La Pandilla Callejera 18, también conocida como “Barrio 18” , es una de las pandillas juveniles más grandes del hemisferio occidental. Al igual que su rival más conocida, la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 tiene células que operan desde Centroamérica hasta Canadá, y tienen mucha mayor presencia que la MS13 en Estados Unidos. Con miles de miembros a lo largo de cientos de kilómetros, e intereses en diversas actividades ilícitas, Barrio 18 es una de las mayores amenazas criminales en la región. No obstante, es cuestionable hasta qué punto sus diferentes unidades se coordinan a través de las fronteras, o incluso dentro de una misma ciudad.
Historia
Barrio 18 surgió como una pandilla callejera en Los Ángeles. Aunque algunos remontan sus orígenes a finales de los años cincuenta, el grupo comenzó a tomar su forma actual en los años setenta, luego de dividirse de la pandilla Clanton 14th Street. Ganó notoriedad por su papel en los disturbios en esa ciudad después de la absolución de los policías que golpearon brutalmente a Rodney King, un conductor afroamericano.
En sus orígenes, muchas células del grupo, conocidas como “clicas”, estaban conformadas exclusivamente por inmigrantes mexicanos del sur de California, y dominaban barrios como MacArthur Park, en el barrio coreano (Koreatown), del centro de Los Angeles, pero cuando otras nacionalidades latinas se unieron a la población inmigrante, Barrio 18 comenzó a reclutar miembros de variada procedencia, hecho que facilitaría la propagación del grupo a otros países, especialmente en Centroamérica.
Los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para frenar el crecimiento de la pandilla no han demostrado ser eficaces. A finales de los años noventa, un grupo especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos, junto con la policía local, detuvo a algunos de los principales líderes de Barrio 18. Sin embargo, esto no perjudicó a la pandilla y le dio una nueva base desde la cual podía ahora operar y reclutar nuevos miembros: las prisiones federales. Pese a los esfuerzos por aislar a los líderes de sus contactos en el exterior y de sus compañeros de prisión, jefes de Barrio 18 como Francisco Martínez, alias “Puppet”, idearon maneras para seguir operando desde la prisión.
Algunos integrantes de Barrio 18 también se unieron a la Mafia Mexicana, la temida pandilla carcelaria que agrupó a pandillas callejeras del sur de California en un único y poderoso colectivo, apodado Los Sureños. Por fuera de la prisión, las pandillas se pelean entre sí; dentro forman una sola unidad bajo el mando de la Mafia.
Barrio 18 se expandió hacia el sur en Centroamérica y México, en gran medida como resultado de un cambio en las políticas de inmigración de Estados Unidos a mediados de los años noventa, que aumentó el número de cargos criminales por los cuales podría ser deportado a su país de origen una persona extranjera. La nueva política se aplicó agresivamente a las pandillas en California, donde muchos miembros de Barrio 18 no tenían la ciudadanía estadounidense. Las deportaciones llevaron a una afluencia repentina de los miembros de la Barrio 18 en Centroamérica y México. Como resultado de ello, algunos sostienen que la política de Estados Unidos ayudó a la propagación de Barrio 18 a nivel internacional.
La respuesta de los gobiernos centroamericanos al aumento de la actividad pandillera también ha demostrado ser, en gran medida, contraproducente. A finales de los noventa, desde El Salvador, los gobiernos comenzaron a aprobar leyes más estrictas que penalizaban incluso la simple “asociación” con las pandillas. Las llamadas políticas de “mano dura” no hicieron más que fomentar el crecimiento de las pandillas mediante la concentración de muchos miembros en la cárcel, lo cual les permitió reorganizarse y reagruparse. En Centroamérica, el espacio creado para las pandillas extorsionistas y secuestradoras por parte de las débiles fuerzas policiales y un relativamente abierto escenario criminal, fue llenado en parte por Barrio 18 y la MS13 en la primera década del siglo XXI.
Más aún, luego de una serie de hechos violentos en las cárceles entre Barrio 18 y la MS13, funcionarios salvadoreños separaron a los miembros de ambas pandillas. Los líderes aumentaron su control sobre las actividades criminales, como la extorsión, desde el interior de las prisiones. Fuera de las prisiones, se diversificaron incursionando en el microtráfico. También comenzaron a operar de una manera más sofisticada, lavando activos a través de pequeñas empresas, como lavado de autos, y tratando de controlar a la comunidad y a las organizaciones no gubernamentales con el fin de influir en la política en los ámbitos locales y, más adelante, nacionales.
Para 2005, Barrio 18 en El Salvador sufrió una ruptura entre algunos miembros recluidos en las prisiones y otros en el exterior. El resultado de esa lucha intestina fue una división en dos facciones: “Los Revolucionarios” y “Los Sureños”. Esas facciones se mantienen hoy en día, peléandose con el mismo fervor con el que enfrentan a la MS13.
La pandilla representa la mayor amenaza en los países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras, donde gobiernos más débiles y pandillas más grandes (en relación con la población) han convertido al fenómeno de las “maras” en una amenaza importante para la seguridad nacional; las pandillas extorsionan sistemáticamente los medios de transporte público, desplazan comunidades enteras y se han infiltrado en el sistema político.
Esto se hizo más patente en marzo de 2012, cuando los cabecillas del grupo y sus rivales en la MS13 acordaron una “tregua” nacional, con la mediación de un delegado del gobierno y de la Iglesia católica. Como resultado del cese al fuego, se redujeron las tasas de homicidios en el país. A principios de ese año, El Salvador fue testigo de 13 o 14 homicidios diarios, pero bajaron a un promedio de seis diarios en los meses siguientes. A raíz de su éxito inicial, Honduras intentó implementar una tregua similar que resultó infructuosa.
Los líderes de ambos grupos han demostrado ser alarmantemente hábiles para utilizar su nuevo perfil político en beneficio propio, lo que agudiza los temores de que la iniciativa pueda darles un medio para aumentar su sofisticación criminal y extender su influencia a todo el país. Adicionalmente, al parecer la extorsión y las desapariciones continuaron aumentando en El Salvador durante la tregua, y los homicidios comenzaron a crecer de nuevo a mediados de 2013 hasta alcanzar un pico en 2015, antes de caer nuevamente.
Mando
La mayor jerarquía son los “palabreros” o “jefes”, la mayoría de quienes se encuentran recluidos en el sistema carcelario. Ellos coordinan todas las actividades criminales. Un palabrero mantiene un cuaderno donde mantiene registro de todas las finanzas, homicidios, drogas y armas. También hay palabreros por fuera del sistema penitenciario, a lo que también llaman “en la libre”.
En las calles, la mara se organiza en “canchas”. Una cancha es una división territorial que no obedece necesariamente a delimitaciones municipales. Cada cancha comprende varias “tribus”, las unidades más pequeñas de la organización de Barrio 18.
Finalmente, vienen los colaboradores: quienes no necesariamente están dentro o que nunca serán pandilleros. Ellos ayudan a la pandilla con pequeños encargos, como acopio de inteligencia, y transporte y posesión de mercancías ilícitas.
Geografía
En Centroamérica, la pandilla opera principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, pero es en Estados Unidos donde tiene la presencia más definida: un estimado de 30.000 a 50.000 miembros. El grupo opera en decenas de ciudades en unos 20 estados. Muchos de sus miembros se encuentran en California, pero Barrio 18 también tiene presencia en otras ciudades al occidente, como Denver.
Barrio 18 también hace presencia en Italia desde mediados de los años 2000, y en septiembre el arresto de un presunto líder de la pandilla da un indicio del deseo de la pandilla de expandir su presencia en Europa.
Aliados y enemigos
Barrio 18 es enemigo declarado de la MS13, y las divisiones internas del grupo periódicamente desatan la violencia. El Barrio 18 en El Salvador está dividido en dos facciones rivales, “Los revolucionarios” y “Los Sureños”.
El grupo tiene nexos cercanos con la Mafia Mexicana, y se sabe que tiene redes de colaboradores conformadas por abogados, taxistas y mecánicos. Sin embargo, la dependencia de la banda en la extorsión y su inclinación por la violencia los enfrenta con la comunidad local.
Perspectivas
Barrio 18 ha funcionado por 70 años. No hay motivos para pensar que no estará seguirá existiendo por otros 70 años más.
A la vez que arremete contra las pandillas, el presidente de Honduras ignora las acusaciones de narcotráfico contra miembros de su familia y funcionarios de su partido, que se encuentra actualmente en el poder, lo que genera dudas acerca de si desea hacer frente a la corrupción que involucra a su círculo cercano.
Desde finales de enero, el presidente Juan Orlando Hernández envió al ejército y a la policía nacional a las calles para enfrentar pandillas como la MS13. En medio de este despliegue de poder, Hernández ha dicho que su país necesita aumentar la presencia de sus fuerzas de seguridad, incluidas las unidades élite.
