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Presidente de Honduras es selectivo en sus ataques a los criminales
Análisis de InSight Crime
Aparte de reaccionar ante la detención de su hermano, el presidente Hernández no se ha pronunciado frente a la cantidad de funcionarios hondureños acusados de narcotráfico, los más recientes de los cuales son Ardón Soriano y Cálix Hernández. En 2018, las autoridades estadounidenses acusaron a Midence Oquelí Martínez Turcios, excongresista del Partido Nacional, de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos. Previamente, en agosto de 2017, el exministro de Inversiones de la administración Hernández, Yankel Rosenthal, se había declarado culpable de los cargos imputados por Estados Unidos, según los cuales él lavó dinero de las drogas. Entre tanto, Hernández ha optado por arremeter contra las pandillas, en lugar de enfrentar a los funcionarios del gobierno supuestamente corruptos y relacionados con los grupos narcotraficantes del país. En noviembre de 2017, Hernández fue reelegido luego de unas reñidas votaciones, tras las cuales hubo denuncias de fraude, así como violentas represiones contra los manifestantes. “Es totalmente inverosímil que Hernández no tuviera conocimiento de las presuntas actividades criminales de estas personas recientemente acusadas o de los proyectos criminales de su hermano”, dijo Dana Frank, profesora de la Universidad de California en Santa Cruz, mediante un mensaje de correo electrónico dirigido a InSight Crime. VEA TAMBIÉN: Élites y crimen organizado en Honduras Christine Wade, experta en Centroamérica y profesora de Ciencias Políticas en Washington College, afirma que las acusaciones recientes contra dos exalcaldes relacionados con Hernández muestran la “putrefacción sistémica” del establecimiento político del país. “Las organizaciones de crimen organizado y narcotráfico han permeado las instituciones estatales de Honduras en todos los niveles”, agregó. A pesar de todo, Hernández sigue siendo considerado por Estados Unidos como un importante aliado regional en cuestiones de seguridad y lucha contra las drogas. Pero Wade dice que “el aumento de los cargos criminales en los tribunales estadounidenses”, además de lo que Ardón Soriano podría revelar cooperando con las autoridades de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), puede hacer que las malas actuaciones de quienes rodean a Hernández sean “más difíciles de ignorar”.Robo de combustible en Honduras encuentra nuevas medidas contra una vieja práctica
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Mucha parte del robo de combustible en Puerto Cortés se concentra en la 8 Avenida, una arteria vital que conecta la refinería local con las principales vías de la ciudad. Durante el trayecto, los ladrones, conocidos como “lateros”, “ordeñarán” los camiones extrayendo pequeñas cantidades de combustible, aun con los camiones en movimiento. También robaban combustible para barcos y otros derivados que salían de la refinería. El combustible robado se almacenaba en barrios aledaños, como Los Mangos y Campo Rojo, donde se recuperaron los 50.000 litros. El subcomisionado de policía Marlon Miranda declaró que aunque la policía tenía noticia de esa práctica durante años, había sido difícil procesar a cualquier detenido por la falta de denuncias o cargos por parte de los afectados. Y es probable que los conductores de los camiones trabajen en alianza con estas pandillas, lo que reduce la posibilidad de que se formulen denuncias.Análisis de InSight Crime
Aunque México ha acaparado los titulares de prensa últimamente por su actual ofensiva contra el robo desenfrenado de combustible, este caso en Honduras muestra que los grupos criminales en Latinoamérica siguen beneficiándose de esta fuente de ingresos ilícitos. Aunque dicho robo se ha concentrado generalmente en países que son grandes productores de petróleo, como México, Colombia y Venezuela, los países centroamericanos más pequeños son cada vez más víctimas de dicha práctica. Erradicar el robo de combustible es increíblemente difícil, dada la innumerable cantidad de formas como puede efectuarse. En Costa Rica, se han contado millones de dólares en pérdidas por el ordeño ilegal de oleoductos.VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Honduras
