Amenazas de diputado de Honduras contra ONG son grito de desesperación

Un diputado de Honduras ha señalado a una reconocida ONG hondureña por la decisión de congresistas estadounidenses de solicitar que se le abra una investigación por sus presuntos vínculos con narcotraficantes, una muestra de cómo las élites suelen recurrir a tácticas de distracción y descrédito cuando se ven en problemas legales. En una entrevista celebrada el 2 de agosto con el canal televisivo de noticias TN5, Óscar Nájera, veterano diputado del departamento de Colón, reaccionó a la petición del congreso de Estados Unidos con una crítica a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), grupo de la sociedad civil hondureña que ha trabajado con InSight Crime y actúa como capítulo local de Transparencia Internacional. Nájera, perteneciente al gobernante Partido Nacional, acusó a los líderes de la ASJ de incitar la decisión del congreso estadounidense. El diputado negó cualquier delito y se refirió al grupo como “verdaderos sinvergüenzas”.

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La andanada la motivó una carta con fecha del 2 de agosto, firmada por varios congresistas de Estados Unidos, quienes solicitaron al presidente Donald Trump estudiar sanciones a seis personas acusadas de participar en corrupción en Centroamérica, entre ellas Nájera. La carta citaba evidencia que indica que Nájera mantuvo una relación de corrupción con el grupo criminal los Cachiros, organización desmantelada casi por completo, cuyo bastión era Colón y que fue en algún tiempo un actor importante en el narcotráfico internacional. La ASJ respondió el 6 de agosto al ataque retórico de Nájera mediante un comunicado en el que condenaba sus comentarios. “Las acciones del diputado Nájera promueven el odio y la animosidad por parte de quienes, como él, están acusados de haber cometido actos por fuera de la ley o tienen procesos abiertos ante organismos judiciales en Honduras y en el exterior”, escribió la organización.

Análisis de InSight Crime

La respuesta de Nájera a la medida del congreso estadounidense se ajusta a un patrón generalizado de las élites acusadas de corrupción, que tratan de enredar las cosas poniendo en entredicho la reputación de otros. InSight Crime lo ha vivido en carne propia. Enrique Rais, empresario salvadoreño cuyo nombre apareció en esa reciente carta del congreso, demandó legalmente sin éxito a Héctor Silva Ávalos, investigador sénior de InSight Crime, por difamación luego de que Silva publicara algunos artículos sobre la presunta participación de Rais en actividades delictivas.

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Las élites también han adoptado ese tipo de contraofensiva en línea, usando “ejércitos de trolls” para propagar mensajes dirigidos a desacreditar el trabajo de quienes luchan contra la corrupción y sembrar dudas sobre la veracidad de las denuncias en su contra.

Congresistas de Estados Unidos piden sanciones para 6 funcionarios de Latinoamérica

Un grupo de miembros del Congreso de Estados Unidos, de dos partidos diferentes, le ha pedido al presidente Donald Trump que investigue y sancione a seis personas que han sido acusadas de corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico en Latinoamérica, lo que aumenta la presión sobre las élites de la región. El 2 de agosto, el congresista demócrata Eliot Engel y la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen —dos altos funcionarios del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso—, así como otros tres miembros del Congreso, anunciaron que habían firmado una carta en la que solicitaban que los departamentos de Estado y Tesoro de Estados Unidos determinaran si seis individuos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México cumplen con los criterios para ser sancionados según la Ley Global Magnitsky. La Ley Global Magnitsky permite que Estados Unidos sancione a funcionarios implicados en corrupción y violaciones a los derechos humanos. Esto incluye sanciones económicas, la suspensión de visas y restricciones al acceso al sistema financiero de Estados Unidos. Las personas señaladas en la carta son Enrique Rais y José Luis Merino de El Salvador, Gustavo Alejos y Luis Mendizábal de Guatemala, Óscar Nájera de Honduras y Remigio Ángel González, de México.

Análisis de InSight Crime

La carta es el más reciente golpe político del Congreso de Estados Unidos a las élites del Triángulo Norte de Centroamérica. Se presenta unos pocos días después de la aprobación de una ley que exige que el Departamento de Estado divulgue ante el Congreso la identidad de los funcionarios públicos de El Salvador, Guatemala y Honduras que están involucrados en corrupción y tráfico de drogas. Si bien señala a seis personas en particular, la carta envía un mensaje más general. De los funcionarios mencionados en la carta, el único que se encuentra actualmente en el cargo es Merino, quien se desempeña como viceministro de Asuntos Exteriores del Gobierno del presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén. La Fiscalía General del país está investigando a Merino por posibles vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización ya desmovilizada. También está acusado de favorecer esquemas de corrupción y lavado relacionados con el Gobierno de Venezuela. Estas investigaciones no han podido avanzar, dado que Merino, también conocido como “Comandante Ramiro”, tiene inmunidad por su cargo gubernamental. El otro salvadoreño, Enrique Rais, es un empresario acusado en El Salvador de formar parte de una red de corrupción que trabajó con el exfiscal general Luis Martínez, quien se encuentra actualmente en prisión por cargos de corrupción relacionados con sus actividades con Rais. Al referirse a Rais en su carta, los congresistas mencionan un documento judicial en el que las autoridades de Florida pidieron la incautación de un avión vinculado a Rais, donde se encontraron rastros de drogas, con la ayuda de perros antinarcóticos. Rais se encuentra fugitivo de El Salvador y ha vivido en Suiza desde 2017. La Interpol ha emitido una alerta roja para su captura.       VEA TAMBIÉN: InDepth: Cobertura sobre élites y crimen organizado En Guatemala, Gustavo Alejos fue uno de los principales operadores políticos durante las administraciones de los exmandatarios Álvaro Colom y Otto Pérez Molina. Su nombre aparece en varias investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en torno a redes de corrupción que ofrecían sobornos a cambio de obtener contratos gubernamentales. Específicamente, Alejos estuvo implicado en un esquema de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que “favoreció a ciertos proveedores farmacéuticos a cambio de sobornos”. Mendizábal también ha estado implicado en redes de corrupción en Guatemala. En particular, los congresistas estadounidenses afirman que él participó en la red de fraudes de “La Línea“, que presuntamente estuvo encabezada por el entonces presidente Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Al parecer, Mendizábal era dueño de una empresa que fue utilizada para coordinar los sobornos; además, supuestamente sobornó a un juez para que “sustituyera las medidas” impuestas a los acusados involucrados en el caso. El mexicano Remigio Ángel González estuvo implicado en otra red de corrupción en Guatemala, cuyo caso se conoció como “Cooptación del Estado“, que se utilizó para financiar ilegalmente la campaña presidencial de Pérez Molina y Baldetti. Según la carta, dos empresas de propiedad de González canalizaron unos US$2,3 millones para la campaña de los dos políticos entre 2008 y 2011. Por último, el congresista hondureño Nájera ha estado vinculado a actividades de narcotráfico y a la poderosa organización criminal Los Cachiros. En testimonio ante un tribunal de Estados Unidos en Nueva York, el exlíder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, implicó a Nájera —y a otros miembros de las élites—, señalándolo como colaborador del grupo criminal. Según la carta, Nájera supuestamente recibió pagos para que le proporcionara al grupo información sobre cuentas y propiedades que habían sido incautadas por las autoridades.

