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Aumentan las extorsiones y los ataques a buses en Guatemala

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Aunque la violencia ha disminuido en Guatemala, los recientes ataques a autobuses demuestran que el transporte público sigue siendo blanco de las pandillas, las cuales han incrementado sus cobros extorsivos, a la vez que grupos más pequeños han entrado en escena. En efecto, la semana pasada, un robo a un autobús en Ciudad de Guatemala terminó en un tiroteo, tras el cual murió uno de los dos asaltantes, mientras que el otro resultó herido. En otro incidente, se presentaron disparos dentro de un autobús, lo que le produjo heridas al conductor y a un pasajero, según informó Prensa Libre. Además, siete personas resultaron heridas cuando una bomba de fabricación casera estalló en una parada de autobuses. Las autoridades dijeron que el ataque, llevado a cabo por una mujer de 19 años que perdió ambos brazos como resultado de la explosión, estaba relacionado con cobros de extorsiones. Después de dicho ataque con bomba, Prensa Libre consultó a los conductores de Ciudad de Guatemala, quienes dijeron que las extorsiones exigidas por las pandillas han aumentado en los últimos dos años, pues ahora hay más “clicas” (o subgrupos de pandillas) que exigen pagos por cruzar áreas en los territorios bajo su control. Antes los conductores tenían que hacerles pagos solamente a las pandillas grandes: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Gran parte de los actos violentos se presentan en las mismas rutas del centro de la capital o en sus alrededores.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Guatemala En las primeras dos semanas de 2019, ocho personas murieron en el transporte público, entre ellas, según Prensa Libre, el conductor de un mototaxi, quien murió después de que su pasajero le disparara. La violencia en el transporte público no es un fenómeno nuevo. Entre 2010 y 2017, en dichos ataques han muerto más de 2.000 personas, incluyendo conductores de bus y taxi, ayudantes de autobús (conocidos como “brochas”), pasajeros y dueños de los servicios de transporte. El año pasado murieron otras 200 personas en este tipo de actos violentos.

Análisis de InSight Crime

A pesar de que en Guatemala se ha presentado una reducción de los homicidios en los últimos años, la violencia contra el transporte público ha continuado, cobrando la vida de pasajeros y haciendo que el trabajo de conductor en el país sea uno de los más peligrosos del mundo. Ya incluso en 2011, InSight Crime llevó a cabo una investigación en la que se señalaba cómo la deficiente regulación de unos US$35 millones en subsidios del gobierno a las empresas de autobuses —subsidios sin los cuales la mayoría de guatemaltecos no podría viajar en autobús— condujo a la extorsión de las empresas por parte de las pandillas. Se creía que los “brochas”, que a menudo tienen vínculos con las pandillas, les avisaban a los líderes de estas sobre la existencia de dinero extra. Cuando los operadores de las compañías se negaban a pagar, sus conductores eran amenazados o asesinados.       VEA TAMBIÉN: InDepth: Cobertura sobre la extorsión Por otra parte, la respuesta del gobierno de Guatemala para ofrecer seguridad en el transporte mediante la creación de un sistema central de autobuses con pagos electrónicos estuvo invadida de corrupción. Para dicho sistema se tenían previstos unos 3.150 vehículos, pero solamente se importaron 455. Los lectores de tarjetas quedaron intactos en una bodega. Las autoridades han intentado proporcionar patrullajes adicionales en las rutas de autobuses cuando surgen actos violentos, pero es casi imposible vigilar la caótica flota de unos 3.000 autobuses de servicio público. Otras formas de transporte, como los microbuses, taxis y colectivos, también han sido objeto de las redes de extorsión. Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, le dijo a InSight Crime que los ataques de las pandillas se han vuelto más violentos a medida que ha aumentado la cantidad de clicas que cobran extorsiones. “Cada clica está haciendo sus propios cobros”, dijo. “Esto aumenta el peligro no solo para los conductores sino también para los pasajeros”. La respuesta del gobierno ante la violencia siempre es “reactiva”, señaló. Sin embargo, las desordenadas y deterioradas condiciones del sistema de transporte público de Guatemala han propiciado las condiciones perfectas para que el crimen prospere. “Se carece de controles”, afirmó Guerra, quien agregó que existe poca voluntad política para reformar el sistema, lo cual requeriría una cuantiosa inversión, así como la cooperación de varias instituciones del gobierno. Las extorsiones al transporte público generan pérdidas por casi US$40 millones (300 millones de quetzales), señaló Guerra, con base en una encuesta que se les realizó en 2015 a los trabajadores. Con esa cantidad de dinero en juego, las pandillas continuarán sembrando el terror, y el sistema de transporte continuará en jaque. “La tasa de homicidios ha disminuido”, dijo. “Pero los ataques y amenazas en el transporte público han aumentado. Los conductores y otros trabajadores del transporte prefieren pagar las extorsiones a morir”.

Jeannette Aguilar: “Las mafias políticas han empoderado a las pandillas en El Salvador”

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La tasa de homicidios en El Salvador se ha disparado en la víspera de las elecciones presidenciales de 2019, después de que las autoridades de la nación centroamericana vieron una reducción sustancial de los asesinatos en 2018. Esto generó importantes preguntas sobre el papel de las pandillas del país en el proceso electoral, y las estrategias del gobierno para combatirlas. Después de cerrar 2018 con una tasa de homicidios de 51 por cada 100,000 ciudadanos, la mitad de lo que fue en algunos de los años más violentos del país en 2015 y 2016, las autoridades registraron más de 200 homicidios en los primeros 20 días de 2019, incluido policías. Jeannette Aguilar es investigadora en temas de seguridad ciudadana en El Salvador y exdirectora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (IUDOP-UCA), uno de los centros de estudios sociales y estadísticos más respetados en El Salvador. En esta entrevista con InSight Crime evalúa el reciente repunte de los homicidios en el país, que las autoridades atribuyen a la MS13.  InSight Crime (IC): ¿A qué atribuye el repunte reciente en homicidios? Jeannette Aguilar (JA): Es difícil agotar las explicaciones a los repuntes o caídas abruptas dada la complejidad de la violencia letal en El Salvador y los diferentes actores que protagonizan este tipo de violencia. Creo que en el alza registrada en enero pueden estar convergiendo varios factores: un aumento de ejecuciones por parte de grupos de exterminio, principalmente policiales, que parecen estar arreciando sus acciones en estos últimos días, la respuesta de las pandillas a esta violencia y el contexto preelectoral. La historia reciente muestra que contextos preelectorales, sobre todo en el mes antes de los comicios, suele producirse un incremento atípico de muertes violentas, que ha estado asociado a los pactos de partidos de oposición con grupos de pandillas para afectar políticamente al adversario. En este caso, habrá que investigar los posibles pactos que Arena y GANA-Nuevas Ideas (los dos principales partidos de oposición) han efectuado con las pandillas de cara a las elecciones 2019.

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Adicionalmente, las negociaciones que también ha hecho en los últimos años el partido oficial con pandillas en contextos electorales facilitan un entorno de mayor confrontación entre miembros de las diversas estructuras que se encuentran al servicio de diversos partidos. Las pandillas, por su cuenta, también han emprendido en los últimos años estrategias para golpear la imagen del gobierno, entre ellas aumentar los muertos, y obviamente en períodos de elecciones ellos saben que esto tiene un mayor costo político para el partido oficial. IC: ¿Qué tan importante es en esta ecuación el tema de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública, sobre todo a la Policía? JA: Creo que la hipótesis del aumento de acciones por parte de grupos de exterminio en contra de pandilleros o supuestos pandilleros no hay que descartarla para entender el escenario actual. Hasta ahora no sabemos cuál es el peso que el accionar de estas estructuras tiene en las muertes violentas a escala nacional. En mi opinión, estas muertes están cobrando cada vez más peso en el dato nacional. En el caso de los homicidios registrados en lo que va del año, según la propia policial, más del 70% de las víctimas de muertes violentas registradas son pandilleros o personas vinculadas a estos grupos. Las estructuras de exterminio policial están modificando continuamente su modus operandi. Parece que ahora están ejecutando al estilo de los escuadrones de la muerte: llegan de noche a sacar a las víctimas, las ejecutan y/o desaparecen sus cuerpos.