En Honduras, donde los avances en seguridad parecen ser muy tenues, es diciente ver a los ladrones de gas ingresar en camiones a las refinerías y extraer la gasolina de los camiones cisternas que salen. El anuncio de una investigación a fondo sobre el robo de combustible y la participación de fiscales, policía y ejército en esta última operación despierta la esperanza de que el gobierno finalmente tome medidas reales. Y con el aumento indiscriminado de los precios de combustibles a comienzos de 2019 en Honduras, se requieren medidas urgentes ante el temor de que la demanda de combustible ilegal también aumente en consecuencia.Expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, denunciado por corrupción
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Según el CNA, los fondos, que supuestamente estaban destinados para la implementación de programas sociales habrían sido desviados para gastos de seguridad presidencial a través de una serie de solicitudes realizadas en junio de 2013 al Consejo Directivo del Patronato Nacional de Infancia (Codipani) por el presidente y la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. En respuesta, Lobo realizó una rueda de prensa en la que afirmó que un amigo periodista le había filtrado la investigación poco antes de que el CNA la hiciera publica y aseguró que las acusaciones responden a “presiones de arriba” y que él “jamás tomaría un centavo de los pobres”.Video Cortesía de Tsi Honduras
En entrevista con Proceso Digital, el portavoz del MP Yuri Mora señaló que la fiscalía actualmente se encuentran analizando las pruebas presentadas por el CNE.Análisis de InSight Crime
Aunque ya varios casos e investigaciones han salpicado al circulo cercano del expresidente en actividades criminales durante su mandato, de ser validada por el MP la información denunciada por el CNA, esta podría ser la primera vez que el expresidente es vinculado directamente a una investigación penal –a pesar de fuertes rumores en el pasado–. En noviembre del año pasado, una investigación del MP y MACCIH vinculó al hermano y al exsecretario de Lobo en un caso denominado Caja Chica del Hermano, descrito como “un entramado para desviar en beneficio propio dinero público que estaba inicialmente destinado a sufragar los gastos de la seguridad de la casa presidencial”. El caso mantiene fuertes coincidencias con el presentado por la dupla investigativa contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo en febrero de 2018, denominado Caja Chica de la Dama, por un esquema de desvió de dinero también destinado a obras sociales.VEA TAMBIÉN: InDepth Élites y crimen organizado
Por su parte, el hermano de Lobo ya había sido señalado ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York por Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del grupo narcotraficante Los Cachiros, de facilitar vínculos entre el grupo de crimen organizado y el gobierno de su hermano. En sus declaraciones, Rivera Maradiaga también acusó al expresidente de recibir sobornos. Fabio Lobo, el hijo del expresidente también fue condenado a 24 años de cárcel en Estados Unidos en noviembre de 2017, luego de que se declarara culpable por conspirar para traficar cocaína. Según un comunicado de la Fiscalía en ese caso, “con el fin de ayudar a traficantes y enriquecerse, Lobo usó el cargo de su padre y sus propias conexiones para unir a narcotraficantes con policías y funcionarios públicos corruptos”. Durante los últimos años, el CNA ha presentado 80 casos, de los cuales apenas 13 han sido judicializados. Según fuentes consultadas en Honduras, a pesar de los altos niveles de impunidad en el país, la alta cantidad de casos presentados por el CNA que según la organización se encuentran en la impunidad (67), podría también estar explicado por la debilidad del material probatorio que en ocasiones ha sido presentado por la organización de la sociedad civil, como en el caso actual, en el que una parte importante son fotocopias. Como InSight Crime ha señalado, en el CNA confluyen diferentes poderes económicos y políticos, que han probado ser poco objetivo en algunas de las investigaciones presentadas en el pasado.Violento comienzo de año en Honduras pone en duda avances en seguridad
Análisis de InSight Crime
Aunque las tasas de homicidio han disminuido en Honduras, el alto número de muertes en este comienzo de año pone de presente que la violencia, promovida por la corrupción institucional, sigue amenazando la seguridad del país a largo plazo. Si bien la revisión de la fuerza policial del país, que comenzó en 2016, ha resultado en el despido o la investigación de miles de oficiales, la fuerza sigue siendo acosada por la corrupción. En octubre de 2018, las autoridades acusaron y emitieron una orden de arresto por el comisionado de la Policía Nacional, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco y más de una docena de funcionarios por su presunta conexión a una red de tráfico de ganado. Mejía Tinoco sigue huyendo. Las malas conductas son también comunes en la clase política de Honduras. En noviembre de 2018, las autoridades de Estados Unidos arrestaron al excongresista hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Los fiscales alegan que el hermano del presidente es un “importante narcotraficante” que introdujo “toneladas de cocaína” a Estados Unidos. VEA TAMBIÉN Noticias y perfiles de Honduras Las élites políticas también se han visto involucradas en una serie de escándalos de corrupción, como la apropiación de recursos estatales y la desviación de millones de dólares de dineros públicos. