Condenas en juicio por asesinato de Berta Cáceres en Honduras son justicia a medias

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Las autoridades de Honduras declararon culpables a siete de los ocho acusados en el asesinato de la reconocida activista ambiental Berta Cáceres, un avance bien recibido, pero justicia se hizo solo en parte. Los fiscales declararon culpables del homicidio de Cáceres a siete de los acusados: Sergio Ramón Rodríguez, ingeniero en Desarrollos Energéticos S. A. (DESA); Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA y militar retirado; Mariano Díaz Chávez, exsoldado que sirvió con Bustillo; Henry Javier Hernández, exsoldado hondureño que sirvió con Díaz; Edwin Rápalo, exsoldado hondureño; Edilson Duarte Meza, y Óscar Torres, según el anuncio de la Fiscalía General el 29 de noviembre. El octavo imputado, Emerson Duarte Meza, fue declarado inocente por falta de evidencia suficiente en su contra, y puesto en libertad. Hernández, Rápalo, Edilson Duarte y Torres fueron hallados culpables de tentativa de homicidio contra el ambientalista mexicano Gustavo Castro. El veredicto se dictó más de dos años después de que pistoleros armados irrumpieran en la vivienda de Cáceres en La Esperanza, suroeste de Honduras, el 2 de marzo de 2016, la asesinaran y dejaran herido a Castro, quien sobrevivió solo porque fingió estar muerto.

Berta Caceres Crime Scene(Gráfico donde se muestra la escena del crimen de Cáceres, cortesía de informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas)

En 2015, Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su activismo. Se cree que una de las causas que deteminaron su muerte fue su firme oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, administrada por DESA, que amenazaba con poner en riesgo a las comunidades indígenas Lenca que habitan a lo largo del río Gualcarque, sagrado para ellos. En un inicio las autoridades de Honduras detuvieronRodríguez y Bustillo y a dos más, en relación con el asesinato en mayo de 2016. Para enero de 2017, habían capturado a Hernández, Rodríguez y Atilio Duarte, además de otros dos acusados. En marzo de 2018, las autoridades aprehendieronRoberto David Castillo Mejía, director ejecutivo de DESA en la época del homicidio de Cáceres. No es claro cuándo comparecerá él en juicio. Los propietarios de DESA, la poderosa familia Atala Zablah, no han sido acusados de ningún crimen y niegan cualquier participación en el homicidio.

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La hija mayor de Cáceres, Olivia Zúñiga, declaró a The Guardian que la familia está “contenta de ver en la cárcel a los asesinos que mataron a mi madre”, pero agregó que exigen “que se lleve a la justicia a los autores intelectuales del asesinato”. Robert Amsterdam, abogado internacional de DESA, y representante de Rodríguez, rechazó el veredicto condenatorio de la corte y anunció que apelará el fallo. “No hay duda de que este juicio fue objeto de una abrumadora presión internacional fundada en pretensiones falsas, y ahora ha producido el resultado deseado: una farsa con motivaciones políticas para encerrar a un inocente a pesar de la falta de evidencia”, señaló en un comunicado. Los acusados podrían recibir hasta 30 años de prisión por el homicidio de Cáceres, y de 20 a 30 años por la tentativa de homicidio contra Castro. La lectura de la sentencia está programada para el 10 de enero de 2019.

Análisis de InSight Crime

Las condenas en el caso de Berta Cáceres, aunque imperfectas, son históricas. El hecho de que casi todos los identificados como autores materiales fueran puestos en custodia, juzgados y condenados por sus delitos es un paso histórico para un país que ha tenido problemas para mejorar la capacidad investigativa y fiscal de sus instituciones en los últimos años. Esta no fue tarea fácil y podría ser un trampolín para futuros juicios. El éxito de las condenas en casos de este tipo son raras en Honduras y más generalmente en Latinoamérica, que es una de las regiones más mortales del mundo para los activistas ambientales. Un informe de Global Witness, de 2017, halló que los asesinatos de defensores ambientales “rara vez conllevan juicios”. Pero aún queda un largo camino por recorrer para lograr justicia. El veredicto de culpabilidad en el caso de homicidio más publicitado que puedan haber visto las autoridades en Honduras tuvo buena acogida pero, como era de esperarse, no satisfizo a las familias de las víctimas ni a los observadores internacionales, que afirman que hubo graves problemas en la parte acusadora y que las autoridades no revelaron toda la verdad ni detuvieron a todos los implicados en el crimen. “Desde el inicio de este proceso, hace casi tres años ya, ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a las Fuerzas Armadas de Honduras”, señaló COPINH en un comunicado.

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La investigación por el asesinato se vio afectada por la controversia mucho antes del inicio del proceso. Es increíble que dos vehículos pararan a una jueza de la corte de apelaciones en octubre de 2016 y le robaran el expediente que había sacado de su oficina para estudiarlo en su casa. Además, una investigación adelantada por un grupo de expertos independientes halló que la evidencia existente es “concluyente en relación con la participación de numerosos agentes del estado, altos ejecutivos y empleados de DESA en la planeación, la ejecución y el encubrimiento del asesinato”. Castillo Mejía, quien aguarda el juicio, es el único presunto autor intelectual del crimen detenido hasta el momento. El juicio mismo también estuvo plagado de obstáculos e irregularidades. El juicio por homicidio se dilató desde el inicio, por ejemplo, luego de que los abogados privados que representaban a la familia Cáceres acusaran de abuso de autoridad y encubrimiento a los jueces que presidían el caso. Luego, justo antes de la apertura del juicio, los jueces los excluyeron, lo que dejó a las familias de las víctimas con un defensor de oficio. Pese a las obvias fallas y los vacíos del caso, y a los muchos problemas estructurales que el sistema de justicia hondureño aún tiene por enfrentar, el veredicto de culpabilidad es un paso para llegar a que se haga plena justicia. La próxima prueba se cumplirá durante el juicio de Castillo Mejía, exdirector ejecutivo de DESA, quien fue supuestamente el autor intelectual de la muerte de Cáceres. El caso Cáceres ilustró la capacidad del sistema de justicia de Honduras de lograr condenas. Pero la mayor pregunta es si este fue un fallo aislado, que se hizo posible por la fuerte presión nacional e internacional que recibió el caso. Está por ver si el sistema de justicia puede funcionar efectivamente sin los ojos del mundo puestos en él. Fotografía: AP/Fernando Antonio