Además, Hernández está promoviendo la creación de una prisión de máxima seguridad en un lugar remoto y sin comunicación satelital, pues afirma que las prisiones del país son “insuficientes para tantos criminales capturados”, como lo indica un informe de La Prensa.
El énfasis del presidente en las medidas de seguridad de línea dura y en la lucha contra las pandillas se presenta poco después de que los fiscales federales estadounidenses acusaran a dos alcaldes hondureños de ingresar “grandes cantidades de cocaína” a Estados Unidos y de usar “armamento pesado”, como ametralladoras, para proteger los cargamentos de drogas, a la vez que trabajaban con otros traficantes en Colombia, Guatemala, Honduras y México.
Los fiscales afirman que Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, en el departamento de Copán, ubicado al occidente de Honduras, en la frontera con Guatemala, tuvo acceso al menos a un laboratorio de cocaína y a una pista aérea clandestina.
Según la acusación, Ardón Soriano “aprovechó su poder para cobrar un impuesto por cada kilogramo” en los cargamentos de cocaína que eran transportados por otros traficantes a través de la zona bajo su control. Además, supuestamente utilizó algunas de sus ganancias de las drogas para “financiar campañas políticas en Honduras” para él y algunos de sus socios.
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Ardón Soriano también fue acusado de participar en negocios sucios durante las elecciones presidenciales de Honduras en 2013, con el fin de favorecer al candidato del Partido Nacional en ese momento, el presidente Hernández. Supuestamente ayudó a intimidar a los votantes y a impedir el acceso a los centros de votación. Hernández obtuvo más del 80 por ciento de los votos y llegó a la presidencia.
Otro acusado de crímenes de narcotráfico federales es Mario José Cálix Hernández, exalcalde de Gracias, en el departamento de Lempira, al occidente del país, en la frontera con El Salvador. En la acusación, los fiscales afirman que él facilitó cargamentos de cocaína y trabajó con narcotraficantes que supuestamente sobornaron a funcionarios públicos, entre los que incluso se encontraban miembros del Congreso Nacional y de la Policía Nacional.
Cálix Hernández es primo de la directora de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de Honduras, Soraya Cálix. Según las autoridades, su coconspirador fue el excongresista hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Hernández.
Las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a Tony Hernández en noviembre de 2018 por cargos relacionados con drogas. Los fiscales sostienen que él era un “narcotraficante a gran escala” que llegó incluso a estampar sus iniciales en los cargamentos de drogas que dirigía.
Análisis de InSight Crime
Aparte de reaccionar ante la detención de su hermano, el presidente Hernández no se ha pronunciado frente a la cantidad de funcionarios hondureños acusados de narcotráfico, los más recientes de los cuales son Ardón Soriano y Cálix Hernández.
En 2018, las autoridades estadounidenses acusaron a Midence Oquelí Martínez Turcios, excongresista del Partido Nacional, de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos. Previamente, en agosto de 2017, el exministro de Inversiones de la administración Hernández, Yankel Rosenthal, se había declarado culpable de los cargos imputados por Estados Unidos, según los cuales él lavó dinero de las drogas.
Entre tanto, Hernández ha optado por arremeter contra las pandillas, en lugar de enfrentar a los funcionarios del gobierno supuestamente corruptos y relacionados con los grupos narcotraficantes del país.
En noviembre de 2017, Hernández fue reelegido luego de unas reñidas votaciones, tras las cuales hubo denuncias de fraude, así como violentas represiones contra los manifestantes.
“Es totalmente inverosímil que Hernández no tuviera conocimiento de las presuntas actividades criminales de estas personas recientemente acusadas o de los proyectos criminales de su hermano”, dijo Dana Frank, profesora de la Universidad de California en Santa Cruz, mediante un mensaje de correo electrónico dirigido a InSight Crime.
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Christine Wade, experta en Centroamérica y profesora de Ciencias Políticas en Washington College, afirma que las acusaciones recientes contra dos exalcaldes relacionados con Hernández muestran la “putrefacción sistémica” del establecimiento político del país.
“Las organizaciones de crimen organizado y narcotráfico han permeado las instituciones estatales de Honduras en todos los niveles”, agregó.
A pesar de todo, Hernández sigue siendo considerado por Estados Unidos como un importante aliado regional en cuestiones de seguridad y lucha contra las drogas.
Pero Wade dice que “el aumento de los cargos criminales en los tribunales estadounidenses”, además de lo que Ardón Soriano podría revelar cooperando con las autoridades de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), puede hacer que las malas actuaciones de quienes rodean a Hernández sean “más difíciles de ignorar”.
El robo de combustible en Honduras ha sido una fuente de ingresos confiable para las pandillas durante años, pero la recuperación de 50.000 litros de combustible hurtado en la ciudad de Puerto Cortés puede llevar a las autoridades a asestar un golpe definitivo a esta actividad.
La unidad de operaciones especiales de la Fiscalía General de Honduras abrió una investigación, luego del decomiso, avaluado en alrededor de US$122.600.
Hace tres años ya se había abierto un caso con la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Honduras, pero nunca se investigó. Ahora, armada con nueva evidencia, la unidad de operaciones especiales está renovando sus intentos de frenar un delito que alguna vez se pensó que había quedado bajo el control de unos pocos operadores, pero que ha crecido hasta representar un ingreso lucrativo para las pandillas.
Mucha parte del robo de combustible en Puerto Cortés se concentra en la 8 Avenida, una arteria vital que conecta la refinería local con las principales vías de la ciudad. Durante el trayecto, los ladrones, conocidos como “lateros”, “ordeñarán” los camiones extrayendo pequeñas cantidades de combustible, aun con los camiones en movimiento. También robaban combustible para barcos y otros derivados que salían de la refinería.
El combustible robado se almacenaba en barrios aledaños, como Los Mangos y Campo Rojo, donde se recuperaron los 50.000 litros.
El subcomisionado de policía Marlon Miranda declaró que aunque la policía tenía noticia de esa práctica durante años, había sido difícil procesar a cualquier detenido por la falta de denuncias o cargos por parte de los afectados.
Y es probable que los conductores de los camiones trabajen en alianza con estas pandillas, lo que reduce la posibilidad de que se formulen denuncias.
Análisis de InSight Crime
Aunque México ha acaparado los titulares de prensa últimamente por su actual ofensiva contra el robo desenfrenado de combustible, este caso en Honduras muestra que los grupos criminales en Latinoamérica siguen beneficiándose de esta fuente de ingresos ilícitos.
Aunque dicho robo se ha concentrado generalmente en países que son grandes productores de petróleo, como México, Colombia y Venezuela, los países centroamericanos más pequeños son cada vez más víctimas de dicha práctica.
Erradicar el robo de combustible es increíblemente difícil, dada la innumerable cantidad de formas como puede efectuarse. En Costa Rica, se han contado millones de dólares en pérdidas por el ordeño ilegal de oleoductos.
En Honduras, donde los avances en seguridad parecen ser muy tenues, es diciente ver a los ladrones de gas ingresar en camiones a las refinerías y extraer la gasolina de los camiones cisternas que salen.
El anuncio de una investigación a fondo sobre el robo de combustible y la participación de fiscales, policía y ejército en esta última operación despierta la esperanza de que el gobierno finalmente tome medidas reales.
Y con el aumento indiscriminado de los precios de combustibles a comienzos de 2019 en Honduras, se requieren medidas urgentes ante el temor de que la demanda de combustible ilegal también aumente en consecuencia.
En un barrio marginal de Honduras, a los 15 años eres mujer, pandillera del Barrio 18, tienes hijos, vas a la cárcel, te reprime la policía y dudas mucho sobre la idea de que el futuro pueda ser diferente. Esta es la historia de los círculos de infinitas violencias en las que viven, crecen y morirán dos niñas y una adulta. Una historia sobre el arrojo de guerreras perseguidas que avanzan en el combate hasta acabar convertidas en protectoras de criaturas salvajes. Dos niñas miran una piscina sin gente. Están en una parte de la ciudad que no conocen. Impacientes, sueltan las bolsas de plástico que contienen su ropa seca sobre una hamaca de rayas amarillas y blancas. Acaloradas por el abusivo sol de las dos de la tarde en San Pedro Sula, saltan sobre el piso ardiente.*Este reportaje forma parte de la serie Las colaboradoras, un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica realizado por El Intercambio, financiado por Internews y publicado en alianza con InSight Crime.Se meten en el agua vestidas con sus playeras y shorts. Até, blanca, de pelo liso y labios gruesos, con el cuerpo de mujer a medio hacer, agarra rápido el salvavidas. Asteria, morena, de pelo rizado y ojos y nariz pequeños, da tres largas brazadas para llegar cuanto antes al borde. Piden aprender a flotar. Até mira al cielo. Acostada. Solo tiene que dejar que el peso de su cuerpo haga caso a la gravedad para mantenerse a flote. No lo logra. Asteria, tampoco. Tercas y sonrientes, lo intentan varias veces. En dos horas, apenas salen del agua para comer pizza. Al menos por una tarde, en esta piscina privada de hotel, protegidas de las miradas, parecen felices de tanto fallar. La situación es improbable, completamente artificial. Durante unas horas, la posibilidad de dar una versión de su propia historia es su pasaporte a la palabra. A la posibilidad de expresarse sin una violencia que fermenta bajo el calor agobiante de las casas de techo de lámina donde viven, ancladas en una pobreza abyecta, en un barrio lleno de fronteras mortales.