La extorsión causa desplazamiento de víctimas y perpetradores en Honduras

La extorsión y la violencia aparejada a ella es una de las principales causas que obliga a los hondureños a irse de sus casas e incluso del país en busca de seguridad. Víctimas y perpetradores por igual se ven forzados a huir si quieren dejarlo. La primera amenaza llegó por medio de un “amigo” que vivía en el barrio de José*, en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. “Mira, ese marero [miembro del Barrio 18] dice que si no cooperas vas a tener problemas. Ellos han visto que estás ganando buen dinero”, José, de 45 años, recuerda que su conocido lo decía refiriéndose al poco dinero que ganaba con la compra, reparación y venta de autos usados. José migró a la ciudad en 2012 desde el departamento de Santa Bárbara, al sur de San Pedro Sula, buscando huir de la pobreza y encontrar un empleo. “Yo era muy pobre, no tenía con qué vivir, entonces cuando vine aquí me esforcé mucho para comprar un carrito”, nos dijo. El negocio fue bien, y pronto descubrió que podía reparar y vender autos para ganarse la vida. Pero pronto el Barrio 18 —que controlaba la parte del barrio donde José vivía— vino a tocarle la puerta para pedirle una parte de sus ganancias, o lo que suele llamarse “el impuesto de guerra” en Honduras. La extorsión es actualmente una de las principales fuentes de ingreso para las pandillas de Barrio 18 y MS13 en los tres países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Las víctimas son desde trabajadores del transporte público, conductores de taxis y residentes hasta dueños de negocios grandes y pequeños e incluso trabajadores sexuales.

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José comenzó pagándole 2.000 lempiras (unos US$83) a la pandilla, pero en el transcurso de un año y medio pasó a 3.000 (US$125). Un miembro de la pandilla venía a cobrar el dinero cada mes, y la cantidad no dejaba de aumentar. “Llegó a subir a 12.000 (algo más de US$500) mensuales”, cuenta José. “‘Si no pagas mañana a las 9 a.m.’, me dijeron un día, ‘sabemos adónde van tus hijos a la escuela, sabemos dónde trabajas, por dónde caminas, dónde vives y lo que haces cada día… tenemos bien controlados los lugares por donde pasas cada día, así que si quieres vivir, mejor paga’”. José dice que salió del barrio con su familia antes del amanecer del día siguiente, y regresaron a su antigua casa en Santa Bárbara, dejando atrás su casa en San Pedro Sula. Él y su familia se llevaron lo que pudieron acomodar en el auto.

Obligados a huir

Más de 1.400 hondureños fueron desplazados internamente en 2017, huyendo de amenazas de muerte, violencia, extorsión y reclutamiento de pandillas, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH). Esto se compara con los 757 casos denunciados en 2016. Pero el verdadero número de hondureños desplazados directamente por la extorsión —que según dicen los defensores de derechos humanos sucede ahora casi en cualquier parte— sigue sin conocerse. La cifra de la CONADEH tampoco da cuenta de los hondureños que huyeron del país para migrar a otros países, como México y Estados Unidos, debido la extorsión y a la violencia relacionada que ejercen las maras.

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Pero las víctimas no son las únicas que se ven forzadas a huir —participantes de esos esquemas de extorsión que luego quieren salir también son obligados a irse de sus casas si quieren sobrevivir—. Karla*, una madre de veinte años de edad que vive en San Pedro Sula, trabajó durante años cobrando extorsiones y empacando droga para el Barrio 18 en el conocido barrio de Rivera Hernández. “Llegué a un punto de mi vida en que quería vivir la ‘vida loca’, como la llaman: la vida de la pandilla. Bueno, sí, es un riesgo, grande, pero al mismo tiempo parecía divertido”, nos dice. Ella relata cómo los montos y las víctimas —dueños de negocios, puestos de mercado, casas— se anotaban en cuadernos y que el “impuesto” se cobraba cada semana, cada quince días o una vez al mes. “Eran grandes sumas”, recuerda Karla. “Entre 5.000 y 7.000 lempiras [US$208 a US$290]”. Ella cobraba el dinero de la extorsión, muchas veces saliendo varias veces al día y siempre entregándolo al jefe de la clica, quien le pagaba un salario mensual de unas 12.000 lempiras (US$500) por su trabajo. Cada semana, dice, podía cobrar hasta 500.000 lempiras (poco menos de US$30.000). Ella comenzó a trabajar con la pandilla cuando tenía nueve años, y cobró dinero de extorsiones de manera intermitente durante el tiempo que estuvo con ellos. Pero ahora ya no está en esa vida, afirma.

