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Exfiscal y candidata presidencial enfrenta orden de arresto en Guatemala

Un juez de Guatemala dictó orden de arresto contra Thelma Aldana, exfiscal general y actual candidata presidencial, quien ha estado al frente de varios importantes casos de corrupción contra las élites políticas. La inesperada orden se presenta en un momento de extrema tensión política en Guatemala entre el gobierno del presidente Jimmy Morales y los organismos que lo investigan, entre ellos la Fiscalía General, entidad que Aldana dirigió hasta el año pasado. La orden se basa en acusaciones de malversación de fondos, mentiras y fraude fiscal. Los cargos surgen a partir de presuntas irregularidades contractuales durante la época en la que Aldana dirigió el Ministerio Público.       VEA TAMBIÉN: 3 parámetros para medir a la nueva fiscal general de Guatemala Melvin Medina, fiscal general a cargo de faltas administrativas, afirma que Aldana contrató a Gustavo Bonilla, exmagistrado de la Corte Suprema, para capacitar al personal de la Fiscalía General, pero que dicha capacitación nunca se dio, a pesar de que Bonilla cobró 20.000 quetzales (US$2.600). Aldana, quien la semana pasada fue nombrada candidata presidencial por el partido Movimiento Semilla, ha negado públicamente las acusaciones y sostiene que un grupo corrupto de políticos, encabezado por el presidente Morales, está tratando de evitar que ella se postule para la presidencia. “Tienen miedo de mi participación porque voy a seguir la lucha contra la corrupción. Muchos están temblando por eso”, dijo Aldana en comentarios a Prensa Libre. Algunos abogados sostienen que la inscripción de Aldana como candidata presidencial garantiza su inmunidad frente al arresto. Sin embargo, el director del proceso de registro electoral, Leopoldo Guerra, dijo que a ella solo se le concedería protección jurídica durante tres días, que terminaron el 22 de marzo, tiempo durante el cual otros partidos pueden impugnar su inscripción. Aldana, quien está actualmente de visita en El Salvador, ha pospuesto su regreso a Guatemala mientras evalúa su situación legal.

Análisis de InSight Crime

Thelma Aldana, quien estuvo al frente de casos de corrupción contra importantes miembros de las élites políticas como exfiscal general de Guatemala, ha enfrentado durante mucho tiempo alegatos de mala conducta, que suman 18 acusaciones formales, sobre todo por parte de sus oponentes políticos. Según el medio de noticias salvadoreño El Faro, las acusaciones más recientes provienen del partido político Todos. Un destacado miembro de Todos, el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, está siendo investigado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por su presunta implicación en una red criminal. Alejos, cuya influencia en el Congreso ha sido fundamental para la propia inmunidad de presidente Jimmy Morales, conformó una comisión en septiembre de 2018 para investigar la presunta participación de Aldana en la compra irregular de un edificio que sería utilizado por el Ministerio.       VEA TAMBIÉN: 4 consecuencias de la guerra Morales-CICIG en Guatemala Aldana trabajó de cerca con el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, para atacar la corrupción en las élites, lo que incluye serias investigaciones de financiamiento ilegal durante la campaña presidencial de 2015. Las investigaciones en curso por parte de la CICIG sobre financiamiento ilegal de campañas implican tanto al partido de Morales, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) como al de la candidata presidencial Sandra Torres, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien actualmente empata a Aldana en las encuestas presidenciales. El momento en el que se produce la orden de arresto —firmada un día antes de que Aldana se registrara como candidata presidencial— sirve de sustento a su argumento de que hay una mafia política corrupta que está violentando las instituciones del gobierno para asegurarse de que el candidato con más probabilidades de alterar el statu quo de impunidad y corrupción de las élites no llegue a la presidencia.  

Ecotráfico prospera en frontera sin ley entre Guatemala y Belice

Una región fronteriza difusa y sin ley entre Belice y Guatemala se ha convertido en terreno fértil para que los ecotraficantes cultiven sus intereses criminales, una muestra de cómo la falta de control gubernamental en zonas así facilita estos delitos. El negocio del tráfico de recursos naturales preciados, como el rosul o las coloridas guacamayas rojas está en auge en la Reserva de Biosfera Maya que se extiende entre el norte de Guatemala y el Parque Nacional Chiquibul, en el centro de Belice. Los habitantes de esta región fronteriza porosa y poco vigilada recurren a actividades ilegales para mejorar sus ingresos ante la ausencia de oportunidades económicas viables, según informó Mongabay. Estas redes criminales que operan a ambos lados de la frontera —muchas veces financiadas desde Asia— emplean a campesinos del lugar para contrabandear fauna y flora de la región que atraviesa la frontera noroeste de Guatemala con México o su frontera noreste con Belice, donde los traficantes buscan vacíos de seguridad. Posteriormente se transporta el contrabando usando intermediarios más poderosos y funcionarios de gobierno corruptos por medio de puertos estratégicos en ambos países, antes de llegar a su destino final, informó Mongabay.

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La principal zona afectada por esta actividad ilícita se identifica como la llamada “zona de adyacencia”, una franja de tierra de un kilómetro a cada lado de la frontera. Una disputa fronteriza entre los dos países, que se remonta al siglo XVIII, ha dificultado la intervención de las autoridades, por la incertidumbre sobre la jurisdicción, lo que lleva a la “extracción desenfrenada de recursos naturales”, según Mongabay. Aunque el rosul de la región por lo general se envía a lugares como Hong Kong, en el sureste asiático, las vibrantes guacamayas rojas muchas veces terminan en manos de ricos de México y Guatemala. Las autoridades descubrieron dos guacamayas rojas, por ejemplo, en la residencia de la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti. Las guacamayas bien pudieron conseguirse, afirma Mongabay, por medio de funcionarios corruptos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Sin embargo, las autoridades fueron incapaces de rastrear el origen de las guacamayas, pues la transacción nunca quedó registrada, según Aura Marina López Cifuentes, de la división de delitos ambientales de la Fiscalía General de Guatemala, lo que pone de manifiesto cómo la corrupción muchas veces facilita el ecotráfico en la región.

Análisis de InSight Crime

La incapacidad de las autoridades de imponer la ley y el orden a lo largo de la frontera Belice-Guatemala subraya cómo la falta de presencia estatal en esas zonas da pie a la proliferación de grupos criminales, y al desarrollo sin trabas de sus actividades ilícitas. De hecho, los grupos narcotraficantes del departamento de Petén, en el extremo norte de Guatemala —donde se encuentra la Reserva de Biosfera Maya— también han aprovechado la poca seguridad de esta zona fronteriza. Durante mucho tiempo, estos grupos han quemado grandes extensiones de selva protegida para construir pistas de aterrizaje clandestinas para sacar del país los cargamentos de droga procedentes de Suramérica. Más de 8.000 hectáreas de bosque tropical protegido fueron arrasadas por el fuego en un lapso de pocos meses en 2016.

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La combinación de controles fronterizos laxos y corrupción de funcionarios también favorece las actividades criminales en otros lugares de la región. En Paraguay, por ejemplo, los taladores ilegales dependen de la porosa frontera entre su país y Brasil y de policías corruptos para traficar madera fuera de una reserva natural que es famosa por esa actividad precisamente. La familia de expresidente paraguayo Horacio Cartes también ha sido acusada en repetidas oportunidades de facilitar el flujo de cigarrillos de contrabando mediante la llamada región “Trifronteriza”, un punto que concentra actividades ilícitas, en la intersección entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Barrio 18 (M18)

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La Pandilla Callejera 18, también conocida como “Barrio 18” , es una de las pandillas juveniles más grandes del hemisferio occidental. Al igual que su rival más conocida, la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 tiene células que operan desde Centroamérica hasta Canadá, y tienen mucha mayor presencia que la MS13 en Estados Unidos. Con miles de miembros a lo largo de cientos de kilómetros, e intereses en diversas actividades ilícitas, Barrio 18 es una de las mayores amenazas criminales en la región. No obstante, es cuestionable hasta qué punto sus diferentes unidades se coordinan a través de las fronteras, o incluso dentro de una misma ciudad.

