GameChangers 2018: La arremetida de las élites en Centroamérica

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Después de 2018, dos cosas han quedado claras: el blindaje otrora impenetrable que el apoyo de Estados Unidos y otros donantes internacionales proveían a los esfuerzos anticorrupción en la región se ha debilitado; y las élites políticas y económicas de Centroamérica no están dispuestas a permitir que una comisión internacional, una fiscalía o investigadores independientes se les metan hasta la cocina.

Esta imagen resume el año: el presidente guatemalteco Jimmy Morales rodeado de dos docenas de militares uniformados al anunciar su intención de librarse de las investigaciones en su contra.

Era agosto y la batalla que libraba Morales con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ocupó buena parte del año y sigue inconclusa, estaba en su punto más candente. Morales se quejaba de la CICIG por la investigación que la comisión había hecho sobre la campaña que lo llevó a la victoria en 2015. Para fin de año, tras varias ofensivas políticas y diplomáticos contra la comisión, el gobierno guatemalteco quitó las visas a 11 de sus investigadores más importantes  y anunció que los expulsaría del país.

Como reportó InSight Crime en una investigación especial sobre el presunto financiamiento electoral ilícito atribuido al presidente, el poder de Jimmy Morales descansa en la alianza de poderosos exmilitares, evangélicos y empresarios de los grupos tradicionales de poder que lo auparon a la presidencia. Al final, las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público (MP) de Guatemala terminaron involucrando, como sospechosos, a representantes de todos esos grupos.

Morales, por supuesto, no está solo. El cierre de filas de las élites cuestionadas en Guatemala también fue evidente en El Salvador y Honduras, los otros dos países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. En Honduras renunció el jefe del ente internacional anticorrupción en parte por bloqueo de las élites políticas. Y En El Salvador, la prevalencia de mafias políticas de izquierda y derecha ha logrado neutralizar los incipientes esfuerzos anticorrupción en la Fiscalía General y en la Corte Suprema de Justicia.

Lejos quedó, este año, el entusiasmo que procesos judiciales e investigaciones criminales contra expresidentes y empresarios enredados en complejas tramas de corrupción y saqueo al erario despertaron en los tres países en años anteriores. No es que las luchas anticorrupción hayan muerto, pero sí terminarán el año debilitadas.

Guatemala: la corrupción, el sello de la política

Si hay un contrincante del presidente Jimmy Morales en esta batalla es Iván Velásquez, el juez colombiano y comisionado de la CICIG, el ente judicial respaldado por las Naciones Unidas que ayuda al ministerio público a investigar y a llevar casos a juicio. Al principio del año, el juez dijo a InSight Crime que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la corrupción en la política guatemalteca, y luego salió a comprobarlo.

Su oficina y el MP removieron, en los últimos dos años, los cimientos de la política de Guatemala al develar las conexiones del ya extinto Partido Patriota y del gobernante partido de Morales, FCN-Nación, con las redes de corrupción política y empresarial que han embaucado y secuestrado al Estado guatemalteco por décadas. Esas investigaciones también dejaron al descubierto el rol de las élites económicas de viejo cuño en el tinglado.

Morales no se quedó quieto. A los afanes del presidente se unió la cruzada del expresidente y exalcalde capitalino Álvaro Arzú, quien hizo frente común con Morales para desprestigiar a la CICIG e intentar cercarla. Morales también trató de controlar el siguiente paso de cualquier investigación en su contra seleccionando una fiscal afín a sus intereses para dirigir el Ministerio Público.

Sin embargo, no todo le salió como lo esperaba. Arzú murió en abril, y el 10 de agosto la nueva fiscal, Consuelo Porras, solicitó al sistema judicial un nuevo antejuicio contra Morales por presunto financiamiento electoral ilícito.

Los eventos llegaron a su culminación en agosto con Morales y Velásquez rodeados por militares, pero en el caso del colombiano estaban alrededor de la sede de la CICIG con el objetivo de escoltarlo fuera del país. El comisionado colombiano se quedó, pero Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, vigente hasta septiembre de 2019.

Cronología de la confrontación entre el presidente de Guatemala Jimmy Morales y el comisionado de la CICIG Iván Velásquez
Cronología de la confrontación entre el presidente de Guatemala Jimmy Morales y el comisionado de la CICIG Iván Velásquez

A continuación, aprovechando que Velásquez salió de gira hacia los Estados Unidos en busca de más respaldo, Morales ordenó a su gobierno impedir su regreso a Guatemala.    

Aunque la Corte de Constitucionalidad ha ordenado al presidente no impedir el reingreso de Velásquez, el colombiano ha evitado intentar regresar a Guatemala y el Gobierno ha insistido en que si eso sucede no lo dejará pasar.

En diciembre, el Ministerio de Relaciones y Migración cerraron la pinza en torno a CICIG al anunciar que no renovarían las visas de 11 investigadores, entre ellos los que habían investigado al presidente y a dos de sus familiares. La decisión deja abierta la posibilidad de la expulsión de los investigadores del país.

La comisión y la fiscalía han seguido abriendo casos contra funcionarios locales, pero la lucha contra la corrupción parece haber perdido la fuerza que había ganado desde 2015, cuando investigaciones de la CICIG y el MP desencadenaron eventos judiciales y políticos que pusieron en jaque al gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina, hoy preso y en espera de juicio por corrupción.

Honduras: Vaso medio lleno

Quizá el evento que mejor dejó al descubierto la reticencia de las élites políticas hondureñas a someterse a investigaciones fue la renuncia, en febrero, del peruano Juan Jiménez Mayor, quien hasta entonces había dirigido la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Jiménez Mayor renunció en protesta por los intentos del gobierno de Juan Orlando Hernández de bloquear el trabajo del organismo internacional, creado en 2016 bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ayudar a la fiscalía hondureña.

En la carta de renuncia que presentó al secretario general de OEA, Jiménez Mayor explicaba cómo el Partido Nacional de Hernández, a través de sus diputados en el Legislativo y de jueces en el Judicial, y otros agentes paraestatales se embarcaron en una campaña institucional para bloquear reformas legales y procesos criminales emprendidos por la MACCIH y el Ministerio Público.

El peruano denunció, entre otras cosas, que funcionarios del gobierno habían estado blandiendo el argumento de la soberanía nacional para intentar minimizar el impacto de la Misión. Jiménez Mayor también se quejó del poco apoyo recibido desde la sede central de la OEA y de su secretario general.

En junio, la MACCIH, ya con Jiménez Mayor fuera, y el Ministerio Público presentaron el caso Pandora, una acusación colectiva contra 38 personas, funcionarios de los partidos Nacional y Liberal, acusados de desviar unos U$S12 millones del erario. El financiamiento de la campaña del presidente Hernández es uno de los asuntos mencionados en Pandora.

En una primera reacción, Hernández pareció apoyar la investigación, pero de forma condicionada: “Es fundamental que se haga justicia, nadie está por encima de la ley, pero de igual manera el principio del estado de derecho, el principio de inocencia es lo que todos debemos buscar”.

Para finales de año, según confirmó InSight Crime en Tegucigalpa, buena parte del caso Pandora seguía estancado en trámites judiciales.

Los argumentos de la presunción de inocencia y el de la soberanía se convirtieron, en Honduras como ha ocurrido en Guatemala, en dos de los principales argumentos de las élites para oponerse a esfuerzos supranacionales antiimpunidad como la MACCIH y la CICIG.

No parece casualidad, por ejemplo, que Hernández haya sido el único presidente que apoyó las actuaciones de su homólogo Morales en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, donde el guatemalteco denunció a la CICIG por “terrorismo judicial” y lesiones a la soberanía, entre otras cosas.