EE.UU. alega que hermano de presidente de Honduras es narcotraficante

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Fiscales de Estados Unidos alegan que el hermano del presidente de Honduras es un narcotraficante importante en Centroamérica, una evidencia más de que los miembros de la élite política del país tienen un papel activo en el negocio de la droga. El 23 de noviembre, autoridades federales en Miami aprehendieron al exdiputado hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández por cargos de drogas y posesión de armas. Antonio Hernández es el hermano del actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández. El arresto ocurre menos de un año después de que Devis Leonel Rivera Maradiaga —exjefe del otrora poderoso grupo criminal “Los Cachiros”— atestiguara haber pagado US$50.000 en sobornos a Antonio Hernández. El intercambio garantizó el pago del gobierno a una empresa que Los Cachiros usaban para lavar ingresos por drogas, según el pliego de cargos.

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Pocos meses antes de eso, las autoridades estadounidenses en Miami clasificaron a Juan Antonio Hernández como “persona de interés” en una investigación sobre narcotráfico de alto perfil en conexión con Wilter Blanco, sospechado de liderar el cartel del Atlántico. En reacción a la detención de su hermano, el presidente Hernández declaró que “nadie está por encima de la ley”, y añadió que espera que el sistema de justicia aclare si esas acusaciones son ciertas. El presidente Hernández no es el único jefe de estado del gobernante Partido Nacional cuyos parientes están sospechados de tener nexos con las operaciones de narcotráfico de Los Cachiros. En septiembre de 2017, las autoridades estadounidenses sentenciaron a Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, a 24 años de prisión por conspirar con ese grupo criminal para traficar cocaína a Estados Unidos.

Análisis de InSight Crime

Quizá lo más sorprendente de este pliego de cargos sea que no es ninguna sorpresa. Los Cachiros involucraron fuertemente a la élite política hondureña en su modus operandi criminal, y el caso del hermano del presidente Hernández no es la excepción. Juan Antonio Hernández no era un narco insignificante. Se dice que participaba en todas las etapas del tráfico de cocaína: el procesamiento, la recepción, el transporte y la distribución. El exdiputado ejercía un papel tan destacado que sus iniciales, “TH”, presuntamente estaban impresas en algunos de los cargamentos de cocaína que manejaba. Los paquetes de narcóticos tenían protección de miembros de la Policía Nacional, a quienes les exigía que actuaran como guardias de seguridad fuertemente armados, según el pliego de cargos. También ofrecía protección a otros narcotraficantes gracias a sus conexiones políticas. No solo pagaba a oficiales de la seguridad pública por información crítica para la protección de los cargamentos de droga, sino que también servía como intermediario para grandes sumas en sobornos que pagaban narcos importantes a altos funcionarios políticos hondureños, afirma el documento.

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No son claras las implicaciones que pueda tener el arresto de Juan Antonio Hernández en las relaciones entre Estados Unidos y Honduras. El presidente Hernández es el principal aliado de Estados Unidos en Centroamérica. El país norteamericano respaldó a Hernández incluso después de que la reñida contienda electoral que lo llevó a la reelección se viera afectada por denuncias de fraude electoral. En casa, el presidente Hernández ya se encuentra en la mira de los fiscales anticorrupción de la Fiscalía General de Honduras y de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) por su presunta participación en el desvío de millones de dólares de dineros públicos con fines políticos. Estados Unidos es uno de los principales financiadores de la MACCIH, pero no se sabe si el arresto del hermano del dignatario y la investigación que se le adelanta a Hernández por presunta actividad delictiva alterará la relación entre ambos países.

Fariña, Netflix y cuatro similitudes entre España y Centroamérica     

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En una fórmula que se ha convertido en favorita, la plataforma de series Netflix ha perfilado, una vez más, la historia de un grupo de hombres convertidos en multimillonarios gracias al tráfico de cocaína, esta vez en España. La serie Fariña y los parecidos con las dinámicas centroamericanas muestran cómo la ficción no tiene nada que envidiarle a la realidad. “Que no me mira, usted. Si apenas sé leer”, dice un hombre barbado, vestido con ropas viejas frente al tribunal que lo acusa de ser uno de los traficantes más grandes de la comunidad autónoma de Galicia, al norte de España. Ese hombre se llama Laureano Oubiña. “Solo soy un empresario… vivo de mi conservera de sardinas”, replica otro hombre al alegar inocencia en el mismo juicio. Se llama Manuel Charlín. Todo ocurre en la escena del juicio llevado adelante por la Audiencia Nacional de España en 1990 tras la llamada Operación Nécora contra varios narcotraficantes gallegos, los primeros que introdujeron cocaína en España originada en centroamérica y Colombia. La investigación judicial estuvo a cargo de Baltazar Garzón, el juez español que luego procesó al dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad. La escena es parte de la serie Fariña, de producción española y transmitida en la plataforma Netflix, basada en el libro del periodista Nacho Carretero, cuya distribución fue prohibida en parte por un juez de Madrid. Como muchas en su tipo, esta serie abunda en los mitos comunicacionales creados alrededor del fenómeno del narcotráfico, como la del narco benefactor o el policía corrupto y el incorruptible. La serie se construye sobre esos mitos que, sin embargo, están basados en la realidad: contrabandistas en una tierra lejana, abandonada por el desarrollo y las oportunidades económicas y susceptibles a todo tipo de corrupción, que ven en el trasiego de mercaderías ilegales la forma más evidente de ganar dinero, pero también de ser alguien en la vida; delincuentes que pasan del trapicheo de cigarros o de mariscos al de cocaína, la fariña, como en gallego se llama a la harina y se nombra, por su parecido, al clorhidrato de cocaína. Por momentos, puede parecer que algunos personajes, situaciones o salidas dramáticas son exageradas, pero no. Hombres como Laureano Oubiña o Manuel Charlín existieron en realidad, son transportistas hijos de esos pueblos alejados reconvertidos en narcos. Son como los narcos que se convirtieron en pan nuestro de todos los días en Centroamérica, y son así como ellos: pícaros, arrogantes, tramposos, violentos, impunes. Lo sé porque he cubierto desde principios de siglo la historia de narcos en El Salvador y Honduras, que son muy parecidas a las de los gallegos. Aquí, cuatro similitudes entre el origen y las características de los capos de Centroamérica y Colombia, con estos españoles:

