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EE. UU. sanciona a filiales de PDVSA en Centroamérica

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió las sanciones económicas impuestas a PDVSA, la petrolera estatal venezolana, a dos de sus filiales en Centroamérica, sumando presión a algunos de los aliados más incondicionales del régimen de Nicolás Maduro en el exterior. Un vocero del Departamento del Tesoro en Washington confirmó a InSight Crime, el 5 de marzo, las sanciones contra la salvadoreña Alba Petróleos y la nicaragüense Albanisa, filiales de PDVSA controladas por los partidos gobernantes en ambos países. “Como resultado de nuestra designación de PDVSA, nuestras sanciones también aplican a cualquier entidad en la que PDVSA tenga propiedad, de forma directa o indirecta, del 50 por ciento o más”, dijo el vocero.

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El 28 de enero, la oficina de control de activos extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a PDVSA porque “la empresa petrolera estatal… ha sido durante mucho tiempo un vehículo para la corrupción. Se han diseñado una variedad de confabulaciones para malversar miles de millones de dólares… para beneficio personal de funcionarios y empresarios venezolanos corruptos”. Documentos oficiales de la petrolera venezolana establecen que PDV Caribe, una de las subsidiarias de PDVSA, es dueña del 60 por ciento de Alba Petróleos, el conglomerado público-privado fundado en 2006 en El Salvador bajo el amparo político del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En Nicaragua, PDVSA es dueña del 51 por ciento del total de Alba de Nicaragua (Albanisa), y municipalidades controladas por el régimen de Daniel Ortega son propietarias del restante 49 por ciento, según una investigación de la plataforma periodística Connectas y documentos oficiales a los que InSight tuvo acceso. Las sanciones implican, entre otras cosas, que ninguna persona o compañía estadounidense puede realizar transacciones comerciales o de otra índole con las empresas ni venderles bienes, servicios o tecnología. PDVSA ha estado desde hace poco más de una década en el centro de una serie de escándalos de corrupción a nivel regional y acusaciones de lavado de dinero.

Análisis de InSight Crime

Las sanciones recientes a Alba Petróleos y Albanisa vuelven a poner el reflector sobre los socios centroamericanos del régimen de Nicolás Maduro y pone, además, presión internacional a grupos de poder y funcionarios salvadoreños y nicaragüenses que se han beneficiado de los blindajes políticos que tienen en sus países. En el caso de Alba Petróleos, el conglomerado estuvo desde su fundación a cargo de José Luis Merino, alias “Ramiro Vásquez”, un excomandante guerrillero del FMLN reconvertido en diputado y funcionario durante sucesivos gobiernos en El Salvador. Desde la década pasada, Merino ha estado en la mira de diversas agencias estadounidenses, y su nombre incluso aparece mencionado en un expediente abierto por la Fiscalía salvadoreña por supuesto tráfico de armas. Merino, sin embargo, es depositario de fuero e inmunidad en El Salvador gracias a que el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, lo nombró viceministro de asuntos internacionales en 2016. En 2017, 14 congresistas estadounidenses pidieron a la administración Trump que investigara a Merino por “asocios de larga data con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos”. En marzo de 2018, autoridades estadounidenses retuvieron a Fred Merino, hermano de José Luis, en el aeropuerto internacional de Houston en relación con investigaciones abiertas al líder del FMLN. Fred Merino fue, desde su fundación, uno de los hombres fuertes de Alba Petróleos. El petróleo venezolano y las ganancias que produjo a Alba Petróleos también sirvieron para financiar campañas electorales del FMLN, según confirmó en enero pasado en San Salvador un asesor cercano al candidato presidencial de ese partido para las elecciones del 3 de febrero. Uno de los primeros directivos de Alba Petróleos fue Asdrúbal Chávez Jiménez, primo del difunto Hugo Chávez y directivo de PDVSA desde 2004. Nicolás Maduro lo nombró ministro de Petróleo y Minería en 2014, año en que según una investigación abierta por fiscales federales estadounidenses se desviaron 1.2 billones de dólares desde la petrolera estatal venezolana a cuentas personales del funcionarios del régimen de Maduro. En Nicaragua, de acuerdo la investigación de Connectas, Albanisa fue uno de los principales frentes financieros del régimen de Daniel Ortega, quien utilizó el dinero venezolano para alimentar los programas de asistencia social y las alianzas políticas que lo han mantenido en el poder. En julio del año pasado, el Tesoro sancionó a Francisco López Centeno, vicepresidente de Albanisa y uno de los hombres más cercanos a Daniel Ortega. Según el acta de sanciones impuestas a López, este funcionario “pariticipó en… corrupción, incluida la malversación de viene estatales, la expropiación de bienes privados para ganancia personal y.. sobornos.” En la práctica, las sanciones estadounidenses tendrán consecuencias dispares en los casos de Alba Petróleos y Albanisa. En El Salvador, el gobierno del FMLN termina el próximo primero de junio y la petrolera local está casi en la quiebra, por lo que las principales repercusiones a funcionarios relacionados con el petróleo venezolano podrían ser persecuciones penales por corrupción. En Nicaragua, la sequía financiera de Albanisa y las sanciones a esta filial de PDVSA parecen estrechar el cerco alrededor del gobierno de Daniel Ortega, que está bajo la tormenta desde el año pasado por la represión desatada contra sus ciudadanos. Ortega, sin embargo, ha sobrevivido varias veces a sanciones y castigos llegados desde Washington.

Barrio 18 (M18)

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La Pandilla Callejera 18, también conocida como “Barrio 18” , es una de las pandillas juveniles más grandes del hemisferio occidental. Al igual que su rival más conocida, la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 tiene células que operan desde Centroamérica hasta Canadá, y tienen mucha mayor presencia que la MS13 en Estados Unidos. Con miles de miembros a lo largo de cientos de kilómetros, e intereses en diversas actividades ilícitas, Barrio 18 es una de las mayores amenazas criminales en la región. No obstante, es cuestionable hasta qué punto sus diferentes unidades se coordinan a través de las fronteras, o incluso dentro de una misma ciudad.

