crime, otros estudios han demostrado que Honduras experimenta impactos económicos derivados del crimen mucho más agudos que Uruguay.

Es importante tener en cuenta los impactos económicos del crimen porque, como se mencionó anteriormente, la victimización por el crimen y la falta de oportunidades económicas muchas veces se combinan para incitar la emigración desde Centroamérica. Y los autores del LAPOP y del Diálogo interamericano comentan que sus hallazgos contienen importantes lecciones para los legisladores que buscan enfrentar la inseguridad y la migración en la región.

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La autora del informe Carole Wilson afirmó que “la inseguridad motiva la migración”, indicando que los esfuerzos estadounidenses por reforzar la seguridad fronteriza e imponer medidas de fuerza sobre los migrantes indocumentados solo tendrá un efecto limitado.

La inmigración de indocumentados a Estados Unidos ha dado muestras de reducirse en respuesta a la intensificación de las operaciones de control en la administración del presidente Donald Trump. Pero Camilleri sostuvo que ” cualquier baja que estemos viendo… en la migración seguramente será transitoria. Los factores de rechazo que la motivan son lo que en últimas incidirá en las tendencias migratorias en el largo plazo”.

Esta opinión encontró eco en el exsubsecretario adjunto de estado para Centroamérica y el Caribe Juan González.

“A largo plazo, no va a funcionar, porque la gente que huye de la violencia y está en busca de oportunidades va o a México, que es algo que hemos estado viendo, o hace el viaje hasta Estados Unidos”, señaló.

Según González, invertir en el desarrollo socioeconómico en regiones especialmente golpeadas por el crimen, como los países del Triángulo Norte, sería una destinación de recursos más eficiente que aumentar el gasto en las medidas de seguridad internas en Estados Unidos.

Fortalecer las instituciones de policía y judiciales también podría ayudar a poner freno al crimen y la corrupción, lo que reduce la motivación para la migración de ciudadanos, agregaron los autores.

Juicio por tráfico de órganos en Costa Rica vincula red de trasplantes ilícitos con Ucrania

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Los nuevos detalles que se han conocido sobre el funcionamiento de una sofisticada red de tráfico de órganos con nexos internacionales que operaba en Costa Rica apuntan a una evolución del rol del país en el mercado internacional ilícito de órganos.

En el desarrollo de un proceso a sospechosos presuntamente implicados en una red de tráfico de órganos en Costa Rica, el investigador judicial Diego Castillo Gómez comentó que la presunta red puede haber tenido nexos con Ucrania, según información publicada el 15 de septiembre por La Nación.

En primer lugar, en 2012 las autoridades costarricenses recibieron una solicitud de sus homólogos ucranianos para que investigaran un número de teléfono asociado a dos ucranianos que habían sido detenidos por tráfico de órganos, relató Castillo.

Luego de investigaciones adicionales, los investigadores descubrieron que el número se usó muchas veces para comunicarse con Francisco José Mora Palma, urólogo que fue arrestado en junio de 2013 junto con otros dos por ser presuntos cabecillas de la red de tráfico ilícito de órganos. En febrero de 2016, las autoridades costarricenses anunciaron que formularían cargos formales y eventualmente llevaron a juicio el caso, el primero de su tipo en el país.

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Las denuncias anteriores ya habían relacionado a la red de Mora Palma con actores locales e internacionales.

Entre los presuntos implicados en la red estaban los urólogos costarricenses Maximiliano Mauro Stamati y Fabián Fonseca Guzmán, el especialista en el sistema vascular periferal Víctor Hugo Monge, así como el agente de la Policía Nacional de CostaRica Maureen Cordero Solano, quien fue presuntamente una de las víctimas de Mora Palma y recibió 6 millones de colones (unos US$10.400) por uno de sus riñones.

Según La Nación, Solano abordaba a personas locales en situación de pobreza para reclutarlos como “donantes” de riñones, lo que supuestamente le reportaba US$1.000 por cada donante reclutado. Luego de eso, Solano remitía los donantes al comerciante griego, Dimosthenis Katsigiannis Karkasi, quien les ofrecía hasta 10.000 colones (alrededor de US$17.400) por el riñón.