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“Cometí un error un día y ellos querían hacerme daño, y también lastimar a mi familia, así que llevé a mi familia a otro lado y luego me fui yo”, dice. Se negó a asesinar a un rival de la pandilla —era prerrequisito para subir de jerarquía— y sus superiores no tomaron bien su insubordinación. Ella cuenta que ahora trabaja como mesera en otra parte de la ciudad, pero vive con temor de toparse con algún conocido. “No sé si cuando estoy trabajando a quién pueda encontrarme que me conozca y quiera… que viera que yo pertenecía a la pandilla y quiera secuestrarme o hacerme algo más”.

Extorsión y desplazamiento

Alexandre Formisano, quien trabaja para la Cruz Roja Internacional en Tegucigalpa, comenta que la extorsión está presente en casi todos los casos de desplazamiento, pero que no siempre es la raíz. No existen cifras que muestren la proporción de desplazamientos motivados por los esquemas de extorsión que las pandillas cobran, dice, pero experiencias como las de José y Karla son comunes. “La gente quiere hacerse invisible. Tratan de dejar de existir —de desaparecer—, porque saben que las pandillas son capaces encontrarlos en cualquier rincón del país. Y saben que si las pandillas no los encuentran a ellos, encontrarán a sus hijos y temen por las vidas de los niños… así que para muchas de esas personas es impensable ir ante las autoridades [a denunciar un problema con pandillas]”, comentó Formisano. “Mejor desaparecen y comienzan una nueva vida en otro lugar”. * Se cambiaron los nombres para proteger la seguridad de las personas.

Lista de corruptos centroamericanos será elaborada por el Secretario de Estado de EE. UU.

Las dos cámaras que forman el Congreso de Estados Unidos acordaron la aprobación el miércoles 26 de julio en Washington de una ley que obligará al Secretario de Estado a informar al Congreso la identidad de los funcionarios de los países del Triángulo Norte involucrados en corrupción y tráfico de drogas. El documento especifica que deben ser publicados en una lista “los nombres de altos funcionarios gubernamentales en Honduras, Guatemala y El Salvador sobre los que hay información que han cometido o facilitado actos de gran corrupción o tráfico de drogas”. Lo aprobado esta semana es la modificación a una enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional introducida por la congresista demócrata Norma Torres que había sido aprobada por la casa de representantes en mayo. En la primera versión, eran el Pentágono y la Dirección Nacional de Inteligencia las obligadas a informar al Congreso; con la modificación el asunto pasa ya al primer nivel ministerial y se convierte en tema de política exterior estadounidense. Son tres listas las que el Secretario de Estado, en coordinación con su homólogo en el Departamento de Defensa, debe presentar a los comités de apropiaciones (presupuesto), relaciones exteriores y defensa de ambas cámaras. Las listas serán parte de un reporte sobre “narcotráfico, corrupción y financiamiento electoral ilícito” en los tres países del Triángulo Norte centroamericano. Ambas secretarías, de Estado y de Defensa, deberán listar también a los individuos que hayan donado a las campañas políticas con fondos “procedentes del narcotráfico u otras actividades ilícitas” en los últimos dos años. También deben elaborar otra lista corresponde a los candidatos que hayan recibido ese tipo de fondos. Los comités del congreso deben recibir el reporte antes de cumplidos 180 días de la publicación de la reforma legal acordada esta semana por los negociadores de ambas cámaras. Un funcionario legislativo que ha conocido de primera mano las conversaciones en torno a esta ley consideró que esta podría estar vigente en septiembre de este año, lo cual implicaría que el primer reporte debería de estar en el Congreso antes del fin de 2018. “En los próximos días se espera que ambas cámaras pasen la ley y la envíen al escritorio del presidente. Una vez que el presidente la firme, el Secretario de Estado estará obligado por ley a producir el reporte”, dijo en Washington otra fuente legislativa consultada por InSight Crime.

Análisis de InSight Crime

No será una situación cómoda para muchos políticos del Triángulo Norte, incluidos presidentes, ministros, diputados y otros sobre los que por meses ha rondado la sombra de la corrupción, el financiamiento electoral ilícito o incluso el narcotráfico. Si Estados Unidos cumple con lo que dice el texto cuya aprobación acaba de ser acordada en el Congreso, en la primera lista que produzca el Secretario de Estado deberían aparecer, en teoría, nombres como el del presidente guatemalteco Jimmy Morales, a quien la Fiscalía de su país ha acusado de participar en un esquema de financiamiento electoral ilícito durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2015.

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En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández aceptó, durante su primer mandato (2014-2018), que su partido había recibido fondos provenientes de supuestos actos de corrupción en el seguro social de su país para financiar la campaña electoral. Y en El Salvador, los tres últimos expresidentes han sido investigados, juzgados o encarcelados por posibles actos de corrupción. Las investigaciones, en los casos de Antonio Saca y Mauricio Funes, los dos últimos se han extendido a decenas de colaboradores y exfuncionarios que enfrentan cargos criminales o civiles por corrupción, enriquecimiento ilícito o incluso lavado de dinero. Todos podrían estar en las listas. En los casos de Guatemala y Honduras, sin embargo, la posición política de Estados Unidos ha sido ambivalente. Washington ha mostrado fuerza contra políticos y empresarios que han financiado campañas proselitistas con fondos de origen dudosos, pero parece ser menos contundente en los casos de presidentes que, como Morales y Hernández, son considerados sus aliados en la región. En Guatemala, la embajada estadounidense ha retirado visas a unas dos docenas de personas, entre funcionarios y financistas privados de campañas, por sospechas de delitos o actos de corrupción. En Honduras, la representación diplomática en Tegucigalpa no ha tenido dudas en felicitar a las autoridades hondureñas por el llamado caso Pandora, en el que exfuncionarios y exdiputados están acusados de fraude, corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Una lista negra como la que hoy propone el Congreso podría tener consecuencias importantes en la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica, pero faltará ver cómo las prioridades políticas y de alianzas de la diplomacia estadounidense en la región afectan la confección de ese listado.