El Salvador: condenas individuales pero esquemas intactos

También hay buenas noticias: el año dejó la condena a diez años de prisión del expresidente Antonio Saca por corrupción y soborno. Las autoridades condenaron a Saca por apropiarse de unos U$S300 millones de fondos públicos durante su presidencia (2004-2009). Y, tras una investigación de dos años, pactó con el exmandatario una confesión que dejó al descubierto redes de corrupción que implican a los gobiernos del antecesor y sucesor de Saca.

No todo es positivo, sin embargo. A pesar de ser la primera condena en firme a un expresidente en el país, la fiscalía optó por no buscar, en juicio, la condena de 25 años que le permitía la ley. Más allá del caso judicial, la confesión de Saca deja claro que se mantienen intactos los esquemas de corrupción que han permitido a los exmandatarios salvadoreños apropiarse de millones de dólares a través de la llamada partida secreta de la presidencia.

Cómo el expresidente Antonio Saca de El Salvador robó US$300 millones del erario público
Cómo el expresidente Antonio Saca de El Salvador robó US$300 millones del erario público

Un ejemplo de esto es la propia investigación contra Saca. Esa, así como otra abierta contra Mauricio Funes, su sucesor al frente del Ejecutivo, empezó gracias a descubrimientos hechos por la Sección de Probidad, una oficina de la Corte Suprema de Justicia dedicada a examinar el crecimiento patrimonial de los funcionarios públicos. Entre 2014 y 2015, Probidad abrió docenas de expedientes a expresidentes, ministros y diputados.

Los expedientes de Probidad pudieron convertirse en investigaciones criminales gracias al empuje de la anterior Sala de lo Constitucional de la Corte, que terminó funciones en julio de este año. Las señales enviadas por la nueva Corte, elegida en noviembre, no son buenas: una de sus primeras decisiones fue que las investigaciones sobre casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios se harán a puerta cerrada.

Un triángulo que sigue en ebullición

Quien pose la mirada sobre el Triángulo Norte de Centroamérica a finales 2018 se llevará una sensación confusa. A pesar de las arremetidas de sus élites políticas y económicas, la agenda anticorrupción sigue presente en algunas oficinas estatales, sobre todo en los ministerios públicos y fiscalías, y en porciones importantes de la sociedad civil y dos entes internacionales de justicia que mantienen un respaldo internacional importante.

Pero también es innegable que con la arremetida de las élites del Triángulo Norte a los esfuerzos anticorrupción, la impunidad ha vuelto a ganar terreno. Y con ella los viejos males de la región, sobre todo la fragilidad del Estado, han vuelto a quedar a la vista.

Parece claro que el objetivo principal de esas élites es mantener el control necesario sobre las instituciones públicas para evitar investigaciones y persecuciones penales, aunque al final esto signifique desviar recursos destinados al combate contra el crimen para utilizarlos con fines políticos, como en Guatemala; dosificar los esfuerzos anticorrupción, como en Honduras, o, incluso, establecer pactos políticos entre partidos contrarios, como en El Salvador.

GameChangers 2018: el año en el que el crimen se volvió ideología

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InSight Crime presenta su publicación anual GameChangers 2018, en la que analizamos las tendencias más importantes del crimen organizado en el continente americano durante el año. Desde el aumento de la oferta de las drogas ilícitas, pasando por el resurgimiento de grupos criminales monolíticos, hasta el debilitamiento de los programas anticorrupción y una ola de respuestas militarizadas frente al crimen, 2018 fue un año en el que los asuntos políticos continuaron enmarcados en la dicotomía izquierda-derecha, pero la única ideología que importó fue la del crimen organizado.

Algunas de las peores noticias se dieron en Colombia, donde la producción de coca y cocaína alcanzó niveles récord en un año más de malas noticias con respecto al histórico acuerdo de paz con la insurgencia política más antigua de la región, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La desmovilización de los miembros de las ex-FARC ha estado plagada de ineptitud gubernamental, corrupción, violaciones a los derechos humanos y acusaciones de que los altos dirigentes de la guerrilla están implicados en el narcotráfico. Y ello pudo haber contribuido directa e indirectamente al aumento de la producción de coca y cocaína.

En medio de esta tumultuosa situación, en el mes de mayo Colombia eligió como presidente al político de derechas Iván Duque, protegido de Álvaro Uribe, quien fue presidente del país y actualmente es senador de la república. Su alianza podría afectar no solo lo que queda del acuerdo de paz, sino toda la criminalidad del país; en efecto, durante 2018 los disidentes de las ex-FARC reestablecieron antiguos feudos criminales o se aliaron con otras facciones delincuenciales, y el último grupo guerrillero que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), llenó los vacíos de poder en Colombia y en la vecina Venezuela, lo que lo convierte en uno de los tres grupos criminales que consideramos ganadores este año. Por otro lado, ha surgido una nueva generación de traficantes, que prefiere el anonimato a los grandes y llamativos ejércitos violentos del pasado.

También es de resaltar el aumento que se presentó en 2018 en las drogas sintéticas, sobre todo el fentanilo. El flagelo de este opiáceo sintético causó más muertes por sobredosis en Estados Unidos que cualquier otra droga. El fentanilo ya no se consume como sustituto de la heroína, sino que aparece oculto en píldoras de prescripción médica falsificadas y mezclado con cocaína y con medicamentos no aprobados. Se produce en China, y aunque gran parte de la droga se transporta a través del sistema postal estadounidense, otra parte atraviesa México en su recorrido hacia Estados Unidos. Durante 2018, los grupos criminales de México parecieron haber orientado sus operaciones cada vez más en torno a esta droga, especialmente dada su creciente popularidad, disponibilidad y rentabilidad. Como resultado, se están dando algunas alianzas que podrían cambiar las reglas del juego, sobre todo entre las organizaciones criminales mexicanas y dominicanas.

Una de estas estructuras criminales mexicanas es el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), otro de los tres grupos criminales que consideramos ganadores en 2018. El CJNG ha evadido los intentos por debilitarlo mediante diversas estrategias, como sofisticadas relaciones públicas y tácticas militares, y además las circunstancias le han sido favorables —el gobierno ha estado demasiado distraído—. Ello no significa que sea invulnerable. En 2018, el grupo dio algunos duros golpes en su bastión, por lo que las autoridades estadounidenses lo pusieron en su radar, lanzando una serie de acusaciones contra la organización.

Los carteles de México se enfrentaron entre sí, incluso mientras aprovechaban las lucrativas economías criminales. El resultado se hizo evidente en los niveles récord de homicidios de este año. El deterioro de la seguridad allanó el camino para la elección del candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en el mes de julio. AMLO, como se le conoce afectuosamente, no basó su campaña precisamente en los asuntos de seguridad, pero quizá ganó gracias a ellos, y de paso heredó de su predecesor un cáliz de seguridad envenenado: mientras que Peña Nieto puede afirmar que durante su gobierno fueron arrestados o asesinados 110 de los 122 cabecillas criminales, AMLO se enfrenta a más de mil futuros líderes y a cientos de grupos criminales.

El aumento de la oferta de cocaína y fentanilo afectó enormemente a Estados Unidos, que continúa siendo uno de los mayores consumidores de drogas en el mundo. Pero 2018 demostró que la era en que Estados Unidos utiliza la política de drogas como un arma de su política exterior puede estar llegando a su final. En vísperas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, el “llamado a la acción” por parte de la administración Trump —que consistía en una estrategia apoyada en cuatro pilares— no tuvo el suficiente apoyo de otros países de la región. Por el contrario, Canadá legalizó la marihuana, y el recién electo presidente de México ha considerado alejarse radicalmente de la estrategia de mano dura que promueve la administración Trump.

