Guatemala usó recursos antidrogas para vigilancia política

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La revelación de que el presidente de Guatemala Jimmy Morales ordenó cambiar el destino de recursos donados por Estados Unidos para combatir el narcotráfico a la vigilancia de entes anticorrupción pone en evidencia las medidas que el mandatario está dispuesto a tomar para evitar que lo investiguen. Una investigación de Plaza Pública expuso que, al contrario de la versión oficial de los eventos, el 31 de agosto, el gobierno de Morales ordenó que jeeps donados por Estados Unidos patrullaran los alrededores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las embajadas de México y Estados Unidos, y la Corte de Constitucionalidad. Los patrullajes ocurrieron cuando Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG que, junto al Ministerio Público (MP), lo investiga por presunto financiamiento electoral ilícito. La CICIG y el MP han pedido al congreso de Guatemala que levante el fuero a Morales para que responda por posibles delitos de financiamiento ilícito y corrupción ante un tribunal.

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La investigación periodística revela que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) dieron órdenes a la Fuerza de Tarea Chortí, un destacamento que usualmente opera en zonas de alta incidencia del narcotráfico, para que se desplegara a Ciudad de Guatemala para “apoyar en operativos para prevenir, combatir, desarticular y erradicar acciones criminales… del 31/08/2018 al 02/09/2018”. Un comisario de la policía especificó en el documento que refleja la orden superior que las tareas de la Fuerza Chortí incluían patrullar alrededor de la CICIG y las embajadas de Estados Unidos y México “hasta nueva orden”, según Plaza Pública. La embajada de Estados Unidos en Guatemala y varios congresistas en Washington han pedido explicaciones por el uso que el gobierno de Morales dio a los jeeps. Algunos incluso pidieron suspender parte de la cooperación bilateral si el tema no se aclara. Hasta ahora, Morales y sus funcionarios han sostenido que los patrullajes eran algo rutinario.

Análisis de InSight Crime

La investigación de Plaza Pública brinda elementos contundentes que demuestran que, al contrario de lo que afirmó el gobierno de Morales, los patrullajes no fueron casuales. En realidad, el escándalo de los jeeps expone la tentación del mandatario de abusar de su poder para intentar obstaculizar, desde mediados de 2017, a los entes que investigan el crimen en Guatemala y la acción de gobiernos extranjeros que respaldan esos esfuerzos. Además de dar la razón a quienes, como los congresistas estadounidenses, lo señalan por posibles violaciones a la legalidad en su afán por evitar investigaciones criminales, Morales puede haber puesto en riesgo la cooperación estadounidense con su país, donde ya hay peticiones para limitar las ayudas si el presidente no explica el uso que dio a los jeeps.

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Las revelaciones sobre el uso político del recurso antidrogas también explican el énfasis que Morales ha dado a su fuerza pública en el marco de sus pleitos políticos con la CICIG. No es solo que el gobierno haya usado pertrechos militares para rondar la comisión y dos de las embajadas que la apoyan, es también que el gobierno guatemalteco ha recortado recursos policiales que estaban destinados a la CICIG. Una de las consecuencias de esto, como ya lo señaló InSight Crime, es que los recursos del Estado —que supuestamente están dedicados a combatir el crimen organizado, la corrupción y delitos como el homicidio— no son efectivos porque el gobierno los utiliza para otros fines. Algunos datos empiezan ya a encender alarmas. De acuerdo con Diálogos, un observatorio no gubernamental de violencia, los homicidios siguen mostrando tendencia a la baja respecto a 2017, pero la reducción se ha estancado desde que Morales nombró como ministro de Gobernación a Enrique Degenhart, uno de sus defensores más entusiastas, e incluso aumentaron un 13 por ciento desde que el gobierno impulsó cambios en la PNC para colocar en puestos de mando a oficiales afines.

Exvicepresidenta de Guatemala sentenciada a cárcel por corrupción

Una pena de prisión contra la exvicepresidenta de Guatemala por cargos de corrupción es una victoria largamente esperada por los fiscales en medio de una batalla que ha enfrentado a élites y funcionarios anticorrupción del país. La exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti fue sentenciada a quince años y seis meses en prisión acusada de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias por su participación en la cesión de un contrato por varios millones de dólares para la depuración del lago Amatitlán al sur de Ciudad de Guatemala en 2014, según un anuncio del Ministerio Público en comunicado oficial del 9 de octubre. El proyecto de limpieza se avaluó supuestamente en 137,8 millones de quetzales (cerca de US$17 millones), de los cuales se pagaron 22,8 millones (alrededor de US$3 millones) para adquirir 23.000 litros de una fórmula de depuración que según se demostró posteriormente no servía al propósito declarado de limpieza del lago, alegaron los fiscales.

