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Las Colaboradoras – El Salvador: La novia del testigo sale libre

La Fiscalía de El Salvador multiplicó por 15 el uso de la figura del testigo protegido en los últimos 11 años. El caso de una joven acusada por su novio de colaborar con la pandilla Barrio 18 Sureños, y absuelta después por la justicia, ilustra el uso desmedido de testimonios cuestionables como única prueba contra estas organizaciones criminales. El asesinato El asesino dijo que el muerto, antes de muerto, estaba muy borracho. El día de Navidad de 2014, una mujer de setenta años fue a la policía de su municipio a denunciar la desaparición de su hijo, de cuarenta. Alto, trigueño y de ojos café, llevaba camisa y pantalón azules y una mochila negra. Vecinos le dijeron que había sido amenazado por un pandillero del Barrio 18. No era la primera vez que le sucedía. Su otro hijo había sido asesinado en 2012. La madre temía otro asesinato.

*Este reportaje forma parte de la serie Las colaboradoras, un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica realizado por El Intercambio, financiado por Internews y publicado en alianza con InSight Crime.

Dos años después de la desaparición, la pareja de aquel hombre alto y trigueño supo por la televisión que la policía había encontrado unas osamentas al fondo de un barranco de la colonia. Junto a los huesos, había una mochila negra, la que el hombre llevaba el día de Navidad. El muerto de la tele era su muerto. Cuando la fiscalía entrevistó a la viuda del hombre, ella señaló a la posible culpable: la pandilla Barrio 18 Sureños, una escisión salvadoreña del Barrio 18, una de las pandillas más grandes de Centroamérica. Años atrás, el gobierno aisló a los líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13) en las cárceles para dificultar su organización. La ruptura dentro de la 18 fue irreversible. A partir de 2006, nacieron dos facciones enemigas: Sureños, que seguían las normas de su pandilla en California, bajo órdenes de veteranos deportados presos; y Revolucionarios, que buscaban tener una personalidad más local, sin órdenes foráneas, cuyos líderes estaban fuera de las cárceles de El Salvador. Para 2016, el dueño de la mochila negra llevaba dos años enterrado al fondo del barranco víctima de esa guerra intestina entre pandillas. La fiscalía ya lo sabía, se lo había dicho El testigo. Ese testigo era miembro de la pandilla, fue uno de los tres asesinos y en ese mismo caso, donde admitió el asesinato, también acusó a 76 personas del Barrio 18 Sureños de participar en veinte homicidios similares. Este tipo de testigo, el que delata, en El Salvador se llama criteriado. En los últimos 11 años, 663 personas en ese país obtuvieron una reducción de la pena y una residencia temporal a cambio de dar información, según el tipo de negociación mantenida con la Fiscalía General de El Salvador. Su utilización es recurrente en los casos de pandillas: el testimonio de una sola persona es suficiente para que la fiscalía acuse a decenas de personas. El uso del testigo protegido se multiplicó por 15 en los últimos once años. Sin mucho éxito. El 54 por ciento de los informantes se ha retirado del programa. “El declarante recibió una llamada de Z donde le decía que en el pasaje el hermano de B andaba bien bolo [borracho], por lo que [el declarante] salió de donde estaba con ‘Hebe’, diciéndole que moviera [llevara] al hermano de B y que, cuando lo tuviera en una casa, le avisara. A los quince minutos le habló que ya lo tenía, estaba bien bolo, tanto así que no se levantaba, siendo que Hebe se retira del lugar”. Dice el informe de la fiscalía sobre la declaración del testigo. “Hebe” no es su nombre, pero por su seguridad, éste será su alias y su nombre, el de la diosa griega de la juventud y la belleza eterna. Según El testigo, después de que Hebe se marchara, a la casa llegaron otros dos pandilleros. Entre los tres ahorcaron al hijo de la anciana, con las manos y con un cincho [cinturón] hasta matarlo. Esperaron a que se hiciera de noche para sacarlo de la casa y lo lanzaron por el barranco que queda al final del pasaje [callejón] donde estaban. Bajaron al fondo, cavaron un hoyo y lo enterraron. El 16 de agosto de 2018, Hebe se puso de pie frente al juez con sus pantalones celeste, sus tenis, su camisa negra de manga larga y sus 19 años. Acusada de agrupaciones ilícitas, significa que se juntó con, al menos, dos personas para delinquir de manera temporal o permanente. Se juega ir a juicio y ser condenada a un mínimo de tres años de cárcel. Los oscuros ojos con rimel de Hebe miran al testigo protegido, cubierto de pies a cabeza con una tela oscura, como el verdugo que le corta la cabeza. —¿Sabes quién te habla? —No, no sé quién sos. —Fuimos pareja, ¿sí o no? —No. No lo dirá en la audiencia, pero Hebe dice antes y después que El testigo, el criteriado, era su novio. El supuesto novio la incriminó y la acusó de participar en el homicidio del hijo de aquella anciana y la fiscalía además la acusó de agrupaciones ilícitas. Por eso pasó mes y medio en los retenes de la policía, tres meses en prisión preventiva y ocho meses más con obligación de ir a firmar al juzgado cada quince días hasta que salió absuelta.
Una mujer y su hija pasan delante de un cartel en julio de 2018, en Sonsonate, en contra de las detenciones ilegales. El caso de Ivy Gutierrez fue el de una joven acusada en falso de extorsión por la policía en 2016 y absuelta por el juez en 2018
El enamoramiento —Muchacha, ¿no ha visto a los policías ahí arriba? La muchacha, que caminaba por su colonia, se volteó, lo miró, lo reconoció. Él a ella, no. En un café de la zona de hoteles de San Salvador, en julio de 2018, la muchacha recuerda con sonrisa pícara ese cruce de miradas de enero de 2016. Hebe dice que El testigo y ella se conocieron de niños, pero que llevaban años sin verse. A los meses de esas miradas, hubo una solicitud de amistad en Facebook aceptada. Pero ella, que se esforzaba por ser buena, no quería nada con un pandillero. Dice ella. “Hebe, te amo”. La noche del 12 de octubre de 2016, delante de la casa de ella, él le preguntó si quería andar con él. “Sí, voy a andar con vos”, recuerda Hebe con inocente ironía. El mismo año en que entró en funcionamiento el programa de protección de testigos, las pandillas salvadoreñas prohibieron que las mujeres fueran miembros de ellas. Hasta ese año, 2006, había mujeres con poder de mando en las reuniones de toma de decisión y coordinación en ambas pandillas. Pero fueron expulsadas por falta de confianza. La sospecha vino porque algunas eran informantes de la policía y de la fiscalía.