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) estima que Honduras pierde cerca de mil millones de dólares al año a causa de la corrupción. Además, Honduras tiene una de las tasas de impunidad más altas de Latinoamérica. Los ciudadanos tienen poca confianza en los funcionarios elegidos o en las autoridades encargadas de protegerlos de la delincuencia y la violencia, lo que lleva a muchos a huir del país. En la ciudad de San Pedro Sula, al norte del país, considerada una de las más violentas del mundo, una nueva caravana de migrantes —una de las muchas que han salido de Centroamérica en los últimos meses— acaba de partir rumbo a Estados Unidos.GameChangers 2018: La arremetida de las élites en Centroamérica
Después de 2018, dos cosas han quedado claras: el blindaje otrora impenetrable que el apoyo de Estados Unidos y otros donantes internacionales proveían a los esfuerzos anticorrupción en la región se ha debilitado; y las élites políticas y económicas de Centroamérica no están dispuestas a permitir que una comisión internacional, una fiscalía o investigadores independientes se les metan hasta la cocina.
Esta imagen resume el año: el presidente guatemalteco Jimmy Morales rodeado de dos docenas de militares uniformados al anunciar su intención de librarse de las investigaciones en su contra.
Era agosto y la batalla que libraba Morales con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ocupó buena parte del año y sigue inconclusa, estaba en su punto más candente. Morales se quejaba de la CICIG por la investigación que la comisión había hecho sobre la campaña que lo llevó a la victoria en 2015. Para fin de año, tras varias ofensivas políticas y diplomáticos contra la comisión, el gobierno guatemalteco quitó las visas a 11 de sus investigadores más importantes y anunció que los expulsaría del país.
Como reportó InSight Crime en una investigación especial sobre el presunto financiamiento electoral ilícito atribuido al presidente, el poder de Jimmy Morales descansa en la alianza de poderosos exmilitares, evangélicos y empresarios de los grupos tradicionales de poder que lo auparon a la presidencia. Al final, las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público (MP) de Guatemala terminaron involucrando, como sospechosos, a representantes de todos esos grupos.
Morales, por supuesto, no está solo. El cierre de filas de las élites cuestionadas en Guatemala también fue evidente en El Salvador y Honduras, los otros dos países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. En Honduras renunció el jefe del ente internacional anticorrupción en parte por bloqueo de las élites políticas. Y En El Salvador, la prevalencia de mafias políticas de izquierda y derecha ha logrado neutralizar los incipientes esfuerzos anticorrupción en la Fiscalía General y en la Corte Suprema de Justicia.
Lejos quedó, este año, el entusiasmo que procesos judiciales e investigaciones criminales contra expresidentes y empresarios enredados en complejas tramas de corrupción y saqueo al erario despertaron en los tres países en años anteriores. No es que las luchas anticorrupción hayan muerto, pero sí terminarán el año debilitadas.
Guatemala: la corrupción, el sello de la política
Si hay un contrincante del presidente Jimmy Morales en esta batalla es Iván Velásquez, el juez colombiano y comisionado de la CICIG, el ente judicial respaldado por las Naciones Unidas que ayuda al ministerio público a investigar y a llevar casos a juicio. Al principio del año, el juez dijo a InSight Crime que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la corrupción en la política guatemalteca, y luego salió a comprobarlo.
Su oficina y el MP removieron, en los últimos dos años, los cimientos de la política de Guatemala al develar las conexiones del ya extinto Partido Patriota y del gobernante partido de Morales, FCN-Nación, con las redes de corrupción política y empresarial que han embaucado y secuestrado al Estado guatemalteco por décadas. Esas investigaciones también dejaron al descubierto el rol de las élites económicas de viejo cuño en el tinglado.