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Baldetti hace parte del grupo de nueve personas —incluido su hermano Mario Alejandro Baldetti Elías— que fueron condenados por fraude al estado. Las penas de prisión variaron de tres a quince años, de los cuales la sentencia más severa fue para Baldetti. La exvicepresidenta también enfrenta cargos por corrupción en otras tres causas, entre ellas su implicación en un monumental escándalo de fraude, conocido como La Línea, que motivó la salida del poder del expresidente Otto Pérez Molina. Baldetti también fue acusada de tráfico de cocaína en Estados Unidos en febrero de 2017.

Análisis de InSight Crime

La condena a la exvicepresidenta Baldetti es la primera en firme que los fiscales anticorrupción en Guatemala logran recientemente contra un funcionario de alto perfil, y se presenta en el marco del desarrollo de un tira y afloje entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. A comienzos de septiembre, Morales prohibió el ingreso a Guatemala del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, pocos días despues de solicitar a las Naciones Unidas que no se renovara el mandato de la CICIG, que expira en septiembre de 2019.

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En el pasado, los detractores del trabajo de la CICIG habían sostenido que la comisión anticorrupción seguía casos poco sólidos y muchas veces era manipulada con fines políticos. Pero la condena de Baldetti indica que el caso de la CICIG era lo bastante sólido para lograr un fallo condenatorio y una pena de prisión. “Los fiscales guatemaltecos tuvieron éxito… pese a los repetidos intentos de los abogados de Baldetti y de sus aliados de obstruir y deslegitimar sus esfuerzos”, comentó Mike Allison, jefe del departamento de ciencia política de la Universidad de Scranton, a InSight Crime. Allison también señaló que la condena a la exvicepresidenta pone de relieve la importancia del trabajo de la CICIG y su colaboración con los fiscales guatemaltecos para fortalecer el estado de derecho en el país, una razón más por la que las élites pueden percibir la CICIG como una amenaza. De hecho, el ente anticorrupción tiene en la mira al presidente Morales, quien, junto con su partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), son objeto de investigación por presunto financiamiento electoral ilícito durante la campaña de Morales a la presidencia en 2015.

4 consecuencias de la guerra Morales-CICIG en Guatemala

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La decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG y de prohibir la entrada al país de su jefe, el comisionado Iván Velásquez, que es el más reciente capítulo de la guerra entre el mandatario y el organismo anticorrupción, ya está teniendo consecuencias para la seguridad en Guatemala. Desde el 2007, cuando el congreso nacional dio el aval a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha habido tensión con las élites económicas y políticas del país, que se sentían amenazadas. Esas tensiones fueron particularmente agudas cuando la entonces jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, junto con la CICIG tocaron a aquellas élites, al presidente Morales y a su entorno. Tanto fue así que el pasado 31 de agosto Morales anunció que no pediría la renovación del mandato de la CICIG. Pocos días después, el comisinado Iván Velazquez recibió una carta anunciando que no se le permitiría la entrada a Guatemala.

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El 19 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) ordenó a las autoridades migratorias abstenerse de impedir la reentrada al país de Velásquez. Pero Morales dijo, a través de dos ministros, que no acatará la orden. Sectores de la sociedad civil están en contra de la decisión de Morales, pero un gran sector del empresariado local y la mayoría del congreso lo apoyan. La posición del gobierno de Estados Unidos, principal financiador de la comisión, es ambigua. Más allá de lo que ocurra con la CICIG en Guatemala, el enfrentamiento que mantiene con las autoridades ya ha causado consecuencias.

1. Riesgo de rompimiento del orden constitucional

Si el gobierno de Morales se obstina en desobedecer el mandato de la Corte Constitucional en caso de que Velásquez decida regresar a Guatemala, el tribunal está autorizado a destituir a los funcionarios que impidan el ingreso del colombiano. Si Morales obstaculiza esas destituciones, estaría desobedeciendo una orden directa, y vinculante, del Poder Judicial, y de acuerdo con un alto funcionario judicial consultado por InSight Crime en Ciudad de Guatemala, estaría rompiendo el orden constitucional. Esto podría dar paso a un eventual Estado de sitio o a la suspensión de garantías constitucionales y a una previsible militarización de la seguridad pública con fines políticos. Una posible muestra de esto ocurrió el 15 de septiembre, durante la celebración de la independencia, cuando decenas de agentes de policía realizaron inusuales operativos de registro a ciudadanos, particularmente a jóvenes, según reportó Prensa Libre.