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Las mujeres se convirtieron en testigos criteriados. Ante la falta de lealtad, hubo castigos: algunas violadas, algunas asesinadas. Sin embargo, la lógica pandillera contrasta con la realidad: 65 por ciento de los testigos del programa de protección hasta diciembre de 2017 han sido hombres. Desde que El Salvador instauró el uso de testigos criteriados en 2006, ningún año las mujeres han sido más de 35 por ciento de los testigos, sin embargo son las que perdieron la confianza de arriba. Ellas pasaron a ocupar un nuevo rol, puramente logístico, en el nivel más bajo de la pandilla, como colaboradoras. No tienen acceso a reuniones o coordinaciones ni dan órdenes. Cobran y llevan dinero, guardan y mueven armas. Prestan cuentas, ejercen de testaferros para recibir y enviar remesas internacionales. Roban. Matan. Igual que los hombres colaboradores. Pero están lejos de los líderes. Unos días antes de la audiencia, apretujada en una mesa de un restaurante de comida rápida al que accede ir junto a su mamá, Hebe se muestra callada. Habla más la mamá. Habla más, aunque ella sonríe seguido cuando la mamá evangélica platica sobre El testigo. “Era el asesino de la colonia”, dice la mamá sin miramientos. Y Hebe se ruboriza silenciosa. —¿Por qué te fijaste en un pandillero? —Ni yo sé, quizá a las niñas fresas les gustan los malos. Yo decía: Uy, no, yo no voy a andar con uno de esos jamás, ¿va? Pero los jamases llegan. Dijo cuatro días después, riéndose, cuando su mamá no la está escuchando. La detención A las 2:35 de la madrugada de un día de finales de julio de 2017,  cuatro policías llamaron a la puerta de Hebe. Abrió el padre. Llegaron para detener a su hija, acusada de homicidio y agrupaciones ilícitas. El papá es un hombre al que no vamos a conocer. Muy presente en la plática de Hebe, pero ausente en el tiempo que ella pasó en prisión y en sus visitas al juzgado porque tiene que trabajar. Cuatro años antes, cuando tenía catorce, Hebe y su hermano mayor, —acusado por El testigo de otro asesinato y agrupaciones ilícitas, pero absuelto—, tuvieron que abandonar la escuela pública donde estudiaban, porque estaba en la parte alta de su colonia, territorio de la Mara Salvatrucha (MS13) y ellos vivían en zona del Barrio 18. Como consecuencia, su padre se llevó un año y medio a la familia a vivir a otro lugar. Aunque después regresaron, Hebe tuvo que cambiar de colegio.
En los municipios más pobres y violentos del departamento de San Salvador la imagen represora que tiene la ciudadanía de la policía se revela en las paredes.
En El Salvador es complicado entrar en centenares de barrios. Hebe cambia tres veces el punto donde la vamos a recoger para la entrevista, cerca de su colonia. La localidad donde vive fue parte del grupo de 18 municipios que, en 2013, cuando el gobierno pactó una tregua de fin a la sangre con las pandillas, fue declarado libre de violencia. Un eufemismo para decir que las pandillas no se iban a agredir ni entre sí ni a nadie en ese territorio. Seis meses duró la espectacular bajada de homicidios,  —que redujo a menos de la mitad la cantidad de asesinatos en el país que está entre los tres países más violentos del mundo—. Hasta que un gobierno acorralado por haber ocultado su papel principal en la negociación y un creciente número asesinados de las dos pandillas debilitaron la tregua. El gobierno siguiente enterró la tregua. Desde entonces, es el país más homicida del mundo. Un 28 de diciembre de 2016, dos meses después de empezar a salir con El testigo, Hebe terminó mudándose a casa de su novio. El testigo compraba la comida y, ella aprendió a cocinar para dos.  “No era la chacha [empleada doméstica] de nadie, sólo de él y mía”, dice Hebe. Dice que no hizo favores para el Barrio 18 Sureños, pero El testigo le daba unos US$30 diarios para comprarse lo que ella quisiera. El dinero lo guardaba su mamá. Al mes eran US$750, más del doble del salario mínimo de El Salvador. Su hermano mayor llegaba a visitar y a fumar marihuana con El testigo. A cambio, posteaba —avisar si llega la policía—. La novia aceptó dinero de la pandilla para vivir, la madre guardó el dinero de su hija que provenía de la pandilla, el hermano hizo favores a la pandilla, el padre toleró la relación de su hija con un miembro de la pandilla. En una sociedad violenta, la pandilla es una cosa y la gente es otra. En esta familia, todos se sienten ajenos al Barrio 18 Sureños, pero la relación existe porque los límites no están definidos. El tatuaje El testigo tenía una memoria privilegiada, aparentemente. En su declaración, recordaba en qué año conoció a cada uno de los pandilleros y colaboradores, como Hebe. Describió altura, peso, marcas, tatuajes y razón por la que los conocía. En 2017, diez años después de convertirse en 18 sureño, El testigo vendió a toda su clica y a presuntos colaboradores. Pero a lo largo de tres gruesos folders, El testigo nunca dijo que Hebe fue su novia. Es ella quien dice hoy que “anduvo acompañada” por él. La Fiscalía salvadoreña lleva más de una década apoyándose en este tipo de informantes. El problema es que en muchos casos, el testigo interesado en obtener reducción de condena y beneficios especiales es la única fuente de información. La institución no contrasta los datos que obtiene y muchos casos se caen antes de llegar a juicio por falta de pruebas. Como ocurrió con Hebe, absuelta por un juez. —¿Qué crees que buscabas en el malo? —Como la rebeldía que quería, porque iba enojada con mi papá. Quizá después de acompañarme [por mi novio] fue no sé… Siento en mí que me podía defender sola, me metí en problemas en la colonia y jamás le dije nada, dice Hebe.
Después de estar con el pandillero, para quien asegura que nunca hizo ningún trabajo, Habe ahora sale con un joven de su iglesia. Lo conoció hace un año y dice que es “un buen chico”
Hebe habla dulcemente de las tres veces que se metió en problemas por él. Fue por celos, porque él estaba con ella. Y con otras tres. Pícara, dice que dos veces dejó a su novio. Días antes de la definitiva, poco antes de ser detenida, El testigo le dijo a Hebe: “Te tengo una pregunta, ¿no me tenés miedo?”. Por qué le iba a tener miedo, se pregunta en voz alta mientras manosea su celular. Esta historia de muerte y amores muestra vidas paralelas, pero no convergentes. Al cruzar el expediente del caso y el relato de Hebe, El testigo es y no es novio. Sólo existe un detalle en el que están de acuerdo: el por qué del asesinato en el que la involucró. “Lo mataron porque andaba bolo y empezó a gritarle a todos los bichos [jóvenes] de ahí”, dice Hebe que le contaron en la colonia. El 16 de agosto de 2018, Hebe se levantó a las cinco de la mañana sin saber que va a enfrentarse al hombre vestido de verdugo, El testigo. El abogado le insistió en que pregunte al testigo. No quiere, está indecisa, pero pensándolo bien, ella sabe cómo probar, con una sola pregunta, que El testigo miente: —¿Tenés un 18 en el pecho? —Volveme a repetir la pregunta. —¿Tenés un 18 en el pecho? —Sí. —Gracias, eso es todo. El día en el que todos los acusados salieron libres, es el mismo en el que Hebe se convirtió públicamente en la novia negada del pandillero que vendió a los suyos.

Para leer la investigación completa, haga clic en este enlace: https://elintercamb.io/elsalvador-pandillas-colaboradoras/

*Este reportaje forma parte de la serie Las colaboradoras, un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica realizado por El Intercambio, financiado por Internews y publicado en alianza con InSight Crime.

¿Cómo enfrentarán el crimen organizado los candidatos presidenciales de El Salvador?

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Los ciudadanos de El Salvador elegirán un nuevo presidente este 3 de febrero, en medio de un repunte de la violencia que se presentó en el mes de enero, el cual ha vuelto a llamar la atención sobre la situación de seguridad en el país. Cada vez se hace más evidente que es necesario realizar un cambio significativo en la política de seguridad. Por eso todos los candidatos presidenciales están proponiendo medidas preventivas para hacer frente al crimen y la violencia de una manera más decisiva que en años anteriores. Aun así, en los discursos políticos oficiales están ausentes las propuestas concretas para enfrentar la violencia criminal, controlar las dos principales pandillas del país —Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18— y su creciente influencia en el proceso electoral del país, y resolver la militarización de la policía nacional. Como lo señaló recientemente el periodista salvadoreño Carlos Dada en una entrevista, “encontrar una solución política para las causas estructurales que permiten el crimen organizado (principalmente las pandillas)” es probablemente el mayor desafío al que se enfrentará el próximo presidente de El Salvador. A continuación, InSight Crime analiza las plataformas de seguridad propuestas por los tres candidatos principales.

Hugo Martínez, el candidato del gobierno del FMLN

Salvador Sánchez Cerén llegó a la presidencia en 2014, y su periodo como jefe de Estado está llegando a su fin. Su partido político, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) —que ha estado en el poder durante los últimos 10 años— lanzó como candidato al conocido político Hugo Martínez. Martínez ha propuesto una ambigua plataforma de seguridad que carece de suficientes detalles y se centra en el uso de “toda la fuerza pública necesaria para garantizar la seguridad y la tranquilidad”. Específicamente, la plataforma de Martínez hace énfasis en que la capacitación de la policía nacional y su despliegue en todo el país permitirán mejorar la seguridad y fortalecer el tan anunciado Plan El Salvador Seguro (PESS), puesto en marcha en 2015 por Sánchez Cerén, pero cuya eficacia todavía está en duda.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de El Salvador Su plan “promovería el mayor despliegue estatal para fortalecer las estrategias de prevención de la violencia y derrotar la criminalidad”, además de “garantizar el control territorial del Estado mediante el uso de inteligencia policial e investigación científica de los crímenes”. Si bien la prevención ha hecho parte de las últimas propuestas de seguridad del FMLN, el partido parece estar promoviendo otra vez las estrategias de seguridad de mano dura y la militarización de la policía. Durante años, las autoridades han redoblado las medidas de seguridad extraordinarias contra las pandillas del país, no solo bajo la administración del actual presidente Sánchez Cerén, sino también durante las administraciones anteriores a él. Pero aunque los funcionarios han señalado que es gracias a estas medidas que se ha logrado disminuir las tasas de homicidio del país, resaltando los supuestos avances en materia de seguridad, la inseguridad sigue siendo constante y lo más probable es que otros factores complejos estén contribuyendo a la disminución de la violencia. Recientemente, el mismo Martínez admitió en un debate que “se han hecho avances, pero no han sido suficientes”. Sin embargo, parece que él y su partido —que han hecho acuerdos con las pandillas para influir en otras elecciones presidenciales en el pasado—­­ carecen de propuestas claras para hacer frente a las pandillas de El Salvador o a los problemas de seguridad recientes o de vieja data, a pesar de que se ha dicho que esta debería ser “una prioridad” de su administración.