1. Geografía recóndita, de difícil acceso

Esto facilita que el transportista se convierta en narco. Como Los Perrones en las bocanas de mar en el oriente salvadoreño, cerca del Golfo de Fonseca. Como Los Cachiros en las montañas de Yoro y Olancho que pegan al Atlántico en Honduras. En Galicia, la Ría de Arousa es el equivalente a aquellos territorios sin ley en los que, con un poco de dinero, es posible doblegar a los guardias de la frontera. Las historias de narcos como Charlín, Oubiña o Sito Miñanco, el jefe de todos, empezaron con el contrabando de tabaco. Así iniciaron, por ejemplo, las historias de los narcotraficantes Chepe Luna y Reynerio Flores, reyes del paso ilegal de lácteos y ganado desde Nicaragua a El Salvador; reyes de las veredas de polvo pegajoso y calor infinito que nadie conoce como ellos y su gente.

2. Guardias corruptos

La historia de los narcos centroamericanos, como la de los gallegos, los mexicanos o los afganos no existiría sin la del policía, el juez o el alcalde de la frontera que, a cambio de coimas, facilita el paso de la fariña, se hace de la vista gorda o, en la desviación más extrema, se convierte él mismo en criminal. En mi libro “Infiltrados”, sobre la penetración del crimen organizado en la policía salvadoreña, relato cómo los contrabandistas empiezan comprando, con pequeños regalos a los policías de los pueblos para terminar, en el caso de Los Perrones en El Salvador o de los Lorenzana en Guatemala, pagando campañas electorales de alcaldes o presidentes. “Nosotros pagábamos informantes en las aduanas, y ellos nos dijeron que se venía algo fuerte. Reynerio metió más drogas y más plata… El problema es que el gobierno tenía que mostrar algo… A Reynerio le pasaron factura política… Lo presionaron para contribuir con la campaña (electoral), pero él en un momento se resistió y le pasaron factura,” me contó uno de los asesores más cercanos a Reynerio, el jefe de Los Perrones.

3. La cultura de la ostentación y el fanfarroneo

Este es uno de los símbolos más claros de la impunidad del narco. La producción de Fariña se esmera en reproducir decorados y utilería de los años 80’s para mostrar los lujos en que terminan viviendo los narcos en Galicia. Los gallegos no son tan estrambóticos como el colombiano Pablo Escobar con sus zoológicos, pero algunos de ellos no escatiman gastos en carros de lujo, cadenas de oro y, sobre todo, propiedades. Cuando en el juicio que enfrentan en 1990 los gallegos llegan andrajosos ante los jueces es todo parte de una estrategia: vender la idea del empresario pobre, honrado, venido de abajo, para contrarrestar la del narco cubierto de oro.

4. El mercado interminable

Todo apunta a que el negocio de la droga es infinito. Y hasta los capos lo tienen claro. “Esto no se acabará nunca, mientras haya un gringo que se meta, no se acabará”, dice el interprete de Pablo Escobar en la serie El Patrón del mal a uno de sus lugartenientes después de que la policía les ha decomisado una carga. Oubiña -el narco gallego real en que está basado el personaje- dice algo similar en una entrevista que dio a una televisora española al salir de la cárcel después de pasar 22 años preso por narcotráfico: “A nadie le ponen una pistola en la cabeza para que se meta droga”.

Nuevo caso de corrupción estrecha cerco alrededor de expresidente de Honduras

Una nueva investigación criminal involucra a Ramón Lobo Sosa, hermano del expresidente de Honduras Porfirio Lobo, en un esquema de corrupción que desvió fondos de la partida reservada de la presidencia a particulares. Este caso estrecha aún más el cerco al expresidente y su entorno, señalado también por posibles vínculos con el narcotráfico. El martes 5 de noviembre, el Ministerio Público de Honduras (MPH) presentó ante la Corte Suprema una acusación que incluye a Ramón Lobo y a Walter Francisco Cerrato Durón, ex secretario de Estado en administración y gestión financiera presidencial, a quienes se les señala de crear “un entramado para desviar en beneficio propio dinero público que estaba inicialmente destinado a sufragar los gastos de la seguridad de la casa presidencial”. La investigación del MPH, realizada junto a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), indica que Lobo y Cerrato desviaron en forma ilegal unos US$350.000 (8,4 millones de lempiras).