2. El debilitamiento de unidades de investigación especializadas

Una de las principales herencias de la CICIG es la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), creada dentro del Ministerio Público (MP) para investigar, junto a la comisión, crímenes de corrupción u otros atribuibles a estructuras criminales complejas. La FECI ha sido punto de lanza en las grandes investigaciones que han servido para desmantelar añejas redes de corrupción, como la que destapó el caso conocido como “La Línea”, un esquema de saqueo a las arcas estatales a través de las aduanas liderado por el expresidente Otto Pérez Molina. Pero el enfrentamiento entre Morales y la CICIG ha tenido consecuencias en este tipo de investigaciones. En abril, el Ministro de Gobernación Enrique Degenhart, incondicional a Morales, negó a la comisión y al FECI acceso a policías de confianza. Sin las capacidades profesionales que los investigadores internacionales adscritos a la CICIG aportan a los casos (que las instituciones locales no tienen) y sin el entrenamiento que proporcionan, las investigaciones no podrán ser tan efectivas, explicó Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, a Factum. Morales, a través de sus aliados en el Congreso, también ha intentado reformar las leyes de antejuicio para lograr que sea el poder legislativo (donde el mandatario tiene aliados), y no la Corte Constitucional quien decida sobre juicios a funcionarios del Estado. Esto, dijeron funcionarios del MP y del Poder Judicial a InSight Crime, permitiría a Morales quitar a sus enemigos en la CC y empoderar a funcionarios afines que manejen a su antojo los antejuicios, el paso final de las investigaciones del MP y la CICIG que involucran a funcionarios con inmunidad.

3. Vuelta a la narrativa oficial que privilegia el combate a las pandillas

En Guatemala, pandillas como la MS13 y Barrio 18 no son el principal problema de seguridad pública; ni siquiera puede atribuirse a ellas la mayoría de homicidios cometidos en el país, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en El Salvador, donde los pandilleros son, según las autoridades, responsables de más de 60 por ciento de los homicidios. En Guatemala, según un estudio de InSight Crime, ningún grupo —pandillas, narcos u otros grupos de crimen organizado— es responsable por sí solo de más de 35 por ciento de los homicidios. Con la llegada del ministro Degenhart de la mano de Morales, sin embargo, el discurso que privilegia el combate a las pandillas como principal objetivo de las políticas de seguridad tomó auge. La primera propuesta del ministro fue emular una ley salvadoreña que califica a los pandilleros de terroristas. En Honduras y El Salvador, el foco discursivo en las pandillas ha llevado a restar prioridad a las estrategias anticorrupción, claves a la hora de luchar contra las mafias políticas. El énfasis en modelos de “mano dura”, además, no ha hecho más que empeorar los índices criminales.

4. Empoderamiento de las viejas redes criminales incrustadas en el Estado

Las redes de inteligencia y corrupción política que hoy operan en Guatemala, y que han sido vinculadas por investigaciones del MP a casos de corrupción, tienen origen común con los viejos Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Estos son grupos formados en su mayoría por militares retirados capaces de movilizar recursos de vigilancia, guerra cibernética y, según lo visto en investigaciones de esquemas masivos de corrupción, que operan complejas redes de prestanombres que han servido para ocultar dinero relacionado con financiamiento electoral ilícito y otros crímenes. La salida de la CICIG del país, y la consecuente caída en la capacidad investigativa, podría abrir el panorama para que estas redes vuelvan a actuar con libertad. Recientemente, han habido nuevas muestras de las prácticas de este tipo de grupos. El 16 de septiembre, en la conferencia de prensa en la que magistrados de la CC leían su resolución a favor de la CICIG, una policía encubierta intentó fotografiar a periodistas que cubrían el evento. Al ser descubierta, la mujer se identificó como agente policial y salió huyendo. El viceministro de Gobernación, Kamilo Rivera —uno de los principales aliados del presidente Morales— dijo que la agente estaba ahí a petición de la corte, algo que el tribunal desmintió. El MP y la Procuraduría de Derechos Humanos han iniciado investigaciones. Esto puede ser un indicio de que los recursos destinados a combatir el crimen son utilizados para emprender espionaje interno o incluso persecuciones políticas.