Karkasi, dueño de una pizzería frente al hospital donde Mora Palma trabajaba, llevaba entonces a los “donantes” para una consulta con el médico para iniciar los procedimientos preoperatorios, seguidos de un chequeo particular.

Luego de ser remitidos a uno de los hospitales privados, Mora Palma, con ayuda de los urólogos y el especialista vascular periferal, extraía los riñones y los trasplantaba a los receptores, quienes presuntamente pagaban desde US$140.000 por procedimiento, de los cuales se suponía que US$40.000 eran para los donantes.

Posteriormente, se dice que Mora Palma pagaba a los donantes en efectivo, si les pagaba, y los hacía firmar declaraciones ante notario en las que declaraban que no habían recibido pago alguno por el riñón. Al igual que en Estados Unidos, en Costa Rica es ilegal pagar a alguien por sus órganos.

Según el testimonio de Castillo, Mora Palma coordinó los exámenes y cirugías de por lo menos 14 trasplantes renales en las instituciones privadas Clínica Bíblica y Hospital Hotel La Católica. Mora Palma fue durante trece años director del departamento de nefrología en el hospital público Rafael Ángel Calderón Guardia en San José, capital de Costa Rica, y se dice que trabajaba fuera de su consultorio en el hospital.

Mora Palma afronta acusaciones por 14 cargos de trata de personas para extracción ilícita de órganos, y 16 cargos de apropiación indebida por uso de equipo e instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para cometer los delitos, entre otros cargos.

Análisis de InSight Crime

No cabe duda de que las autoridades de Costa Rica parecen haber descubierto una importante red internacional de tráfico de órganos en el país. De hecho, una investigación publicada por el New York Times en 2014 vinculaba la red de Mora Palma —de la que se dice que opera desde 2011 por lo menos— con “importantes actores del considerable mercado negro de riñones en Israel”.

Sin embargo, según la abogada colombiana Luz Estella Ortiz-Nagle, experta reconocida en trata de personas, es posible que Costa Rica esté transformándose de actor minúsculo en el tráfico global de órganos a “epicentro” del tráfico ilegal de órganos, en gran parte por la corrupción que ha permitido que prospere una sofisticada industria de “turismo de trasplantes“, además del desbalance global entre la oferta limitada de riñones y la gran demanda de trasplantes.

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Ortiz-Nagle explicó en una entrevista concedida a La Nación en junio de 2017 que la corrupción de funcionarios de distintos sectores es esencial para la operación exitosa de estas redes, dada la extensión de sus actividades.

“Hay un facilitador o reclutador que ubica a la víctima o donante (…) un coordinador internacional o intermediario, un lugar para el trasplante, un receptor (…) que recibe la donación, y profesionales médicos: médicos de trasplantes, anestesiólogos, enfermeras, técnicos médicos, laboratorios y administradores de hospitales”, señaló.

Según un informe de trata de personas publicado en 2017 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno costarricense está haciendo esfuerzos importantes por combatir el tráfico, pero aún no cumple los estándares mínimos en Estados Unidos.

Informe de Costa Rica culpa a ‘crimen organizado’ por alza en homicidios

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Un informe gubernamental sobre homicidios en Costa Rica concluye que el crimen organizado es la causa del aumento de la violencia en el país, pero la cuestionable metodología del estudio deja la afirmación expuesta a interrogantes.

El número de homicidios aumentó en 9,7 por ciento en Costa Rica entre 2010 y 2016, según un informe de agosto de 2017 de la Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana (COMESCO).

Después de bajar de un total de 527 homicidios en 2010 a 407 en 2012, el número anual de homicidios subió a 578 en 2016. La tasa de homicidios también exhibió un leve incremento, de 11,5 por 100.000 habitantes en 2010 a 11,8 por 100.000 habitantes en 2016.

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El informe trata de diferenciar los homicidios asociados al crimen organizado. La metodología del documento explica que se emplearon datos de las divisiones de análisis y estadísticas de criminalidad del Ministerio de Justicia para tratar de establecer los motivos. El estudio considera dos móviles: “ajuste de cuentas o venganza” y sicariato, como relacionados con el crimen organizado. Según dicho estándar, la proporción de homicidios dolosos cometidos por grupos criminales se elevó de 2,5 por ciento en 2010 a 46 por ciento en 2016. En otras palabras, los homicidios relacionados con el crimen organizado se dispararon en casi 2.000 por ciento en el periodo de seis años.