Aun así, los dos años de la extraña y caótica política exterior de Donald Trump han tenido un impacto devastador en las relaciones exteriores en la región y han allanado el camino para el crimen organizado transnacional. En primer lugar, la administración Trump ha abandonado prácticamente todos los programas que por años se han adelantado contra la corrupción en Centroamérica, al tiempo que su administración enfrenta constantes acusaciones de corrupción al interior de su propio régimen.

Específicamente, 2018 será recordado como el año en que el gobierno de Estados Unidos dejó de apoyar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la fiscalía adjunta respaldada por la ONU en ese país. Durante casi 10 años de labor, los casos liderados por la CICIG han llevado a la cárcel a presidentes, vicepresidentes, candidatos vicepresidenciales, exministros, banqueros, dueños de hoteles y muchas personas más. Pero este año, el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales —quien también está siendo investigado por la CICIG— comenzó a presionar a la Casa Blanca y a sus aliados directamente, y de esta manera logró reunir una coalición de miembros de las élites que han sido acusados, marginar a la CICIG y exiliar a su reconocido comisionado colombiano, pese a la presión del Congreso de Estados Unidos para que se mantenga el respaldo judicial en el país.

Otros mandatarios han emprendido un juego similar; en particular, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha logrado neutralizar la versión de la CICIG en ese país: la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). En el mes de febrero, Juan Jiménez Mayor, director de la MACCIH, renunció sorpresivamente. En una carta abierta publicada en su cuenta de Twitter, Jiménez explicó que dimitió debido a la falta de apoyo del progenitor de la MACCIH, la Organización de los Estados Americanos (OEA), y a los esfuerzos concertados del Congreso hondureño por debilitar la misión. Tanto Honduras como Guatemala han debido enfrentar desafíos constitucionales para los mandatos de la MACCIH y la CICIG. Sin embargo, como signo positivo, la reelección del fiscal general de Honduras, cuya gestión ha sido relativamente buena, puede hacer que las intenciones de neutralizar los programas anticorrupción allí sean infructuosos, sobre todo en lo que respecta a una investigación que está siguiendo muy de cerca al propio presidente Hernández.

Nada de esto parece molestar a Trump, quien durante 2018 se dedicó casi permanentemente a una campaña política en Estados Unidos, en especial en torno a la diversidad de inmigrantes que huyen de la violencia de los grupos criminales que los asedian, como la Mara Salvatrucha (MS13) —un tema que abordamos en nuestra investigación de tres años de duración sobre la pandilla—. Y lo que es peor aún, las políticas fronterizas de Trump están por el contrario favoreciendo al crimen organizado. Y su administración parece haber abandonado toda intención de defender los derechos humanos o la libertad de prensa, a pesar de que la región sigue siendo el lugar más peligroso del planeta para ejercer el periodismo, sobre todo debido al crimen organizado, la corrupción y la impunidad que promueven aliados de Estados Unidos como Morales y Hernández.

De hecho, la indiferencia de Trump frente a la ley, el orden y la verdad permitió el avance de la demagogia, lo cual fue muy evidente en Brasil, donde el triunfo de la derecha fue más rotundo que en Colombia. Después de ser apuñalado durante una manifestación política, el populista militar-evangélico Jair Bolsonaro —quien ha sido descrito como un “Donald Trump brasileño”— ascendió en el camino a la presidencia con base en una plataforma racista y xenófoba que incluye sentencias de prisión más largas, militarización de la guerra contra el crimen, y el retroceso en los esfuerzos regionales por legalizar ciertas sustancias ilegales.

Pero a juzgar por lo que ocurrió en 2018, lograr mayor seguridad en Brasil —donde en 2017 se registró el asombroso récord de 63.880 homicidios— puede no resultar tan fácil, incluso auqnue la solución que Bolsonaro propuso goza de popularidad. Durante 2018 se presentó otra ola de combates en diferentes partes del país, incluyendo una serie de enfrentamientos entre la Familia del Norte y el Comando Rojo, que puso fin a un pacto de tres años de duración entre los dos grupos. Sin embargo, el Primer Comando Capital (PCC) fue el que continuó planteando la mayor amenaza, expandiéndose tanto dentro de Brasil como en otras partes de la región, lo que lo ubica en el primer puesto de nuestra lista de ganadores criminales de 2018.

Irónicamente, el gobierno izquierdista de El Salvador fue el que más se asemejó en 2018 a la estrategia militarista de Bolsonaro en su lucha contra el crimen. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dio luz verde para una estrategia de línea dura que recuerda a muchos de los regímenes que la misma guerrilla del FMLN combatió en el pasado, antes de convertirse en un movimiento político. En 2018, el partido además codificó sus medidas más draconianas y ofreció abundante protección a los autores intelectuales de las más atroces violaciones a los derechos humanos, incluso a pesar de que los resultados de dichas medidas fueron mediocres.

Por otra parte, durante 2018, pandillas como la MS13 demostraron su capacidad para adaptarse y para mover su músculo político de maneras sorprendentes, sobre todo en la capital, San Salvador. El exalcalde de la ciudad, Nayib Bukele, quien es actualmente uno de los principales candidatos en la contienda presidencial —y quien ha sido un camaleón político, pasando de la izquierda en el FMLN a un pequeño partido rival de derecha— llevó a cabo una negociación con las pandillas, de modo que pudo empezar a remodelar el centro histórico de la ciudad y transformarlo en un área que acogiera más a las familias —o por lo menos a la moda y los turistas—. De cierta manera, su estrategia funcionó, dado que la violencia disminuyó, el centro obtuvo algunas de las necesarias mejoras estructurales, y se abrieron nuevos negocios. La disminución en los homicidios durante este año indica que el FMLN y otros operadores políticos también pueden haber notado los resultados  y quizá están tratando de darles un lugar a las pandillas, sobre todo con miras a las elecciones presidenciales de febrero.

Más hacia el centro del espectro político se ubicó Costa Rica, que en el mes de abril eligió como presidente a Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana (PAC), de orientación centroizquierda. Allí, las elecciones al parecer no respondieron a la seguridad ciudadana, de la que quizá sí pueda depender la supervivencia de la administración del nuevo presidente. Las tasas de homicidios han llegado a niveles récord, sobre todo porque Costa Rica está desempeñando un papel cada vez más importante en la actividad criminal transnacional, pero quizá también porque en 2018 se observó que las fuerzas de seguridad del país pueden estar involucradas en el crimen ahora más que nunca.

En un espectro político propio se ubicó el venezolano Nicolás Maduro, quien fue reelegido en abril en un ejercicio que pareció confirmar que desde hace mucho tiempo ha desechado cualquier pretensión de democracia. Como lo describimos en una investigación especial publicada en varias secciones, Venezuela se ha convertido efectivamente en un vehículo para los intereses criminales. Las razones para ello tienen que ver con la aparición de grupos criminales propios que se encuentran tanto al interior del gobierno como vinculados a él, pero además con la abdicación de las funciones del Estado, especialmente en lo que se refiere a las prisiones, y con la muerte de todo sistema económico viable, lo que facilita la corrupción y la ineptitud que prevalecen en el gobierno de Maduro.

Como resultado de todo lo anterior, el caos no se dejó esperar en 2018, y miles de refugiados se lanzan diariamente a otros países. La crisis de los refugiados, que no tiene precedentes, trajo consigo desesperación e, inevitablemente, más crimen organizado. En pocas palabras, en 2018 Venezuela se convirtió en un epicentro regional del crimen, un lugar donde se vende de todo, desde combustible robado hasta adolescentes y alimentos descompuestos, y donde la competencia está en todos los ámbitos. Y al gobierno no parece importarle. Su solución consistió en lanzar una criptomoneda vinculada a su industria petrolera en quiebra, al mismo tiempo que la primera dama enfrentaba acusaciones de narcotráfico.

