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Gobierno de Honduras sacrifica aliados para legitimarse y detiene a ex primera dama

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La captura de la ex primera dama de Honduras es otro clavo en el ataúd de la familia Lobo. El chivo expiatorio de la élite hondureño con el que Juan Orlando Hernández pretende legitimar su gobierno, congraciarse con Trump y demostrar que apoya la lucha anticorrupción de la Maccih. Esta semana fue detenida en su residencia en Tegucigalpa, la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del ex presidente Porfirio Lobo, quien gobernó el país, entre 2010 y 2014, después del golpe de Estado a Manuel Zelaya. La captura de Bonilla de Lobo se produjo por orden del tribunal anticorrupción hondureño, luego de ser acusada de delitos de malversación de fondos, lavado de activos y asociación para delinquir. Posterior a la detención la representante de la Misión de Apoyo a la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH),  Ana María Calderón, en su condición de vocera interina de la organización, explicó que este procedimiento era resultado de cuatro meses de investigación en el caso que fue denominado: Caja chica de la Primera Dama. “Se formuló acusación contra Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien junto a otros ex funcionarios públicos habría cometido los delitos de malversación de fondos públicos, lavado de activo y asociación ilícita por haberse apoderado de por más de 16 millones de lempiras (aproximadamente US$600.000) y haber creado una red de blanqueo de capitales para ocultar el dinero proveniente del Estado y que estaba destinado a obras sociales”, dijo Calderón en una rueda de prensa convocada por la MACCIH.           VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Honduras La investigación arrojó que Bonilla de Lobo había “conformado una agrupación para apropiarse de fondos públicos entre 2011 y 2014, a través de 70 cheques girados a favor de 9 personas simulando relaciones contractuales para dar apariencia de legalidad”, detalló la representante de la MACCIH. Mediante este mecanismo retiraban de la cuenta del Estado -en la habían donaciones de algunos gobiernos- el dinero, que luego era depositado en efectivo en una cuenta personal que fue abierta por la primera dama en el mismo banco. En ambos casos las transacciones fueron hechas por una misma red de nueve personas. Por otra parte, la captura de la ex primera dama coincide con la visita a Honduras de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien se reunión con el presidente Juan Orlando Hernández para tratar temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y pandillas. Haley agradeció a Hernández en nombre del presidente Trump por el trabajo que ha venido haciendo en la lucha antinarcóticos y contra las pandillas, mientras que el mandatario hondureño se comprometió a apoyar el trabajo de la MACCIH y así demostrar su disposición a combatir la corrupción. Esta voluntad para luchar contra la corrupción se vio debilitada debido a un impasse con la MACCIH por la aprobación de la Ley de Presupuesto en el Congreso -con importante representación de miembros del partidos de Hernández- , que prácticamente inhabilitaba a la representación de la OEA. Además, la detención de Rosa Elena de Lobo coloca a toda familia Lobo en posición de conflicto con la justicia por su participación en actividades criminales. Hace menos de un mes, el ex presidente Porfirio Lobo fue señalado de ser socio y colaborador del grupo de narcotraficantes Los Cachiros. Un informe publicado por El País de España revela que el mandatario y su partido habrían ayudado a la organización criminal a conseguir contratos con el Estado.   Esto se suma al escándalo que significó la condena a 24 años de prisión que recibió su hijo Fabio Lobo en septiembre de 2017, luego de declararse culpable de conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos. Todos estos delitos habrían sido cometidos durante los años en que la familia gobernó Honduras.

Análisis de InSight Crime

Con la captura de Bonilla de Lobo, el gobierno de Juan Orlando Hernández mató tres pájaros de un tiro. En primer lugar, podría ser una forma de retribuir el apoyo que le ha venido dando la administración de Donald Trump, principalmente en materia de seguridad y en la lucha contra el delito organizado, pues los lazos de la familia Lobo con el crimen transnacional parecen ir más allá de Fabio Lobo y su nexo con Los Cachiros. Por otra parte, también queda muy bien con la OEA y Luis Almagro, quien incluso se vio obligado a reunirse con Hernández luego del inconveniente con la MACCIH. La captura de Bonilla de Lobo podría ayuda a borrar ese mal recuerdo y sería una demostración de buena voluntad y de disposición, y de disposición a trabajar en conjunto para combatir la corrupción.         VEA TAMBIÉN: Élites y crimen organizado en Honduras Así lo hizo ver la vocera de la MACCIH en su declaración. “Esta acción conjunta solamente nos permite asegurarles que la MACCIH-OEA tiene el firme compromiso de seguir trabajando en la lucha contra la corrupción a través de las instituciones del Estado”, dijo en la rueda de prensa. “El caso denominado “Caja chica de la Dama” supuso la puesta en marcha del Modelo Anticorrupción hondureño diseñado por la MACCIH-OEA. En cumplimiento del convenio celebrado entre el Estado de Honduras y la OEA”, remarca el comunicado difundido por la OEA. Al mismo tiempo, Juan Orlando Hernández continúa buscando mecanismos que le permitan legitimar su segundo mandato, marcado por la sombra del fraude, interna y externamente. La detención de la exprimera dama, se suma a recientes anuncios en su política de seguridad, con un endurecimiento en la lucha contra las drogas y el crimen organizado y la persecución a las pandilla. Esto podría significar, que Hernández estaría retomando la bandera de la seguridad y la lucha contra el crimen transnacional -que le dio buenos resultados en anterior gestión- para ganar el respeto y la estabilidad que su gobierno necesita. Aunque esto implique usar a la familia Lobo, antiguos colaboradores suyos y de Estados Unidos, como chivo expiatorio.

En Honduras, la ley de la selva continúa

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Un zoológico de animales salvajes fundado por un narco asesino. Un banquero multimillonario que financia a un cartel y cría cocodrilos por amor. Una familia presidencial de apellido Lobo involucrada con los dueños del zoo. Honduras vive con la ley de la selva: manda quien muerde primero o más fuerte.

Es innegable: este hombre ama a los animales. Devis Leonel Rivera Maradiaga confesó recientemente haber asesinado a 78 personas y utilizar dinero proveniente del narcotráfico para construir un zoológico en el oeste de Honduras. Lo dijo en una corte de Nueva York. No como imputado sino como testigo contra el acusado, Fabio Lobo, también confeso narcotraficante e hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa. El zoológico de Rivera Maradiaga sigue abierto al público —los menores de tres años entran gratis—. Es una excentricidad levantada en un valle verde. Una finca de 20 hectáreas rodeada por colinas en medio de la nada, o, para ser más precisos, una hora al sur de San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas del mundo.