Análisis de InSight Crime

La conclusión obvia es que el crimen organizado está impulsando una oleada de violencia. Y algunos de los datos y evidencia anecdótica parecen respaldar esa conclusión. El estado de Limón, conocido foco de narcotráfico, presenta el mayor número de homicidios en el periodo estudiado, seguido de la capital, San José. Además, las víctimas encajan en el perfil: el grupo etario entre 15 y 29 años sufrió el mayor incremento en los homicidios, hasta llegar a una tasa de más de 20 por 100.000 habitantes. Finalmente, el informe está en línea con las alertas de incremento de la actividad narcotraficante en el país, así como afirmaciones con débil sustento del narcotráfico como la causa del incremento de los homicidios.

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Sin embargo, existen razones para cuestionar si la dinámica ha cambiado tanto como lo sostiene el informe. Para empezar, los índices de homicidios de 2016 son similares a los de 2010. Y la vaga metodología del documento no es convincente. Los homicidios por “ajuste de cuentas y venganza” son una descripción demasiado amplia para considerarse específica del crimen organizado. El estudio incluso admite que esta categoría es demasiado vaga.

Hay dos maneras por lo menos de remediar esto. Una es tomar una muestra representativa de todos los homicidios a lo largo de un periodo de tiempo y estudiar los motivos en cada uno de esos casos, según lo determinan las investigaciones de la Fiscalía General. La otra es hacer lo que InSight Crime hizo en Guatemala y hacer una inmersión en los lugares donde las autoridades consideran que hay presencia del crimen organizado y poner a prueba las hipótesis usando los casos ocurridos únicamente en esas zonas.

Crisis en las cárceles: 5 principios para reformar los sistemas penitenciarios

Las altas y crecientes tasas de encarcelamiento en la región no han coincidido con reducciones en el crimen y la violencia. Sabemos que las cárceles no son la solución. Pero si tenemos que recurrir a ellas debemos de hacerlo lo más humanamente posible.

Si bien la literatura en este tema todavía es incipiente en la región, cada vez sabemos más sobre qué funciona para mejorar la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad.  Y están surgiendo modelos innovadores de gestión penitenciaria, menos punitivos, basados en los derechos humanos, y con un fin resocializador.

 *Esté artículo fue editado y publicado originalmente por Sin Miedos. Se reproduce con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí

Comparto 5 lecciones que hemos aprendido tanto de la evidencia internacional como de nuestras experiencias con distintos proyectos en países de la región.

1. La primera es que la infraestructura carcelaria debe de desarrollarse en función de la rehabilitación. Si vamos a construir más cárceles, asegurémonos que sean mejores cárceles. Esta foto son las nuevas instalaciones en una de las nuevas unidades productivas que hemos apoyado en Costa Rica. Con estas unidades lo que se buscó fue dignificar el espacio carcelario utilizando un principio de “normalidad” que las asemeja a campus universitarios, con instalaciones que cumplen con la normativa de derechos humanos en infraestructura penal, contando a la vez con modernos estándares de seguridad; y facilitan la actividad recreativa, la capacitación de las personas privadas de libertad que se encuentran al final de sus condenas.

2. La segunda lección es que más que enfocarnos en construir cárceles, el enfoque debe de ser en el modelo de intervención. En nuestro proyecto en Pacora en Panamá donde están 28 por ciento de los menores privados de libertad del país, se ha priorizado el desarrollo personal de los jóvenes. Existen más de 12 programas diferentes los cuales se asignan de acuerdo a las evaluaciones de riesgos y necesidades de los privados de libertad. La idea es que los jóvenes pasen la mayoría de su tiempo en actividades productivas, recreativas, educativas. Cuando tuve la oportunidad de visitar este proyecto en Pacora, lo que más me impactó, aparte del gran trabajo que realizaban los jóvenes, era la sensación de esperanza que había en estos talleres. Uno de los jóvenes nos dijo que antes, si a él le hubieran ofrecido un pincel y una pistola, hubiera escogido la pistola. Pero ahora escogería el pincel ya que tiene sueños de convertirse en un artista famoso.