Morales no se quedó quieto. A los afanes del presidente se unió la cruzada del expresidente y exalcalde capitalino Álvaro Arzú, quien hizo frente común con Morales para desprestigiar a la CICIG e intentar cercarla. Morales también trató de controlar el siguiente paso de cualquier investigación en su contra seleccionando una fiscal afín a sus intereses para dirigir el Ministerio Público.
Sin embargo, no todo le salió como lo esperaba. Arzú murió en abril, y el 10 de agosto la nueva fiscal, Consuelo Porras, solicitó al sistema judicial un nuevo antejuicio contra Morales por presunto financiamiento electoral ilícito.
Los eventos llegaron a su culminación en agosto con Morales y Velásquez rodeados por militares, pero en el caso del colombiano estaban alrededor de la sede de la CICIG con el objetivo de escoltarlo fuera del país. El comisionado colombiano se quedó, pero Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, vigente hasta septiembre de 2019.

A continuación, aprovechando que Velásquez salió de gira hacia los Estados Unidos en busca de más respaldo, Morales ordenó a su gobierno impedir su regreso a Guatemala.
Aunque la Corte de Constitucionalidad ha ordenado al presidente no impedir el reingreso de Velásquez, el colombiano ha evitado intentar regresar a Guatemala y el Gobierno ha insistido en que si eso sucede no lo dejará pasar.
En diciembre, el Ministerio de Relaciones y Migración cerraron la pinza en torno a CICIG al anunciar que no renovarían las visas de 11 investigadores, entre ellos los que habían investigado al presidente y a dos de sus familiares. La decisión deja abierta la posibilidad de la expulsión de los investigadores del país.La comisión y la fiscalía han seguido abriendo casos contra funcionarios locales, pero la lucha contra la corrupción parece haber perdido la fuerza que había ganado desde 2015, cuando investigaciones de la CICIG y el MP desencadenaron eventos judiciales y políticos que pusieron en jaque al gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina, hoy preso y en espera de juicio por corrupción.
Honduras: Vaso medio lleno
Quizá el evento que mejor dejó al descubierto la reticencia de las élites políticas hondureñas a someterse a investigaciones fue la renuncia, en febrero, del peruano Juan Jiménez Mayor, quien hasta entonces había dirigido la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Jiménez Mayor renunció en protesta por los intentos del gobierno de Juan Orlando Hernández de bloquear el trabajo del organismo internacional, creado en 2016 bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ayudar a la fiscalía hondureña.
En la carta de renuncia que presentó al secretario general de OEA, Jiménez Mayor explicaba cómo el Partido Nacional de Hernández, a través de sus diputados en el Legislativo y de jueces en el Judicial, y otros agentes paraestatales se embarcaron en una campaña institucional para bloquear reformas legales y procesos criminales emprendidos por la MACCIH y el Ministerio Público.
El peruano denunció, entre otras cosas, que funcionarios del gobierno habían estado blandiendo el argumento de la soberanía nacional para intentar minimizar el impacto de la Misión. Jiménez Mayor también se quejó del poco apoyo recibido desde la sede central de la OEA y de su secretario general.
En junio, la MACCIH, ya con Jiménez Mayor fuera, y el Ministerio Público presentaron el caso Pandora, una acusación colectiva contra 38 personas, funcionarios de los partidos Nacional y Liberal, acusados de desviar unos U$S12 millones del erario. El financiamiento de la campaña del presidente Hernández es uno de los asuntos mencionados en Pandora.
En una primera reacción, Hernández pareció apoyar la investigación, pero de forma condicionada: “Es fundamental que se haga justicia, nadie está por encima de la ley, pero de igual manera el principio del estado de derecho, el principio de inocencia es lo que todos debemos buscar”.
Para finales de año, según confirmó InSight Crime en Tegucigalpa, buena parte del caso Pandora seguía estancado en trámites judiciales.
Los argumentos de la presunción de inocencia y el de la soberanía se convirtieron, en Honduras como ha ocurrido en Guatemala, en dos de los principales argumentos de las élites para oponerse a esfuerzos supranacionales antiimpunidad como la MACCIH y la CICIG.
No parece casualidad, por ejemplo, que Hernández haya sido el único presidente que apoyó las actuaciones de su homólogo Morales en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, donde el guatemalteco denunció a la CICIG por “terrorismo judicial” y lesiones a la soberanía, entre otras cosas.