Podcast de InSight Crime | El enjuiciador de presidentes

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Quien conozca al juez colombiano Iván Velásquez quizá no se imagine que es un matagigantes. El hombre al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es tímido y reflexivo. Hace largas pausas mientras habla, y a menudo quien lo escucha se queda pensando qué estará pasando por su cabeza; pero realmente no dice mucho incluso cuando habla. Sin embargo, ha enfrentado a cinco presidentes en su labor primero como juez, después como fiscal y ahora como el comisionado de la polémica CICIG, comisión que ha participado en el enjuiciamiento de cuatro presidentes de Guatemala, retirados o en funciones. ¿Qué llevó Velásquez a convertirse en tal derrocador de presidentes? En primer lugar, hay que recordar que él es de Medellín, Colombia, epicentro de incontables batallas en las guerras que durante medio siglo se sucedieron en Colombia. Primero fue la guerra de guerrillas, luego la guerra contra Pablo Escobar, y finalmente la guerra con los paramilitares de extrema derecha. A comienzos de los noventa, Velásquez se desempeñó como defensor del pueblo en el departamento de Antioquia, donde debió investigar a agentes de gobierno que habían adelantado una guerra sucia contra Pablo Escobar. Más adelante, en la misma década, dirigió un equipo de fiscales dedicados a investigar y enjuiciar a las organizaciones paramilitares. Estas luchas le sirvieron como preparación para su labor en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, donde dirigió una unidad de investigaciones que tenía el poder para juzgar a los congresistas. Velásquez y su equipo iniciaron lo que más tarde se conoció como la investigación de la “parapolítica”, mediante la cual encarcelaron y sentenciaron a varios congresistas por sus vínculos con los grupos paramilitares. Algunos de esos congresistas eran aliados del entonces presidente Álvaro Uribe, y uno de ellos era incluso primo suyo. De manera sistemática, el presidente y sus aliados intentaron difamar al juez. Pero Velásquez sobrevivió, incluso a las arremetidas de Uribe. Velásquez asumió el cargo como director de la CICIG en el año 2013. La comisión ya había estado operando en Guatemala durante seis años, y casi todos pensaron que él buscaría una salida fácil. Por el contrario, creó un ambicioso programa que ha llevado al enjuiciamiento de dos presidentes en funciones y de dos expresidentes de Guatemala, y ahí es donde comienza lo mejor de esta historia.   Presentación: Héctor Silva Ávalos y Steven Dudley Edición: María Paola Martínez Producción: Steven Dudley Escuche el podcast aquí:

Infografía | El camino que llevó a la “salida” del comisionado de la CICIG de Guatemala

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La prohibición del ingreso a Guatemala del comisionado Iván Velásquez y la no renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) ha sido el último capítulo de una larga batalla entre el gobierno del presidente Jimmy Morales y la comisión. Abajo, algunos de los acontecimientos más importantes que están llevando a Guatemala al limbo judicial.  

Ambigua respuesta de Estados Unidos deja a la justicia de Guatemala en limbo

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Los mensajes contradictorios que Washington ha enviado a Guatemala han abierto la puerta para que el presidente Jimmy Morales se fortalezca en la lucha que ha emprendido contra las instituciones que lo investigan por posible financiamiento electoral ilícito, en especial la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). La crisis más reciente, y más grave, en la guerra entre Morales y la CICIG inició el viernes 31 de agosto, cuando el presidente dijo que no renovará el mandato de la comisión, vigente hasta septiembre de 2019. La primera reacción de Estados Unidos, uno de los principales financistas de la CICIG, al anuncio de Morales llegó a través de una comunicación de la embajada en Guatemala en redes sociales afirmando su compromiso a la lucha contra la corrupción en el país.

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Pero casi una semana después, el secretario de Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, inclinó la balanza a favor de Morales. En una llamada telefónica realizada el jueves 6 de septiembre, Pompeo dijo al guatemalteco que Washington apoya la soberanía de Guatemala y que respaldaría a una CICIG “reformada”. No está claro qué significa eso. En Ciudad de Guatemala, el rol de la embajada estadounidense parece ser la de contener al presidente Morales. Tras bambalinas, según han confirmado a InSight Crime tres funcionarios diplomáticos acreditados en Guatemala, el papel de la embajada de los Estados Unidos fue vital para evitar que la administración Morales incluyera medidas más drásticas en su intento de deshacerse de la CICIG, como la suspensión de algunas garantías constitucionales. “Lo que pase de hoy en adelante va a depender mucho de la presión que (los funcionarios estadounidenses) ejerzan”, dijo uno de los consultados, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público. InSight Crime contactó a la embajada de Estados Unidos en Guatemala para obtener reacciones respecto a esta versión. La respuesta fue que, por ahora, no habría comentarios.

