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Minería ilegal y crimen organizado se extienden al norte de Ecuador

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El yacimiento más grande de oro de Ecuador está en manos del crimen organizado. Armados, más violentos que nunca y sobrepasando ampliamente la capacidad de las autoridades, los grupos criminales controlan la minería ilegal, que deja ganancias de hasta US$500.000 mensuales en este país. A finales de 2017, mientras las autoridades de la provincia norteña de Imbabura, en Ecuador, se encontraban abriendo una trocha para la construcción de una vía en la parroquia La Merced de Buenos Aires (Urcuquí), una retroexcavadora detectó una veta de oro que expertos indican sería una de las más grandes del continente. En menos de 24 horas casi 700 personas ya estaban explotando ilegalmente el mineral, señaló Henry Troya, entonces viceministro de minas de Ecuador, consultado por InSight Crime. Pero ese fue solo el comienzo; actualmente según Troya, se estima que en esta zona hacen presencia 3.000 personas, aunque una fuente anónima consultada por InSight Crime señaló la presencia de hasta 10.000. Al conocer de la riqueza del yacimiento, tanto nacionales como extranjeros provenientes de Colombia, Perú, Brasil y Venezuela, llegaron a engrosar la lista de mineros que explotan ilegalmente el recurso. Siguiendo la pista de los mineros y atraídos no solo por el oro sino además por las economías ilegales que confluyen entorno a la minería, también aterrizaron en la parroquia de Buenos Aires estructuras criminales de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), extorsionistas y mafiosos. El modus operandi de algunos de los mineros consiste en explotar el recurso con maquinaria artesanal, luego convertirlo en polvo y transportarlo por aproximadamente 800 km, hasta la provincia El Oro, al sur, donde el mineral es procesado y legalizado a través de las empresas que ya están instaladas en la zona fronteriza con Perú. Sin embargo, de forma reciente ya se identifican en la zona piscinas o estanques de sedimentación y plantas de beneficio para el procesamiento de este.

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En esta ruta, diariamente se movilizan entre cinco y 10 camiones que reciben hasta US$150.000 por cada viaje. Los camiones son escoltados por vehículos armados y una camioneta, donde va el dinero (US$150.000) que las organizaciones ilegales pagan a las autoridades para permitir el paso, según una fuente consultada por InSight Crime en Ecuador. Destaca que entre los vehículos utilizados se encontró un camión de las Fuerzas Militares ecuatorianas cargado con material minero. Las autoridades llegaron a Buenos Aires desde finales de 2017, en ese momento, a través de varios análisis preliminares identificaron que algunos de los mineros estaban fuertemente armados y tenían amplio control de la zona. Con esa información, concluyeron que su intervención podría haber terminado en por lo menos cinco días de enfrentamientos bélicos a gran escala y que adicionalmente requerirían más tres meses de patrullajes para poder retomar el control total de la zona. Por estas razones decidieron “abortar” los operativos. No obstante, el 17 de enero de este año, las autoridades realizaron uno de los operativos más grandes en contra de la minería ilegal. Durante la “Operación Mega avalancha 2 brillante amanecer”, estas reportaron la incautación de seis armas de fuego, municiones, explosivos, US$5.000 y 31 toneladas de material aurífero. Además de haber allanado 15 viviendas y capturado a 22 personas, entre ellos dos colombianos, quienes a los pocos días recuperaron su libertad y posiblemente habrían retornado a la mina.

Análisis de InSight Crime

Aunque no se trata de la primera vez que la “fiebre del oro” toma una de las provincias de Ecuador, es novedosa la intervención visible de estructuras de crimen organizado y bandas armadas en este negocio en ese país. Buenos Aires sería el tercer foco de minería ilegal en la historia de Ecuador, antecedido por los registrados entre 1970-1990, en Nambija, provincia de Zamora, y otro registrado entre Machala y Zaruma-Portovelo, en la provincia de El Oro. Mientras que en ambos casos fueron mafias “locales” las que se encargaron de la explotación de los recursos, en esta ocasión es la primera vez que se registra la participación de estructuras de crimen organizado transnacional en esta actividad en Ecuador. La situación supera de forma abrumadora las capacidades de las autoridades debido a la convergencia tanto de mineros ilegales como de estructuras de crimen organizado, quienes se enfrentan a las autoridades para “proteger” esta importante fuente de ingresos. Los operativos adelantados tanto por la Policía, como por la Gobernación y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) siguen siendo insuficientes para contrarrestar el número creciente tanto de mineros y de armas que circulan en la zona. Por otra parte, según una de las fuentes consultadas por InSight Crime, también existen fuerzas políticas, posiblemente beneficiadas por la explotación ilegal, que no estarían interesadas en que se produzcan los operativos necesarios para desmantelar las estructuras dedicadas a estas actividades ilegales. Un alto funcionario de la policía ecuatoriana, bajo condición de anonimato, indicó que en Buenos Aires hace presencia el Frente Oliver Sinisterra (FOS), de las disidencias de las FARC, que no solo estaría “invirtiendo” en las minas, sino también estaría cobrando extorsiones. Además del FOS, el funcionario indicó que hay dos grupos criminales comandados por alias “Javier” y “Perico”, quienes se encargan de controlar el territorio y de extorsionar desde a las personas encargadas de filtrar el ingreso a las minas hasta a los dueños de los comedores a donde asisten los mineros. Al parecer los altos ingresos derivados de dichas actividades serían la principal causa de las disputas entre ambas bandas por el territorio y la razón del asesinato de un minero colombiano hace un mes, entre otras muertes. A pesar de que en la provincia de Buenos Aires se evidencia la existencia de una relación fuerte entre la minera ilegal y la presencia grupos de crimen organizado, este no es un único caso. InSight Crime tiene conocimiento de que organizaciones como el FOS tendrían influencia sobre las actividades mineras que se desarrollan en otras provincias fronterizas de Esmeraldas y Carchi, en las parroquias de San Lorenzo y Tobar Donoso respectivamente, situación que indicaría que las dimensiónes de la influencia del crimen organizado en estas actividades podría ser mucho mayor en Ecuador.

Latinoamérica reduce la impunidad en casos de trata de personas

Una legislación más fuerte y la inversión en plataformas sociales en algunos país de América Latina lograron reducir la impunidad en los casos de trata de personas en 2018, aunque este delito sigue en aumento en la región. El informe de 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDC) muestra un grupo de países en el continente americano que han registrado un aumento considerable en la cantidad de condenas por el delito de trata de personas entre 2014 y 2017. En 2014, el informe de la ONUDC mostró que únicamente 10 por ciento de los casos llevados a juicio en Latinoamérica terminaron en sentencias. Esta cifra había crecido a 26 por ciento en 2016, una muestra de los esfuerzos de países a ambos lados del espectro, tanto los que anteriormente habían exhibido anémicos porcentajes de condena como los que tenían medidas vigentes. Según el informe de la ONUDD, Honduras exhibió el avance más significativo entre 2014 y 2017, con un incremento de 31 por ciento en la cantidad de condenas. Ecuador fue segundo en la lista con 23 por ciento, y siguió Argentina con 22 por ciento; Costa Rica y Guatemala quedaron detrás, ambos con un aumento de 21 por ciento. Entretanto, países como Bolivia, Uruguay, El Salvador y Venezuela registraron la cifra más baja de personas condenadas por el delito de trata, con menos de cinco por ciento de sentencias en 2017. En Argentina, por ejemplo, las condenas crecieron de 52 por ciento en 2014 a 74 por ciento en 2017, aunque los casos llevados a juicio pasaron de 138 a solo 51. El gobierno ha atribuido ese resultado a leyes como la 26.842, que impone sanciones más severas a la trata de personas y prevé instrumentos para ayudar a las víctimas.