Migrantes de Venezuela recorren Perú a pie

En medio de las fuertes disputas políticas de suma-cero, hay un caso aparte, incluso una luz de esperanza. En 2018, Argentina pareció estar buscando cierto justo medio en la batalla contra el crimen. El gobierno impulsó mejoras en la recolección de datos y la recopilación de inteligencia, a la vez que aumentó sus estadísticas de arresto y confiscación. Implementó además un programa de policía comunitaria, aunque coqueteó con el uso de una estrategia militarizada a lo largo de las fronteras y en otros sitios.

Los resultados han tenido sus más y sus menos. El desmantelamiento y el juicio de uno de los grupos criminales más violentos del país, por ejemplo, fueron eclipsados por la permanente capacidad de dicho grupo para operar desde la cárcel. Y la nueva ley de negociación de culpabilidad abrió puertas para la corrupción oficial, sobre todo entre los políticos vinculados al antiguo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Como expresó la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, durante una entrevista con InSight Crime en 2018, el plan del gobierno es casi perfecto. “Nosotros planteamos lo que llamamos el modelo 80/20: 80 por ciento de inteligencia, 20 por ciento de casualidad”, dijo.

En 2018, este fue un comentario gratamente sincero, un reconocimiento de que no todos los programas son como se anuncian.

Credit: AP Images

Gobierno de Morales deja sin protección a investigadores de la CICIG

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El presidente de Guatemala quiere dar la estocada final en su guerra contra la CICIG que lleva contándole las costillas desde que inició su mandato al frente del Ejecutivo. Su última movida ha sido ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores no renovar las visas y acreditaciones diplomáticas a 11 investigadores adscritos a la comisión y a dos de sus familiares, lo cual los deja sin inmunidad. El martes 18 de diciembre, agentes de la Migración guatemalteca llegaron a la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a anunciar la decisión a los afectados y a advertirles que debían de salir del país en las siguientes 72 horas. Los afectados son todos investigadores policiales, legales y financieros que han acompañado varias de las investigaciones de alto riesgo emprendidas por la CICIG junto al Ministerio Público en los últimos años, relacionadas con corrupción de funcionarios gubernamentales, poderosos empresarios y redes de crimen organizado. La administración de Jimmy Morales dio a conocer su decisión a través del Diario de Centroamérica, la publicación oficial del gobierno. Ahí, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que no renovará las visas a César Rincón, Luis Fernando Orozco, Yilen Osorio y Roque Veliz, entre otros, según reportó Prensa Libre. Orozco, de origen colombiano, era el investigador responsable por la CICIG en el emblemático caso La Línea, que desveló un esquema de corrupción masiva enquistado en las aduanas guatemaltecas en el que estaban implicados decenas de funcionarios y empresarios, incluyendo al expresidente Otto Pérez Molina y su segunda al mando, Roxana Baldetti. Hoy ambos están presos. Este investigador es, además, el director de la CICIG en el caso por financiamiento electoral ilícito contra FCN-Nación, el partido que llevó a Morales a la presidencia. Del caso La Línea se desprendieron varios expedientes de investigación a empresarios y políticos implicados en otros casos de corrupción, como el llamado “Construcción y Corrupción” o “Traficantes de Influencias”, en el que aparecen varias empresas constructoras acusadas de participar en sobornos a políticos.

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Rincón, otro de los afectados, representaba a la CICIG en el caso “Botín Registro de la Propiedad”, en el que están implicados el hermano y el hijo del presidente Morales. Vicenzo Caruso, italiano, es otro de los funcionarios internacionales que se quedará sin visa; él fue quien interpuso la petición de retirar la inmunidad a Jimmy Morales por supuestos delitos de financiamiento electoral ilícito. “La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala de revocar y no renovar las visas de los funcionarios de la CICIG no tiene base legal y es, por tanto, arbitraria. La única razón expresada tanto por el Presidente de la República como por la ministra, designándolos como terroristas con investigaciones pendientes en sus países de origen es falsa, como ya se ha demostrado”, dijo Iván Velásquez, jefe de la comisión a quien el gobierno de Morales ha vedado el ingreso a Guatemala desde agosto pasado, a través de un comunicado. El gobierno guatemalteco no había comunicado oficialmente su decisión a CICIG al cierre de esta nota, ni había hecho más comentarios a la prensa. La CICIG había solicitado hace dos meses la renovación de 42 visas para sus empleados. Entre ellos, los 11 a los que el gobierno Morales ha negado renovación de visados, quienes están forman parte del grupo de investigadores más importantes de la comisión, relacionados, precisamente, a los casos por los que el presidente emprendió una cruzada política personal para deshacerse de la CICIG y de Velásquez.

Análisis de InSight Crime

El principal y más grave efecto de esta decisión del Ejecutivo guatemalteco es que los funcionarios internacionales se quedarán sin la inmunidad acordada en el convenio que dio vida a CICIG hace 12 años. Sin ella, los investigadores podrán ser sujetos de persecución penal y de encarcelamiento, según dijo a InSight Crime en Ciudad Guatemala un investigador que ha seguido de cerca la guerra entre Morales y la comisión. Con esta acción, Morales quiere poner la lápida a CICIG y culminar la batalla por el control de las investigaciones contra la corrupción que han salpicado a su gobierno desde el inicio de su mandato en 2016. Gracias en buena medida a la pérdida de apoyos entre las élites económicas de Guatemala que una vez la apoyaron, debido a investigaciones que implicaron a miembros de los conglomerados empresariales más importantes del país, CICIG se ha ido quedando sola desde mediados de 2017, cuando Morales movió su primera pieza al intentar declarar non grato a Velásquez, intento que fue frustrado por la Corte de Constitucionalidad.

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El miércoles 19, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la gremial que aglutina a los empresarios más poderosos del país, dio un nuevo espaldarazo a Morales al pedir “respeto a las decisiones de las instituciones del país”. Otro soporte importante para Morales ha sido, sobre todo en los últimos meses, el gobierno de Donald Trump en Washington, que ha salido a apoyar al presidente en momentos críticos, como cuando en medio de una polémica por el anuncio de Morales de que terminaría con el mandato de CICIG vigente hasta septiembre de 2019, el secretario de Estado Mike Pompeo utilizó su cuenta de Twitter para decir que el Ejecutivo guatemalteco es un importante aliado en la lucha contra el narcotráfico. Washington también envió otra señal de apoyo a Morales al anunciar, en octubre pasado que enviaría 38 jeeps militares J8 al ejército guatemalteco. Con eso, el gobierno de Trump parecía dar por zanjada la polémica que se generó el 31 de agosto, cuando varios jeeps similares rodearon la CICIG e incluso la embajada de Estados Unidos en la capital guatemalteca, poco antes de que Morales anunciara su decisión de terminar con el mandato de la comisión. Al quitar la inmunidad a investigadores claves de CICIG, parece que Jimmy Morales, otrora cercado por investigaciones y acusaciones de corrupción, está más cerca de blindarse él, su gobierno y a sus aliados de un futuro que parecía incluir una condena de cárcel.