Historia

Barrio 18 surgió como una pandilla callejera en Los Ángeles. Aunque algunos remontan sus orígenes a finales de los años cincuenta, el grupo comenzó a tomar su forma actual en los años setenta, luego de dividirse de la pandilla Clanton 14th Street. Ganó notoriedad por su papel en los disturbios en esa ciudad después de la absolución de los policías que golpearon brutalmente a Rodney King, un conductor afroamericano. En sus orígenes, muchas células del grupo, conocidas como “clicas”, estaban conformadas exclusivamente por inmigrantes mexicanos del sur de California, y dominaban barrios como MacArthur Park, en el barrio coreano (Koreatown), del centro de Los Angeles, pero cuando otras nacionalidades latinas se unieron a la población inmigrante, Barrio 18 comenzó a reclutar miembros de variada procedencia, hecho que facilitaría la propagación del grupo a otros países, especialmente en Centroamérica. Los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para frenar el crecimiento de la pandilla no han demostrado ser eficaces. A finales de los años noventa, un grupo especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos, junto con la policía local, detuvo a algunos de los principales líderes de Barrio 18. Sin embargo, esto no perjudicó a la pandilla y le dio una nueva base desde la cual podía ahora operar y reclutar nuevos miembros: las prisiones federales. Pese a los esfuerzos por aislar a los líderes de sus contactos en el exterior y de sus compañeros de prisión, jefes de Barrio 18 como Francisco Martínez, alias “Puppet”, idearon maneras para seguir operando desde la prisión. Algunos integrantes de Barrio 18 también se unieron a la Mafia Mexicana, la temida pandilla carcelaria que agrupó a pandillas callejeras del sur de California en un único y poderoso colectivo, apodado Los Sureños. Por fuera de la prisión, las pandillas se pelean entre sí; dentro forman una sola unidad bajo el mando de la Mafia. Barrio 18 se expandió hacia el sur en Centroamérica y México, en gran medida como resultado de un cambio en las políticas de inmigración de Estados Unidos a mediados de los años noventa, que aumentó el número de cargos criminales por los cuales podría ser deportado a su país de origen una persona extranjera. La nueva política se aplicó agresivamente a las pandillas en California, donde muchos miembros de Barrio 18 no tenían la ciudadanía estadounidense. Las deportaciones llevaron a una afluencia repentina de los miembros de la Barrio 18 en Centroamérica y México. Como resultado de ello, algunos sostienen que la política de Estados Unidos ayudó a la propagación de Barrio 18 a nivel internacional. La respuesta de los gobiernos centroamericanos al aumento de la actividad pandillera también ha demostrado ser, en gran medida, contraproducente. A finales de los noventa, desde El Salvador, los gobiernos comenzaron a aprobar leyes más estrictas que penalizaban incluso la simple “asociación” con las pandillas. Las llamadas políticas de “mano dura” no hicieron más que fomentar el crecimiento de las pandillas mediante la concentración de muchos miembros en la cárcel, lo cual les permitió reorganizarse y reagruparse. En Centroamérica, el espacio creado para las pandillas extorsionistas y secuestradoras por parte de las débiles fuerzas policiales y un relativamente abierto escenario criminal, fue llenado en parte por Barrio 18 y la MS13 en la primera década del siglo XXI. Más aún, luego de una serie de hechos violentos en las cárceles entre Barrio 18 y la MS13, funcionarios salvadoreños separaron a los miembros de ambas pandillas. Los líderes aumentaron su control sobre las actividades criminales, como la extorsión, desde el interior de las prisiones. Fuera de las prisiones, se diversificaron incursionando en el microtráfico. También comenzaron a operar de una manera más sofisticada, lavando activos a través de pequeñas empresas, como lavado de autos, y tratando de controlar a la comunidad y a las organizaciones no gubernamentales con el fin de influir en la política en los ámbitos locales y, más adelante, nacionales. Para 2005, Barrio 18 en El Salvador sufrió una ruptura entre algunos miembros recluidos en las prisiones y otros en el exterior. El resultado de esa lucha intestina fue una división en dos facciones: “Los Revolucionarios” y “Los Sureños”. Esas facciones se mantienen hoy en día, peléandose con el mismo fervor con el que enfrentan a la MS13. La pandilla representa la mayor amenaza en los países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras, donde gobiernos más débiles y pandillas más grandes (en relación con la población) han convertido al fenómeno de las “maras” en una amenaza importante para la seguridad nacional; las pandillas extorsionan sistemáticamente los medios de transporte público, desplazan comunidades enteras y se han infiltrado en el sistema político. Esto se hizo más patente en marzo de 2012, cuando los cabecillas del grupo y sus rivales en la MS13 acordaron una “tregua” nacional, con la mediación de un delegado del gobierno y de la Iglesia católica. Como resultado del cese al fuego, se redujeron las tasas de homicidios en el país. A principios de ese año, El Salvador fue testigo de 13 o 14 homicidios diarios, pero bajaron a un promedio de seis diarios en los meses siguientes. A raíz de su éxito inicial, Honduras intentó implementar una tregua similar que resultó infructuosa. Los líderes de ambos grupos han demostrado ser alarmantemente hábiles para utilizar su nuevo perfil político en beneficio propio, lo que agudiza los temores de que la iniciativa pueda darles un medio para aumentar su sofisticación criminal y extender su influencia a todo el país. Adicionalmente, al parecer la extorsión y las desapariciones continuaron aumentando en El Salvador durante la tregua, y los homicidios comenzaron a crecer de nuevo a mediados de 2013 hasta alcanzar un pico en 2015, antes de caer nuevamente.

Mando

La mayor jerarquía son los “palabreros” o “jefes”, la mayoría de quienes se encuentran recluidos en el sistema carcelario. Ellos coordinan todas las actividades criminales. Un palabrero mantiene un cuaderno donde mantiene registro de todas las finanzas, homicidios, drogas y armas. También hay palabreros por fuera del sistema penitenciario, a lo que también llaman “en la libre”. En las calles, la mara se organiza en “canchas”. Una cancha es una división territorial que no obedece necesariamente a delimitaciones municipales. Cada cancha comprende varias “tribus”, las unidades más pequeñas de la organización de Barrio 18. Finalmente, vienen los colaboradores: quienes no necesariamente están dentro o que nunca serán pandilleros. Ellos ayudan a la pandilla con pequeños encargos, como acopio de inteligencia, y transporte y posesión de mercancías ilícitas.

Geografía

En Centroamérica, la pandilla opera principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, pero es en Estados Unidos donde tiene la presencia más definida: un estimado de 30.000 a 50.000 miembros. El grupo opera en decenas de ciudades en unos 20 estados. Muchos de sus miembros se encuentran en California, pero Barrio 18 también tiene presencia en otras ciudades al occidente, como Denver. Barrio 18 también hace presencia en Italia desde mediados de los años 2000, y en septiembre el arresto de un presunto líder de la pandilla da un indicio del deseo de la pandilla de expandir su presencia en Europa.

Aliados y enemigos

Barrio 18 es enemigo declarado de la MS13, y las divisiones internas del grupo periódicamente desatan la violencia. El Barrio 18 en El Salvador está dividido en dos facciones rivales, “Los revolucionarios” y “Los Sureños”. El grupo tiene nexos cercanos con la Mafia Mexicana, y se sabe que tiene redes de colaboradores conformadas por abogados, taxistas y mecánicos. Sin embargo, la dependencia de la banda en la extorsión y su inclinación por la violencia los enfrenta con la comunidad local.

Perspectivas

Barrio 18 ha funcionado por 70 años. No hay motivos para pensar que no estará seguirá existiendo por otros 70 años más.

Se cierra en Estados Unidos un capítulo del narcotráfico de Guatemala

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Un juez de un tribunal estadounidense redujo la condena de una narcotraficante de Guatemala este 22 de febrero, pocas semanas después de que las autoridades federales de Estados Unidos liberaran a otro traficante guatemalteco que se encontraba en prisión—dos indicios de la extraordinaria utilidad que representaron estos traficantes para las autoridades como testigos cooperantes, y de la larga lista de acusaciones, arrestos y otras investigaciones que ayudaron a adelantar—. Después de lo que se conoce como una audiencia de Norma 35 (Rule 35) —según la cual los abogados defensores pueden presentar pruebas de que ha habido cooperación por parte de un criminal convicto con el fin de reducir su condena—, un juez de Miami redujo la sentencia por tráfico de drogas de Marllory Chacón Rossell de 12 a 5 años, una reducción significativa que, según sus abogados, refleja el grado de cooperación de su clienta. “Estamos agradecidos de que la corte reconociera la extraordinaria cantidad y calidad de la cooperación de la señora Chacón y de que por tanto hiciera un reajuste a su sentencia”, le dijo a InSight Crime uno de sus abogados, William Barzee. La decisión se tomó unas pocas semanas después de que la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos señalara que el 28 de enero había liberado a Hayron Borrayo Lasmibat, otro narcotraficante guatemalteco que se encontraba encarcelado. Su abogado, Peter Raben, fue consultado por teléfono, pero no hizo comentarios sobre la situación de su cliente.

Análisis de InSight Crime

Tanto Chacón como Borrayo desempeñaron papeles importantes en el narcotráfico en el istmo y fuera de él, trabajando con numerosas organizaciones criminales de Colombia, México y casi todos los países de en medio, luego de lo cual fueron capturados y se convirtieron en testigos cooperantes —y, en el caso de Chacón, en colaboradora encubierta—. No hay dudas de que la ayuda que ofreció Chacón durante las investigaciones de Estados Unidos en torno al narcotráfico ha sido amplia y ha tenido abundantes consecuencias, como el hecho de haber servido de carnada para la detención de Borrayo. Un agente antidrogas le dijo a InSight Crime que Chacón “ha sido quizá el mayor recurso con el que hemos contado”. Chacón, quien solía ser llamada “La Reina del Sur”, ayudó a adelantar una larga lista de casos. Ello incluye elementos clave del Cartel de Sinaloa que operaban en Centroamérica, como César Gastélum Serrano, alias “La Señora”, un importante miembro del cartel que durante una década o más utilizó a San Pedro Sula, Honduras, como base de operaciones, ejerciendo influencia no solo en el hampa sino también en las élites políticas de la región.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Guatemala Gastélum Serrano fue capturado en Cancún en 2015 y extraditado a Estados Unidos. El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el exdirigente encarcelado del Cartel de Sinaloa, dijo luego en un tribunal de Estados Unidos que Gastélum Serrano había pagado “coimas” a políticos de Honduras y Guatemala, algo que InSight Crime había señalado en un informe sobre las elecciones presidenciales de Guatemala en 2007. Chacón también trabajó en casos menos sonados en Colombia. Uno de ellos tiene que ver con Yaneth del Carmen Vergara Hernández, alias “La Tía”, quien trabajó, entre otros, con La Oficina de Envigado en Medellín y uno de sus principales líderes en ese entonces, Carlos Arturo Arredondo Ortíz, alias “Mateo”. La Tía y Mateo fueron arrestados y extraditados a Estados Unidos; más adelante, Mateo pidió perdón a los colombianos en una comparecencia ante una corte de Estados Unidos. Según un reciente informe de Univisión, fue otro traficante colombiano el que inicialmente se infiltró en la organización de Chacón. Ese mismo traficante dijo que la mano derecha de Chacón era Carlos Enrique Luna, también conocido como”Cash Luna”, director de una poderosa Iglesia Evangélica en Guatemala. Luna está siendo investigado por las autoridades guatemaltecas. Chacón también desempeñó un importante papel en la acusación contra Mauricio López Bonilla, el exmilitar guatemalteco que llegó a ser ministro del Interior y quien le proporcionó a la narcotraficante un cuadro de seguridad especializado, financiado por el gobierno. Como lo señaló InSight Crime, para entonces ella se había convertido en una informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), la cual había instalado cámaras y micrófonos en su casa en Guatemala, la misma casa donde el entonces ministro supuestamente aceptó un soborno para mantenerse alejado de otro traficante que Chacón ayudó a acorralar, Jairo Orellana, alias “El Pelón”.       VEA TAMBIÉN: El Estado mafioso de Guatemala y el caso de Mauricio López Bonilla El Pelón estaba casado con Marta Julia Lorenzana, y Chacón participó en la detención de su padre, Waldemar, y de sus hermanos, Eliú y Waldemar Jr., todos los cuales fueron capturados y extraditados a Estados Unidos por tráfico de drogas. Eliú y Waldemar Jr. fueron condenados a cadena perpetua; su padre se declaró culpable y aún no ha sido condenado. Pero además estaba Borrayo, quien fue el principal proveedor de drogas por medio de Colombia para Los Zetas, la violenta organización criminal mexicana que intentó en vano que el hampa de Guatemala cediera ante sus violentas tácticas. La esposa de Borrayo, Mirza Silvana Hernández Reyes, también era cercana a los poderes políticos, especialmente a Roxana Baldetti, quien por ese entonces era congresista y luego llegó a ser vicepresidenta. Pero Borrayo tenía una debilidad por la Reina del Sur, y cuando ella lo invitó a una cita romántica en París, él inmediatamente tomó un avión hacia México y luego voló a Francia, donde lo estaban esperando las autoridades francesas. Luego fue trasladado a Estados Unidos. En palabras de otro agente antidrogas, ella era “calculadora”. Borrayo y su esposa, sin duda indignados por su estupidez, también se volvieron colaboradores. Se dice que su cooperación le ha ayudado a Estados Unidos a acusar a Baldetti, quien está siendo enjuiciada en Guatemala por corrupción. López Bonilla también fue acusado en Estados Unidos. Borrayo fue inicialmente condenado a ocho años de prisión en el 2015, y saldría libre el 8 de julio de 2023, pero su expediente es confidencial, por lo que no se sabe qué hizo para obtener una pronta liberación. En circunstancias normales, él sería entregado a funcionarios de inmigración, quienes gestionarían su deportación a su país de origen. Por su parte, Chacón ya ha cumplido 53 meses de su pena. Tras la reducción del 15 por ciento en su condena, que ahora es de 60 meses, podría ser liberada en los próximos días. “Ya ella vuelve a tener toda su vida por delante”, le dijo a InSight Crime el abogado adjunto de Chacón, Jack Denaro.