*Este artículo fue publicado originalmente en El Faro. Fue editado y publicado con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

El zoológico hospeda 538 especímenes que demandan cuidado y comida. El zoológico que construyó Rivera Maradiaga es tan grande que casi 70 familias de la zona viven de cultivar alimentos para las bestias Hay más de 50 grandes gatos: decenas de leones y tigres —entre ellos cinco tigres blancos o albinos—; pumas; jaguares; ocelotes… y unos cuantos gatitos mansos que se pasean libres por el parque. Hay también cuatro hipopótamos distribuidos en tres espacios cercados unidos por un canal que alimenta las piletas de agua donde pasan buena parte del día. El encierro incluye además a un puñado de dromedarios y camellos; varias alpacas; avestruces; tapires amazónicos; primates; bisontes; ñus; emús. En un estanque artificial nadan cuatro cocodrilos de la especie acutus, conocidos como cocodrilos americanos, nativos de América Central, que parecen acechar todo el tiempo una pequeña isla sin playa, donde se refugian un grupo de monos araña. En el aviario vuelan, sin desplegar sus alas completamente, guacamayas azules y rojas; cacatúas; tucanes. Los más afortunados faisanes y gallinas de guinea y de Japón se pasean libres entre los visitantes. Devis Leonel Rivera Maradiaga lideraba junto a su hermano Javier el cartel conocido como Los Cachiros. El capo construyó este zoo porque le gustaban los animales y porque supo que los narcos tienen gustos extravagantes. Pero, sobre todo, lo hizo porque podía. Registrar su colección de animales como un zoo permitió a Rivera Maradiaga comprar e importar legalmente nuevas especies. No es que alguien en Honduras fuese a darle problemas; era para facilitar los trámites en los países de origen. Con todas las de la ley. Por eso, desde que lo construyó, el narco abrió su capricho al público. El zoológico cuenta con siete cabañas y cuatro casas rodantes de alquiler. Hay dos piscinas, un sistema de tirolesas, restaurantes y cafés, una pista de go karts, un trenecito, paintball y una laguna artificial que los visitantes pueden recorrer alquilando un bote a pedales o a remos. Del centro de la laguna emerge un islote con una gigantesca escultura de un caballo blanco relinchando alzado sobre sus patas traseras. Una figura extraña en un zoológico lleno de felinos. Pero los caballos son otra de las obsesiones del Señor de Joya Grande. Otras dos esculturas de caballos, uno colorado y otro tordo, se levantan en el acceso, dando la bienvenida a los visitantes.
La escultura de un caballo que relincha decora el islote que se erosiona a pedazos en medio de la laguna. Foto de El Faro, por Víctor Peña.
 

(Imagen de la escultura del caballo. Credito: Victor Peña/El Faro)

Esta finca de animales exóticos es tanto una imitación de las excentricidades del narco colombiano Pablo Escobar como un homenaje. Los Cachiros llegaron al extremo de escoger, como marca, los mismos colores y una tipografía similar a la empleada por Escobar para su Hacienda Nápoles. Hasta colocaron la silueta de un árbol como figura central del logotipo de Joya Grande. Los hermanos Rivera Maradiaga también adoptaron algunas costumbres del norte de México y encargaron un corrido en su honor, que pronto se convirtió en una de las canciones más sonadas de Honduras: “El corrido de Los Cachiros”.

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Rivera Maradiaga vivía a más de 300 kilómetros de aquí, en Tocoa, Colón, pero de cuando en cuando dormía en su propia cabaña del zoológico personal. Solía llegar en helicóptero. Por las mañanas desayunaba en el balcón y, antes de recorrer la propiedad para ver a sus gatos, acariciaba a Big Boy, la única jirafa que vive en Honduras. Big Boy era la consentida del hombre que acaba de confesar en Nueva York varios de sus crímenes. Vino de Guatemala hace cinco años, donada por un circo. Tiene nueve años de edad y se alimenta de hojas de nance y pasto verde. Los empleados complementan su dieta con siete libras diarias de concentrado de verduras y veinte más de zanahoria, cebollas y lechuga. Big Boy es mansa y se deja acariciar. Aquí todos hablan de Big Boy pero nadie pronuncia el nombre del capo. Se le conoce simplemente como El Señor. La noche que llegamos a Joya Grande pedimos una cabaña. El gerente nos ofreció una sencilla construcción de madera con dos cuartos, porche y balcón. “Era la Cabaña del Señor”, nos dijo, acentuando el Señor, como si hablara del Che o de Rubén Darío. “Allí se quedaba él cuando venía”. Dormir en una cabaña con dos camas matrimoniales cuesta US$ 200 la noche. Por la mitad del precio se puede dormir en una de las casas rodantes distribuidas cerca de las cabañas, cada una con una cama doble y un pequeño taburete ofrecido como cama individual. Son precios altísimos para este país de pobres.
La cabaña 18 era la preferida por El Señor, dice el gerente del zoológico, al referirise a Devis Leonel Rivera Maradiaga. Este llegaba de cuando en cuando a su parque, y se instalaba en la cabaña de madera con vista privilegiada a Big Boy, su jirafa favorita. Foto de El Faro, por Víctor Peña.
 

(La cabaña preferida de “El Señor”. Credito Victor Peña/El Faro)

Entre 2003 y 2013, Los Cachiros fueron los reyes del crimen organizado en Honduras. Se convirtieron en el principal enlace entre los narcos de Suramérica —Venezuela y Colombia— y los muy poderosos mexicanos, en especial el Cartel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Compraron políticos, militares y policías y se asociaron con grandes empresarios. Incluso sobrevivieron al golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya y al posterior aislamiento de la comunidad internacional. Si el comercio global cerró las puertas a Honduras, el tráfico de drogas creció. También el número de hondureños interesados en lucrar con el narco.

Los Cachiros nunca aparecieron en las listas de Forbes, pero se estima que, en su apogeo, el patrimonio del cartel ascendía a US$ 1.000.000.000. Con ese volumen, habrían ocupado el séptimo lugar en la lista de la revista de los grupos empresariales más ricos de Centroamérica. Entre los negocios legales que las autoridades hondureñas les incautaron a su caída en el año 2013 se encontraban una empresa de cultivo de palma africana en la zona del Aguán, constructoras que lavaron millones de dólares en contratos con el Estado, una minera, varias inmobiliarias y el zoológico de Joya Grande.   *Este artículo fue publicado originalmente en El Faro. Fue editado y publicado con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

‘Crimen organizado permeó a todos’ en Honduras: asesor presidencial

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Mientras narcotraficantes hondureños testifican en cortes estadounidenses sobre sus nexos con la clase política de ese país, en Honduras un asesor presidencial no tiene reparos en decir que los vínculos entre narcos y candidatos abarcan a todos los partidos políticos.