3. Otra lección importante que hemos aprendido es que aparte de capacitar a las personas en destrezas técnicas, es clave apoyar el desarrollo de cambios comportamentales y habilidades blandas. Muchas veces las barreras a la reinserción en la sociedad tienen más que ver con la carencia de comportamientos adecuados en ámbitos de trabajo, que la falta de destrezas técnicas. Esto aplica también a jóvenes vulnerables fuera de las cárceles que muchas veces terminan delinquiendo al no estar insertados en la fuerza laboral formal con trabajos dignos.

4. Un aspecto clave que no debemos dejar por fuera es el tema de la gestión penitenciaria. Muchas veces se les echa la culpa a los custodios por ser corruptos y permitir que los privados de libertad continúen delinquiendo. Pero he visitado muchos centros penitenciarios de la región en los cuales los custodios viven y trabajan prácticamente en las mismas condiciones que los reclusos. Vienen de los mismos barrios. Debemos dignificar el trabajo de los custodios, por compensarlo adecuadamente y por entrenarlos para que puedan contribuir a la rehabilitación de los reclusos. De hecho, en nuestro proyecto en Pacora, se entrenó a personal de la cárcel para que pudiera gestionar efectivamente los diversos talleres de rehabilitación. Otra barrera para la gestión penitenciaria es la falta de información y datos. En muchos casos, los encargados de prisiones no saben cuántas personas están en sus cárceles, ni con qué perfiles y necesidades. Al mejorar los sistemas de información en las cárceles podemos construir intervenciones de rehabilitación mejor dirigidas. Si bien las tecnologías pueden ayudar, es importante recordar que la tecnología es un medio y no el fin en sí.

5. Finalmente, un factor indispensable para facilitar la reinserción de las personas privadas de libertad es fomentar los lazos con las familias y el sector privado. Un aspecto clave de nuestros proyectos en cárceles ha sido involucrar a las familias en el apoyo sicosocial que se le da a los privados de libertad. Por otra parte, el involucramiento del sector privado es clave y debe de ir más allá de las concesiones para construir cárceles. Primero, el sector privado genera oportunidades de trabajo para las personas privadas de libertad mientras siguen en la cárcel. Segundo, los introduce a opciones laborales en el mercado formal, lo que facilita el desarrollo de destrezas que serán claves para su reinserción. Y finalmente, también sirve para sensibilizar a los empresarios y a personas de la sociedad civil sobre los reclusos, demostrándose que son personas perfectamente capaces.

Cada vez, tenemos mayor conocimiento de qué funciona y qué no funciona en materia penitenciaria, y debemos ponerlo en práctica antes de reinventar la rueda. Aunque lo ideal es que las personas no lleguen a la cárcel, en este momento en la región tenemos una población penitenciaria de cientos de miles de personas que debemos atender. Solo así podremos asegurarnos que nuestras cárceles no sean depósitos de personas sino espacios rehabilitadores de segundas oportunidades.

*Escrito por Nathalie Alvarado, la coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia del Banco Interamericano de Desarrollo. Este artículo esta basado en dos posts sobre su intervención en el primer Congreso Internacional de Política Penitenciaria y Carcelaria, llevado a cabo en Bogotá el 2 de junio de 2017. 

Malas calificaciones para Latinoamérica en nuevo ‘Índice global de impunidad’

Casi todos los países de Latinoamérica se ven en dificultades para combatir los elevados índices de impunidad, según un nuevo informe que analiza las condiciones estructurales y de derechos humanos que contribuyen a la impunidad de los crímenes en la región.

Según el Índice Global de Impunidad (IGI) de 2017 del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la impunidad es la norma en todo Latinoamérica y el Caribe.

El informe calculó los puntajes del índice de impunidad con base en factores, como fortaleza institucional y otras condiciones estructurales para 69 países de todo el mundo —19 de ellos en Latinoamérica y el Caribe—, donde los puntajes más altos representaban los peores niveles de impunidad.

Casi la mitad de los países latinoamericanos analizados se contaron entre los países con las peores calificaciones de impunidad a nivel global. La puntuación de México fue la peor del continente americano, y solo cuatro puestos por encima del país peor calificado del mundo, Filipinas. Barbados tuvo la menor calificación de impunidad en la región.