Caso de corrupción de “Cash Luna” puede revelar nexo entre narcotráfico y religión en Guatemala

Una nueva investigación afirma que uno de los pastores evangélicos más influyentes de Guatemala aceptó dinero de una reconocida narcotraficante, y pone de manifiesto cómo la iglesia actúa como operador político en el país centroamericano. Carlos Enrique Luna, más conocido como “Cash Luna”, el fundador y pastor líder de la iglesia evangélica La Casa de Dios —una de las megaiglesias de Latinoamérica— presuntamente recibió dinero de la convicta narcotraficante guatemalteca Marllory Chacón Rossell, alias “La Reina del Sur”, como un aporte para la construcción de un complejo religioso de varios millones dólares, según una investigación reciente, publicada por Univisión el 3 de diciembre. En enero de 2012, la Oficina del Tesoro de Estados Unidos para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Chacón y la calificó de ser “una de las narcotraficantes más prolíficas de Centroamérica”. Hacia 2010, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) se infiltró en la organización criminal de Chacón usando al piloto colombiano Jorge Mauricio Herrera, quien transportaba cocaína a Guatemala para Chacón en nombre de un cartel colombiano, según Univisión. Se dice que Herrera estuvo presente en varias entrevistas en las que Chacón y Luna hablaron de transferencias de dinero. Otra persona cercana a Chacón relató a Univisión que ellos entregaban personalmente el efectivo a Luna, quien “constantemente le pedía” dinero.

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Luna era presuntamente “la mano derecha” de Chacón. El pastor sabía, según afirma Herrera, que ella se dedicaba al narcotráfico y que el dinero que él recibía provenía de la droga. Chacón se entregó a las autoridades estadounidenses en 2014 y posteriormente se declaró culpable de delitos por drogas en 2015. Cerca de 12.000 fieles escuchan los sermones semanales de Luna en su iglesia en Ciudad de Guatemala, que se dice que está avaluada en unos US$45 millones. La iglesia es la más grande de su tipo en Latinoamérica. Fue inaugurada en 2013 por el expresidente Otto Pérez Molina, quien ahora se encuentra preso junto con su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, por cargos de corrupción. Un vocero de la Fiscalía General de Guatemala confirmó que las autoridades han abierto una investigación a Luna por sus presuntos nexos con Chacón. No es claro qué división investigará a Luna, pero lo más probable es que sea una indagación por lavado de dinero. La abogada de Chacón negó que alguna vez haya lavado dinero con Luna o su congregación. Luna y Casa de Dios también rechazaron las acusaciones. Luna declaró que es “respetuoso de la ley”, y añadió que ha “cumplido con las normativas y regulaciones a las cuales estoy sujeto”.

Análisis de InSight Crime

Los nexos entre uno de los pastores más prominentes de Guatemala y una de las traficantes de droga más notorias del país son una muestra de cuánto poder tiene la iglesia evangélica en ese país. Pero la iglesia también desempeña un rol de peso como operador político en otro sector de la sociedad: la política.

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El mismo presidente de Guatemala Jimmy Morales es cristiano evangélico, y la Casa de Dios de Luna fue el centro de apoyo de su exitosa campaña presidencial en 2015. Además, los dos, según se dice, celebraron una entrevista exclusiva durante su campaña. Morales es actualmente investigado por presunta financiación electoral ilícita en su puja por la presidencia. Pero Morales no es el único político con nexos dudosos con Casa de Dios y con Luna. Las autoridades revelaron que Baldetti —quien se encuentra pagando 15 años de prisión por cargos de corrupción por su participación en un multimillonario caso de fraude, y quien también fue imputada por las autoridades estadounidenses por tráfico de cocaína— usó más de US$50.000 de dineros públicos en 2013 para donar una enorme bandera de Guatemala a la iglesia Casa de Dios.

Pandillas y estrategias de prevención en Centroamérica: ¿una batalla perdida frente a indiferencia estatal?

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Dadas la migración masiva de personas que huyen de la violencia y los asesinatos, y el evidente fracaso de las políticas represivas en el Triángulo Norte, los programas de prevención y rehabilitación frente al problema de las pandillas parecen ser la mejor solución. Pero su impacto seguirá siendo limitado a menos que los gobiernos inviertan tiempo y recursos en estrategias más eficaces y a largo plazo. “Había un muchacho al que llamaban ‘Chucky’. Empezamos a invitarlo a varios programas. Pero parecía que venía más para ver lo que estábamos haciendo, tomar fotos y grabar audios y videos”, dice Juan Alberto Sánchez, coordinador de seguridad de la policía municipal de Villa Nueva, recordando la historia del niño de 13 años y el centro juvenil comunitario El Éxodo mientras recorremos el violento barrio Zona 12 en las afueras de Ciudad de Guatemala. “Nosotros se lo permitíamos y le preguntábamos ‘¿por qué nos filmas?’, a la vez que lo reteníamos y tratábamos de involucrarlo en las actividades [del centro juvenil]. Logramos que participara en las actividades recreativas […]  pero para él era complicado participar activamente porque ya había empezado a involucrarse [con la pandilla]”. Como agente de la policía comunitaria, Sánchez hace parte de una estrategia de prevención del problema de las pandillas implementada por las autoridades locales con el fin de alejar de las pandillas a los niños de la comunidad ofreciéndoles alternativas, como actividades culturales. Pero no fue suficiente para Chucky. El muchacho ascendió rápidamente en la jerarquía de la pandilla Barrio 18, lo cual no le dejaba tiempo para nada más.

Graffiti de los niños del sector en el patio del centro comunitario El Éxodo, en Villa Nueva

“A medida que ascendía en la jerarquía, Chucky se volvía cada vez más agresivo […] Era interesante ver que a veces como que se desconectaba, y de repente tenía que hacer algo, tenía que cumplir algún deber y nos decía ‘tengo que irme’. “Cuando cumplió los 17 años, nos enteramos de que había sido “brincado” (la ceremonia para convertirse en miembro de la pandilla como tal). Lo mandaban a recolectar dinero de la extorsión cuando salía de El Éxodo… y finalmente fue asesinado por su propia pandilla”.

La premisa de la prevención

En el barrio Rivera Hernández de San Pedro Sula, Honduras, cada vez más extenso y asediado por la violencia, hay máquinas de gimnasio nuevas para los visitantes del “Centro de Alcance”, un centro de extensión comunitaria para los jóvenes del sector. El pastor Arnold, quien administra el centro, se refiere a este lugar como un oasis de seguridad, entrenamiento y recreación para los chicos. En 2013, Rivera Hernández era el barrio más violento de la ciudad más peligrosa del país con mayores niveles de homicidio en el mundo. La violencia, junto con la pobreza y la falta de oportunidades, lo convirtieron en una excelente fuente de reclutamiento para las pandillas.       VEA TAMBIÉN: Barrio pobre, barrio bravo: la violenta historia de Rivera Hernández, Honduras “Los jóvenes de por aquí no tienen nada que hacer, consumen drogas, roban […] tuvimos que proporcionarles un lugar donde pudieran relajarse y llevar a cabo actividades saludables”, explica Arnold.