El Salvador: condenas individuales pero esquemas intactos
También hay buenas noticias: el año dejó la condena a diez años de prisión del expresidente Antonio Saca por corrupción y soborno. Las autoridades condenaron a Saca por apropiarse de unos U$S300 millones de fondos públicos durante su presidencia (2004-2009). Y, tras una investigación de dos años, pactó con el exmandatario una confesión que dejó al descubierto redes de corrupción que implican a los gobiernos del antecesor y sucesor de Saca.
No todo es positivo, sin embargo. A pesar de ser la primera condena en firme a un expresidente en el país, la fiscalía optó por no buscar, en juicio, la condena de 25 años que le permitía la ley. Más allá del caso judicial, la confesión de Saca deja claro que se mantienen intactos los esquemas de corrupción que han permitido a los exmandatarios salvadoreños apropiarse de millones de dólares a través de la llamada partida secreta de la presidencia.

Un ejemplo de esto es la propia investigación contra Saca. Esa, así como otra abierta contra Mauricio Funes, su sucesor al frente del Ejecutivo, empezó gracias a descubrimientos hechos por la Sección de Probidad, una oficina de la Corte Suprema de Justicia dedicada a examinar el crecimiento patrimonial de los funcionarios públicos. Entre 2014 y 2015, Probidad abrió docenas de expedientes a expresidentes, ministros y diputados.
Los expedientes de Probidad pudieron convertirse en investigaciones criminales gracias al empuje de la anterior Sala de lo Constitucional de la Corte, que terminó funciones en julio de este año. Las señales enviadas por la nueva Corte, elegida en noviembre, no son buenas: una de sus primeras decisiones fue que las investigaciones sobre casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios se harán a puerta cerrada.
Un triángulo que sigue en ebullición
Quien pose la mirada sobre el Triángulo Norte de Centroamérica a finales 2018 se llevará una sensación confusa. A pesar de las arremetidas de sus élites políticas y económicas, la agenda anticorrupción sigue presente en algunas oficinas estatales, sobre todo en los ministerios públicos y fiscalías, y en porciones importantes de la sociedad civil y dos entes internacionales de justicia que mantienen un respaldo internacional importante.
Pero también es innegable que con la arremetida de las élites del Triángulo Norte a los esfuerzos anticorrupción, la impunidad ha vuelto a ganar terreno. Y con ella los viejos males de la región, sobre todo la fragilidad del Estado, han vuelto a quedar a la vista.
Parece claro que el objetivo principal de esas élites es mantener el control necesario sobre las instituciones públicas para evitar investigaciones y persecuciones penales, aunque al final esto signifique desviar recursos destinados al combate contra el crimen para utilizarlos con fines políticos, como en Guatemala; dosificar los esfuerzos anticorrupción, como en Honduras, o, incluso, establecer pactos políticos entre partidos contrarios, como en El Salvador.
GameChangers 2018: el año en el que el crimen se volvió ideología
InSight Crime presenta su publicación anual GameChangers 2018, en la que analizamos las tendencias más importantes del crimen organizado en el continente americano durante el año. Desde el aumento de la oferta de las drogas ilícitas, pasando por el resurgimiento de grupos criminales monolíticos, hasta el debilitamiento de los programas anticorrupción y una ola de respuestas militarizadas frente al crimen, 2018 fue un año en el que los asuntos políticos continuaron enmarcados en la dicotomía izquierda-derecha, pero la única ideología que importó fue la del crimen organizado.
Algunas de las peores noticias se dieron en Colombia, donde la producción de coca y cocaína alcanzó niveles récord en un año más de malas noticias con respecto al histórico acuerdo de paz con la insurgencia política más antigua de la región, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La desmovilización de los miembros de las ex-FARC ha estado plagada de ineptitud gubernamental, corrupción, violaciones a los derechos humanos y acusaciones de que los altos dirigentes de la guerrilla están implicados en el narcotráfico. Y ello pudo haber contribuido directa e indirectamente al aumento de la producción de coca y cocaína.