5 maneras de combatir la corrupción en Latinoamérica

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El problema de la corrupción ha venido consolidándose como prioridad en la agenda de legisladores y ciudadanos de toda Latinoamérica y El Caribe. A continuación, InSight Crime explora cinco propuestas que pueden fomentar la capacidad de los países para lograr avances duraderos en la lucha contra este problema.

1. Fortalecer la independencia judicial

Ganar independencia judicial es crucial para los gobiernos de la región que están trabajando para enfrentar la corrupción. El tema pasó a primer plano recientemente en Centroamérica, donde Guatemala, Honduras y El Salvador elegirán nuevos fiscales generales este año. En Guatemala, como lo mostró una reciente investigación de InSight Crime, el proceso de designación de la nueva fiscal estuvo cargado de manipulación política. Miembros corruptos de las élites maniobraron para postular candidatos que probablemente no adelantarían acciones judiciales contra quienes los pusieron en el poder. En casos como ese, dicen los expertos, debe reformarse el proceso de elección de altos funcionarios de la rama judicial con el fin de eliminar influencias indebidas de parte de intereses poderosos. Las élites corruptas por lo general tienen pocos incentivos para apoyar una mayor independencia judicial, pues liberar a los fiscales del control político podría echar abajo los esquemas de corrupción de los que se benefician. En situaciones como esas, una solución alternativa que podría ser efectiva es la creación de misiones independientes de apoyo judicial con respaldo de la comunidad internacional. Dos ejemplos notables incluyen la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con aval de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ambos organismos han hecho avances importantes, respaldando investigaciones y procesos contra figuras poderosas. Sin embargo, esto ha generado una violenta reacción de amplios sectores de las élites. Y, como lo ha señalado en repetidas ocasiones el comisionado jefe de la CICIG, Iván Velásquez, esas comisiones no sustituyen la implementación de reformas estructurales dirigidas a mejorar la imparcialidad y la eficiencia judiciales.

2. Énfasis en la cooperación multilateral

Muchos esquemas de corrupción en Latinoamérica y el Caribe se dan en el ámbito local. Pero algunos de los más grandes, como el escándalo que involucró al gigante brasileño de la construcción Odebrecht, tienen alcance internacional. En esos casos, es importante que los países compartan evidencia y coordinen sus iniciativas de investigación y acusación. Uno de los ejemplos de mayor trascendencia sobre la capacidad de este tipo de cooperación se conoció a comienzos de este año, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció ante la presión derivada de la evidencia de sus nexos con el escándalo de Odebrecht. El país suramericano está buscando también la captura de otro expresidente, Alejandro Toledo, por acusaciones similares.

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Aparte de la cooperación en casos específicos, las autoridades pueden beneficiarse del intercambio de mejores prácticas para combatir la corrupción. Muchos esquemas de corrupción en Latinoamérica y el Caribe comparten características similares y enfrentan obstáculos comunes. En lugar de trabajar desde cero, investigadores, fiscales, jueces y otros funcionarios pueden intercambiar recomendaciones sobre acciones efectivas. En este frente ha habido ciertos avances. En el mes de abril, la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) lanzó una “Red Global de Integridad Judicial” que busca “brindar una plataforma para que los jueces compartan buenas prácticas y lecciones aprendidas, y se brinden apoyo y unan fuerzas en el desarrollo de nuevas herramientas y directrices para reafirmar la integridad y evitar la corrupción en el sistema judicial”.

3. Introducir transparencia en la contratación pública

Los contratos públicos son un vehículo común para la corrupción en Latinoamérica y el Caribe, debido en parte a la falta de transparencia en torno a los procesos de licitación y desembolso de recursos públicos. Abrir estos aspectos del gobierno al escrutinio público puede ayudar a identificar y poner freno a las conductas ilícitas. El principio de apertura se incluyó en el marco anticorrupción adoptado en la Cumbre de las Américas de este año. El llamado Compromiso de Lima demanda “la creación de un Programa Interamericano de Datos Abiertos […] que refuerce las políticas de apertura de la información y mejore la capacidad de gobiernos y ciudadanos para prevenir y combatir la corrupción”. Pero, según Georg Neumann, de la Alianza de Contratación Abierta, por sí sola la mayor transparencia no es un arma infalible. “La apertura en la contratación no tiene que ver simplemente con publicar datos abiertos y dejarlos ahí, sino con una búsqueda real de formas de colaboración con ciudadanos y empresas para que sepan cómo usar esos datos”, declaró Neumann en un evento organizado por el Diálogo Interamericano el pasado mes de abril. Para complicar más las cosas, muchos miembros de las élites de la región están trabajando para asegurarse de que los detalles de la contratación pública sigan en la sombra. Por ejemplo, una reforma aprobada a comienzos de este año en Honduras básicamente despojaba a la MACCIH de su facultad de investigar el manejo de dineros públicos. Aun así, hay muchos miembros de la sociedad civil y líderes políticos que creen en la importancia de abrir los libros al escrutinio público. En el evento del Diálogo Interamericano, la ministra paraguaya de finanzas Lea Giménez expuso una forma clave de “mejorar el manejo de las finanzas públicas en el sentido fiscal de un país es analizar la transparencia”.