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El pozo de donde Até y Asteria salen durante un día se llama Cerrito Lindo. El dueño del lugar es un tipo flaco y larguirucho de 19 años que lleva el pantalón amarrado por un cinturón, una playera blanca de tirantes que le queda enorme y kilos de joyería. Es su forma de mostrar autoridad. Para llegar a Asteria y Até, tuvimos que hablar con su dueño.
En Cerrito Lindo, todos rinden pleitesía a Mortal. Vecinos y pandilleros. Es el palabrero, o líder local de la célula del Barrio 18, la segunda pandilla más violenta de Latinoamérica, solo superada por la monumental Mara Salvatrucha (MS13). Mortal, que entró en la pandilla cuando apenas tenía diez años, cayó preso tres veces. La segunda fue pocos meses antes de conocerlo, pero se escapó. Estuvimos con él en julio de 2018. En septiembre volvió a la cárcel. Ahora, manda un adolescente con apodo arácnido. Se llama Escorpión.Mortal, líder del Barrio 18 en el sector Cerrito Lindo, prueba si su arma funciona correctamente. Apunta hacia una botella vacía torpemente colocada por sus compañeros y dispara tres veces. Nunca logra pegarle.De la boca de Mortal, con dientecitos muy desechos, salen pocas palabras. No cree que las mujeres, lo que tengan que decir, importe demasiado. Y gracias a esa minusvaloración del hombre hacia la mujer, ellas pueden expresarse –al menos en la piscina–.Honduras es el último país de Centroamérica en el que las mujeres aún pueden ser pandilleras. Incluso jefas. Pero el gobierno hondureño sabe poco sobre pandillas y poquísimo sobre pandilleras. En general, sólo tiene idea de qué grupos operan en el país. Y en particular, que en el Barrio 18 hay mujeres cobradoras de extorsión. La policía persigue a niñas como Até y Asteria. La autoridad policial necesita de casillas fijas para posicionarlas: cobradora de extorsión, informante de la pandilla, mujer de pandillero. Nadie menciona la posibilidad de liderazgo. El desconocimiento simplifica.La mayor parte de las casas de Cerrito Lindo son de bloques de cemento y madera con techo de lámina y cortinas como puertas; el aire del ventilador corre por los pasillos mientras fuera, para combatir el calor, se toma café recién hervido.Até y Asteria hoy son civiles –sin vínculo teórico con la pandilla–, pero colaboraron desde los diez años con el Barrio 18. Tienen quince. Una colaboradora, o paisa –como solo las llaman en Honduras–, comienza vigilando las esquinas, pide y cobra extorsión a negocios, reparte comida a los homies que es como se conoce a los hombres en la pandilla –cuida a los enfermos o baleados–. Convertirse en lideresa llega mucho más tarde.
Asteria y Até pensaron en ser pandilleras, pero no pasaron de colaborar. Hace más de un año que ambas decidieron salirse del Barrio 18, una pandilla en la que formalmente nunca entraron, a la que en la práctica siguen totalmente vinculadas.
“¿Alguna vez les tocó matar a alguien?”[Dos segundos de silencio]“Eso no se dice, es algo muy íntimo, eso no se cuenta,” dice Asteria en nombre de las dos.Asteria y Até no son sus nombres. Es un artificio para ocultar su identidad. Sustituir sus nombres por unos convencionales es un riesgo porque podría coincidir con el de otras jóvenes de similares características. Hay muchas mujeres con historias parecidas en este barrio. Las niñas dicen que dicen que ya no trabajan para la pandilla, pero le hacen favores. Un favor puede ser cualquier cosa. Un favor puede ser hacer gratis exactamente lo que hacían antes por un salario variable de 20 dólares semanales.
“¿Qué es hacer un favor cuando ya no estás obligada?”“Si uno quiere, me dicen: ‘Mirá, andá a traer tal cosa.’ Si yo quiero, voy a ir. Si no, no voy,” dice Asteria con vehemencia. “Pero usted sabe que si una puede hacer un favor, siempre lo va a seguir haciendo”, matiza Até, un minuto después. “Y entre más uno va haciendo, más se va involucrando.”Ellas se reivindican como independientes. Pero están dispuestas a hacer muchas cosas por el Barrio 18. Porque quieren. Estar cerca, dentro, o fuera parece casi lo mismo.“Porque ante los ojos de Dios y del Barrio todos somos iguales,” dice Asteria.“Ni uno se mira más, ni una se mira menos,” responde Até. “Porque todos la rifamos igual,” exclama Asteria. “La rifábamos,” puntualiza Até. “La rifamos todavía,” ríe Asteria. “Damos la vida por el Barrio.”“¿Qué implica para ustedes ya no estar en el grupo?”“Estamos cagadas [con miedo],” responde seriamente Até.
La piscina del hotel
“¿Podemos llevar a las niñas mañana a la piscina?”Mortal: “Sí, no hay rollo. Delen.”Cerrito Lindo está en el inmenso sector Rivera Hernández, uno de los barrios más grandes de San Pedro Sula, la ciudad más homicida del mundo hasta 2015 y ahora en el tercer puesto en la lista. Dentro del sector Rivera Hernández hay más de cien colonias y asentamientos, lugares bravos que evitan los sampedranos que sí pueden permitírselo. En 2015, seis pandillas se disputaban el sector. Tres años después, los vecinos dicen que ya son ocho. No es sólo un polvoriento desorden de calles planas y casas de adobe, de pequeñas tiendas, llamadas pulperías. Es un territorio en guerra. Sentados en el porche de un vecino, al atardecer, preguntamos a Mortal sobre un tema extraño para él: las mujeres en su pandilla. No tiene el discurso preparado. Responde que son como los hombres. La diferencia son las razones de ingreso. “Ellas [se meten], a veces, por problemas en la familia, o por seguir a un homeboy [pandillero]”. Las mujeres, dice, son traicioneras. Los amigos celebran sus bromas y encienden sus cigarrillos. Hasta que irrumpen dos adolescentes confianzudas, con playeras cortas, el pelo recogido, los labios rosas y los ojos delineados. En medio de la oscuridad de las seis de la noche, se hace el silencio hasta que cruzan el portón y se acercan al porche de la casa. Así es como conocemos a la Asteria de cabello rizado y de ojos encendidos. A la Até de pelo lacio y mirada apagada, pero pícara. Até es la personificación griega del arrojo y la irreflexión y Asteria es la hija de una guerrera perseguida por Zeus. Ambas avanzan huyendo del resto de pandillas, de la policía. Si esa huida no se trunca, Asteria y Até, por haber nacido en San Pedro Sula, llegarán a ser Artemis. Artemis es una flaca brava y de color caribe en la raya de los 40 que dirige un embrión de pandilla, en una zona rival dentro del sector Rivera Hernández. Esta lideresa de un grupo de jóvenes que intentan ser pandilleros tampoco se llama Artemis, diosa griega de la caza. Una madre protectora de sus criaturas salvajes. De sus muchachos, de su propia pandilla. Artemis, una mujer que sería guapa si la pobreza no deteriorara tanto, no sería lideresa si su vida no hubiera comenzado como las de Até y Asteria. De cabello desteñido, manos maltratadas de tanto lavar con detergente y pies callosos de tanto caminar sin zapatos, se parece a Mortal. Artemis y Mortal son versiones diferentes del mismo problema. Son, además, los espejos en los que Até y Asteria se ven a sí mismas.