Historia

Barrio 18 surgió como una pandilla callejera en Los Ángeles. Aunque algunos remontan sus orígenes a finales de los años cincuenta, el grupo comenzó a tomar su forma actual en los años setenta, luego de dividirse de la pandilla Clanton 14th Street. Ganó notoriedad por su papel en los disturbios en esa ciudad después de la absolución de los policías que golpearon brutalmente a Rodney King, un conductor afroamericano. En sus orígenes, muchas células del grupo, conocidas como “clicas”, estaban conformadas exclusivamente por inmigrantes mexicanos del sur de California, y dominaban barrios como MacArthur Park, en el barrio coreano (Koreatown), del centro de Los Angeles, pero cuando otras nacionalidades latinas se unieron a la población inmigrante, Barrio 18 comenzó a reclutar miembros de variada procedencia, hecho que facilitaría la propagación del grupo a otros países, especialmente en Centroamérica. Los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para frenar el crecimiento de la pandilla no han demostrado ser eficaces. A finales de los años noventa, un grupo especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos, junto con la policía local, detuvo a algunos de los principales líderes de Barrio 18. Sin embargo, esto no perjudicó a la pandilla y le dio una nueva base desde la cual podía ahora operar y reclutar nuevos miembros: las prisiones federales. Pese a los esfuerzos por aislar a los líderes de sus contactos en el exterior y de sus compañeros de prisión, jefes de Barrio 18 como Francisco Martínez, alias “Puppet”, idearon maneras para seguir operando desde la prisión. Algunos integrantes de Barrio 18 también se unieron a la Mafia Mexicana, la temida pandilla carcelaria que agrupó a pandillas callejeras del sur de California en un único y poderoso colectivo, apodado Los Sureños. Por fuera de la prisión, las pandillas se pelean entre sí; dentro forman una sola unidad bajo el mando de la Mafia. Barrio 18 se expandió hacia el sur en Centroamérica y México, en gran medida como resultado de un cambio en las políticas de inmigración de Estados Unidos a mediados de los años noventa, que aumentó el número de cargos criminales por los cuales podría ser deportado a su país de origen una persona extranjera. La nueva política se aplicó agresivamente a las pandillas en California, donde muchos miembros de Barrio 18 no tenían la ciudadanía estadounidense. Las deportaciones llevaron a una afluencia repentina de los miembros de la Barrio 18 en Centroamérica y México. Como resultado de ello, algunos sostienen que la política de Estados Unidos ayudó a la propagación de Barrio 18 a nivel internacional. La respuesta de los gobiernos centroamericanos al aumento de la actividad pandillera también ha demostrado ser, en gran medida, contraproducente. A finales de los noventa, desde El Salvador, los gobiernos comenzaron a aprobar leyes más estrictas que penalizaban incluso la simple “asociación” con las pandillas. Las llamadas políticas de “mano dura” no hicieron más que fomentar el crecimiento de las pandillas mediante la concentración de muchos miembros en la cárcel, lo cual les permitió reorganizarse y reagruparse. En Centroamérica, el espacio creado para las pandillas extorsionistas y secuestradoras por parte de las débiles fuerzas policiales y un relativamente abierto escenario criminal, fue llenado en parte por Barrio 18 y la MS13 en la primera década del siglo XXI. Más aún, luego de una serie de hechos violentos en las cárceles entre Barrio 18 y la MS13, funcionarios salvadoreños separaron a los miembros de ambas pandillas. Los líderes aumentaron su control sobre las actividades criminales, como la extorsión, desde el interior de las prisiones. Fuera de las prisiones, se diversificaron incursionando en el microtráfico. También comenzaron a operar de una manera más sofisticada, lavando activos a través de pequeñas empresas, como lavado de autos, y tratando de controlar a la comunidad y a las organizaciones no gubernamentales con el fin de influir en la política en los ámbitos locales y, más adelante, nacionales. Para 2005, Barrio 18 en El Salvador sufrió una ruptura entre algunos miembros recluidos en las prisiones y otros en el exterior. El resultado de esa lucha intestina fue una división en dos facciones: “Los Revolucionarios” y “Los Sureños”. Esas facciones se mantienen hoy en día, peléandose con el mismo fervor con el que enfrentan a la MS13. La pandilla representa la mayor amenaza en los países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras, donde gobiernos más débiles y pandillas más grandes (en relación con la población) han convertido al fenómeno de las “maras” en una amenaza importante para la seguridad nacional; las pandillas extorsionan sistemáticamente los medios de transporte público, desplazan comunidades enteras y se han infiltrado en el sistema político. Esto se hizo más patente en marzo de 2012, cuando los cabecillas del grupo y sus rivales en la MS13 acordaron una “tregua” nacional, con la mediación de un delegado del gobierno y de la Iglesia católica. Como resultado del cese al fuego, se redujeron las tasas de homicidios en el país. A principios de ese año, El Salvador fue testigo de 13 o 14 homicidios diarios, pero bajaron a un promedio de seis diarios en los meses siguientes. A raíz de su éxito inicial, Honduras intentó implementar una tregua similar que resultó infructuosa. Los líderes de ambos grupos han demostrado ser alarmantemente hábiles para utilizar su nuevo perfil político en beneficio propio, lo que agudiza los temores de que la iniciativa pueda darles un medio para aumentar su sofisticación criminal y extender su influencia a todo el país. Adicionalmente, al parecer la extorsión y las desapariciones continuaron aumentando en El Salvador durante la tregua, y los homicidios comenzaron a crecer de nuevo a mediados de 2013 hasta alcanzar un pico en 2015, antes de caer nuevamente.

Mando

La mayor jerarquía son los “palabreros” o “jefes”, la mayoría de quienes se encuentran recluidos en el sistema carcelario. Ellos coordinan todas las actividades criminales. Un palabrero mantiene un cuaderno donde mantiene registro de todas las finanzas, homicidios, drogas y armas. También hay palabreros por fuera del sistema penitenciario, a lo que también llaman “en la libre”. En las calles, la mara se organiza en “canchas”. Una cancha es una división territorial que no obedece necesariamente a delimitaciones municipales. Cada cancha comprende varias “tribus”, las unidades más pequeñas de la organización de Barrio 18. Finalmente, vienen los colaboradores: quienes no necesariamente están dentro o que nunca serán pandilleros. Ellos ayudan a la pandilla con pequeños encargos, como acopio de inteligencia, y transporte y posesión de mercancías ilícitas.

Geografía

En Centroamérica, la pandilla opera principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, pero es en Estados Unidos donde tiene la presencia más definida: un estimado de 30.000 a 50.000 miembros. El grupo opera en decenas de ciudades en unos 20 estados. Muchos de sus miembros se encuentran en California, pero Barrio 18 también tiene presencia en otras ciudades al occidente, como Denver. Barrio 18 también hace presencia en Italia desde mediados de los años 2000, y en septiembre el arresto de un presunto líder de la pandilla da un indicio del deseo de la pandilla de expandir su presencia en Europa.

Aliados y enemigos

Barrio 18 es enemigo declarado de la MS13, y las divisiones internas del grupo periódicamente desatan la violencia. El Barrio 18 en El Salvador está dividido en dos facciones rivales, “Los revolucionarios” y “Los Sureños”. El grupo tiene nexos cercanos con la Mafia Mexicana, y se sabe que tiene redes de colaboradores conformadas por abogados, taxistas y mecánicos. Sin embargo, la dependencia de la banda en la extorsión y su inclinación por la violencia los enfrenta con la comunidad local.

Perspectivas

Barrio 18 ha funcionado por 70 años. No hay motivos para pensar que no estará seguirá existiendo por otros 70 años más.