Principales casos e investigaciones sobre corrupción en Odebrecht en 2019

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Desde que comenzó en Brasil con la “Operación Lavado de Autos” (“Operação Lava Jato”) en 2014, el escándalo de corrupción en Odebrecht ha ocupado los titulares en toda Latinoamérica. Presidentes, legisladores y grandes empresarios han sido acusados y encarcelados en toda la región. En este informe, InSight Crime presenta un resumen de las investigaciones o juicios contra prominentes personalidades en América Latina y el Caribe.
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México México ha sido lento en lo que tiene que ver con el escándalo de Odebrecht. El único nombre importante que ha surgido en las investigaciones sobre el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica ha sido el de Emilio Lozoya Austin. El expresidente de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto es acusado de dirigir un esquema de corrupción mediante empresas fantasma entre 2012 y 2016. Además, la fiscalía mexicana cree que Lozoya Austin utilizó los jugosos sobornos recibidos de Odebrecht para financiar las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluida la de Peña Nieto. Muchos mexicanos creen que la ausencia de rendición de cuentas y de juicios por parte del gobierno federal fue una manera utilizada por la administración anterior y la actual para proteger a quienes estaban involucrados con Odebrecht.  En un país con altos niveles de impunidad, falta ver si este caso conducirá eventualmente a investigaciones más amplias. En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que la investigación sobre Odebrecht continuaría, por lo que es posible que pronto comiencen otras investigaciones. República Dominicana Las audiencias preliminares sobre Odebrecht han ocupado los titulares en República Dominicana en las últimas semanas. Con una corrupción rampante, el país caribeño investiga actualmente a siete personas que al parecer recibieron más de US$92 millones en sobornos de la gigante constructora brasileña. Dos nombres que sobresalen en las investigaciones son el actual senador Tommy Galán y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Ambos son miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que se está preparando para las elecciones presidenciales de 2020.  Una sentencia de culpabilidad podría empañar la imagen del partido y obstaculizar sus posibilidades de continuar en el poder, pues el actual presidente, Danilo Medina, también es miembro del PLD. El Salvador El expresidente Mauricio Funes está siendo investigado por la presunta malversación de US$351 millones. Se sospecha que Odebrecht le pagó entre US$1 y 3 millones al exmandatario durante la campaña presidencial de 2009. Funes, presidente del país entre 2009 y 2014, también enfrenta una investigación judicial por supuestamente comprar diputados con el fin de obtener votos favorables en la Asamblea Legislativa durante su presidencia. El expresidente tiene cuatro órdenes de captura en su contra por casos de corrupción. Actualmente reside en Nicaragua, protegido por el asilo político otorgado por el presidente Daniel Ortega. Sin embargo, el portavoz del presidente electo Nayib Bukele anunció que el gobierno comenzará a hablar con Nicaragua para exigir la deportación de Funes. Guatemala La investigación que actualmente adelanta Guatemala sobre Odebrecht se centra en el exministro de Infraestructura Alejandro Sinibaldi, quien se encuentra prófugo. La Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sostienen que Sinibaldi dirigió una estructura criminal dentro del Ministerio de Comunicaciones. Sinibaldi tiene una orden de allanamiento de Interpol, y otras ocho personas estrechamente relacionadas con él están siendo buscadas por las autoridades, entre ellas sus hermanos Álvaro y Luis Rodrigo Sinibaldi. Otra importante figura que está siendo investigada en Guatemala es el excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien fue arrestado en Estados Unidos en enero de 2018. Baldizón es acusado de supuestamente recibir sobornos de funcionarios de Odebrecht para ayudarles a obtener contratos de obras públicas en el país centroamericano. Tras un fallido intento de obtener asilo en Estados Unidos, Baldizón decidió retirar su solicitud y está pendiente de la extradición a Guatemala. En Guatemala se presentó una crisis constitucional después de que el presidente Jimmy Morales decidiera expulsar a la CICIG del país, una medida que generó fuertes reacciones a nivel nacional e internacional. Dada la ausencia de la CICIG, la última audiencia de Sinibaldi y Baldizón fue suspendida y reprogramada para el 27 de febrero de 2019. Falta ver qué impacto tendrá la actual crisis con la CICIG en el futuro del caso.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero Panamá El expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra bajo arresto, y varias personas cercanas a su presidencia, están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht. La fiscalía panameña señala que entre 2009 y 2014, periodo de la presidencia de Martinelli, se asignaron recursos por más de US$96 millones para proyectos de infraestructura, como mejoras viales en Chanis, la ampliación del aeropuerto de Tocumen, la renovación urbana de Curundú, mejoras en la Línea 1 del Metro, y muchas otras. En consecuencia, la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá inició una investigación contra el exministro de Economía Frank de Lima, acusado de recibir por lo menos US$7 millones en pagos indebidos. Otra importante figura que está siendo investiganda actualmente es el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña y de inflar los costos del proyecto de la autopista Arraijan-La Chorrera con fines ilícitos. Colombia En Colombia, Odebrecht pagó al menos US$32,5 millones en sobornos para obtener los contratos de construcción de la autopista Ruta del Sol y otros proyectos de infraestructura. El exsenador Otto Nicolás Bula Bula, quien fue condenado a dos años de prisión por recibir sobornos, ha sido el principal testigo del gobierno para esclarecer el esquema de sobornos. La investigación ha involucrado a varios funcionarios del gobierno durante las administraciones de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, entre ellos el exsenador Bernardo Miguel Elías. El Fiscal General de la nación, Néstor Humberto Martínez, también ha sido objeto de atención recientemente, después de que el auditor Jorge Enrique Pizano revelara grabaciones secretas en las que hablaba de irregularidades contractuales con Martínez, quien en ese momento se desempeñaba como abogado de Corficolombiana, una empresa socia de Odebrecht. Las grabaciones de las conversaciones de Pizano con Martínez salieron a la luz en una entrevista de televisión. Pizano, quien sufría de cáncer y finalmente murió a causa de un ataque cardíaco, proporcionó la entrevista con la condición de que solo se difundiera tras su muerte. El conflicto de intereses de Martínez no se detiene allí. También fue asesor legal de Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia y fundador del conglomerado Grupo Aval, uno de los propietarios de Corficolombiana que, según Reuters, está cooperando actualmente en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ecuador El caso de Odebrecht en Ecuador ilustra una elaborada estructura de corrupción durante la presidencia de Rafael Correa. Su amigo de infancia, el exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra cumpliendo una pena de prisión por el escándalo de corrupción, ha sido acusado por Luis Mameri, vicepresidente de Odebrecht en Latinoamérica, de aceptar más sobornos de los que se conocieron inicialmente, mediante una empresa llamada Glory International. En septiembre de 2018, la Fiscalía General de Ecuador inició una investigación preliminar contra ocho personas por supuestamente involucrarse con el crimen organizado como parte del esquema de corrupción de Odebrecht. Entre las personas investigadas se encuentra el expresidente Rafael Correa, quien actualmente reside en Bélgica, donde está solicitando asilo político. Además, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera; el exministro del Interior, José Serrano, y el exprocurador general Diego García también están siendo investigados por su papel en el proyecto hidroeléctrico San Francisco. La Fiscalía General de Ecuador anunció recientemente que otras 11 investigaciones preliminares estarían enfocadas en Rafael Correa, Alexis Mera y Jorge Glas. Este anunció concreta los esfuerzos de Ecuador para castigar a los involucrados en este escándalo de corrupción.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre élites y crimen organizado Perú Decir que el escándalo de Odebrecht ha sacudido la clase política de Perú sería poco. María Sokolich, la nueva fiscal general de Perú tras la polémica renuncia de Pedro Chávarry, se encuentra al frente de la investigación sobre algunos de los principales políticos que ocupan o han ocupado los más altos cargos del país. El actual presidente, Martín Vizcarra está siendo investigado por presuntos vínculos entre la empresa de su propiedad y Odebrecht entre 2006 y 2008. Su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, tiene una investigación en su contra —que lo obligó a dimitir en marzo de 2018— por presuntas consultorías que su empresa, Westfield Capital, le ofreció a Odebrecht entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007. El expresidente Alan García, a quien se le negó una solicitud de asilo en Uruguay después de que las acusaciones salieron a la luz, está acusado de recibir sobornos durante la construcción del Metro de Lima. Los otros dos exmandatarios que están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos son Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Se espera que en el mes de marzo el exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, dé una declaración sobre este tema en Brasil. El testimonio de Barata podría conmocionar nuevamente a la nación andina. Recientemente, Odebrecht ha anunciado que cooperará con el gobierno peruano. Sus antiguos ejecutivos en el país serán entrevistados próximamente, lo que puede conducir a nuevas revelaciones.
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Argentina La investigación de Odebrecht en Argentina amenaza a decenas de altos exfuncionarios relacionados con proyectos de obras públicas durante las presidencias de Néstor Carlos Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Las investigaciones más sobresalientes son las de Julio de Vido y Daniel Cameron. Julio de Vido, exministro de Planificación durante la administración de Fernández, se entregó a las autoridades en octubre de 2018. De Vido es acusado de hacer parte del escándalo de “Obras Viales”, que involucra la supuesta malversación de fondos públicos a través de procesos de licitación para obras viales en la provincia de Santa Cruz, así como otros proyectos de infraestructura a su cargo. Por su parte, el exministro de Energía, Daniel Cameron, está siendo investigado como parte de un caso conocido como “Skanska II”, donde las irregularidades en la expansión de los gasoductos en el país se han relacionado con un esquema de corrupción con la colaboración de Odebrecht. Sin embargo, el nivel de corrupción durante las administraciones de los Kirchners es más profundo. Según algunos informes, otros 14 empresarios y cinco exempleados también están siendo investigados por múltiples actividades ilícitas en cooperación con la constructora brasileña. Bolivia La historia de los ventajosos negocios de Bolivia con empresas brasileñas se remonta a 1987, año en el que el entonces ministro de Energía, Carlos Morales Landívar, fue acusado de utilizar su influencia política para favorecer a la empresa brasileña Andrade Gutiérrez. Y ahora Landívar es acusado de haber estado involucrado en 2003 con Camargo Correa —una de las 13 principales empresas en Brasil investigadas en el caso Lavado de Autos— cuando fue ministro de Servicios y Obras Públicas. Sin embargo, los nombres vinculados directamente al caso Odebrecht son Carlos Mesa, expresidente y aspirante presidencial en 2019, y su sucesor, Eduardo Rodríguez Veltzé, exjefe de Estado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ambos están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht durante sus presidencias, entre 2003 y 2006. La investigación en torno a Mesa podría desempeñar un papel crucial en las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre. La eventual condena de Mesa podría allanar el camino para la reelección de Evo Morales. Brasil En Brasil, en los últimos cinco años, más de 77 ejecutivos de la compañía han llegado a acuerdos de culpabilidad, una presidenta fue suspendida de sus funciones, otro expresidente está actualmente en la cárcel, y su sucesor también está siendo investigado como resultado del escándalo de Odebrecht. Este es solo un breve panorama del gran impacto que ha tenido el caso Lavado de Autos en el país más grande de Suramérica. El 6 de febrero, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra actualmente cumpliendo una pena, fue acusado de cargos adicionales que añadirían 13 años más a su condena actual. A Lula se le acusa de recibir dineros ilícitos durante su mandato de 2003 a 2010. Además de Lula, otras personas de su círculo cercano han sido acusadas y arrestadas por corrupción. Una de esas personas, Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados, ha estado en prisión desde 2016. Cunha es acusado de recibir un soborno de US$5 millones. Sin embargo, a pesar de su arresto actual, la fiscalía brasileña ha imputado cargos adicionales en su contra. Por su parte, Aécio Neves, exgobernador y candidato presidencial en 2014, es acusado de haber recibido sobornos a cambio de ofrecer apoyo a legislaciones que favorecían obras que eran del interés de Odebrecht cuando él ejercía como gobernador del estado de Minas Gerais. La investigación en torno a Neves está en curso mientras él mantiene una curul en el senado en representación de Minas Gerais. Por último, el expresidente Michel Temer (2016-2018) ha llamado la atención de los titulares, pues la policía federal de Brasil ha solicitado que se le impute por soborno y lavado de capitales. Según los funcionarios, mientras fue vicepresidente en 2014, Temer y su Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB) recibieron más de US$2 millones de Odebrecht. Ahora que Sérgio Moro, quien estuvo encargado de liderar la investigación Lavado de Autos, es el nuevo ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, la atención se centrará en la nueva legislación que ha propuesto para combatir la corrupción.