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El episodio del arma especial conocida como mata policías, de uso exclusivo de la Fuerza Armada, que le fue encontrada a un pandillero el 30 de diciembre, detonó una alerta y un nuevo llamado en las redes informales de comunicación de policías a eliminar estas estructuras. Paralelo a ello y en estas lógicas de las cadenas de venganza, tenemos en los primeros días de enero un aumento de asesinatos de policías. IC: ¿No es contradictoria esa lectura del gobierno con declaraciones recientes en las que, al hablar de las bajas de homicidios, aseguraban que los planes de seguridad habían logrado detener la letalidad de las pandillas? JA: Creo que en los últimos años la gran paradoja de la política de seguridad, al ser diseñada bajo un esquema de guerra, es que ha reducido las muertes producidas por pandilleros, pero ha propiciado las condiciones para el aumento de muertes de pandilleros, familiares, supuestos pandilleros y colaboradores, y ha generado otras dinámicas de conflictividad que están aumentado la violencia en las comunidades. IC: ¿Es relevante que esto ocurra a pocas semanas de las elecciones presidenciales?  JA: Lo es desde mi punto de vista lo es porque esto muestra, por un lado, el rol cada vez más relevante que los actores ilegales y el uso instrumental de la violencia tienen en procesos tan sensibles para la gobernabilidad del país, como las elecciones. Esto, a su vez, es una consecuencia del empoderamiento político que las mafias de los partidos políticos han propiciado entre las pandillas, al instrumentalizar sin escrúpulos para fines electoreros la violencia que producen estas estructuras. La participación de las pandillas en acciones para afectar el proceso electoral o a determinados partidos, muestra que lejos de estar debilitadas como ha señalado el gobierno, estas organizaciones se estarían configurando cada vez como actores imprescindibles para la preservación de un sistema político corrupto y clientelar. IC: ¿Es el repunto de enero significativo en términos estadísticos? JA: Si se llega a configurar en un patrón o tendencia que prevalezca por varios meses, estaríamos triplicando los promedios diarios de muertes violentas de 2018 y acercándonos al comportamiento que registró el 2015. *La transcripción de la entrevista fue editada para mayor claridad y brevedad.    

Repunte de homicidios en El Salvador revive a la MS13 en el discurso oficial

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El Salvador había cerrado 2018 con buenas noticias de acuerdo con las cifras oficiales de homicidios. El gobierno anunció que el año cerró con una reducción de 15 por ciento en los homicidios respecto a 2017. La tasa quedó en 51 por 100.000 habitantes, muy por debajo de 2015 e incluso 2016, cuando la violencia entre pandillas y la fuerza pública puso al país como uno de los dos más sangrientos del continente. Hay un pero. El reciente repunte de los homicidios en la víspera de las elecciones, brutal pero poco significativo en términos estadísticos, ha vuelto a encender las alarmas sobre la capacidad de la MS13, y de las pandillas en general, de desafiar al Estado con su letalidad. La cercanía de las elecciones presidenciales, a realizarse el 3 de febrero próximo, también han vuelto a despertar dudas sobre las capacidades de las pandillas de influir, mediante el uso de la violencia letal, en los procesos electorales del país.

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Entre el sábado 12 y el martes 15, una serie de ataques armados, algunos de ellos dirigidos contra miembros de la fuerza pública, elevaron los promedios de homicidios a cifras que el país llevaba un tiempo sin ver. El lunes 14, de acuerdo con reportes policiales, 26 salvadoreños fueron asesinados, según reportó Diario El Mundo. La Policía Nacional Civil (PNC) publicó las cifras de los primeros 16 días del año: 169 muertos. Esto es 10,6 muertos diarios, un alza importante, en solo una quincena, en comparación con los 9,4 que arrojó el promedio de 2018. Miembros de la fuerza pública, sobre todo la PNC; están entre los objetivos prioritarios de los pandilleros, según las autoridades. En los primeros 19 días del año, nueve policías y un soldado habían sido asesinados, según un reporte de La Prensa Gráfica. Uno de los ataques ocurrió el fin de semana pasado, cuando una patrulla policial fue atacada con armas largas en las cercanías de San Miguel, la tercera ciudad del país. El gabinete de seguridad suspendió todos los permisos a raíz de los ataques, mientras las autoridades policiales anunciaban que iban a aumentar la presión a los líderes pandilleros en las calles y en las cárceles.

Análisis de InSight Crime

Los homicidios, y en general, la situación de seguridad en el país, no han sido tema central en la campaña electoral que vive El Salvador. El candidato del partido oficial pasa de puntillas por el asunto, motivado acaso por los cuestionamientos que el gobierno actual ha recibido por el uso excesivo de fuerza contra población residente en zonas bajo control pandillero. Los dos candidatos de oposición tampoco han hablado mucho al respecto, quizá para evitar reconocerle al oficialismo la baja innegable en las cifras. Tampoco han hablado los contendientes sobre las pandillas. Una explicación a este silencio puede ser que los tres principales partidos en contienda han hecho pactos electorales con las pandillas en el pasado. Los hizo el FMLN durante los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Los hizo el actual alcalde de Arena en San Salvador. Y los hizo Nayib Bukele, candidato presidencial de GANA y favorita según las encuestas, cuando él fue alcalde de San Salvador. La MS13 había dejado recientemente de ser un tema en el discurso político. Hasta ahora. En un intento por explicar el alza reciente, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez, ha atribuido la mayoría de los homicidios de los últimos días a la MS13. Las autoridades han recurrido, de nuevo, a viejas fórmulas al hablar de muertes de pandilleros en enfrentamientos con la policía para explicar algunos de los asesinatos. Lo cierto es que ya en el pasado las pandillas, sobre todo la MS13, han utilizado la violencia letal, así como su capacidad para controlar el alza o disminución de homicidios, como su principal argumento de negociación con el gobierno central. Lo hicieron así, por ejemplo, durante las negociaciones en torno a la tregua de 2012 y 2013, o como respuesta a la aplicación temporal de medidas penitenciarias extraordinarias, que incluyen restricciones de visitas familiares, confinamiento de algunos reos a celdas de máxima seguridad y limitaciones a todo tipo de contactos con el exterior.

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Gracias en parte a la tregua de hace seis años, las pandillas, en especial la MS13, consolidaron su control sobre importantes porciones del territorio salvadoreño. En 2015, en el marco de una investigación que InSight Crime realizó sobre la MS13, un alto oficial de la PNC decía que ese control permitió a las pandillas hacer tratos con partidos políticos para aumentar sus ejércitos electorales y su caudal de votantes. “Es casi lógico -decía el policía- que en territorios donde los pandilleros ejercen mayor control territorial su influencia en cualquier actividad que involucre logística o movilizaciones masivas, por ejemplo en jornadas electorales, sea importante”. El gobierno del actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, atribuyó a la efectividad de las medidas extraordinarias, así como a las acciones represivas de la fuerza pública en el territorio, el supuesto debilitamiento de las pandillas. Y a eso atribuyó el gobierno, en parte, la baja en los homicidios en 2018. Hoy, sin embargo, las autoridades muestran dudas, al menos en lo que toca al reciente repunte. A poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales, este nuevo repunte de homicidios en El Salvador vuelva a abrir interrogantes sobre el estado de salud real de las pandillas y sobre su capacidad para, a punta de homicidios, intentar enviar mensajes al futuro presidente del país.  

GameChangers 2018: el año en el que el crimen se volvió ideología

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InSight Crime presenta su publicación anual GameChangers 2018, en la que analizamos las tendencias más importantes del crimen organizado en el continente americano durante el año. Desde el aumento de la oferta de las drogas ilícitas, pasando por el resurgimiento de grupos criminales monolíticos, hasta el debilitamiento de los programas anticorrupción y una ola de respuestas militarizadas frente al crimen, 2018 fue un año en el que los asuntos políticos continuaron enmarcados en la dicotomía izquierda-derecha, pero la única ideología que importó fue la del crimen organizado.

Algunas de las peores noticias se dieron en Colombia, donde la producción de coca y cocaína alcanzó niveles récord en un año más de malas noticias con respecto al histórico acuerdo de paz con la insurgencia política más antigua de la región, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La desmovilización de los miembros de las ex-FARC ha estado plagada de ineptitud gubernamental, corrupción, violaciones a los derechos humanos y acusaciones de que los altos dirigentes de la guerrilla están implicados en el narcotráfico. Y ello pudo haber contribuido directa e indirectamente al aumento de la producción de coca y cocaína.

En medio de esta tumultuosa situación, en el mes de mayo Colombia eligió como presidente al político de derechas Iván Duque, protegido de Álvaro Uribe, quien fue presidente del país y actualmente es senador de la república. Su alianza podría afectar no solo lo que queda del acuerdo de paz, sino toda la criminalidad del país; en efecto, durante 2018 los disidentes de las ex-FARC reestablecieron antiguos feudos criminales o se aliaron con otras facciones delincuenciales, y el último grupo guerrillero que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), llenó los vacíos de poder en Colombia y en la vecina Venezuela, lo que lo convierte en uno de los tres grupos criminales que consideramos ganadores este año. Por otro lado, ha surgido una nueva generación de traficantes, que prefiere el anonimato a los grandes y llamativos ejércitos violentos del pasado.

También es de resaltar el aumento que se presentó en 2018 en las drogas sintéticas, sobre todo el fentanilo. El flagelo de este opiáceo sintético causó más muertes por sobredosis en Estados Unidos que cualquier otra droga. El fentanilo ya no se consume como sustituto de la heroína, sino que aparece oculto en píldoras de prescripción médica falsificadas y mezclado con cocaína y con medicamentos no aprobados. Se produce en China, y aunque gran parte de la droga se transporta a través del sistema postal estadounidense, otra parte atraviesa México en su recorrido hacia Estados Unidos. Durante 2018, los grupos criminales de México parecieron haber orientado sus operaciones cada vez más en torno a esta droga, especialmente dada su creciente popularidad, disponibilidad y rentabilidad. Como resultado, se están dando algunas alianzas que podrían cambiar las reglas del juego, sobre todo entre las organizaciones criminales mexicanas y dominicanas.