Gimnasio del “Centro de Alcance” en Rivera Hernández

Durante años ha existido el consenso general de que estos programas, financiados por Estados Unidos, encargados de la prevención primaria —aquella dirigida a jóvenes en riesgo que aún no se han involucrado en las actividades de las pandillas— han tenido un impacto positivo. Rivera Hernández fue el primer barrio hondureño en tener este tipo de centro en 2009; actualmente hay 65 en todo el país, destinados a ofrecerles “un segundo hogar” a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. En el barrio Zona 12 de Villa Nueva, el agente de policía Sánchez insiste en que el trabajo de prevención local ha ayudado en parte a controlar la violencia de las pandillas. Las estrategias de prevención de la violencia también han sido exitosas en otros países. En Colombia, por ejemplo, las estrategias no represivas han sido reconocidas por su impacto en las pandillas callejeras. En Ecuador, las autoridades han llegado incluso a legalizar a las pandillas para reinsertar a sus miembros a la sociedad. Pero estas estrategias tienen limitaciones. La escasez de datos científicos sobre el impacto de los programas de prevención en Guatemala, El Salvador y Honduras hacen que las evaluaciones objetivas sean difíciles, cuando no imposibles. La fuerte politización que Estados Unidos ha impuesto al tema migratorio entorpece aún más el necesario debate científico. Además, este tipo de proyectospor lo general carecen de los recursos necesarios para abordar uno de los principales factores de riesgo para el reclutamiento de las pandillas: los hogares disfuncionales. “Son proyectos que funcionan hasta cierto punto”, dice Quique Godoy, ex vicealcalde de la Ciudad de Guatemala, quien también trabajó en USAID en el tema de la prevención. “Cuando regresan a casa, los chicos se encuentran con una madre soltera, que trabaja entre 18 y 20 horas al día para poder llegar a fin de mes… o bien tiene una pareja violenta… Eso los aleja de casa y los lleva buscar a alguien que les ofrezca protección… y allí están las pandillas”. El control que ejercen las pandillas en sus territorios hace que sea particularmente difícil llegar a un gran número de muchachos vulnerables, ya que no pueden cruzar fronteras invisibles sin poner sus vidas en peligro. Un exlíder de pandilla, entrevistado por InSight Crime a pocas cuadras del centro juvenil de Rivera Hernández, dijo que a los muchachos de su zona no se les permitía ir al centro.

Deficiencias institucionales y estructurales

El hecho de que las estrategias de prevención no logren resolver la crisis de seguridad en el Triángulo Norte no significa que deban dejarse de lado. Los niveles de homicidios en los tres países permanecen entre los más altos del mundo; el desplazamiento interno y la migración continúan creciendo debido a la violencia de las pandillas; hay creciente evidencia de violaciones de los derechos humanos por agentes del Estado, así como una preocupante sofisticación criminal de la Mara Salvatrucha (MS13). Los gobiernos centrales del Triángulo Norte parecen ser completamente indiferentes al potencial de las estrategias de prevención, lo que incluye la educación y la rehabilitación. Por el contrario, concentran todos sus esfuerzos y recursos en estrategias represivas. “El problema [del reclutamiento de las pandillas] inicia con los niños de 12 a 14 años”, le dijo a InSight Crime el exministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas. “Hay escuelas primarias por todas partes [del país], pero no hay escuelas secundarias”. Solo dos de cada 10 niños guatemaltecos asisten a la escuela secundaria, dijo el exministro, lo que les ofrece a las pandillas una formidable fuente de reclutamiento en áreas como Rivera Hernández o Villa Nueva. Además, falta atención a las mujeres, hay ausencia de programas de rehabilitación en las cárceles, la lista de problemas adicionales que generan la violencia de las pandillas parece interminable. Pero el potencial de estas estrategias de prevención no parece ser del interés de quienes están en el poder. Mientras continúen las estrategias represivas e inmediatistas, en lugar de los programas en múltiples frentes y a largo plazo, también continuará la violencia.

¿Es la CICIG responsable de la caída de homicidios en Guatemala?

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Un informe reciente afirma que el organismo anticorrupción respaldado por la comunidad internacional CICIG contribuyó directamente a la caída de los homicidios en Guatemala, pero este análisis podría ser simplista y no resultar suficiente para convencer al gobierno de los Estados Unidos de continuar apoyándola. El informe, publicado por el International Crisis Group el 24 de octubre, afirma que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, evitó más de 4.500 homicidios desde su implementación en 2007 hasta 2017. Para llegar a esa conclusión, los autores del informe imaginaron dos Guatemalas: una con la CICIG y otra sin ella. Esta última por medio de un país hipotético que se creó usando datos sociales y económicos de países latinoamericanos elegidos que presentaran “fuertes semejanzas con la Guatemala anterior a 2007”.

Las tasas de homicidios en Guatemala han exhibido una baja anual promedio de cinco por ciento desde 2007, el año en que se implementó la CICIG para asumir la carga del Ministerio Público en el desmantelamiento de las poderosas redes criminales conocidas como los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS).

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El estudio también afirma que la comisión internacional apuntaló las capacidades investigativas y judiciales en Guatemala. Las mejoras en las que la CICIG fue “decisiva” abarcaron desde la creación de un programa de protección de testigos hasta el desarrollo de recursos de balística de genética forense. La tasa de condenas por homicidios pasó de 7 a 28 por ciento entre 2006 y 2013.

Recientemente, la CICIG se ha visto bajo intensa presión de la administración del presidente de Guatemala Jimmy Morales. En agosto de 2018, Morales anunció que no renovaría el mandato de la institución. Esta decisión se conoció en medio de una fuerte represalia de las élites objeto de las investigaciones de la comisión por financiamiento electoral ilícito, incluyendo las involucradas en la campaña de 2015, que llevó a Morales a la presidencia.

Análisis de InSight Crime

Pese a la sofisticada metodología y su enfoque innovador, el análisis del International Crisis Group sobre el impacto de la CICIG en los homicidios en Guatemala no considera algunos factores que contribuyen de manera importante a la violencia, entre ellos las pandillas, y es improbable que persuada a la Casa Blanca de renovar su apoyo al organismo anticorrupción.

Aunque la CICIG ha contribuido a crear mejores métodos de investigación y colaboración entre instituciones, el análisis de una reducción de los homicidios es siempre un proceso extremadamente complejo. En el caso de Guatemala, informes previos describieron diversos factores que iban desde la mejor gobernanza local hasta mejores servicios de emergencia, los cuales elevan los índices de supervivencia de las víctimas sin que influyan en los indicadores de violencia. Estudios anteriores también han destacado la política de la administración Morales de despliegue de fuerzas de seguridad a los 30 municipios más violentos del país. Esas estrategias de vigilancia policial en “puntos álgidos“, que se dirigen a zonas en las que se concentra la actividad criminal han sido presentados como efectivos para incidir en las tasas de delincuencia, incluidas las tasas de homicidios. La mayor parte del trabajo de la CICIG se orienta a la investigación y judicialización de la corrupción y la impunidad al nivel de las élites. La comisión no se dirige a uno de los principales motores de violencia en Guatemala: las pandillas callejeras.

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InSight Crime halló en una investigación de 2017 que el 41 por ciento de los homicidios en una zona controlada por pandillas podían ser “razonablemente atribuidas” a actividades pandilleras. El descenso de las muertes violentas en Guatemala podría ser en parte resultado de los cambios en la dinámica de las pandillas. La mayor sofisticación criminal de la Mara Salvatrucha (MS13), por ejemplo, se planteó para explicar parte de la baja en los homicidios en el vecino El Salvador.

Esto no quiere decir que la comisión no ha incidido en el recorte de los índices de delincuencia en Guatemala. Se ha encontrado que las mayores tasas de condenas tienen correlación con menores índices de criminalidad, y la comisión ha estado en el centro de un impulso social amplio contra la impunidad. Esto se hizo evidente una vez más este año cuando estallaron protestas generalizadas en apoyo a la comisión, contra el ataque de las élites señaladas. Sin embargo, las iniciativas estructurales y profundas a las que está dedicada la CICIG son difíciles de cuantificar y traducir en estadísticas de homicidios. Esto sin duda complica que se asegure el apoyo político de Estados Unidos hacia la CICIG, que ha flaqueado desde que el presidente Donald Trump llegara a la oficina oval en 2017.