Las Colaboradoras – Guatemala: Esposadas a la Mara Salvatrucha

El número de mujeres presas en Guatemala se ha cuadruplicado en los últimos cinco años. El auge de los megaoperativos policiales aumentó la cantidad de procesadas por delitos vinculados a la extorsión. La historia de una presunta colaboradora de una pandilla muestra que el sistema judicial acusa con mayor facilidad a las mujeres. Agarrada a la reja, con sus uñas de brillantina por delante, “Hera” (nombre cambiado por seguridad) esquiva a las mujeres que están en el piso de la celda. Se acerca a decir que su hijo está en casa con su esposo. Está acusada de colaborar con pandilleros y, asegura, es inocente. Dice que no es más que una buena vecina que saluda a todo el mundo en su colonia y por eso la han detenido. Hera miente. Pero hacen falta siete días para descubrir el engaño.

*Este reportaje forma parte de la serie Las colaboradoras, un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica realizado por El Intercambio, financiado por Internews y publicado en alianza con InSight Crime.

Esta mujer de 24 años, piel suave, pelo lacio hasta los hombros y embarazo de seis meses es vecina de Canalitos, una colonia de callejones de tierra, casas de lámina y madera al otro lado del barranco de una zona de clase media alta de Ciudad de Guatemala. Canalitos es una zona roja. Roja por la sangre de los asesinatos. Hoy espera dentro de una calabozo estrecho que huele a orines, en la tremenda oscuridad de un sótano frente a los carros de los jueces que trabajan en la Torre de Tribunales de Ciudad de Guatemala. A su alrededor unas treinta presas aguantan hacinadas cerca de un inodoro rebalsado. Hera, en la mitología griega, es la esposa de Zeus, el rey del Olimpo, un personaje con el que la mujer embarazada de las uñas pintadas tiene más que ver de lo que ella pretende. La fiscalía la acusa de tres delitos de colaboración con la Mara Salvatrucha (MS13) la pandilla más poderosa del mundo. Son delitos vinculados a la extorsión, una infracción extendida en Centroamérica que implica pedir dinero bajo amenazas de muerte. Un delito muy utilizado por el Ministerio Público (MP) para acusar a pandilleros. Un delito que en otros lugares ni siquiera se comprende. Hera sale de la celda y espera frente al elevador, esposada a otra mujer. Espera porque la panza le pesa demasiado para subir quince pisos a pie. Sube apretujada, encerrada con otros detenidos y varios policías, en un aparato que no mide más de cuatro metros cuadrados. Va encadenada porque el Sistema Penitenciario intenta asegurarse de que no se escape. Con gesto soberbio, mantiene la frente en alto. Cuando entra en la sala de audiencias ve las panorámicas montañas de fondo. Se acomoda en el banco de los acusados y mira hacia una silla vacía. El número de mujeres presas en Guatemala, sobre todo por delitos relacionados con la extorsión, creció en los últimos cinco años de manera exponencial. La cifra se cuadruplicó al pasar de 36 a 144. “Cada vez hay más mujeres procesadas”, confirmará resignado un día después de la sentencia, en el sillón de su oficina, el juez Mynor Moto, el hombre que aún no se sienta frente a Hera.