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Las dos niñas fuman marihuana, beben, se meten cocaína desde los diez. Até y Asteria se conocieron en en la calle, donde pasan el tiempo. Si algo se le parece a una familia en sus vidas es la pandilla. Asteria se lleva mal con su papá, vive extrañando a su mamá, que murió cuando tenía 10 años, y tiene un hermano en la pandilla Barrio 18. Até también tuvo familia pandillera. Su padre fue miembro de una de las primeras pandillas de San Pedro Sula: el Barrio Pobre 16, un número neutro entre las dos pandillas más fuertes de Centroamérica, el Barrio 18 y la MS13. El 16, número del que desciende Até, la vincula a través de líneas paralelas a Artemis, la protectora de las criaturas salvajes de varias cuadras más allá. Ella también perteneció a esa pandilla.A Até su madre la abandonó cuando era una bebé. Su padre fue asesinado cuando ella tenía tres meses. Se crió con sus tías y su abuela. A los 14 años, quedó embarazada de un pandillero que no era su pareja en ese momento y tampoco lo es ahora. Notó su embarazo a los tres meses. Hablar de su hijo le incomoda mucho. Sólo admite con desconfianza que el bebé fue la razón para que dejara de ser colaboradora del Barrio 18.Cada noche, Até sale a vagar. Así es como dice esta joven de 15 cuando va con sus amigos pandilleros a fumar y beber, o cuando va los sábados con su amiga a la discotecaAsteria relata su decisión de salirse de la pandilla como quien tuvo una revelación. Estuvo presa por su presunta participación en el asesinato de un hombre. En la cárcel, no podía dormir por las noches. Tenía miedo de estar sola, añoraba a una madre fallecida cuatro años antes como si acabara de morir. Dos meses después de entrar en la cárcel, un pastor evangélico le dijo que no iba a perder ese miedo a dormir sola mientras no se apartara del Barrio. “Yo decía: nunca me voy a salir del Barrio, voy a morir por el Barrio”, explica Asteria. Pero se paró hasta las doce de la noche en la puerta de su celda, pensando en las palabras del evangélico. “Y no me dio miedo”.
Los problemas de la pandilla
“¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tienen, ustedes los líderes, con las mujeres?”Mortal: “Es que ellas son más sentimentales, más así que ellas por amor pueden traicionar la pandilla.”En los últimos cinco años, los tres delitos por los que la policía ha detenido a más mujeres son lesiones, posesión de droga y extorsión. El rumbo de las detenciones policiales de mujeres cambió en 2015, el año en que la extorsión se convirtió en centro del trabajo policial. La policía detiene cada vez a más mujeres colaboradoras por asociarse con los criminales. Las dos niñas se dedicaron a extorsionar para el Barrio 18 durante los últimos cuatro años. Un día por semana, visitaban pulperías, pedían entre cien (US$4) y quinientas lempiras (US$20 dólares), según el tamaño del negocio. Algunos propietarios cerraban para evitar pagar lo que se llama impuesto de guerra. La Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas (FNA-MP), —integrada por miembros de la Policía, el Ejército y la Fiscalía de Honduras— opera desde 2013 en el país. Es común que sus policías entren para hacer allanamientos en el sector Rivera Hernández. La institución fue denunciada 60 veces en los últimos cinco años ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Sobre todo, por abuso de autoridad a la hora de detener presuntos pandilleros. A principios de 2017, un día después del asesinato de un hombre en el que se implicó a Asteria —y por el que estuvo presa durante un año—, la FNA-MP derribó los dos portones de la casa de Cerrito Lindo en la que ella estaba con un grupo de homies. Asteria dice que los agentes la pusieron contra la pared y la golpearon en las manos y las nalgas con una rama de árbol. “Empiecen a rezarle a Dios porque se van a morir”, dice que les dijeron. Pero llegaron los medios de comunicación y ella detuvo sus rezos.A Saúl Morales, vocero de la FNA-MP, no le coinciden las denuncias registradas con las que cree tener. “Muchas, muchísimas, como 300 denuncias. Yo he recibido tantas que no las puedo contar”, dice este joven agente de pelo cortado a cepillo, que pide no ser fotografiado. Cuando se le pregunta por el caso de Asteria, no se muestra sorprendido, “a veces se nos ha ido la mano”, admite como si fuera lo más normal al hablar de la brutalidad policial. “Sí ha sucedido, nos hemos dejado llevar por el momento”.
La enemiga del Barrio 18
“¿Las mujeres pueden ser líderes, como ustedes?”Mortal: “Sí, sí han habido. Ahorita no, están presas, pero si han habido locas que han sido pesadas. Congras [líderes mujeres], pues.”En el mismo sector de San Pedro Sula, en la Rivera Hernández, a diez minutos de Cerrito Lindo, está el lugar donde Artemis trata de proteger a su grupo de criaturas salvajes a medio cocer entre la pandilla y el grupo revoltoso de amigos violentos. Antes de estar al frente de este grupo de niños armados, Artemis fue como Asteria y como Até. Una chica flacucha y avispada, con una familia muy pobre para la que suponía una carga. Una vez destruida y disueltasu pandilla original, la Barrio Pobre 16, la que compartió con el padre de Ate, también colaboró con el Barrio 18. Desde hace dos años, bajo su dirección, protección, experiencia, una desarrapada juntura de jovencitos pelea contra el Barrio 18, la MS 13, los Vatos Locos y cuanta pandilla o autoridad que asome las narices por las pocas calles y callejones que ellos controlan.Desde que empezaron a enfrentarse a la Mara Salvatrucha, la pandilla más grande y poderosa del mundo, el grupo de Artemis patrulla, armado, cada noche por su colonia.La lucha por el territorio también incluye a la policía, un agresor más. Artemis cuenta como en varias ocasiones entraron a su casa disparando y amenazando. De dentro de las casas, corruptos, se llevan objetos porque, supuestamente, son robados. Pero lo que más le preocupa de los policías no es el robo. Es que cuando los agentes capturan a sus muchachos siempre los torturan.Tres mujeres. Un mismo rumbo. Até y Asteria chapotean en la cola, tratan de salir a flote en un barrio que es un lodazal violento. Artemis sobrevive por eliminación, a modo de cabeza visible de una hidra en guerra, que cualquier día puede ser cortada, sacrificada, eliminada por los hombres de Mortal, en otro barrio violento.Para leer la investigación completa, haga clic en este enlace: https://elintercamb.io/elsalvador-pandillas-colaboradoras/*Este reportaje forma parte de la serie Las colaboradoras, un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica realizado por El Intercambio, financiado por Internews y publicado en alianza con InSight Crime.
La denuncia presentada ante Ministerio Público contra el expresidente de Honduras Porfirio Lobo por la presunta malversación de fondos públicos, para programas sociales, es la más reciente de una serie de investigaciones por corrupción y narcotráfico contra su familia y su circulo cercano, que por primera vez podría involucrar directamente al exmandatario.
El 4 de febrero, la organización de sociedad civil Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras presentó una denuncia contra el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público (MP), por el desvío de fondos estatales que ascienden al menos a 25 millones de lempiras (más de US$1 millón).
Según el CNA, los fondos, que supuestamente estaban destinados para la implementación de programas sociales habrían sido desviados para gastos de seguridad presidencial a través de una serie de solicitudes realizadas en junio de 2013 al Consejo Directivo del Patronato Nacional de Infancia (Codipani) por el presidente y la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.
En respuesta, Lobo realizó una rueda de prensa en la que afirmó que un amigo periodista le había filtrado la investigación poco antes de que el CNA la hiciera publica y aseguró que las acusaciones responden a “presiones de arriba” y que él “jamás tomaría un centavo de los pobres”.
Video Cortesía de Tsi Honduras
En entrevista con Proceso Digital, el portavoz del MP Yuri Mora señaló que la fiscalía actualmente se encuentran analizando las pruebas presentadas por el CNE.
Análisis de InSight Crime
Aunque ya varios casos e investigaciones han salpicado al circulo cercano del expresidente en actividades criminales durante su mandato, de ser validada por el MP la información denunciada por el CNA, esta podría ser la primera vez que el expresidente es vinculado directamente a una investigación penal –a pesar de fuertes rumores en el pasado–.
En noviembre del año pasado, una investigación del MP y MACCIH vinculó al hermano y al exsecretario de Lobo en un caso denominado Caja Chica del Hermano, descrito como “un entramado para desviar en beneficio propio dinero público que estaba inicialmente destinado a sufragar los gastos de la seguridad de la casa presidencial”.
El caso mantiene fuertes coincidencias con el presentado por la dupla investigativa contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo en febrero de 2018, denominado Caja Chica de la Dama, por un esquema de desvió de dinero también destinado a obras sociales.
Por su parte, el hermano de Lobo ya había sido señalado ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York por Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del grupo narcotraficante Los Cachiros, de facilitar vínculos entre el grupo de crimen organizado y el gobierno de su hermano. En sus declaraciones, Rivera Maradiaga también acusó al expresidente de recibir sobornos.
Fabio Lobo, el hijo del expresidente también fue condenado a 24 años de cárcel en Estados Unidos en noviembre de 2017, luego de que se declarara culpable por conspirar para traficar cocaína. Según un comunicado de la Fiscalía en ese caso, “con el fin de ayudar a traficantes y enriquecerse, Lobo usó el cargo de su padre y sus propias conexiones para unir a narcotraficantes con policías y funcionarios públicos corruptos”.
Durante los últimos años, el CNA ha presentado 80 casos, de los cuales apenas 13 han sido judicializados. Según fuentes consultadas en Honduras, a pesar de los altos niveles de impunidad en el país, la alta cantidad de casos presentados por el CNA que según la organización se encuentran en la impunidad (67), podría también estar explicado por la debilidad del material probatorio que en ocasiones ha sido presentado por la organización de la sociedad civil, como en el caso actual, en el que una parte importante son fotocopias.