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Ecuador también ha mostrado cierta mejora en el número de condenas, aunque no ha mejorado el número de casos llevados a juicio. En 2014, se juzgó a 192 personas por trata de personas en el país, pero solo 14 de esos casos terminaron en condenas, lo que representa menos de uno por ciento. En comparación, en 2017 se juzgó a 178 personas, de las cuales 43 llegaron a la sentencia, lo que representa 24,5 por ciento. En 2014, Ecuador impuso leyes más duras sobre la trata de personas, con la implementación del Artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esto se combinó con la creación de organismos sociales, como Casa Bonita, que ofrece apoyo sicológico, legal, en salud y educación a las víctimas de trata de personas.

Análisis de InSight Crime

Ecuador y Argentina son solo dos ejemplos de los esfuerzos que están haciendo algunos países de la región para combatir un delito que afecta a más de 1,4 millones de personas en Latinoamérica. Su compromiso se destaca en las recientes mejoras, reconocidas en el Informe de 2018 sobre trata de personas, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Gracias a estos avances, el Departamento de Estado clasificó a Argentina entre los países del nivel 1, al declarar que el país “había logrado avances importantes”, como el aumento de los casos llevados a juicio, la condena de funcionarios de gobierno cómplices y el mejoramiento en la recolección de información. Además, los ministerios de seguridad, justicia y derechos humanos siguen destinando recursos para crear líneas de atención gratuitas que faciliten la denuncia de posibles casos de trata de personas.

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Alejandra Mangano, fiscal argentina que trabaja para la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), comentó a InSight Crime que las nuevas leyes han aumentado la actual tasa de condenas gracias a que facilitan el procedimiento judicial que se sigue al procesar a sospechosos de trata de personas. Ecuador sigue clasificado como país de nivel 2, pero el informe reconoce que “el gobierno [ha] mostrado una intensificación de los esfuerzos para juzgar a más sospechosos de tráfico y con la implementación formal y el financiamiento de la Dirección para la Prevención de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes… para coordinar los esfuerzos del gobierno contra la trata”. Históricamente, Ecuador también ha pagado el precio por la laxitud de sus regulaciones a la inmigración, que facilitó que miles de migrantes de otros países pasaran ilegalmente por sus fronteras. En 2016, hubo una afluencia constante de cubanos a Quito, que finalmente llevó a Ecuador a cambiar de posición, y deportar inmigrantes en masa a Cuba, en medio de acusaciones de haberlo hecho sin ofrecer audiencias justas. Los factores que motivan la trata de personas son complejos y difíciles de aislar, aunque soluciones comunes, como las campañas de concientización de la población, el rastreo del lavado de dinero y la cooperación transnacional han rendido frutos. Pese a los considerables esfuerzos, Latinoamérica sigue registrando altos índices de trata de personas. Las crisis económicas y sociopolíticas en Venezuela y Nicaragua siguen poniendo en riesgo a miles, por no hablar de millones, que son blanco de los grupos criminales para su explotación. En 2019 se prevé un crecimiento de la economía criminal de la trata de personas, y queda por ver si las inversiones sociales y las instituciones centrales en la región seguirán arrojando balances positivos en lo que respecta a la detección, el enjuiciamiento y la condena de los actores criminales.

Ecuador es advertido sobre posible ataque fronterizo del ELN

Las fuerzas de seguridad de Ecuador están en máxima alerta después de recibir informes según los cuales los guerrilleros del ELN de Colombia estarían planeando un ataque transfronterizo, lo que llama la atención sobre el que hasta ahora ha sido un importante punto ciego en la estrategia de seguridad fronteriza de Ecuador. Las fuerzas de seguridad de Colombia han emitido una alerta para sus homólogos ecuatorianos, a la que InSight Crime tuvo acceso, según la cual el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría planeando un ataque contra el ejército o la policía en la región fronteriza. El informe identifica instalaciones y unidades en los municipios de Mira en la provincia de Carchi y San Lorenzo en Esmeraldas, como posibles objetivos. Aunque la advertencia no menciona los motivos del ataque, un alto funcionario de la policía ecuatoriana, quien habló bajo condición de anonimato, le dijo a InSight Crime que el posible ataque estaría motivado por razones políticas más que estratégicas. Según el funcionario, el ELN puede estar buscando tomar represalias contra el gobierno ecuatoriano por expulsar del país a los líderes guerrilleros, después de haberse negado a continuar ser garante de las conversaciones de paz entre el ELN y el gobierno colombiano el año pasado. La fuente agregó que la guerrilla también podría estar enviando un mensaje por el apoyo de Ecuador a Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana que se ha declarado presidente interino, dado que se cree que los guerrilleros tienen vínculos con el actual líder de Venezuela, Nicolás Maduro.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil del ELN La presencia armada del ELN en Ecuador aún no se ha podido verificar, pero, según informes de inteligencia a los que InSight Crime tuvo acceso, la Compañía José Luis Cabrera es una facción guerrillera que opera justo al oeste del importante cruce fronterizo entre Ipiales y Tulcán. La compañía hace parte del Frente Comuneros del Sur, que es un actor importante en la guerra por controlar las economías criminales en el departamento colombiano de Nariño, ubicado en la frontera. Además, el funcionario de policía informó que, mientras que el ELN se encontraba en Ecuador para adelantar las conversaciones de paz, también buscó activamente construir una red de apoyo dentro del país. Según el funcionario, los guerrilleros establecieron contactos con altos funcionarios del gobierno nacional, así como con líderes políticos y comunitarios en la región fronteriza. Si bien las autoridades creen que su principal objetivo era establecer vínculos políticos, también les preocupa que los guerrilleros pudieran haber estado buscando establecer redes de apoyo logístico y cadenas de suministro.

Análisis de InSight Crime

Un ataque contra las fuerzas de seguridad ecuatorianas sería una medida muy riesgosa para el ELN. La última figura criminal que realizó grandes ataques en Ecuador fue Walter Patricio Arízala Vernaza, alias “Guacho”, quien dirigía un grupo de exguerrilleros disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Guacho fue muerto en diciembre de 2018, después de que su ataque contra la policía, el ejército y periodistas en Ecuador llevara a Colombia y Ecuador a mejorar drásticamente la cooperación bilateral en materia de seguridad y a que se unieran para ir tras el excombatiente guerrillero.       VEA TAMBIÉN: Noticias del crimen organizado en Ecuador Dado que el gobierno colombiano está buscando asestar un duro golpe al ELN después del ataque con carrobomba contra instalaciones policiales en Bogotá a mediados de enero, tras el cual resultaron muertas 21 personas, un ataque del ELN en Ecuador probablemente provocaría un asalto transfronterizo similar. Sin embargo, las fuentes en Ecuador expresan una preocupación adicional: que el ELN buscará acrecentar los cimientos que establecieron durante las conversaciones de paz para utilizar a Ecuador como retaguardia, centro logístico y cadena de suministro. Esto también podría aumentar sus ingresos criminales, ya que les permitiría controlar los flujos a través de uno de los principales corredores de tráfico de cocaína fuera de Colombia, donde la minería de oro ilegal está en aumento. Si bien no está clara cuál es la estrategia fronteriza del ELN, las alertas de un ataque son una advertencia para las autoridades ecuatorianas: al centrar su atención casi exclusivamente en la mafia ex-FARC, han generado oportunidades para el ELN.