Las capturas de mujeres por extorsión sigue aumentando

Cuando el juez llega, Hera pide un chequeo médico de su embarazo a través de su abogada gratuita asignada por el Instituto de Defensa Pública Penal. El juez dice que sí, que el único derecho que se le ha limitado es la libertad. Lo dice en serio. Neutro y por momentos paternal, no pretende hacer chiste, ironía ni sarcasmo: es el mismo tono con el que acusa. Hay cortes de luz en el edificio y faltan algunos abogados de las once personas acusadas en su caso. Una semana después, Hera llega de nuevo al juzgado desde la cárcel de mujeres Santa Teresa, en la ciudad de Guatemala. Hera está acusada, junto a otras diez personas, de exigir dinero a pilotos de transporte público a cambio de no ser asesinados.  El tipo de colaboración que Hera aportaba a la pandilla se conoce como chequeo activo. Implica estar en período de prueba, pequeños encargos para ingresar en la estructura criminal. Al menos eso cree la fiscalía. La situación es paradójica: su entrada en la pandilla está vetada por ser mujer, pero está acusada de ser administradora de extorsión. Esto significa que, de confirmarse, ella es la que junta el dinero y, con órdenes de los líderes de la clica, organiza cuánto va para cada quién en cantidades que disminuyen a medida que se desciende en la pirámide del poder. Ahora está atada a sí misma, en la misma posición, ante el mismo juez, en otra sala de la misma planta –donde se juzgan los delitos más graves–, con distinto abogado de la Defensa Pública. Esta vez, la altanería ha desaparecido. Parece ser que el marido de Hera está en la casa con su otro hijo, cuidándolo. Por eso, dice, él no llega para darle de comer un pan antes de entrar. En la sala de audiencias, acompañando a las mujeres, no hay novios ni esposos. Solo madres, padres o tías. A varios de los hombres acusados, sí les acompañan sus parejas. Ese marido libre del que habla no existe. El último esposo que tuvo antes de caer detenida está preso. Al menos eso puso ella misma en el registro del más de centenar de visitas que hizo a un hombre llamado Julio César Mejía García, que Hera nunca mencionará. Mejía García cumple condena en una cárcel, al sureste del país. El poder de las pandillas lo tienen hombres encarcelados. El triángulo del poder en la MS13 tiene una punta: el Consejo de los Nueve, una especie de mesa chica que da órdenes que después bajan en esa pirámide del poder. La MS13 es más estratégica y menos sanguinaria que su enemigo, el Barrio 18. En Guatemala, quedan poquísimas mujeres pandilleras [todas presas] porque, desde mediados de los dos miles, lo tienen prohibido. Las mujeres que querían ingresar tenían que recibir una paliza de 13 segundos. Hoy son pocas las sicarias que quedan vivas o libres. Ahora, las mujeres del entorno de la pandilla desempeñan tareas como abrir cuentas bancarias, mover y lavar el dinero, dar la cara y el nombre, ofrecerse, estar en la base. Si son detenidas, entran a tribunales esposadas a delitos de presunta pertenencia a la MS13. Pero son reemplazables. Después de que entren a la cárcel en nombre de la pandilla, no pasará demasiado tiempo para que otras ocupen su lugar. Hasta 2009 los investigadores en Guatemala no tenían claro cómo luchar contra las pandillas aunque las dos principales, la MS13 y el Barrio 18, operaban en el país desde finales de los noventa. La creación de dos grupos élite, uno en la policía y otro en la fiscalía, sirvió para mapear e identificar quiénes eran, dónde operaban, cómo hacían dinero y cómo mataban. Pasaron de muchas e infructuosas investigaciones individuales a armar pocos megacasos contra centenares de supuestos pandilleros. El secreto del éxito acusador fueron las escuchas telefónicas y pandilleros traidores que se convirtieron en informantes. Tuvieron un cierto éxito. Tocaron a la jerarquía.
Las celdas de Torre de Tribunales de Ciudad de Guatemala miden entre 10 a 15 metros cuadrados con un solo cuarto de baño al fondo. A veces, en estas celdas, hay más 30 de acusadas esperando a sus audiencias.
Entre 2016 y 2017, Guatemala lanzó cinco megaoperativos contra las pandillas. Si las estructuras estaban identificadas y sus líderes –siempre hombres– estaban presos, tocaba derribar la base. Allí estaban personas como Hera, que no formaba parte del grupo criminal, pero que presuntamente trabajaba para la pandilla. Las detenciones de mujeres en los megaoperativos comenzaron a destacar. Había muchísimas colaboradoras. Las mujeres se hicieron visibles, alrededor de las pandillas. La tendencia se mantiene. Al detener y procesar a su mano de obra dejarían mancas a las pandillas, pensaron los funcionarios. Pero esos operarios de base, esas mujeres colaboradoras, gente que en general no siente identificación con los grupos criminales porque lo hacen por dinero, son fácilmente sustituibles. Tan prescindibles que, por no ser de la pandilla, ni siquiera tienen un abogado pagado por el grupo criminal. A finales de 2017, la operación Escudo Regional, que se desarrolló en tres operativos a lo largo de dos años, golpeó a las dos principales pandillas en Honduras, El Salvador y Guatemala, con cerca de 200 detenciones, de las que la mitad fueron mujeres. Hera fue detenida el 18 de abril de 2018. Las mujeres tienen responsabilidad en la base y ninguna autoridad en la cima de la pandilla. Reciben y ejecutan órdenes sin pertenecer, sin decidir estrategias. La Fiscalía Antiextorsión investiga siguiendo la lógica de que la pandilla las expone, pero también de que ellas pertenecen a la organización criminal. Lo difícil es investigar a la MS13 como estructura y lo fácil es llegar a las colaboradoras. Es más sencillo capturar a quien lleva el teléfono o a quien recoge el dinero que a quien da las órdenes a distancia y se queda, finalmente, con los mayores beneficios de la actividad. Supuestamente, Hera apoyaba a una célula local de la MS13, la clica Pewees Locos Salvatruchas, que tiene desde 2010 su principal centro de operaciones en Canalitos, un barrio pobre y violento de la zona 24 de la capital. La investigación contra Hera y las personas detenidas junto a ella se basa en tres testigos: el dueño de un moto taxi, el propietario de un negocio y una mujer ex colaboradora de la pandilla. Tres testigos que no dicen las horas, los lugares ni las formas que usaba para extorsionar para la MS13. Ninguno de los testigos describe a Hera. La señalan. Pero sin presentar pruebas. Una semana después de la primera audiencia suspendida, la camisa blanca del abogado que defiende a Hera y a otras dos mujeres intenta contener un cuerpo grueso y torpe. Es la primera vez que ve a sus defendidas. Pide beneficios de embarazo para una acusada que no lo está. Se quiere referir a Hera pero no sabe quién es quién. Ellas lo miran, abren los ojos intentando decirle algo. No lo hacen. El hombre casi no tiene argumentos. El fiscal trabaja para una unidad jurídica creada en 2005 para defender mujeres especializada en distinguir sesgos de género con herramientas para defender a las mujeres acusadas. Está en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y en su lista de tareas se amontonan 1.400 expedientes relacionados con mujeres solo de la capital del país. Edith Ochoa, una mujer repleta de anillos brillantes y larga melena negra, dirige la unidad en la que trabajan 30 abogados. Explica que no puede atender el 90 por ciento de los casos que les llegan porque las acusadas no les hablan. Por miedo. O porque no quieren. El equipo de Ochoa ha logrado “tres o cuatro” sentencias absolutorias para sus defendidas en trece años. En la audiencia, el abogado de Hera, que no sabe nada de su vida, nunca ha hablado con ella, no sabe qué piensa, qué siente o qué puede aportar en su defensa, no ve sesgo de género. No cree que la hayan obligado a nada, ni que la hayan presionado a través de su familia para que trabaje para la pandilla aprovechándose de su vulnerabilidad o de su pobreza. Utiliza como única estrategia de defensa acogerse al derecho a no declarar. En realidad, quien debería defenderla, quien sabe del caso, es otra abogada que no ha llegado a las audiencias. Los tres –la abogada oficial, la que estuvo en la audiencia anterior y el hombre de esta audiencia– trabajan bajo el mando de Edith Ochoa, la mujer de los anillos brillantes que no espera ganar casos. “El Flaco” y “El Voltio” son los pandilleros que dirigen desde prisión la clica Pewees Locos Salvatruchas. El Voltio, que es el número 2, es Julio César Mejía García, a quien Hera iba a visitar a la cárcel de El Boquerón registrándose, a veces, como su esposa. Fue condenado en 2017 a 150 años de cárcel por cinco delitos, entre ellos asesinato y violación. Sumada una causa anterior, El Voltio podría salir en libertad en 213 años. Un año después, el juez Pablo Xitumul, quien condenó a El Voltio, admite que vio un cambio de patrón en el funcionamiento pandillero: “Detectamos que los patojos [jóvenes] arrastran a las mujeres”. Él, explica, se siente sensible con las mujeres, y siempre aplica la pena mínima a las acusadas de extorsión: de seis a ocho años. Es la pena mínima, subraya como un acto de empatía, ante lo que sigue siendo una condena. Ni El Flaco ni El Voltio están presentes en las audiencias de Hera. Pero lo parece. De ellos habla el fiscal. También lo hace el juez, que cuando lee el listado de visitas que reciben en la cárcel, menciona el nombre de Hera. La primera vez que ella fue a ver a El Voltio fue en marzo de 2015. En esta vista judicial, el único que no habla de los líderes de la clica es el abogado defensor de Hera. Habla poco porque sabe poco. Las visitas carcelarias no cuentan como pruebas pero sí como razones por las cuales los jueces deniegan la posibilidad de que las personas estén libres mientras esperan que se celebre su juicio. De las funciones de Hera para la MS13 nada prueba el Ministerio Público. El juez quitó a Hera dos delitos, pero seguirá en prisión preventiva por asociación ilícita, algo que le será muy difícil quitarse de encima. Durante dos años, Hera entró a prisión registrándose como la novia de El Voltio. Los primeros cuatro meses de 2017 lo hizo como su esposa. Después volvió a ser la novia. Un mes antes de ser detenida, ya embarazada, el 20 de marzo de 2018, Hera estuvo por última vez con él. Pasaron casi ocho horas juntos. Fue la visita número 102. Ella, acusada de ser administradora de extorsión para la pandilla enemiga de Estados Unidos, tuvo que ser atendida por un defensor oficial que ni siquiera se aprendió su nombre. Para leer la investigación completa, haga clic en este enlace: https://elintercamb.io/guatemala-colaboradoras-pandillas/

*Este reportaje forma parte de la serie Las colaboradoras, un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica realizado por El Intercambio, financiado por Internews y publicado en alianza con InSight Crime.

Aumentan las extorsiones y los ataques a buses en Guatemala

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Aunque la violencia ha disminuido en Guatemala, los recientes ataques a autobuses demuestran que el transporte público sigue siendo blanco de las pandillas, las cuales han incrementado sus cobros extorsivos, a la vez que grupos más pequeños han entrado en escena. En efecto, la semana pasada, un robo a un autobús en Ciudad de Guatemala terminó en un tiroteo, tras el cual murió uno de los dos asaltantes, mientras que el otro resultó herido. En otro incidente, se presentaron disparos dentro de un autobús, lo que le produjo heridas al conductor y a un pasajero, según informó Prensa Libre. Además, siete personas resultaron heridas cuando una bomba de fabricación casera estalló en una parada de autobuses. Las autoridades dijeron que el ataque, llevado a cabo por una mujer de 19 años que perdió ambos brazos como resultado de la explosión, estaba relacionado con cobros de extorsiones. Después de dicho ataque con bomba, Prensa Libre consultó a los conductores de Ciudad de Guatemala, quienes dijeron que las extorsiones exigidas por las pandillas han aumentado en los últimos dos años, pues ahora hay más “clicas” (o subgrupos de pandillas) que exigen pagos por cruzar áreas en los territorios bajo su control. Antes los conductores tenían que hacerles pagos solamente a las pandillas grandes: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Gran parte de los actos violentos se presentan en las mismas rutas del centro de la capital o en sus alrededores.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Guatemala En las primeras dos semanas de 2019, ocho personas murieron en el transporte público, entre ellas, según Prensa Libre, el conductor de un mototaxi, quien murió después de que su pasajero le disparara. La violencia en el transporte público no es un fenómeno nuevo. Entre 2010 y 2017, en dichos ataques han muerto más de 2.000 personas, incluyendo conductores de bus y taxi, ayudantes de autobús (conocidos como “brochas”), pasajeros y dueños de los servicios de transporte. El año pasado murieron otras 200 personas en este tipo de actos violentos.