La clase política hondureña lleva meses viendo por el retrovisor lo que pasa en el distrito judicial del este de Nueva York, en Estados Unidos, donde el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga ha acusado a varios miembros de las élites del país de tener alianzas con el narcotráfico desde hace décadas. El martes 17 de octubre, un asesor del presidente hondureño Juan Orlando Hernández dijo que esos señalamientos implicaban a políticos de “todos los colores”.

“Si nos vamos a poner a revisar cómo el crimen organizado permeó a la sociedad en general y cómo puso dinero, puso diputados, puso jueces, muchos cargos, en el Ministerio Público y en todas partes, entonces, agarrémonos todos, porque aquí hay de todos los colores”, dijo el asesor presidencial Ebal Díaz, según informó La Tribuna. 

Ebal Díaz es el jefe de gabinete del presidente Hernández y entre sus funciones, según la biografía colgada en la página web del gobierno hondureño, está “coordinar y dar seguimiento a las actividades que emanan del presidente y el consejo de ministros”.

Díaz también dijo que “hay una lista de extradición… vienen de todos los colores y si quieren seguir hurgando la cosa, seguramente van a salir ahí… gente muy cercana a los candidatos a la presidencia que se han tomado esto como una bandera y han empezado a hablar del New York Times y muchos familiares cercanos y algunos candidatos cercanos en esa fórmula si están en la lista”.

El asesor de Hernández se refería a la publicación del New York Times del 6 de agosto en la que el periódico estadounidense perfila a Rivera Maradiaga, líder del grupo de narcotraficantes “Los Cachiros”, acusado de varios crímenes en Estados Unidos y de matar a unas 80 personas en Honduras, y quien pactó con el gobierno estadounidense beneficios penales a cambio de información sobre funcionarios hondureños implicados en crimen organizado.

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Gracias al testimonio de Rivera Maradiaga, los fiscales neoyorquinos han presentado cargos contra siete policías hondureños, contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, y contra miembros de la poderosa familia Rosenthal. El “cachiro” ha implicado en narcotráfico al hermano de Manuel Zelaya, otro expresidente, y al del actual mandatario, Juan Orlando Hernández.

Entre los documentos que los fiscales presentaron a la corte distrital de Nueva York hay un audio en el que un narcotraficante no identificado cuenta a Rivera Maradiaga que negoció un pago de US$250.000 dólares para Hernández. El presidente, que formalmente no ha sido acusado de nada, ha negado ese alegato.

En otras declaraciones reveladoras, Renaldo Sánchez, presidente del Partido Nacional, del que Juan Orlando Hernández es miembro, pidió a Zelaya que revele la lista de los funcionarios y candidatos de su expartido, el Liberal, que han sido señalados en la corte estadounidense.

De cualquier manera, las declaraciones del asesor de Hernández vuelven a poner en la mesa la sospecha de que la clase política hondureña, en general, ha estado ligada al crimen organizado desde hace varios años.

A eso suman las declaraciones que Juan Ramón Matta Waldurraga, otro reputado narco que pactó beneficios con la fiscalía neoyorquina, pueda dar sobre sus relaciones con las élites de Honduras.

Análisis de InSight Crime

Mientras los narcos hondureños apuntan sus dedos y testimonios acusadores hacia los políticos de su país, estos se embarcan ya en una guerra de acusaciones en la que el hilo conductor parece ser la aceptación de que el narcotráfico y el crimen organizado ha estado infiltrado en el Estado desde hace décadas.

No es asunto menor si se entiende que, como acaba de aceptar el asesor presidencial Díaz, la infiltración no distingue ideologías ni partidos. “Todos”, ha dicho el funcionario, están permeados. No parece casual, entonces, que las acusaciones salpiquen a los tres últimos presidentes del país: el liberal Zelaya y Lobo y Hernández, miembros del Partido Nacional.

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Todo ocurre a solo seis semanas de que Honduras celebre elecciones generales, en las que Hernández enfrentará a Salvador Nasralla del partido Libre –fundado por Zelaya– y a Luis Orlando Zelaya del Liberal. Las implicaciones de esas agrupaciones políticas con el narcotráfico serán, sin duda, parte fundamental del guion previo al evento electoral.

La afectación para el presidente Hernández también puede tener repercusiones en Washington, donde el hondureño se ha convertido en el interlocutor privilegiado de Estados Unidos en las conversaciones sobre los programas de cooperación destinados al Triángulo Norte de Centroamérica, región de la que Honduras forma parte junto a El Salvador y Guatemala.

En 2015, el Senado estadounidense condicionó el primer paquete de cooperación de US$750 millones asignados a la llamada Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte a las medidas anticorrupción impulsadas por los gobiernos de los tres países, y estableció un mecanismo de verificación que incluye un reporte semestral del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS por sus iniciales en inglés) al respecto.

Para el desembolso de cooperación correspondiente al año fiscal 2018, aprobado en el verano por el Senado, el DOS aún valora las certificaciones para Honduras, Guatemala y El Salvador. En los casos de los dos primeros países, según dijeron en Washington dos fuentes relacionadas con las discusiones que hablaron con condición de anonimato, hay “preocupación” generada por la las acusaciones de corrupción contra las élites políticas de esos países.

Ya en 2011 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) había dicho en un estudio sobre el crimen organizado en el Triángulo Norte que sucesivos gobiernos de los tres países que lo forman han protegido en mayor o menor medida a los principales grupos de narcotráfico que en ellos existen.

Los fiscales de distrito de Nueva York que presentaron el caso contra el cachiro Rivera Maradiaga no tienen dudas al respecto: dicen, a partir de las revelaciones hechas por el narcotráfico, que Honduras es un lugar donde el “narcotráfico está patrocinado por el Estado”.

Exministro de Inversiones de Honduras admite haber lavado dinero del narcotráfico

Un exministro de Honduras, miembro de una de las familias más ricas del país, se ha declarado culpable en una corte de Estados Unidos de lavar dinero del grupo narcotraficante Los Cachiros, actualmente desmantelado.