Principales casos e investigaciones sobre corrupción en Odebrecht en 2019

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Desde que comenzó en Brasil con la “Operación Lavado de Autos” (“Operação Lava Jato”) en 2014, el escándalo de corrupción en Odebrecht ha ocupado los titulares en toda Latinoamérica. Presidentes, legisladores y grandes empresarios han sido acusados y encarcelados en toda la región. En este informe, InSight Crime presenta un resumen de las investigaciones o juicios contra prominentes personalidades en América Latina y el Caribe.
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México México ha sido lento en lo que tiene que ver con el escándalo de Odebrecht. El único nombre importante que ha surgido en las investigaciones sobre el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica ha sido el de Emilio Lozoya Austin. El expresidente de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto es acusado de dirigir un esquema de corrupción mediante empresas fantasma entre 2012 y 2016. Además, la fiscalía mexicana cree que Lozoya Austin utilizó los jugosos sobornos recibidos de Odebrecht para financiar las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluida la de Peña Nieto. Muchos mexicanos creen que la ausencia de rendición de cuentas y de juicios por parte del gobierno federal fue una manera utilizada por la administración anterior y la actual para proteger a quienes estaban involucrados con Odebrecht.  En un país con altos niveles de impunidad, falta ver si este caso conducirá eventualmente a investigaciones más amplias. En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que la investigación sobre Odebrecht continuaría, por lo que es posible que pronto comiencen otras investigaciones. República Dominicana Las audiencias preliminares sobre Odebrecht han ocupado los titulares en República Dominicana en las últimas semanas. Con una corrupción rampante, el país caribeño investiga actualmente a siete personas que al parecer recibieron más de US$92 millones en sobornos de la gigante constructora brasileña. Dos nombres que sobresalen en las investigaciones son el actual senador Tommy Galán y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Ambos son miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que se está preparando para las elecciones presidenciales de 2020.  Una sentencia de culpabilidad podría empañar la imagen del partido y obstaculizar sus posibilidades de continuar en el poder, pues el actual presidente, Danilo Medina, también es miembro del PLD. El Salvador El expresidente Mauricio Funes está siendo investigado por la presunta malversación de US$351 millones. Se sospecha que Odebrecht le pagó entre US$1 y 3 millones al exmandatario durante la campaña presidencial de 2009. Funes, presidente del país entre 2009 y 2014, también enfrenta una investigación judicial por supuestamente comprar diputados con el fin de obtener votos favorables en la Asamblea Legislativa durante su presidencia. El expresidente tiene cuatro órdenes de captura en su contra por casos de corrupción. Actualmente reside en Nicaragua, protegido por el asilo político otorgado por el presidente Daniel Ortega. Sin embargo, el portavoz del presidente electo Nayib Bukele anunció que el gobierno comenzará a hablar con Nicaragua para exigir la deportación de Funes. Guatemala La investigación que actualmente adelanta Guatemala sobre Odebrecht se centra en el exministro de Infraestructura Alejandro Sinibaldi, quien se encuentra prófugo. La Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sostienen que Sinibaldi dirigió una estructura criminal dentro del Ministerio de Comunicaciones. Sinibaldi tiene una orden de allanamiento de Interpol, y otras ocho personas estrechamente relacionadas con él están siendo buscadas por las autoridades, entre ellas sus hermanos Álvaro y Luis Rodrigo Sinibaldi. Otra importante figura que está siendo investigada en Guatemala es el excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien fue arrestado en Estados Unidos en enero de 2018. Baldizón es acusado de supuestamente recibir sobornos de funcionarios de Odebrecht para ayudarles a obtener contratos de obras públicas en el país centroamericano. Tras un fallido intento de obtener asilo en Estados Unidos, Baldizón decidió retirar su solicitud y está pendiente de la extradición a Guatemala. En Guatemala se presentó una crisis constitucional después de que el presidente Jimmy Morales decidiera expulsar a la CICIG del país, una medida que generó fuertes reacciones a nivel nacional e internacional. Dada la ausencia de la CICIG, la última audiencia de Sinibaldi y Baldizón fue suspendida y reprogramada para el 27 de febrero de 2019. Falta ver qué impacto tendrá la actual crisis con la CICIG en el futuro del caso.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero Panamá El expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra bajo arresto, y varias personas cercanas a su presidencia, están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht. La fiscalía panameña señala que entre 2009 y 2014, periodo de la presidencia de Martinelli, se asignaron recursos por más de US$96 millones para proyectos de infraestructura, como mejoras viales en Chanis, la ampliación del aeropuerto de Tocumen, la renovación urbana de Curundú, mejoras en la Línea 1 del Metro, y muchas otras. En consecuencia, la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá inició una investigación contra el exministro de Economía Frank de Lima, acusado de recibir por lo menos US$7 millones en pagos indebidos. Otra importante figura que está siendo investiganda actualmente es el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña y de inflar los costos del proyecto de la autopista Arraijan-La Chorrera con fines ilícitos. Colombia En Colombia, Odebrecht pagó al menos US$32,5 millones en sobornos para obtener los contratos de construcción de la autopista Ruta del Sol y otros proyectos de infraestructura. El exsenador Otto Nicolás Bula Bula, quien fue condenado a dos años de prisión por recibir sobornos, ha sido el principal testigo del gobierno para esclarecer el esquema de sobornos. La investigación ha involucrado a varios funcionarios del gobierno durante las administraciones de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, entre ellos el exsenador Bernardo Miguel Elías. El Fiscal General de la nación, Néstor Humberto Martínez, también ha sido objeto de atención recientemente, después de que el auditor Jorge Enrique Pizano revelara grabaciones secretas en las que hablaba de irregularidades contractuales con Martínez, quien en ese momento se desempeñaba como abogado de Corficolombiana, una empresa socia de Odebrecht. Las grabaciones de las conversaciones de Pizano con Martínez salieron a la luz en una entrevista de televisión. Pizano, quien sufría de cáncer y finalmente murió a causa de un ataque cardíaco, proporcionó la entrevista con la condición de que solo se difundiera tras su muerte. El conflicto de intereses de Martínez no se detiene allí. También fue asesor legal de Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia y fundador del conglomerado Grupo Aval, uno de los propietarios de Corficolombiana que, según Reuters, está cooperando actualmente en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ecuador El caso de Odebrecht en Ecuador ilustra una elaborada estructura de corrupción durante la presidencia de Rafael Correa. Su amigo de infancia, el exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra cumpliendo una pena de prisión por el escándalo de corrupción, ha sido acusado por Luis Mameri, vicepresidente de Odebrecht en Latinoamérica, de aceptar más sobornos de los que se conocieron inicialmente, mediante una empresa llamada Glory International. En septiembre de 2018, la Fiscalía General de Ecuador inició una investigación preliminar contra ocho personas por supuestamente involucrarse con el crimen organizado como parte del esquema de corrupción de Odebrecht. Entre las personas investigadas se encuentra el expresidente Rafael Correa, quien actualmente reside en Bélgica, donde está solicitando asilo político. Además, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera; el exministro del Interior, José Serrano, y el exprocurador general Diego García también están siendo investigados por su papel en el proyecto hidroeléctrico San Francisco. La Fiscalía General de Ecuador anunció recientemente que otras 11 investigaciones preliminares estarían enfocadas en Rafael Correa, Alexis Mera y Jorge Glas. Este anunció concreta los esfuerzos de Ecuador para castigar a los involucrados en este escándalo de corrupción.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre élites y crimen organizado Perú Decir que el escándalo de Odebrecht ha sacudido la clase política de Perú sería poco. María Sokolich, la nueva fiscal general de Perú tras la polémica renuncia de Pedro Chávarry, se encuentra al frente de la investigación sobre algunos de los principales políticos que ocupan o han ocupado los más altos cargos del país. El actual presidente, Martín Vizcarra está siendo investigado por presuntos vínculos entre la empresa de su propiedad y Odebrecht entre 2006 y 2008. Su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, tiene una investigación en su contra —que lo obligó a dimitir en marzo de 2018— por presuntas consultorías que su empresa, Westfield Capital, le ofreció a Odebrecht entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007. El expresidente Alan García, a quien se le negó una solicitud de asilo en Uruguay después de que las acusaciones salieron a la luz, está acusado de recibir sobornos durante la construcción del Metro de Lima. Los otros dos exmandatarios que están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos son Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Se espera que en el mes de marzo el exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, dé una declaración sobre este tema en Brasil. El testimonio de Barata podría conmocionar nuevamente a la nación andina. Recientemente, Odebrecht ha anunciado que cooperará con el gobierno peruano. Sus antiguos ejecutivos en el país serán entrevistados próximamente, lo que puede conducir a nuevas revelaciones.
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Argentina La investigación de Odebrecht en Argentina amenaza a decenas de altos exfuncionarios relacionados con proyectos de obras públicas durante las presidencias de Néstor Carlos Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Las investigaciones más sobresalientes son las de Julio de Vido y Daniel Cameron. Julio de Vido, exministro de Planificación durante la administración de Fernández, se entregó a las autoridades en octubre de 2018. De Vido es acusado de hacer parte del escándalo de “Obras Viales”, que involucra la supuesta malversación de fondos públicos a través de procesos de licitación para obras viales en la provincia de Santa Cruz, así como otros proyectos de infraestructura a su cargo. Por su parte, el exministro de Energía, Daniel Cameron, está siendo investigado como parte de un caso conocido como “Skanska II”, donde las irregularidades en la expansión de los gasoductos en el país se han relacionado con un esquema de corrupción con la colaboración de Odebrecht. Sin embargo, el nivel de corrupción durante las administraciones de los Kirchners es más profundo. Según algunos informes, otros 14 empresarios y cinco exempleados también están siendo investigados por múltiples actividades ilícitas en cooperación con la constructora brasileña. Bolivia La historia de los ventajosos negocios de Bolivia con empresas brasileñas se remonta a 1987, año en el que el entonces ministro de Energía, Carlos Morales Landívar, fue acusado de utilizar su influencia política para favorecer a la empresa brasileña Andrade Gutiérrez. Y ahora Landívar es acusado de haber estado involucrado en 2003 con Camargo Correa —una de las 13 principales empresas en Brasil investigadas en el caso Lavado de Autos— cuando fue ministro de Servicios y Obras Públicas. Sin embargo, los nombres vinculados directamente al caso Odebrecht son Carlos Mesa, expresidente y aspirante presidencial en 2019, y su sucesor, Eduardo Rodríguez Veltzé, exjefe de Estado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ambos están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht durante sus presidencias, entre 2003 y 2006. La investigación en torno a Mesa podría desempeñar un papel crucial en las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre. La eventual condena de Mesa podría allanar el camino para la reelección de Evo Morales. Brasil En Brasil, en los últimos cinco años, más de 77 ejecutivos de la compañía han llegado a acuerdos de culpabilidad, una presidenta fue suspendida de sus funciones, otro expresidente está actualmente en la cárcel, y su sucesor también está siendo investigado como resultado del escándalo de Odebrecht. Este es solo un breve panorama del gran impacto que ha tenido el caso Lavado de Autos en el país más grande de Suramérica. El 6 de febrero, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra actualmente cumpliendo una pena, fue acusado de cargos adicionales que añadirían 13 años más a su condena actual. A Lula se le acusa de recibir dineros ilícitos durante su mandato de 2003 a 2010. Además de Lula, otras personas de su círculo cercano han sido acusadas y arrestadas por corrupción. Una de esas personas, Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados, ha estado en prisión desde 2016. Cunha es acusado de recibir un soborno de US$5 millones. Sin embargo, a pesar de su arresto actual, la fiscalía brasileña ha imputado cargos adicionales en su contra. Por su parte, Aécio Neves, exgobernador y candidato presidencial en 2014, es acusado de haber recibido sobornos a cambio de ofrecer apoyo a legislaciones que favorecían obras que eran del interés de Odebrecht cuando él ejercía como gobernador del estado de Minas Gerais. La investigación en torno a Neves está en curso mientras él mantiene una curul en el senado en representación de Minas Gerais. Por último, el expresidente Michel Temer (2016-2018) ha llamado la atención de los titulares, pues la policía federal de Brasil ha solicitado que se le impute por soborno y lavado de capitales. Según los funcionarios, mientras fue vicepresidente en 2014, Temer y su Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB) recibieron más de US$2 millones de Odebrecht. Ahora que Sérgio Moro, quien estuvo encargado de liderar la investigación Lavado de Autos, es el nuevo ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, la atención se centrará en la nueva legislación que ha propuesto para combatir la corrupción.