Una de estas estructuras criminales mexicanas es el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), otro de los tres grupos criminales que consideramos ganadores en 2018. El CJNG ha evadido los intentos por debilitarlo mediante diversas estrategias, como sofisticadas relaciones públicas y tácticas militares, y además las circunstancias le han sido favorables —el gobierno ha estado demasiado distraído—. Ello no significa que sea invulnerable. En 2018, el grupo dio algunos duros golpes en su bastión, por lo que las autoridades estadounidenses lo pusieron en su radar, lanzando una serie de acusaciones contra la organización.

Los carteles de México se enfrentaron entre sí, incluso mientras aprovechaban las lucrativas economías criminales. El resultado se hizo evidente en los niveles récord de homicidios de este año. El deterioro de la seguridad allanó el camino para la elección del candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en el mes de julio. AMLO, como se le conoce afectuosamente, no basó su campaña precisamente en los asuntos de seguridad, pero quizá ganó gracias a ellos, y de paso heredó de su predecesor un cáliz de seguridad envenenado: mientras que Peña Nieto puede afirmar que durante su gobierno fueron arrestados o asesinados 110 de los 122 cabecillas criminales, AMLO se enfrenta a más de mil futuros líderes y a cientos de grupos criminales.

El aumento de la oferta de cocaína y fentanilo afectó enormemente a Estados Unidos, que continúa siendo uno de los mayores consumidores de drogas en el mundo. Pero 2018 demostró que la era en que Estados Unidos utiliza la política de drogas como un arma de su política exterior puede estar llegando a su final. En vísperas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, el “llamado a la acción” por parte de la administración Trump —que consistía en una estrategia apoyada en cuatro pilares— no tuvo el suficiente apoyo de otros países de la región. Por el contrario, Canadá legalizó la marihuana, y el recién electo presidente de México ha considerado alejarse radicalmente de la estrategia de mano dura que promueve la administración Trump.

Aun así, los dos años de la extraña y caótica política exterior de Donald Trump han tenido un impacto devastador en las relaciones exteriores en la región y han allanado el camino para el crimen organizado transnacional. En primer lugar, la administración Trump ha abandonado prácticamente todos los programas que por años se han adelantado contra la corrupción en Centroamérica, al tiempo que su administración enfrenta constantes acusaciones de corrupción al interior de su propio régimen.

Específicamente, 2018 será recordado como el año en que el gobierno de Estados Unidos dejó de apoyar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la fiscalía adjunta respaldada por la ONU en ese país. Durante casi 10 años de labor, los casos liderados por la CICIG han llevado a la cárcel a presidentes, vicepresidentes, candidatos vicepresidenciales, exministros, banqueros, dueños de hoteles y muchas personas más. Pero este año, el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales —quien también está siendo investigado por la CICIG— comenzó a presionar a la Casa Blanca y a sus aliados directamente, y de esta manera logró reunir una coalición de miembros de las élites que han sido acusados, marginar a la CICIG y exiliar a su reconocido comisionado colombiano, pese a la presión del Congreso de Estados Unidos para que se mantenga el respaldo judicial en el país.

Otros mandatarios han emprendido un juego similar; en particular, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha logrado neutralizar la versión de la CICIG en ese país: la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). En el mes de febrero, Juan Jiménez Mayor, director de la MACCIH, renunció sorpresivamente. En una carta abierta publicada en su cuenta de Twitter, Jiménez explicó que dimitió debido a la falta de apoyo del progenitor de la MACCIH, la Organización de los Estados Americanos (OEA), y a los esfuerzos concertados del Congreso hondureño por debilitar la misión. Tanto Honduras como Guatemala han debido enfrentar desafíos constitucionales para los mandatos de la MACCIH y la CICIG. Sin embargo, como signo positivo, la reelección del fiscal general de Honduras, cuya gestión ha sido relativamente buena, puede hacer que las intenciones de neutralizar los programas anticorrupción allí sean infructuosos, sobre todo en lo que respecta a una investigación que está siguiendo muy de cerca al propio presidente Hernández.

Nada de esto parece molestar a Trump, quien durante 2018 se dedicó casi permanentemente a una campaña política en Estados Unidos, en especial en torno a la diversidad de inmigrantes que huyen de la violencia de los grupos criminales que los asedian, como la Mara Salvatrucha (MS13) —un tema que abordamos en nuestra investigación de tres años de duración sobre la pandilla—. Y lo que es peor aún, las políticas fronterizas de Trump están por el contrario favoreciendo al crimen organizado. Y su administración parece haber abandonado toda intención de defender los derechos humanos o la libertad de prensa, a pesar de que la región sigue siendo el lugar más peligroso del planeta para ejercer el periodismo, sobre todo debido al crimen organizado, la corrupción y la impunidad que promueven aliados de Estados Unidos como Morales y Hernández.

De hecho, la indiferencia de Trump frente a la ley, el orden y la verdad permitió el avance de la demagogia, lo cual fue muy evidente en Brasil, donde el triunfo de la derecha fue más rotundo que en Colombia. Después de ser apuñalado durante una manifestación política, el populista militar-evangélico Jair Bolsonaro —quien ha sido descrito como un “Donald Trump brasileño”— ascendió en el camino a la presidencia con base en una plataforma racista y xenófoba que incluye sentencias de prisión más largas, militarización de la guerra contra el crimen, y el retroceso en los esfuerzos regionales por legalizar ciertas sustancias ilegales.

Pero a juzgar por lo que ocurrió en 2018, lograr mayor seguridad en Brasil —donde en 2017 se registró el asombroso récord de 63.880 homicidios— puede no resultar tan fácil, incluso auqnue la solución que Bolsonaro propuso goza de popularidad. Durante 2018 se presentó otra ola de combates en diferentes partes del país, incluyendo una serie de enfrentamientos entre la Familia del Norte y el Comando Rojo, que puso fin a un pacto de tres años de duración entre los dos grupos. Sin embargo, el Primer Comando Capital (PCC) fue el que continuó planteando la mayor amenaza, expandiéndose tanto dentro de Brasil como en otras partes de la región, lo que lo ubica en el primer puesto de nuestra lista de ganadores criminales de 2018.

Irónicamente, el gobierno izquierdista de El Salvador fue el que más se asemejó en 2018 a la estrategia militarista de Bolsonaro en su lucha contra el crimen. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dio luz verde para una estrategia de línea dura que recuerda a muchos de los regímenes que la misma guerrilla del FMLN combatió en el pasado, antes de convertirse en un movimiento político. En 2018, el partido además codificó sus medidas más draconianas y ofreció abundante protección a los autores intelectuales de las más atroces violaciones a los derechos humanos, incluso a pesar de que los resultados de dichas medidas fueron mediocres.

Por otra parte, durante 2018, pandillas como la MS13 demostraron su capacidad para adaptarse y para mover su músculo político de maneras sorprendentes, sobre todo en la capital, San Salvador. El exalcalde de la ciudad, Nayib Bukele, quien es actualmente uno de los principales candidatos en la contienda presidencial —y quien ha sido un camaleón político, pasando de la izquierda en el FMLN a un pequeño partido rival de derecha— llevó a cabo una negociación con las pandillas, de modo que pudo empezar a remodelar el centro histórico de la ciudad y transformarlo en un área que acogiera más a las familias —o por lo menos a la moda y los turistas—. De cierta manera, su estrategia funcionó, dado que la violencia disminuyó, el centro obtuvo algunas de las necesarias mejoras estructurales, y se abrieron nuevos negocios. La disminución en los homicidios durante este año indica que el FMLN y otros operadores políticos también pueden haber notado los resultados  y quizá están tratando de darles un lugar a las pandillas, sobre todo con miras a las elecciones presidenciales de febrero.

Más hacia el centro del espectro político se ubicó Costa Rica, que en el mes de abril eligió como presidente a Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana (PAC), de orientación centroizquierda. Allí, las elecciones al parecer no respondieron a la seguridad ciudadana, de la que quizá sí pueda depender la supervivencia de la administración del nuevo presidente. Las tasas de homicidios han llegado a niveles récord, sobre todo porque Costa Rica está desempeñando un papel cada vez más importante en la actividad criminal transnacional, pero quizá también porque en 2018 se observó que las fuerzas de seguridad del país pueden estar involucradas en el crimen ahora más que nunca.

En un espectro político propio se ubicó el venezolano Nicolás Maduro, quien fue reelegido en abril en un ejercicio que pareció confirmar que desde hace mucho tiempo ha desechado cualquier pretensión de democracia. Como lo describimos en una investigación especial publicada en varias secciones, Venezuela se ha convertido efectivamente en un vehículo para los intereses criminales. Las razones para ello tienen que ver con la aparición de grupos criminales propios que se encuentran tanto al interior del gobierno como vinculados a él, pero además con la abdicación de las funciones del Estado, especialmente en lo que se refiere a las prisiones, y con la muerte de todo sistema económico viable, lo que facilita la corrupción y la ineptitud que prevalecen en el gobierno de Maduro.