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Para calcular los puntajes de impunidad, los autores del informe analizaron lo que llaman la “cadena de la impunidad”. El informe describe la cadena de impunidad como un proceso que se inicia con la denuncia de un crimen, a lo que idealmente debe seguir una investigación de las instituciones judiciales, y finalmente termina con el Estado impartiendo justicia al perpetrador y la víctima.

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Los investigadores estudiaron los eslabones de esta cadena mediante el análisis de dos factores. El primero —la funcionalidad de los sistemas de protección de la seguridad, la justicia y los derechos humanos— tuvo un puntaje basado en indicadores, como el número de personas en los juzgados en comparación con el número de fiscales, o el porcentaje de reclusos en detención preventiva. El segundo —la capacidad estructural de los sistemas de justicia del país— se midió con puntos de datos, como el número de agentes de policía y de jueces por cada 100.000 residentes.

A continuación el estudio asignó a cada país una calificación de impunidad, usando una fórmula que combinaba el análisis de la funcionalidad y la capacidad estructural con una evaluación de situación de derechos humanos.

Análisis de InSight Crime

El índice de impunidad ofrece un análisis multifacético de los factores que contribuyen a la falta de castigo de los crímenes en Latinoamérica. Y los autores del informe sostienen que la región debe hacer mayor énfasis en destinar recursos en la prevención de delitos, distribuir inteligencia e información y mejorar la capacidad de los sistemas judiciales de los países para impartir justicia y mejorar los altos índices de impunidad en términos generales.

No sorprende la mala calificación obtenida por México en el índice, por las notorias altas tasas de impunidad en el país. México tiene solo 4,2 jueces por cada 100.000 habitantes, y el 43 por ciento de la población carcelaria del país se encuentra en detención preventiva, que según el informe es una señal de la poca funcionalidad y la ineficiencia del sistema de justicia en el país (las autoridades mexicanas intentan actualmente una revisión importante del aparato judicial, pero la iniciativa se ha topado con algunos obstáculos importantes).

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Por otro lado, Barbados y Costa Rica ostentaron dos de las mejores calificaciones de Latinoamérica, lo que se debe en gran parte a sus organizadísimos y bien estructurados sistemas de justicia y seguridad. Un indicador de eso es el porcentaje relativamente bajo de presos en detención preventiva en las cárceles de Barbados, lo que el informe considera reflejo de procesos judiciales eficientes.

Consumo local de drogas en Costa Rica agudiza tasa de homicidios

Un incremento en las ventas y el consumo interno de estupefacientes en Costa Rica parece estar agravando el aumento de los homicidios, pero las autoridades han tendido a culpar a los grupos criminales extranjeros en lugar de centrarse en los factores internos causantes de la creciente violencia.

Hace poco el fiscal general Jorge Chavarría culpaba a la “mexicanización” de los grupos criminales costarricenses por los incrementos en las tasas de homicidios en los últimos años, y afirmaba que las bandas narcotraficantes locales están emulando las disputas por territorio de los carteles mexicanos, y que esto aumenta la tasa de homicidios.

“Las organizaciones locales se diversifican por presión de la oferta para extender el mercado local, lo que provoca la tendencia al monopolio y aplicación de la violencia —la receta mexicana— donde cada una tiene su brazo armado y trata de eliminar la competencia”, comentó Chavarría a CRHoy.

El fiscal general ya ha advertido que los grupos mexicanos del crimen están reclutando y entrenando a pandillas locales en Costa Rica.

Según Chavarría, los enfrentamientos entre rivales que se disputan el control de las rutas internacionales de narcotráfico son la razón del pico histórico de 11,8 homicidios por 100.000 habitantes, en 2016. Sin embargo, se sospecha que una gran proporción de homicidios tiene que ver con disputas territoriales entre grupos narcos locales; en 2015, esa fracción se calculó en 70 por ciento del total de 570 homicidios registrados ese año.