Como InSight Crime ha señalado, en el CNA confluyen diferentes poderes económicos y políticos, que han probado ser poco objetivo en algunas de las investigaciones presentadas en el pasado.
Las autoridades de Honduras hablan con orgullo de un descenso en los homicidios en los últimos años, pero la serie de masacres que se han presentado a comienzos de 2019 ponen en duda el éxito de la política de seguridad en el país centroamericano.
Durante las dos primeras semanas del año nuevo, al menos 30 personas han muerto en ocho masacres en diversos lugares del país, desde la ciudad caribeña de Puerto Cortés, al norte, pasando por el departamento de Olancho, en el occidente, y la capital, Tegucigalpa, como informó El Heraldo.
Según La Tribuna, los criminólogos del país afirman que las pandillas rivales que se enfrentan por el territorio y el control del microtráfico son las responsables de los derramamientos de sangre. La reducción de las operaciones policiales después de la temporada navideña también pudo haber contribuido al aumento de la violencia, dado que ello les permite a las pandillas ajustar cuentas y cobrar extorsiones. Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13) son las dos pandillas predominantes en Honduras.
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El medio de noticias Confidencial consultó sobre las recientes masacres al portavoz de la Policía Nacional, Jair Meza, quien señaló que es importante recordar que los homicidios han bajado en comparación con años anteriores.
Los homicidios han disminuido considerablemente después de que la tasa de asesinatos del país ascendiera a 86,5 por 100.000 habitantes en 2011. La tasa de homicidios se redujo en más de la mitad, llegando a 42,8 en 2017 y a 40 por cada 100.000 habitantes en 2018, la tasa más baja registrada en más de una década.
Algunos expertos le dijeron a InSight Crime en noviembre de 2017 que diversos factores han permitido la reducción de la violencia, como el desmantelamiento de grandes redes criminales y la reforma y depuración de la Policía Nacional.
Análisis de InSight Crime
Aunque las tasas de homicidio han disminuido en Honduras, el alto número de muertes en este comienzo de año pone de presente que la violencia, promovida por la corrupción institucional, sigue amenazando la seguridad del país a largo plazo.
Si bien la revisión de la fuerza policial del país, que comenzó en 2016, ha resultado en el despido o la investigación de miles de oficiales, la fuerza sigue siendo acosada por la corrupción. En octubre de 2018, las autoridades acusaron y emitieron una orden de arresto por el comisionado de la Policía Nacional, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco y más de una docena de funcionarios por su presunta conexión a una red de tráfico de ganado. Mejía Tinoco sigue huyendo.
Las malas conductas son también comunes en la clase política de Honduras. En noviembre de 2018, las autoridades de Estados Unidos arrestaron al excongresista hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Los fiscales alegan que el hermano del presidente es un “importante narcotraficante” que introdujo “toneladas de cocaína” a Estados Unidos.
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Las élites políticas también se han visto involucradas en una serie de escándalos de corrupción, como la apropiación de recursos estatales y la desviación de millones de dólares de dineros públicos. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) estima que Honduras pierde cerca de mil millones de dólares al año a causa de la corrupción.
Además, Honduras tiene una de las tasas de impunidad más altas de Latinoamérica. Los ciudadanos tienen poca confianza en los funcionarios elegidos o en las autoridades encargadas de protegerlos de la delincuencia y la violencia, lo que lleva a muchos a huir del país. En la ciudad de San Pedro Sula, al norte del país, considerada una de las más violentas del mundo, una nueva caravana de migrantes —una de las muchas que han salido de Centroamérica en los últimos meses— acaba de partir rumbo a Estados Unidos.
Después de 2018, dos cosas han quedado claras: el blindaje otrora impenetrable que el apoyo de Estados Unidos y otros donantes internacionales proveían a los esfuerzos anticorrupción en la región se ha debilitado; y las élites políticas y económicas de Centroamérica no están dispuestas a permitir que una comisión internacional, una fiscalía o investigadores independientes se les metan hasta la cocina.
Esta imagen resume el año: el presidente guatemalteco Jimmy Morales rodeado de dos docenas de militares uniformados al anunciar su intención de librarse de las investigaciones en su contra.
Era agosto y la batalla que libraba Morales con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ocupó buena parte del año y sigue inconclusa, estaba en su punto más candente. Morales se quejaba de la CICIG por la investigación que la comisión había hecho sobre la campaña que lo llevó a la victoria en 2015. Para fin de año, tras varias ofensivas políticas y diplomáticos contra la comisión, el gobierno guatemalteco quitó las visas a 11 de sus investigadores más importantes y anunció que los expulsaría del país.
Como reportó InSight Crime en una investigación especial sobre el presunto financiamiento electoral ilícito atribuido al presidente, el poder de Jimmy Morales descansa en la alianza de poderosos exmilitares, evangélicos y empresarios de los grupos tradicionales de poder que lo auparon a la presidencia. Al final, las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público (MP) de Guatemala terminaron involucrando, como sospechosos, a representantes de todos esos grupos.
Morales, por supuesto, no está solo. El cierre de filas de las élites cuestionadas en Guatemala también fue evidente en El Salvador y Honduras, los otros dos países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. En Honduras renunció el jefe del ente internacional anticorrupción en parte por bloqueo de las élites políticas. Y En El Salvador, la prevalencia de mafias políticas de izquierda y derecha ha logrado neutralizar los incipientes esfuerzos anticorrupción en la Fiscalía General y en la Corte Suprema de Justicia.
Lejos quedó, este año, el entusiasmo que procesos judiciales e investigaciones criminales contra expresidentes y empresarios enredados en complejas tramas de corrupción y saqueo al erario despertaron en los tres países en años anteriores. No es que las luchas anticorrupción hayan muerto, pero sí terminarán el año debilitadas.
Guatemala: la corrupción, el sello de la política
Si hay un contrincante del presidente Jimmy Morales en esta batalla es Iván Velásquez, el juez colombiano y comisionado de la CICIG, el ente judicial respaldado por las Naciones Unidas que ayuda al ministerio público a investigar y a llevar casos a juicio. Al principio del año, el juez dijo a InSight Crime que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la corrupción en la política guatemalteca, y luego salió a comprobarlo.
Su oficina y el MP removieron, en los últimos dos años, los cimientos de la política de Guatemala al develar las conexiones del ya extinto Partido Patriota y del gobernante partido de Morales, FCN-Nación, con las redes de corrupción política y empresarial que han embaucado y secuestrado al Estado guatemalteco por décadas. Esas investigaciones también dejaron al descubierto el rol de las élites económicas de viejo cuño en el tinglado.
Morales no se quedó quieto. A los afanes del presidente se unió la cruzada del expresidente y exalcalde capitalino Álvaro Arzú, quien hizo frente común con Morales para desprestigiar a la CICIG e intentar cercarla. Morales también trató de controlar el siguiente paso de cualquier investigación en su contra seleccionando una fiscal afín a sus intereses para dirigir el Ministerio Público.
Sin embargo, no todo le salió como lo esperaba. Arzú murió en abril, y el 10 de agosto la nueva fiscal, Consuelo Porras, solicitó al sistema judicial un nuevo antejuicio contra Morales por presunto financiamiento electoral ilícito.
Los eventos llegaron a su culminación en agosto con Morales y Velásquez rodeados por militares, pero en el caso del colombiano estaban alrededor de la sede de la CICIG con el objetivo de escoltarlo fuera del país. El comisionado colombiano se quedó, pero Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, vigente hasta septiembre de 2019.
Cronología de la confrontación entre el presidente de Guatemala Jimmy Morales y el comisionado de la CICIG Iván Velásquez
A continuación, aprovechando que Velásquez salió de gira hacia los Estados Unidos en busca de más respaldo, Morales ordenó a su gobierno impedir su regreso a Guatemala.
Aunque la Corte de Constitucionalidad ha ordenado al presidente no impedir el reingreso de Velásquez, el colombiano ha evitado intentar regresar a Guatemala y el Gobierno ha insistido en que si eso sucede no lo dejará pasar.
En diciembre, el Ministerio de Relaciones y Migración cerraron la pinza en torno a CICIG al anunciar que no renovarían las visas de 11 investigadores, entre ellos los que habían investigado al presidente y a dos de sus familiares. La decisión deja abierta la posibilidad de la expulsión de los investigadores del país.
La comisión y la fiscalía han seguido abriendo casos contra funcionarios locales, pero la lucha contra la corrupción parece haber perdido la fuerza que había ganado desde 2015, cuando investigaciones de la CICIG y el MP desencadenaron eventos judiciales y políticos que pusieron en jaque al gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina, hoy preso y en espera de juicio por corrupción.