Nayib Bukele, el opositor favorito de GANA

Las encuestas recientes indican que Nayib Bukele, exintegrante del FMLN y exalcalde de San Salvador, continúa liderando la contienda presidencial e incluso podría obtener una victoria rotunda, como representante del partido de oposición Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). En materia de seguridad pública, la plataforma de Bukele se centra sobre todo en la prevención y en la búsqueda de nuevas formas de mejorar la capacidad de las fuerzas de seguridad mediante el uso de tecnología. Bukele propone que la policía nacional y las fuerzas armadas de El Salvador ayuden a diseñar e implementar programas de intervención en escuelas diseñadas para establecer prácticas de lucha contra la violencia. El aspirante presidencial también propone, entre otras cosas, establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil para reducir las condiciones que causan la violencia y la marginación e incrementan los factores de riesgo. “El problema con los grupos criminales que atacan a las fuerzas de seguridad es que no pueden ser tratados exclusivamente desde una óptica de lucha contra el crimen, ya que es un problema social en el que la falta de oportunidades y opciones de vida comienza a producir un círculo vicioso de pobreza, delincuencia y violencia”, se lee en el plan de Bukele.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de la MS13 Además de la prevención, Bukele propone aumentar la capacidad técnica de la policía nacional y crear un plan de protección fronteriza contra el narcotráfico transnacional, coordinado por varias instituciones de seguridad. La llamada región del Triángulo Norte de Centroamérica se ha vuelto cada vez más importante como punto de trasbordo de los cargamentos de drogas procedentes de Suramérica, dado el auge en la producción de cocaína. Sin embargo, los grupos criminales han demostrado su capacidad de burlar a las autoridades y a su alta tecnología mediante técnicas elementales, como el uso de los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). Bukele también propone la creación de una comisión con respaldo internacional contra la impunidad y la corrupción en El Salvador, similar a los organismos contra la corrupción en los países vecinos, Guatemala y Honduras, que han logrado enviar a prisión a un expresidente y una vicepresidenta, y han investigado la presunta criminalidad de otros poderosos miembros de las élites. Sin embargo, quedan serias dudas acerca de la capacidad de Bukele para hacer frente a las pandillas y a la inseguridad en el país, especialmente mediante una comisión de lucha contra la corrupción. Durante su periodo como alcalde de San Salvador, por ejemplo, Bukele hizo tratos con las pandillas y prometió darles beneficios a cambio de que “proporcionaran seguridad y permitieran el acceso a los territorios bajo su control durante las actividades de campaña”. Esta y otras acciones cuestionables lo pondrían directamente en la mira de dicha comisión.

Carlos Calleja, el opositor de derecha de ARENA

En contravía de las campañas que el partido político de extrema derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ha adelantado anteriormente en cuanto a seguridad ciudadana (como la de plantear el Plan de Mano Dura en 2003), las propuestas de seguridad del candidato presidencial Carlos Calleja se enfocan principalmente en la prevención, en lugar de las medidas represivas para impedir la expansión del crimen y la violencia. “Es importante señalar que lo que se ha hecho hasta el momento no ha funcionado; tenemos que buscar una solución definitiva, una visión integral […] y ejecutar más programas preventivos”, dijo Calleja durante un debate recientemente. En parte, Calleja ha prometido continuar apoyando el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), que fue creado en 2014 para promover el diálogo y llegar a acuerdos sobre las políticas públicas relacionadas con las seguridad ciudadana. En cuanto al desmantelamiento de las estructuras criminales del país, Calleja ha prometido coordinar los servicios públicos y las políticas sociales, además de mejorar la rendición de cuentas al interior de la policía nacional, reestructurar la institución y asignar más recursos para la formación, las capacidades forenses y la inteligencia policial. Reformar la policía salvadoreña —en la que en años recientes han abundado los asesinatos extrajudiciales, las violaciones a los derechos humanos y los escuadrones de la muerte— es una tarea primordial, pero los planes para lograrlo se han quedado cortos. ARENA y sus integrantes han tenido dudosas relaciones con las pandillas durante las campañas electorales anteriores, lo que pone en duda la promesa del partido de enfrentar de manera efectiva uno de los principales factores causantes de inseguridad. En 2014, el alcalde de San Salvador, afiliado al partido ARENA, le dio a la MS13 decenas de miles de dólares a cambio de que apoyara al candidato presidencial del partido en ese momento.

Aumentan las extorsiones y los ataques a buses en Guatemala

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Aunque la violencia ha disminuido en Guatemala, los recientes ataques a autobuses demuestran que el transporte público sigue siendo blanco de las pandillas, las cuales han incrementado sus cobros extorsivos, a la vez que grupos más pequeños han entrado en escena. En efecto, la semana pasada, un robo a un autobús en Ciudad de Guatemala terminó en un tiroteo, tras el cual murió uno de los dos asaltantes, mientras que el otro resultó herido. En otro incidente, se presentaron disparos dentro de un autobús, lo que le produjo heridas al conductor y a un pasajero, según informó Prensa Libre. Además, siete personas resultaron heridas cuando una bomba de fabricación casera estalló en una parada de autobuses. Las autoridades dijeron que el ataque, llevado a cabo por una mujer de 19 años que perdió ambos brazos como resultado de la explosión, estaba relacionado con cobros de extorsiones. Después de dicho ataque con bomba, Prensa Libre consultó a los conductores de Ciudad de Guatemala, quienes dijeron que las extorsiones exigidas por las pandillas han aumentado en los últimos dos años, pues ahora hay más “clicas” (o subgrupos de pandillas) que exigen pagos por cruzar áreas en los territorios bajo su control. Antes los conductores tenían que hacerles pagos solamente a las pandillas grandes: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Gran parte de los actos violentos se presentan en las mismas rutas del centro de la capital o en sus alrededores.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Guatemala En las primeras dos semanas de 2019, ocho personas murieron en el transporte público, entre ellas, según Prensa Libre, el conductor de un mototaxi, quien murió después de que su pasajero le disparara. La violencia en el transporte público no es un fenómeno nuevo. Entre 2010 y 2017, en dichos ataques han muerto más de 2.000 personas, incluyendo conductores de bus y taxi, ayudantes de autobús (conocidos como “brochas”), pasajeros y dueños de los servicios de transporte. El año pasado murieron otras 200 personas en este tipo de actos violentos.

Análisis de InSight Crime

A pesar de que en Guatemala se ha presentado una reducción de los homicidios en los últimos años, la violencia contra el transporte público ha continuado, cobrando la vida de pasajeros y haciendo que el trabajo de conductor en el país sea uno de los más peligrosos del mundo. Ya incluso en 2011, InSight Crime llevó a cabo una investigación en la que se señalaba cómo la deficiente regulación de unos US$35 millones en subsidios del gobierno a las empresas de autobuses —subsidios sin los cuales la mayoría de guatemaltecos no podría viajar en autobús— condujo a la extorsión de las empresas por parte de las pandillas. Se creía que los “brochas”, que a menudo tienen vínculos con las pandillas, les avisaban a los líderes de estas sobre la existencia de dinero extra. Cuando los operadores de las compañías se negaban a pagar, sus conductores eran amenazados o asesinados.       VEA TAMBIÉN: InDepth: Cobertura sobre la extorsión Por otra parte, la respuesta del gobierno de Guatemala para ofrecer seguridad en el transporte mediante la creación de un sistema central de autobuses con pagos electrónicos estuvo invadida de corrupción. Para dicho sistema se tenían previstos unos 3.150 vehículos, pero solamente se importaron 455. Los lectores de tarjetas quedaron intactos en una bodega. Las autoridades han intentado proporcionar patrullajes adicionales en las rutas de autobuses cuando surgen actos violentos, pero es casi imposible vigilar la caótica flota de unos 3.000 autobuses de servicio público. Otras formas de transporte, como los microbuses, taxis y colectivos, también han sido objeto de las redes de extorsión. Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, le dijo a InSight Crime que los ataques de las pandillas se han vuelto más violentos a medida que ha aumentado la cantidad de clicas que cobran extorsiones. “Cada clica está haciendo sus propios cobros”, dijo. “Esto aumenta el peligro no solo para los conductores sino también para los pasajeros”. La respuesta del gobierno ante la violencia siempre es “reactiva”, señaló. Sin embargo, las desordenadas y deterioradas condiciones del sistema de transporte público de Guatemala han propiciado las condiciones perfectas para que el crimen prospere. “Se carece de controles”, afirmó Guerra, quien agregó que existe poca voluntad política para reformar el sistema, lo cual requeriría una cuantiosa inversión, así como la cooperación de varias instituciones del gobierno. Las extorsiones al transporte público generan pérdidas por casi US$40 millones (300 millones de quetzales), señaló Guerra, con base en una encuesta que se les realizó en 2015 a los trabajadores. Con esa cantidad de dinero en juego, las pandillas continuarán sembrando el terror, y el sistema de transporte continuará en jaque. “La tasa de homicidios ha disminuido”, dijo. “Pero los ataques y amenazas en el transporte público han aumentado. Los conductores y otros trabajadores del transporte prefieren pagar las extorsiones a morir”.

Jeannette Aguilar: “Las mafias políticas han empoderado a las pandillas en El Salvador”

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La tasa de homicidios en El Salvador se ha disparado en la víspera de las elecciones presidenciales de 2019, después de que las autoridades de la nación centroamericana vieron una reducción sustancial de los asesinatos en 2018. Esto generó importantes preguntas sobre el papel de las pandillas del país en el proceso electoral, y las estrategias del gobierno para combatirlas. Después de cerrar 2018 con una tasa de homicidios de 51 por cada 100,000 ciudadanos, la mitad de lo que fue en algunos de los años más violentos del país en 2015 y 2016, las autoridades registraron más de 200 homicidios en los primeros 20 días de 2019, incluido policías. Jeannette Aguilar es investigadora en temas de seguridad ciudadana en El Salvador y exdirectora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (IUDOP-UCA), uno de los centros de estudios sociales y estadísticos más respetados en El Salvador. En esta entrevista con InSight Crime evalúa el reciente repunte de los homicidios en el país, que las autoridades atribuyen a la MS13.  InSight Crime (IC): ¿A qué atribuye el repunte reciente en homicidios? Jeannette Aguilar (JA): Es difícil agotar las explicaciones a los repuntes o caídas abruptas dada la complejidad de la violencia letal en El Salvador y los diferentes actores que protagonizan este tipo de violencia. Creo que en el alza registrada en enero pueden estar convergiendo varios factores: un aumento de ejecuciones por parte de grupos de exterminio, principalmente policiales, que parecen estar arreciando sus acciones en estos últimos días, la respuesta de las pandillas a esta violencia y el contexto preelectoral. La historia reciente muestra que contextos preelectorales, sobre todo en el mes antes de los comicios, suele producirse un incremento atípico de muertes violentas, que ha estado asociado a los pactos de partidos de oposición con grupos de pandillas para afectar políticamente al adversario. En este caso, habrá que investigar los posibles pactos que Arena y GANA-Nuevas Ideas (los dos principales partidos de oposición) han efectuado con las pandillas de cara a las elecciones 2019.