Como resultado de todo lo anterior, el caos no se dejó esperar en 2018, y miles de refugiados se lanzan diariamente a otros países. La crisis de los refugiados, que no tiene precedentes, trajo consigo desesperación e, inevitablemente, más crimen organizado. En pocas palabras, en 2018 Venezuela se convirtió en un epicentro regional del crimen, un lugar donde se vende de todo, desde combustible robado hasta adolescentes y alimentos descompuestos, y donde la competencia está en todos los ámbitos. Y al gobierno no parece importarle. Su solución consistió en lanzar una criptomoneda vinculada a su industria petrolera en quiebra, al mismo tiempo que la primera dama enfrentaba acusaciones de narcotráfico.

Migrantes de Venezuela recorren Perú a pie

En medio de las fuertes disputas políticas de suma-cero, hay un caso aparte, incluso una luz de esperanza. En 2018, Argentina pareció estar buscando cierto justo medio en la batalla contra el crimen. El gobierno impulsó mejoras en la recolección de datos y la recopilación de inteligencia, a la vez que aumentó sus estadísticas de arresto y confiscación. Implementó además un programa de policía comunitaria, aunque coqueteó con el uso de una estrategia militarizada a lo largo de las fronteras y en otros sitios.

Los resultados han tenido sus más y sus menos. El desmantelamiento y el juicio de uno de los grupos criminales más violentos del país, por ejemplo, fueron eclipsados por la permanente capacidad de dicho grupo para operar desde la cárcel. Y la nueva ley de negociación de culpabilidad abrió puertas para la corrupción oficial, sobre todo entre los políticos vinculados al antiguo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Como expresó la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, durante una entrevista con InSight Crime en 2018, el plan del gobierno es casi perfecto. “Nosotros planteamos lo que llamamos el modelo 80/20: 80 por ciento de inteligencia, 20 por ciento de casualidad”, dijo.

En 2018, este fue un comentario gratamente sincero, un reconocimiento de que no todos los programas son como se anuncian.

Credit: AP Images

¿Quién enseñó política a las maras?