Honduras: Vaso medio lleno
Quizá el evento que mejor dejó al descubierto la reticencia de las élites políticas hondureñas a someterse a investigaciones fue la renuncia, en febrero, del peruano Juan Jiménez Mayor, quien hasta entonces había dirigido la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Jiménez Mayor renunció en protesta por los intentos del gobierno de Juan Orlando Hernández de bloquear el trabajo del organismo internacional, creado en 2016 bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ayudar a la fiscalía hondureña.
En la carta de renuncia que presentó al secretario general de OEA, Jiménez Mayor explicaba cómo el Partido Nacional de Hernández, a través de sus diputados en el Legislativo y de jueces en el Judicial, y otros agentes paraestatales se embarcaron en una campaña institucional para bloquear reformas legales y procesos criminales emprendidos por la MACCIH y el Ministerio Público.
El peruano denunció, entre otras cosas, que funcionarios del gobierno habían estado blandiendo el argumento de la soberanía nacional para intentar minimizar el impacto de la Misión. Jiménez Mayor también se quejó del poco apoyo recibido desde la sede central de la OEA y de su secretario general.
En junio, la MACCIH, ya con Jiménez Mayor fuera, y el Ministerio Público presentaron el caso Pandora, una acusación colectiva contra 38 personas, funcionarios de los partidos Nacional y Liberal, acusados de desviar unos U$S12 millones del erario. El financiamiento de la campaña del presidente Hernández es uno de los asuntos mencionados en Pandora.
En una primera reacción, Hernández pareció apoyar la investigación, pero de forma condicionada: “Es fundamental que se haga justicia, nadie está por encima de la ley, pero de igual manera el principio del estado de derecho, el principio de inocencia es lo que todos debemos buscar”.
Para finales de año, según confirmó InSight Crime en Tegucigalpa, buena parte del caso Pandora seguía estancado en trámites judiciales.
Los argumentos de la presunción de inocencia y el de la soberanía se convirtieron, en Honduras como ha ocurrido en Guatemala, en dos de los principales argumentos de las élites para oponerse a esfuerzos supranacionales antiimpunidad como la MACCIH y la CICIG.
No parece casualidad, por ejemplo, que Hernández haya sido el único presidente que apoyó las actuaciones de su homólogo Morales en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, donde el guatemalteco denunció a la CICIG por “terrorismo judicial” y lesiones a la soberanía, entre otras cosas.
El Salvador: condenas individuales pero esquemas intactos
También hay buenas noticias: el año dejó la condena a diez años de prisión del expresidente Antonio Saca por corrupción y soborno. Las autoridades condenaron a Saca por apropiarse de unos U$S300 millones de fondos públicos durante su presidencia (2004-2009). Y, tras una investigación de dos años, pactó con el exmandatario una confesión que dejó al descubierto redes de corrupción que implican a los gobiernos del antecesor y sucesor de Saca.
No todo es positivo, sin embargo. A pesar de ser la primera condena en firme a un expresidente en el país, la fiscalía optó por no buscar, en juicio, la condena de 25 años que le permitía la ley. Más allá del caso judicial, la confesión de Saca deja claro que se mantienen intactos los esquemas de corrupción que han permitido a los exmandatarios salvadoreños apropiarse de millones de dólares a través de la llamada partida secreta de la presidencia.
Cómo el expresidente Antonio Saca de El Salvador robó US$300 millones del erario público
Un ejemplo de esto es la propia investigación contra Saca. Esa, así como otra abierta contra Mauricio Funes, su sucesor al frente del Ejecutivo, empezó gracias a descubrimientos hechos por la Sección de Probidad, una oficina de la Corte Suprema de Justicia dedicada a examinar el crecimiento patrimonial de los funcionarios públicos. Entre 2014 y 2015, Probidad abrió docenas de expedientes a expresidentes, ministros y diputados.
Los expedientes de Probidad pudieron convertirse en investigaciones criminales gracias al empuje de la anterior Sala de lo Constitucional de la Corte, que terminó funciones en julio de este año. Las señales enviadas por la nueva Corte, elegida en noviembre, no son buenas: una de sus primeras decisiones fue que las investigaciones sobre casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios se harán a puerta cerrada.
Un triángulo que sigue en ebullición
Quien pose la mirada sobre el Triángulo Norte de Centroamérica a finales 2018 se llevará una sensación confusa. A pesar de las arremetidas de sus élites políticas y económicas, la agenda anticorrupción sigue presente en algunas oficinas estatales, sobre todo en los ministerios públicos y fiscalías, y en porciones importantes de la sociedad civil y dos entes internacionales de justicia que mantienen un respaldo internacional importante.
Pero también es innegable que con la arremetida de las élites del Triángulo Norte a los esfuerzos anticorrupción, la impunidad ha vuelto a ganar terreno. Y con ella los viejos males de la región, sobre todo la fragilidad del Estado, han vuelto a quedar a la vista.
Parece claro que el objetivo principal de esas élites es mantener el control necesario sobre las instituciones públicas para evitar investigaciones y persecuciones penales, aunque al final esto signifique desviar recursos destinados al combate contra el crimen para utilizarlos con fines políticos, como en Guatemala; dosificar los esfuerzos anticorrupción, como en Honduras, o, incluso, establecer pactos políticos entre partidos contrarios, como en El Salvador.
InSight Crime presenta su publicación anual GameChangers 2018, en la que analizamos las tendencias más importantes del crimen organizado en el continente americano durante el año. Desde el aumento de la oferta de las drogas ilícitas, pasando por el resurgimiento de grupos criminales monolíticos, hasta el debilitamiento de los programas anticorrupción y una ola de respuestas militarizadas frente al crimen, 2018 fue un año en el que los asuntos políticos continuaron enmarcados en la dicotomía izquierda-derecha, pero la única ideología que importó fue la del crimen organizado.
Algunas de las peores noticias se dieron en Colombia, donde la producción de coca y cocaína alcanzó niveles récord en un año más de malas noticias con respecto al histórico acuerdo de paz con la insurgencia política más antigua de la región, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La desmovilización de los miembros de las ex-FARC ha estado plagada de ineptitud gubernamental, corrupción, violaciones a los derechos humanos y acusaciones de que los altos dirigentes de la guerrilla están implicados en el narcotráfico. Y ello pudo haber contribuido directa e indirectamente al aumento de la producción de coca y cocaína.
En medio de esta tumultuosa situación, en el mes de mayo Colombia eligió como presidente al político de derechas Iván Duque, protegido de Álvaro Uribe, quien fue presidente del país y actualmente es senador de la república. Su alianza podría afectar no solo lo que queda del acuerdo de paz, sino toda la criminalidad del país; en efecto, durante 2018 los disidentes de las ex-FARC reestablecieron antiguos feudos criminales o se aliaron con otras facciones delincuenciales, y el último grupo guerrillero que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), llenó los vacíos de poder en Colombia y en la vecina Venezuela, lo que lo convierte en uno de los tres grupos criminales que consideramos ganadores este año. Por otro lado, ha surgido una nueva generación de traficantes, que prefiere el anonimato a los grandes y llamativos ejércitos violentos del pasado.
También es de resaltar el aumento que se presentó en 2018 en las drogas sintéticas, sobre todo el fentanilo. El flagelo de este opiáceo sintético causó más muertes por sobredosis en Estados Unidos que cualquier otra droga. El fentanilo ya no se consume como sustituto de la heroína, sino que aparece oculto en píldoras de prescripción médica falsificadas y mezclado con cocaína y con medicamentos no aprobados. Se produce en China, y aunque gran parte de la droga se transporta a través del sistema postal estadounidense, otra parte atraviesa México en su recorrido hacia Estados Unidos. Durante 2018, los grupos criminales de México parecieron haber orientado sus operaciones cada vez más en torno a esta droga, especialmente dada su creciente popularidad, disponibilidad y rentabilidad. Como resultado, se están dando algunas alianzas que podrían cambiar las reglas del juego, sobre todo entre las organizaciones criminales mexicanas y dominicanas.
Una de estas estructuras criminales mexicanas es el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), otro de los tres grupos criminales que consideramos ganadores en 2018. El CJNG ha evadido los intentos por debilitarlo mediante diversas estrategias, como sofisticadas relaciones públicas y tácticas militares, y además las circunstancias le han sido favorables —el gobierno ha estado demasiado distraído—. Ello no significa que sea invulnerable. En 2018, el grupo dio algunos duros golpes en su bastión, por lo que las autoridades estadounidenses lo pusieron en su radar, lanzando una serie de acusaciones contra la organización.
Los carteles de México se enfrentaron entre sí, incluso mientras aprovechaban las lucrativas economías criminales. El resultado se hizo evidente en los niveles récord de homicidios de este año. El deterioro de la seguridad allanó el camino para la elección del candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en el mes de julio. AMLO, como se le conoce afectuosamente, no basó su campaña precisamente en los asuntos de seguridad, pero quizá ganó gracias a ellos, y de paso heredó de su predecesor un cáliz de seguridad envenenado: mientras que Peña Nieto puede afirmar que durante su gobierno fueron arrestados o asesinados 110 de los 122 cabecillas criminales, AMLO se enfrenta a más de mil futuros líderes y a cientos de grupos criminales.