Corrupción y pandillas, los primeros retos de Bukele en El Salvador

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Nayib Bukele apenas recibió su credencial como presidente electo el pasado 15 de febrero, pero desde ya las expectativas alrededor de su gabinete y las políticas públicas en materia de seguridad son extraordinarias si se las compara con la transición presidencial anterior en el país. Algunos indicios enviados por colaboradores del nuevo mandatario dan pie a pensar que habrá una dosis de atrevimiento en sus propuestas; otras parecen calcadas de políticas anteriores ya fracasadas. Aquí, InSight Crime se refiere a tres de los grandes temas relacionados a la seguridad pública salvadoreña y al combate al crimen con los que el presidente electo tendrá que lidiar desde el primer día en que se siente en su despacho de la Casa Presidencial.

1. La amenaza de las pandillas

En el plan de gobierno que presentó durante su campaña, Nayib Bukele hizo público un documento que se suponía de uso restringido de la Policía Nacional Civil (PNC): el mapa que muestra las zonas de El Salvador en que operan las dos principales pandillas del país, la MS13 y el Barrio 18. De acuerdo con un oficial de alto nivel en la PNC, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, el equipo de Bukele recibió la información desde el interior de la Policía y hay una investigación abierta para deducir responsabilidades, según una nota de Diario El Mundo. El plan de gobierno de Bukele recurre a una descripción que es obvia en El Salvador desde hace al menos década y media: las pandillas llevan años expandiendo el control que ejercen a través de la extorsión y el uso indiscriminado de la violencia en amplias porciones del territorio. “La expansión de estos grupos criminales es innegable, así como el impacto producido en la vida del ciudadano común”, dice el plan. Los dos últimos gobiernos de El Salvador, bajo bandera del FMLN, terminaron apostando por la versión más extendida de las políticas de mano dura, que incluyeron normalizar las llamadas medidas extraordinarias en las cárceles y dar a la Policía y al Ejército una especie de carta blanca en la persecución de pandilleros en las calles, lo cual llevó al país una nueva versión de escuadrones de la muerte incrustados en la fuerza pública. A pesar de esas medidas, el control territorial de las pandillas, a juzgar por los mapas internos que publicó el equipo Bukele, continúa intacto. Lo que sí ha disminuido en el país son los homicidios, la mayoría de los cuales las autoridades atribuyen a las pandillas. A pesar de que a principios de 2019 hubo un pico que incluyó varios asesinatos de policías, las cifras se han vuelto a estabilizar hasta llegar a siete homicidios diarios en lo que va de febrero (enero de 2019 terminó con 9,2 diarios), según cifras oficiales. Cuando fue alcalde de San Salvador, Bukele y sus asesores acudieron a diálogos con las pandillas para asegurar gobernabilidad en algunas zonas conflictivas de la capital, como lo reveló El Faro en una investigación publicada en junio del año pasado.

VEA TAMBIÉN: Tregua entre pandillas en El Salvador

2. La reforma policial

Desde 2015 la justicia salvadoreña ha procesado media docena de casos en los que policías de alta, soldados y oficiales han sido acusados de homicidios, intentos de homicidio, amenazas, torturas y otros delitos. El plan de seguridad del presidente electo Bukele pasa, en gran medida, por dar más protagonismo al componente represivo de la PNC y mantener el rol activo del Ejército en labores de inteligencia criminal y de seguridad pública. De lo que hay pocas pistas es sobre los mecanismos institucionales a los que recurrirá el nuevo gobierno para procurar una depuración efectiva en ambas instituciones armadas, sobre todo en la PNC.

VEA TAMBIÉN: Infiltrados, crónica de la corrupción en la policía de El Salvador

Unas de las primeras pistas serán los nombres de los policías de carrera o civiles que nombre para dirigir a la PNC y si sobre estos pesan o no señalamientos pasados. Otra será si el actual ministro de la Defensa nacional, el general David Munguía Payés, cuyos aparatos de inteligencia han sido vinculados con ejecuciones extrajudiciales y otros delitos, seguirán teniendo poder dentro del Ejército.

3. La gran corrupción

Es uno de los temas en que más elaboró el equipo de Nayib Bukele. Desde octubre de 2018 hubo alusiones a la creación de un organismo similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero en aquellos días la idea estaba en sus etapas iniciales. A la fecha, no obstante, los asesores de Bukele tienen una idea más clara; su propuesta de Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Bukele, ya como presidente electo, volvió al tema de la CICIES desde la noche misma del 3 de febrero, el día en que ganó la elección con cerca de 54 por ciento de los votos. Algunos antecedentes no invitan al optimismo: las acusaciones de corrupción e irregularidades que pesan sobre el mismo Bukele; la reticencia de los políticos locales, encabezados por los más cercanos socios electorales del presidente electo en el partido GANA, investigados ellos mismos por supuesto enriquecimiento ilícito; o el rechazo de la empresa privada local que, acaso amedrentada por investigaciones de corrupción que la CICIG abrió contra poderosos empresarios guatemaltecos, insiste en que una CICIES no es necesaria. Los colaboradores de Bukele insisten en que GANA, el partido conocido por sus antecedentes corruptos, fue solo un vehículo para llegar a la presidencia, y que el presidente electo asumirá como jefe del Ejecutivo con suficiente margen de maniobra para llevar adelante un proyecto como CICIES. Falta aún ver las primeras señales, no solo en lo que toca a la comisión internacional, sino, en general, de cómo aterrizará sus planes para combatir la inseguridad, el crimen y la violencia.  

Juez: magnate y exfiscal general de El Salvador dirigían red de crimen organizado

Un tribunal de El Salvador ha dictaminado que una red de corrupción dirigida por un exfiscal general y un poderoso empresario se constituyó en una estructura de crimen organizado, una confirmación oficial de lo que muchos sospecharon durante años. Los funcionarios salvadoreños afirman que el exfiscal general Luis Martínez y el reconocido empresario Enrique Rais crearon una asociación criminal organizada que “era dirigida por un centro de decisiones, quien daba órdenes para comprar la justicia”, como dice un tuit de la Fiscalía General del 25 de enero. Las autoridades arrestaron a Martínez y Rais en agosto de 2016 acusados de corrupción judicial por conspirar para estafar el sistema judicial en varias ocasiones. El caso central de la investigación consiste en un pleito multimillonario que involucra a dos exsocios de la compañía de gestión de residuos de Rais, MIDES S.A. de C.V. Las autoridades sostienen que Martínez y Rais sostuvieron una relación “dehonesta” con el fin de favorecer la agenda jurídica del último.

VEA TAMBIÉN: InDepth: Cobertura sobre élites y crimen organizado

Según La Prensa Gráfica, los jueces determinaron que Martínez y Rais, junto con otras personas, corrompieron el sistema de justicia mediante una estructura que cumplía las condiciones establecidas por la ley contra el crimen organizado para ser considerada como tal: una organización jerárquica compuesta de dos o más personas con roles definidos, actuando de manera conjunta con la intención de cometer un delito. Según los jueces, la estructura tenía tres niveles: los empresarios, dirigidos por Rais, les daban órdenes a su grupo de abogados, los cuales luego presuntamente sobornaban a funcionarios públicos. En un caso, un experto en medicina legal confesó haber recibido US$5.000 a cambio de mentir acerca de los supuestos problemas psicológicos que Rais y uno de sus conspiradores habían declarado en un informe oficial, según La Prensa Gráfica. El magnate luego huyó a Suiza, donde permanece oculto para evadir los cargos en su contra en El Salvador.

Análisis de InSight Crime

El fallo de la corte, según el cual la red de corrupción liderada por Rais y Martínez constituía una estructura criminal organizada no es sorprendente, pero sí es significativo, ya que indica que las autoridades de El Salvador están identificando este tipo de organizaciones como lo que son. El caso de Rais es el ejemplo perfecto de la intersección entre crimen organizado, élites poderosas y Estado en El Salvador. Según algunos informes, entre quienes viajaban en los aviones de Rais se encontraban, además de Martínez, el expresidente de Honduras Porfirio Lobo, y el saliente presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, así como varios miembros de su administración. Los aviones de Rais fueron confiscados por autoridades estadounidenses en la Florida, pero el caso que exigía su confiscación fue cerrado, y sus aviones le fueron devueltos.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de El Salvador Rais fue además un importante actor político, que apoyó a Martínez para llegar a ser fiscal general en 2012, cabildeando con la ayuda del polémico político José Luis Merino, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Martínez está acusado de haber convertido a la Fiscalía General en un mercado, en donde recibía como obsequio vehículos, tarjetas de crédito, viajes y bonos mensuales de hasta US$20.000, a cambio de detener o retrasar las investigaciones sobre corrupción. Los vínculos entre las élites de El Salvador y el crimen organizado se remontan a varios años atrás, pero las cosas pueden cambiar tras la reciente elección de Nayib Bukele como presidente del país. Su elección puso fin a 30 años de gobiernos bipartidistas. El presidente electo basó su campaña especialmente en la lucha contra la corrupción, prometiendo erradicarla mediante la conformación de una comisión con respaldo internacional contra la impunidad y la corrupción.