Análisis de InSight Crime

A pesar de que en Guatemala se ha presentado una reducción de los homicidios en los últimos años, la violencia contra el transporte público ha continuado, cobrando la vida de pasajeros y haciendo que el trabajo de conductor en el país sea uno de los más peligrosos del mundo. Ya incluso en 2011, InSight Crime llevó a cabo una investigación en la que se señalaba cómo la deficiente regulación de unos US$35 millones en subsidios del gobierno a las empresas de autobuses —subsidios sin los cuales la mayoría de guatemaltecos no podría viajar en autobús— condujo a la extorsión de las empresas por parte de las pandillas. Se creía que los “brochas”, que a menudo tienen vínculos con las pandillas, les avisaban a los líderes de estas sobre la existencia de dinero extra. Cuando los operadores de las compañías se negaban a pagar, sus conductores eran amenazados o asesinados.       VEA TAMBIÉN: InDepth: Cobertura sobre la extorsión Por otra parte, la respuesta del gobierno de Guatemala para ofrecer seguridad en el transporte mediante la creación de un sistema central de autobuses con pagos electrónicos estuvo invadida de corrupción. Para dicho sistema se tenían previstos unos 3.150 vehículos, pero solamente se importaron 455. Los lectores de tarjetas quedaron intactos en una bodega. Las autoridades han intentado proporcionar patrullajes adicionales en las rutas de autobuses cuando surgen actos violentos, pero es casi imposible vigilar la caótica flota de unos 3.000 autobuses de servicio público. Otras formas de transporte, como los microbuses, taxis y colectivos, también han sido objeto de las redes de extorsión. Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, le dijo a InSight Crime que los ataques de las pandillas se han vuelto más violentos a medida que ha aumentado la cantidad de clicas que cobran extorsiones. “Cada clica está haciendo sus propios cobros”, dijo. “Esto aumenta el peligro no solo para los conductores sino también para los pasajeros”. La respuesta del gobierno ante la violencia siempre es “reactiva”, señaló. Sin embargo, las desordenadas y deterioradas condiciones del sistema de transporte público de Guatemala han propiciado las condiciones perfectas para que el crimen prospere. “Se carece de controles”, afirmó Guerra, quien agregó que existe poca voluntad política para reformar el sistema, lo cual requeriría una cuantiosa inversión, así como la cooperación de varias instituciones del gobierno. Las extorsiones al transporte público generan pérdidas por casi US$40 millones (300 millones de quetzales), señaló Guerra, con base en una encuesta que se les realizó en 2015 a los trabajadores. Con esa cantidad de dinero en juego, las pandillas continuarán sembrando el terror, y el sistema de transporte continuará en jaque. “La tasa de homicidios ha disminuido”, dijo. “Pero los ataques y amenazas en el transporte público han aumentado. Los conductores y otros trabajadores del transporte prefieren pagar las extorsiones a morir”.

Balance de InSight Crime sobre los homicidios en 2018

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Desde la agudización de la crisis en Venezuela; pasando por los días aciagos en Nicaragua; un proceso de paz cada vez más frágil en Colombia; y los nuevos gobiernos en Brasil, México y otros países, 2018 fue un año de agitación en toda América Latina y el Caribe. Los niveles de homicidios han sido reflejo de estas variables, aumentando considerablemente en algunas naciones y descendiendo en otras. En su balance, InSight Crime analiza las tasas de homicidios por país, así como los factores subyacentes.

Venezuela: 81,4 por 100.000

Venezuela se mantiene a la cabeza como el país con más homicidios en América Latina, con 23.047 casos. Si bien esta cifra es ligeramente inferior a los 26.616 asesinatos reportados en 2017, el país sigue sufriendo graves conflictos políticos, económicos y sociales. Según un informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la única fuente de carácter público sobre los homicidios en el país, Venezuela registró una tasa de asesinatos de 81,4 por 100.000 habitantes en 2018, menos que los 89 por 100.000 que registró en 2017. Pero esta disminución no puede ser tomada con optimismo, dado que se basa en cifras de población del año 2011 y no tiene en cuenta la masiva migración de unos tres millones de venezolanos que han huido de la crisis. El OVV también considera que esta supuesta reducción en los homicidios contrasta con el marcado aumento de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad —7.523 víctimas en 2018, en comparación con 5.535 en 2017—, que representan un asombroso 32 por ciento del total de homicidios. Si bien el gobierno no ha publicado estadísticas oficiales sobre crímenes en 2018, InSight Crime tuvo acceso a un documento filtrado del Observatorio Venezolano de Seguridad Pública, departamento que hace parte del Ministerio del Interior. Allí se habla de una tasa oficial de 10.573 homicidios en 2018, es decir, solo 33 por 100.000 habitantes, la diferencia se debe a que el gobierno no incluye casos de “resistencia a la autoridad” ni otras categorías, como las víctimas de balas perdidas.

El Salvador: 51 por 100.000

El Salvador registró 3.340 homicidios en 2018, una disminución del 15 por ciento con respecto a 2017. Si esta cifra es correcta, la tasa de homicidios resultante (51 por 100.000 habitantes) continúa la tendencia a la baja que se viene presentando en El Salvador en los últimos años. Solo en 2016, el país encabezó el ranking regional de InSight Crime, con una alarmante tasa de 81,2 por 100.000 habitantes. En 2017, esta tasa descendió en 20 homicidios por 100.000, pero el país permaneció en segundo lugar en la lista, solo por debajo de Venezuela. Durante mucho tiempo, la tasa de homicidios de El Salvador ha estado relacionada con sus dos pandillas más dominantes y violentas: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Aunque puede haber diversas causas para la reducción de los asesinatos, como el hecho de que las pandillas han detenido sus luchas entre sí, el gobierno considera que sus medidas de “mano dura”, llamadas ahora de manera eufemística “medidas extraordinarias”, son las que han permitido dicha reducción. Sin embargo, esas mismas acciones represivas explican los hallazgos de un informe de Naciones Unidas, en el que se constata que los asesinatos extrajudiciales han aumentado y que es probable que queden impunes. Durante las dos primeras semanas del nuevo año fueron asesinadas 126 personas en el país. Los funcionarios policiales han señalado a las pandillas como culpables de los derramamientos de sangre, acusándolas de estar haciendo demostraciones de poder en vísperas de las elecciones presidenciales del 3 de febrero.

Jamaica: 47 por 100.000

En un discurso ante la Cámara de Representantes, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó que los homicidios disminuyeron en un 21,9 por ciento el año pasado. El país registró 1.287 asesinatos en 2018, una tasa de homicidios de 47 por 100.000 habitantes. La policía ha atribuido esta disminución a la creación de Zonas de Operación Especial (Zones of Special Operation, ZOSO), áreas en las que el ejército apoya el trabajo de la policía. Como parte de su plan de reducir la tasa de asesinatos a 16 por 100.000 habitantes en la próxima década, Holness ha promovido la conformación de 20 Zonas de Operación adicionales en 2019. Sin embargo, la disminución en los homicidios el año pasado se produjo después de un aumento de cerca del 20 por ciento en 2017, que se relacionó con la deficiente implementación del plan ZOSO y de medidas de seguridad similares.

(Mapa de InSight Crime mostrando las tasas de homicidios en Latinoamérica y el Caribe. Haga clic en la imagen para verla ampliada)

Honduras: 40 por 100.000*

De enero a noviembre de 2018, en Honduras se produjeron 3.310 asesinatos, según el Observatorio de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Esto significa una tasa de homicidios de 40 por 100.000 habitantes, una pequeña disminución con respecto al 42,8 por 100.000 registrado en 2017, cuando hubo 3.791 asesinatos. Después de llegar a un pico de 85,5 asesinatos por 100.000 habitantes en 2011, la tasa de homicidios de Honduras se redujo a la mitad en 2017. Al igual que en su vecino, El Salvador, los funcionarios de seguridad atribuyeron la tendencia a la baja a las acciones gubernamentales contra los narcotraficantes y las pandillas. Pero los funcionarios consideran que la poca disminución en la tasa de homicidios también se debe a la misma estrategia de seguridad, pues señalan que esta genera represalias por parte de los grupos criminales. En las primeras dos semanas de 2019, fueron asesinadas 30 personas en ocho masacres diferentes, lo que demuestra que continúa existiendo el tóxico coctel de violencia pandillera, altos niveles de impunidad y corrupción.

Trinidad y Tobago: 37,5 por 100.000

Este fue el segundo año más violento en la historia del país, con 516 homicidios, solo por debajo de 2008, cuando fueron asesinadas 550 personas. A pesar de su población relativamente pequeña, de 1,3 millones de habitantes, la violencia en Trinidad y Tobago ha empeorado permanentemente en los últimos años. La impunidad sigue siendo un grave problema, ya que, según los funcionarios policiales del país caribeño, al menos 83 por ciento de los casos de asesinatos del año pasado permanecen sin resolver.

Belice: 35,9 por 100.000

A pesar de ser el país más pequeño de Centroamérica, Belice ha tenido una tasa de asesinatos permanentemente alta. Si bien aún no se han divulgado las estadísticas oficiales, los medios de comunicación de Belice reportan 143 asesinatos en 2018, solamente dos menos que en 2012, el año más violento del país. El gobierno ha negado que Belice sea una base de despliegue de grupos criminales como Los Zetas y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, o la MS13 de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, la tasa de homicidios persistentemente alta demuestra que, aunque Belice no aparezca en los titulares, el crimen organizado parece ser una grave amenaza en el país.

México: 25,8 por 100.000

El mandato de Enrique Peña Nieto como presidente de México terminó con niveles récord de homicidios. En 2018, el país registró 33.341 asesinatos, más que los 31.174 de 2017, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto ubica la tasa de asesinatos en 25,8 por 100.000 habitantes, en comparación con 22,5 en 2017 y 16,2 en 2016. El aumento en los homicidios ha sido provocado por la continua fragmentación de los grandes carteles, así como por la incapacidad del gobierno para reaccionar ante las pandillas, menos organizadas y más pequeñas, que matan por el control territorial. El nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha modificado sus planes de seguridad, abogando por la creación de una guardia nacional y manteniendo a los militares en las calles para tratar de detener la creciente violencia, que causó un promedio de 91 personas asesinadas cada día el año pasado.

Brasil: 25 por 100.000*

En 2017, Brasil tuvo un triste récord: 175 personas fueron asesinadas en promedio cada día. El año pasado la situación mejoró levemente, pues entre enero y septiembre se presentaron 39.183 asesinatos, en comparación con 44.733 en el mismo periodo de 2017, según el Foro de Seguridad Pública de Brasil. Si esta disminución se mantiene estable, en 2018 se llegaría a una tasa de asesinatos de 25 por 100.000 habitantes. Pero la inseguridad y la violencia continúan siendo las principales preocupaciones de gran parte de la población, ya que Brasil no ha logrado encontrar formas efectivas de detener la violencia criminal. El ejército fue enviado a Río de Janeiro en 2017, lo que representa el más reciente ejemplo de una estrategia de militarización que ha fracasado sistemáticamente en Latinoamérica. Jair Bolsonaro llegó a la presidencia gracias en gran parte a la promesa de que le permitiría a la policía dispararles a los criminales y que simplificaría las leyes de propiedad de armas. En lo que va corrido de 2019, los grupos criminales han lanzado ataques en el estado de Ceará, y el gobierno ha respondido a la violencia con tropas federales, convirtiendo al noreste de Brasil en un verdadero campo de batalla. Este violento conflicto podría aumentar el número de muertes, y deja claro que Brasil no logrará abordar las causas subyacentes a sus tasas de asesinatos constantemente altas.