4. Sacar el dinero sucio de la política

La financiación de campañas ha estado en el centro de algunos de los escándalos de corrupción más explosivos que se han presentado en la región en los últimos años. Y en países como México, donde nunca se declara la mayoría de aportes a campañas políticas, es prácticamente seguro que aún están por conocerse esquemas de corrupción igual de alarmantes. En ocasiones, el dinero ilícito para las campañas procede de grupos criminales que pretenden granjearse el favor de los tomadores de decisiones. En otros casos, sirve como anticipo de intereses de las élites para embolsillarse dineros públicos. Pero en todo caso, la financiación ilícita de campañas afecta la democracia y el estado de derecho. Al igual que con otras propuestas que podrían ayudar a erradicar la corrupción, la implementación de un escrutinio más riguroso sobre los fondos de campaña no es algo con lo que estarían de acuerdo la mayoría de los políticos. En 2017 en Paraguay, los legisladores trataron incluso de tumbar las mínimas regulaciones existentes antes de que las protestas generalizadas los obligaran a descartar la propuesta.

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El vecino Brasil, por otro lado, ha dado unos primeros pasos para tratar de depurar su proceso electoral. En 2016, la Corte Suprema prohibió a las corporaciones financiar cualquier campaña, tras las revelaciones de que algunas de las empresas más grandes del país habían usado durante años los aportes políticos para sobornar de manera sistemática a funcionarios públicos en el país y en el exterior. Hay vacíos legales que podrían permitir a intereses corruptos eludir la prohibición, pues los candidatos aún pueden recibir dinero de personas naturales. Pero la medida es un paso en la dirección correcta y podría servir de pilar para mayores reformas en el futuro.

5. Reforma parlamentaria e inmunidad presidencial

Muchos países de Latinoamérica y El Caribe ofrecen amparos legales a funcionarios públicos acusados de delitos. Aunque el fin de esas leyes es evitar cacerías de brujas con fines políticos, en la práctica han permitido blindar en muchas ocasiones a figuras políticas de investigaciones y procesos judiciales legítimos. En Brasil, por ejemplo, el Congreso votó dos veces para librar al presidente Michel Temer de un proceso por acusaciones de liderar una red de políticos corruptos que aceptaron coimas a cambio de ayudar a desviar contratos públicos a un cartel de empresas. De igual manera, en Guatemala, diputados aliados del presidente Jimmy Morales bloquearon el avance de una investigación por denuncias que sostenían que su campaña de 2015 recibió medio millón de dólares de un narco. La inmunidad presidencial y parlamentaria no son leyes inflexibles. En 2015, por ejemplo, el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina fue despojado de su inmunidad, lo que lo forzó a renunciar antes de ser detenido y llevado a juicio por ser el presunto líder de un esquema de corrupción masivo, tipo mafia. Sin embargo, los otros casos mencionados anteriormente muestran cómo el privilegio puede impedir que la justicia siga su curso. Una votación del Congreso mexicano, en abril, para reformar las leyes de inmunidad política en el país demuestra que el progreso es posible, incluso en países donde la corrupción está profundamente arraigada. Pero en una muestra de qué tan lento será el avance, la nueva legislación establece que el presidente solo puede ir a juicio después de una votación del Congreso.

Por qué Los Cachiros preferían trabajar con políticos hondureños

Autoridades de Estados Unidos acusaron a un diputado y a varios miembros de un poderoso clan político en Honduras por narcotráfico y delitos con armas, una muestra más de cómo la organización criminal Los Cachiros integró a los políticos en su modus operandi. El 17 de julio, autoridades estadounidenses de Nueva York presentaron cargos penales contra el diputado hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios y, en un pliego de cargos criminales aparte, se presentaron también acusaciones contra los familiares Arnaldo, Carlos Fernando y Miguel Ángel Urbina Soto. Ellos cuatro enfrentan acusaciones de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y cargos por armas. Según las acusaciones, la renombrada organización criminal Los Cachiros presuntamente trabajó con Martínez Turcios y la familia Urbina Soto por lo menos desde 2004 hasta 2014, recibiendo cargamentos de cocaína que se enviaban a Honduras por vías aérea y marítima procedentes de Venezuela y Colombia. Posteriormente los cargamentos se transportaban hacia occidente —muchas veces bajo custodia de estos mismos funcionarios públicos— hasta la frontera entre Honduras y Guatemala antes de ser enviados a Estados Unidos, en coordinación con el cartel mexicano de Sinaloa.

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La familia Urbina Soto, agrega el pliego de cargos, “se aprovechó de su poder” en el departamento de Yoro al norte del país para trabajar con Los Cachiros en la recepción de “avionetas cargadas de cocaína” en “pistas de aterrizaje clandestinas” y en “vías públicas” de Yoro. Los tres parientes también coordinaban y en ocasiones allegaban detalles de seguridad en la supervisión del descargue y trasiego de cargamentos de drogas, anota la acusación. Por su parte, Martínez Turcios fue miembro activo de la organización criminal Los Cachiros, afirman los fiscales estadounidenses. El expediente afirma que él “escoltaba personalmente” cargamentos de cocaína por Honduras, “dirigía cuadrillas de seguridad fuertemente armadas” encargadas de la protección de los cargamentos y “participaba en el adiestramiento en manejo de armas” para sicarios reclutados de la Mara Salvatrucha (MS13), además de actuar en un momento como copropietario de una empresa fachada que Los Cachiros usaron para lavar sus ganancias criminales. Las nuevas acusaciones se conocen después del homicidio, el 16 de julio, de una persona a quien los medios locales describen como el sucesor de Los Cachiros, Hernán Natarén, junto con su esposa, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, al norte sobre el Caribe hondureño. Al día siguiente, las autoridades hondureñas detuvieron al hermano de Hernán, Saúl, en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, por cargos de narcotráfico. Las autoridades en Honduras habían arrestado a ambos hermanos en septiembre de 2016, por coordinar el aterrizaje de narcoavionetas, según La Tribuna. Martínez Turcios ha negado esas acusaciones. Es el segundo diputado hondureño al que las autoridades estadounidenses le formulan cargos este año por narcotráfico y delitos relacionados con armas. Estados Unidos solicitó la extradición desde Honduras de los cinco acusados en las imputaciones. Solo Arnaldo Urbina Soto está preso, luego de ser sentenciado a 36 años por lavado de dinero en 2017.