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Adicionalmente, las negociaciones que también ha hecho en los últimos años el partido oficial con pandillas en contextos electorales facilitan un entorno de mayor confrontación entre miembros de las diversas estructuras que se encuentran al servicio de diversos partidos. Las pandillas, por su cuenta, también han emprendido en los últimos años estrategias para golpear la imagen del gobierno, entre ellas aumentar los muertos, y obviamente en períodos de elecciones ellos saben que esto tiene un mayor costo político para el partido oficial. IC: ¿Qué tan importante es en esta ecuación el tema de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública, sobre todo a la Policía? JA: Creo que la hipótesis del aumento de acciones por parte de grupos de exterminio en contra de pandilleros o supuestos pandilleros no hay que descartarla para entender el escenario actual. Hasta ahora no sabemos cuál es el peso que el accionar de estas estructuras tiene en las muertes violentas a escala nacional. En mi opinión, estas muertes están cobrando cada vez más peso en el dato nacional. En el caso de los homicidios registrados en lo que va del año, según la propia policial, más del 70% de las víctimas de muertes violentas registradas son pandilleros o personas vinculadas a estos grupos. Las estructuras de exterminio policial están modificando continuamente su modus operandi. Parece que ahora están ejecutando al estilo de los escuadrones de la muerte: llegan de noche a sacar a las víctimas, las ejecutan y/o desaparecen sus cuerpos.

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El episodio del arma especial conocida como mata policías, de uso exclusivo de la Fuerza Armada, que le fue encontrada a un pandillero el 30 de diciembre, detonó una alerta y un nuevo llamado en las redes informales de comunicación de policías a eliminar estas estructuras. Paralelo a ello y en estas lógicas de las cadenas de venganza, tenemos en los primeros días de enero un aumento de asesinatos de policías. IC: ¿No es contradictoria esa lectura del gobierno con declaraciones recientes en las que, al hablar de las bajas de homicidios, aseguraban que los planes de seguridad habían logrado detener la letalidad de las pandillas? JA: Creo que en los últimos años la gran paradoja de la política de seguridad, al ser diseñada bajo un esquema de guerra, es que ha reducido las muertes producidas por pandilleros, pero ha propiciado las condiciones para el aumento de muertes de pandilleros, familiares, supuestos pandilleros y colaboradores, y ha generado otras dinámicas de conflictividad que están aumentado la violencia en las comunidades. IC: ¿Es relevante que esto ocurra a pocas semanas de las elecciones presidenciales?  JA: Lo es desde mi punto de vista lo es porque esto muestra, por un lado, el rol cada vez más relevante que los actores ilegales y el uso instrumental de la violencia tienen en procesos tan sensibles para la gobernabilidad del país, como las elecciones. Esto, a su vez, es una consecuencia del empoderamiento político que las mafias de los partidos políticos han propiciado entre las pandillas, al instrumentalizar sin escrúpulos para fines electoreros la violencia que producen estas estructuras. La participación de las pandillas en acciones para afectar el proceso electoral o a determinados partidos, muestra que lejos de estar debilitadas como ha señalado el gobierno, estas organizaciones se estarían configurando cada vez como actores imprescindibles para la preservación de un sistema político corrupto y clientelar. IC: ¿Es el repunto de enero significativo en términos estadísticos? JA: Si se llega a configurar en un patrón o tendencia que prevalezca por varios meses, estaríamos triplicando los promedios diarios de muertes violentas de 2018 y acercándonos al comportamiento que registró el 2015. *La transcripción de la entrevista fue editada para mayor claridad y brevedad.    

¿Quién enseñó política a las maras?