Balance de InSight Crime sobre los homicidios en 2018

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Desde la agudización de la crisis en Venezuela; pasando por los días aciagos en Nicaragua; un proceso de paz cada vez más frágil en Colombia; y los nuevos gobiernos en Brasil, México y otros países, 2018 fue un año de agitación en toda América Latina y el Caribe. Los niveles de homicidios han sido reflejo de estas variables, aumentando considerablemente en algunas naciones y descendiendo en otras. En su balance, InSight Crime analiza las tasas de homicidios por país, así como los factores subyacentes.

Venezuela: 81,4 por 100.000

Venezuela se mantiene a la cabeza como el país con más homicidios en América Latina, con 23.047 casos. Si bien esta cifra es ligeramente inferior a los 26.616 asesinatos reportados en 2017, el país sigue sufriendo graves conflictos políticos, económicos y sociales. Según un informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la única fuente de carácter público sobre los homicidios en el país, Venezuela registró una tasa de asesinatos de 81,4 por 100.000 habitantes en 2018, menos que los 89 por 100.000 que registró en 2017. Pero esta disminución no puede ser tomada con optimismo, dado que se basa en cifras de población del año 2011 y no tiene en cuenta la masiva migración de unos tres millones de venezolanos que han huido de la crisis. El OVV también considera que esta supuesta reducción en los homicidios contrasta con el marcado aumento de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad —7.523 víctimas en 2018, en comparación con 5.535 en 2017—, que representan un asombroso 32 por ciento del total de homicidios. Si bien el gobierno no ha publicado estadísticas oficiales sobre crímenes en 2018, InSight Crime tuvo acceso a un documento filtrado del Observatorio Venezolano de Seguridad Pública, departamento que hace parte del Ministerio del Interior. Allí se habla de una tasa oficial de 10.573 homicidios en 2018, es decir, solo 33 por 100.000 habitantes, la diferencia se debe a que el gobierno no incluye casos de “resistencia a la autoridad” ni otras categorías, como las víctimas de balas perdidas.

El Salvador: 51 por 100.000

El Salvador registró 3.340 homicidios en 2018, una disminución del 15 por ciento con respecto a 2017. Si esta cifra es correcta, la tasa de homicidios resultante (51 por 100.000 habitantes) continúa la tendencia a la baja que se viene presentando en El Salvador en los últimos años. Solo en 2016, el país encabezó el ranking regional de InSight Crime, con una alarmante tasa de 81,2 por 100.000 habitantes. En 2017, esta tasa descendió en 20 homicidios por 100.000, pero el país permaneció en segundo lugar en la lista, solo por debajo de Venezuela. Durante mucho tiempo, la tasa de homicidios de El Salvador ha estado relacionada con sus dos pandillas más dominantes y violentas: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Aunque puede haber diversas causas para la reducción de los asesinatos, como el hecho de que las pandillas han detenido sus luchas entre sí, el gobierno considera que sus medidas de “mano dura”, llamadas ahora de manera eufemística “medidas extraordinarias”, son las que han permitido dicha reducción. Sin embargo, esas mismas acciones represivas explican los hallazgos de un informe de Naciones Unidas, en el que se constata que los asesinatos extrajudiciales han aumentado y que es probable que queden impunes. Durante las dos primeras semanas del nuevo año fueron asesinadas 126 personas en el país. Los funcionarios policiales han señalado a las pandillas como culpables de los derramamientos de sangre, acusándolas de estar haciendo demostraciones de poder en vísperas de las elecciones presidenciales del 3 de febrero.

Jamaica: 47 por 100.000

En un discurso ante la Cámara de Representantes, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó que los homicidios disminuyeron en un 21,9 por ciento el año pasado. El país registró 1.287 asesinatos en 2018, una tasa de homicidios de 47 por 100.000 habitantes. La policía ha atribuido esta disminución a la creación de Zonas de Operación Especial (Zones of Special Operation, ZOSO), áreas en las que el ejército apoya el trabajo de la policía. Como parte de su plan de reducir la tasa de asesinatos a 16 por 100.000 habitantes en la próxima década, Holness ha promovido la conformación de 20 Zonas de Operación adicionales en 2019. Sin embargo, la disminución en los homicidios el año pasado se produjo después de un aumento de cerca del 20 por ciento en 2017, que se relacionó con la deficiente implementación del plan ZOSO y de medidas de seguridad similares.

(Mapa de InSight Crime mostrando las tasas de homicidios en Latinoamérica y el Caribe. Haga clic en la imagen para verla ampliada)

Honduras: 40 por 100.000*

De enero a noviembre de 2018, en Honduras se produjeron 3.310 asesinatos, según el Observatorio de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Esto significa una tasa de homicidios de 40 por 100.000 habitantes, una pequeña disminución con respecto al 42,8 por 100.000 registrado en 2017, cuando hubo 3.791 asesinatos. Después de llegar a un pico de 85,5 asesinatos por 100.000 habitantes en 2011, la tasa de homicidios de Honduras se redujo a la mitad en 2017. Al igual que en su vecino, El Salvador, los funcionarios de seguridad atribuyeron la tendencia a la baja a las acciones gubernamentales contra los narcotraficantes y las pandillas. Pero los funcionarios consideran que la poca disminución en la tasa de homicidios también se debe a la misma estrategia de seguridad, pues señalan que esta genera represalias por parte de los grupos criminales. En las primeras dos semanas de 2019, fueron asesinadas 30 personas en ocho masacres diferentes, lo que demuestra que continúa existiendo el tóxico coctel de violencia pandillera, altos niveles de impunidad y corrupción.

Trinidad y Tobago: 37,5 por 100.000

Este fue el segundo año más violento en la historia del país, con 516 homicidios, solo por debajo de 2008, cuando fueron asesinadas 550 personas. A pesar de su población relativamente pequeña, de 1,3 millones de habitantes, la violencia en Trinidad y Tobago ha empeorado permanentemente en los últimos años. La impunidad sigue siendo un grave problema, ya que, según los funcionarios policiales del país caribeño, al menos 83 por ciento de los casos de asesinatos del año pasado permanecen sin resolver.

Belice: 35,9 por 100.000

A pesar de ser el país más pequeño de Centroamérica, Belice ha tenido una tasa de asesinatos permanentemente alta. Si bien aún no se han divulgado las estadísticas oficiales, los medios de comunicación de Belice reportan 143 asesinatos en 2018, solamente dos menos que en 2012, el año más violento del país. El gobierno ha negado que Belice sea una base de despliegue de grupos criminales como Los Zetas y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, o la MS13 de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, la tasa de homicidios persistentemente alta demuestra que, aunque Belice no aparezca en los titulares, el crimen organizado parece ser una grave amenaza en el país.

México: 25,8 por 100.000

El mandato de Enrique Peña Nieto como presidente de México terminó con niveles récord de homicidios. En 2018, el país registró 33.341 asesinatos, más que los 31.174 de 2017, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto ubica la tasa de asesinatos en 25,8 por 100.000 habitantes, en comparación con 22,5 en 2017 y 16,2 en 2016. El aumento en los homicidios ha sido provocado por la continua fragmentación de los grandes carteles, así como por la incapacidad del gobierno para reaccionar ante las pandillas, menos organizadas y más pequeñas, que matan por el control territorial. El nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha modificado sus planes de seguridad, abogando por la creación de una guardia nacional y manteniendo a los militares en las calles para tratar de detener la creciente violencia, que causó un promedio de 91 personas asesinadas cada día el año pasado.