En medio de esta tumultuosa situación, en el mes de mayo Colombia eligió como presidente al político de derechas Iván Duque, protegido de Álvaro Uribe, quien fue presidente del país y actualmente es senador de la república. Su alianza podría afectar no solo lo que queda del acuerdo de paz, sino toda la criminalidad del país; en efecto, durante 2018 los disidentes de las ex-FARC reestablecieron antiguos feudos criminales o se aliaron con otras facciones delincuenciales, y el último grupo guerrillero que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), llenó los vacíos de poder en Colombia y en la vecina Venezuela, lo que lo convierte en uno de los tres grupos criminales que consideramos ganadores este año. Por otro lado, ha surgido una nueva generación de traficantes, que prefiere el anonimato a los grandes y llamativos ejércitos violentos del pasado.
También es de resaltar el aumento que se presentó en 2018 en las drogas sintéticas, sobre todo el fentanilo. El flagelo de este opiáceo sintético causó más muertes por sobredosis en Estados Unidos que cualquier otra droga. El fentanilo ya no se consume como sustituto de la heroína, sino que aparece oculto en píldoras de prescripción médica falsificadas y mezclado con cocaína y con medicamentos no aprobados. Se produce en China, y aunque gran parte de la droga se transporta a través del sistema postal estadounidense, otra parte atraviesa México en su recorrido hacia Estados Unidos. Durante 2018, los grupos criminales de México parecieron haber orientado sus operaciones cada vez más en torno a esta droga, especialmente dada su creciente popularidad, disponibilidad y rentabilidad. Como resultado, se están dando algunas alianzas que podrían cambiar las reglas del juego, sobre todo entre las organizaciones criminales mexicanas y dominicanas.
Una de estas estructuras criminales mexicanas es el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), otro de los tres grupos criminales que consideramos ganadores en 2018. El CJNG ha evadido los intentos por debilitarlo mediante diversas estrategias, como sofisticadas relaciones públicas y tácticas militares, y además las circunstancias le han sido favorables —el gobierno ha estado demasiado distraído—. Ello no significa que sea invulnerable. En 2018, el grupo dio algunos duros golpes en su bastión, por lo que las autoridades estadounidenses lo pusieron en su radar, lanzando una serie de acusaciones contra la organización.
Los carteles de México se enfrentaron entre sí, incluso mientras aprovechaban las lucrativas economías criminales. El resultado se hizo evidente en los niveles récord de homicidios de este año. El deterioro de la seguridad allanó el camino para la elección del candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en el mes de julio. AMLO, como se le conoce afectuosamente, no basó su campaña precisamente en los asuntos de seguridad, pero quizá ganó gracias a ellos, y de paso heredó de su predecesor un cáliz de seguridad envenenado: mientras que Peña Nieto puede afirmar que durante su gobierno fueron arrestados o asesinados 110 de los 122 cabecillas criminales, AMLO se enfrenta a más de mil futuros líderes y a cientos de grupos criminales.
El aumento de la oferta de cocaína y fentanilo afectó enormemente a Estados Unidos, que continúa siendo uno de los mayores consumidores de drogas en el mundo. Pero 2018 demostró que la era en que Estados Unidos utiliza la política de drogas como un arma de su política exterior puede estar llegando a su final. En vísperas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, el “llamado a la acción” por parte de la administración Trump —que consistía en una estrategia apoyada en cuatro pilares— no tuvo el suficiente apoyo de otros países de la región. Por el contrario, Canadá legalizó la marihuana, y el recién electo presidente de México ha considerado alejarse radicalmente de la estrategia de mano dura que promueve la administración Trump.
Aun así, los dos años de la extraña y caótica política exterior de Donald Trump han tenido un impacto devastador en las relaciones exteriores en la región y han allanado el camino para el crimen organizado transnacional. En primer lugar, la administración Trump ha abandonado prácticamente todos los programas que por años se han adelantado contra la corrupción en Centroamérica, al tiempo que su administración enfrenta constantes acusaciones de corrupción al interior de su propio régimen.