Análisis de InSight Crime

Según Walter Espinoza, Director del Organismo de Investigación Judicial, el gobierno costarricense debe seguir centrándose en un enfoque transnacional en la lucha contra el crimen, trabajando con jefes de policía de Centroamérica y otros actores internacionales. Aunque este es un elemento importante de la lucha contra el crimen organizado, cualquier estrategia que busque reducir la violencia en Costa Rica debe concentrarse también en la dinámica criminal del negocio local de la droga.

Históricamente, Costa Rica ha sido un puerto de tránsito clave para los traficantes internacionales por su ubicación estratégica, pero hoy en día se quedan más drogas en el país, pues hay más costarricenses que nunca consumiendo cocaína y marihuana en el país. Según el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el consumo de cocaína creció cuatro veces entre 2006 y 2010, superando el promedio centroamericano. El consumo de marihuana aumentó 260 por ciento en el mismo periodo, informó IAFA.

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Es probable que esta expansión del mercado local —impulsada en parte por el auge de la producción de cocaína en Colombia y otros factores— haya incentivado la competencia por el control del mercado entre los grupos costarricenses del crimen. Enfrentar esta dinámica será clave para retrasar y eventualmente revertir el alarmante aumento de la violencia que se observa en Centroamérica en los últimos años.

Reforma de antecedentes penales en Costa Rica podría mejorar perspectivas posprisión para mujeres

Ana Chaves fue una de las cientos de mujeres beneficiadas con la reforma “77 bis”, que redujo de 8 a 3 años las penas de prisión por el delito de introducción de drogas a centros penitenciarios en Costa Rica, y la razón por la que logró salir anticipadamente de la cárcel en el año 2013. Y a pesar de que aprovechó cada día de encarcelamiento para estudiar y superarse,  la existencia del antecedente penal, le impedía   conseguir un trabajo formal. Pero gracias a otra reciente reforma legislativa que se entró en vigencia en enero del 2017, Ana fue una de las primeras en obtener la  “hoja de delincuencia”, pues ya había transcurrido el tiempo legal de registro de los antecedentes.

La reciente Ley 9361 que reformó el registro judicial en Costa Rica permite a las personas que hayan recibido una condena penal, eliminar sus antecedentes penales en menos tiempo, de acuerdo a una escala que considera el monto de la pena y el delito cometido. Si durante el proceso penal se demuestra que la persona condenada enfrentaba condiciones de vulnerabilidad al momento de la comisión del delito, el juez de ejecución de la pena también podrá ordenar la cancelación del registro una vez cumplida la pena impuesta.  Esta es otra forma en que el Estado costarricense introduce los principios de proporcionalidad y racionalidad en la política criminal, incluyendo delitos relacionados con drogas, que sin duda constituye un importante precedente para prevenir la discriminación social y laboral de personas que han enfrentado condenas penales.

Este artículo fue escrito originalmente por La Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA por sus iniciales en inglés) y fue republicado con su permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el artículo original aquí.

Situación penitenciaria en Costa Rica

A pesar de ser un país con poco menos de 5 millones de habitantes, Costa Rica posee una de las tasas de encarcelamiento más altas de Latinoamérica, con muchos desafíos tanto en infraestructura como en legislación penitenciaria. Con más de cuarenta años de promulgación del Código Penal, el país aún no cuenta con una ley de ejecución penal y del sistema penitenciario. La existencia de un registro criminal que se mantenía hasta 10 años posteriores finalización de la condena, sin ningún tipo de diferenciación entre penas cortas o penas largas;  era otro elemento que perjudicaba directamente la integración social de las personas que han tenido algún conflicto con la ley, aunque ya hubieran pagado su condena.

Según información del Ministerio de Justicia y Paz, para junio de 2016 habían 13.230 personas privadas de libertad, conformada por un 96 por ciento de hombres y un 4 por ciento de mujeres (destacando que el 53,8 por ciento de las mujeres está por delitos relacionados con drogas); con una tasa de 40,6 por ciento de sobrepoblación sobre todo en la población masculina. Ya que en la población femenina por otro lado disminuyó la cantidad de mujeres encarcelada por delitos relacionados con drogas, gracias a la aprobación de la Ley 9161, que reformó la Ley de Psicotrópicos. La reforma, implementada en el 2013, conocida como “77 bis”,  bajó las penas previstas para las mujeres que introducen drogas a centros penales de un mínimo de 8 a 3 años, si cumplen con una serie de condiciones. Dado que una sentencia de 3 años permite el uso de medidas alternativas al encarcelamiento, el resultado inmediato de esta reforma fue el egreso, en una primera etapa de aproximadamente 120 mujeres. Hecho que además solucionó el problema de sobrepoblación que tenía el centro penitenciario de mujeres, llamado Buen Pastor en ese momento, y desde inicio del 2017 Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling Rivera.