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Los primeros pandilleros de la Mara Salvatrucha-13 y del Barrio 18 llegaron a El Salvador deportados de Estados Unidos a finales de los 80 (algunos todavía alcanzaron a pelear en la guerra civil). Encontraron un territorio fecundísimo para hacer prosperar sus organizaciones, reclutaron a una generación de adolescentes que ya no vibraban con los signos de la guerra fría y que no tenían razones para pensar que el futuro les tuviera alguna buena promesa. Consiguieron echar raíces profundas entre los marginados y se hicieron muy pronto con el control de calles, plazas y barrios enteros. El 23 de julio del año 2003, expresidente Francicso Flores convirtió las pandillas en el problema central de seguridad pública, y muy rápido comprendió —e hizo comprender a otros— la utilidad política de las pandillas y los efectos inmediatos en términos de popularidad que producían cuando se las pronunciaba en discursos. La estrategia de Flores dio resultado. El público aplaudió al primer presidente que encaraba a las pandillas y les daba su merecido, ordenando que los policías los arrestaran en masa, incluso por su mera apariencia. A quienes padecían a las pandillas le dio igual que la llamada “Ley antimaras”, propuesta por Flores, fuera inconstitucional. El plan “Mano Dura” cumplió su objetivo: revivió a un presidente y puso su partido de nuevo en la ruta de la victoria electoral. Del 23 de julio de 2003 al 30 de agosto de 2004, la Policía Nacional Civil reportó la captura de 19,275 supuestos pandilleros. De esos, el 91 % (17,540) fueron liberados casi de inmediato, cuando los jueces no encontraron ningún motivo para retenerlos. Solo el 5 % de todas esas capturas pasó a juicio.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de El Faro. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Su sucesor en la Presidencia, Elías Antonio Saca, también de Arena, demostró ser un hombre que aprende rápido y de inmediato —el 30 de agosto de 2004, tres meses después de asumir la Presidencia— lanzó su propio plan, cuyo propósito era subirse en la exitosa ola de marketing producida por el plan Mano Dura, al punto de que sus publicistas no hicieron más que agregarle la palabra “súper”. Para evitar los desgastantes y mortales motines y batallas campales en las cárceles, el gobierno de Saca designó oficialmente, el 2 de septiembre de 2004, el penal de Ciudad Barrios y el de Quezaltepeque para uso de la Mara Salvatrucha 13, y las cárceles de Chalatenango y Cojutepeque para el Barrio 18. Usar las “maras” —y el miedo a las maras— como combustible político dio como resultado leyes encaminadas a apresar a más pandilleros, leyes encaminadas a detener por más años a los pandilleros y cárceles asignadas exclusivamente a cada pandilla. Quizá en un primer vistazo no lo aparente, pero en medio de esas decisiones había lecciones sobre política que los barrios sí supieron leer. *** Fue en esos años —del 2003 al 2006— cuando las pandillas construyeron las bases para convertirse en las organizaciones que son hoy: cambiaron incluso su apariencia estridente, dejaron de lucir como la Policía esperaba que lucieran; solidificaron y ampliaron su control territorial y se asumieron como lo que el Estado les dijo que eran: sofisticadas organizaciones criminales. Crearon jerarquías, estructura interna y perfeccionaron mecanismos para obtener y administrar dinero. Según datos oficiales de la Fiscalía General de la República, en 2003 esa institución inició la investigación de 467 casos de extorsión pandillera en todo el año, motivados por denuncias ciudadanas, reportes policiales y actuaciones de oficio. Tres años después, la cifra de investigaciones por este delito se había multiplicado por siete: 3,161.  Aunque asumamos —como lo ha sugerido la propia Fiscalía— que esa cifra es solo la punta de un iceberg que esconde un enorme subregistro, habla con elocuencia de la forma sistemática y viral en que las pandillas descubrieron la extorsión como mecanismo de financiamiento y la convirtieron, si es que cabe la expresión, en la forma “institucional” de obtener dinero. La primera década del siglo XXI estuvo marcada por una febril lucha entre el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha-13 por expandir sus territories. Los homicidios pasaron de 2,344 en 2002 —antes del plan Mano Dura y todo su montaje mediático— a 4,380 en 2006, cuando se encontraba ya enteramente consolidada la separación de las pandillas en cárceles y sus efectos en las calles. La medida oficial que de forma más determinante hizo evolucionar esas organizaciones y propició la sofisticación de su estructura interna, la decisión que está en la base de todas las transformaciones mencionadas hasta este punto, fue haber otorgado cárceles exclusivas a cada pandilla. Antes de que el Estado asignara prisiones completas a la MS-13 y al Barrio 18, la mayor parte de las penitenciarías tenían ya divisiones físicas para aislar a los miembros de cada barrio. Pero con el tiempo, las dos organizaciones —que acabaron siendo tres, con la ruptura de la pandilla 18—  designaron a sus líderes dentro de las cárceles y les entregaron poder sobre los pandilleros libres bajo una lógica que habían aprendido en las cárceles de California: todos los miembros del mundo criminal asumen que tarde o temprano terminarán en una cárcel, y una vez dentro es mejor estar rodeado de amigos que de enemigos. Con un agravante extra: si eras un pandillero que había desobedecido a los líderes encarcelados y la Policía te capturaba, sabías que no terminarías en cualquier cárcel, sino precisamente en aquellas controladas por las personas a las que agraviaste… y que pagarías el precio. De pronto, las pandillas se encontraron con espacios exclusivos, libres de enemigos, desde el que emanaba autoridad sobre las calles y en el que era posible establecer comunicación con todo el país. *** Antonio Saca terminó su período presidencial en 2009. Ese fue un año histórico: por primera vez asumía la Presidencia de la República un partido de izquierda, el FMLN, que coronó con éxito su estrategia de llevar como candidato a un outsider sin pasado político: el experiodista Mauricio Funes. Ese año, también fue histórico en otro sentido: El Salvador se convirtió en el país más homicida de todo el hemisferio; se alcanzó una tasa récord de asesinatos, que llegó a una insólita tasa de 71 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, no fue hasta el año siguiente, 2010, cuando las pandillas dieron muestras evidentes de una sofisticación política que venía siendo madurada durante más de un lustro: el 20 de junio de ese año, la facción Revolucionarios del Barrio 18 incendió y ametralló un microbús lleno de civiles. 17 personas fueron calcinadas vivas en el centro del municipio de Mejicanos. El crimen horrorizó al país y supuso un nuevo y aterrador peldaño en la calidad de la violencia pandillera. El presidente Mauricio Funes —con apenas un año en el poder— tuvo que dar muestras de fortaleza y recurrió a las mismas estrategias que sus predecesores: leyes al estilo Mano Dura y una enorme inversión en publicidad. Las pandillas se lo tomaron en serio, creyeron al presidente cuando dijo que esta ley las pondría en jaque, y decidieron huir para adelante, doblando la apuesta. El 6 de septiembre, unos días después de que la Asamblea Legislativa aprobara la ley, la Mara Salvatrucha-13 y las dos facciones del Barrio 18 enviaron su primer gran mensaje oficial al gobierno: ordenaron un paro al transporte público y amenazaron de muerte a los empresarios de buses y microbuses que desobedecieran la orden. El paro inmovilizó aproximadamente al 60 % del transporte público a nivel nacional durante dos días, según las gremiales de transportistas. La Cámara de Comercio aseguró que la actividad comercial en las principales ciudades del país disminuyó un 40 %, produciendo pérdidas de 24 millones de dólares. El Gobierno sacó a las calles a 2,000 soldados para reforzar a los 3,500 que ya estaban prestando labores de seguridad pública. Salieron a la calle tanquetas de guerra, con cañones y ametralladoras pesadas. Las pandillas hicieron un gesto poderoso. El ministro de la Defensa Nacional, el general de división David Munguía Payés, cobró en esos días una gran notoriedad “Las pandillas quieren asustar a la población, mostrar su fuerza. Un Gobierno democrático, como el nuestro, no puede negociar con organizaciones criminales”, dijo el general Munguía Payés, burlándose de la propuesta de diálogo hecha por las pandillas. *** El 14 de marzo de 2012, El Faro revelaba una negociación secreta entre el gobierno del presidente Funes y las tres principales pandillas del país: había sacado de la cárcel de máxima seguridad a las cúpulas pandilleras y las había trasladado a prisiones comunes, controladas por sus estructuras. A cambio, los líderes debían imponer una tregua a sus organizaciones, con el fin de desplomar los asesinatos. Meses atrás, y producto de una serie de intrigas políticas, el presidente Funes había decidido cambiar a su gabinete de seguridad pública, removió a un ministro que era miembro orgánico del FMLN y colocó en su lugar a un aliado y amigo de mucha confianza: el general de división David Munguía Payés. El general Munguía Payés prometió que reduciría los homicidios en un 30 % en solo un año. El presidente Funes aprobó el arriesgado experimento a condición de que se mantuviera en secreto y de que no se hiciera a través de enlaces oficiales. El general Munguía Payés envió a su hombre de confianza, Raúl Mijango, y al obispo castrense Fabio Colindres a sondear las pandillas. En muy pocas semanas, los emisarios de la administración Funes consiguieron reunir a las cúpulas de las tres pandillas en una sola mesa de diálogo, elaborar un documento con el compromiso de cesar los homicidios y abrir el camino para establecer una negociación con las autoridades. Los líderes fueron trasladados a prisiones comunes y tomaron control pleno de sus estructuras. Las cúpulas dieron una muestra de su enorme autoridad, desplomando los asesinatos de la noche a la mañana en un 60 %. El Salvador dejó ese año, 2012, el podio de los países más violentos del mundo. Cuando El Faro descubrió el acuerdo, las autoridades decidieron mentir y negar que hubiera un trato con las pandillas. En pocas semanas, gracias a la Tregua, los pandilleros pasaron de ser villanos innombrables a dar conferencias de prensa en conjunto, a emitir comunicados, a declarar las escuelas como zonas de paz, a alardear de respeto hacia la mujer, a hacer llamados a la nación, a reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, a participar en reuniones de concejos municipales, a protagonizar actos públicos —con cuerpo diplomático presente— para entregar armas. Todo eso era necesario como precondición para establecer una mesa de diálogo formal con las pandillas, pero esa mesa jamás llegó a ocurrir. La sociedad salvadoreña jamás vio con buenos ojos las aproximaciones de sus autoridades con las pandillas, y el presidente Funes decidió dejar naufragar la Tregua de cara a las elecciones presidenciales de 2014. El experimento duró 15 meses en que los homicidios se desplomaron, permitiendo que el país alcanzara una tasa de 39.4 por cada 100,000 habitantes al finalizar 2013. Pero en plena campaña electoral, los partidos de oposición —conscientes de la escasa popularidad del experimento— usaron la Tregua como arma arrojadiza contra el partido oficial, y este se distanció del proceso. *** Cuando la Tregua se fue al traste, las pandillas mantuvieron mecanismos fluidos de diálogo: las dos facciones del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha-13 crearon una especie de comité que siguió teniendo encuentros con iglesias, oenegés, diplomáticos y periodistas. Pero aunque redujeron los asesinatos durante la Tregua, jamás dejaron de extorsionar y de ampliar el rango de sus extorsiones: desde una pequeña tienda hasta transnacionales como la Coca-Cola. Las pandillas continuaron pidiendo en público que el diálogo se reanudara. Incrementaron violentamente los homicidios durante algunos días, como recordatorio de las consecuencias de ignorarlos; y los bajaron nuevamente, como recordatorio de su poder. Pero a medida que se acercaban las elecciones presidenciales de febrero de 2014, las posibilidades de reanudar el diálogo se esfumaban. Todos los partidos, incluido el FMLN, abjuraron del proceso y abominaron —en público— la idea de negociar con las pandillas. Por eso, aquel líder pandillero del que se habló al inicio de este artículo se sorprendió tanto cuando fue convocado por el diputado Benito Lara para iniciar un diálogo directo entre el partido oficial y las pandillas. El diálogo que proponía Lara —que terminó siendo ministro de Seguridad Pública— no tenía que ver con la reducción de los homicidios ni con la de ningún otro delito. Quería que las pandillas les ayudaran a ganar elecciones, a movilizar nuevos votantes y a intimidar a los votantes contrarios. Los barrios actuaron como una sola fuerza: discutieron el asunto en conjunto, pidieron asesoría de Raúl Mijango y juntos decidieron poner precio a su trabajo. Según las versiones de pandilleros que participaron en esos encuentros, al FMLN en total le cobraron $250,000 por hacer de agentes de campaña, más la promesa de reanudar el diálogo si conseguían la Presidencia. Pero algo habían aprendido las pandillas sobre realpolitik, y grabaron aquellos encuentros. Una parte de los videos que fueron filmados durante esas reuniones terminaron viendo la luz como mecanismo de venganza o de chantaje de las pandillas. Con el tiempo, Arena se enteró de las negociaciones secretas de sus adversarios políticos, y decidió hacer lo propio. Convocaron su propia reunión secreta. Prometió remover el régimen de máxima seguridad, les consultó su opinión sobre quién debería ser nombrado ministro de Seguridad Pública y les prometió abrir canales de diálogo si ganaban las elecciones. También pagaron 100,000 dólares como anzuelo, según la información recabada por la Fiscalía, y la versión de pandilleros que estuvieron ahí. Finalmente, los pandilleros se decidieron por el FMLN —o al menos eso sostienen—. Lo hicieron, en parte, espantados por la campaña arenera, que condenó la Tregua y que insinuaba una y otra vez que con los mareros había que hacer “lo que había que hacer”. El partido oficial volvió a ganar las elecciones presidenciales y convirtió en presidente de la República al único miembro de la comandancia general de la exguerrilla que todavía sigue en sus filas: Salvador Sánchez Cerén. Acto seguido, el FMLN traicionó a los barrios. Benito Lara se convirtió en ministro de Seguridad Pública; Arístides Valencia, en el de Gobernación. El nuevo Gobierno suspendió todo canal de diálogo. El presidente Sánchez Cerén asumió el poder en junio de 2014. En enero de 2015, ordenó regresar al régimen de máxima seguridad ranflas y anunció su propia y reforzada versión del Plan Mano Dura. Para las pandillas, más de lo mismo: operativos policiales más agresivos, condiciones carcelarias más severas y la promesa de jamás, nunca, establecer ningún tipo de diálogo. *** En 2015 ocurrió además algo que parecía imposible: El Salvador superó su propio récord de homicidios, y alcanzó una tenebrosa tasa de tres dígitos: 103 asesinatos por cada 100,000 habitantes. El Salvador se convirtió en el país más homicida del mundo, con la excepción de algunos pocos países en guerra abierta. El Gobierno del presidente Sánchez Cerén relajó los controles internos de la Policía hasta casi hacerlos desaparecer, y acuerpó políticamente a los agentes señalados de cometer abusos o ejecuciones extrajudiciales. A partir de 2015, se fueron acumulando las denuncias periodísticas, los informes de organismos de derechos humanos e incluso la condena de las Naciones Unidas frente a la nueva estrategia manodurista del FMLN. En 2014, la Policía aseguró haber matado a 103 pandilleros en supuestos enfrentamientos armados. En 2015, mató a 406; y un año después, a 591. La proporción de pandilleros asesinados con respecto a la de heridos superaba todas las lógicas admisibles en una tasa de letalidad bajo condiciones reales de enfrentamientos armados. Al uso desmedido de la fuerza policial, las pandillas respondieron convirtiendo a los agentes de la ley y a sus familias en objetivos directos de su violencia: entre 2015 y 2016, las pandillas asesinaron a 110 policías, a 47 soldados y a un número indeterminado de familiares de unos y otros; realizaron atentados, atacaron delegaciones policiales y guarniciones castrenses. Se abrió una cadena de venganzas entre criminales y policías que amenazó con desdibujar la diferencia entre unos y otros, y cuyos efectos colindaban peligrosamente con la palabra guerra. Las pandillas consiguieron sostener un pulso directo con el Estado. En julio de 2015, volvieron a repetir la humillación de paralizar el transporte público durante casi una semana, mientras el Gobierno se enredaba en su propio desconcierto y evidenciaba su incapacidad de responder al golpe. En suma, a unas estructuras cuya evolución había estado a cocción rápida, se les agregó un elemento subversivo: la transformación de la dirección de la violencia. Durante décadas, las pandillas guerrearon entre ellas en más de un país. Su poder convivió con el poder del Estado sin entrar en conflicto directo, cogobernaron comunidades, barrios, municipios, el país entero, sin que el poder y la presencia de uno fuera un obstáculo real para el ejercicio del poder del otro. Las pandillas definían su identidad a través de una guerra con sus pares, que les dotaba de instrumentos para medir la valía y el arrojo de sus miembros, y consolidaba su sentido de pertenencia y lealtad. Pero ahora entendían al Estado como enemigo común, se entendían a sí mismas como adversarias bélicas del Gobierno y de sus agentes. *Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de El Faro. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Pandillas y estrategias de prevención en Centroamérica: ¿una batalla perdida frente a indiferencia estatal?