Brasil: 25 por 100.000*

En 2017, Brasil tuvo un triste récord: 175 personas fueron asesinadas en promedio cada día. El año pasado la situación mejoró levemente, pues entre enero y septiembre se presentaron 39.183 asesinatos, en comparación con 44.733 en el mismo periodo de 2017, según el Foro de Seguridad Pública de Brasil. Si esta disminución se mantiene estable, en 2018 se llegaría a una tasa de asesinatos de 25 por 100.000 habitantes. Pero la inseguridad y la violencia continúan siendo las principales preocupaciones de gran parte de la población, ya que Brasil no ha logrado encontrar formas efectivas de detener la violencia criminal. El ejército fue enviado a Río de Janeiro en 2017, lo que representa el más reciente ejemplo de una estrategia de militarización que ha fracasado sistemáticamente en Latinoamérica. Jair Bolsonaro llegó a la presidencia gracias en gran parte a la promesa de que le permitiría a la policía dispararles a los criminales y que simplificaría las leyes de propiedad de armas. En lo que va corrido de 2019, los grupos criminales han lanzado ataques en el estado de Ceará, y el gobierno ha respondido a la violencia con tropas federales, convirtiendo al noreste de Brasil en un verdadero campo de batalla. Este violento conflicto podría aumentar el número de muertes, y deja claro que Brasil no logrará abordar las causas subyacentes a sus tasas de asesinatos constantemente altas.

Colombia: 25 por 100.000*

Después de que en 2017 llegara a los niveles más bajos de violencia en 42 años, Colombia experimentó un leve repunte de la violencia en 2018, con 12.311 homicidios, en comparación con 11.381 en 2017. Este aumento del cuatro por ciento ubica la tasa de homicidios en 25 por 100.000 habitantes, en comparación con 24 por 100.000 el año pasado. En 2018, en Colombia se presentó un aumento y diversificación de los grupos criminales, entre ellos los exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se han reunido en una mafia ex-FARC que viene ganando fuerza, así como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El creciente número de disidentes de las FARC que abandonan el proceso de paz y la ruptura de las conversaciones con el ELN han incentivado a estas organizaciones. Además, la violencia ha aumentado en la frontera con Venezuela, y han continuado los asesinatos de líderes sociales como resultado de la lucha por el control de cultivos ilícitos y tierras.

Guatemala: 22,4 por 100.000

Guatemala siguió presentando una notoria mejoría, al llegar a fin de año con una tasa de homicidios de 22,4 por 100.000 habitantes. El país registró 3.881 asesinatos, un descenso desde las 4.409 muertes violentas y la tasa de 26,1 por 100.000 en 2017, según delegados del gobierno. Pero las cifras de la sociedad civil reflejan algo distinto. El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización no gubernamental que hace seguimiento a los delitos en el país, afirmó que la cifra oficial de muertos se quedó corta en más de 1.000 homicidios, lo que deja el total en 4.914 muertes y pone la tasa de homicidios en 28 por 100.000 habitantes. En todo caso, Guatemala es el país menos azotado por la violencia entre sus vecinos del Triángulo Norte —Honduras y El Salvador—. Los hallazgos de una investigación sobre homicidios en Guatemala, realizada por InSight Crime en 2017, siguen siendo válidos. La guerra emprendida por el presidente Jimmy Morales contra el organismo anticorrupción, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha mantenido al gobierno ocupado, sin tiempo para remediar la impunidad rampante en materia de homicidios y los errores en la recolección de información sobre dichos crímenes.

Puerto Rico: 20 por 100.000

La tasa de homicidios en Puerto Rico se mantuvo en 20 por 100.000 habitantes en 2018, casi el cuádruple que la parte continental de Estados Unidos. Los registros muestran que 641 personas murieron en forma violenta en el último año, un descenso respecto a los 710 homicidios de 2017, y muy por debajo del récord de 1.164 asesinatos en 2011. Los principales responsables del balance de muertos son las pandillas locales dedicadas al tráfico de drogas, y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) afirma que 60 por ciento de los homicidios en el país tienen relación con drogas. Este año, Puerto Rico ya ha tenido una oleada de asesinatos, que preocupa a los habitantes y a las fuerzas federales de orden público. Si el organismo de policía presenta problemas para impedir la deserción de sus agentes y resolver los delitos, no hará más que agudizar la inseguridad en la isla.

Costa Rica: 11,7 por 100.000

Con solo 17 homicidios menos en 2018, la tasa de homicidios de Costa Rica se mantuvo relativamente estable. El país centroamericano contó 586 homicidios, lo que redujo ligeramente la tasa de homicidios de 12,1 a 11,7 por 100.000 habitantes. Hasta la disminución del año pasado, la tasa de homicidios presentaba un constante incremento desde 2012. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del país incluso había previsto lo mismo para 2018. El que fuera por tradición el país más pacífico de Centroamérica ha padecido recientemente aumentos en los niveles de criminalidad, debido a su ubicación como punto de tránsito importante para la cocaína colombiana. El gobierno ha tenido problemas para responder al incremento en la oferta de narcóticos, lo que ha llevado a los grupos a disputarse el control de las plazas locales.

Uruguay: 11,2 por 100.000

Uruguay alcanzó un récord de 382 homicidios en 2018. Con 99 homicidios más que en 2017, experimentó un incremento de 35 por ciento entre un año y otro, así como una tasa de homicidios de 11,2 muertes por 100.000 habitantes. Estas cifras se tomaron de la Fundación Propuestas (Fundapro), asociada al Partido Colorado. Solamente se han divulgado cifras oficiales sobre el primer semestre del año, en el que se reportan 218 asesinatos, en comparación con 131 entre enero y junio de 2017. Para uno de los países que se han mantenido tradicionalmente entre los más pacíficos y estables de la región, este súbito incremento prende las alarmas. Las autoridades están convencidas de que la causa son las rencillas entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, puede ser más fácil atribuirles a ellos la culpa para justificar la militarización cuando otros problemas, como las mediocres tasas de resolución y condenas para los homicidios, pueden también haber contribuido a la situación.

República Dominicana: 10,4 por 100.000*

El Observatorio de Seguridad Ciudadana denunció que se registraron 801 asesinatos en el país caribeño durante los tres primeros trimestres de 2018, una caída de 145 en comparación con los 946 homicidios registrados para el mismo periodo de 2017. Aunque esto muestra que se mantiene una tendencia desde 2011, un sondeo reciente indica que la inseguridad pública sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población dominicana.

Panamá: 9,6 por 100.000*

En diciembre, el Ministerio Público de Panamá publicó un informe en el que se afirmaba que entre enero y noviembre de 2018 hubo 401 homicidios, cerca de una docena por debajo de las 378 muertes registradas en 2017. Según esta cifra, la tasa de homicidios es de 9,6 por 100.000 personas. El informe destacaba que más del 40 por ciento (169) de los hechos ocurrieron en la capital, Ciudad de Panamá. El director de la Policía Nacional, Alonso Vega Pino, dice que ese leve incremento está “directamente relacionado con el crimen organizado”. La geografía de Panamá lo convierte en un punto de tránsito vital para el tráfico de mercancías ilegales en la región. Una investigación interna sobre una red internacional de tráfico de armamento en octubre de 2018 ilustraba los actuales retos que tiene el país frente a la corrupción y el crimen organizado.

Perú: 7,8 por 100.000*

En 2017, Perú registró 2.487 muertes violentas, poco más que los 2.435 de 2016, para arrojar una tasa de homicidios de 7,8 por 100.000. No hay datos disponibles para 2018 hasta el momento. Perú ha mantenido los índices de muertes violentas relativamente bajos en las últimas décadas, aunque la corrupción institucionalizada amenaza los recursos destinados a combatir los actuales problemas de narcotráfico en Perú.