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Cerrato Durón, quien tenía rango de ministro, fue el administrador de los fondos reservados al uso discrecional de Porfirio Lobo durante todo el periodo presidencial (2010-2014). El 21 de enero de 2011, Cerrato abrió dos cuentas corrientes desde las que administraría los gastos generados por la seguridad de la casa de gobierno, presupuestados en unos US$1,7 millones (unos 40 millones de lempiras). De esas dos cuentas Cerrato Durón libró, entre 2010 y 2014, 84 cheques a nombre de dos personas particulares que hoy son testigos en la investigación, y a las que el MPH identificó como Omega 1 y Alpha 1. Ninguno de los dos receptores de los cheques tenía relación contractual con el Estado hondureño, por lo que, según las autoridades, la entrega del dinero es ilegal. Ramón Lobo, hermano del presidente y señalado por un miembro de la banda de narcotraficantes Los Cachiros de colaborar con ellos, era el encargado de endosar los cheques de la casa presidencial para luego depositarlos en una cuenta personal.

Análisis de InSight Crime

Este nuevo caso, que el MPH y la MACCIH empuja un poco más al abismo de problemas legales al expresidente Lobo, un veterano político del gobernante Partido Nacional sobre cuya familia pesan múltiples señalamientos de connivencia con los grupos de crimen organizado más importantes de Honduras. A Fabio Lobo, hijo del exmandatario, Los Cachiros también lo han acusado de ser su cómplice. Rosa Elena de Lobo, ex primera dama, es investigada por posible malversación de US$500.000. La nueva investigación se convierte en una confirmación más de la profundidad de la infiltración de la corrupción y el crimen organizado entre las élites políticas hondureñas. Pero este caso también habla de la posibilidad de que el desfalco haya existido en el seno mismo de la casa presidencial de Honduras, algo que hasta ahora no estaba claro. En el vecino El Salvador, el uso indebido de la partida secreta de la casa presidencial está a la base de sendos casos de corrupción iniciados por la fiscalía salvadoreña contra los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes. Entre ambos, según las acusaciones, desviaron ilegalmente poco más de 700 millones dólares, equivalente al déficit fiscal del país en 2017. Saca cumple condena de 10 años por corrupción y Funes, prófugo de la justicia. En el caso hondureño el MPH y MACCIH investigan desde hace meses los vínculos de Los Cachiros y otros grupos de narcos con las élites políticas, así como casos de corrupción atribuidos a diputados de todos los colores políticos. Este es el primer caso que llega a las entrañas del centro del poder político.

3 factores que empujan a migrantes del Triángulo Norte al éxodo

Miles de hombres, mujeres y niños de Honduras, Guatemala y El Salvador están marchando por todo México en un intento por llegar a Estados Unidos, pero ¿por qué huyen? La pobreza, el cambio climático y la falta de oportunidades son algunas de las razones por las que las personas abandonan sus países en busca de un futuro mejor pero el crimen y la corrupción también están en el tope de la lista.

1. Crimen y violencia sin control

El Salvador, Honduras y Guatemala —que en conjunto suelen denominarse el Triángulo Norte— son hogar de un sinnúmero de pandillas que extorsionan a negocios y personas, reclutan a menores de edad y asesinan a quien se les oponga. La situación es más peligrosa por el hecho de que las pandillas también manejan el expendio local de drogas, lo que implica que sus disputas de territorio estallan en violencia en un abrir y cerrar de ojos. Aunque las tasas de homicidios en los tres países han mostrado bajas pronunciadas en los últimos años, el Triángulo Norte sigue encabezando la lista de las regiones sin guerra declarada con mayor índice de mortandad en el mundo. Esto se debe en gran parte a la influencia y el poder de las pandillas callejeras más prominentes de la región, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, quienes ejercen control sobre casi todos los barrios pobres y se disputan el control del territorio y el espacio comercial para asegurarse más fuentes de ingresos. Estos enfrentamientos se libran en espacios públicos donde millones de personas habitan, trabajan y se desplazan. En 2014, por ejemplo, murieron más de 400 personas, la mayoría de ellas conductores de bus y sus ayudantes, en ataques contra el sistema de transporte público de Guatemala. La extorsión al transporte público es una fuente permanente de dinero para las pandillas. En efecto, la presencia de las pandillas está tan extendida que crean fronteras invisibles pero insalvables incluso en algunas de las ciudades más pequeñas, de manera que disuaden a las familias de visitar a sus parientes, impiden asistir a la escuela o aceptar un empleo en una zona controlada por la pandilla rival.

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La extorsión también es un pesado fardo para los más desfavorecidos de la región. A los salvadoreños les cuesta anualmente US$756 millones, según un grupo de investigadores en asociación con el Banco Central de El Salvador. En Honduras, La Prensa estimó en US$200 millones lo que pagan los habitantes pagan al año por extorsiones. La mayoría de las víctimas son personas humildes y negocios pequeños. Quienes sufren las amenazas de las pandillas se encuentran muchas veces sin refugio en sus mismos países. Y décadas de control de las pandillas en las zonas más populosas han “agotado psicológicamente a la gente”, comentó a InSight Crime Douglas Farah, experto en seguridad de Centroamérica. Todo esto lleva a un flujo constante de personas en busca de asilo. Según un informe publicado por el Consejo Americano de Inmigración en 2016, los centroamericanos que se presentaron como víctimas de crímenes violentos tenían más probabilidades de expresar planes de emigrar, en comparación con quienes no habían sido víctimas. Y las entrevistas con 322 niños migrantes devueltos a El Salvador mostraron que alrededor de un 60 por ciento de ellos relataron que habían huido por amenazas o violencia de pandillas, según una investigación realizada por Elizabeth Kennedy, becaria de Fulbright, en 2014. Casi 200 declararon que en su barrio había por lo menos una pandilla. Más de 100 narraron que los habían presionado para que ingresaran a una pandilla, y 22 señalaron que fueron agredidos al rehusarse.