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Dadas la migración masiva de personas que huyen de la violencia y los asesinatos, y el evidente fracaso de las políticas represivas en el Triángulo Norte, los programas de prevención y rehabilitación frente al problema de las pandillas parecen ser la mejor solución. Pero su impacto seguirá siendo limitado a menos que los gobiernos inviertan tiempo y recursos en estrategias más eficaces y a largo plazo. “Había un muchacho al que llamaban ‘Chucky’. Empezamos a invitarlo a varios programas. Pero parecía que venía más para ver lo que estábamos haciendo, tomar fotos y grabar audios y videos”, dice Juan Alberto Sánchez, coordinador de seguridad de la policía municipal de Villa Nueva, recordando la historia del niño de 13 años y el centro juvenil comunitario El Éxodo mientras recorremos el violento barrio Zona 12 en las afueras de Ciudad de Guatemala. “Nosotros se lo permitíamos y le preguntábamos ‘¿por qué nos filmas?’, a la vez que lo reteníamos y tratábamos de involucrarlo en las actividades [del centro juvenil]. Logramos que participara en las actividades recreativas […]  pero para él era complicado participar activamente porque ya había empezado a involucrarse [con la pandilla]”. Como agente de la policía comunitaria, Sánchez hace parte de una estrategia de prevención del problema de las pandillas implementada por las autoridades locales con el fin de alejar de las pandillas a los niños de la comunidad ofreciéndoles alternativas, como actividades culturales. Pero no fue suficiente para Chucky. El muchacho ascendió rápidamente en la jerarquía de la pandilla Barrio 18, lo cual no le dejaba tiempo para nada más.

Graffiti de los niños del sector en el patio del centro comunitario El Éxodo, en Villa Nueva

“A medida que ascendía en la jerarquía, Chucky se volvía cada vez más agresivo […] Era interesante ver que a veces como que se desconectaba, y de repente tenía que hacer algo, tenía que cumplir algún deber y nos decía ‘tengo que irme’. “Cuando cumplió los 17 años, nos enteramos de que había sido “brincado” (la ceremonia para convertirse en miembro de la pandilla como tal). Lo mandaban a recolectar dinero de la extorsión cuando salía de El Éxodo… y finalmente fue asesinado por su propia pandilla”.

La premisa de la prevención

En el barrio Rivera Hernández de San Pedro Sula, Honduras, cada vez más extenso y asediado por la violencia, hay máquinas de gimnasio nuevas para los visitantes del “Centro de Alcance”, un centro de extensión comunitaria para los jóvenes del sector. El pastor Arnold, quien administra el centro, se refiere a este lugar como un oasis de seguridad, entrenamiento y recreación para los chicos. En 2013, Rivera Hernández era el barrio más violento de la ciudad más peligrosa del país con mayores niveles de homicidio en el mundo. La violencia, junto con la pobreza y la falta de oportunidades, lo convirtieron en una excelente fuente de reclutamiento para las pandillas.       VEA TAMBIÉN: Barrio pobre, barrio bravo: la violenta historia de Rivera Hernández, Honduras “Los jóvenes de por aquí no tienen nada que hacer, consumen drogas, roban […] tuvimos que proporcionarles un lugar donde pudieran relajarse y llevar a cabo actividades saludables”, explica Arnold.

Gimnasio del “Centro de Alcance” en Rivera Hernández

Durante años ha existido el consenso general de que estos programas, financiados por Estados Unidos, encargados de la prevención primaria —aquella dirigida a jóvenes en riesgo que aún no se han involucrado en las actividades de las pandillas— han tenido un impacto positivo. Rivera Hernández fue el primer barrio hondureño en tener este tipo de centro en 2009; actualmente hay 65 en todo el país, destinados a ofrecerles “un segundo hogar” a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. En el barrio Zona 12 de Villa Nueva, el agente de policía Sánchez insiste en que el trabajo de prevención local ha ayudado en parte a controlar la violencia de las pandillas. Las estrategias de prevención de la violencia también han sido exitosas en otros países. En Colombia, por ejemplo, las estrategias no represivas han sido reconocidas por su impacto en las pandillas callejeras. En Ecuador, las autoridades han llegado incluso a legalizar a las pandillas para reinsertar a sus miembros a la sociedad. Pero estas estrategias tienen limitaciones. La escasez de datos científicos sobre el impacto de los programas de prevención en Guatemala, El Salvador y Honduras hacen que las evaluaciones objetivas sean difíciles, cuando no imposibles. La fuerte politización que Estados Unidos ha impuesto al tema migratorio entorpece aún más el necesario debate científico. Además, este tipo de proyectospor lo general carecen de los recursos necesarios para abordar uno de los principales factores de riesgo para el reclutamiento de las pandillas: los hogares disfuncionales. “Son proyectos que funcionan hasta cierto punto”, dice Quique Godoy, ex vicealcalde de la Ciudad de Guatemala, quien también trabajó en USAID en el tema de la prevención. “Cuando regresan a casa, los chicos se encuentran con una madre soltera, que trabaja entre 18 y 20 horas al día para poder llegar a fin de mes… o bien tiene una pareja violenta… Eso los aleja de casa y los lleva buscar a alguien que les ofrezca protección… y allí están las pandillas”. El control que ejercen las pandillas en sus territorios hace que sea particularmente difícil llegar a un gran número de muchachos vulnerables, ya que no pueden cruzar fronteras invisibles sin poner sus vidas en peligro. Un exlíder de pandilla, entrevistado por InSight Crime a pocas cuadras del centro juvenil de Rivera Hernández, dijo que a los muchachos de su zona no se les permitía ir al centro.

Deficiencias institucionales y estructurales

El hecho de que las estrategias de prevención no logren resolver la crisis de seguridad en el Triángulo Norte no significa que deban dejarse de lado. Los niveles de homicidios en los tres países permanecen entre los más altos del mundo; el desplazamiento interno y la migración continúan creciendo debido a la violencia de las pandillas; hay creciente evidencia de violaciones de los derechos humanos por agentes del Estado, así como una preocupante sofisticación criminal de la Mara Salvatrucha (MS13). Los gobiernos centrales del Triángulo Norte parecen ser completamente indiferentes al potencial de las estrategias de prevención, lo que incluye la educación y la rehabilitación. Por el contrario, concentran todos sus esfuerzos y recursos en estrategias represivas. “El problema [del reclutamiento de las pandillas] inicia con los niños de 12 a 14 años”, le dijo a InSight Crime el exministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas. “Hay escuelas primarias por todas partes [del país], pero no hay escuelas secundarias”. Solo dos de cada 10 niños guatemaltecos asisten a la escuela secundaria, dijo el exministro, lo que les ofrece a las pandillas una formidable fuente de reclutamiento en áreas como Rivera Hernández o Villa Nueva. Además, falta atención a las mujeres, hay ausencia de programas de rehabilitación en las cárceles, la lista de problemas adicionales que generan la violencia de las pandillas parece interminable. Pero el potencial de estas estrategias de prevención no parece ser del interés de quienes están en el poder. Mientras continúen las estrategias represivas e inmediatistas, en lugar de los programas en múltiples frentes y a largo plazo, también continuará la violencia.