Bolivia: 6,3 por 100.000

Durante una conferencia de prensa por televisión, el ministro del interior de Bolivia, Carlos Romero, anunció que el país había registrado una tasa de homicidios de 6,3 por 100.000 en 2018, una mejoría de más de dos por ciento en comparación con el primer semestre de 2017, cuando el país registró una tasa de 8,5 por 100.000. El anuncio se conoce en un momento en que el país se prepara para la primera vuelta de elecciones presidenciales el 27 de enero. En el último año, los grupos de oposición que rechazan tajantemente la decisión de Evo Morales de lanzarse como candidato para un cuarto periodo consecutivo han dirigido manifestaciones masivas y huelgas nacionales. Las elecciones presidenciales, que se celebrarán en octubre, bien pueden desviar la atención de los temas de seguridad nacional en un momento en que las pandillas de Brasil se desplazan hacia el país suramericano.

Ecuador: 5,7 por 100.000

Ecuador informó de 975 homicidios en 2018, es decir, 18 más de los 957 registrados en 2017, lo que deja al país con una tasa de homicidios de 5,7 por 100.000 personas, según la policía nacional. Hace menos de una década, Ecuador tenía tasas de homicidios tres veces más altas, pero un proceso de “legalización de pandillas” ha hecho posible la drástica reducción de los asesinatos. Sin embargo, el incremento del narcotráfico proveniente de Colombia hacia Ecuador ha renovado los temores de la violencia. El conocido homicidio de tres periodistas a manos de la mafia ex-FARC también ha hecho de la seguridad entre fronteras una prioridad para el gobierno.

Argentina: 5,2 por 100.000*

En medio de una profunda crisis económica, Argentina sigue ostentando unas de las tasas de homicidios más bajas del continente. Según el Ministerio de Seguridad, Argentina registró una tasa de homicidios de 5,2 por 100.000 personas en 2017, una leve disminución con respecto a los 6,6 de 2015. Al momento no se dispone de datos de 2018. Los bajos índices de violencia, sin embargo, no se han traducido en mayor seguridad. En diciembre, la ministra de seguridad Patricia Bullrich firmó un decreto en el que autorizaba un mayor uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales. La medida, cuya implementación se prevé para dentro de seis meses, ya está creando controversia e incertidumbre entre la población argentina.

Paraguay: 5,1 por 100.000*

El más reciente informe sobre homicidios del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Paraguay indica que se registraron un total de 350 homicidios entre enero y septiembre de 2018. Ese dato arroja una tasa de homicidios de 5,1 por 100.000, considerablemente menor que el 7,8 por 100.000 registrado en 2017. Sin embargo, el ministro del interior, Juan Ernesto Villamayor, declaró recientemente en una entrevista por radio que el país debe revaluar sus estrategias transnacionales con Argentina y Brasil para combatir el crimen organizado en la región. El Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC—), la pandilla más poderosa de Brasil, sigue poniendo en riesgo la seguridad del país.

Chile: 2,7 por 100.000

Chile mantiene su posición como el país con la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica. Entre enero y octubre de 2018, se registraron 488 muertes violentas, para una tasa de homicidios de 2,7 por 100.000 personas. Esta es aun menor que los 3,3 por 100.000 registrados para el mismo periodo de 2017. Incluso con los bajos índices de homicidios, Chile ha sido escenario de actos de violencia aleatorios. Un artefacto explosivo que fue detonado en una parada local de autobuses en Santiago, la capital del país, dejó múltiples heridos. Con la probable expansión del crimen organizado en 2019, queda por ver si Chile logrará mantener sus bajos índices de homicidios.

Nicaragua: N/A

En 2017, Nicaragua registró una tasa de homicidios de 7 por 100.000, con 431 homicidios, lo que continuaba una tendencia positiva de reducción de la violencia a lo largo de varios años. En 2018, los índices de violencia se dispararon con la brutal represión de los manifestantes civiles por parte del régimen del presidente Daniel Ortega. Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil han suministrado estadísticas incompletas de los asesinatos. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANDPH) registró en julio al menos 448 muertos y 595 desaparecidos. El grupo no ha divulgado información adicional desde que cerró sus oficinas de Nicaragua en agosto último, debido a las constantes amenazas del gobierno. * Las tasas de homicidios calculadas por InSight Crime se basan en datos parciales sobre homicidios para 2018 y la población total estimada de 2017 para cada país, según la oficina de referencia de población (Population Reference Bureau). Las mismas se actualizarán en cuanto se conozcan las cifras completas para 2018. 

Ecuador “legaliza” pandillas y logra reducir asesinatos

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Si vistes de amarillo y negro, con una corona dorada como símbolo, en algunos barrios de Nueva York pueden asesinarte. Sin embargo, usar la indumentaria característica de los Latin Kings en las calles de Quito, en Ecuador, ya no es motivo de preocupación ni sinónimo de ilegalidad.

*Este artículo fue publicado originalmente en BBC News Mundo. Fue editado y publicado con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Esta es una de las pandillas que está por cumplir once años como organización “legalizada” en Ecuador, un proceso inédito que ayudó a que los homicidios se redujeran en más de un 70 por ciento en ese país. Ahora, como constató BBC Mundo, la corona dorada sobre un fondo negro es sinónimo de comida de calidad y no de violencia. Los Latin Kings (o Reyes y Reinas Latinas) ahora también son Kings Catering, una pequeña empresa que se dedica al negocio del servicio gastronómico. No fue fácil, pero los resultados obtenidos en 10 años ya son destacados por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La entidad destaca que con la ayuda de este proceso los asesinatos en Ecuador descendieron de 15 por cada 100.000 en 2011 a 5,75 en 2017.

La difícil transición

Manuel Zúñiga es el “Inca”, o sea el presidente de los Reyes Latinos. Su nombre de pandillero es King Majestic. Conoció del manejo de armas, robo de vehículos y la cárcel; pero ahora es representante legal de su pandilla (o “nación”, como se llaman entre ellos) y trabaja en la Universidad Católica de Quito (privada) con oficina y todo. Ya no viste con pantalones anchos, pero sigue usando los colores de su grupo con orgullo y lleva puestos los collares que se ganó como líder de los Latin Kings. Tampoco esconde sus tatuajes y explica que cada uno simboliza los valores de su grupo o sus experiencias personales. “Nuestra transición fue gracias a la unión y la madurez de todos nosotros. No ha sido fácil, pero fue lo más positivo para nuestra nación”, explica el jefe pandillero. Zúñiga añade que los reyes y reinas estaban “cansados de tantos abusos y de la discriminación”. Pero “fue muy difícil convencer a los hermanos porque vivíamos en un mundo de violencia”, afirma. El pandillero, como él todavía se reconoce, explica que al principio hubo divisiones y disidencias. “Ahora que ven nuestros pasos positivos, muchos hermanos se están sumando”, le dice a BBC Mundo mientras viaja en un carro conducido por uno de esos “hermanos” desde la universidad a su barrio. El recorrido es de casi una hora. Al principio fueron apenas 20 pandilleros los que decidieron “legalizarse”, ahora son más de 1.000 de los Kings y de varios grupos.

La “legalización”

Ana Rodríguez, una investigadora de las Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y después ministra de Cultura en 2016, fue una de las promotoras del proceso. “Para evitar abusos y reivindicar su voluntad de evitar las acciones violentas comenzamos a promover la legalización”, explica.
Ahora los reyes latinos reciben formación en áreas técnicas como la serigrafía. Boris Miranda/BBC News Mundo
Rodríguez señala que fue fundamental el apoyo del gobierno de Rafael Correa y la policía ecuatoriana con la creación de apoyo a los pandilleros en términos laborales y de formación. “Una de las principales dificultades fue cambiar la imagen que tenían los pandilleros, pero se logró cambiar ese signo”, afirma.