Yankel Rosenthal admitió haber ayudado a los narcotraficantes a lavar dinero “a través de la compra de bienes raíces en Estados Unidos, contribuciones políticas en Honduras e incluso inversiones en un equipo de fútbol profesional”, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con fecha del 29 de agosto. El abogado de la familia Rosenthal, Andrés Acosta García, ya se había declarado culpable de crímenes similares, según consta en el comunicado de prensa.

Yankel Rosenthal se desempeñó como ministro de Inversiones de Honduras durante la administración del actual presidente Juan Orlando Hernández hasta junio de 2015, después de lo cual asumió la dirección del Club Deportivo Marathón, de propiedad de la familia Rosenthal. Fue detenido por las autoridades estadounidenses en octubre de 2015 y acusado de lavado de dinero.

Además de lavar más de un millón de dólares en bienes raíces en Florida y varios cientos de miles de dólares a través del equipo de fútbol, el exministro hondureño también introdujo sobornos de los narcotraficantes en la infructuosa campaña presidencial de su primo, Yani Rosenthal, según dice el comunicado de prensa.

Yani Rosenthal admitió el mes pasado haber lavado ganancias de las drogas durante su actividad política entre 2004 y 2015, ejerciendo como miembro del gabinete del expresidente Manuel Zelaya, y más tarde como miembro del Congreso.

Las autoridades estadounidenses también señalaron que tienen evidencias de una reunión entre Yankel Rosenthal y varios narcotraficantes, entre ellos un líder del grupo narcotraficante Los Cachiros (ya desmantelado), durante la cual se negociaron estos sobornos.

El patriarca de la familia, Jaime Rosenthal —padre de Yani y tío de Yankel— también ha sido acusado de lavado de dinero en una corte federal de Estados Unidos. Sin embargo, el magnate empresarial y exvicepresidente de Honduras, que declaró su inocencia durante una entrevista con InSight Crime en el año 2015, sigue prófugo en Honduras, a pesar de que contra él existe una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

Análisis de InSight Crime

Los procesos judiciales de Estados Unidos contra los miembros de la familia Rosenthal —una de las más ricas e influyentes de Honduras— hacen parte de los esfuerzos conjuntos de las autoridades de Estados Unidos y Honduras, que entre acusaciones, incautaciones de bienes, detenciones y otras operaciones han acabado con importantes redes que operan en el hampa hondureño, incluyendo miembros de las élites que durante mucho tiempo les han ofrecido protección.

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Ahora la pregunta es qué información puede ofrecerles Yankel Rosenthal a las autoridades como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad. Actualmente parece posible, por ejemplo, que habrá acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios del fútbol hondureño, dada la participación de Rosenthal en el sector deportivo, que está profundamente infiltrado por el crimen organizado.

Además, es posible que el exministro del presidente Hernández tenga información sobre otros actores corruptos de la actual administración. Un importante miembro de la organización Los Cachiros testificó recientemente en una corte de Estados Unidos, y dijo que el hermano del presidente, Tony Hernández (congresista hondureño que ha sido denominado como una “persona de interés” en una investigación de Estados Unidos), le había solicitado un soborno al narcotraficante. Es posible que Yankel Rosenthal esté en la disposición de proporcionar más detalles sobre estas acusaciones.

Magnate de Honduras se declara culpable de lavado de dinero en Estados Unidos

Yani Rosenthal, uno de los magnates más poderosos y con mayores conexiones políticas de Honduras, se ha declarado culpable de un cargo de lavado de dinero en Estados Unidos, lo que lleva a pensar en la posibilidad de que él proporcione información sobre otros miembros de las élites hondureñas involucrados en actividades criminales.

Rosenthal se declaró culpable el 26 de julio en una corte federal de Estados Unidos por el cargo de participar en “transacciones monetarias de bienes derivados de delitos del narcotráfico” entre 2004 y 2015, el cual tiene una pena máxima de diez años de prisión, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En septiembre de 2015, los fiscales de una corte federal de Nueva York habían acusado de lavado de dinero a Yani Rosenthal, así como a su padre Jaime, su primo Yankel y Andrés Acosta García, abogado del conglomerado económico de la familia, Grupo Continental.

Sin embargo, Yani Rosenthal se declaró culpable de solamente un cargo de lavado de dinero, y los demás cargos fueron retirados como condición de su declaración de culpabilidad. Rosenthal también acordó pagar una compensación de US$500.000 y una multa de US$2,5 millones. (Los otros tres acusados no se han declarado culpables ni han sido condenados).

En 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó a los tres Rosenthal en su lista de “Narcotraficantes con designación especial” y agregó varias de las empresas de la familia a la lista de “Extranjeros con designación especial”.

El abogado estadounidense Joon H. Kim dijo que Yani Rosenthal “ejerció a la vez como blanqueador de dinero para una violenta organización de narcotraficantes conocida como Los Cachiros”, uno de los mayores grupos criminales de Honduras.

Rosenthal será sentenciado el 13 de octubre de 2017, según el comunicado del Departamento de Justicia.

Análisis de InSight Crime

Yani Rosenthal creció como parte del mundo de las élites, especialmente de las élites políticas y empresariales de su ciudad natal, San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras, que funciona como un corredor clave para el tráfico internacional de drogas. Y según se desprende de las experiencias previas, él estaría cooperando con las autoridades como parte de su declaración de culpabilidad, lo que plantea dudas acerca de a quiénes podría implicar en actividades criminales.

Rosenthal ocupó varios altos cargos gubernamentales durante la época en que desarrollaba sus actividades de lavado de dinero. Trabajó en el gabinete del expresidente hondureño Manuel Zelaya entre 2006 y 2007 y fue miembro del Congreso entre 2010 y 2014, incluso lanzando dos campañas presidenciales durante ese período, las cuales no tuvieron éxito.

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Las autoridades estadounidenses han vinculado a Manuel Zelaya al crimen organizado en otras ocasiones. Y su hermano estuvo implicado en actividades de tráfico de drogas este año. Otros seguidores del Partido Liberal, al que Zelaya y Yani Rosenthal han pertenecido, también han sido sospechosos de participar en el crimen organizado. El ganadero hondureño Ulises Sarmiento, supuesto partidario de Zelaya, fue arrestado en Nicaragua en el año 2015, pero fue liberado después de que solicitó asilo político, afirmando que era víctima de persecución política por su participación y apoyo a los partidos políticos de izquierda en Honduras. Se sabe que Olancho, el departamento de donde es originario Sarmiento, es un centro de tráfico de drogas donde operan Los Cachiros.