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Los primeros pandilleros de la Mara Salvatrucha-13 y del Barrio 18 llegaron a El Salvador deportados de Estados Unidos a finales de los 80 (algunos todavía alcanzaron a pelear en la guerra civil). Encontraron un territorio fecundísimo para hacer prosperar sus organizaciones, reclutaron a una generación de adolescentes que ya no vibraban con los signos de la guerra fría y que no tenían razones para pensar que el futuro les tuviera alguna buena promesa. Consiguieron echar raíces profundas entre los marginados y se hicieron muy pronto con el control de calles, plazas y barrios enteros. El 23 de julio del año 2003, expresidente Francicso Flores convirtió las pandillas en el problema central de seguridad pública, y muy rápido comprendió —e hizo comprender a otros— la utilidad política de las pandillas y los efectos inmediatos en términos de popularidad que producían cuando se las pronunciaba en discursos. La estrategia de Flores dio resultado. El público aplaudió al primer presidente que encaraba a las pandillas y les daba su merecido, ordenando que los policías los arrestaran en masa, incluso por su mera apariencia. A quienes padecían a las pandillas le dio igual que la llamada “Ley antimaras”, propuesta por Flores, fuera inconstitucional. El plan “Mano Dura” cumplió su objetivo: revivió a un presidente y puso su partido de nuevo en la ruta de la victoria electoral. Del 23 de julio de 2003 al 30 de agosto de 2004, la Policía Nacional Civil reportó la captura de 19,275 supuestos pandilleros. De esos, el 91 % (17,540) fueron liberados casi de inmediato, cuando los jueces no encontraron ningún motivo para retenerlos. Solo el 5 % de todas esas capturas pasó a juicio.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de El Faro. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Su sucesor en la Presidencia, Elías Antonio Saca, también de Arena, demostró ser un hombre que aprende rápido y de inmediato —el 30 de agosto de 2004, tres meses después de asumir la Presidencia— lanzó su propio plan, cuyo propósito era subirse en la exitosa ola de marketing producida por el plan Mano Dura, al punto de que sus publicistas no hicieron más que agregarle la palabra “súper”. Para evitar los desgastantes y mortales motines y batallas campales en las cárceles, el gobierno de Saca designó oficialmente, el 2 de septiembre de 2004, el penal de Ciudad Barrios y el de Quezaltepeque para uso de la Mara Salvatrucha 13, y las cárceles de Chalatenango y Cojutepeque para el Barrio 18. Usar las “maras” —y el miedo a las maras— como combustible político dio como resultado leyes encaminadas a apresar a más pandilleros, leyes encaminadas a detener por más años a los pandilleros y cárceles asignadas exclusivamente a cada pandilla. Quizá en un primer vistazo no lo aparente, pero en medio de esas decisiones había lecciones sobre política que los barrios sí supieron leer. *** Fue en esos años —del 2003 al 2006— cuando las pandillas construyeron las bases para convertirse en las organizaciones que son hoy: cambiaron incluso su apariencia estridente, dejaron de lucir como la Policía esperaba que lucieran; solidificaron y ampliaron su control territorial y se asumieron como lo que el Estado les dijo que eran: sofisticadas organizaciones criminales. Crearon jerarquías, estructura interna y perfeccionaron mecanismos para obtener y administrar dinero. Según datos oficiales de la Fiscalía General de la República, en 2003 esa institución inició la investigación de 467 casos de extorsión pandillera en todo el año, motivados por denuncias ciudadanas, reportes policiales y actuaciones de oficio. Tres años después, la cifra de investigaciones por este delito se había multiplicado por siete: 3,161.  Aunque asumamos —como lo ha sugerido la propia Fiscalía— que esa cifra es solo la punta de un iceberg que esconde un enorme subregistro, habla con elocuencia de la forma sistemática y viral en que las pandillas descubrieron la extorsión como mecanismo de financiamiento y la convirtieron, si es que cabe la expresión, en la forma “institucional” de obtener dinero. La primera década del siglo XXI estuvo marcada por una febril lucha entre el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha-13 por expandir sus territories. Los homicidios pasaron de 2,344 en 2002 —antes del plan Mano Dura y todo su montaje mediático— a 4,380 en 2006, cuando se encontraba ya enteramente consolidada la separación de las pandillas en cárceles y sus efectos en las calles. La medida oficial que de forma más determinante hizo evolucionar esas organizaciones y propició la sofisticación de su estructura interna, la decisión que está en la base de todas las transformaciones mencionadas hasta este punto, fue haber otorgado cárceles exclusivas a cada pandilla. Antes de que el Estado asignara prisiones completas a la MS-13 y al Barrio 18, la mayor parte de las penitenciarías tenían ya divisiones físicas para aislar a los miembros de cada barrio. Pero con el tiempo, las dos organizaciones —que acabaron siendo tres, con la ruptura de la pandilla 18—  designaron a sus líderes dentro de las cárceles y les entregaron poder sobre los pandilleros libres bajo una lógica que habían aprendido en las cárceles de California: todos los miembros del mundo criminal asumen que tarde o temprano terminarán en una cárcel, y una vez dentro es mejor estar rodeado de amigos que de enemigos. Con un agravante extra: si eras un pandillero que había desobedecido a los líderes encarcelados y la Policía te capturaba, sabías que no terminarías en cualquier cárcel, sino precisamente en aquellas controladas por las personas a las que agraviaste… y que pagarías el precio. De pronto, las pandillas se encontraron con espacios exclusivos, libres de enemigos, desde el que emanaba autoridad sobre las calles y en el que era posible establecer comunicación con todo el país. *** Antonio Saca terminó su período presidencial en 2009. Ese fue un año histórico: por primera vez asumía la Presidencia de la República un partido de izquierda, el FMLN, que coronó con éxito su estrategia de llevar como candidato a un outsider sin pasado político: el experiodista Mauricio Funes. Ese año, también fue histórico en otro sentido: El Salvador se convirtió en el país más homicida de todo el hemisferio; se alcanzó una tasa récord de asesinatos, que llegó a una insólita tasa de 71 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, no fue hasta el año siguiente, 2010, cuando las pandillas dieron muestras evidentes de una sofisticación política que venía siendo madurada durante más de un lustro: el 20 de junio de ese año, la facción Revolucionarios del Barrio 18 incendió y ametralló un microbús lleno de civiles. 17 personas fueron calcinadas vivas en el centro del municipio de Mejicanos. El crimen horrorizó al país y supuso un nuevo y aterrador peldaño en la calidad de la violencia pandillera. El presidente Mauricio Funes —con apenas un año en el poder— tuvo que dar muestras de fortaleza y recurrió a las mismas estrategias que sus predecesores: leyes al estilo Mano Dura y una enorme inversión en publicidad. Las pandillas se lo tomaron en serio, creyeron al presidente cuando dijo que esta ley las pondría en jaque, y decidieron huir para adelante, doblando la apuesta. El 6 de septiembre, unos días después de que la Asamblea Legislativa aprobara la ley, la Mara Salvatrucha-13 y las dos facciones del Barrio 18 enviaron su primer gran mensaje oficial al gobierno: ordenaron un paro al transporte público y amenazaron de muerte a los empresarios de buses y microbuses que desobedecieran la orden. El paro inmovilizó aproximadamente al 60 % del transporte público a nivel nacional durante dos días, según las gremiales de transportistas. La Cámara de Comercio aseguró que la actividad comercial en las principales ciudades del país disminuyó un 40 %, produciendo pérdidas de 24 millones de dólares. El Gobierno sacó a las calles a 2,000 soldados para reforzar a los 3,500 que ya estaban prestando labores de seguridad pública. Salieron a la calle tanquetas de guerra, con cañones y ametralladoras pesadas. Las pandillas hicieron un gesto poderoso. El ministro de la Defensa Nacional, el general de división David Munguía Payés, cobró en esos días una gran notoriedad “Las pandillas quieren asustar a la población, mostrar su fuerza. Un Gobierno democrático, como el nuestro, no puede negociar con organizaciones criminales”, dijo el general Munguía Payés, burlándose de la propuesta de diálogo hecha por las pandillas. *** El 14 de marzo de 2012, El Faro revelaba una negociación secreta entre el gobierno del presidente Funes y las tres principales pandillas del país: había sacado de la cárcel de máxima seguridad a las cúpulas pandilleras y las había trasladado a prisiones comunes, controladas por sus estructuras. A cambio, los líderes debían imponer una tregua a sus organizaciones, con el fin de desplomar los asesinatos. Meses atrás, y producto de una serie de intrigas políticas, el presidente Funes había decidido cambiar a su gabinete de seguridad pública, removió a un ministro que era miembro orgánico del FMLN y colocó en su lugar a un aliado y amigo de mucha confianza: el general de división David Munguía Payés. El general Munguía Payés prometió que reduciría los homicidios en un 30 % en solo un año. El presidente Funes aprobó el arriesgado experimento a condición de que se mantuviera en secreto y de que no se hiciera a través de enlaces oficiales. El general Munguía Payés envió a su hombre de confianza, Raúl Mijango, y al obispo castrense Fabio Colindres a sondear las pandillas. En muy pocas semanas, los emisarios de la administración Funes consiguieron reunir a las cúpulas de las tres pandillas en una sola mesa de diálogo, elaborar un documento con el compromiso de cesar los homicidios y abrir el camino para establecer una negociación con las autoridades. Los líderes fueron trasladados a prisiones comunes y tomaron control pleno de sus estructuras. Las cúpulas dieron una muestra de su enorme autoridad, desplomando los asesinatos de la noche a la mañana en un 60 %. El Salvador dejó ese año, 2012, el podio de los países más violentos del mundo. Cuando El Faro descubrió el acuerdo, las autoridades decidieron mentir y negar que hubiera un trato con las pandillas. En pocas semanas, gracias a la Tregua, los pandilleros pasaron de ser villanos innombrables a dar conferencias de prensa en conjunto, a emitir comunicados, a declarar las escuelas como zonas de paz, a alardear de respeto hacia la mujer, a hacer llamados a la nación, a reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, a participar en reuniones de concejos municipales, a protagonizar actos públicos —con cuerpo diplomático presente— para entregar armas. Todo eso era necesario como precondición para establecer una mesa de diálogo formal con las pandillas, pero esa mesa jamás llegó a ocurrir. La sociedad salvadoreña jamás vio con buenos ojos las aproximaciones de sus autoridades con las pandillas, y el presidente Funes decidió dejar naufragar la Tregua de cara a las elecciones presidenciales de 2014. El experimento duró 15 meses en que los homicidios se desplomaron, permitiendo que el país alcanzara una tasa de 39.4 por cada 100,000 habitantes al finalizar 2013. Pero en plena campaña electoral, los partidos de oposición —conscientes de la escasa popularidad del experimento— usaron la Tregua como arma arrojadiza contra el partido oficial, y este se distanció del proceso. *** Cuando la Tregua se fue al traste, las pandillas mantuvieron mecanismos fluidos de diálogo: las dos facciones del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha-13 crearon una especie de comité que siguió teniendo encuentros con iglesias, oenegés, diplomáticos y periodistas. Pero aunque redujeron los asesinatos durante la Tregua, jamás dejaron de extorsionar y de ampliar el rango de sus extorsiones: desde una pequeña tienda hasta transnacionales como la Coca-Cola. Las pandillas continuaron pidiendo en público que el diálogo se reanudara. Incrementaron violentamente los homicidios durante algunos días, como recordatorio de las consecuencias de ignorarlos; y los bajaron nuevamente, como recordatorio de su poder. Pero a medida que se acercaban las elecciones presidenciales de febrero de 2014, las posibilidades de reanudar el diálogo se esfumaban. Todos los partidos, incluido el FMLN, abjuraron del proceso y abominaron —en público— la idea de negociar con las pandillas. Por eso, aquel líder pandillero del que se habló al inicio de este artículo se sorprendió tanto cuando fue convocado por el diputado Benito Lara para iniciar un diálogo directo entre el partido oficial y las pandillas. El diálogo que proponía Lara —que terminó siendo ministro de Seguridad Pública— no tenía que ver con la reducción de los homicidios ni con la de ningún otro delito. Quería que las pandillas les ayudaran a ganar elecciones, a movilizar nuevos votantes y a intimidar a los votantes contrarios. Los barrios actuaron como una sola fuerza: discutieron el asunto en conjunto, pidieron asesoría de Raúl Mijango y juntos decidieron poner precio a su trabajo. Según las versiones de pandilleros que participaron en esos encuentros, al FMLN en total le cobraron $250,000 por hacer de agentes de campaña, más la promesa de reanudar el diálogo si conseguían la Presidencia. Pero algo habían aprendido las pandillas sobre realpolitik, y grabaron aquellos encuentros. Una parte de los videos que fueron filmados durante esas reuniones terminaron viendo la luz como mecanismo de venganza o de chantaje de las pandillas. Con el tiempo, Arena se enteró de las negociaciones secretas de sus adversarios políticos, y decidió hacer lo propio. Convocaron su propia reunión secreta. Prometió remover el régimen de máxima seguridad, les consultó su opinión sobre quién debería ser nombrado ministro de Seguridad Pública y les prometió abrir canales de diálogo si ganaban las elecciones. También pagaron 100,000 dólares como anzuelo, según la información recabada por la Fiscalía, y la versión de pandilleros que estuvieron ahí. Finalmente, los pandilleros se decidieron por el FMLN —o al menos eso sostienen—. Lo hicieron, en parte, espantados por la campaña arenera, que condenó la Tregua y que insinuaba una y otra vez que con los mareros había que hacer “lo que había que hacer”. El partido oficial volvió a ganar las elecciones presidenciales y convirtió en presidente de la República al único miembro de la comandancia general de la exguerrilla que todavía sigue en sus filas: Salvador Sánchez Cerén. Acto seguido, el FMLN traicionó a los barrios. Benito Lara se convirtió en ministro de Seguridad Pública; Arístides Valencia, en el de Gobernación. El nuevo Gobierno suspendió todo canal de diálogo. El presidente Sánchez Cerén asumió el poder en junio de 2014. En enero de 2015, ordenó regresar al régimen de máxima seguridad ranflas y anunció su propia y reforzada versión del Plan Mano Dura. Para las pandillas, más de lo mismo: operativos policiales más agresivos, condiciones carcelarias más severas y la promesa de jamás, nunca, establecer ningún tipo de diálogo. *** En 2015 ocurrió además algo que parecía imposible: El Salvador superó su propio récord de homicidios, y alcanzó una tenebrosa tasa de tres dígitos: 103 asesinatos por cada 100,000 habitantes. El Salvador se convirtió en el país más homicida del mundo, con la excepción de algunos pocos países en guerra abierta. El Gobierno del presidente Sánchez Cerén relajó los controles internos de la Policía hasta casi hacerlos desaparecer, y acuerpó políticamente a los agentes señalados de cometer abusos o ejecuciones extrajudiciales. A partir de 2015, se fueron acumulando las denuncias periodísticas, los informes de organismos de derechos humanos e incluso la condena de las Naciones Unidas frente a la nueva estrategia manodurista del FMLN. En 2014, la Policía aseguró haber matado a 103 pandilleros en supuestos enfrentamientos armados. En 2015, mató a 406; y un año después, a 591. La proporción de pandilleros asesinados con respecto a la de heridos superaba todas las lógicas admisibles en una tasa de letalidad bajo condiciones reales de enfrentamientos armados. Al uso desmedido de la fuerza policial, las pandillas respondieron convirtiendo a los agentes de la ley y a sus familias en objetivos directos de su violencia: entre 2015 y 2016, las pandillas asesinaron a 110 policías, a 47 soldados y a un número indeterminado de familiares de unos y otros; realizaron atentados, atacaron delegaciones policiales y guarniciones castrenses. Se abrió una cadena de venganzas entre criminales y policías que amenazó con desdibujar la diferencia entre unos y otros, y cuyos efectos colindaban peligrosamente con la palabra guerra. Las pandillas consiguieron sostener un pulso directo con el Estado. En julio de 2015, volvieron a repetir la humillación de paralizar el transporte público durante casi una semana, mientras el Gobierno se enredaba en su propio desconcierto y evidenciaba su incapacidad de responder al golpe. En suma, a unas estructuras cuya evolución había estado a cocción rápida, se les agregó un elemento subversivo: la transformación de la dirección de la violencia. Durante décadas, las pandillas guerrearon entre ellas en más de un país. Su poder convivió con el poder del Estado sin entrar en conflicto directo, cogobernaron comunidades, barrios, municipios, el país entero, sin que el poder y la presencia de uno fuera un obstáculo real para el ejercicio del poder del otro. Las pandillas definían su identidad a través de una guerra con sus pares, que les dotaba de instrumentos para medir la valía y el arrojo de sus miembros, y consolidaba su sentido de pertenencia y lealtad. Pero ahora entendían al Estado como enemigo común, se entendían a sí mismas como adversarias bélicas del Gobierno y de sus agentes. *Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de El Faro. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Pandillas y estrategias de prevención en Centroamérica: ¿una batalla perdida frente a indiferencia estatal?