El catering

Manuel recorre junto a sus “hermanos” los pasillos de la Universidad Católica de Quito. A nadie le extraña ya ver que jóvenes con varios tatuajes en los brazos, poleras estampadas y largos collares preparen y les sirvan la comida: este mediodía, un arroz al pesto con pollo relleno. Y Manuel cree que ese es uno de los mayores logros: haber superado el estigma con el que lo veían a él y a sus compañeros; a su “nación”.
Luis Enrique es el primer rey latino matriculado en la carrera de sociología. Boris Miranda/BBC News Mundo
Los Latin Kings no solo tienen el servicio gastronómico, sino que reciben formación en disciplinas técnicas como la serigrafía o la informática. “Ellos querían capacitarse en cuestiones prácticas, que les pueda generar empleo”, explica Alejandra Delgado, coordinadoradel programa de inclusión de pandillas en la Universidad Católica. Y en eso comparten objetivos con la universidad, pues ambos quieren que los proyectos emprendidos sirvan a largo plazo y culminen en emprendimientos propios.

Los problemas

Pese a los resultados obtenidos, la legalización de las pandillas no ha logrado erradicar la violencia entre los grupos juveniles en Ecuador. Y aunque el general de policía Patricio Carrillo, ahora parte del ministerio del Interior ecuatoriano, reconoce los logros del programa de reinserción, también advierte que en este momento tiene dificultades con la sostenibilidad del mismo. La autoridad gubernamental reconoce que la reducción en los ingresos que atraviesa este país dificulta que se puedan mantener los apoyos destinados a los pandilleros.
La corona de los Latin Kings ya no es sinónimo de ilegalidad en Ecuador. Boris Miranda/BBC News Mundo
Otra dificultad advertida por el general es la aparición de nuevos grupos violentos que no son parte de las pandillas que se sumaron a la legalización. Carrillo también agrega que la reducción de la violencia y los asesinatos en su país no se dio únicamente por el trabajo con organizaciones juveniles, también por la labor de la policía con los vecinos en los barrios. “Se llegó a construir una confianza al dividir el territorio en zonas y subzonas con las que trabajamos directamente”, le dice a BBC Mundo.

¿Lecciones?

Curiosamente, los logros de la legalización ecuatoriana no parecen haber llamado la atención de otros países de Latinoamérica. Los expertos consultados por BBC Mundo señalan que en parte se debe al desconocimiento del modelo y por otra a que en ciertos países como El Salvador es muy difícil que la opinión pública apruebe que se destinen recursos públicos a apoyar a pandillas a reinsertarse. Uno de ellos es Rafael Gude, investigador del BID que trabajó con pandillas tanto en Ecuador como en Centroamérica. “Ecuador tuvo la ventaja de pasar por un buen momento económico al principio de la ‘legalización’, en cambio en países como El Salvador esto sería muy cuestionado”, afirma. El experto añade que, de todas formas, el modelo podría poder funcionar perfectamente en otros países con problemas de pandillas. “Debe ser un cambio estructural, no solo del gobierno sino también de la policía, como pasó en Ecuador”, concluye. De la misma manera, la socióloga Ana Rodríguez sostiene que el proceso vivido en Ecuador debería ser replicado en otros países para cambiar el enfoque “criminalizador” hacia los pandilleros. “Es muy difícil que esto se pueda lograr si los gobiernos siguen atribuyendo la culpa de los problemas en sus calles a las organizaciones juveniles. Deben reconocer que la violencia es producto de la desigualdad y no de las pandillas”, afirma. La experta añade que estados con problemas de violencia como los centroamericanos muestran a la represión hacia los pandilleros como un logro, pese a que quedó en evidencia que esta clase de políticas resultaron ser ineficientes a la hora de frenar los asesinatos. *Este artículo fue publicado originalmente en BBC News Mundo. Fue editado y publicado con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Militares en Ecuador presuntamente traficaban armas para las ex-FARC mafia

Una investigación abierta a varios soldados de Ecuador, acusados de proveer armas a una red de ex-FARC mafia que operaba en una importante región fronteriza, indica que los grupos de excombatientes de las FARC se están fortaleciendo y acumulando capacidad para corromper a militares. El 17 de octubre, las autoridades de Ecuador detuvieron a siete soldados y siete civiles por su presunta implicación en el tráfico de armas para el grupo de ex-FARC mafia conocido como Frente Oliver Sinisterra —disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— dirigidas por el ecuatoriano Walter Patricio Arizala Vernaza, alias “Guacho”, según informó El Comercio. Se cree que el armamento y las municiones presuntamente traficadas a Guacho y su grupo estaban registradas en un arsenal militar de la capital Quito antes de que un miembro de la red alterara el inventario. Posteriormente se trasladaron las armas a la ciudad de Borbón en la provincia costera de Esmeraldas, en límites con Colombia en paquetes, autobuses interprovinciales y vehículos particulares para evitar los retenes de detección de armas, según una nota aparte de El Comercio.

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Las autoridades buscan guarniciones militares en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Loja, Santo Domingo y Pichincha, donde afirman que se ocultaron armas y municiones destinadas al tráfico entre arroz y papel higiénico, afirmó El Comercio. Justamente la semana del 9 de octubre, las autoridades interceptaron un taxi en la población de Quinindé, Esmeraldas, que presuntamente traficaba armas y municiones camuflados en sacos de arroz. Los investigadores creen que la red de tráfico de armamento operaba desde 2016 por lo menos. El ejército de Ecuador afirmó en un comunicado oficial con fecha del 17 octubre que la institución “lamenta profundamente” que algunos de sus miembros se hayan involucrado en el tráfico de armas de fuego y municiones para un grupo criminal, y que cooperarán con las autoridades en su investigación.

Análisis de InSight Crime

Las redes de ex-FARC mafia en Colombia se están consolidando rápidamente como actor dominante en el mundo criminal del país, y esta nueva investigación por tráfico de armas que involucra a miembros de la armada ecuatoriana permite suponer que las autoridades pueden estar más lejos de desmontar a Guacho y su red de lo que esperaban. La red de ex-FARC mafia de Guacho ha ido reforzando su presencia en la región limítrofe de Ecuador con Colombia. En enero de 2018, Guacho fue supuestamente responsable de la explosión de un cochebomba cerca de la frontera Colombia-Ecuador en un intento de tomar el control de esta zona estratégica para las actividades de narcotráfico a lo largo de la costa Pacífica. Guacho controla importantes rutas de narcotráfico en el norte de Ecuador y el departamento de Nariño, suroeste de Colombia, y está “al servicio del cartel de Sinaloa [de México]”, aseguró el fiscal general de Colombia Néstor Humberto Martínez en marzo de este año.

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Sin embargo, una evidencia reciente indicaba que las autoridades tenían acorralado a Guacho y a su red. En junio de este año, las autoridades de Ecuador identificaron a varios actores claves de su entorno poco después de la captura de su hermano y su presunto lugarteniente. Pero la osadía de los actos violentos anteriores de Guacho y sus vínculos con muchos cargamentos de cocaína de varias toneladas, que salieron recientemente de Ecuador, indican que allí puede tener mayor libertad de movimientos. La corrupción de los organismos de seguridad es un factor casi esencial para la supervivencia y el mantenimiento de las actividades de grupos criminales como el de Guacho. Estas conexiones pueden explicar por qué ha logrado evitar la captura, en especial luego de resultar herido el mes pasado durante un operativo del ejército colombiano.