Nuevo presidente de El Salvador enfrentará viejo problema de El Salvador

Un repunte en las matanzas de policías tiene nerviosos a los miembros del cuerpo, mientras en las redes sociales algunos piden que se ejecute extrajudicialmente a los presuntos integrantes de las pandillas callejeras, este será un problema central para el presidente recién electo Nayib Bukele. Era el día después de que uno de los suyos cayera muerto a manos de presuntos pandilleros, pero en una estación de policía en el centro de San Salvador no se habría notado la diferencia. No hubo evento especial ni remembranzas u oficios religiosos en honor al tiempo que Omar Rivas pasó en la institución. No se dieron instrucciones especiales a sus perplejos compañeros, que trabajaban con él en el centro histórico de San Salvador. No se abrió ninguna investigación especial para indagar si el homicidio de Rivera el 14 de enero estaba relacionado con su trabajo en la zona. La hipótesis fue que Rivera había caído muerto como tantos otros: sorprendido por un enemigo que parece estar en evolución y en todas partes a la vez. Él es uno de los nueve policías asesinados en enero de 2019, en comparación con los 32 agentes de policía y los 2 administradores muertos en todo lo corrido de 2018. Ese ritmo tiene a la policía con los nervios de punta. Los agentes de la estación pasaron inquietos ese día, pero se sentían impotentes y atemorizados. Se dice que los presuntos pandilleros que habrían matado a Rivas entraron a su casa, donde se encontraba con su esposa y su hija, y le dispararon seis veces. El rumor en la estación ese día, que no se confirmó, fue que llevaban uniformes de la policía y pasamontañas, y que portaban armas de grueso calibre. “Eso es lo que más miedo me da” —le confesó un policía a InSight Crime con la condición de que se mantuviera su anonimato— “que lleguen vestidos como nosotros”.

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Los rostros de esa guerra permanecen en la sombra, y muchos policías están más dispuestos a recurrir a cualquier mecanismo necesario para repeler a un enemigo que creen que el gobierno no tiene la voluntad de combatir. Es un problema que deberá que resolver el presidente electo Nayib Bukele, quien arrasó en las elecciones del 3 de febrero. Observadores internacionales y medios de comunicación han expresado su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales. El problema no es nuevo. Desde los días de la guerra civil, organismos de seguridad y civiles por igual han acudido a instancias extrajudiciales para zanjar sus diferencias. Aun así, el ojo por ojo entre las pandillas callejeras y las fuerzas de seguridad tiene algunas dimensiones nuevas, entre ellas cuentas de Twitter que promueven de manera anónima, otra solución, más permanente, al problema de las pandillas. “No perdonen delen [sic] gas a todo bicho poste y pandilleros o mujeres y gente poste que colaboran con los malditos pandilleros”, dice un trino de Exterminio (@exterminio10_7). “ya es tiempo de ir limpiando parejo…”. Exterminio se describe como “no soy el jefe, no soy el mejor”, pero recalca que “aquí solo gente de huevos hay y el que la caga y traiciona le damos en la madre”. La cuenta relata esta guerra con lujo de detalles, con fotografías de “lacras” ensangrentadas, el apelativo que Exterminio y otros les dan a los pandilleros, y videos de detenidos retorciéndose durante los interrogatorios. Algunos presuntos pandilleros yacen muertos en las calles, otros junto a sus camas. Exterminio celebra sus muertes, lamenta sus capturas, y pide a sus compañeros policías que dejen a los escuadrones de la muerte hacer tranquilos lo suyo. “Por favor azules no persigan unidades que se encuentran limpiando en varios lugares”, escribió Exterminio hace poco. “La misión es eliminar lacras”. Otras cuentas son menos específicas, pero igual de radicales. Comandante Tornado (@cuernodedisco) prefiere la palabra “parásito” a “lacra”, y le gusta publicar fotografías de sus atracones con comidas rápidas, pero también llena su muro con fotografías de presuntos pandilleros muertos, que marca con su alias de Twitter. “Aquí se habla sin timos, si quieren oír que todo está bien pues se equivocaron de cuenta”, trina Tornado. Las pandillas han subido las apuestas y reforzado sus capacidades y su poder de fuego. Documentos judiciales muestran que las pandillas llevan comprando uniformes de la policía y material bélico por lo menos desde 2015, además de que han impartido órdenes especiales de recoger dinero para adquirir armas de asalto, y dan a sus miembros instrucciones rudimentarias sobre cómo dispararles. No cabe duda de que las pandillas parecen más proactivas y agresivas. Ejecuciones anteriores de policías y militares, que perdieron 17 soldados en 2018, se realizaron en espacios públicos. La irrupción a la residencia de Rivera, así como la emboscada a una patrulla unos días después, la cual dejó otros dos policías muertos, conmocionó a los miembros del cuerpo. Algunos le expresaron a InSight Crime su contrariedad por que nadie se pronunciara a su favor. Sus comandantes en su mayoría habían guardado silencio sobre la situación. Nadie quería alborotar avisperos. “No hay una línea de ataque por parte de pandillas contra personal de la PNC”, declaró el jefe de la policía Howard Cotto a comienzos de enero, pocos días después de que presuntos pandilleros abalearan a un integrante de las Fuerzas Especiales de la Policía, cuando esperaba el autobús para ir a su trabajo.

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A mediados de enero, representantes de la Fiscalía General contradijeron a Cotto, cuando contaron a InSight Crime que a finales de diciembre las pandillas habían decidido aumentar la presión, en parte para obligar a los partidos políticos a negociar directamente con ellos en vísperas de las elecciones presidenciales. Por su parte, Bukele, exalcalde de San Salvador, ya se ha sentado con las pandillas, negociando por medio de intermediarios el desarrollo de algunos sectores del centro de la ciudad para abrir paso a actividades comerciales y turísticas. El presidente recién electo tendrá que caminar sobre terreno quebradizo. El Congreso destinó US$2 millones de presupuesto adicional para la Policía en enero, y el apoyo a las medidas represivas está muy arraigado. Por su parte, la policía también respondió. Cotto suspendió por un breve lapso los descansos entre un turno y otro en enero, pues era en estos lapsos de tiempo cuando más se registraban ataques a la policía. Y para finales del mes, había más de 300 presuntos pandilleros detenidos, según declaraciones de oficiales de la policía. Otros más habían sido muertos, como se relata en cuentas de Twitter, como la de Exterminio. “No andamos con tanta buya para arrancarles el Repollo”, decía un trino reciente. “Como dice el dicho que el que come callado come las veces que quiera”. Imagen: AP Photo/Salvador Melendez

Las Colaboradoras – El Salvador: La novia del testigo sale libre

La Fiscalía de El Salvador multiplicó por 15 el uso de la figura del testigo protegido en los últimos 11 años. El caso de una joven acusada por su novio de colaborar con la pandilla Barrio 18 Sureños, y absuelta después por la justicia, ilustra el uso desmedido de testimonios cuestionables como única prueba contra estas organizaciones criminales. El asesinato El asesino dijo que el muerto, antes de muerto, estaba muy borracho. El día de Navidad de 2014, una mujer de setenta años fue a la policía de su municipio a denunciar la desaparición de su hijo, de cuarenta. Alto, trigueño y de ojos café, llevaba camisa y pantalón azules y una mochila negra. Vecinos le dijeron que había sido amenazado por un pandillero del Barrio 18. No era la primera vez que le sucedía. Su otro hijo había sido asesinado en 2012. La madre temía otro asesinato.

*Este reportaje forma parte de la serie Las colaboradoras, un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica realizado por El Intercambio, financiado por Internews y publicado en alianza con InSight Crime.