2. Instituciones corruptas e impunidad

Los habitantes centroamericanos tienen poca confianza en las autoridades encargadas de su protección. Esto se deriva de una combinación de escasez de recursos en los organismos de seguridad y mal entrenamiento de sus efectivos, así como tasas astronómicas de impunidad por corrupción y abusos. De los 69 países analizados en el Índice Global de Impunidad de 2017, Honduras y El Salvador se situaron en las posiciones 12 y 13, respectivamente. Guatemala, en el puesto 19. Los altos índices de impunidad “tienen una enorme incidencia en el aumento de la desesperanza”, comentó Farah. Cuando los delitos no se llevan a juicio, se refuerza la creencia de que las autoridades son corruptas y de que están bajo el control de los grupos criminales. En Honduras, por ejemplo, el comisionado de la Policía nacional fue detenido en octubre y acusado de lavado de dinero, entre otros delitos. En otros casos, las autoridades hacen gala de un total desprecio por el estado de derecho. Una muestra de eso es lo sucedido con los organismos de seguridad asignados a controlar la violencia pandillera en El Salvador; se los acusa de ejecuciones extrajudiciales. El resultado de eso es que muchas veces la gente toma la justicia por mano propia. Los guatemaltecos de Villa Nueva, al sur de la capital, respondieron a la falta de protección policial creando un grupo de autodefensa. En julio, el grupo salió al as calles armados con armas de grueso calibre, luego de que los pandilleros asesinaran a dos residentes, según Prensa Libre. Al final, sin estado de derecho, muchas personas huyen.

3. Corrupción al extremo

La corrupción en el Triángulo Norte llega a niveles máximos. Los casos incluyen a dos exmandatarios de El Salvador: uno está acusado de malversar US$351 millones del erario público, y el otro del robo de unos US$300 millones de dineros públicos. En Guatemala, el presidente Jimmy Morales está envuelto en un escándalo por financiación ilícita de su campaña. Su predecesor, Otto Pérez Molina, renunció por presunta participación en un montaje masivo de corrupción en el ente de adunas del país. Y en una investigación reciente, InSight Crime reveló que su predecesor, Álvaro Colom, recibió contribuciones de narcotraficantes a su campaña.

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En Honduras, los fiscales acusaron a 38 funcionarios de gobierno en junio pasado por malversar más de US$12 millones de dineros públicos con fines políticos. Parte del dinero se destinó presuntamente a un programa que hizo parte de la primera campaña presidencial del presidente Juan Orlando Hernández en 2013. Los casos han desencadenado protestas y algunas condenas. Pero para muchos, eso no es suficiente, así que se van.

Captura de policías en Honduras revela retos en proceso de depuración

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La captura de miembros de alto rango de la Policía de Honduras acusados de vínculos con una red criminal muestra algunos de los retos más importantes que el gobierno deberá superar si quiere concluir exitosamente la depuración policial. El 9 de octubre el Ministerio Público (MP) de Honduras anunció la captura del comisionado de la Policía Nacional de Honduras Lorgio Oquelí Mejía Tinoco y de más de quince oficiales (activos y depurados). Se los acusa de participar en una red de tráfico de ganado cuando el comisionado se desempeñaba como director de la Policía en el departamento de Choluteca, en la frontera con Nicaragua. Al menos tres de los policías señalados supuestamente ya habían sido depurados de la institución, como parte de un proceso que comenzó en 2016 y por el cual más de 5.000 policías han sido separados de la institución y otros 2.000 están siendo investigados. El MP acusa a Mejía de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita y de haber constituido una “estructura criminal” que cobraba sobornos en efectivo para permitir a los transportistas mover el ganado sin ser detenidos en los puestos de control policial. Parte del ganado era ingresado ilegalmente desde el vecino país, según supo InSight Crime.

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Investigaciones posteriores reportadas por El Heraldo señalan que el comisionado también podría haber estado vinculado con el aterrizaje de una avioneta cargada con droga en la zona cuando era director de la policía en el departamento. Durante las operaciones fueron incautados más de 31 bienes, incluyendo siete residencias, seis vehículos y más de 20 cuentas bancarias. Las autoridades todavía no han ampliado la información sobre una masiva cantidad de medicamentos e insumos médicos que fueron encontrados en una de las tres propiedades allanadas. El comisionado ahora deberá justificar un patrimonio de casi 17 millones de lempiras (más de US$700.000), que no corresponden al salario mensual apenas superior a los US$2.000 que recibió durante los últimos años. Mejía Tinoco fue ratificado como subcomisionado por la Comisión Depuradora de la Policía en mayo de 2016. En 2018, fue ascendido a comisionado, el cargo más alto que se puede alcanzar en la institución.

Análisis de InSight Crime

Aunque el proceso de depuración de la policía ha conseguido algunos éxitos desde su lanzamiento a mediados de 2016, el proceso no ha estado exento de escándalos y críticas. La situación de Mejía Tinoco pone en relieve algunas falencias en el proceso y despierta dudas sobre la participación actual de otros mandos de la policía en actividades criminales. Es un recordatorio de que la reforma policial en Honduras todavía es una tarea inconclusa, que necesitará de significativos esfuerzos de transparencia, articulación institucional y voluntad política para ser culminada con éxito. A pesar de que la ley requiere que los funcionarios públicos en Honduras declaren anualmente su patrimonio frente al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Mejía Tinoco logró pasar inadvertido frente a las autoridades durante años. Además, esta no sería la primera vez que las autoridades identifican como activos a policías que supuestamente ya habían sido depurados. En julio de este año, la comisión interventora denunció el caso de un inspector quien siguió recibiendo su sueldo de 21.000 lempiras (casi US$900) a pesar de supuestamente haber sido apartado de la institución tras ser vinculado a un caso de narcotráfico. En este y otros casos, algunos funcionarios han conseguido obstaculizar los procesos administrativos de depuración argumentando que están amparados bajo la antigua Ley Orgánica de la Policía.