Restricciones a migrantes de Venezuela estimulan redes criminales en la región

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Las recientes restricciones migratorias anunciadas por algunos gobiernos de América Latina para frenar el masivo ingreso de ciudadanos de Venezuela podrían convertirse en un búmeran para la región, pues estimulan a los grupos criminales que aprovechan la vulnerabilidad de estos migrantes para explotarlos o reclutarlos. Los gobiernos de Perú, Ecuador, y posteriormente de Brasil, anunciaron un endurecimiento en las condiciones para recibir migrantes procedentes de Venezuela y reforzaron la seguridad en sus fronteras —llegando incluso a la militarización, en el caso de Brasil— para controlar con mayor rigor el ingreso de venezolanos, que se ha triplicado en 2018. En los últimos años, cerca del siete por ciento de la población venezolana ha emigrado a países vecinos debido a la inestabilidad política y económica. Aunque la medida fue parcialmente revertida, de inmediato comenzaron a conocerse casos de migrantes que cayeron en manos de los “coyotes”, redes que se dedican al tráfico de personas, en un intento desesperado por burlar los nuevos controles y cruzar las fronteras para reencontrarse con sus familiares y buscar mejores condiciones. Perú, segundo país con mayor afluencia de migrantes, tomó la medida luego de una serie de episodios xenófobos contra venezolanos y dos semanas después de la detención de integrantes de la megabanda el “Tren de Aragua” —una organización criminal muy poderosa en Venezuela dirigida por el “pran” de una cárcel—, cuando preparaban el robo de un banco peruano. En esa oportunidad, las autoridades peruanas revelaron que habían identificado la presencia de al menos 15 peligrosos criminales venezolanos en Perú. También  se produjo un episodio de violencia en el estado brasileño de Roraima, donde migrantes venezolanos habrían asesinado a un comerciante local durante un robo. Este hecho desató un enfrentamiento entre ciudadanos de ambos países, que terminó con la expulsión de los venezolanos de Brasil. A raíz de ese incidente, el presidente Michel Temer anunció la militarización de la frontera entre Brasil y Venezuela, y se refirió a los venezolanos como “una amenaza para Suramérica”.

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La suma de eventos asociados al masivo éxodo de venezolanos le ha dado rápidamente una dimensión regional al problema. Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas emitieron pronunciamientos, y se realizó una cumbre en Quito, Ecuador, para tratar el tema. A la reunión asistieron 11 países de la región, “con el objeto de intercambiar información y buenas prácticas con miras a articular una coordinación regional con respecto a la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos en la región”, dice la Declaración de Quito. Entre otras acciones, los países acordaron flexibilizar algunos requisitos de ingreso para los venezolanos y unir esfuerzos en el “combate a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes”, según establece el documento de 18 puntos difundido el pasado 4 de septiembre.

Análisis de InSight Crime

Según la ONU, “aproximadamente 2,3 millones de venezolanos, de los 32,8 millones de habitantes, han huido del país principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil hasta junio de 2018”, debido a la crisis. Los migrantes, como ha ocurrido en otros éxodos en el continente, se han convertido en presa fácil de las redes de crimen organizado. “La desesperación abre camino a todo tipo de redes delincuenciales de trata y tráfico de personas, explotación y prostitución forzada, esclavitud y reclutamiento criminal. Están haciendo ‘fiesta’ con los venezolanos. Todo esto está en pleno desarrollo y no hay manera de medirlo porque se trata de redes invisibles, pues las víctimas no denuncian”, dijo a InSight Crime Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, especializada en temas migratorios, de trata y tráfico de personas. Borges explicó que “en este momento la migración de venezolanos debe ser calificada como una migración forzada, pues no se planifica y es por supervivencia. Este perfil de migrantes es triplemente vulnerable a las redes de criminalidad, y los diferentes países (de tránsito y receptores de migrantes) tienen la responsabilidad de proteger a los migrantes y prevenir estos riesgos”, afirmó. El equipo de investigadores de InSight Crime en Colombia ha comenzado a detectar, en sus trabajos de campo, el reclutamiento de venezolanos por parte de grupos criminales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Incluso en junio cuatro venezolanos, que se habían unido a estas mafias formadas por exguerrilleros, murieron durante un bombardeo de las autoridades colombianas. La experta afirma que las medidas restrictivas (como las implementadas por algunos gobiernos de la región) “exponen a los migrantes venezolanos y abren espacios para el tráfico y la trata de personas, pues son personas en condición irregular dispuestas a aceptar cualquier cosa que les ofrezcan”. Lilian Aya Ramírez, socióloga y abogada venezolana radicada en Colombia, quien se ha dedicado a estudiar la situación de los migrantes venezolanos, coincide con su colega, y agrega que “por donde pasa la trata de personas, pasa la droga y pasan armas”. Además, mencionó, se está detectando mayor número de venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

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“A mayores controles las personas van a buscar la forma de pasar y los propios funcionarios se van a prestar para cometer irregularidades, para meter a los migrantes. Esto dará origen a un mercado clandestino. La migración ilegal no implica trata de personas, pero eso es una manera de chantajear, controlar y manipular a los migrantes”, aseguró Ramírez a InSight Crime. Por otra parte, destacó que “la mayoría de los migrantes son gente muy joven y esto los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. He conseguido casos en Bogotá de muchachos que han sido captados en Venezuela a través de ofertas de empleo falsas, y cuando llegan a Colombia [descubren que] se trata de redes dedicadas a la explotación y [la] esclavitud modernas”. Aunque la Declaración de Quito representa un primer paso en la región para atender el grave problema migratorio generado por la situación de Venezuela, este esfuerzo podría no ser suficiente para resolver el problema. Por otra parte, el documento no menciona acciones concretas por parte de los Estados para proteger a los migrantes en condiciones de vulnerabilidad de los grupos criminales. Además, aunque el acuerdo hace referencia al tráfico y la trata de personas, no profundiza en esta problemática criminal, ni aborda otros aspectos del crimen organizado, como el posible reclutamiento por parte de grupos criminales de inmigrantes hambrientos, sin dinero y provenientes de uno de uno de los países con más altos índices de criminalidad en la región.

¿Quién controla el persistente negocio de la heroína en Colombia?

Una nota información reciente que describe la fragmentación de la producción de heroína en el suroeste de Colombia ha renovado el interés por conocer quién controla el mermado, pero persistente negocio de la heroína en el país. Clanes familiares y pequeños grupos independientes siguen en control de la producción de heroína en los departamentos de Cauca y Nariño, suroeste de Colombia, según información publicada por El Espectador el 22 de agosto Estos grupos “se han especializado en el tráfico de pequeñas cantidades que son más fáciles de esconder”, declaró al diario Rymel Arley Estévez Araqu, jefe de la unidad de investigación sobre heroína de la Policía Antinarcóticos. Luego la heroína se introduce ilegalmente a Ecuador por medio del llamado método “antitráfico” antes de embarcarla hacia Estados Unidos. El precio al por mayor de un kilo de heroína en el mercado estadounidense rondaba por encima de los US$53.000 en 2016, casi el doble de la cocaína, según los datos disponibles más recientes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD). En comparación, un kilo de látex de opio se compra a solo 1,2 millones de pesos colombianos (US$400) a los cultivadores colombianos. Una fuente que solicitó mantenerse anónima coincidió en que la industria parece fragmentada. “No hay duda de que el negocio de la heroína está controlado por estructuras criminales pequeñas”, le dijo a InSight Crime. “Algunas procesan el látex de opio para convertirlo en morfina, otros la transforman [la morfina] en heroína, y otras más se ocuparán de contrabandearla”. Esto contrasta con información reciente de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha entrado al negocio de la heroína en el suroeste del país. InSight Crime recibió una alerta de eso a comienzos de 2017 mientras hacia trabajo de campo en la zona; en ese momento se le informó que el ELN planeaba extender su control del cultivo de amapola para opio al proceso de producción de heroína, según información de El Tiempo en agosto de 2017, de que el principal objetivo de las autoridades era ahora Rodrigo Yepes Mejía, alias “Gustavo” o “HH”, comandante de el frente Comuneros del Sur, con 22 hombres, y quien presuntamente está encargado del mercado de heroína en la zona. “Vamos a impedir el plan de Yepes Mejía de posicionarse como principal poder del negocio de la heroina”, declaró a El Tiempo el general José Ángel Mendoza, quien era director de la policía antinarcóticos. Datos oficiales muestran que Nariño es uno de los dos departamentos productores de opio en Colombia, con un estimado de 300 hectáreas cultivadas en 2016. Junto con las 162 hectáreas de látex de opio que según cálculos están sembradas en el departamento de Cauca, Colombia podría producir cerca de 1,5 toneladas de heroína al año, según indicó El Tiempo. El cultivo de amapola para opio ha caído drásticamente desde comienzos de la década de 2000, cuando estaba en más de 4.000 hectáreas.