Para un informante, un camino azaroso a la justicia en El Salvador

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Aun en el mejor de los casos, hay pocos incentivos para hacerse testigo colaborador de la justicia en El Salvador. Y, como lo descubrió un testigo, la participación no garantiza que algo cambie. Ya estaba cansado. Las cosas llevaban así más de una década, y decidió que era la hora de dejar de quejarse solo con su familia y amigos cercanos de la extorsión sistemática que padecía su ruta de autobús por parte de las maras. Era el momento de presentar una denuncia formal ante la policía y la Fiscalía General. Su contacto inicial fue bueno, le dijo a InSight Crime después de acceder a hablar, siempre y cuando no reveláramos ni su identidad ni su nombre clave en el caso ni el caso en el que participó. Cualquier fragmento de esa información lo pondría en riesgo a él y a su familia. (Para corroborar su historia, InSight Crime tuvo acceso al expediente, a colegas en otras cooperativas de autobuses y a otras personas que participaron en la investigación). En esas primeras reuniones, les dio información valiosa a los detectives y fiscales, información con la que podían abrir un caso, y lo hicieron. La causa era contra un operador de autobuses y su pandilla, cómplice de extorsión y lavado de dinero. La acusación establece que el operador era el intermediario del jefe de la pandilla, quien extorsionaba de manera sistemática a los otros dueños de autobuses en la misma ruta.

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En cierto punto, el jefe de la pandilla comenzó a usar al interlocutor para conseguir autobuses para él y su familia. El operador de autobuses puso algunos de esos vehículos a su nombre, señala el expediente. Era un mecanismo bastante común, del tipo que evidenciaba cómo las pandillas habían pasado de ser rufianes callejeros a pequeñas mafias. Se han juzgado muchos casos similares. Con la cooperación del testigo, los fiscales pudieron escuchar llamadas telefónicas, obtuvieron registros financieros, y rastrearon propiedades del operador de autobuses, de su familia y del jefe de la banda. Establecieron que algunas de las órdenes de compra se habían falsificado para blanquear algunos de los ingresos por extorsión. Hallaron que el operador de autobuses compró varios vehículos y casas, una de las cuales se pagó en efectivo y se transformó en un motel. El informante se sentía tranquilo con los lugares donde se reunía con los funcionarios, en especial un edificio en el que podía hablar con relativa privacidad. Esa oficina está situada en un lugar donde las pandillas no tienen una presencia fuerte. Para intimidar a los informantes y descubrir quiénes son, se sabe que las pandillas envían personas que vigilen fuera de los edificios públicos, lugares en los que los testigos se entrevistan con detectives y fiscales. Las pandillas también han infiltrado las oficinas de la policía y las fiscalías, por lo que hablar en espacios abiertos con un investigador puede ser incómodo y peligroso. Estaba preocupado, por supuesto. El caso era contra una clica poderosa, que había tenido el control de esa ruta de autobuses por años. El jefe de la clica ya había sido acusado de participar en los homicidios de otras 58 personas, muchos de ellos porque el jefe y otros pandilleros sospechaban que servían como informantes contra la pandilla. También había sido acusado de “terrorismo” y delitos relacionados con narcotráfico. Para el juicio, el informante se iría por unos días y necesitaba una coartada para sus compañeros de la empresa de autobuses. Los fiscales le dijeron que podían ayudarle con una visa de turismo a Estados Unidos, pero al ver que se demoraba, preguntó si lo podían llevar a la frontera con Guatemala, o poner alguna especie de sello en su pasaporte. Eso nunca sucedió, y se preocupó.

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En vez de eso, por los días del juicio, lo llevaron a un hotel. El día antes de su testimonio, cuenta que lo recogieron y lo llevaron a una fiscalía. El auto no tenía vidrios polarizados, lo cual le molestó. En la oficina, hicieron una simulación para prepararlo para la audiencia. El fiscal gritó, intentó ponerlo nervioso. Le recordó un programa de televisión. Al día siguiente, rindió testimonio. Llevó el rostro cubierto al ingresar, pero el juez y su secretario le vieron la cara. Eso también le produjo ansiedad. El caso avanzó, y sus temores aumentaron. Otros operadores y dueños de autobuses preguntaban por su ausencia. No tenía nada en el pasaporte, pero les dijo que había salido del país a un seminario. Uno de ellos le pidió el pasaporte, pero se las arregló para cambiar de tema y el colega pareció olvidarse del asunto. Entre tanto, se presentaron otros casos. Decidió, tal vez en contra de su buen juicio en ese punto, ayudar en dos casos de extorsión. Hay un tercer caso por homicidio, pero no está colaborando con ese, dice, porque no tiene información privilegiada. Y eso le preocupa. En total, se han necesitado casi tres años para que el caso original por extorsión se abra paso en el sistema. Al comienzo, se sentía esperanzado, incluso optimista. Además de su declaración, tienen testimonios de la policía y de un contador público. Tienen documentos en los que se muestra el lavado de dinero. Han interceptado llamadas telefónicas que evidencian la relación entre el operador de autobuses y el jefe de la pandilla. Pero el caso ha dado un mal giro. Aunque se espera un fallo en el caso en las próximas semanas, los acusados recibieron tobilleras y salieron de prisión. Eso es lo que más le angustia. Ilustración: Juan José Restrepo

‘Me siento defraudado’: Mediador de pandillas encarcelado en El Salvador

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El exguerrillero y excongresista Raúl Mijango se encuentra en la cárcel y podría pagar una pena de 20 años de prisión por el delito de extorsión —uno de los dos crímenes relacionados con el papel que desempeñó en la tregua entre pandillas en El Salvador— pero él no es precisamente un mártir. Tirado en una silla plástica de color negro, Raúl Mijango se ve agotado. Su piel ha adquirido una pálida tonalidad café, y su barriga, antes prominente, parece haberse desinflado bajo la camiseta blanca de la prisión. “Ya estoy viejo”, dice después de un día más en la corte, donde enfrenta acusaciones por su papel en una polémica tregua entre pandillas. “Me funciona solo el 30 por ciento de mis riñones. Tengo problemas severos de diabetes, tengo problemas de tiroides, tengo ulceraciones en el estómago, y últimamente, a raíz del problema de la diabetes, he perdido casi el 60 por ciento de la visión”. Aun así, Mijango permanece inalterable. “Yo siempre he dicho que quiero a este país, no sé si el país me quiere a mí”. Lo que es claro es que el Gobierno actual de El Salvador —conformado por sus antiguos camaradas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que ahora hacen parte del partido gobernante— no quiere a Mijango. El mismo día en que hablamos con él en el mes de septiembre, un montón de policías habían testificado en el más reciente caso contra él. En uno de esos casos, que aún no ha sido juzgado, se le acusa de homicidio. En este se le acusa a él y a 18 pandilleros de extorsionar a una compañía de producción y distribución de alimentos, llamada Arrocera San Francisco. En la acusación, los fiscales sostienen que Mijango participó en las negociaciones para establecer el esquema de extorsión, y que luego se benefició de él. Mijango dice que él sólo estaba tratando de implementar la segunda fase de la tregua: la eliminación gradual de la extorsión. “Esto es parte de toda una persecución política”, dijo.        VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de El Salvador Los desacuerdos de Mijango con el FMLN comenzaron hace dos décadas, cuando él inició una lucha de poder con el que actualmente es el núcleo del partido y conforma la actual administración. Mijango se retiró del partido, o quizá fue expulsado —todo depende de a quién se le pregunte—, luego obtuvo un escaño durante un período en el Congreso y se alineó con sus opositores ideológicos, entre los que se encontraba el general David Munguía Payés. Tras ser nombrado ministro de Seguridad, Munguía Payés, impulsado por su ambición política, encargó a Mijango y al capellán castrense, monseñor Fabio Colindres, de adelantar la tregua entre la Mara Salvatrucha (MS13) y las dos facciones de Barrio 18. Mijango y Colindres lograron que las partes llegaran a un acuerdo en marzo de 2012, e inmediatamente se empezó a observar una disminución en los homicidios, que pasaron de cerca de 14 a 6 al día, lo que le habría permitido a Munguía Payés aspirar a un puesto más alto. Pero adelantándose a los deseos de su promotor, Mijango tomó una decisión que puede llevarlo a pasar el resto de sus días en prisión: la de negociar tarifas de extorsión más bajas. “En algunos casos, muchos empresarios me buscaron y me dijeron: ‘Mire, por lo que usted ha abierto [disminuir la violencia] ¿qué posibilidades hay de que nos ayude?’”, dijo refiriéndose al período después de que la tregua se había implementado. “Y yo les dije: ‘mire, no hay acuerdo sobre esto, pero lo puedo plantear, y si se logra algún entendimiento, qué bueno’”. La acusación que implica a Arrocera San Francisco presenta una versión ligeramente diferente. En ella se lee que fue Mijango quien llamó a los representantes de la compañía y los invitó a una reunión en su oficina, donde negociaron con los líderes de las tres pandillas. Como resultado, hubo una disminución en los pagos, que pasaron de US$15.000 a US$6.000 por mes, y eran entregados en “arroz precocido, frijoles, aceite de cocina, pampers y otros”. Los productos eran dejados en diversos puntos de entrega, lo que aseguraba que los empleados de la compañía pasaran de manera segura por los territorios de las pandillas en todo el país, de modo que podían entregarles a sus clientes legítimos y a los líderes de las pandillas productos que estos podían revender al por mayor o al detal en el mercado central de San Salvador, así como en otros puntos de venta.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre la extorsión Según los fiscales, el crimen de Mijango consistió en facilitar estas acciones ilegales. Incluso promovió el uso de recibos para que las transacciones parecieran legales, en caso de que los transportistas de las pandillas fueran registrados por las autoridades, y ellos dicen que él se quedaba con parte de la mercancía. Mijango niega haber actuado mal y no se disculpa por sus acciones, pues afirma que hacían parte del intento de poner fin a la violencia y el crimen. Dice que la decisión de las pandillas de reducir las tarifas de extorsión fue una muestra de que estaban dispuestas a buscar una solución diferente, y que el Gobierno se está haciendo el de la oreja mocha al no reconocer que sabía cómo funcionaban las negociaciones con la pandilla. “El gobierno sabía exactamente todo lo que estaba sucediendo”, dijo. “¿Qué hace la Fiscalía? Todos los días negocia con los criminales, les da beneficios penitenciarios, económicos o lo que sea. ¿A cambio de qué?  De que le colaboren para esclarecer hechos delictivos. Y yo les decía: ‘Por qué no pueden llegar a un acuerdo de otra naturaleza, no para esclarecer hechos delictivos sino para evitar que siga habiendo violencia’, eso debería ser legítimo en este país”. La Fiscalía General trató de enjuiciar anteriormente a Mijango y a otras 17 personas por varios presuntos actos criminales cometidos durante la tregua, pero los sospechosos fueron absueltos en 2017. También es significativo que el obispo Colindres no esté siendo enjuiciado con Mijango, como tampoco lo está el general Munguía Payés, quien ahora es ministro de Defensa. Con el fin de facilitar la tregua, el Gobierno dio luz verde para el traslado de grandes cantidades de pandilleros presos, así como para pagos, supuestamente hechos bajo cuerda, a los líderes pandilleros por su participación. “Soy el perro más flaco de este volado”, dijo Mijango. La falta de transparencia durante las conversaciones con las pandillas levantó sospechas sobre el plan entre la gente. Aunque el Gobierno eventualmente invitó a la Organización de Estados Americanos para que le ayudara a consolidar el apoyo al proceso, el presidente Mauricio Funes nunca acogió plenamente la tregua ni trató de crear un marco legal a través del cual personas como Mijango pudieran tomar decisiones como las que tomó con respecto a Arrocera San Francisco. Mijango dice que percibió los defectos de la estrategia, pero que asumió los riesgos. “Yo no partía de que tenía ese respaldo”, dijo. “Partía de que tenía una idea que funcionaba, y que les iba a demostrar en el terreno que sí funcionaba, como ya se lo demostré. Si las otras partes no tuvieron la valentía suficiente para asumir sus responsabilidades, ese era su problema”. ¿Y cómo se siente Mijango ahora? “Me siento defraudado”. El veredicto sobre el juicio de Arrocera San Francisco está programado para este 12 de octubre. *El 12 de octubre, Raúl Mijango was sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión. Foto: Factum/Salvador Meléndez