Colombia: 25 por 100.000*

Después de que en 2017 llegara a los niveles más bajos de violencia en 42 años, Colombia experimentó un leve repunte de la violencia en 2018, con 12.311 homicidios, en comparación con 11.381 en 2017. Este aumento del cuatro por ciento ubica la tasa de homicidios en 25 por 100.000 habitantes, en comparación con 24 por 100.000 el año pasado. En 2018, en Colombia se presentó un aumento y diversificación de los grupos criminales, entre ellos los exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se han reunido en una mafia ex-FARC que viene ganando fuerza, así como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El creciente número de disidentes de las FARC que abandonan el proceso de paz y la ruptura de las conversaciones con el ELN han incentivado a estas organizaciones. Además, la violencia ha aumentado en la frontera con Venezuela, y han continuado los asesinatos de líderes sociales como resultado de la lucha por el control de cultivos ilícitos y tierras.

Guatemala: 22,4 por 100.000

Guatemala siguió presentando una notoria mejoría, al llegar a fin de año con una tasa de homicidios de 22,4 por 100.000 habitantes. El país registró 3.881 asesinatos, un descenso desde las 4.409 muertes violentas y la tasa de 26,1 por 100.000 en 2017, según delegados del gobierno. Pero las cifras de la sociedad civil reflejan algo distinto. El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización no gubernamental que hace seguimiento a los delitos en el país, afirmó que la cifra oficial de muertos se quedó corta en más de 1.000 homicidios, lo que deja el total en 4.914 muertes y pone la tasa de homicidios en 28 por 100.000 habitantes. En todo caso, Guatemala es el país menos azotado por la violencia entre sus vecinos del Triángulo Norte —Honduras y El Salvador—. Los hallazgos de una investigación sobre homicidios en Guatemala, realizada por InSight Crime en 2017, siguen siendo válidos. La guerra emprendida por el presidente Jimmy Morales contra el organismo anticorrupción, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha mantenido al gobierno ocupado, sin tiempo para remediar la impunidad rampante en materia de homicidios y los errores en la recolección de información sobre dichos crímenes.

Puerto Rico: 20 por 100.000

La tasa de homicidios en Puerto Rico se mantuvo en 20 por 100.000 habitantes en 2018, casi el cuádruple que la parte continental de Estados Unidos. Los registros muestran que 641 personas murieron en forma violenta en el último año, un descenso respecto a los 710 homicidios de 2017, y muy por debajo del récord de 1.164 asesinatos en 2011. Los principales responsables del balance de muertos son las pandillas locales dedicadas al tráfico de drogas, y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) afirma que 60 por ciento de los homicidios en el país tienen relación con drogas. Este año, Puerto Rico ya ha tenido una oleada de asesinatos, que preocupa a los habitantes y a las fuerzas federales de orden público. Si el organismo de policía presenta problemas para impedir la deserción de sus agentes y resolver los delitos, no hará más que agudizar la inseguridad en la isla.

Costa Rica: 11,7 por 100.000

Con solo 17 homicidios menos en 2018, la tasa de homicidios de Costa Rica se mantuvo relativamente estable. El país centroamericano contó 586 homicidios, lo que redujo ligeramente la tasa de homicidios de 12,1 a 11,7 por 100.000 habitantes. Hasta la disminución del año pasado, la tasa de homicidios presentaba un constante incremento desde 2012. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del país incluso había previsto lo mismo para 2018. El que fuera por tradición el país más pacífico de Centroamérica ha padecido recientemente aumentos en los niveles de criminalidad, debido a su ubicación como punto de tránsito importante para la cocaína colombiana. El gobierno ha tenido problemas para responder al incremento en la oferta de narcóticos, lo que ha llevado a los grupos a disputarse el control de las plazas locales.

Uruguay: 11,2 por 100.000

Uruguay alcanzó un récord de 382 homicidios en 2018. Con 99 homicidios más que en 2017, experimentó un incremento de 35 por ciento entre un año y otro, así como una tasa de homicidios de 11,2 muertes por 100.000 habitantes. Estas cifras se tomaron de la Fundación Propuestas (Fundapro), asociada al Partido Colorado. Solamente se han divulgado cifras oficiales sobre el primer semestre del año, en el que se reportan 218 asesinatos, en comparación con 131 entre enero y junio de 2017. Para uno de los países que se han mantenido tradicionalmente entre los más pacíficos y estables de la región, este súbito incremento prende las alarmas. Las autoridades están convencidas de que la causa son las rencillas entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, puede ser más fácil atribuirles a ellos la culpa para justificar la militarización cuando otros problemas, como las mediocres tasas de resolución y condenas para los homicidios, pueden también haber contribuido a la situación.

República Dominicana: 10,4 por 100.000*

El Observatorio de Seguridad Ciudadana denunció que se registraron 801 asesinatos en el país caribeño durante los tres primeros trimestres de 2018, una caída de 145 en comparación con los 946 homicidios registrados para el mismo periodo de 2017. Aunque esto muestra que se mantiene una tendencia desde 2011, un sondeo reciente indica que la inseguridad pública sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población dominicana.

Panamá: 9,6 por 100.000*

En diciembre, el Ministerio Público de Panamá publicó un informe en el que se afirmaba que entre enero y noviembre de 2018 hubo 401 homicidios, cerca de una docena por debajo de las 378 muertes registradas en 2017. Según esta cifra, la tasa de homicidios es de 9,6 por 100.000 personas. El informe destacaba que más del 40 por ciento (169) de los hechos ocurrieron en la capital, Ciudad de Panamá. El director de la Policía Nacional, Alonso Vega Pino, dice que ese leve incremento está “directamente relacionado con el crimen organizado”. La geografía de Panamá lo convierte en un punto de tránsito vital para el tráfico de mercancías ilegales en la región. Una investigación interna sobre una red internacional de tráfico de armamento en octubre de 2018 ilustraba los actuales retos que tiene el país frente a la corrupción y el crimen organizado.

Perú: 7,8 por 100.000*

En 2017, Perú registró 2.487 muertes violentas, poco más que los 2.435 de 2016, para arrojar una tasa de homicidios de 7,8 por 100.000. No hay datos disponibles para 2018 hasta el momento. Perú ha mantenido los índices de muertes violentas relativamente bajos en las últimas décadas, aunque la corrupción institucionalizada amenaza los recursos destinados a combatir los actuales problemas de narcotráfico en Perú.

Bolivia: 6,3 por 100.000

Durante una conferencia de prensa por televisión, el ministro del interior de Bolivia, Carlos Romero, anunció que el país había registrado una tasa de homicidios de 6,3 por 100.000 en 2018, una mejoría de más de dos por ciento en comparación con el primer semestre de 2017, cuando el país registró una tasa de 8,5 por 100.000. El anuncio se conoce en un momento en que el país se prepara para la primera vuelta de elecciones presidenciales el 27 de enero. En el último año, los grupos de oposición que rechazan tajantemente la decisión de Evo Morales de lanzarse como candidato para un cuarto periodo consecutivo han dirigido manifestaciones masivas y huelgas nacionales. Las elecciones presidenciales, que se celebrarán en octubre, bien pueden desviar la atención de los temas de seguridad nacional en un momento en que las pandillas de Brasil se desplazan hacia el país suramericano.

Ecuador: 5,7 por 100.000

Ecuador informó de 975 homicidios en 2018, es decir, 18 más de los 957 registrados en 2017, lo que deja al país con una tasa de homicidios de 5,7 por 100.000 personas, según la policía nacional. Hace menos de una década, Ecuador tenía tasas de homicidios tres veces más altas, pero un proceso de “legalización de pandillas” ha hecho posible la drástica reducción de los asesinatos. Sin embargo, el incremento del narcotráfico proveniente de Colombia hacia Ecuador ha renovado los temores de la violencia. El conocido homicidio de tres periodistas a manos de la mafia ex-FARC también ha hecho de la seguridad entre fronteras una prioridad para el gobierno.

Argentina: 5,2 por 100.000*

En medio de una profunda crisis económica, Argentina sigue ostentando unas de las tasas de homicidios más bajas del continente. Según el Ministerio de Seguridad, Argentina registró una tasa de homicidios de 5,2 por 100.000 personas en 2017, una leve disminución con respecto a los 6,6 de 2015. Al momento no se dispone de datos de 2018. Los bajos índices de violencia, sin embargo, no se han traducido en mayor seguridad. En diciembre, la ministra de seguridad Patricia Bullrich firmó un decreto en el que autorizaba un mayor uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales. La medida, cuya implementación se prevé para dentro de seis meses, ya está creando controversia e incertidumbre entre la población argentina.

Paraguay: 5,1 por 100.000*

El más reciente informe sobre homicidios del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Paraguay indica que se registraron un total de 350 homicidios entre enero y septiembre de 2018. Ese dato arroja una tasa de homicidios de 5,1 por 100.000, considerablemente menor que el 7,8 por 100.000 registrado en 2017. Sin embargo, el ministro del interior, Juan Ernesto Villamayor, declaró recientemente en una entrevista por radio que el país debe revaluar sus estrategias transnacionales con Argentina y Brasil para combatir el crimen organizado en la región. El Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC—), la pandilla más poderosa de Brasil, sigue poniendo en riesgo la seguridad del país.

Chile: 2,7 por 100.000

Chile mantiene su posición como el país con la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica. Entre enero y octubre de 2018, se registraron 488 muertes violentas, para una tasa de homicidios de 2,7 por 100.000 personas. Esta es aun menor que los 3,3 por 100.000 registrados para el mismo periodo de 2017. Incluso con los bajos índices de homicidios, Chile ha sido escenario de actos de violencia aleatorios. Un artefacto explosivo que fue detonado en una parada local de autobuses en Santiago, la capital del país, dejó múltiples heridos. Con la probable expansión del crimen organizado en 2019, queda por ver si Chile logrará mantener sus bajos índices de homicidios.