El Impacto de los ‘Antecedentes Penales’ 

Antes de la aprobación de la Ley 9361, toda persona privada de libertad que cumplía la pena impuesta, debía esperar 10 años para que sus antecedentes penales fueran eliminados del registro judicial. Esta ley no distinguía entre delitos graves como homicidios, crimen organizado, etc., de los delitos no graves con penas más bajas como hurtos menores o conductas delictivas no violentas. Estos son antecedentes penales que resultaban desproporcionales y lesivos para las personas que salían de prisión a buscar un empleo y retomar sus proyectos de vida.

Quedó demostrado que los antecedentes penales se convertían en una segunda  pena, con consecuencias muy graves para las mujeres, sus familias y personas dependientes. Las mujeres sufren de una exclusión laboral y discriminación social, partiendo del hecho que tanto el Estado como la empresa privada solicitan los antecedentes penales para realizar una contratación. Una investigación realizada por estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional (UNA) en el cual se entrevistó a una muestra de las mujeres que egresaron en el 2013 por la reforma legal “77 bis”, demostró que su principal obstáculo para la inserción laboral era la anotación de la condena en la hoja de delincuencia. A pesar de los esfuerzos que ellas hacían para estudiar, aprender un oficio, e iniciar su proyecto de vida, el antecedente limitaba las posibilidades de lograr su integración social.

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Cuando se analiza el perfil de las personas infractoras no violentas, en delitos contra la propiedad, o relacionados con drogas en pequeña escala, se han identificado una gran cantidad de condiciones de riesgo y vulnerabilidad social como factores asociados a la comisión del delito, las cuales se agravan con el encarcelamiento. Una vez descontada la pena, el registro de antecedentes penales se constituye en una barrera más, que impide cumplir los fines de “adaptación social” que al menos doctrinariamente debe promover el sistema penal, pues en la práctica, tener la “hoja de delincuencia manchada”, era la razón principal por la que no se contrataban a muchas personas, sin importar su experiencia y conocimiento laboral.

En conclusión era contradictorio que el Estado, que tiene a su cargo el control de la ejecución de las penas, la formación y reinserción laboral de las personas sentenciadas, tuviera una norma que sin distinguir la gravedad del delito cometido, excluyera en la practica la posibilidad de conseguir un empleo a las personas con antecedentes criminales que habían cumplido su pena.

La reforma de la Ley sobre Antecedentes Penales

Esta reforma inicia hace varias años con un proceso de reflexión impulsado por organizaciones de la sociedad civil, la Defensa Pública y el diputado Oscar Alfaro (bancada Partido Liberación Nacional del período 2010-2014) quien presentó el Proyecto de Ley bajo el expediente 18.650 en la Asamblea Legislativa en marzo del 2014.

No obstante, varios diputados no estaban de acuerdo con la versión original del proyecto, por lo que en mayo de 2015, el diputado Marco Vinicio Redondo (bancada  Partido Acción Ciudadana del período 2014-2018) convocó a una mesa de trabajo interinstitucional e interpartidaria para elaborar un texto sustitutivo y llevar a buen término el proyecto de ley. Gracias a este proceso de análisis y discusión es que finalmente se presentó un texto que pudo ser consensuado en el plenario legislativo.

Es así que para el mes de julio del 2016, el proyecto de Ley 18.650 se convirtió en la Ley 9361, que reformó el artículo 11 de la Ley 6723 de Registro y Archivos Judiciales del 10 de marzo de 1982. Esto dio paso para que el Registro Judicial finalmente tuviera criterios (más allá de los 10 años que establecía la ley) para eliminar los antecedentes penales de las personas sentenciadas luego del cumplimiento de la pena, según los siguientes parámetros:

  • Inmediatamente después de cumplida la condena impuesta en penas menores de tres años o delitos culposos.