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A estas dificultades en la implementación se suman otras más estructurales como los obvios conflictos de interés de que la Policía se investigue a sí misma, las limitadas capacidades del MP –que coinciden con el desgaste político y administrativo que implicó la reelección del fiscal general– y del sistema judicial del país para investigar y procesar los casos de manera independiente, algo que en parte ha sido evidenciado en la poca cantidad de condenas en algunos de los casos más emblemáticos. A pesar de eso, recientemente Honduras ha fortalecido sus leyes contra el lavado de activos y existen precedentes recientes de condenas de hasta 15 años contra exfuncionarios de la policía de menor rango que Mejía Tinoco, por un caso de enriquecimiento ilícito que implicaba apenas una fracción del dinero que el del comisionado. Las penas de hasta veinte años que contempla esta nueva legislación podría ser una de las razones por las que tantos policías depurados están prefiriendo ser juzgados en Estados Unidos, donde han recibido penas mucho menores. Este fue el caso reciente de un policía condenado a apenas cinco años de prisión por traficar cocaína hacia Estados Unidos. Por su parte, Carlos Valladares, excomandante regional de la extinta Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) de San Pedro Sula fue condenado recientemente a 14 años de cárcel en Estados Unidos por sus vínculos con el grupo narcotraficante Los Cachiros tras ser señalado por la fiscalía de Estados Unidos de haberse desempeñado como sicario del grupo criminal. Foto: Esteban Felix/AP

En juicio de Berta Cáceres en Honduras, los fiscales decepcionarán*

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El juicio por el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres en Honduras podría brindar una lejana posibilidad de conocer los nexos entre las redes criminales y las élites, pero lo más probable es que tan solo sirva para ilustrar lo difícil que es llevar a familias poderosas ante la justicia.

Corrección: una versión anterior de este artículo relacionó falsamente a la familia Atala Faraj con DESA y el proyecto de Agua Zarca. Ni la familia ni el banco Ficohsa tienen que ver con DESA o con el proyecto de Agua Zarca. InSight Crime lamenta el error.

El juicio se inicia el 17 de septiembre, dos años y medio después de que varios hombres armados irrumpieran en la casa de la líder ambientalista y de los derechos indígenas en la ciudad de La Esperanza, en el suroeste de Honduras, la asesinaran y dejaran herido al ambientalista mexicano Gustavo Castro. El caso atrajo la atención de activistas y gobiernos internacionales. Cáceres había librado una larga lucha por los derechos de los grupos indígenas y de activistas ambientalistas, y en 2015 recibió el prestigioso Premio Medioambiental Goldman por su trabajo contra el proyecto de la Represa Agua Zarca, que amenazaba a las comunidades indígenas lenca asentadas en las riberas del río Gualcarque. Es una constante que Latinoamérica aparezca como la región más peligrosa del mundo para los defensores del medio ambiente, y en Honduras los activistas de la tierra están en mayor riesgo de ser asesinados que en casi cualquier otro país de la región. Pero además el caso deja entrever ese submundo hondureño donde las familias de la élite se relacionan con redes criminales. La pregunta que queda es, ¿cuánto de esos nexos ventilarán las autoridades? Ya el gobierno hondureño ha enfrentado fuertes críticas por el mal manejo delcaso, y la familia en cuestión tiene amigos poderosos.

Quiénes van a juicio y quiénes no

En total, ocho hombres comparecerán en el juicio. Las fuerzas de seguridad de Honduras hicieron inicialmente cuatro arrestos en relación con el asesinato de la activista en marzo de 2016. Dos de los hombres, Sergio Ramón Rodríguez y Douglas Geovanny Bustillo, estuvieron vinculados laboralmente a Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), la empresa que estaba construyendo la represa.

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A mediados de enero de 2017, las autoridades hicieron otros cuatro arrestos; entre los detenidos se encontraban los exsoldados hondureños Henry Javier Hernández Rodríguez y Edilson Atilio Duarte Meza. En marzo de 2018, las autoridades aprehendieron a un noveno implicado, Roberto David Castillo Mejía —director ejecutivo de DESA al momento de la muerte de Cáceres—. Este se encuentra en prisión preventiva pero no se sabe cuándo comparecerá ante los jueces. No se han presentado cargos contra los propietarios de DESA, la familia Atala Zablah. La familia es dueña de un buen número de empresas y tiene influencia política de larga data.

Un barómetro del sistema de justicia

La investigación ha sido una prueba para el el sistema de justicia hondureño y ha puesto bajo el escrutinio público cada uno de sus movimientos. Desde el inicio, hubo acusaciones de mal manejo de la evidencia tanto en la escena del crimen como después. En un bochornoso giro de eventos pocos meses después del asesinato de Cáceres, una jueza de la corte de apelaciones fue detenida por dos vehículos, que procedieron a sacarla de su auto y robar el expediente. Según los informes, la jueza había sacado el expediente de su oficina para estudiarlo con detenimiento en su casa. Organizaciones nacionales e internacionales también han criticado el manejo y la divulgación de evidencia clave en el caso de homicidio. La familia Cáceres y fiscales privados han interpuesto cuatro órdenes judiciales y solicitado en más de 30 ocasiones que la fiscalía comparta información crucial con su familia. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fundado por Cáceres, también ha denunciado el mal manejo dado al caso por la Fiscalía General. Puede afirmarse, sin temor a equivocarse, que es posible que docenas de dispositivos electrónicos incautados por las autoridades nunca fueran analizados en absoluto, según un informe reciente de Truthout. “Es una forma de negación, de negarse a determinar lo que realmente está detrás del asesinato”, afirmó la hija de Cáceres, Berta Zúñiga Cáceres, actual coordinadora general de COPINH y militante de un partido político de oposición, en comentarios a Truthout en relación con los vacíos en la evidencia.