La presidencia de Trump también trajo un éxodo de diplomáticos y expertos en seguridad, muchos de quienes apoyaban a la comisión con aval de la ONU. Esto favorece la toma de decisiones errática en los más altos escalones de la política exterior estadounidense, que deja a la CICIG vulnerable a ataques políticos que ponen en peligro el financiamiento vital que necesita de Estados Unidos.

Vínculos criminales de las élites de Guatemala demuestran la vulnerabilidad política del país

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Un representante de Guatemala ante el Parlamento Centroamericano ha sido vinculado a una organización criminal que durante mucho tiempo ha tenido conexiones con políticos y otros miembros de las élites, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad del organismo regional y del sistema político del país. Según un informe de ElPeriódico, durante una investigación que se ha extendido por cinco años, el Ministerio Público de Guatemala ha determinado que Freddy Arnoldo Salazar Flores, representante del Parlamento Centroamericano (Parlacen), tiene lazos familiares que lo vinculan a la organización criminal de Los Huistas, la cual opera en una importante región del noroeste de Guatemala, cerca de la frontera con México. La investigación indica que Salazar Flores está casado con una mujer conocida como Danury Lisseth Samayoa Montejo, hija de un presunto miembro de Los Huistas, Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”. Pero este no es el único supuesto vínculo de Salazar Flores con la organización criminal. Según ElPeriódico, la hermana de Salazar Flores, Elisa Judith Salazar Mejía, está casada con otro presunto miembro de Los Huistas, conocido como Juan Bautista Rozotto López, alias “Juancho”.

(Gráfico cortesía de ElPeriódico)

En septiembre de 2013, la Policía Nacional de Guatemala detuvo a Rozotto López cuando transportaba 600.000 quetzales en efectivo (unos US$78.000), ocultos en un compartimiento de su auto. Sin embargo, más adelante un tribunal local permitió que Rozotto López saliera de la cárcel. Una serie de grabaciones telefónicas han permitido determinar que, presuntamente, otros miembros de Los Huistas conspiraron para proporcionar pruebas falsas con las que buscaban hacer parecer que el efectivo que Rozotto López transportaba provenía de la venta legal de maquinaria y vehículos a una sociedad identificada como Jarepsa S.A. Esto supuestamente aportó las pruebas que llevaron a que un juez cerrara el caso, según informó Prensa Libre.       VEA TAMBIÉN: Élites y crimen organizado en Guatemala: Los Huistas En una operación conjunta, el Ministerio Público de Guatemala  y la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por la ONU, recapturaron a Rozotto López en octubre de 2018, junto con otros presuntos miembros de Los Huistas. Los fiscales dicen que tienen más de 100 intercepciones telefónicas que les permitirán demostrar que los compañeros Huistas de Rozotto López inventaron pruebas para lograr sacarlo de la cárcel.

Análisis de InSight Crime

Los supuestos vínculos de Salazar Flores con la organización criminal de Los Huistas dan cuenta de la vulnerabilidad del sistema político de Guatemala, a pesar de los avances que se han hecho en años recientes para combatir la corrupción. También añade un escándalo más a la larga lista de turbios incidentes que involucran al Parlacen. El Parlamento Centroamericano —una institución conformada en la década de los ochenta para analizar temas regionales— ha sido una especie de “elefante blanco” en la política centroamericana. A pesar de las ingentes cantidades de dinero que se han invertido en la institución, esta ha estado rodeada por escándalos criminales y de corrupción.     VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Guatemala En febrero de 2007, los cuerpos de tres congresistas de El Salvador y su chofer fueron encontrados calcinados en las afueras de Ciudad de Guatemala. Entre los muertos se encontraba el hijo de Roberto D’Abuisson, cofundador del partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Pocos días más tarde, cuatro agentes de policía encarcelados en Guatemala fueron asesinados, al parecer para evitar que los investigadores descubrieran quién había ordenado los asesinatos. Este incidente, que se conoce como el “caso Parlacen”, fue uno de los motivos principales para que Guatemala estableciera la CICIG. Pero los presuntos vínculos de Salazar Flores con Los Huistas llevan a pensar que, incluso con un organismo independiente de lucha contra la corrupción, que ha hecho avances significativos para erradicar la corrupción, los grupos del crimen organizado todavía encuentran la manera de infiltrarse en el sistema político del país.

Acusación contra viceministro de Guatemala abre nuevas interrogantes sobre gabinete del Presidente

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La acusación contra un alto funcionario del gobierno de Guatemala por haber formado parte de escuadrones de la muerte de la policía ha vuelto a abrir profundas interrogantes sobre la idoneidad del gabinete de seguridad del ya cuestionado presidente Jimmy Morales. El lunes 29 de octubre, el Ministerio Público (MP) de Guatemala, acusó a Kamilo Rivera, el segundo al mando en el poderoso Ministerio de Gobernación y principal nexo del Ejecutivo con la Policía Nacional Civil (PNC), de haber formado escuadrones de la muerte incrustados en el Estado guatemalteco a mediados de la década pasada. Desde entonces se desconoce el paradero de Rivera. La acusación es parte de un caso que llevan adelante el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Ambos acusan a ocho funcionarios activos durante la gestión del expresidente Óscar Berger, de formar parte de un grupo de exterminio responsable de al menos siete ejecuciones extrajudiciales. Entre los funcionarios se destacan el ex Ministro de Gobernación, Carlos Vielman; el entonces director de la PNC, Erwin Sperisen; y Víctor Hugo Soto Diéguez, jefe de investigaciones de la policía. “El cuerpo paralelo que operó en… Gobernación en el periodo de 2004 a 2007 constituye un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad en su versión más clásica. Este CIACS ejerció poder real y tuvo la aquiescencia de los mandos altos en seguridad pública para operar con la impunidad que realizó cada ejecución extrajudicial”, dice parte de la acusación. Para llevar adelante las ejecuciones, asegura el MP, los acusados “se valieron de toda una infraestructura estatal”.

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Según la investigación, el grupo de exterminio empezó a funcionar en 2005, tras la fuga de 19 reos de una cárcel de máxima seguridad guatemalteca conocida como El Infiernito. Para recapturar a los fugados, Soto Diéguez, con autorización de Vielmann y Sperisen, echó a andar el llamado Plan Gavilán, que incluía el ofrecimiento de recompensas a cambio de información sobre los reos. El MP y la CICIG aseguran que el Plan Gavilán se convirtió en la fachada para las ejecuciones extrajudiciales. Los investigadores alegan que los policías ubicaban a los fugados, y eventualmente a otras personas, las llevaban a sitios remotos y las ejecutaban. Luego alteraban las escenas del crimen para que pareciera que había ocurrido un enfrentamiento entre delincuentes y agentes de la PNC. El grupo de exterminio estaba conformado por dos unidades —describe el documento—, una de ellas dirigida por Víctor Rivera, alias “Zacarías”, un oscuro investigador venezolano que salió huyendo de El Salvador a principios de la década pasada tras verse involucrado en casos similares, terminó como asesor de la policía guatemalteca y fue asesinado en 2008. Kamilo Rivera, el viceministro de Gobernación de Jimmy Morales, era parte de esa unidad, de acuerdo con MP y CICIG. Investigaciones de la época implicaron a Víctor Rivera y Víctor Hugo Soto Diéguez en la ejecución de cuatro policías, ocurrida el 25 de febrero de 2007 en la cárcel El Boquerón. Dos días antes, los policías asesinados, supuestamente miembros del grupo de exterminio dirigido por Zacarías, habían matado a tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen). El llamado Caso Parlacen fue uno de los que motivó la llegada de la CICIG a Guatemala.