Análisis de InSight Crime

Las imputaciones penales presentadas contra otro diputado hondureño y contra un exalcalde y su familia ilustran lo que fue una parte definida del modus operandi de Los Cachiros: usar políticos —que gozan de inmunidad, tienen guardias armados y no son parados en retenes— para el trasiego de cargamentos de drogas. Este método también salió a relucir en el caso contra el hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, quien tenía vínculos con Los Cachiros y se declaró culpable de cargos de drogas en Estados Unidos en 2016. Sin embargo, los políticos ofrecen algo más que simplemente transporte seguro. También son canales a los recintos del poder, y ayudan a los criminales a recibir contratos del gobierno para sus empresas, eludir investigaciones judiciales, y mantener a raya a los organismos de control. Como lo detalló InSight Crime en una sección de una investigación de tres partes sobre alcaldes y crimen organizado en el Triángulo Norte de Centroamérica, los “tentáculos políticos de [la familia Urbina Soto] se extendían a los más altos niveles”, y “ejercieron un estrecho control sobre la policía local y los asuntos judiciales”, lo que les permitió consolidar su “dominio en el mundo político y del hampa” en el departamento de Yoro y sus alrededores.

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El clan Urbina Soto también controlaba las notarías locales, lo que les permitía legalizar la tierra que expoliaban a otros, además de la oficina que regulaba la industria maderera. Cuando InSight Crime visitó Yoro, sus habitantes afirmaron que ellos ejercían algún control indirecto también sobre la policía. En este contexto fue que la familia pactó un acuerdo con Los Cachiros. Investigadores del gobierno contaron a InSight Crime que el grupo criminal pagó a la familia Urbina Soto “para recibir avionetas cargadas de cocaína en su zona de influencia, guardar los narcóticos y transportarlos al siguiente punto de entrega”. Los Cachiros también supuestamente usaron sus lucrativas ganancias criminales para pagar a Martínez Turcios por sus servicios. Según el acta de acusación, el grupo criminal le pagó más de US$1 millón en coimas, dinero que aquél usó para financiar campañas políticas y enriquecerse, entre otros. Las autoridades aseguran que su posición política le permitía dar una “apariencia de legitimidad” a Los Cachiros, quienes eventualmente hicieron contacto con el entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo (ver fotografía siguiente).

Fabio Lobo (izquierda), Porfirio Lobo (cuarto de izq. a der.), Javier Rivera Maradiaga (quinto de izq. a der.), Juan Gómez (sexto de izq. a der.). (Fuente: Tribunales estadounidenses)

Las cabezas de Los Cachiros Javier Eriberto Rivera Maradiaga, alias “Javier Cachiro”, y su hermano Devis Leonel Rivera Maradiaga se entregaron a las autoridades estadounidenses en 2015. Desde entonces, el testimonio de Rivera Maradiaga ha implicado a varios miembros de la élite hondureña, incluido el actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y su hermano. La declaración de Los Cachiros sin duda está detrás de estas nuevas acusaciones. Porfirio Lobo y su hermano, Ramón, también han quedado bajo la lupa por sus contactos con los hermanos, al igual que Diana Urbina Soto —hermana de Arnaldo, Carlos y Mario—,  actual alcaldesa de Yoro.

¿Honduras va perdiendo la lucha contra el narcotráfico aéreo?

En Honduras, las autoridades decomisaron recientemente cinco avionetas que se cree han sido usadas para el trasiego de narcóticos por una región distante del país, donde este año se han destruido docenas de pistas de aterrizaje clandestinas. Pero la vieja estrategia de decomisos y demoliciones se ha anotado pocas victorias en la identificación de sospechosos, rutas y proveedores, lo que permite que los llamados “narcovuelos” continúen. El 10 de julio funcionarios públicos hondureños anunciaron el hallazgo de tres aviones ligeros incinerados y enterrados en la remota región de Mosquitia, que se extiende a lo largo del litoral Caribe al este del país. Las autoridades también decomisaron más de 30 contenedores de combustible para aviones en un campamento improvisado, y ubicaron una pista clandestina de aterrizaje. La búsqueda en la vasta zona selvática se inició a raíz del descubrimiento, el 8 de julio, de dos aviones en funcionamiento y de otro sitio de aterrizaje ilegal cerca de allí. Las autoridades afirman tener sospechas de que la aeronave y las pistas de aterrizaje han sido usadas por grupos criminales locales para traficar cocaína procedente de Suramérica por el territorio hondureño con destino a Estados Unidos.

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José Domingo Meza, vocero de las fuerzas armadas de Honduras, declaró a Proceso que las autoridades aún no han establecido la fuente exacta del combustible para aviones, que puede haber sido adquirido en el mercado negro o de proveedores legales. José Coello, otro vocero de las fuerzas de seguridad, comentó al medio informativo que es fácil que los grupos criminales obtengan el combustible, pues su venta no está regulada. No se arrestaron sospechosos durante el operativo, lo que según Coello es común en zonas rurales, porque el ruido de los aviones de las fuerzas de seguridad que vigilan desde el aire alerta a los implicados, quienes se ocultan en la selva espesa que rodea esos puntos secretos de aterrizaje. En lo corrido de 2018, las autoridades hondureñas afirman haberse incautado de un total de diez avionetas, la mayoría de ellas destruidas, y han demolido 34 pistas aéreas clandestinas, incluyendo las dos halladas este mes. Desde 2014, las autoridades afirman haber destruido más de 160 pistas de aterrizaje.