Dos años después de la desaparición, la pareja de aquel hombre alto y trigueño supo por la televisión que la policía había encontrado unas osamentas al fondo de un barranco de la colonia. Junto a los huesos, había una mochila negra, la que el hombre llevaba el día de Navidad. El muerto de la tele era su muerto. Cuando la fiscalía entrevistó a la viuda del hombre, ella señaló a la posible culpable: la pandilla Barrio 18 Sureños, una escisión salvadoreña del Barrio 18, una de las pandillas más grandes de Centroamérica. Años atrás, el gobierno aisló a los líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13) en las cárceles para dificultar su organización. La ruptura dentro de la 18 fue irreversible. A partir de 2006, nacieron dos facciones enemigas: Sureños, que seguían las normas de su pandilla en California, bajo órdenes de veteranos deportados presos; y Revolucionarios, que buscaban tener una personalidad más local, sin órdenes foráneas, cuyos líderes estaban fuera de las cárceles de El Salvador. Para 2016, el dueño de la mochila negra llevaba dos años enterrado al fondo del barranco víctima de esa guerra intestina entre pandillas. La fiscalía ya lo sabía, se lo había dicho El testigo. Ese testigo era miembro de la pandilla, fue uno de los tres asesinos y en ese mismo caso, donde admitió el asesinato, también acusó a 76 personas del Barrio 18 Sureños de participar en veinte homicidios similares. Este tipo de testigo, el que delata, en El Salvador se llama criteriado. En los últimos 11 años, 663 personas en ese país obtuvieron una reducción de la pena y una residencia temporal a cambio de dar información, según el tipo de negociación mantenida con la Fiscalía General de El Salvador. Su utilización es recurrente en los casos de pandillas: el testimonio de una sola persona es suficiente para que la fiscalía acuse a decenas de personas. El uso del testigo protegido se multiplicó por 15 en los últimos once años. Sin mucho éxito. El 54 por ciento de los informantes se ha retirado del programa. “El declarante recibió una llamada de Z donde le decía que en el pasaje el hermano de B andaba bien bolo [borracho], por lo que [el declarante] salió de donde estaba con ‘Hebe’, diciéndole que moviera [llevara] al hermano de B y que, cuando lo tuviera en una casa, le avisara. A los quince minutos le habló que ya lo tenía, estaba bien bolo, tanto así que no se levantaba, siendo que Hebe se retira del lugar”. Dice el informe de la fiscalía sobre la declaración del testigo. “Hebe” no es su nombre, pero por su seguridad, éste será su alias y su nombre, el de la diosa griega de la juventud y la belleza eterna. Según El testigo, después de que Hebe se marchara, a la casa llegaron otros dos pandilleros. Entre los tres ahorcaron al hijo de la anciana, con las manos y con un cincho [cinturón] hasta matarlo. Esperaron a que se hiciera de noche para sacarlo de la casa y lo lanzaron por el barranco que queda al final del pasaje [callejón] donde estaban. Bajaron al fondo, cavaron un hoyo y lo enterraron. El 16 de agosto de 2018, Hebe se puso de pie frente al juez con sus pantalones celeste, sus tenis, su camisa negra de manga larga y sus 19 años. Acusada de agrupaciones ilícitas, significa que se juntó con, al menos, dos personas para delinquir de manera temporal o permanente. Se juega ir a juicio y ser condenada a un mínimo de tres años de cárcel. Los oscuros ojos con rimel de Hebe miran al testigo protegido, cubierto de pies a cabeza con una tela oscura, como el verdugo que le corta la cabeza. —¿Sabes quién te habla? —No, no sé quién sos. —Fuimos pareja, ¿sí o no? —No. No lo dirá en la audiencia, pero Hebe dice antes y después que El testigo, el criteriado, era su novio. El supuesto novio la incriminó y la acusó de participar en el homicidio del hijo de aquella anciana y la fiscalía además la acusó de agrupaciones ilícitas. Por eso pasó mes y medio en los retenes de la policía, tres meses en prisión preventiva y ocho meses más con obligación de ir a firmar al juzgado cada quince días hasta que salió absuelta.
Una mujer y su hija pasan delante de un cartel en julio de 2018, en Sonsonate, en contra de las detenciones ilegales. El caso de Ivy Gutierrez fue el de una joven acusada en falso de extorsión por la policía en 2016 y absuelta por el juez en 2018
El enamoramiento —Muchacha, ¿no ha visto a los policías ahí arriba? La muchacha, que caminaba por su colonia, se volteó, lo miró, lo reconoció. Él a ella, no. En un café de la zona de hoteles de San Salvador, en julio de 2018, la muchacha recuerda con sonrisa pícara ese cruce de miradas de enero de 2016. Hebe dice que El testigo y ella se conocieron de niños, pero que llevaban años sin verse. A los meses de esas miradas, hubo una solicitud de amistad en Facebook aceptada. Pero ella, que se esforzaba por ser buena, no quería nada con un pandillero. Dice ella. “Hebe, te amo”. La noche del 12 de octubre de 2016, delante de la casa de ella, él le preguntó si quería andar con él. “Sí, voy a andar con vos”, recuerda Hebe con inocente ironía. El mismo año en que entró en funcionamiento el programa de protección de testigos, las pandillas salvadoreñas prohibieron que las mujeres fueran miembros de ellas. Hasta ese año, 2006, había mujeres con poder de mando en las reuniones de toma de decisión y coordinación en ambas pandillas. Pero fueron expulsadas por falta de confianza. La sospecha vino porque algunas eran informantes de la policía y de la fiscalía.