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Desde su creación en 2007, Washington ha sido uno de los principales apoyos políticos de la CICIG. En 2015, cuando la CICIG y el MP destaparon el llamado caso “La Línea”, un esquema de corrupción masivo en las aduanas del país que llegaba hasta el entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, Washington y su Departamento de Estado no dudaron en respaldar a la comisión. John Kerry, el jefe de la diplomacia en el segundo mandato de Barack Obama, y Rex Tillerson, el primer secretario de Estado de la administración Trump, apoyaron a la CICIG durante crisis generadas por investigaciones a los poderes locales. Cuando a mediados de 2017 el presidente Morales declaró non-grato a Iván Velásquez solo para que la Corte de Constitucionalidad revirtiera la orden, Estados Unidos también apoyó a la comisión, a través de expresiones públicas de su embajador, Luis Arrega. Todd Robinson, antecesor de Arreaga y actual asesor sobre Centroamérica en el Departamento de Estado, también apoyó a la CICIG , generando el descontento de los sectores más conservadores del país. Hoy ese apoyo está en duda.

Análisis de InSight Crime

Si hay algo que la última semana ha dejado en claro es que el presidente Jimmy Morales lleva la ventaja en la batalla contra la CICIG, y que puede contar a algunos funcionarios de la administración Trump entre sus aliados. Parece, entonces, que la estrategia de cabildeo que Morales ha estado persiguiendo desde hace tiempo con algunos sectores de Washington, ha dado resultado. Esta es una historia de larga data. Ya en abril, un caso que involucró a los Bitkov, una familia de millonarios rusos adversarios del presidente Vladimir Putin, dejó al descubierto el cabildeo en Estados Unidos para debilitar a la CICIG. Tres miembros de la familia Bitkov habían sido acusados y procesados por la fiscalía en Guatemala de pertenecer a una red de falsificación de documentos que incluía a varios funcionarios migratorios locales que hoy están encarcelados. Basado en los alegatos de los Bitkov, grupos de cabildeo afines al gobierno de Morales acusaron a la CICIG de perseguir injustamente a los rusos en complicidad con Putin. El caso llegó al senado de Estados Unidos, donde el republicano Marco Rubio anunció su objeción a la erogación de seis millones de dólares adjudicados a la CICIG. Eventualmente, y luego de que un funcionario del Departamento de Estado admitiera que no había prueba de colusión entre el gobierno ruso y la CICIG, Rubio liberó los fondos. Desde entonces, los ataques contra la comisión de Naciones Unidas no se detuvieron. El día anterior al anuncio de Morales de no renovar el mandato de la CICIG, la canciller guatemalteca Sandra Jovel se había reunido en Nueva York con Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. De acuerdo con dos fuentes diplomáticas consultadas por InSight Crime en Guatemala que tuvieron conocimiento de lo discutido, Jovel volvió a quejarse de la CICIG. Y hace un año, Morales había viajado a Nueva York a reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, para lo que, algunos creen, fue quejarse del comisionado Velásquez. Sin embargo, algunos sectores del Capitolio respondieron al anuncio de la no renovación del mandato a la CICIG con mensajes de apoyo a Velásquez y su equipo y de condena a Morales. La representante demócrata Norma Torres, por ejemplo, publicó una dura crítica a la falta de acción de Pompeo y le exigió “retener asistencia al gobierno de Guatemala y usar su autoridad bajo la Ley Global Magnitsky para suspender visas y congelar activos de funcionarios guatemaltecos que han estado involucrados en actos de corrupción”. Pero la reacción de Pompeo y el silencio de la administración Trump parecen alimentar la idea de que la lucha contra la corrupción no se encuentra en la lista de prioridades de Washington. La arremetida de Morales, su gobierno y sus aliados en el Congreso no parece limitarse a la anulación de la CICIG, sino a llevar adelante una estrategia que incluye debilitar al MP y a las altas cortes —de quienes dependen en buena medida llevar adelante antejuicios como el que pesa sobre Jimmy Morales—. Si el plan funciona, la justicia guatemalteca estará en un limbo que se alimentará, en parte, de las ambigüedades de Washington.

Gobierno de Guatemala prohíbe ingreso del jefe de la CICIG al país

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El presidente de Guatemala Jimmy Morales anunció que ha decidido “prohibir el ingreso del señor Iván Velásquez Gómez a territorio guatemalteco” y pidió al secretario de la ONU que nombre un sustituto para ocupar el cargo de jefe de la CICIG. En un comunicado de prensa publicado la tarde de este jueves 4 de septiembre, el Gobierno que preside Morales volvió a acusar a Velásquez de “atentar contra el orden y la seguridad públicas”, y de “afectar la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y paz del país”. Velásquez, magistrado colombiano que asumió las riendas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2013, ha impulsado junto al Ministerio Público de Guatemala investigaciones por supuestos actos de corrupción contra varios miembros de las élites política y económicas del país centroamericano, entre los que se encuentra el presidente Morales, investigado por supuestos delitos de financiamiento electoral ilícito. Producto de esas investigaciones, el MP ha pedido al Congreso del país levantar la inmunidad del mandatario.