Análisis de InSight Crime

La incertidumbre en torno a quién controla el negocio de la heroína en el suroeste de Colombia es resultado de la dificultad de acceso a las áreas de producción y de los importantes cambios criminales que han ocurrido recientemente. Tradicionalmente, el negocio de la heroína en Colombia ha sido dominio de pequeños clanes traficantes especializados y no de grupos armados o importantes carteles de la droga. Pero existe alguna evidencia de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tuvieron participación en la producción de heroína en Nariño antes de su desmovilización. Como tales, los presuntos intentos del ELN de controlar el negocio estarían en línea con la tendencia de los guerrilleros de aprovechar la salida de las FARC para fortalecer su presencia y su participación en el negocio de la droga en algunos lugares de Nariño. La fuente mencionada señaló a InSight Crime que el ELN puede estar cobrando un impuesto a los productores independientes de heroína, lo que explicaría parte de la confusión en torno al actual estado de la actividad. VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil del ELN El tema del negocio de la heroína se ha visto eclipsado en gran parte por el auge de la producción de cocaína y el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La pregunta de hasta dónde tiene participación el ELN en el negocio de la heroína impactaría los patrones de producción y tráfico. Y podría también tener implicaciones para las negociaciones en el marco de los intermitentes diálogos de paz que sostiene el grupo insurgente con el gobierno colombiano. * Este artículo se redactó con ayuda del Equipo de InSight Crime Colombia y se actualizó el 29 de agosto para reflejar los avances en el tema.

Operación regional destaca importancia de la cooperación en lucha contra el narcotráfico

La desarticulación de una OTD, resultado de una operación conjunta entre cuatro países de Latinoamérica, demuestra que son necesarias y eficaces las políticas de cooperación regional en la lucha contra sofisticadas estructuras de crimen organizado transnacional, cuyas operaciones están diversificadas y especializadas a lo largo del continente. El 14 de agosto de 2018, las autoridades de Colombia, Ecuador, Guatemala y México anunciaron la captura de 38 personas pertenecientes una Organización de Tráfico de Droga (OTD) en varias ciudades de Latinoamérica. Estas detenciones fueron resultado de una operación coordinada entre las fiscalías y policías de estos países. Según el comunicado de prensa emitido de manera conjunta por las fiscalías, el grupo traficaba marihuana y “contaba con la capacidad de producir una tonelada de clorhidrato de cocaína y movilizar sumas de hasta dos millones de dólares en escasos tres días”. Lo anterior significa que la organización tenía la capacidad de “producir” la impresionante cantidad de hasta 10 toneladas de cocaína en un mes, o más de 120 toneladas al año. Aunque las estimaciones varían un poco, la producción de cocaína en Colombia el año pasado alcanzó niveles históricos cercanos a las mil toneladas, lo que significaría que el grupo tenía la capacidad de mover más del 12 por ciento de la producción de cocaína colombiana en 2017. La droga, que tenía como destino final Estados Unidos, provenía de Colombia, desde donde una parte era enviada a Centroamérica desde el puerto de Tumaco en semisumergibles y lanchas rápidas; y otra era llevada a Ecuador –donde una parte de la marihuana era destinada al consumo doméstico– para ser sacada de este país por las ciudades portuarias de Esmeraldas y San Lorenzo por Galápagos hacia Costa Rica, Guatemala y México. La estructura era liderada por el guatemalteco Juan Abad Lemus Lara, alias “Chema”, quien en 2017 se había radicado en Colombia, donde fue capturado durante los operativos y está a la espera de ser procesado ante un tribunal. Una fuente del Ministerio Público (MP) de Guatemala señaló a InSight Crime que alias “Chema” habría comenzado su carrera criminal como transportista de droga en Guatemala, donde consiguió los contactos en Colombia que le permitieron expandir sus operaciones. Su hermano Willian Estuardo Lemus Lara fue capturado en Chiquimula, Guatemala, en junio de 2018 y está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. Como señala el comunicado, Chema “dirigía en cada país una estructura especializada en las fases del narcotráfico desde la producción en Colombia y Ecuador, hasta la distribución en Guatemala y México, donde mantenía alianzas con el Cartel de Sinaloa, facción del Mayo Zambada”.

(Para ampliar hacer clic en el gráfico)

Aunque la estructura tenía una ruta de transporte aéreo de Costa Rica a México, en ocasiones la droga también era llevada por tierra desde Costa Rica para ser guardada en Guatemala antes de ser trasladada al país azteca. El papel de Guatemala no se limitaba a centro de acopio; también servía para el lavado de dinero. De ahí la droga era llevada a México donde era entregada a miembros del Cartel de Sinaloa, quienes posteriormente la introducían a Estados Unidos. La fuente del MP también explicó a InSight Crime que actualmente existe una investigación en curso contra la estructura por lavado de dinero a través de varias empresas, incluyendo al menos una cafetalera.

Análisis de InSight Crime

Los resultados de la operación Arpón Neptuno son una muestra de los beneficios de la cooperación regional y de las estrategias de seguridad centradas en la inteligencia y en el seguimiento efectivo a información encontrada durante el proceso investigativo. Si bien según el comunicado de las fiscalías esta es la primera vez que en la región se presenta una operación de coordinación transnacional de estas proporciones, InSight Crime tuvo conocimiento de que la operación contó con “asistencia en materia de inteligencia” de las autoridades estadounidenses. Por otra parte, las acciones binacionales en las que habían participado algunos de estos países tradicionalmente se habían limitado a ser más operativas y menos centradas en la inteligencia, a diferencia de Arpón de Neptuno, que como señaló la fuente implicó reuniones constantes y un trabajo conjunto entre las fiscalías y policías durante más de un año y medio que duraron los procedimientos. Desde hace algunas décadas varios de los países que participaron en la operación han realizado procedimientos similares contra grupos del crimen organizado en el marco de la guerra contra la droga, siempre impulsada por Estados Unidos.

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Adicionalmente, la estructura y el funcionamiento del grupo desmantelado dan cuenta de una tendencia hacia la diversificación y la especialización en las OTD, donde las diferentes operaciones de un mismo grupo en varios países cambian aprovechando sus “ventajas competitivas” en el comercio internacional de la droga según sus recursos, ubicación geográfica y capacidades. Estos cambios en el hampa son resultado tanto de la respuesta de los grupos a las estrategias de seguridad que buscan abordarlos y la aparición de nuevos mercados de consumo como de otros reacomodos en las dinámicas criminales. Por otro lado, el hecho de que, como señala el comunicado, a lo largo del proceso investigativo las autoridades solo lograron incautar un poco más de una tonelada de cocaína, demuestra que el flujo creciente de droga hacia Estados Unidos no puede enfrentarse únicamente con políticas de interdicción y capturas.