El aumento de la oferta de cocaína y fentanilo afectó enormemente a Estados Unidos, que continúa siendo uno de los mayores consumidores de drogas en el mundo. Pero 2018 demostró que la era en que Estados Unidos utiliza la política de drogas como un arma de su política exterior puede estar llegando a su final. En vísperas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, el “llamado a la acción” por parte de la administración Trump —que consistía en una estrategia apoyada en cuatro pilares— no tuvo el suficiente apoyo de otros países de la región. Por el contrario, Canadá legalizó la marihuana, y el recién electo presidente de México ha considerado alejarse radicalmente de la estrategia de mano dura que promueve la administración Trump.
Aun así, los dos años de la extraña y caótica política exterior de Donald Trump han tenido un impacto devastador en las relaciones exteriores en la región y han allanado el camino para el crimen organizado transnacional. En primer lugar, la administración Trump ha abandonado prácticamente todos los programas que por años se han adelantado contra la corrupción en Centroamérica, al tiempo que su administración enfrenta constantes acusaciones de corrupción al interior de su propio régimen.
Específicamente, 2018 será recordado como el año en que el gobierno de Estados Unidos dejó de apoyar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la fiscalía adjunta respaldada por la ONU en ese país. Durante casi 10 años de labor, los casos liderados por la CICIG han llevado a la cárcel a presidentes, vicepresidentes, candidatos vicepresidenciales, exministros, banqueros, dueños de hoteles y muchas personas más. Pero este año, el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales —quien también está siendo investigado por la CICIG— comenzó a presionar a la Casa Blanca y a sus aliados directamente, y de esta manera logró reunir una coalición de miembros de las élites que han sido acusados, marginar a la CICIG y exiliar a su reconocido comisionado colombiano, pese a la presión del Congreso de Estados Unidos para que se mantenga el respaldo judicial en el país.
Otros mandatarios han emprendido un juego similar; en particular, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha logrado neutralizar la versión de la CICIG en ese país: la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). En el mes de febrero, Juan Jiménez Mayor, director de la MACCIH, renunció sorpresivamente. En una carta abierta publicada en su cuenta de Twitter, Jiménez explicó que dimitió debido a la falta de apoyo del progenitor de la MACCIH, la Organización de los Estados Americanos (OEA), y a los esfuerzos concertados del Congreso hondureño por debilitar la misión. Tanto Honduras como Guatemala han debido enfrentar desafíos constitucionales para los mandatos de la MACCIH y la CICIG. Sin embargo, como signo positivo, la reelección del fiscal general de Honduras, cuya gestión ha sido relativamente buena, puede hacer que las intenciones de neutralizar los programas anticorrupción allí sean infructuosos, sobre todo en lo que respecta a una investigación que está siguiendo muy de cerca al propio presidente Hernández.
Nada de esto parece molestar a Trump, quien durante 2018 se dedicó casi permanentemente a una campaña política en Estados Unidos, en especial en torno a la diversidad de inmigrantes que huyen de la violencia de los grupos criminales que los asedian, como la Mara Salvatrucha (MS13) —un tema que abordamos en nuestra investigación de tres años de duración sobre la pandilla—. Y lo que es peor aún, las políticas fronterizas de Trump están por el contrario favoreciendo al crimen organizado. Y su administración parece haber abandonado toda intención de defender los derechos humanos o la libertad de prensa, a pesar de que la región sigue siendo el lugar más peligroso del planeta para ejercer el periodismo, sobre todo debido al crimen organizado, la corrupción y la impunidad que promueven aliados de Estados Unidos como Morales y Hernández.
De hecho, la indiferencia de Trump frente a la ley, el orden y la verdad permitió el avance de la demagogia, lo cual fue muy evidente en Brasil, donde el triunfo de la derecha fue más rotundo que en Colombia. Después de ser apuñalado durante una manifestación política, el populista militar-evangélico Jair Bolsonaro —quien ha sido descrito como un “Donald Trump brasileño”— ascendió en el camino a la presidencia con base en una plataforma racista y xenófoba que incluye sentencias de prisión más largas, militarización de la guerra contra el crimen, y el retroceso en los esfuerzos regionales por legalizar ciertas sustancias ilegales.
Pero a juzgar por lo que ocurrió en 2018, lograr mayor seguridad en Brasil —donde en 2017 se registró el asombroso récord de 63.880 homicidios— puede no resultar tan fácil, incluso auqnue la solución que Bolsonaro propuso goza de popularidad. Durante 2018 se presentó otra ola de combates en diferentes partes del país, incluyendo una serie de enfrentamientos entre la Familia del Norte y el Comando Rojo, que puso fin a un pacto de tres años de duración entre los dos grupos. Sin embargo, el Primer Comando Capital (PCC) fue el que continuó planteando la mayor amenaza, expandiéndose tanto dentro de Brasil como en otras partes de la región, lo que lo ubica en el primer puesto de nuestra lista de ganadores criminales de 2018.
Irónicamente, el gobierno izquierdista de El Salvador fue el que más se asemejó en 2018 a la estrategia militarista de Bolsonaro en su lucha contra el crimen. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dio luz verde para una estrategia de línea dura que recuerda a muchos de los regímenes que la misma guerrilla del FMLN combatió en el pasado, antes de convertirse en un movimiento político. En 2018, el partido además codificó sus medidas más draconianas y ofreció abundante protección a los autores intelectuales de las más atroces violaciones a los derechos humanos, incluso a pesar de que los resultados de dichas medidas fueron mediocres.
Por otra parte, durante 2018, pandillas como la MS13 demostraron su capacidad para adaptarse y para mover su músculo político de maneras sorprendentes, sobre todo en la capital, San Salvador. El exalcalde de la ciudad, Nayib Bukele, quien es actualmente uno de los principales candidatos en la contienda presidencial —y quien ha sido un camaleón político, pasando de la izquierda en el FMLN a un pequeño partido rival de derecha— llevó a cabo una negociación con las pandillas, de modo que pudo empezar a remodelar el centro histórico de la ciudad y transformarlo en un área que acogiera más a las familias —o por lo menos a la moda y los turistas—. De cierta manera, su estrategia funcionó, dado que la violencia disminuyó, el centro obtuvo algunas de las necesarias mejoras estructurales, y se abrieron nuevos negocios. La disminución en los homicidios durante este año indica que el FMLN y otros operadores políticos también pueden haber notado los resultadosy quizá están tratando de darles un lugar a las pandillas, sobre todo con miras a las elecciones presidenciales de febrero.
Más hacia el centro del espectro político se ubicó Costa Rica, que en el mes de abril eligió como presidente a Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana (PAC), de orientación centroizquierda. Allí, las elecciones al parecer no respondieron a la seguridad ciudadana, de la que quizá sí pueda depender la supervivencia de la administración del nuevo presidente. Las tasas de homicidios han llegado a niveles récord, sobre todo porque Costa Rica está desempeñando un papel cada vez más importante en la actividad criminal transnacional, pero quizá también porque en 2018 se observó que las fuerzas de seguridad del país pueden estar involucradas en el crimen ahora más que nunca.
En un espectro político propio se ubicó el venezolano Nicolás Maduro, quien fue reelegido en abril en un ejercicio que pareció confirmar que desde hace mucho tiempo ha desechado cualquier pretensión de democracia. Como lo describimos en una investigación especial publicada en varias secciones, Venezuela se ha convertido efectivamente en un vehículo para los intereses criminales. Las razones para ello tienen que ver con la aparición de grupos criminales propios que se encuentran tanto al interior del gobierno como vinculados a él, pero además con la abdicación de las funciones del Estado, especialmente en lo que se refiere a las prisiones, y con la muerte de todo sistema económico viable, lo que facilita la corrupción y la ineptitud que prevalecen en el gobierno de Maduro.
Como resultado de todo lo anterior, el caos no se dejó esperar en 2018, y miles de refugiados se lanzan diariamente a otros países. La crisis de los refugiados, que no tiene precedentes, trajo consigo desesperación e, inevitablemente, más crimen organizado. En pocas palabras, en 2018 Venezuela se convirtió en un epicentro regional del crimen, un lugar donde se vende de todo, desde combustible robado hasta adolescentes y alimentos descompuestos, y donde la competencia está en todos los ámbitos. Y al gobierno no parece importarle. Su solución consistió en lanzar una criptomoneda vinculada a su industria petrolera en quiebra, al mismo tiempo que la primera dama enfrentaba acusaciones de narcotráfico.