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Dadas la migración masiva de personas que huyen de la violencia y los asesinatos, y el evidente fracaso de las políticas represivas en el Triángulo Norte, los programas de prevención y rehabilitación frente al problema de las pandillas parecen ser la mejor solución. Pero su impacto seguirá siendo limitado a menos que los gobiernos inviertan tiempo y recursos en estrategias más eficaces y a largo plazo. “Había un muchacho al que llamaban ‘Chucky’. Empezamos a invitarlo a varios programas. Pero parecía que venía más para ver lo que estábamos haciendo, tomar fotos y grabar audios y videos”, dice Juan Alberto Sánchez, coordinador de seguridad de la policía municipal de Villa Nueva, recordando la historia del niño de 13 años y el centro juvenil comunitario El Éxodo mientras recorremos el violento barrio Zona 12 en las afueras de Ciudad de Guatemala. “Nosotros se lo permitíamos y le preguntábamos ‘¿por qué nos filmas?’, a la vez que lo reteníamos y tratábamos de involucrarlo en las actividades [del centro juvenil]. Logramos que participara en las actividades recreativas […]  pero para él era complicado participar activamente porque ya había empezado a involucrarse [con la pandilla]”. Como agente de la policía comunitaria, Sánchez hace parte de una estrategia de prevención del problema de las pandillas implementada por las autoridades locales con el fin de alejar de las pandillas a los niños de la comunidad ofreciéndoles alternativas, como actividades culturales. Pero no fue suficiente para Chucky. El muchacho ascendió rápidamente en la jerarquía de la pandilla Barrio 18, lo cual no le dejaba tiempo para nada más.

Graffiti de los niños del sector en el patio del centro comunitario El Éxodo, en Villa Nueva

“A medida que ascendía en la jerarquía, Chucky se volvía cada vez más agresivo […] Era interesante ver que a veces como que se desconectaba, y de repente tenía que hacer algo, tenía que cumplir algún deber y nos decía ‘tengo que irme’. “Cuando cumplió los 17 años, nos enteramos de que había sido “brincado” (la ceremonia para convertirse en miembro de la pandilla como tal). Lo mandaban a recolectar dinero de la extorsión cuando salía de El Éxodo… y finalmente fue asesinado por su propia pandilla”.

La premisa de la prevención

En el barrio Rivera Hernández de San Pedro Sula, Honduras, cada vez más extenso y asediado por la violencia, hay máquinas de gimnasio nuevas para los visitantes del “Centro de Alcance”, un centro de extensión comunitaria para los jóvenes del sector. El pastor Arnold, quien administra el centro, se refiere a este lugar como un oasis de seguridad, entrenamiento y recreación para los chicos. En 2013, Rivera Hernández era el barrio más violento de la ciudad más peligrosa del país con mayores niveles de homicidio en el mundo. La violencia, junto con la pobreza y la falta de oportunidades, lo convirtieron en una excelente fuente de reclutamiento para las pandillas.       VEA TAMBIÉN: Barrio pobre, barrio bravo: la violenta historia de Rivera Hernández, Honduras “Los jóvenes de por aquí no tienen nada que hacer, consumen drogas, roban […] tuvimos que proporcionarles un lugar donde pudieran relajarse y llevar a cabo actividades saludables”, explica Arnold.

Gimnasio del “Centro de Alcance” en Rivera Hernández

Durante años ha existido el consenso general de que estos programas, financiados por Estados Unidos, encargados de la prevención primaria —aquella dirigida a jóvenes en riesgo que aún no se han involucrado en las actividades de las pandillas— han tenido un impacto positivo. Rivera Hernández fue el primer barrio hondureño en tener este tipo de centro en 2009; actualmente hay 65 en todo el país, destinados a ofrecerles “un segundo hogar” a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. En el barrio Zona 12 de Villa Nueva, el agente de policía Sánchez insiste en que el trabajo de prevención local ha ayudado en parte a controlar la violencia de las pandillas. Las estrategias de prevención de la violencia también han sido exitosas en otros países. En Colombia, por ejemplo, las estrategias no represivas han sido reconocidas por su impacto en las pandillas callejeras. En Ecuador, las autoridades han llegado incluso a legalizar a las pandillas para reinsertar a sus miembros a la sociedad. Pero estas estrategias tienen limitaciones. La escasez de datos científicos sobre el impacto de los programas de prevención en Guatemala, El Salvador y Honduras hacen que las evaluaciones objetivas sean difíciles, cuando no imposibles. La fuerte politización que Estados Unidos ha impuesto al tema migratorio entorpece aún más el necesario debate científico. Además, este tipo de proyectospor lo general carecen de los recursos necesarios para abordar uno de los principales factores de riesgo para el reclutamiento de las pandillas: los hogares disfuncionales. “Son proyectos que funcionan hasta cierto punto”, dice Quique Godoy, ex vicealcalde de la Ciudad de Guatemala, quien también trabajó en USAID en el tema de la prevención. “Cuando regresan a casa, los chicos se encuentran con una madre soltera, que trabaja entre 18 y 20 horas al día para poder llegar a fin de mes… o bien tiene una pareja violenta… Eso los aleja de casa y los lleva buscar a alguien que les ofrezca protección… y allí están las pandillas”. El control que ejercen las pandillas en sus territorios hace que sea particularmente difícil llegar a un gran número de muchachos vulnerables, ya que no pueden cruzar fronteras invisibles sin poner sus vidas en peligro. Un exlíder de pandilla, entrevistado por InSight Crime a pocas cuadras del centro juvenil de Rivera Hernández, dijo que a los muchachos de su zona no se les permitía ir al centro.

Deficiencias institucionales y estructurales

El hecho de que las estrategias de prevención no logren resolver la crisis de seguridad en el Triángulo Norte no significa que deban dejarse de lado. Los niveles de homicidios en los tres países permanecen entre los más altos del mundo; el desplazamiento interno y la migración continúan creciendo debido a la violencia de las pandillas; hay creciente evidencia de violaciones de los derechos humanos por agentes del Estado, así como una preocupante sofisticación criminal de la Mara Salvatrucha (MS13). Los gobiernos centrales del Triángulo Norte parecen ser completamente indiferentes al potencial de las estrategias de prevención, lo que incluye la educación y la rehabilitación. Por el contrario, concentran todos sus esfuerzos y recursos en estrategias represivas. “El problema [del reclutamiento de las pandillas] inicia con los niños de 12 a 14 años”, le dijo a InSight Crime el exministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas. “Hay escuelas primarias por todas partes [del país], pero no hay escuelas secundarias”. Solo dos de cada 10 niños guatemaltecos asisten a la escuela secundaria, dijo el exministro, lo que les ofrece a las pandillas una formidable fuente de reclutamiento en áreas como Rivera Hernández o Villa Nueva. Además, falta atención a las mujeres, hay ausencia de programas de rehabilitación en las cárceles, la lista de problemas adicionales que generan la violencia de las pandillas parece interminable. Pero el potencial de estas estrategias de prevención no parece ser del interés de quienes están en el poder. Mientras continúen las estrategias represivas e inmediatistas, en lugar de los programas en múltiples frentes y a largo plazo, también continuará la violencia.