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Por su parte, el pasado 31 de agosto, Morales comunicó que ha pedido a Organización de Naciones Unidas, institución que ampara y financia en parte a CICIG, la no-renovación del mandato de la comisión, vigente hasta septiembre de 2019. Después del anuncio, Velásquez viajó a Washington y Nueva York para explicar a interlocutores en el Congreso y la administración de Donald Trump -Estados Unidos es uno de los principales financistas de la comisión- su versión de lo que ocurre en el país centroamericano. Estaba previsto que el colombiano volviera a Guatemala el viernes, pero ahora eso no parece posible tras la decisión de Morales.

Análisis de InSight Crime

Morales ha vuelto a mover sus piezas en su decisión irreversible de librarse de Velásquez y, a la postre de la CICIG. En el camino, además, acusa a la ONU de “pasividad” a la hora de atender los reclamos de su gobierno sobre las investigaciones acuerpadas por CICIG. Parece claro además que la primera prioridad del presidente es librarse de Velásquez, ya que en el mismo comunicado del 31 de agosto aseguró que respetará el mandato que aún está vigente y permite la permanencia de la comisión hasta el próximo año, e incluso ha pedido apresurar la nominación de un sustituto del colombiano. Las primeras reacciones de condena a la última decisión de Morales llegaron en forma de un comunicado del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que ha sido uno de los más entusiastas defensores del trabajo de la CICIG en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Aún no se sabe qué respuesta dará la ONU a la decisión de Morales o a las exigencias que el guatemalteco hace a la organización internacional. Por ahora, ha sido el presidente Morales quien ha vuelto a mover piezas en esta batalla política que emprendió para contrarrestar las investigaciones en su contra, y la cual, por hoy, parece ir ganando.

Nicaragua se convierte en puerto seguro para fugitivos latinoamericanos

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El otorgamiento de asilo político en Nicaragua a un fugitivo de Guatemala es la señal más reciente de que el país centroamericano se está convirtiendo en un refugio para criminales buscados por la justicia, lo que podría ser una estrategia para socavar los intentos de combatir el crimen y la corrupción generalizada en la región. Delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua otorgaron recientemente asilo político al controvertido empresario y operador político guatemalteco Gustavo Herrera Castillo, según informes del 22 de agosto en La Prensa. El Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, llevan años investigando a Herrera por su presunta participación en un multimillonario escándalo de corrupción dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

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El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015) también acusó a Herrera de vínculos con grupos narcotraficantes de Colombia, Guatemala y México en 2014. Herrera presuntamente solicitó asilo político en Nicaragua alegando temor por su vida y su seguridad, según La Prensa. Se dice que Herrera dijo al Ministerio de Relaciones Exteriores que el Ministerio Público de Guatemala y la CICIG han emprendido un proceso criminal “ilegal” en su contra. El ministerio de relaciones exteriores de Nicaragua citó los derechos humanos como una de las principales razones para otorgar el asilo a Herrera, según La Prensa. El otorgamiento de asilo político a Herrera en Nicaragua se da en medio del ahondamiento de una crisis social y política que ha dejado más de 300 muertos, miles de heridos y cientos de personas más detenidas de manera arbitraria o desaparecidas a la fuerza, según información del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). La policía y grupos paramilitares apoyados por el gobierno han sido los actores de la abrumadora mayoría de la violencia.