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Las mujeres se convirtieron en testigos criteriados. Ante la falta de lealtad, hubo castigos: algunas violadas, algunas asesinadas. Sin embargo, la lógica pandillera contrasta con la realidad: 65 por ciento de los testigos del programa de protección hasta diciembre de 2017 han sido hombres. Desde que El Salvador instauró el uso de testigos criteriados en 2006, ningún año las mujeres han sido más de 35 por ciento de los testigos, sin embargo son las que perdieron la confianza de arriba. Ellas pasaron a ocupar un nuevo rol, puramente logístico, en el nivel más bajo de la pandilla, como colaboradoras. No tienen acceso a reuniones o coordinaciones ni dan órdenes. Cobran y llevan dinero, guardan y mueven armas. Prestan cuentas, ejercen de testaferros para recibir y enviar remesas internacionales. Roban. Matan. Igual que los hombres colaboradores. Pero están lejos de los líderes. Unos días antes de la audiencia, apretujada en una mesa de un restaurante de comida rápida al que accede ir junto a su mamá, Hebe se muestra callada. Habla más la mamá. Habla más, aunque ella sonríe seguido cuando la mamá evangélica platica sobre El testigo. “Era el asesino de la colonia”, dice la mamá sin miramientos. Y Hebe se ruboriza silenciosa. —¿Por qué te fijaste en un pandillero? —Ni yo sé, quizá a las niñas fresas les gustan los malos. Yo decía: Uy, no, yo no voy a andar con uno de esos jamás, ¿va? Pero los jamases llegan. Dijo cuatro días después, riéndose, cuando su mamá no la está escuchando. La detención A las 2:35 de la madrugada de un día de finales de julio de 2017,  cuatro policías llamaron a la puerta de Hebe. Abrió el padre. Llegaron para detener a su hija, acusada de homicidio y agrupaciones ilícitas. El papá es un hombre al que no vamos a conocer. Muy presente en la plática de Hebe, pero ausente en el tiempo que ella pasó en prisión y en sus visitas al juzgado porque tiene que trabajar. Cuatro años antes, cuando tenía catorce, Hebe y su hermano mayor, —acusado por El testigo de otro asesinato y agrupaciones ilícitas, pero absuelto—, tuvieron que abandonar la escuela pública donde estudiaban, porque estaba en la parte alta de su colonia, territorio de la Mara Salvatrucha (MS13) y ellos vivían en zona del Barrio 18. Como consecuencia, su padre se llevó un año y medio a la familia a vivir a otro lugar. Aunque después regresaron, Hebe tuvo que cambiar de colegio.
En los municipios más pobres y violentos del departamento de San Salvador la imagen represora que tiene la ciudadanía de la policía se revela en las paredes.
En El Salvador es complicado entrar en centenares de barrios. Hebe cambia tres veces el punto donde la vamos a recoger para la entrevista, cerca de su colonia. La localidad donde vive fue parte del grupo de 18 municipios que, en 2013, cuando el gobierno pactó una tregua de fin a la sangre con las pandillas, fue declarado libre de violencia. Un eufemismo para decir que las pandillas no se iban a agredir ni entre sí ni a nadie en ese territorio. Seis meses duró la espectacular bajada de homicidios,  —que redujo a menos de la mitad la cantidad de asesinatos en el país que está entre los tres países más violentos del mundo—. Hasta que un gobierno acorralado por haber ocultado su papel principal en la negociación y un creciente número asesinados de las dos pandillas debilitaron la tregua. El gobierno siguiente enterró la tregua. Desde entonces, es el país más homicida del mundo. Un 28 de diciembre de 2016, dos meses después de empezar a salir con El testigo, Hebe terminó mudándose a casa de su novio. El testigo compraba la comida y, ella aprendió a cocinar para dos.  “No era la chacha [empleada doméstica] de nadie, sólo de él y mía”, dice Hebe. Dice que no hizo favores para el Barrio 18 Sureños, pero El testigo le daba unos US$30 diarios para comprarse lo que ella quisiera. El dinero lo guardaba su mamá. Al mes eran US$750, más del doble del salario mínimo de El Salvador. Su hermano mayor llegaba a visitar y a fumar marihuana con El testigo. A cambio, posteaba —avisar si llega la policía—. La novia aceptó dinero de la pandilla para vivir, la madre guardó el dinero de su hija que provenía de la pandilla, el hermano hizo favores a la pandilla, el padre toleró la relación de su hija con un miembro de la pandilla. En una sociedad violenta, la pandilla es una cosa y la gente es otra. En esta familia, todos se sienten ajenos al Barrio 18 Sureños, pero la relación existe porque los límites no están definidos. El tatuaje El testigo tenía una memoria privilegiada, aparentemente. En su declaración, recordaba en qué año conoció a cada uno de los pandilleros y colaboradores, como Hebe. Describió altura, peso, marcas, tatuajes y razón por la que los conocía. En 2017, diez años después de convertirse en 18 sureño, El testigo vendió a toda su clica y a presuntos colaboradores. Pero a lo largo de tres gruesos folders, El testigo nunca dijo que Hebe fue su novia. Es ella quien dice hoy que “anduvo acompañada” por él. La Fiscalía salvadoreña lleva más de una década apoyándose en este tipo de informantes. El problema es que en muchos casos, el testigo interesado en obtener reducción de condena y beneficios especiales es la única fuente de información. La institución no contrasta los datos que obtiene y muchos casos se caen antes de llegar a juicio por falta de pruebas. Como ocurrió con Hebe, absuelta por un juez. —¿Qué crees que buscabas en el malo? —Como la rebeldía que quería, porque iba enojada con mi papá. Quizá después de acompañarme [por mi novio] fue no sé… Siento en mí que me podía defender sola, me metí en problemas en la colonia y jamás le dije nada, dice Hebe.
Después de estar con el pandillero, para quien asegura que nunca hizo ningún trabajo, Habe ahora sale con un joven de su iglesia. Lo conoció hace un año y dice que es “un buen chico”
Hebe habla dulcemente de las tres veces que se metió en problemas por él. Fue por celos, porque él estaba con ella. Y con otras tres. Pícara, dice que dos veces dejó a su novio. Días antes de la definitiva, poco antes de ser detenida, El testigo le dijo a Hebe: “Te tengo una pregunta, ¿no me tenés miedo?”. Por qué le iba a tener miedo, se pregunta en voz alta mientras manosea su celular. Esta historia de muerte y amores muestra vidas paralelas, pero no convergentes. Al cruzar el expediente del caso y el relato de Hebe, El testigo es y no es novio. Sólo existe un detalle en el que están de acuerdo: el por qué del asesinato en el que la involucró. “Lo mataron porque andaba bolo y empezó a gritarle a todos los bichos [jóvenes] de ahí”, dice Hebe que le contaron en la colonia. El 16 de agosto de 2018, Hebe se levantó a las cinco de la mañana sin saber que va a enfrentarse al hombre vestido de verdugo, El testigo. El abogado le insistió en que pregunte al testigo. No quiere, está indecisa, pero pensándolo bien, ella sabe cómo probar, con una sola pregunta, que El testigo miente: —¿Tenés un 18 en el pecho? —Volveme a repetir la pregunta. —¿Tenés un 18 en el pecho? —Sí. —Gracias, eso es todo. El día en el que todos los acusados salieron libres, es el mismo en el que Hebe se convirtió públicamente en la novia negada del pandillero que vendió a los suyos.

Para leer la investigación completa, haga clic en este enlace: https://elintercamb.io/elsalvador-pandillas-colaboradoras/

*Este reportaje forma parte de la serie Las colaboradoras, un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica realizado por El Intercambio, financiado por Internews y publicado en alianza con InSight Crime.

¿Cómo enfrentarán el crimen organizado los candidatos presidenciales de El Salvador?

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Los ciudadanos de El Salvador elegirán un nuevo presidente este 3 de febrero, en medio de un repunte de la violencia que se presentó en el mes de enero, el cual ha vuelto a llamar la atención sobre la situación de seguridad en el país. Cada vez se hace más evidente que es necesario realizar un cambio significativo en la política de seguridad. Por eso todos los candidatos presidenciales están proponiendo medidas preventivas para hacer frente al crimen y la violencia de una manera más decisiva que en años anteriores. Aun así, en los discursos políticos oficiales están ausentes las propuestas concretas para enfrentar la violencia criminal, controlar las dos principales pandillas del país —Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18— y su creciente influencia en el proceso electoral del país, y resolver la militarización de la policía nacional. Como lo señaló recientemente el periodista salvadoreño Carlos Dada en una entrevista, “encontrar una solución política para las causas estructurales que permiten el crimen organizado (principalmente las pandillas)” es probablemente el mayor desafío al que se enfrentará el próximo presidente de El Salvador. A continuación, InSight Crime analiza las plataformas de seguridad propuestas por los tres candidatos principales.

Hugo Martínez, el candidato del gobierno del FMLN

Salvador Sánchez Cerén llegó a la presidencia en 2014, y su periodo como jefe de Estado está llegando a su fin. Su partido político, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) —que ha estado en el poder durante los últimos 10 años— lanzó como candidato al conocido político Hugo Martínez. Martínez ha propuesto una ambigua plataforma de seguridad que carece de suficientes detalles y se centra en el uso de “toda la fuerza pública necesaria para garantizar la seguridad y la tranquilidad”. Específicamente, la plataforma de Martínez hace énfasis en que la capacitación de la policía nacional y su despliegue en todo el país permitirán mejorar la seguridad y fortalecer el tan anunciado Plan El Salvador Seguro (PESS), puesto en marcha en 2015 por Sánchez Cerén, pero cuya eficacia todavía está en duda.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de El Salvador Su plan “promovería el mayor despliegue estatal para fortalecer las estrategias de prevención de la violencia y derrotar la criminalidad”, además de “garantizar el control territorial del Estado mediante el uso de inteligencia policial e investigación científica de los crímenes”. Si bien la prevención ha hecho parte de las últimas propuestas de seguridad del FMLN, el partido parece estar promoviendo otra vez las estrategias de seguridad de mano dura y la militarización de la policía. Durante años, las autoridades han redoblado las medidas de seguridad extraordinarias contra las pandillas del país, no solo bajo la administración del actual presidente Sánchez Cerén, sino también durante las administraciones anteriores a él. Pero aunque los funcionarios han señalado que es gracias a estas medidas que se ha logrado disminuir las tasas de homicidio del país, resaltando los supuestos avances en materia de seguridad, la inseguridad sigue siendo constante y lo más probable es que otros factores complejos estén contribuyendo a la disminución de la violencia. Recientemente, el mismo Martínez admitió en un debate que “se han hecho avances, pero no han sido suficientes”. Sin embargo, parece que él y su partido —que han hecho acuerdos con las pandillas para influir en otras elecciones presidenciales en el pasado—­­ carecen de propuestas claras para hacer frente a las pandillas de El Salvador o a los problemas de seguridad recientes o de vieja data, a pesar de que se ha dicho que esta debería ser “una prioridad” de su administración.