  • Un año después de cumplida la condena impuesta, en penas de tres a cinco años.

  • Tres años después de cumplida la condena impuesta, en penas de cinco a diez años.

  • Diez años después de cumplida la condena impuesta en delitos graves como delincuencia organizada, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y contra los deberes de la función pública.

  • En casos de delitos cometidos por personas en condición de vulnerabilidad, el juez de ejecución de la pena ordenará la cancelación de los asientos una vez cumplida la pena impuesta.

Se destaca la diferenciación que introdujeron las y los legisladores entre delitos según el nivel de violencia y las penas impuestas, así como la consideración de la condición de vulnerabilidad para que el antecedente sea eliminado una vez que se cumpla la pena; siempre que no se trate de los delitos graves ya mencionados. Esto además reafirma la incorporación de los principios de proporcionalidad, resocialización y humanidad de las penas.

El impacto que puede tener esta reforma

Debido a que la reforma entró en vigencia hasta el 13 de enero del 2017, todavía es prematuro para señalar su impacto. Aunque, no cabe la menor duda que hay un antes y un después de esta ley en la vida de muchos hombres y mujeres que han enfrentado condenas y que tienen toda la voluntad de construir proyectos de vida al margen del delito. Además, marca un cambio estructural para prevenir la discriminación laboral tanto en el sector privado y el público a la hora de generar fuentes de empleo para las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad social y que necesitan más apoyo.

Tanto en Costa Rica, como en  otros países, ha quedado evidenciado que más del 90 por ciento de las mujeres que infringen la ley lo hacen por razones asociadas a sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y que en su mayoría son el principal sustento para sus hogares. Los antecedentes criminales son una barrera para que ellas puedan insertarse en la vida laboral, asumir obligaciones familiares y así romper el vínculo entre necesidad y delito. Esta es la razón principal por lo que esta ley tendrá un impacto positivo, tanto en personas que cometieron su delito por primera vez, como en reincidentes.

Además, podría dinamizar el proceso penal en el uso de alternativas al encarcelamiento, como conciliaciones, reparaciones integrales y suspensiones de proceso a prueba y orientar más nuestro sistema judicial hacia un enfoque de justicia restaurativa y menos inquisidora. El contenido de la norma promueve la necesidad de que tanto jueces, defensores y fiscales analicen cada caso en particular y las circunstancias de la persona infractora, a fin de que estas sean valorados en el proceso penal, incluidas en la sentencia y tomadas en consideración en la etapa de ejecución de la pena.  Queda claro que esta reforma no promueve la impunidad, sino que viene a racionalizar el impacto de las penas en la vida de muchas personas infractoras, y a dar un valor agregado a los planes de atención institucional que se promueven en el sistema penitenciario.

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Esperamos que a corto plazo, esta ley sea el precedente para seguir incorporando los principios de humanismo, razonabilidad, especificidad de género y proporcionalidad en la legislación relacionada con delitos contra la propiedad y relacionadas con drogas, que en la actualidad no hacen diferencia si el delito es en menor escala o se ha producido bajo amenaza, coacción, violencia, pobreza extrema o consumo problemático de sustancias psicoactivas. Tampoco existen criterios para que los Juzgados Penales o el Ministerio Público puedan tener márgenes para valorar estas conductas, dado que se cuenta con un esquema rígido de penas mínimas, por lo que no se suelen considerar las condiciones personales, sociales y económicas que incidieron en la comisión del delito.

Finalmente, es muy importante que estas reformas sigan acompañadas de programas de integración social y laboral, tanto durante la ejecución de la pena y posterior a la misma, atendiendo las necesidades de cada persona en particular, y tomando en cuenta los enfoques de género, generacional y cultural. Generando respuestas articuladas de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y otros actores que brinden las oportunidades y herramientas necesarias para mejorar su condición de vida a largo plazo, que trascienda a sus familias, la comunidad y la sociedad en general.

*Este artículo fue escrito originalmente por La Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA por sus iniciales en inglés) y fue republicado con su permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el artículo original aquí. Ernesto Cortés es el Director de La Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID). Zhuyem Molina es abogada y Defensora Pública con la Defensa Pública de Costa Rica.