Análisis de InSight Crime

La investigación del MP y la CICIG no solo confirma sospechas sobre la existencia de grupos de exterminio en la fuerza pública de Guatemala, sino que vuelve a poner en aprietos la credibilidad del gobierno de Morales, embarcado desde hace más de un año en una guerra política con ambos entes investigadores. El cuestionado viceministro Kamilo Rivera fue nombrado en su cargo en enero de este año, junto al ministro Enrique Degenhart. La dupla sustituyó a Francisco Rivas, quien hasta entonces había sido el titular de Gobernación y había actuado en estrecha colaboración con las investigaciones de la CICIG. Los cambios ocurrieron luego de que Morales intentó deshacerse, por vía legal, de Iván Velásquez, el magistrado jefe de la comisión que desde 2017 investiga al presidente, a familiares y colaboradores por supuestos hechos de corrupción. A finales de enero de 2018, un agente del Ministerio Público de Guatemala dijo a InSight Crime que una de las primeras órdenes que Rivera dio en la PNC fue que todas las peticiones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), encargada de investigar casos de corrupción de alto perfil, y la CICIG tenían que ser aprobadas por él. Esto, según el oficial del MP, entorpeció las investigaciones. Rivera también justificó, en septiembre de este año, el uso de vehículos artillados en las calles de Guatemala, el día en que el presidente Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG. Fue Rivera, además, quien avaló en septiembre que fueran registrados los ciudadanos que se manifestaban a favor de la comisión internacional y en contra del presidente. Varias investigaciones periodísticas publicadas el mes pasado revelaron que la PNC, con el apoyo de Rivera y Degenhart, sí había utilizado los carros armados con fines políticos. Con este nuevo caso, la CICIG abre un capítulo más en sus investigaciones a miembros de la administración Morales a pesar de los esfuerzos del presidente por acabar con la lucha anticorrupción.

3 factores que empujan a migrantes del Triángulo Norte al éxodo

Miles de hombres, mujeres y niños de Honduras, Guatemala y El Salvador están marchando por todo México en un intento por llegar a Estados Unidos, pero ¿por qué huyen? La pobreza, el cambio climático y la falta de oportunidades son algunas de las razones por las que las personas abandonan sus países en busca de un futuro mejor pero el crimen y la corrupción también están en el tope de la lista.

1. Crimen y violencia sin control

El Salvador, Honduras y Guatemala —que en conjunto suelen denominarse el Triángulo Norte— son hogar de un sinnúmero de pandillas que extorsionan a negocios y personas, reclutan a menores de edad y asesinan a quien se les oponga. La situación es más peligrosa por el hecho de que las pandillas también manejan el expendio local de drogas, lo que implica que sus disputas de territorio estallan en violencia en un abrir y cerrar de ojos. Aunque las tasas de homicidios en los tres países han mostrado bajas pronunciadas en los últimos años, el Triángulo Norte sigue encabezando la lista de las regiones sin guerra declarada con mayor índice de mortandad en el mundo. Esto se debe en gran parte a la influencia y el poder de las pandillas callejeras más prominentes de la región, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, quienes ejercen control sobre casi todos los barrios pobres y se disputan el control del territorio y el espacio comercial para asegurarse más fuentes de ingresos. Estos enfrentamientos se libran en espacios públicos donde millones de personas habitan, trabajan y se desplazan. En 2014, por ejemplo, murieron más de 400 personas, la mayoría de ellas conductores de bus y sus ayudantes, en ataques contra el sistema de transporte público de Guatemala. La extorsión al transporte público es una fuente permanente de dinero para las pandillas. En efecto, la presencia de las pandillas está tan extendida que crean fronteras invisibles pero insalvables incluso en algunas de las ciudades más pequeñas, de manera que disuaden a las familias de visitar a sus parientes, impiden asistir a la escuela o aceptar un empleo en una zona controlada por la pandilla rival.

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La extorsión también es un pesado fardo para los más desfavorecidos de la región. A los salvadoreños les cuesta anualmente US$756 millones, según un grupo de investigadores en asociación con el Banco Central de El Salvador. En Honduras, La Prensa estimó en US$200 millones lo que pagan los habitantes pagan al año por extorsiones. La mayoría de las víctimas son personas humildes y negocios pequeños. Quienes sufren las amenazas de las pandillas se encuentran muchas veces sin refugio en sus mismos países. Y décadas de control de las pandillas en las zonas más populosas han “agotado psicológicamente a la gente”, comentó a InSight Crime Douglas Farah, experto en seguridad de Centroamérica. Todo esto lleva a un flujo constante de personas en busca de asilo. Según un informe publicado por el Consejo Americano de Inmigración en 2016, los centroamericanos que se presentaron como víctimas de crímenes violentos tenían más probabilidades de expresar planes de emigrar, en comparación con quienes no habían sido víctimas. Y las entrevistas con 322 niños migrantes devueltos a El Salvador mostraron que alrededor de un 60 por ciento de ellos relataron que habían huido por amenazas o violencia de pandillas, según una investigación realizada por Elizabeth Kennedy, becaria de Fulbright, en 2014. Casi 200 declararon que en su barrio había por lo menos una pandilla. Más de 100 narraron que los habían presionado para que ingresaran a una pandilla, y 22 señalaron que fueron agredidos al rehusarse.

2. Instituciones corruptas e impunidad

Los habitantes centroamericanos tienen poca confianza en las autoridades encargadas de su protección. Esto se deriva de una combinación de escasez de recursos en los organismos de seguridad y mal entrenamiento de sus efectivos, así como tasas astronómicas de impunidad por corrupción y abusos. De los 69 países analizados en el Índice Global de Impunidad de 2017, Honduras y El Salvador se situaron en las posiciones 12 y 13, respectivamente. Guatemala, en el puesto 19. Los altos índices de impunidad “tienen una enorme incidencia en el aumento de la desesperanza”, comentó Farah. Cuando los delitos no se llevan a juicio, se refuerza la creencia de que las autoridades son corruptas y de que están bajo el control de los grupos criminales. En Honduras, por ejemplo, el comisionado de la Policía nacional fue detenido en octubre y acusado de lavado de dinero, entre otros delitos. En otros casos, las autoridades hacen gala de un total desprecio por el estado de derecho. Una muestra de eso es lo sucedido con los organismos de seguridad asignados a controlar la violencia pandillera en El Salvador; se los acusa de ejecuciones extrajudiciales. El resultado de eso es que muchas veces la gente toma la justicia por mano propia. Los guatemaltecos de Villa Nueva, al sur de la capital, respondieron a la falta de protección policial creando un grupo de autodefensa. En julio, el grupo salió al as calles armados con armas de grueso calibre, luego de que los pandilleros asesinaran a dos residentes, según Prensa Libre. Al final, sin estado de derecho, muchas personas huyen.

3. Corrupción al extremo

La corrupción en el Triángulo Norte llega a niveles máximos. Los casos incluyen a dos exmandatarios de El Salvador: uno está acusado de malversar US$351 millones del erario público, y el otro del robo de unos US$300 millones de dineros públicos. En Guatemala, el presidente Jimmy Morales está envuelto en un escándalo por financiación ilícita de su campaña. Su predecesor, Otto Pérez Molina, renunció por presunta participación en un montaje masivo de corrupción en el ente de adunas del país. Y en una investigación reciente, InSight Crime reveló que su predecesor, Álvaro Colom, recibió contribuciones de narcotraficantes a su campaña.

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En Honduras, los fiscales acusaron a 38 funcionarios de gobierno en junio pasado por malversar más de US$12 millones de dineros públicos con fines políticos. Parte del dinero se destinó presuntamente a un programa que hizo parte de la primera campaña presidencial del presidente Juan Orlando Hernández en 2013. Los casos han desencadenado protestas y algunas condenas. Pero para muchos, eso no es suficiente, así que se van.