En mayo de 2016, Fabio Porfirio Lobo Sosa, hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, se declaró culpable en Estados Unidos por cargos federales relacionados con narcotráfico, y fue vinculado a la red de Los Cachiros. Durante su juicio un año más tarde, el exlíder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, declaró en su testimonio que él le pagó sobornos de entre US$250.000 y US$300.000 al propio expresidente. Además implicó al congresista Antonio “Tony” Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, en la empresa criminal de Los Cachiros, algo que el hermano del presidente ha negado rotundamente.

Esta serie de casos indica que las autoridades estadounidenses están tratando de obtener acuerdos de cooperación de parte de los acusados, en los cuales se les exige que ofrezcan ayuda en otras investigaciones. Esta táctica también ha sido utilizada en otros casos de crimen organizado internacional; un ejemplo destacado es el caso de Vicente Jesús Zambada-Niebla, alias “Mayito”, hijo del líder del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García.

Aún no está claro si Yani Rosenthal ha llegado a un acuerdo de culpabilidad que incluya tal disposición, pero dado que es probable, en el sistema de justicia de Estados Unidos podrían seguir surgiendo próximamente nuevas revelaciones de corrupción y de vínculos con el crimen organizado en los altos niveles.

Grupo criminal de Honduras usó desastre natural para lavar dinero

Un poderoso grupo narcotraficante de Honduras presuntamente usó un desastre natural para blanquear dinero, una muestra de hasta dónde están dispuestos a llegar los grupos del crimen organizado para maximizar sus ingresos.

El grupo criminal hondureño conocido como Los “Cachiros” usó presuntamente la devastación causada por la tormenta tropical Agatha, que se extendió por Centroamérica en mayo de 2010, para blanquear un estimado de US$6,4 millones, informó La Tribuna.

Se dice que la organización criminal creó varias empresas que fueron contratadas por el gobierno para llevar a cabo 28 importantes proyectos de infraestructura tras la tormenta. Las autoridades creen que los proyectos fueron supervisados por empresas que estaban controladas por Los Cachiros o no existían.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras señaló que una de las empresas estatales implicadas en el esquema ilegal era la compañía eléctrica (Empresa Hondureña de Energía Eléctrica – ENEE), que supuestamente pagó precios inflados a una firma vinculada a Los Cachiros. Delegados de la ENEE, sin embargo, han rechazado las acusaciones, diciendo que no tenían conocimiento de los nexos entre la organización criminal y las empresas contratadas para ejecutar los proyectos.

Análisis de InSight Crime

Aprovecharse de un desastre natural para lavar dinero muestra hasta qué punto los grupos del crimen organizado están dispuestos a llegar para incrementar sus ganancias. Sin duda el lavado de dinero en proyectos de infraestructura a gran escala no es una estrategia nueva para el crimen organizado de la región. Lo que debe señalarse, sin embargo, es la rapidez con la que Los Cachiros parecen haber captado la oportunidad luego del siniestro.

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El hecho de que el grupo criminal pudiera aprovechar de manera tan fácil y rápida el repentino aumento de financiamiento gubernamental para las labores de socorro no solo revela el ingenio criminal de Los Cachiros, también la debilidad de las instituciones hondureñas, y la indiferencia de muchos funcionarios frente al daño que la corrupción genera en el país.

La corrupción ha tenido consecuencias funestas en Honduras, antes y después del huracán de 2010. Un informe de 2013 sobre la corrupción en el sector de salud del país mostró que de la empresa estatal proveedora de fármacos se perdieron medicamentos avaluados en millones de dólares, los que probablemente se vendieron en el mercado negro, con el consecuente riesgo para las vidas de un número incalculado de hondureños.

Otro informe divulgado en junio de 2016 mostró que los casos de corrupción en Honduras rara vez conducen a procesos judiciales para funcionarios de alto rango, lo que pone en la picota pública la inefectividad y excesiva burocracia del sistema, que permite a los funcionarios corruptos accionar con relativa impunidad.

Entre 2008 y 2015 la Fiscalía General recibió 3.471 denuncias de corrupción, de las cuales solo 283 comparecieron a juicio. Aún más problemático es que la mayoría de esos casos terminaron en sentencias alternativas, mediante las cuales no se pagó tiempo de cárcel, hubo poca o ninguna restitución y se dio al culpable la oportunidad de volver al servicio público con sus antecedentes judiciales limpios.

Jefe de Los Cachiros vincula a fallecido magnate de Honduras con narcotráfico*

Los narcotraficantes en Honduras usaron una pista de aterrizaje privada de propiedad del recientemente fallecido Miguel Facussé para el ingreso ilegal por avión de narcóticos procedentes de Venezuela, según la declaración de un narcotraficante en un juzgado estadounidense.

Una pista de aterrizaje privada en propiedad de Miguel Facussé se usó para ingresar más de una tonelada de cocaína desde Venezuela en 2013, según el testimonio rendido el 6 de marzo por Devis Leonel Rivera Maradiaga, exjefe del grupo criminal Los Cachiros, que más adelante se convirtió en informante del gobierno de Estados Unidos.

Facussé —adinerado terrateniente y polémica figura, que fuera uno de los hombres más ricos de Honduras hasta su muerte en 2015— fue considerado alguna vez uno de los más poderosos del país centroamericano.

Rivera Maradiaga, excapo de la droga convertido en informante de la DEA, está declarando en el juicio por narcotráfico que se sigue a Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo. El testimonio de Rivera ha tenido repercusiones en el gobierno de Honduras, con acusaciones contra algunos de los más altos funcionarios del país y sus familiares.

Según la transcripción de la declaración de Rivera Maradiaga, Fabio Lobo pidió ayuda a Rivera Maradiaga para ingresar 1,050 toneladas de cocaína en avión desde Venezuela en 2013. Rivera Maradiaga declaró que el cargamento aterrizó cerca del pueblo de Farallones en la provincia del departamento de Colón, en una pista de aterrizaje privada ubicada en propiedad de Facussé.

Rivera Maradiaga afirmó que el plan estuvo a punto de fracasar, sin embargo, porque las autoridades detectaron el narcovuelo. Pero, dijo, un oficial corrupto del ejército alertó a los narcotraficantes del operativo que la policía estaba a punto de realizar, lo que les permitió descargar el paquete a tiempo.

En una carta enviada a InSight Crime, Roger Pineda Pinel, Director de relaciones corporativas y bancarias de la Corporación Dinant de Focussé, dijo que la compañía fue víctima de delincuentes. (Ver la carta completa abajo).