Nicaragua: N/A

En 2017, Nicaragua registró una tasa de homicidios de 7 por 100.000, con 431 homicidios, lo que continuaba una tendencia positiva de reducción de la violencia a lo largo de varios años. En 2018, los índices de violencia se dispararon con la brutal represión de los manifestantes civiles por parte del régimen del presidente Daniel Ortega. Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil han suministrado estadísticas incompletas de los asesinatos. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANDPH) registró en julio al menos 448 muertos y 595 desaparecidos. El grupo no ha divulgado información adicional desde que cerró sus oficinas de Nicaragua en agosto último, debido a las constantes amenazas del gobierno. * Las tasas de homicidios calculadas por InSight Crime se basan en datos parciales sobre homicidios para 2018 y la población total estimada de 2017 para cada país, según la oficina de referencia de población (Population Reference Bureau). Las mismas se actualizarán en cuanto se conozcan las cifras completas para 2018. 

Morales empuja a Guatemala hacia una crisis constitucional para deshacerse de la CICIG

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Jimmy Morales, el presidente guatemalteco, ha puesto a su país al borde de una crisis constitucional en su afán por deshacerse de la comisión investigadora internacional que lo ha acusado, entre otras cosas, de financiar de forma ilegal la campaña electoral que lo llevó al poder en Guatemala. En su afán Morales ha incumplido órdenes del Poder Judicial y se ha mostrado dispuesto a usar de forma ilegal la fuerza pública para llevar adelante sus planes. El pasado 7 de enero de 2019, el gobierno de Morales comunicó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, a través de su ministra de Exteriores, su decisión unilateral de terminar con el convenio que dio vida, en 2006, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente supranacional financiado con fondos de varios países que funciona como una fiscalía adjunta al Ministerio Público local.

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Entre los argumentos que la administración Morales ha utilizado para informar a la ONU que desconoce a la CICIG están que la comisión excedió sus atribuciones y que sus funcionarios “participaron en actos violatorios de las leyes, incluyendo prevaricato, abuso de autoridad, actos en contra de la Constitución, órdenes ilegales y sedición”, según reportó Prensa Libre. Morales armó, en la casa de gobierno en Ciudad de Guatemala, una multitudinaria conferencia televisada para anunciar al país su decisión de acabar con el mandato de la  CICIG. Para defender su posición, el presidente acudió a familiares de empresarios, un exfuncionario y un ciudadano ruso que han sido investigados —y en el último caso condenado— por delitos que van desde el uso de documentos falsos hasta las ejecuciones extrajudiciales. Todos ellos, arguyó Morales, han sido víctimas de acciones arbitrarias que él atribuye a la CICIG y al MP.

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El 8 de enero de 2019, un vocero de la CICIG anunció que el personal no guatemalteco de la Comisión saldría del país como medida de prevención por la falta de garantías de seguridad y operación. La comisión no cerrará su sede en la capital y el personal local seguirá trabajando. Desde su llegada al país hace una década, y sobre todo en los últimos cuatro años, CICIG ha ayudado al MP a esclarecer casos de corrupción y criminalidad organizada que involucran a expresidentes, diputados, alcaldes e importantes empresarios; varios de ellos están ahora en la cárcel. De hecho, los protagonistas de la conferencia de prensa del lunes anterior, incluido el presidente, conforman un muestrario de los poderes a los que la Fiscalía guatemalteca y la CICIG han afectado al investigarlos por su participación en todo tipo de crímenes. Entre los testigos a los que el presidente acudió para justificar su nuevo ataque a la CICIG están:
  • Familiares de Carlos Vielman, ex ministro de Gobernación. A finales de la década pasada, la CICIG investigó a Vielman por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales perpetradas desde la Policía Nacional Civil, de la que él era el jefe máximo. Documentos internos de la CICIG a los que InSight Crime tuvo acceso establecen que en enero de 2009 la comisión investigó al exministro como “integrante de un grupo organizado” dentro del Estado guatemalteco que participó en masacres de reos en la cárcel de Pavón y en el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y su motorista. Un tribunal de España, país del que Vielman es ciudadano, lo absolvió en un juicio por su presunta participación en la masacre de Pavón. En el caso Parlacen las investigaciones en Guatemala no continuaron. En octubre del año pasado, la CICIG y el MP volvieron a presentar un caso contra Vielman, esta vez por su presunto involucramiento en las ejecuciones extrajudiciales de reos que se fugaron en 2005 de una prisión conocida como El Infiernito. Vielman fue Ministro de Gobernación durante la presidencia de Óscar Berger y fue siempre muy cercano a las élites económicas guatemaltecas.
  • La familia Valdés Paiz. Una detallada investigación publicada en 2016 por InSight Crime sobre las élites guatemaltecas reveló la posible participación de los hermanos Francisco y José Valdés Paiz en un complot criminal que culminó con el suicidio de Rodrigo Rosemberg, abogado que entre sus clientes tenía a Luis Mendizábal, un oscuro operador político y de inteligencia a quien congresistas estadounidenses han pedido incluir en una lista de posibles sancionados por su relación con el crimen organizado. El MP acusó a los Valdés Paiz de ser autores intelectuales de la muerte de Rosemberg. En agosto de 2017, un tribunal de segunda instancia ordenó el cierre del caso contra los hermanos por falta de pruebas.
  • La familia Bitkov. Igor Bitkov es un ciudadano ruso que ha sido condenado en Guatemala por comprar documentos falsos a una organización criminal incrustada en la autoridad migratoria del país. En 2010, cuando Bitkov compró esos documentos, el MP investigó una red criminal dedicada a fraudes migratorios, en la que incluyeron, como sospechoso, a Enrique Degenhart, el actual Ministro de Gobernación y uno de los principales aliados del presidente Morales. El 28 de diciembre pasado, una jueza sentenció a Bitkov a pasar cinco años en la cárcel. Este caso es también relevante porque, con el concurso de cabilderos y una columnista estadounidense, fue utilizado en Washington por congresistas republicanos para intentar frenar las investigaciones de CICIG alegando que la comisión estaba coludida con el gobierno ruso para perseguir a los Bitkov. El Departamento de Estado de Donald Trump desmintió esa posibilidad.
Pero el gran protagonista de la conferencia de prensa del lunes pasado fue Jimmy Morales, él mismo investigado por la CICIG y el MP por presunto financiamiento electoral ilícito. De nuevo, como lo hizo ante el pleno de Naciones Unidas en septiembre pasado, el presidente acusó a la CICIG, y de paso al MP, de violar la ley, y, otra vez, se puso al frente de un despliegue de fuerza para sacar a la comisión del país, esta vez contraviniendo órdenes de la Corte de Constitucionalidad que ya falló a favor de la CICIG en varias ocasiones e irrespetando órdenes judiciales, como la que establece que Igor Bitkov tendría que estar en la cárcel, no en una conferencia de prensa. Ya el sábado anterior, al intentar impedir a Guatemala la entrada de un investigador colombiano, el gobierno de Morales, también en contravención con órdenes judiciales que deshicieron una intentona de negar visados a funcionarios extranjeros de CICIG, ordenó a la policía acordonar el aeropuerto internacional La Aurora.

Análisis de InSight Crime

La denuncia unilateral del convenio que da vida a CICIG no tiene, por ahora, efectos prácticos: para que la comisión deje de operar antes de que su mandato expire en septiembre de 2019 aún faltan varios pasos legales que escapan, en teoría, a la decisión de Jimmy Morales. La existencia de CICIG está regulada por la Convención de Viena sobre el derecho de tratados, legislación internacional adoptada por el Estado guatemalteco. El acuerdo firmado entre Guatemala y la ONU establece, en su artículo 14, que este tiene una vigencia de dos años. La última vigencia fue renovada por el mismo Morales el año pasado, lo cual pone la fecha de vencimiento del acuerdo el 3 de septiembre próximo. El mismo acuerdo establece que si una de las partes quiere denunciarlo, es decir terminarlo unilateralmente, debe dar aviso con 12 meses de anticipación, lo que es imposible porque el pacto tiene ya solo 8 meses de vida.

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El secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, dijo el lunes mismo que rechaza la petición guatemalteca y reiteró que CICIG está viva al menos hasta el fin de su mandato actual. Algo que ha quedado claro tras los acontecimientos de los últimos días es que las élites empresariales, otrora afines a CICIG, harán cuerpo con Morales sin importar las consecuencias. En una rápida reacción tras el anuncio presidencial, la cúpula empresarial dio una conferencia de prensa para acuerpar al mandatario. Las últimas movidas de Morales en este tablero también han empujado a otros actores a posicionarse más claramente a favor de CICIG y las investigaciones contra la corrupción o a reiterar sus apoyos y oposiciones. Así, por ejemplo, el intento de impedir el ingreso al país del investigador colombiano el sábado anterior, empujó a la fiscal general Consuelo Porras, que hasta entonces se había mostrado tibia para contravenir a Morales, a ordenar el arresto de los funcionarios del Ejecutivo que intentaron deportar al funcionario de la CICIG. Álvaro Arzú Escobar, presidente del Legislativo e hijo del fallecido expresidente Álvaro Arzú Irigoyen -también investigado por la CICIG y el MP-, ha dicho que hay votos para apoyar la decisión del presidente de denunciar el tratado. La decisión del Congreso, de acuerdo con la ley guatemalteca, no es vinculante. Las posiciones en Estados Unidos, uno de los países que más aporta al financiamiento de la CICIG, también han quedado más claras. Cuando Donald Trump llegó al poder, el apoyo incondicional de la administración Obama a la comisión empezó a debilitarse, e incluso permitió el empoderamiento de funcionarios que utilizaron pertrechos donados por Washington para amedrentar a la CICIG. Tras los últimos eventos, sin embargo, los demócratas, que hoy son mayoría en la cámara baja, han advertido a Morales que suspenderán ayudas y lo han tildado abiertamente de corrupto. El senador Patrick Leahy, uno de los más influyentes en temas centroamericanos en la cámara alta, ha dicho al guatemalteco que no es bienvenido en Estados Unidos. Parece obvio, sin embargo, que el presidente Morales está dispuesto a llegar incluso más allá de lo permitido por la ley y de las presiones internacionales en su afán por expulsar a la comisión y bloquear el avance de investigaciones en curso o la apertura de otras nuevas. Por ahora ya ha intentado contravenir la autoridad del Poder Judicial, algo que la Constitución guatemalteca le impide, pero también ha mostrado intención suficiente de acudir a la fuerza pública para mantener en firme sus decisiones. La chispa de la crisis constitucional está encendida. Jimmy Morales está resuelto a atizarla.