Específicamente, 2018 será recordado como el año en que el gobierno de Estados Unidos dejó de apoyar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la fiscalía adjunta respaldada por la ONU en ese país. Durante casi 10 años de labor, los casos liderados por la CICIG han llevado a la cárcel a presidentes, vicepresidentes, candidatos vicepresidenciales, exministros, banqueros, dueños de hoteles y muchas personas más. Pero este año, el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales —quien también está siendo investigado por la CICIG— comenzó a presionar a la Casa Blanca y a sus aliados directamente, y de esta manera logró reunir una coalición de miembros de las élites que han sido acusados, marginar a la CICIG y exiliar a su reconocido comisionado colombiano, pese a la presión del Congreso de Estados Unidos para que se mantenga el respaldo judicial en el país.
Otros mandatarios han emprendido un juego similar; en particular, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha logrado neutralizar la versión de la CICIG en ese país: la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). En el mes de febrero, Juan Jiménez Mayor, director de la MACCIH, renunció sorpresivamente. En una carta abierta publicada en su cuenta de Twitter, Jiménez explicó que dimitió debido a la falta de apoyo del progenitor de la MACCIH, la Organización de los Estados Americanos (OEA), y a los esfuerzos concertados del Congreso hondureño por debilitar la misión. Tanto Honduras como Guatemala han debido enfrentar desafíos constitucionales para los mandatos de la MACCIH y la CICIG. Sin embargo, como signo positivo, la reelección del fiscal general de Honduras, cuya gestión ha sido relativamente buena, puede hacer que las intenciones de neutralizar los programas anticorrupción allí sean infructuosos, sobre todo en lo que respecta a una investigación que está siguiendo muy de cerca al propio presidente Hernández.
Nada de esto parece molestar a Trump, quien durante 2018 se dedicó casi permanentemente a una campaña política en Estados Unidos, en especial en torno a la diversidad de inmigrantes que huyen de la violencia de los grupos criminales que los asedian, como la Mara Salvatrucha (MS13) —un tema que abordamos en nuestra investigación de tres años de duración sobre la pandilla—. Y lo que es peor aún, las políticas fronterizas de Trump están por el contrario favoreciendo al crimen organizado. Y su administración parece haber abandonado toda intención de defender los derechos humanos o la libertad de prensa, a pesar de que la región sigue siendo el lugar más peligroso del planeta para ejercer el periodismo, sobre todo debido al crimen organizado, la corrupción y la impunidad que promueven aliados de Estados Unidos como Morales y Hernández.
De hecho, la indiferencia de Trump frente a la ley, el orden y la verdad permitió el avance de la demagogia, lo cual fue muy evidente en Brasil, donde el triunfo de la derecha fue más rotundo que en Colombia. Después de ser apuñalado durante una manifestación política, el populista militar-evangélico Jair Bolsonaro —quien ha sido descrito como un “Donald Trump brasileño”— ascendió en el camino a la presidencia con base en una plataforma racista y xenófoba que incluye sentencias de prisión más largas, militarización de la guerra contra el crimen, y el retroceso en los esfuerzos regionales por legalizar ciertas sustancias ilegales.
Pero a juzgar por lo que ocurrió en 2018, lograr mayor seguridad en Brasil —donde en 2017 se registró el asombroso récord de 63.880 homicidios— puede no resultar tan fácil, incluso auqnue la solución que Bolsonaro propuso goza de popularidad. Durante 2018 se presentó otra ola de combates en diferentes partes del país, incluyendo una serie de enfrentamientos entre la Familia del Norte y el Comando Rojo, que puso fin a un pacto de tres años de duración entre los dos grupos. Sin embargo, el Primer Comando Capital (PCC) fue el que continuó planteando la mayor amenaza, expandiéndose tanto dentro de Brasil como en otras partes de la región, lo que lo ubica en el primer puesto de nuestra lista de ganadores criminales de 2018.
Irónicamente, el gobierno izquierdista de El Salvador fue el que más se asemejó en 2018 a la estrategia militarista de Bolsonaro en su lucha contra el crimen. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dio luz verde para una estrategia de línea dura que recuerda a muchos de los regímenes que la misma guerrilla del FMLN combatió en el pasado, antes de convertirse en un movimiento político. En 2018, el partido además codificó sus medidas más draconianas y ofreció abundante protección a los autores intelectuales de las más atroces violaciones a los derechos humanos, incluso a pesar de que los resultados de dichas medidas fueron mediocres.