Procesos abreviados

Pese a todo, la Fiscalía General de Honduras ha llevado este caso más lejos que la mayoría de juicios por asesinato. Y con la detención del director ejecutivo, parece que los fiscales le pisan los talones a la familia Atala Zablah. Sin embargo, es muy probable que los activistas y sus aliados queden insatisfechos, sin importar el veredicto, a menos que los fiscales encuentren una manera de hacer la conexión con la poderosa familia. Entre tanto, se contentan con lanzar sus teorías. “Los dueños de Desa mataron a mi madre”, declaró Zúñiga Cáceres directamente ante Associated Press. Otros han adelantado una investigación del caso por su cuenta. Un informe de octubre de 2017, redactado por un grupo de expertos independientes, señalaba que el asesinato que Cáceres fue un complot coordinado con meses de antelación por altos ejecutivos de DESA y por autoridades hondureñas.       VEA TAMBIÉN: InDepth: Cobertura sobre élites y crimen organizado La evidencia existente es “concluyente con respecto a la participación de numerosos agentes del Estado y altos ejecutivos y empleados de DESA en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, señalaba el informe. Si bien las autoridades hondureñas supuestamente han detenido a varios de los presuntos autores materiales del asesinato de Cáceres, Castillo Mejía es el único supuesto autor intelectual que ha sido arrestado en relación con el crimen. “El informe [del grupo independiente] afirma que hasta la fecha el sistema judicial hondureño no ha logrado presentar cargos contra los autores intelectuales del crimen, aunque los investigadores […] podrían determinar que los ocho hombres acusados seguían órdenes de sus superiores”, afirmó Lisa Haugaard, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo sobre América Latina en Washington, cuando fue consultada por InSight Crime al publicarse el informe. *Corrección: una versión anterior de este artículo relacionó falsamente a la familia Atala Faraj con DESA y el proyecto de Agua Zarca. Ni la familia ni el banco Ficohsa tienen que ver con DESA o con el proyecto Agua Zarca. InSight Crime lamenta el error.

Fiscal de EE. UU.: exjefe policial de Honduras era sicario para Los Cachiros

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Revelaciones surgidas en un caso judicial por narcotráfico en Nueva York ilustran el alcance de la colusión policial con grupos criminales en Honduras, incluyendo el asesinato de rivales y la protección de cargamentos de drogas. La información se conoció en el caso contra Carlos Alberto Valladares Zúñiga, exoficial de policía hondureño, quien enfrenta una condena en el Distrito Sur de Nueva York. Como parte de la acusación, el fiscal asistente estadounidense Emil Bove afirmó que Valladares —quien se desempeñaba como comandante regional de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) en San Pedro Sula— cometió homicidio para Los Cachiros, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del país, según información de La Prensa. “La conducta del acusado no se limitó a ayudar a transportar narcóticos o proporcionar información a los narcotraficantes”, escribió Bove el 10 de septiembre en una carta dirigida al juez del caso. “El acusado participó en varios asesinatos para promover la conspiración del narcotráfico”. En una ocasión, en octubre de 2011, Valladares montó un escuadrón de exterminio conformado en parte por agentes de policía para asesinar al rival de Los Cachiros conocido como “El Sapo”. El expolicía hondureño condujo al entonces jefe de Los Cachiros Devis Leonel Rivera Maradiaga “para que presenciara un ataque masivo a narcotraficantes rivales”, dice la carta de Bove. En una escena que parece tomada de una película de Hollywood, tras llegar al lugar del ataque, ambos hombres observaron desde una distancia segura mientras un tiroteo dejaba seis muertos. “Vas a escuchar cómo es la guerra”, comentó Valladares a Rivera Maradiaga, según la información de La Prensa. Valladares, quien se declaró culpable en mayo de 2018 y admitió que había conspirado con Los Cachiros por casi una década, también reclutó entre ocho y diez comisarios de policía para la banda, según El Heraldo. Al estar en la nómina de Los Cachiros, estos comisarios estaban encargados de garantizar el paso seguro de los cargamentos de drogas. Valladares es uno de varios exagentes de policía hondureños que enfrentan acusaciones de Estados Unidos a raíz del testimonio de Rivera Maradiaga, cuya cooperación con la DEA ha sacudido a las élites hondureñas y llevó a la cárcel al hijo del expresidente Porfirio Lobo. El mes pasado, en una carta dirigida al tribunal, el defensor de Valladares admitió que su cliente “cometió el terrible error de hacer favores a las personas que controlaban el tráfico de drogas con la ayuda activa del gobierno de Honduras”. Pero el fiscal sostuvo que “no hay vuelta atrás” una vez se comete el error inicial, y pidió una sentencia inferior a cinco años, en lugar de los 14 a 17 años y medio que había recomendado el fiscal Bove. “Es claro que si no seguía trabajando con Leonel Rivera y sus secuaces, habría sido considerado un riesgo para la seguridad y lo hubieran asesinado”, dice la carta del abogado defensor.

Análisis de InSight Crime

La magnitud de la corrupción revelada en la carta de Bove y el caso, en general, son impactantes. Al usar incluso a los más altos rangos de la Policía nacional como fondos de reclutamiento para ejecutar el trabajo sucio de Los Cachiros, Valladares ilustra lo que puede considerarse el grado más extremo posible de colusión entre la policía y el crimen organizado. El de Valladares no es un caso aislado. En 2014, el gobierno cerró toda la DNIC y suspendió a sus 1.400 empleados por sospechas de colusión con grupos criminales.

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La corrupción de esos alcances no ha desaparecido en los últimos años. Una comisión especial ha sacado a más de 5.000 agentes de policía desde 2016, muchos por sospechas de corrupción. Omar Rivera, director de la comisión, comentó hace poco a InSight Crime que los nexos de la policía con el crimen organizado en el país estaban “institucionalizados históricamente”. Rivera les dio el nombre de “relación fraterna”. Pese a la gravedad de la situación, parece no existir la voluntad política necesaria para enfrentar la corrupción de manera perdurable. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández había prometido poner fin al problema en su campaña de 2017, pero su cuestionada reelección limitó su capital político. Más aún, el mismo hermano de Hernández ha resultado implicado las declaraciones rendidas por Rivera Maradiaga en la corte.