Para un informante, un camino azaroso a la justicia en El Salvador

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Aun en el mejor de los casos, hay pocos incentivos para hacerse testigo colaborador de la justicia en El Salvador. Y, como lo descubrió un testigo, la participación no garantiza que algo cambie. Ya estaba cansado. Las cosas llevaban así más de una década, y decidió que era la hora de dejar de quejarse solo con su familia y amigos cercanos de la extorsión sistemática que padecía su ruta de autobús por parte de las maras. Era el momento de presentar una denuncia formal ante la policía y la Fiscalía General. Su contacto inicial fue bueno, le dijo a InSight Crime después de acceder a hablar, siempre y cuando no reveláramos ni su identidad ni su nombre clave en el caso ni el caso en el que participó. Cualquier fragmento de esa información lo pondría en riesgo a él y a su familia. (Para corroborar su historia, InSight Crime tuvo acceso al expediente, a colegas en otras cooperativas de autobuses y a otras personas que participaron en la investigación). En esas primeras reuniones, les dio información valiosa a los detectives y fiscales, información con la que podían abrir un caso, y lo hicieron. La causa era contra un operador de autobuses y su pandilla, cómplice de extorsión y lavado de dinero. La acusación establece que el operador era el intermediario del jefe de la pandilla, quien extorsionaba de manera sistemática a los otros dueños de autobuses en la misma ruta.

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En cierto punto, el jefe de la pandilla comenzó a usar al interlocutor para conseguir autobuses para él y su familia. El operador de autobuses puso algunos de esos vehículos a su nombre, señala el expediente. Era un mecanismo bastante común, del tipo que evidenciaba cómo las pandillas habían pasado de ser rufianes callejeros a pequeñas mafias. Se han juzgado muchos casos similares. Con la cooperación del testigo, los fiscales pudieron escuchar llamadas telefónicas, obtuvieron registros financieros, y rastrearon propiedades del operador de autobuses, de su familia y del jefe de la banda. Establecieron que algunas de las órdenes de compra se habían falsificado para blanquear algunos de los ingresos por extorsión. Hallaron que el operador de autobuses compró varios vehículos y casas, una de las cuales se pagó en efectivo y se transformó en un motel. El informante se sentía tranquilo con los lugares donde se reunía con los funcionarios, en especial un edificio en el que podía hablar con relativa privacidad. Esa oficina está situada en un lugar donde las pandillas no tienen una presencia fuerte. Para intimidar a los informantes y descubrir quiénes son, se sabe que las pandillas envían personas que vigilen fuera de los edificios públicos, lugares en los que los testigos se entrevistan con detectives y fiscales. Las pandillas también han infiltrado las oficinas de la policía y las fiscalías, por lo que hablar en espacios abiertos con un investigador puede ser incómodo y peligroso. Estaba preocupado, por supuesto. El caso era contra una clica poderosa, que había tenido el control de esa ruta de autobuses por años. El jefe de la clica ya había sido acusado de participar en los homicidios de otras 58 personas, muchos de ellos porque el jefe y otros pandilleros sospechaban que servían como informantes contra la pandilla. También había sido acusado de “terrorismo” y delitos relacionados con narcotráfico. Para el juicio, el informante se iría por unos días y necesitaba una coartada para sus compañeros de la empresa de autobuses. Los fiscales le dijeron que podían ayudarle con una visa de turismo a Estados Unidos, pero al ver que se demoraba, preguntó si lo podían llevar a la frontera con Guatemala, o poner alguna especie de sello en su pasaporte. Eso nunca sucedió, y se preocupó.

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En vez de eso, por los días del juicio, lo llevaron a un hotel. El día antes de su testimonio, cuenta que lo recogieron y lo llevaron a una fiscalía. El auto no tenía vidrios polarizados, lo cual le molestó. En la oficina, hicieron una simulación para prepararlo para la audiencia. El fiscal gritó, intentó ponerlo nervioso. Le recordó un programa de televisión. Al día siguiente, rindió testimonio. Llevó el rostro cubierto al ingresar, pero el juez y su secretario le vieron la cara. Eso también le produjo ansiedad. El caso avanzó, y sus temores aumentaron. Otros operadores y dueños de autobuses preguntaban por su ausencia. No tenía nada en el pasaporte, pero les dijo que había salido del país a un seminario. Uno de ellos le pidió el pasaporte, pero se las arregló para cambiar de tema y el colega pareció olvidarse del asunto. Entre tanto, se presentaron otros casos. Decidió, tal vez en contra de su buen juicio en ese punto, ayudar en dos casos de extorsión. Hay un tercer caso por homicidio, pero no está colaborando con ese, dice, porque no tiene información privilegiada. Y eso le preocupa. En total, se han necesitado casi tres años para que el caso original por extorsión se abra paso en el sistema. Al comienzo, se sentía esperanzado, incluso optimista. Además de su declaración, tienen testimonios de la policía y de un contador público. Tienen documentos en los que se muestra el lavado de dinero. Han interceptado llamadas telefónicas que evidencian la relación entre el operador de autobuses y el jefe de la pandilla. Pero el caso ha dado un mal giro. Aunque se espera un fallo en el caso en las próximas semanas, los acusados recibieron tobilleras y salieron de prisión. Eso es lo que más le angustia. Ilustración: Juan José Restrepo

‘Me siento defraudado’: Mediador de pandillas encarcelado en El Salvador

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El exguerrillero y excongresista Raúl Mijango se encuentra en la cárcel y podría pagar una pena de 20 años de prisión por el delito de extorsión —uno de los dos crímenes relacionados con el papel que desempeñó en la tregua entre pandillas en El Salvador— pero él no es precisamente un mártir. Tirado en una silla plástica de color negro, Raúl Mijango se ve agotado. Su piel ha adquirido una pálida tonalidad café, y su barriga, antes prominente, parece haberse desinflado bajo la camiseta blanca de la prisión. “Ya estoy viejo”, dice después de un día más en la corte, donde enfrenta acusaciones por su papel en una polémica tregua entre pandillas. “Me funciona solo el 30 por ciento de mis riñones. Tengo problemas severos de diabetes, tengo problemas de tiroides, tengo ulceraciones en el estómago, y últimamente, a raíz del problema de la diabetes, he perdido casi el 60 por ciento de la visión”. Aun así, Mijango permanece inalterable. “Yo siempre he dicho que quiero a este país, no sé si el país me quiere a mí”. Lo que es claro es que el Gobierno actual de El Salvador —conformado por sus antiguos camaradas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que ahora hacen parte del partido gobernante— no quiere a Mijango. El mismo día en que hablamos con él en el mes de septiembre, un montón de policías habían testificado en el más reciente caso contra él. En uno de esos casos, que aún no ha sido juzgado, se le acusa de homicidio. En este se le acusa a él y a 18 pandilleros de extorsionar a una compañía de producción y distribución de alimentos, llamada Arrocera San Francisco. En la acusación, los fiscales sostienen que Mijango participó en las negociaciones para establecer el esquema de extorsión, y que luego se benefició de él. Mijango dice que él sólo estaba tratando de implementar la segunda fase de la tregua: la eliminación gradual de la extorsión. “Esto es parte de toda una persecución política”, dijo.        VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de El Salvador Los desacuerdos de Mijango con el FMLN comenzaron hace dos décadas, cuando él inició una lucha de poder con el que actualmente es el núcleo del partido y conforma la actual administración. Mijango se retiró del partido, o quizá fue expulsado —todo depende de a quién se le pregunte—, luego obtuvo un escaño durante un período en el Congreso y se alineó con sus opositores ideológicos, entre los que se encontraba el general David Munguía Payés. Tras ser nombrado ministro de Seguridad, Munguía Payés, impulsado por su ambición política, encargó a Mijango y al capellán castrense, monseñor Fabio Colindres, de adelantar la tregua entre la Mara Salvatrucha (MS13) y las dos facciones de Barrio 18. Mijango y Colindres lograron que las partes llegaran a un acuerdo en marzo de 2012, e inmediatamente se empezó a observar una disminución en los homicidios, que pasaron de cerca de 14 a 6 al día, lo que le habría permitido a Munguía Payés aspirar a un puesto más alto. Pero adelantándose a los deseos de su promotor, Mijango tomó una decisión que puede llevarlo a pasar el resto de sus días en prisión: la de negociar tarifas de extorsión más bajas. “En algunos casos, muchos empresarios me buscaron y me dijeron: ‘Mire, por lo que usted ha abierto [disminuir la violencia] ¿qué posibilidades hay de que nos ayude?’”, dijo refiriéndose al período después de que la tregua se había implementado. “Y yo les dije: ‘mire, no hay acuerdo sobre esto, pero lo puedo plantear, y si se logra algún entendimiento, qué bueno’”. La acusación que implica a Arrocera San Francisco presenta una versión ligeramente diferente. En ella se lee que fue Mijango quien llamó a los representantes de la compañía y los invitó a una reunión en su oficina, donde negociaron con los líderes de las tres pandillas. Como resultado, hubo una disminución en los pagos, que pasaron de US$15.000 a US$6.000 por mes, y eran entregados en “arroz precocido, frijoles, aceite de cocina, pampers y otros”. Los productos eran dejados en diversos puntos de entrega, lo que aseguraba que los empleados de la compañía pasaran de manera segura por los territorios de las pandillas en todo el país, de modo que podían entregarles a sus clientes legítimos y a los líderes de las pandillas productos que estos podían revender al por mayor o al detal en el mercado central de San Salvador, así como en otros puntos de venta.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre la extorsión Según los fiscales, el crimen de Mijango consistió en facilitar estas acciones ilegales. Incluso promovió el uso de recibos para que las transacciones parecieran legales, en caso de que los transportistas de las pandillas fueran registrados por las autoridades, y ellos dicen que él se quedaba con parte de la mercancía. Mijango niega haber actuado mal y no se disculpa por sus acciones, pues afirma que hacían parte del intento de poner fin a la violencia y el crimen. Dice que la decisión de las pandillas de reducir las tarifas de extorsión fue una muestra de que estaban dispuestas a buscar una solución diferente, y que el Gobierno se está haciendo el de la oreja mocha al no reconocer que sabía cómo funcionaban las negociaciones con la pandilla. “El gobierno sabía exactamente todo lo que estaba sucediendo”, dijo. “¿Qué hace la Fiscalía? Todos los días negocia con los criminales, les da beneficios penitenciarios, económicos o lo que sea. ¿A cambio de qué?  De que le colaboren para esclarecer hechos delictivos. Y yo les decía: ‘Por qué no pueden llegar a un acuerdo de otra naturaleza, no para esclarecer hechos delictivos sino para evitar que siga habiendo violencia’, eso debería ser legítimo en este país”. La Fiscalía General trató de enjuiciar anteriormente a Mijango y a otras 17 personas por varios presuntos actos criminales cometidos durante la tregua, pero los sospechosos fueron absueltos en 2017. También es significativo que el obispo Colindres no esté siendo enjuiciado con Mijango, como tampoco lo está el general Munguía Payés, quien ahora es ministro de Defensa. Con el fin de facilitar la tregua, el Gobierno dio luz verde para el traslado de grandes cantidades de pandilleros presos, así como para pagos, supuestamente hechos bajo cuerda, a los líderes pandilleros por su participación. “Soy el perro más flaco de este volado”, dijo Mijango. La falta de transparencia durante las conversaciones con las pandillas levantó sospechas sobre el plan entre la gente. Aunque el Gobierno eventualmente invitó a la Organización de Estados Americanos para que le ayudara a consolidar el apoyo al proceso, el presidente Mauricio Funes nunca acogió plenamente la tregua ni trató de crear un marco legal a través del cual personas como Mijango pudieran tomar decisiones como las que tomó con respecto a Arrocera San Francisco. Mijango dice que percibió los defectos de la estrategia, pero que asumió los riesgos. “Yo no partía de que tenía ese respaldo”, dijo. “Partía de que tenía una idea que funcionaba, y que les iba a demostrar en el terreno que sí funcionaba, como ya se lo demostré. Si las otras partes no tuvieron la valentía suficiente para asumir sus responsabilidades, ese era su problema”. ¿Y cómo se siente Mijango ahora? “Me siento defraudado”. El veredicto sobre el juicio de Arrocera San Francisco está programado para este 12 de octubre. *El 12 de octubre, Raúl Mijango was sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión. Foto: Factum/Salvador Meléndez