Por otra parte, durante 2018, pandillas como la MS13 demostraron su capacidad para adaptarse y para mover su músculo político de maneras sorprendentes, sobre todo en la capital, San Salvador. El exalcalde de la ciudad, Nayib Bukele, quien es actualmente uno de los principales candidatos en la contienda presidencial —y quien ha sido un camaleón político, pasando de la izquierda en el FMLN a un pequeño partido rival de derecha— llevó a cabo una negociación con las pandillas, de modo que pudo empezar a remodelar el centro histórico de la ciudad y transformarlo en un área que acogiera más a las familias —o por lo menos a la moda y los turistas—. De cierta manera, su estrategia funcionó, dado que la violencia disminuyó, el centro obtuvo algunas de las necesarias mejoras estructurales, y se abrieron nuevos negocios. La disminución en los homicidios durante este año indica que el FMLN y otros operadores políticos también pueden haber notado los resultados y quizá están tratando de darles un lugar a las pandillas, sobre todo con miras a las elecciones presidenciales de febrero.
Más hacia el centro del espectro político se ubicó Costa Rica, que en el mes de abril eligió como presidente a Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana (PAC), de orientación centroizquierda. Allí, las elecciones al parecer no respondieron a la seguridad ciudadana, de la que quizá sí pueda depender la supervivencia de la administración del nuevo presidente. Las tasas de homicidios han llegado a niveles récord, sobre todo porque Costa Rica está desempeñando un papel cada vez más importante en la actividad criminal transnacional, pero quizá también porque en 2018 se observó que las fuerzas de seguridad del país pueden estar involucradas en el crimen ahora más que nunca.
En un espectro político propio se ubicó el venezolano Nicolás Maduro, quien fue reelegido en abril en un ejercicio que pareció confirmar que desde hace mucho tiempo ha desechado cualquier pretensión de democracia. Como lo describimos en una investigación especial publicada en varias secciones, Venezuela se ha convertido efectivamente en un vehículo para los intereses criminales. Las razones para ello tienen que ver con la aparición de grupos criminales propios que se encuentran tanto al interior del gobierno como vinculados a él, pero además con la abdicación de las funciones del Estado, especialmente en lo que se refiere a las prisiones, y con la muerte de todo sistema económico viable, lo que facilita la corrupción y la ineptitud que prevalecen en el gobierno de Maduro.
Como resultado de todo lo anterior, el caos no se dejó esperar en 2018, y miles de refugiados se lanzan diariamente a otros países. La crisis de los refugiados, que no tiene precedentes, trajo consigo desesperación e, inevitablemente, más crimen organizado. En pocas palabras, en 2018 Venezuela se convirtió en un epicentro regional del crimen, un lugar donde se vende de todo, desde combustible robado hasta adolescentes y alimentos descompuestos, y donde la competencia está en todos los ámbitos. Y al gobierno no parece importarle. Su solución consistió en lanzar una criptomoneda vinculada a su industria petrolera en quiebra, al mismo tiempo que la primera dama enfrentaba acusaciones de narcotráfico.

En medio de las fuertes disputas políticas de suma-cero, hay un caso aparte, incluso una luz de esperanza. En 2018, Argentina pareció estar buscando cierto justo medio en la batalla contra el crimen. El gobierno impulsó mejoras en la recolección de datos y la recopilación de inteligencia, a la vez que aumentó sus estadísticas de arresto y confiscación. Implementó además un programa de policía comunitaria, aunque coqueteó con el uso de una estrategia militarizada a lo largo de las fronteras y en otros sitios.
Los resultados han tenido sus más y sus menos. El desmantelamiento y el juicio de uno de los grupos criminales más violentos del país, por ejemplo, fueron eclipsados por la permanente capacidad de dicho grupo para operar desde la cárcel. Y la nueva ley de negociación de culpabilidad abrió puertas para la corrupción oficial, sobre todo entre los políticos vinculados al antiguo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Como expresó la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, durante una entrevista con InSight Crime en 2018, el plan del gobierno es casi perfecto. “Nosotros planteamos lo que llamamos el modelo 80/20: 80 por ciento de inteligencia, 20 por ciento de casualidad”, dijo.
En 2018, este fue un comentario gratamente sincero, un reconocimiento de que no todos los programas son como se anuncian.
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