Análisis de InSight Crime

Se espera que los narcovuelos representen una proporción relativamente pequeña del tráfico en Honduras.* Y en años recientes, los agentes de seguridad hondureños han afirmado que están cerca de eliminar el narcotráfico aéreo en el país gracias en buena parte al uso de sistemas de radar, sobrevuelos de vigilancia y demolición de pistas de aterrizaje. Pero el continuo descubrimiento de aeronaves y puntos de aterrizaje sospechosos de servir para narcovuelos contradice esas afirmaciones. Después de 2014, cuando Honduras adquirió sistemas de radar y aprobó una ley que autorizaba el derribo de aviones sospechosos de transportar narcóticos —una política que llevó a Estados Unidos a interrumpir temporalmente la puesta en común de inteligencia sobre narcovuelos— muchos actores criminales simplemente han adoptado nuevos métodos. Por ejemplo, el vuelo de aviones por debajo de cierta altura es difícilmente detectado por los sistemas de radar, y hay denuncias de que algunos agentes de seguridad hondureños habrían aceptado sobornos para ignorar los vuelos y dejar pasar los cargamentos. Incluso, aunque Honduras ha aumentado la destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas, es improbable que la práctica tenga algún impacto significativo en los traficantes, quienes pueden reconstruirlas o erigir nuevos puntos fácil y rápidamente. * Este artículo se actualizó para aclarar que el narcotráfico aéreo es menos común que otras formas de tráfico, y que la suspensión de la puesta en común de inteligencia de Estados Unidos fue temporal.

Reelección del fiscal general de Honduras, ¿una victoria pírrica para el status quo?

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En una movida del gobierno de Honduras para ratificar al actual fiscal general, el Congreso rechazó la propuesta hecha por la comisión multidisciplinaria para remplazar la cúpula del Ministerio Público y esto podría significar un triunfo temporal en los intentos de la élite corrupta por mantenerse impune. La reelección de Óscar Chinchilla como fiscal general y la designación de Daniel Sibrián como fiscal adjunto viene luego de que la propuesta presentada por una comisión especial, que evaluó los perfiles de una nómina final de cinco candidatos, no consiguiera el respaldo de los 86 votos que necesitaba en el Congreso. El proceso de selección de fiscal general de Honduras comenzó en marzo con la conformación de una Junta Proponente, cuestionada por excluir sectores de la sociedad civil, por la falta de transparencia con que llevó el proceso y por el incumplimiento de estándares internacionales. Según dijeron fuentes en Honduras a InSight Crime, el ritmo del proceso estuvo marcado por la injerencia de miembros del Poder Ejecutivo y el Congreso, muchos de ellos bajo averiguación por casos de corrupción investigados por el Ministerio Público (MP) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). A pesar de que el plazo máximo para la elección del fiscal general en Honduras estaba estipulado para septiembre, el Congreso Nacional tomó la decisión de citar a sesión en vacaciones. Según denunció la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America – WOLA) la rapidez con la que fue desarrollado el proceso no permitió “un necesario escrutinio público suficiente respecto de los criterios que les llevaron a decantarse por los nombres anunciados”.

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Durante el proceso se presentaron claros conflictos de interés. Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), señalaron en un comunicado que la participación de personas investigadas en “la elección de quienes van a dirigir esta institución (el MP) en el próximo quinquenio, restará credibilidad y legitimidad a una decisión que marcará la continuidad o no de la lucha en contra de las bandas del crimen organizado y redes de corrupción en Honduras”. La nómina final reflejaba parte de este caos. La comisión que evaluó los perfiles de los cinco finalistas también fue señalada por el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, por estar integrada por diputados que han sido cuestionados públicamente y están siendo procesados por corrupción. En lo que podría ser interpretado como un intento del Congreso de dar una apariencia de legitimidad y transparencia al proceso, algunos diputados investigados no participaron en la votación. Poco después de que la lista fue publicada, la directora de la Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) Gabriela Castellanos informó que tres de los cinco candidatos suman hasta 14 denuncias pendientes en el MP, aunque no mencionó sus nombres.

Análisis de InSight Crime

Si bien es cierto que Chinchilla representa al status quo, su reelección no necesariamente significa una victoria para las fuerzas de la corrupción. Durante su mandato anterior, el fiscal reelecto tuvo resultados positivos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país, en una gestión que estuvo marcada por una serie de obstáculos, interpuestos en gran medida por las mismas élites que investigaba. Durante su período, y con el apoyo de la MACCIH, el MP fortaleció sus capacidades investigativas, en parte a través de la creación de nuevas unidades como la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), que llevaron casos de alto impacto contra algunos miembros de las redes de corrupción y capturaron poderosos miembros de organizaciones criminales. La tensa relación de la dupla con la cúpula política llegó a su punto más álgido hace algunos meses, luego de que estallaran algunos casos que amenazaban con cambiar las dinámicas del poder en el país; como la Red de Diputados, en el que inicialmente fueron acusados cinco diputados y actualmente se están investigando a casi 800 más, y la captura de la ex primera dama Rosa Bonilla de Lobo, acusada de malversación de fondos, lavado de activos y asociación para delinquir. Aunque se trata de algunos éxitos de Chinchilla desde el MP en la lucha contra el crimen organizado, muchos de los casos que llevó no resultaron en condenas para miembros de los grupos vinculados al poder. Además Chinchilla deberá continuar con otros casos de alto nivel, relacionados con los abusos de las fuerzas estatales durante las manifestaciones por la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, el homicidio de la activista ambiental Berta Cáceres y otras investigaciones que comprometen a miembros de la élite del país. En medio de ese ajedrez, la MACCIH estuvo a punto de ser declarada inconstitucional. Las perspectivas no eran positivas para el futuro de la misión. El vocero de la MACCIH Juan  Jiménez Mayor renunció a su cargo y parecía casi seguro que las mafias de corrupción vinculadas al poder se iban a asegurar de elegir a un fiscal cercano a sus intereses. Ese limbo duró unos meses. La misión finalmente fue declarada constitucional y el gobierno aprobó al nuevo vocero brasileño. A mediados de junio el MP y la MACCIH presentaron a la Corte Suprema del país el Caso Pandora, que vincula a 38 miembros del gobierno y a otras personas acusadas de malversación de aproximadamente US$12 millones de dinero público.