5 formas en las que la MS13 lava su dinero

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Un número de operaciones recientes ha revelado que la MS13 ha desarrollado una estructura financiera que llevó al aumento de las rentas de la pandilla en la región. Pero, ¿cómo hacen para insertar ese dinero ilegal en el mercado? Si bien es cierto que tradicionalmente la principal fuente de ingresos de estas estructuras ha dependido de la extorsión, más recientemente estos grupos han incursionado en otros mercados criminales e incluso han hecho algunos intentos pocos exitosos de participar en el narcotráfico internacional, lo que ha llevado a la pandilla a aumentar su músculo financiero.

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Este nuevo proceso de acumulación de capital ha generado en cada clica la necesidad de administrar de manera eficiente los crecientes recursos, que en el pasado eran destinados a la subsistencia del grupo, el pago de sus miembros y la compra de armas y vehículos, y a implementar diferentes esquemas de lavado de dinero, que como InSight Crime ha señalado en una detallada investigación sobre la pandilla, hasta ahora han probado ser bastante rudimentarios. Estos nuevos esfuerzos de lavado de dinero por parte de la MS13 no solo representan una nueva fuente de ingresos en sí mismos –que en casos como el de los moteles, en ocasiones incluso pueden superar a los de la extorsión y el microtráfico–, sino que también han ayudado a fortalecer la presencia del crimen organizado en la economía legal e incrementado el control social, político y económico de las pandillas en las comunidades en las que operan. A continuación, InSight Crime enumera cinco de los principales mecanismos de lavado de dinero de la MS13 en la región:

1.Robo y venta de vehículos

Aunque datan desde principios de los años noventa, el robo y venta de vehículos usados continúan siendo una de las principales estrategias de la MS13 para lavar dinero. Si bien tradicionalmente esta actividad ha estado limitada a la pandilla en El Salvador, en la mayoría de los casos, los automóviles provienen de Estados Unidos, México y Honduras y son vendidos y legalizados en el mercado de automotores usados y restaurados de aquel país, donde posteriormente son vendidos en lotes de autos usados. El robo y venta de autos fue un aspecto importante de la “Operación Jaque” que las autoridades de El Salvador llevaron adelante en 2016 contra la MS13. Fue entonces que detuvieron a Dennis Antonio González Miranda quien, según un exdirector de aduanas que también fue vinculado al caso, habría importado más de 2.000 vehículos usados al país, e incurrido en una serie de delitos administrativos y contrabando. Desde entonces González Miranda fue puesto en libertad.

2.Testaferros e inmuebles

La inversión en bienes raíces continúa siendo una de las formas predilectas de los grupos criminales para blanquear dinero en la región, porque usualmente las regulaciones para las transacciones financieras en este comercio son pocas, y además permite mover grandes cantidades de dinero de una sola vez. En una operación realizada este año contra las finanzas de la MS13 en El Salvador, los fiscales señalaron que ahora la pandilla cuenta con una red de testaferros para lavar dinero en este mercado. Los inmuebles, que en ocasiones también son usados como comercios –que van desde hoteles, bares, restaurantes y parqueaderos, pasando por prostíbulos y restaurantes–, en algunos casos son creados desde cero. Según señaló el director de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, Howard Cotto, estos incluso devuelven a la pandilla la “inversión” y las ganancias “como si fueran socios”. Además, algunos de estos lugares, como los moteles, presuntamente también son usados por la pandilla para reunirse, como escondites o para cometer homicidios.

3.Pequeños comercios

Otra de las revelaciones de la Operación Jaque fue que muchos pequeños comercios que habían sido extorsionados por las pandillas a lo largo de los años ahora han pasado a ser usados por la MS13 para lavar dinero, lo que ha generado un cambio en la relación entre extorsionadores y extorsionados, que ha pasado de ser parasitaria a simbiótica. La pandilla adquiere los productos que luego son vendidos a un mayor precio en estos locales, como ventas de alimentos, ropa y cervecerías, normalmente ubicados en plazas centrales y puede llegar a exigir hasta el 70 por ciento de las ganancias.

4.Gota a gota

Un mecanismo de lavado de dinero de la MS13 que ha sido identificado en algunas zonas de Honduras ha sido el préstamo de dinero a altísimas tasas de interés (también conocido como “gota a gota”), presuntamente en asociación con grupos colombianos del crimen organizado. Los prestamistas ilegales suelen cobrar hasta un 30 por ciento de interés diario a los comerciantes en los mercados de varias ciudades hondureñas como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Algunos de estos grupos también han incursionado en el lavado de dinero a través de la venta de lotería ilegal y otros juegos de azar, con premios que en ocasiones incluso superan a los de las loterías oficiales. La tardanza o el no pago de la deuda pueden resultar en intimidaciones, agresiones e incluso la muerte.

5.Transferencias de dinero

Otra de las formas en que la pandilla lava dinero es ingresándolo al sistema financiero, ya sea a través de la realización de pequeños depósitos en cuentas bancarias, pidiendo a sus víctimas que realicen transferencias electrónicas o a través de otros intermediarios financieros como Western Union. Una investigación publicada por El Faro en 2013, mostró cómo la pandilla utilizaba un servicio de remesas conocido como Tigo Money para cobrar extorsiones, incluso entre diferentes países. Las únicas condiciones para acceder al servicio, que permitía la transferencia de hasta US$750 mensuales, era que tanto el emisor como el receptor tuvieran una SIM Tigo y un documento de identificación. La diversificación de las cuentas y entidades bancarias donde el dinero es transferido, por ejemplo haciendo uso de las cuentas de personas cercanas a los pandilleros, es una parte crucial de este mecanismo de lavado de dinero para no levantar las sospechas de las instituciones de inteligencia financiera.