¿Qué hay detrás de la reciente caída de los homicidios en El Salvador?

En septiembre pasado, los homicidios en El Salvador bajaron a números no vistos en el país centroamericano desde que se suscribiera la tregua entre las dos pandillas más grandes del país en 2012, pero persisten los interrogantes sobre qué estará motivando la disminución de la violencia. Las autoridades de El Salvador registraron 192 homicidios en septiembre de 2018, 57 por ciento menos que los 442 homicidios registrados en el mismo periodo de 2017, según un tuit publicado el 1 de octubre por el jefe de la Policía Nacional Civil (PNC) Howard Cotto. Septiembre ha sido el único mes que termina con menos de 200 homicidios desde el final de una controvertida tregua entre las pandillas MS13 y Barrio 18 en 2012, que dio lugar un desplome temporal de los homicidios en aquella época, según una nota de La Prensa Gráfica. La tregua terminó después de alrededor de dos años, en 2014, luego de que el entonces presidente Salvador Sánchez Cerén se negara a continuar las negociaciones con las pandillas y en lugar de ello reubicara poco después a algunos de los líderes pandilleros en una prisión de máxima seguridad. Las tasas de homicidios han exhibido una estabilidad relativa en 2018, pero los 2.560 homicidios registrados entre enero y septiembre marcaron un descenso de 11 por ciento con relación a los 2.889 homicidios registrados en el mismo periodo de tiempo en 2017, según Cotto.

(Gráfico cortesía de La Prensa Gráfica)

En el pasado el gobierno atribuyó los repuntes de la violencia a las pandillas del país, aunque nunca se esclareció dicha conexión. Tanto las pandillas como los organismos de seguridad del país han sido responsables de una parte del desangramiento del país en los últimos años. Pero las fuerzas de seguridad y los sospechosos de pertenecer a pandillas no son siempre los protagonistas de la violencia. En los primeros ocho meses de 2015, el 98 por ciento de las 3.828 víctimas de homicidios fueron civiles y no presuntos pandilleros ni miembros de los organismos de seguridad, según estadísticas de la Policía Nacional y del Instituto de Medicina Legal (IML) citadas por la BBC. El descenso en la tasa de homicidios en El Salvador es sin duda una evolución positiva, teniendo en cuenta que el país del Triángulo Norte suele clasificarse entre los más violentos de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, Cotto no explicó la causa de la reducción de los homicidios. A continuación, InSight Crime analiza tres razones que podrían ayudar a explicar esa caída.

1. Mayor sofisticación criminal

Una explicación de la baja de muertes violentas podría ser la mayor sofisticación entre las pandillas notoriamente violentas del país, ahora que las autoridades han redoblado las medidas extraordinarias contra estas, se han visto forzadas a incursionar en otras actividades criminales. “Lo que ha pasado es la consolidación del control de las pandillas en muchos lugares y comunidades, la sofisticación de las actividades criminales de las pandillas y el hecho de que las pandillas han pasado cada vez más a otras actividades diferentes a la extorsión”, comentó a InSight Crime en julio José Miguel Cruz, profesor de Florida International University, haciendo referencia a la caída de los homicidios desde 2015.

(Gráfico cortesía de La Prensa Gráfica)

De hecho, varios operativos recientes en El Salvador revelaron que la MS13 ha desarrollado una estructura financiera sustancial en parte intentando expandirse a otras actividades criminales, como la venta de armas de fuego robadas y el narcotráfico internacional —aunque sin éxito— además de la extorsión, que ha sido históricamente la principal fuente de ingresos de esa pandilla. Las nuevas fuentes de ingresos han obligado a la pandilla a sofisticarse más en los sistemas que usan para blanquear sus ganancias criminales, lo que también ha fortalecido su poder financiero al mismo tiempo que su control económico, social y político. Esta creciente sofisticación puede explicar la caída de la violencia, ya que esta es perjudicial para el negocio.

2. Época electoral

Con el inicio oficial de las campañas para las elecciones presidenciales de febrero de 2019, la reciente baja de los homicidios también puede tener que ver con los intentos de las pandillas del país de influenciar el resultado de las elecciones. En el pasado, los grupos criminales de El Salvador se las ingeniaron para influir en el sistema político del país, negociando con los candidatos mediante la oferta de respaldo electoral a cambio de varios tipos de beneficios. Antes de las elecciones legislativas y municipales en marzo de 2018, el jefe Cotto, de la Policía Nacional, alertó sobre la infiltración de las pandillas en las elecciones municipales. Las pandillas pueden contribuir a reducir la violencia para los candidatos —hubo una disminución de los homicidios previa a las elecciones de marzo— a cambio de que se reduzcan las estrategias de mano dura en la lucha contra el crimen, por ejemplo.

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Durante las últimas elecciones presidenciales del país en 2014, circularon varios videos en los que aparecían representantes de los dos principales partidos políticos, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), comprometiéndose a pagar millones de dólares a miembros de la MS13 y de Barrio 18 a cambio de su respaldo político.

3. “Mano dura”

Las medidas extraordinarias contra las pandillas suelen ser blanco de críticas por lo cuestionable de su legalidad y por el riesgo de que los organismos de seguridad cometan abusos. Varias unidades de las fuerzas de seguridad en El Salvador han sido acusadas de perpetrar ejecuciones extrajudiciales de presuntos pandilleros e incluso de dirigir escuadrones de la muerte propios contra las pandillas. Pese a esto, el Congreso de El Salvador aprobó recientemente una serie de medidas carcelarias extraordinarias que se habían aprobado inicialmente en 2016 y se habían prorrogado en múltiples ocasiones luego de eso, las cuales endurecieron de manera permanente las medidas de seguridad en los centros de reclusión. Esas medidas incluyen la facultad de las autoridades de cortar todas las comunicaciones hacia y desde las prisiones del país, entre otras.

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El uso de teléfonos celulares es uno de los principales medios que tienen los líderes de las pandillas para coordinar la extorsión y demás actividades criminales con otros pandilleros en las calles. Aunque las pandillas no han perdido la capacidad de comunicarse dentro de las prisiones, el aislamiento de sus jefes tradicionales ha debilitado su capacidad global de comunicación. La amenaza de no poder comunicarse efectivamente estando en prisión también puede tener un impacto en la manera como las pandillas ejercen violencia en las calles, y llevarlas a diversificarse hacia actividades criminales más sofisticadas.