“Desafortunadamente, como muchos otros ubicados en regiones rurales, hemos sido víctimas de narcotraficantes que han utiizado nuestra propiedad ilegalmente y sin nuestro consentimiento, cooperación o permiso para transportar su contrabando al rededor del país sin ser detectados”.

Análisis de InSight Crime

La declaración de Rivera Maradiaga ya ha implicado a muchas figuras de las más altas esferas de la política hondureña, incluyendo a hermanos de dos expresidentes y al hermano del actual jefe de estado. Pero la declaración sobre la pista de aterrizaje en propiedad de Facussé indica que el capo también puede tener información incriminatoria de las élites económicas del país.

Rivera Maradiaga no declaró explícitamente que Facussé estuviera implicado en el contrabando de narcóticos, y el exnarco no estuvo presente en la pista de aterrizaje en el momento del cargamento de 2013. En su carta a InSight Crime, Pineda Pinel dijo que la compañía estaba trabajando con las autoridades en la lucha de estas actividades ilícitas.

“Condenamos fuertemente el uso de nuestra propiedad para llevar a cabo actividades ilegales conectadas al narcotráfico”, escribió. “Continuaremos haciendo todo lo que este a nuestro alcance para ayudar a las autoridades de Honduras y Estados Unidos en sus esfuerzos por combatir el narcotráfico, por medio del reporte inmediato de cualquier actividad ilegal que sepamos que haya ocurrido en nuestras instalaciones, como lo hemos hecho en el pasado”.

Pero no es la primera vez que se levantan sospechas de conducta criminal contra el fallecido magnate. De acuerdo con un cable de marzo de 2004 desde la embajada de Estados Unidos, divulgado por Wikileaks, se hallaron en 2004 los restos incinerados de un avión con droga en una pista privada de aviones en una de las propiedades de Facussé en Farallones. El autor del cable, el exembajador de Estados Unidos en Honduras Larry Palmer, escribió que Facussé dijo a las autoridades locales “que sus guardias le habían disparado al avión que ardió en llamas”.

Sin Embargo, Palmer también declaró que la versión de Facussé “no coincide con otra información [que la embajada estadounidense en Honduras] ha desarrollado sobre este siniestro”.

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En una entrevista de 2012 con Los Angeles Times, Facussé había negado cualquier responsabilidad en el hecho, y aseguró que él mismo había alertado a las autoridades del aterrizaje y que: “Los narcos están construyendo aeropuertos por todo el lugar… Es un lugar perfecto para aterrizar. No hay nadie alrededor”.

Pero Palmer también escribió en el cable que “la propiedad de Facussé está fuertemente vigilada y la posibilidad de que alguien pudiera acceder a la propiedad para usar la pista sin autorización es cuestionable”.

El cable también destacaba el hecho de que era la tercer vez en un lapso de quince meses que se informaba del uso de la propiedad de Facussé para descargar estupefacientes.

Facussé, quien vivió hasta los 90 años, nunca fue acusado formalmente de participar en narcotráfico o crimen organizado. 

*Este artículo ha sido actualizado para añadir partes de la carta obtenida por parte de un representante de Dinant, la compañía del fallecido Miguel Focussé. Vea la carta completa a continuación.

Dinant Letter InSight Crime 24 March 2017 by InSight Crime on Scribd

Nuevos testimonios de un traficante de Honduras contra las élites del país

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En su testimonio ante un tribunal de Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, un confeso narcotraficante de Honduras ha implicado al hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en su actividad criminal —la más reciente de una serie de acusaciones que parecen estar sirviendo de base para otros reveladores casos judiciales de Estados Unidos contra las élites hondureñas—. Como parte de una audiencia con sentencia condenatoria el pasado 16 de marzo, Devis Leonel Rivera Maradiaga, que hacía parte del grupo criminal Los Cachiros, dijo que había sostenido una reunión con el congresista hondureño Antonio “Tony” Hernández para discutir la manera como una empresa de Maradiaga Rivera y su familia, y operada por ellos, podría recibir dinero del gobierno por los servicios prestados. A cambio, según afirmó Rivera Maradiaga, él le pagaría un “soborno” al hermano del presidente. La empresa, Inmobiliaria Rivera Maradiaga S.A. (INRIMAR), había hecho varios proyectos de construcción y mantenimiento de carreteras para el gobierno durante la anterior administración del presidente Porfirio Lobo. Rivera Maradiaga testificó en una audiencia relacionada con el hijo de Lobo, Fabio Porfirio Lobo, quien se declaró culpable de tráfico de drogas en el año 2016. La sesión de preguntas y respuestas entre Rivera Maradiaga y el fiscal principal del gobierno, Emil Bove, se desarrolló así (traducción del documento de la corte):

Bove: Durante el curso de su cooperación con la DEA [Administración para el Control de las Drogas], ¿se reunió con Tony Hernández para discutir sus empresas fachada?

Rivera Maradiaga: Sí, señor.

Bove: ¿Qué discutieron en esa reunión?

Rivera Maradiaga: Que Tony Hernández nos iba a ayudar a pagarle dinero a INRIMAR.

Bove: Señor, al momento de la reunión, ¿le debía dinero el gobierno hondureño a INRIMAR en virtud de contratos?

Rivera Maradiaga: Sí, señor.

Bove: ¿Y qué ofreció hacer Tony Hernández con respecto a esas deudas del gobierno hondureño a INRIMAR?

Rivera Maradiaga: Iba a conseguir que finanzas del gobierno pagaran a INRIMAR.

Bove: ¿Pidió algo a cambio?

Rivera Maradiaga: Sí, señor.

Bove: ¿Qué?

Rivera Maradiaga: El soborno.

Bove: ¿Grabó usted esa reunión?

Rivera Maradiaga: Sí, señor. La grabé.

Bove: ¿Se la entregó a la DEA después de grabarla?

Rivera Maradiaga: Sí, señor.