Nayib Bukele, el opositor favorito de GANA

Las encuestas recientes indican que Nayib Bukele, exintegrante del FMLN y exalcalde de San Salvador, continúa liderando la contienda presidencial e incluso podría obtener una victoria rotunda, como representante del partido de oposición Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). En materia de seguridad pública, la plataforma de Bukele se centra sobre todo en la prevención y en la búsqueda de nuevas formas de mejorar la capacidad de las fuerzas de seguridad mediante el uso de tecnología. Bukele propone que la policía nacional y las fuerzas armadas de El Salvador ayuden a diseñar e implementar programas de intervención en escuelas diseñadas para establecer prácticas de lucha contra la violencia. El aspirante presidencial también propone, entre otras cosas, establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil para reducir las condiciones que causan la violencia y la marginación e incrementan los factores de riesgo. “El problema con los grupos criminales que atacan a las fuerzas de seguridad es que no pueden ser tratados exclusivamente desde una óptica de lucha contra el crimen, ya que es un problema social en el que la falta de oportunidades y opciones de vida comienza a producir un círculo vicioso de pobreza, delincuencia y violencia”, se lee en el plan de Bukele.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de la MS13 Además de la prevención, Bukele propone aumentar la capacidad técnica de la policía nacional y crear un plan de protección fronteriza contra el narcotráfico transnacional, coordinado por varias instituciones de seguridad. La llamada región del Triángulo Norte de Centroamérica se ha vuelto cada vez más importante como punto de trasbordo de los cargamentos de drogas procedentes de Suramérica, dado el auge en la producción de cocaína. Sin embargo, los grupos criminales han demostrado su capacidad de burlar a las autoridades y a su alta tecnología mediante técnicas elementales, como el uso de los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). Bukele también propone la creación de una comisión con respaldo internacional contra la impunidad y la corrupción en El Salvador, similar a los organismos contra la corrupción en los países vecinos, Guatemala y Honduras, que han logrado enviar a prisión a un expresidente y una vicepresidenta, y han investigado la presunta criminalidad de otros poderosos miembros de las élites. Sin embargo, quedan serias dudas acerca de la capacidad de Bukele para hacer frente a las pandillas y a la inseguridad en el país, especialmente mediante una comisión de lucha contra la corrupción. Durante su periodo como alcalde de San Salvador, por ejemplo, Bukele hizo tratos con las pandillas y prometió darles beneficios a cambio de que “proporcionaran seguridad y permitieran el acceso a los territorios bajo su control durante las actividades de campaña”. Esta y otras acciones cuestionables lo pondrían directamente en la mira de dicha comisión.

Carlos Calleja, el opositor de derecha de ARENA

En contravía de las campañas que el partido político de extrema derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ha adelantado anteriormente en cuanto a seguridad ciudadana (como la de plantear el Plan de Mano Dura en 2003), las propuestas de seguridad del candidato presidencial Carlos Calleja se enfocan principalmente en la prevención, en lugar de las medidas represivas para impedir la expansión del crimen y la violencia. “Es importante señalar que lo que se ha hecho hasta el momento no ha funcionado; tenemos que buscar una solución definitiva, una visión integral […] y ejecutar más programas preventivos”, dijo Calleja durante un debate recientemente. En parte, Calleja ha prometido continuar apoyando el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), que fue creado en 2014 para promover el diálogo y llegar a acuerdos sobre las políticas públicas relacionadas con las seguridad ciudadana. En cuanto al desmantelamiento de las estructuras criminales del país, Calleja ha prometido coordinar los servicios públicos y las políticas sociales, además de mejorar la rendición de cuentas al interior de la policía nacional, reestructurar la institución y asignar más recursos para la formación, las capacidades forenses y la inteligencia policial. Reformar la policía salvadoreña —en la que en años recientes han abundado los asesinatos extrajudiciales, las violaciones a los derechos humanos y los escuadrones de la muerte— es una tarea primordial, pero los planes para lograrlo se han quedado cortos. ARENA y sus integrantes han tenido dudosas relaciones con las pandillas durante las campañas electorales anteriores, lo que pone en duda la promesa del partido de enfrentar de manera efectiva uno de los principales factores causantes de inseguridad. En 2014, el alcalde de San Salvador, afiliado al partido ARENA, le dio a la MS13 decenas de miles de dólares a cambio de que apoyara al candidato presidencial del partido en ese momento.

Jeannette Aguilar: “Las mafias políticas han empoderado a las pandillas en El Salvador”

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La tasa de homicidios en El Salvador se ha disparado en la víspera de las elecciones presidenciales de 2019, después de que las autoridades de la nación centroamericana vieron una reducción sustancial de los asesinatos en 2018. Esto generó importantes preguntas sobre el papel de las pandillas del país en el proceso electoral, y las estrategias del gobierno para combatirlas. Después de cerrar 2018 con una tasa de homicidios de 51 por cada 100,000 ciudadanos, la mitad de lo que fue en algunos de los años más violentos del país en 2015 y 2016, las autoridades registraron más de 200 homicidios en los primeros 20 días de 2019, incluido policías. Jeannette Aguilar es investigadora en temas de seguridad ciudadana en El Salvador y exdirectora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (IUDOP-UCA), uno de los centros de estudios sociales y estadísticos más respetados en El Salvador. En esta entrevista con InSight Crime evalúa el reciente repunte de los homicidios en el país, que las autoridades atribuyen a la MS13.  InSight Crime (IC): ¿A qué atribuye el repunte reciente en homicidios? Jeannette Aguilar (JA): Es difícil agotar las explicaciones a los repuntes o caídas abruptas dada la complejidad de la violencia letal en El Salvador y los diferentes actores que protagonizan este tipo de violencia. Creo que en el alza registrada en enero pueden estar convergiendo varios factores: un aumento de ejecuciones por parte de grupos de exterminio, principalmente policiales, que parecen estar arreciando sus acciones en estos últimos días, la respuesta de las pandillas a esta violencia y el contexto preelectoral. La historia reciente muestra que contextos preelectorales, sobre todo en el mes antes de los comicios, suele producirse un incremento atípico de muertes violentas, que ha estado asociado a los pactos de partidos de oposición con grupos de pandillas para afectar políticamente al adversario. En este caso, habrá que investigar los posibles pactos que Arena y GANA-Nuevas Ideas (los dos principales partidos de oposición) han efectuado con las pandillas de cara a las elecciones 2019.

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Adicionalmente, las negociaciones que también ha hecho en los últimos años el partido oficial con pandillas en contextos electorales facilitan un entorno de mayor confrontación entre miembros de las diversas estructuras que se encuentran al servicio de diversos partidos. Las pandillas, por su cuenta, también han emprendido en los últimos años estrategias para golpear la imagen del gobierno, entre ellas aumentar los muertos, y obviamente en períodos de elecciones ellos saben que esto tiene un mayor costo político para el partido oficial. IC: ¿Qué tan importante es en esta ecuación el tema de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública, sobre todo a la Policía? JA: Creo que la hipótesis del aumento de acciones por parte de grupos de exterminio en contra de pandilleros o supuestos pandilleros no hay que descartarla para entender el escenario actual. Hasta ahora no sabemos cuál es el peso que el accionar de estas estructuras tiene en las muertes violentas a escala nacional. En mi opinión, estas muertes están cobrando cada vez más peso en el dato nacional. En el caso de los homicidios registrados en lo que va del año, según la propia policial, más del 70% de las víctimas de muertes violentas registradas son pandilleros o personas vinculadas a estos grupos. Las estructuras de exterminio policial están modificando continuamente su modus operandi. Parece que ahora están ejecutando al estilo de los escuadrones de la muerte: llegan de noche a sacar a las víctimas, las ejecutan y/o desaparecen sus cuerpos.

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El episodio del arma especial conocida como mata policías, de uso exclusivo de la Fuerza Armada, que le fue encontrada a un pandillero el 30 de diciembre, detonó una alerta y un nuevo llamado en las redes informales de comunicación de policías a eliminar estas estructuras. Paralelo a ello y en estas lógicas de las cadenas de venganza, tenemos en los primeros días de enero un aumento de asesinatos de policías. IC: ¿No es contradictoria esa lectura del gobierno con declaraciones recientes en las que, al hablar de las bajas de homicidios, aseguraban que los planes de seguridad habían logrado detener la letalidad de las pandillas? JA: Creo que en los últimos años la gran paradoja de la política de seguridad, al ser diseñada bajo un esquema de guerra, es que ha reducido las muertes producidas por pandilleros, pero ha propiciado las condiciones para el aumento de muertes de pandilleros, familiares, supuestos pandilleros y colaboradores, y ha generado otras dinámicas de conflictividad que están aumentado la violencia en las comunidades. IC: ¿Es relevante que esto ocurra a pocas semanas de las elecciones presidenciales?  JA: Lo es desde mi punto de vista lo es porque esto muestra, por un lado, el rol cada vez más relevante que los actores ilegales y el uso instrumental de la violencia tienen en procesos tan sensibles para la gobernabilidad del país, como las elecciones. Esto, a su vez, es una consecuencia del empoderamiento político que las mafias de los partidos políticos han propiciado entre las pandillas, al instrumentalizar sin escrúpulos para fines electoreros la violencia que producen estas estructuras. La participación de las pandillas en acciones para afectar el proceso electoral o a determinados partidos, muestra que lejos de estar debilitadas como ha señalado el gobierno, estas organizaciones se estarían configurando cada vez como actores imprescindibles para la preservación de un sistema político corrupto y clientelar. IC: ¿Es el repunto de enero significativo en términos estadísticos? JA: Si se llega a configurar en un patrón o tendencia que prevalezca por varios meses, estaríamos triplicando los promedios diarios de muertes violentas de 2018 y acercándonos al comportamiento que registró el 2015. *La transcripción de la entrevista fue editada para mayor claridad y brevedad.