Análisis de InSight Crime

Herrera es apenas el último fugitivo centroamericano que desata controversia que busca asilo político en Nicaragua o lo ha obtenido, y esta tendencia creciente puede tener un gran impacto en los esfuerzos colectivos de la región por combatir el crimen y la corrupción. El expresidente de El Salvador caído en desgracia Mauricio Funes (2009-2014) se esconde actualmente en Nicaragua luego de que se le otorgara asilo político en septiembre de 2016. Eso le ayudó a evitar una condena por enriquecimiento ilícito durante su periodo como presidente. Manuel Baldizón, operador político guatemalteco que enfrenta cargos por soborno en relación con el caso de corrupción de Odebrecht, había ido anteriormente a Nicaragua buscando un asilo de facto hasta su arresto en enero de 2018. El ganadero hondureño Ulises Sarmiento, sospechoso de tener vínculos con el crimen organizado desde hace varios años, y su familia adujeron persecución política para solicitar asilo en Nicaragua en 2015. Mientras que Baldizón y Sarmiento nunca recibieron asilo oficialmente es probable que hayan podido buscar refugio temporalmente en Nicaragua a través de sus conexiones con el presidente Daniel Ortega y la élite de ese país. Pese al hecho de que Nicaragua firmó en 1987 un tratado de extradición con los gobiernos centroamericanos de El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Honduras, el experto en seguridad nacional de Nicaragua Roberto Orozco comentó a InSight Crime que no hay “posibilidad” de que se extradite a fugitivos asilados en Nicaragua. “El gobierno de Nicaragua ha concedido asilo a estas personas porque son aliados de la administración [de Ortega]”, señaló Orozco. “El asilo les brinda protección y garantiza seguridad e impunidad en América Central”. Sin duda, el gobierno de El Salvador ha demandado infructuosamente a la administración del presidente Daniel Ortega que extradite a Funes a su país de origen para que pague su pena. Luego de que Funes ganara las elecciones presidenciales de 2009 por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) —partido político conformado por grupos guerrilleros de izquierda después de la guerra civil del país— Funes “gozó de buenas [relaciones] políticas e ideológicas” con Ortega, exguerrillero como él. Según informes, Sarmiento también ha sido supuestamente un antiguo aliado de Ortega y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante largo tiempo. Se cree que ofreció su casa como refugio, además de brindarle otros apoyos logísticos y financieros a los exguerrilleros sandinistas en la década de 1970, durante la guerra civil nicaragüense. Por su parte, Baldizón se ha codeado con la élite empresarial de Nicaragua, antiguos aliados de Ortega, a través de la construcción de un hotel y otros proyectos. Ortega parece tener unas leyes para los beneficiados con asilo y otras para los cientos de nicaragüenses que frente al actual descontento huyen del país cada día a solicitar asilo en la vecina Costa Rica. En una alocución reciente, Ortega exigió a los representantes del gobierno de ese país que entregaran una lista de quién solicitaba asilo para que él determinara quién ha cometido “actos terroristas” —parte de una ley antiterrorismo de la que muchos temen que sea un instrumento para criminalizar aún más a la oposición— para que puedan enfrentar los debidos “procesos judiciales” en Nicaragua, según información de El País. Sin embargo, Nicaragua ha cooperado con otras solicitudes de extradición en el pasado. De conformidad con un tratado de extradición firmado con Estados Unidos, por ejemplo, las autoridades nicaragüenses arrestaron y entregaron a las autoridades estadounidenses a un miembro de la lista de los 10 más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) en 2013.

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La buena disposición de Ortega a conceder asilo o protección temporal a algunos de los fugitivos de la región puede ser también una maniobra de poder del controvertido presidente contra medidas anticorrupción más amplias en la región del Triángulo Norte de Centroamérica en medio de una creciente presión nacional e internacional provocada por el agravamiento de la crisis en Nicaragua. “Creo que el hecho de que Ortega reciba a estos tipos responde más a una bravuconada  política de Ortega de decirle a la comunidad internacional que el no está dispuesto a permitir la instalación de instancias como la CICIG o su idem en Honduras que escudriñen en el caldo de corrupción nica, que es muy denso”, comentó en un correo electrónico el periodista nicaragüense Wilfredo Miranda Aburto a InSight Crime. En el pasado, se acusó a Ortega de lavar ganancias criminales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de otras denuncias de corrupción financiera, que seguramente lo pondrían en la mira de los investigadores anticorrupción. La CICIG de Guatemala contribuyó a que se enviara a la cárcel a un expresidente y su vicepresidenta. Un apéndice similar respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), también ha asestado varios grandes golpes a las élites de ese país. Al aceptar a estos fugitivos, Ortega hace mayor énfasis en su mensaje a la comunidad internacional de que “no acatará tratados o marcos anticorrupción internacionales”, añadió Miranda Aburto. Los triunfos contra la corrupción en toda Latinoamérica “desataron una ofensiva de las élites” en 2017, y la disposición de Ortega a otorgar asilo político a algunos de los fugitivos de la región puede afectar campañas anticorrupción más amplias en el futuro, si quienes tienen procesos abiertos logran encontrar refugio cerca.