¿Qué hay detrás de la reciente caída de los homicidios en El Salvador?

En septiembre pasado, los homicidios en El Salvador bajaron a números no vistos en el país centroamericano desde que se suscribiera la tregua entre las dos pandillas más grandes del país en 2012, pero persisten los interrogantes sobre qué estará motivando la disminución de la violencia. Las autoridades de El Salvador registraron 192 homicidios en septiembre de 2018, 57 por ciento menos que los 442 homicidios registrados en el mismo periodo de 2017, según un tuit publicado el 1 de octubre por el jefe de la Policía Nacional Civil (PNC) Howard Cotto. Septiembre ha sido el único mes que termina con menos de 200 homicidios desde el final de una controvertida tregua entre las pandillas MS13 y Barrio 18 en 2012, que dio lugar un desplome temporal de los homicidios en aquella época, según una nota de La Prensa Gráfica. La tregua terminó después de alrededor de dos años, en 2014, luego de que el entonces presidente Salvador Sánchez Cerén se negara a continuar las negociaciones con las pandillas y en lugar de ello reubicara poco después a algunos de los líderes pandilleros en una prisión de máxima seguridad. Las tasas de homicidios han exhibido una estabilidad relativa en 2018, pero los 2.560 homicidios registrados entre enero y septiembre marcaron un descenso de 11 por ciento con relación a los 2.889 homicidios registrados en el mismo periodo de tiempo en 2017, según Cotto.

(Gráfico cortesía de La Prensa Gráfica)

En el pasado el gobierno atribuyó los repuntes de la violencia a las pandillas del país, aunque nunca se esclareció dicha conexión. Tanto las pandillas como los organismos de seguridad del país han sido responsables de una parte del desangramiento del país en los últimos años. Pero las fuerzas de seguridad y los sospechosos de pertenecer a pandillas no son siempre los protagonistas de la violencia. En los primeros ocho meses de 2015, el 98 por ciento de las 3.828 víctimas de homicidios fueron civiles y no presuntos pandilleros ni miembros de los organismos de seguridad, según estadísticas de la Policía Nacional y del Instituto de Medicina Legal (IML) citadas por la BBC. El descenso en la tasa de homicidios en El Salvador es sin duda una evolución positiva, teniendo en cuenta que el país del Triángulo Norte suele clasificarse entre los más violentos de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, Cotto no explicó la causa de la reducción de los homicidios. A continuación, InSight Crime analiza tres razones que podrían ayudar a explicar esa caída.

1. Mayor sofisticación criminal

Una explicación de la baja de muertes violentas podría ser la mayor sofisticación entre las pandillas notoriamente violentas del país, ahora que las autoridades han redoblado las medidas extraordinarias contra estas, se han visto forzadas a incursionar en otras actividades criminales. “Lo que ha pasado es la consolidación del control de las pandillas en muchos lugares y comunidades, la sofisticación de las actividades criminales de las pandillas y el hecho de que las pandillas han pasado cada vez más a otras actividades diferentes a la extorsión”, comentó a InSight Crime en julio José Miguel Cruz, profesor de Florida International University, haciendo referencia a la caída de los homicidios desde 2015.

(Gráfico cortesía de La Prensa Gráfica)

De hecho, varios operativos recientes en El Salvador revelaron que la MS13 ha desarrollado una estructura financiera sustancial en parte intentando expandirse a otras actividades criminales, como la venta de armas de fuego robadas y el narcotráfico internacional —aunque sin éxito— además de la extorsión, que ha sido históricamente la principal fuente de ingresos de esa pandilla. Las nuevas fuentes de ingresos han obligado a la pandilla a sofisticarse más en los sistemas que usan para blanquear sus ganancias criminales, lo que también ha fortalecido su poder financiero al mismo tiempo que su control económico, social y político. Esta creciente sofisticación puede explicar la caída de la violencia, ya que esta es perjudicial para el negocio.

2. Época electoral

Con el inicio oficial de las campañas para las elecciones presidenciales de febrero de 2019, la reciente baja de los homicidios también puede tener que ver con los intentos de las pandillas del país de influenciar el resultado de las elecciones. En el pasado, los grupos criminales de El Salvador se las ingeniaron para influir en el sistema político del país, negociando con los candidatos mediante la oferta de respaldo electoral a cambio de varios tipos de beneficios. Antes de las elecciones legislativas y municipales en marzo de 2018, el jefe Cotto, de la Policía Nacional, alertó sobre la infiltración de las pandillas en las elecciones municipales. Las pandillas pueden contribuir a reducir la violencia para los candidatos —hubo una disminución de los homicidios previa a las elecciones de marzo— a cambio de que se reduzcan las estrategias de mano dura en la lucha contra el crimen, por ejemplo.

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Durante las últimas elecciones presidenciales del país en 2014, circularon varios videos en los que aparecían representantes de los dos principales partidos políticos, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), comprometiéndose a pagar millones de dólares a miembros de la MS13 y de Barrio 18 a cambio de su respaldo político.

3. “Mano dura”

Las medidas extraordinarias contra las pandillas suelen ser blanco de críticas por lo cuestionable de su legalidad y por el riesgo de que los organismos de seguridad cometan abusos. Varias unidades de las fuerzas de seguridad en El Salvador han sido acusadas de perpetrar ejecuciones extrajudiciales de presuntos pandilleros e incluso de dirigir escuadrones de la muerte propios contra las pandillas. Pese a esto, el Congreso de El Salvador aprobó recientemente una serie de medidas carcelarias extraordinarias que se habían aprobado inicialmente en 2016 y se habían prorrogado en múltiples ocasiones luego de eso, las cuales endurecieron de manera permanente las medidas de seguridad en los centros de reclusión. Esas medidas incluyen la facultad de las autoridades de cortar todas las comunicaciones hacia y desde las prisiones del país, entre otras.

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El uso de teléfonos celulares es uno de los principales medios que tienen los líderes de las pandillas para coordinar la extorsión y demás actividades criminales con otros pandilleros en las calles. Aunque las pandillas no han perdido la capacidad de comunicarse dentro de las prisiones, el aislamiento de sus jefes tradicionales ha debilitado su capacidad global de comunicación. La amenaza de no poder comunicarse efectivamente estando en prisión también puede tener un impacto en la manera como las pandillas ejercen violencia en las calles, y llevarlas a diversificarse hacia actividades criminales más sofisticadas.