Migrantes de Venezuela recorren Perú a pie
En medio de las fuertes disputas políticas de suma-cero, hay un caso aparte, incluso una luz de esperanza. En 2018, Argentina pareció estar buscando cierto justo medio en la batalla contra el crimen. El gobierno impulsó mejoras en la recolección de datos y la recopilación de inteligencia, a la vez que aumentó sus estadísticas de arresto y confiscación. Implementó además un programa de policía comunitaria, aunque coqueteó con el uso de una estrategia militarizada a lo largo de las fronteras y en otros sitios.
Los resultados han tenido sus más y sus menos. El desmantelamiento y el juicio de uno de los grupos criminales más violentos del país, por ejemplo, fueron eclipsados por la permanente capacidad de dicho grupo para operar desde la cárcel. Y la nueva ley de negociación de culpabilidad abrió puertas para la corrupción oficial, sobre todo entre los políticos vinculados al antiguo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Como expresó la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, durante una entrevista con InSight Crime en 2018, el plan del gobierno es casi perfecto. “Nosotros planteamos lo que llamamos el modelo 80/20: 80 por ciento de inteligencia, 20 por ciento de casualidad”, dijo.
En 2018, este fue un comentario gratamente sincero, un reconocimiento de que no todos los programas son como se anuncian.
Dadas la migración masiva de personas que huyen de la violencia y los asesinatos, y el evidente fracaso de las políticas represivas en el Triángulo Norte, los programas de prevención y rehabilitación frente al problema de las pandillas parecen ser la mejor solución. Pero su impacto seguirá siendo limitado a menos que los gobiernos inviertan tiempo y recursos en estrategias más eficaces y a largo plazo.
“Había un muchacho al que llamaban ‘Chucky’. Empezamos a invitarlo a varios programas. Pero parecía que venía más para ver lo que estábamos haciendo, tomar fotos y grabar audios y videos”, dice Juan Alberto Sánchez, coordinador de seguridad de la policía municipal de Villa Nueva, recordando la historia del niño de 13 años y el centro juvenil comunitario El Éxodo mientras recorremos el violento barrio Zona 12 en las afueras de Ciudad de Guatemala.
“Nosotros se lo permitíamos y le preguntábamos ‘¿por qué nos filmas?’, a la vez que lo reteníamos y tratábamos de involucrarlo en las actividades [del centro juvenil]. Logramos que participara en las actividades recreativas […] pero para él era complicado participar activamente porque ya había empezado a involucrarse [con la pandilla]”.
Como agente de la policía comunitaria, Sánchez hace parte de una estrategia de prevención del problema de las pandillas implementada por las autoridades locales con el fin de alejar de las pandillas a los niños de la comunidad ofreciéndoles alternativas, como actividades culturales.
Pero no fue suficiente para Chucky. El muchacho ascendió rápidamente en la jerarquía de la pandilla Barrio 18, lo cual no le dejaba tiempo para nada más.
Graffiti de los niños del sector en el patio del centro comunitario El Éxodo, en Villa Nueva
“A medida que ascendía en la jerarquía, Chucky se volvía cada vez más agresivo […] Era interesante ver que a veces como que se desconectaba, y de repente tenía que hacer algo, tenía que cumplir algún deber y nos decía ‘tengo que irme’.
“Cuando cumplió los 17 años, nos enteramos de que había sido “brincado” (la ceremonia para convertirse en miembro de la pandilla como tal). Lo mandaban a recolectar dinero de la extorsión cuando salía de El Éxodo… y finalmente fue asesinado por su propia pandilla”.
La premisa de la prevención
En el barrio Rivera Hernández de San Pedro Sula, Honduras, cada vez más extenso y asediado por la violencia, hay máquinas de gimnasio nuevas para los visitantes del “Centro de Alcance”, un centro de extensión comunitaria para los jóvenes del sector. El pastor Arnold, quien administra el centro, se refiere a este lugar como un oasis de seguridad, entrenamiento y recreación para los chicos.
En 2013, Rivera Hernández era el barrio más violento de la ciudad más peligrosa del país con mayores niveles de homicidio en el mundo. La violencia, junto con la pobreza y la falta de oportunidades, lo convirtieron en una excelente fuente de reclutamiento para las pandillas.
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“Los jóvenes de por aquí no tienen nada que hacer, consumen drogas, roban […] tuvimos que proporcionarles un lugar donde pudieran relajarse y llevar a cabo actividades saludables”, explica Arnold.
Gimnasio del “Centro de Alcance” en Rivera Hernández
Durante años ha existido el consenso general de que estos programas, financiados por Estados Unidos, encargados de la prevención primaria —aquella dirigida a jóvenes en riesgo que aún no se han involucrado en las actividades de las pandillas— han tenido un impacto positivo. Rivera Hernández fue el primer barrio hondureño en tener este tipo de centro en 2009; actualmente hay 65 en todo el país, destinados a ofrecerles “un segundo hogar” a los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
En el barrio Zona 12 de Villa Nueva, el agente de policía Sánchez insiste en que el trabajo de prevención local ha ayudado en parte a controlar la violencia de las pandillas.
Las estrategias de prevención de la violencia también han sido exitosas en otros países. En Colombia, por ejemplo, las estrategias no represivas han sido reconocidas por su impacto en las pandillas callejeras. En Ecuador, las autoridades han llegado incluso a legalizar a las pandillas para reinsertar a sus miembros a la sociedad.
Pero estas estrategias tienen limitaciones.
La escasez de datos científicos sobre el impacto de los programas de prevención en Guatemala, El Salvador y Honduras hacen que las evaluaciones objetivas sean difíciles, cuando no imposibles.
La fuerte politización que Estados Unidos ha impuesto al tema migratorio entorpece aún más el necesario debate científico.
Además, este tipo de proyectospor lo general carecen de los recursos necesarios para abordar uno de los principales factores de riesgo para el reclutamiento de las pandillas: los hogares disfuncionales.
“Son proyectos que funcionan hasta cierto punto”, dice Quique Godoy, ex vicealcalde de la Ciudad de Guatemala, quien también trabajó en USAID en el tema de la prevención.
“Cuando regresan a casa, los chicos se encuentran con una madre soltera, que trabaja entre 18 y 20 horas al día para poder llegar a fin de mes… o bien tiene una pareja violenta… Eso los aleja de casa y los lleva buscar a alguien que les ofrezca protección… y allí están las pandillas”.
El control que ejercen las pandillas en sus territorios hace que sea particularmente difícil llegar a un gran número de muchachos vulnerables, ya que no pueden cruzar fronteras invisibles sin poner sus vidas en peligro. Un exlíder de pandilla, entrevistado por InSight Crime a pocas cuadras del centro juvenil de Rivera Hernández, dijo que a los muchachos de su zona no se les permitía ir al centro.
Deficiencias institucionales y estructurales
El hecho de que las estrategias de prevención no logren resolver la crisis de seguridad en el Triángulo Norte no significa que deban dejarse de lado.
Los niveles de homicidios en los tres países permanecen entre los más altos del mundo; el desplazamiento interno y la migración continúan creciendo debido a la violencia de las pandillas; hay creciente evidencia de violaciones de los derechos humanos por agentes del Estado, así como una preocupante sofisticación criminal de la Mara Salvatrucha (MS13).
Los gobiernos centrales del Triángulo Norte parecen ser completamente indiferentes al potencial de las estrategias de prevención, lo que incluye la educación y la rehabilitación. Por el contrario, concentran todos sus esfuerzos y recursos en estrategias represivas.
“El problema [del reclutamiento de las pandillas] inicia con los niños de 12 a 14 años”, le dijo a InSight Crime el exministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas. “Hay escuelas primarias por todas partes [del país], pero no hay escuelas secundarias”.
Solo dos de cada 10 niños guatemaltecos asisten a la escuela secundaria, dijo el exministro, lo que les ofrece a las pandillas una formidable fuente de reclutamiento en áreas como Rivera Hernández o Villa Nueva.
Además, falta atención a las mujeres, hay ausencia de programas de rehabilitación en las cárceles, la lista de problemas adicionales que generan la violencia de las pandillas parece interminable.
Pero el potencial de estas estrategias de prevención no parece ser del interés de quienes están en el poder. Mientras continúen las estrategias represivas e inmediatistas, en lugar de los programas en múltiples frentes y a largo plazo, también continuará la violencia.
Nada de esto parece molestar a Trump, quien durante 2018 se dedicó casi permanentemente a una campaña política en Estados Unidos, en especial en torno a la diversidad de inmigrantes que huyen de la violencia de los grupos criminales que los asedian, como la Mara Salvatrucha (MS13) —un tema que abordamos en nuestra investigación de tres años de duración sobre la pandilla—. Y lo que es peor aún, las políticas fronterizas de Trump están por el contrario favoreciendo al crimen organizado. Y su administración parece haber abandonado toda intención de defender los derechos humanos o la libertad de prensa, a pesar de que la región sigue siendo el lugar más peligroso del planeta para ejercer el periodismo, sobre todo debido al crimen organizado, la corrupción y la impunidad que promueven aliados de Estados Unidos como Morales y Hernández.