Presidente de Guatemala anuncia el fin del mandato de la CICIG

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En una intempestiva medida, que puede agravar las tensiones en el país centroamericano, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha anunciado que no renovará el mandato del organismo anticorrupción respaldado por Naciones Unidas en el país, en un momento en que hay investigaciones en torno a él y su partido político por presunta financiación ilícita de campaña. Rodeado por miembros de su gabinete, así como por militares y policías, Morales anunció el 31 de agosto que no pedirá que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) continúe sus labores en el país. En su breve discurso, Morales acusó a la comisión de “sembrar el terror judicial en Guatemala […] violando nuestras leyes, induciendo a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad” y llevando a cabo “persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente”. Desde el año 2007, la CICIG ha ejercido como un organismo adjunto al Ministerio Público, ayudándole a la Fiscalía en los casos más complicados relacionados con la corrupción al interior del Gobierno, así como en casos de crimen organizado, incluyendo el que puso fin a la presidencia del predecesor de Morales, Otto Pérez Molina, en 2015. En carta enviada al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, Morales dijo que la comisión tendrá hasta septiembre de 2019 para “transferir las capacidades técnicas a las instituciones estatales guatemaltecas”.

(Carta enviada a Antonio Guterres, Secretario General de la ONU)

Unas horas antes, varios jeeps del Ejército con torretas para ametralladoras y tripulados por soldados enmascarados habían rodeado las oficinas de la CICIG en Ciudad de Guatemala. Más tarde se dispersaron, sin ofrecer declaraciones acerca de sus intenciones o razones para su presencia en la zona, pero quienes sepan sobre la atormentada historia de golpes y contragolpes militares en Guatemala podrían entender cuál es el mensaje. El anuncio de Morales se presenta en un momento en que él y su partido político, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) están siendo investigados por el Ministerio Público por presunta financiación ilícita de campaña durante su carrera presidencial en 2015.       VEA TAMBIÉN: El “pecado original” del presidente Jimmy Morales y de Guatemala Por el momento, Morales está salvaguardado de la investigación gracias a la inmunidad presidencial. Pero luego de una petición del Ministerio Público, una comisión se encuentra estudiando si hay suficientes pruebas para retirar la inmunidad del presidente. El 30 de agosto, la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, se reunió con la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, pero no se sabe si Estados Unidos estaba al tanto de que Morales iba a anunciar que no renovaría el mandato de la CICIG. Poco después del anuncio del presidente, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió una escueta declaración por Twitter, según la cual Estados Unidos está “comprometido a luchar contra la corrupción y la impunidad”.

Análisis de InSight Crime

La medida de Morales parece ser un intento de obstaculizar la justicia. Si bien no mencionó la investigación en torno a él y la estructura financiera de su partido político en la campaña de 2015, no hay duda de que el anuncio de poner fin al mandato de la CICIG debilitará el trabajo de la Fiscalía. En particular, la visa del comisionado de la CICIG, el juez de nacionalidad colombiana Iván Velásquez, expirará el 18 de septiembre. (Las visas de varias otras personas expiraron el 31 de agosto). Velásquez es una parte importante de la Fiscalía en la CICIG y tiene el capital político para llevar a cabo investigaciones que pueden derrocar presidentes. Morales ya ha intentado en vano expulsarlo del país.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Guatemala Pero establecer una fecha específica de terminación —así sea dentro de un año— y ordenar que durante este periodo se deben “transferir las capacidades técnicas” puede ser el argumento del Gobierno para no renovar la visa de Velásquez, según dijeron fuentes diplomáticas en Guatemala, tras ser consultadas por InSight Crime. El mandatario tiene además intereses personales en esta medida. La fiscalía ha apuntado cada vez más a Morales, así como a su familia y a sus aliados, por presuntos actos de corrupción. El anuncio del presidente se presenta pocos días después de que uno de sus principales asesores militares, el general Érick Melgar Padilla —hermano de Herber Armando Melgar Padilla, congresista por el FCN-Nación y exasesor de seguridad del presidente— fuera arrestado por obstruir la justicia en un caso diferente. Lo que no está claro es la posición de Estados Unidos, país que había mantenido una postura firme, emitiendo declaraciones públicas de apoyo directo a la CICIG, e incluso ubicando a Velásquez al lado del embajador, como ocurrió en un tuit del mes de febrero. Pero en los últimos meses, importantes políticos conservadores en el Congreso de Estados Unidos han vacilado en su apoyo a la comisión. Específicamente, el senador Marco Rubio (republicano de Florida) suspendió fondos por un valor de US$6 millones para la comisión, tras acusaciones infundadas de que el órgano judicial había denunciado injustamente a una familia rusa exiliada en Guatemala por obtener documentación falsa de una red criminal. El Gobierno de Estados Unidos subvenciona un poco menos de la mitad del presupuesto de la CICIG. Pero en este momento su capital político puede ser más importante que su dinero. * Este artículo fue escrito con la colaboración de Felipe Puerta, de InSight Crime.