Rivera Maradiaga no dijo si Tony Hernández cumplió su promesa, y el hermano del presidente ha negado las últimas acusaciones que lo vinculan con el tráfico de drogas. “Estoy dispuesto a colaborar con cualquier investigación que de forma seria se haga”, dijo, según El Heraldo. Por su parte, el presidente Hernández respondió a las acusaciones reiterando las promesas de que su administración no haría nada para proteger a los implicados, incluso si son sus propios familiares. “No voy a proteger a alguien, absolutamente a nadie,” dijo el presidente en comentarios publicados por La Prensa. Una fuente de la Embajada de Estados Unidos le dijo a InSight Crime el año pasado que Tony Hernández era una “persona de interés”, comentario que parece estar relacionado con la investigación sobre otra organización de narcotraficantes. Y una fuente de la DEA  le dijo a InSight Crime que la agencia había corroborado la confesión utilizando la grabación que Maradiaga Rivera mencionó en el testimonio del 16 de marzo. La fuente de la DEA también corroboró la afirmación según la cual Rivera Maradiaga fue colaborador de la DEA desde fines de 2013 hasta principios de 2015, cuando él y su hermano Javier se entregaron las autoridades estadounidenses, y que él le había proporcionado a la agencia grabaciones y otras pruebas que implicaban a las élites. Rivera Maradiaga y su hermano han seguido cooperando desde su llegada a Estados Unidos, con la esperanza de reducir sus condenas, y han ofrecido múltiples evidencias, como fotografías y grabaciones de conversaciones con varios sospechosos en los casos. De hecho, los hermanos se han convertido en los principales testigos de varios casos, como el del importante economista y político hondureño Jaime Rosenthal Oliva y varios miembros de su familia (caso descrito detalladamente por InSight Crime en su serie de artículos sobre Élites y crimen organizado), así como el de Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio “Pepe” Lobo. En su testimonio durante la audiencia con sentencia condenatoria el 16 de marzo, Rivera Maradiaga dijo que él y su hermano Javier se habían reunido con el entonces candidato presidencial Pepe Lobo en dos ocasiones, y que a cambio de dinero (más de US$300.000 entregados en fajos de billetes de 500 lempiras), el candidato presidencial les prometió “protegerlos” de las autoridades locales que estaban investigando a la familia en ese momento, así como acceso a contratos del gobierno (para los cuales INRIMAR era uno los intermediarios); prometió además que él no sería extraditado para enfrentar cargos en Estados Unidos. Rivera Maradiaga le proporcionó al gobierno fotografías para demostrar sus afirmaciones, incluyendo una en la que Lobo aparece junto a Javier Rivera Maradiaga. (Vea la foto abajo). 17 03 20 honduras cachiros lobo (De izquierda a derecha, Fabio Lobo, Porfirio Lobo (en cuarto lugar), Javier Rivera Maradiaga (en quinto lugar) y Juan Gómez (en sexto lugar). Fuente: Cortes de Estados Unidos) Lobo ha negado estas conexiones en repetidas ocasiones, incluso en declaraciones públicas. Pero en la conversación del 16 de marzo en la sala de audiencias en la ciudad de Nueva York con el abogado defensor de Lobo, Manuel Retureta, Maradiaga Rivera reiteró que el presidente Lobo les había cumplido sus promesas, aunque públicamente el presidente intentaba mostrar su determinación de luchar contra las organizaciones narcotraficantes.

Retureta: ¿Se preocupó cuando ocurrieron otros eventos como la enunciación de organizaciones del gobierno para combatir al narcotráfico?

Rivera Maradiaga: Nadie fue extraditado durante la administración del presidente Lobo. Mi miedo en ese entonces, mi único miedo era la extradicón. Había rumores, escuchamos rumores, pero el presidente nos prometió a mi hermano y a mí que no habría extradiciones desde Honduras. No fuimos extraditados. A mí me preocupaba la extradición.

Retureta: ¿Estaba usted consciente de las incautaciones durante la administración del presidente, no?

Rivera Maradiaga: No, señor, no había [sic] nada que nos perteneciera [sic] fue decomisado. El presidente cumplió su promesa de no tocarnos mientras fuera presidente, no fuimos extraditados. De hecho, puso a su hijo como intermediario para que nos protegiera, nos ayudara, a Los Cachiros, que somos mi hermano y yo.

Ese intermediario, por supuesto, era Fabio Lobo. En al menos dos ocasiones, según Rivera Maradiaga, Lobo utilizó los guardias de seguridad presidenciales para viajar a una zona de Honduras a donde llegaban drogas, y para custodiar los cargamentos desde su punto de llegada hasta su siguiente destino en la larga cadena de distribución desde Colombia hasta Estados Unidos. Según Rivera Maradiaga, en por lo menos otras cinco ocasiones, Fabio Lobo fue notificado de la circulación de drogas ilegales, en caso de que Los Cachiros se toparan con las autoridades mientras las transportaban por todo el país. La relación era tan cercana, que Rivera Maradiaga le dijo a Bove, el fiscal del gobierno en la corte, que los hermanos consideraban a Fabio como un miembro de la organización.

Bove: ¿Porqué dijo, después de la segunda reunión, que usted consideró al acusado como miembro de Los Cachiros?

Rivera Maradiaga: Porque el presidente Lobo Sosa, el padre del acusado, lo había asignado como una persona de seguridad para la organización narcotraficante de Los Cachiros que nos perteneció a mi hermano y a mí.

La relación continuó después de que Porfirio Lobo terminó su período presidencial en enero de 2014, cuando Fabio intentó relacionar al presidente Juan Orlando Hernández con Los Cachiros. En un intercambio de mensajes de texto obtenido por el gobierno después de que Los Cachiros empezaron a cooperar con la DEA, Fabio Lobo le dijo a Rivera Maradiaga que se había comunicado con el presidente Juan Orlando Hernández acerca de la organización.

Lobo: Me preguntaron como estaban ustedes

Rivera Maradiaga: Quien Comando [su apodo para Fabio]

Lobo: Que les echaran la mano

Rivera Maradiaga: Quien les echaba la mano o a quien le echamos la mano. Comando no entiendo

Lobo: Que les ayudaran a ustedes

Rivera Maradiaga: Eso sí sería bueno Comando… Quien le dijo eso

Lobo: Yo le dije al Jefe… Con JO [Juan Orlando Hernández]

Rivera Maradiaga: Uy si Comando eso sería bueno … Dígale que negociemos … Y que deje a los gringos con su trabajo … Solo para que ya no les sigan quitando las propiedades.

Lobo: Que les apoye, que ya les quitaron suficiente … Que no tenían nada … Que ustedes eran buenas personas … Me preguntó que si tenía relación con alguno de ustedes

Según la transcripción de una conversación grabada que aparece por separado en el expediente, Fabio Lobo también intentó establecer conexiones entre el actual ministro de Seguridad, Julián Pacheco (mientras éste todavía se encontraba dirigiendo la división de inteligencia del ejército) y varios narcotraficantes, que, sin conocimiento de Fabio, también estaban colaborando con la DEA. El hijo del expresidente organizó una reunión en el año 2014 con Pacheco, en la que los colaboradores intentaron obtener su protección para un cargamento de drogas, pero Pacheco no cayó en la trampa, y rápidamente se escabulló de la reunión.