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Chinchilla ahora deberá trabajar de la mano del exfiscal y exprocurador brasilero Luiz Antonio Marrey Guimarães, el nuevo vocero de la MACCIH, quien entrará en funciones esta semana y encontrará una MACCIH con mayores capacidades, más experiencia en los vaivenes de la política hondureña y al menos nueve casos de alto impacto en curso. En estos casos Chinchilla deberá mostrarse capaz de tomar medidas independientes y  técnicas en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, que estén guiadas por decisiones de tipo jurídico y no político, a pesar del costo que esto pueda tener para las quienes lo reeligieron en su cargo. A pesar de que miembros de los grupos de corrupción del país crean haberse anotado una victoria con la relección de Chinchilla, las investigaciones más recientes, que se han desarrollado con la ayuda de MACCIH, han comenzando a revelar las redes de corrupción y crimen organizado enquistadas en el gobierno y muchos de los casos que todavía están en curso tienen el potencial de seguir avanzando y cambiar el status quo en el país.

Escándalo de corrupción de diputados en Honduras siembra dudas sobre selección de fiscal general

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El anuncio de una investigación por corrupción contra casi 800 diputados en Honduras ha generado nuevas preguntas sobre la legitimidad del proceso de selección del fiscal general, a manos de una comisión del Congreso. El fiscal general, como cabeza del Ministerio Público, tendrá a su cargo la investigación de esta y otras acusaciones de corrupción de alto nivel. El presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras Ricardo Rodríguez informó el 22 de Junio que la Unidad Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público está investigado a los casi 800 diputados que han pasado por el Congreso en los últimos tres ciclos legislativos por irregularidades en el manejo del Fondo de Desarrollo Departamental, según reportó El País. La cifra incluye a los 128 diputados actuales, a sus suplentes, y a quienes fueron miembros del Congreso en los dos períodos legislativos anteriores, durante las presidencias de Manuel Zelaya (2006-2009) y Porfirio Lobo (2010-2014). Esto implica que en la lista de funcionarios investigados también se encuentran el presidente Juan Orlando Hernández, el actual procurador general Abraham Alvarenga Urbina, y uno de los cinco finalistas a fiscal general, quien fue suplente del actual mandatario en el Congreso. El puesto deberá ser designado antes de septiembre por una comisión multipartidaria conformada por algunos de los diputados que están siendo investigados. El diputado del Partido Nacional Mario Pérez, por ejemplo, en 2015 fue señalado en un informe de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DNLCN) por sus vínculos con el narcotráfico. El diputado nacionalista David Chávez ha sido señalado de corrupción durante su paso por la dirección del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). La investigación al Congreso se remonta a finales de 2017, cuando el entonces portavoz de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, denunció junto con el actual fiscal general Óscar Chinchilla la existencia de una “red de diputados” que se apropiaron ilegalmente de dinero público destinado a programas sociales a través de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH). Las investigaciones revelaron que la ANPICHB recibió más de 8,3 millones de lempiras del gobierno (cerca de US$ 350.000), incluyendo fondos del Congreso y de la Secretaría de Finanzas. La MACCIH y el MP presentaron un requerimiento para que se diera inicio al proceso penal por los delitos de malversación de caudales públicos contra los diputados miembros de esa red, incluyendo al vicepresidente del Congreso, Augusto Cruz Asencio. En respuesta, el Congreso aprobó una dudosa reforma a la Ley Orgánica de Presupuesto, que le quitó la facultad de investigación penal al Ministerio Público sobre la ejecución de recursos públicos y frenó la investigación contra los diputados. La MACCIH y otros observadores internacionales denunciaron esta maniobra como un “Pacto de Impunidad” que busca frenar investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios que han manejado recursos públicos. La investigación por la presunta red de corrupción en el Congreso se suma al llamado Caso Pandora, una indagación en manos de la MACCIH y UFECI que vincula a 38 representantes del gobierno y a otras personas con la malversación de más de 282 millones de lempiras (cerca de US$12 millones) de fondos del gobierno. Según la MACCIH y el MP, una importante cantidad de ese dinero proviene del saqueo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y sirvió para financiar la candidatura presidencial de Hernández en 2013 y las campañas de otros partidos.

Análisis de InSight Crime

A la posibilidad de que la comisión designada por el Congreso elija a un fiscal que apoye su agenda de impunidad se suma una serie de señalamientos contra el proceso de selección y la compleja relación que el Poder Legislativo ha mostrado tener con la MACCIH desde su llegada al país en abril de 2016. Como lo demuestra el llamado Pacto de Impunidad y otra serie de bloqueos, retrasos y modificaciones, el Congreso ha sido una piedra en el zapato para el trabajo de la MACCIH y el MP. Además, el gobierno ha limitado el presupuesto del MP, lo cual podría ser visto como un intento de las autoridades para menguar sus capacidades.

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Más recientemente, en medio de la riña de poderes entre MP-MACCIH y el gobierno, la UFECIC fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo presidente Rolando Argueta también encabeza la Junta Proponente de fiscal. El proceso ha estado marcado por una falta de transparencia en torno a la junta proponente y sus decisiones, lo cual fue puesto de relieve recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hizo un llamado al gobierno para que la selección no se realice “con base a intereses particulares y/o partidarios que impedirían que la persona escogida sea la más idónea y capaz”.