Informante confidencial (IC): Eh, queremos estar llegando aquí con mercancías, con drogas.

Pacheco: ¿Con droga?

IC: Sí, señor. No sé si fuese posible y nosotros co-

Pacheco: [Ininteligible] no. [Ininteligible] Fabio.

Lobo: No, de poquito [Ininteligible].

Pacheco: No. Discúlpeme. Discúlpeme.

Pacheco negó cualquier tipo de conexión con Los Cachiros, y Rivera Maradiaga nunca dijo que había conocido o trabajado con Pacheco. Sin embargo, Pacheco puede estar en una difícil situación legal. Rivera Maradiaga lo implicó durante su testimonio el 16 de marzo, diciendo que otras personas habían hablado de obtener su apoyo para las actividades del grupo ilegal. El ministro de Seguridad también fue jefe del batallón militar en Colón a mediados de la primera década de este siglo, un período en el cual Los Cachiros prosperaron. El gobernador de Colón en ese momento era Juan Gómez (quien en la foto de arriba aparece a la izquierda de Javier Rivera Maradiaga). Éste más tarde se convirtió en un mediador político clave para la organización de narcotraficantes y en testaferro de varias de las empresas familiares de Rivera Maradiaga, incluyendo una que administraba contratos de construcción y mantenimiento financiados por el gobierno.

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En una entrevista en el año 2015, Pacheco le dijo a InSight Crime que tenía una relación con Gómez, pero sólo porque era el gobernador en el momento en que él dirigía el batallón local. Gómez fue asesinado en enero de 2015, lo que llevó a Javier y Devis Rivera Maradiaga a huir de Honduras y formalizar su estatus como testigos principales en estos casos. Los dos hermanos se han declarado culpables de tráfico de drogas y esperan que sus testimonios les permitan reducir drásticamente la cantidad de años que deberán permanecer en la cárcel. De hecho, ya han sido recompensados, pues su familia se encuentra en Estados Unidos, según el testimonio de Devis el 16 de marzo, gracias a la evidencia que proporcionó contra “narcotraficantes y políticos”. El hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, parece ser uno de esos políticos. Y ya ha sido vinculado a Los Cachiros, cuyo testimonio está haciendo caer uno dominó tras otro. *Con información de Felipe Puerta.

Hermanos de expresidentes de Honduras enfrentan acusaciones por narcotráfico*

Hermanos de dos expresidentes hondureños resultaron implicados por las declaraciones de un cabecilla de una prominente organización narcotraficante durante el juicio por tráfico de drogas del hijo de un expresidente hondureño en Estados Unidos, mientras las denuncias de este explosivo caso siguen acosando a las élites del país.

Devis Leonel Rivera Maradiaga, antiguo jefe de los Cachiros, implicó a los hermanos de expresidente Porfirio Lobo y al hermano del expresidente Manuel Zelaya, en la declaración que rindió ante un juzgado de Nueva York el 6 de marzo, según una transcripción del proceso obtenida por El Heraldo.

Rivera, confeso narcotraficante, compareció la semana anterior como testigo clave en el proceso contra el hijo del expresidente Lobo, Fabio Lobo, quien se declaró culpable por narcotráfico en Estados Unidos.

Además de la declaración que inculpó al acusado, Rivera habló del rol del hermano del expresidente, Ramón Lobo, alias “Moncho” Lobo, como intermediario político y financiero para el grupo criminal. Según Rivera, Lobo fue uno de los intermediarios de un soborno enviado por los Cachiros a su hermano menor, el entonces presidente Porfirio Lobo, a cambio de protección política y judicial.

La base de operaciones de Ramón Lobo es Tocoa, Colón, que fue epicentro del imperio criminal de los Cachiros durante más de una década, y, como lo ha expuesto InSight Crime en su investigación del grupo criminal, Ramón asistió a la gran inauguración de una de las empresas de la familia Rivera antes de que Devis y dos hermanos suyos fueran acusados de narcotráfico en Estados Unidos. En una entrevista con La Prensa publicada el 10 de marzo, Lobo negó tajantemente las acusaciones en su contra.

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El testimonio de Rivera también implica al hermano de otro expresidente y predecesor del expresidente Lobo, Manuel Zelaya.

Según Rivera, Fabio Lobo sugirió usar la base militar ubicada cerca de la ciudad de Aguacate, próxima a la frontera con Nicaragua, para descargar cargamentos de drogas que llegaban en avión, pero se abandonó este esquema porque el comandante de la base militar presuntamente advirtió a Fabio Lobo que la pista había sido usada muchas veces por el hermano del expresidente Zelaya para traficar drogas, lo que con el tiempo había atraído mucha atención sobre ella.

Aunque no se especificó el nombre del hermano, es probable que la declaración de Rivera se refiera a Carlos Zelaya Rosales. El 11 de marzo, Zelaya negó públicamente cualquier vínculo con actividades de tráfico de estupefacientes, informó Tiempo.

Ni Carlos Zelaya ni Ramón Lobo han sido acusados de actividades criminales en Honduras o en Estados Unidos.

Análisis de InSight Crime

La explosiva declaración no se ha corroborado. Sin embargo, parece haber un patrón en Honduras, señalado por InSight Crime en muchas investigaciones anteriores que conectan a las élites políticas del país con grupos narcotraficantes que pagan sobornos en dinero en efectivo, a cambio de protección política y judicial y la entrega de contratos de obras públicas. En su declaración, por ejemplo, Rivera habló de cuántos centímentros de alto medía la pila de dinero que se dio como soborno al entonces presidente Lobo en su misma residencia.

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Rumores sin sustento e insinuaciones han girado en torno a Carlos Zelaya. Fue acusado de autorizar el aterrizaje de un jet privado propiedad del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán en territorio hondureño, pero el acusador se retractó más tarde y ofreció disculpas. Y un cable de la embajada de Estados Unidos divulgado por Wikileaks en 2010 indicaba que el embajador estadounidense consideraba que Manuel Zelaya tenía nexos con el crimen organizado.

Por lo que respecta a la familia Lobo, aparte de la admisión de culpabilidad de Fabio Lobo, tanto el expresidente como sus hermanos han enfrentado acusaciones anteriores por vínculos con algunas de las figuras más poderosas del hampa en Honduras, incluidos los Cachiros.

*Corrección: La versión original del artículo fue modificada para reflejar que el funcionario que había acusado a Zelaya se retractó más tarde. Fue un error de omisión. InSight Crime ofrece disculpas.