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Funcionarios mexicanos extorsionan a solicitantes de asilo en camino a EE. UU.

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Los recientes informes acerca de que los funcionarios de inmigración mexicanos extorsionan a los solicitantes de asilo en la frontera con Estados Unidos se suman a las decenas de historias de abusos por parte de grupos criminales y demuestran que estas personas, en situación de vulnerabilidad, están atravesando uno de los trayectos más peligrosos del mundo. Según una serie de testimonios publicados por Vice, funcionarios de inmigración mexicanos exigen hasta US$3.500 para permitirles a los migrantes permanecer en la frontera y esperar la oportunidad de obtener asilo en Estados Unidos. Miles de solicitantes de asilo de países como Venezuela y Cuba que buscan ingresar a Estados Unidos se han visto obligados a esperar en el lado mexicano de la frontera después de que la administración del presidente Donald Trump limitara la cantidad de personas cuyas solicitudes pueden ser procesadas cada día. Los grupos de derechos humanos han denunciado que este proceso, llamado “medición”, expone a los migrantes a la extorsión e incluso al secuestro por parte de grupos criminales. En febrero, Telemundo publicó otra serie de testimonios de solicitantes de asilo retenidos en un centro de inmigración en la ciudad fronteriza de Reynosa, quienes decían que la policía les exigía US$3.500 para liberarlos.       VEA TAMBIÉN: Las maneras en las que el crimen organizado explota a migrantes en México Los funcionarios de migración mexicanos también han sido acusados de detener los autobuses que ingresan a Reynosa y de exigir que los migrantes les entreguen el código que les hayan dado los llamados “coyotes” (traficantes de personas) u otros funcionarios locales, o de lo contrario no les permiten continuar su viaje. Irineo Mújica, director de Pueblo sin Fronteras, organización que ayuda a los migrantes que atraviesan por México, señaló que a las personas que no poseen dicho código les pueden cobrar entre 500 y 2.000 pesos mexicanos (de US$25 a US$105). Las acusaciones de Mújica se presentaron poco después de que varios hombres armados interceptaran un autobús en San Fernando, ciudad en el estado fronterizo de Tamaulipas que se conecta con Reynosa, y secuestraran a 22 migrantes. El día después de que se publicó el informe de Vice, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su administración estaba investigando la corrupción de los agentes de aduanas y de inmigración. “El gobierno está lleno de prácticas corruptas; ha sido así durante mucho tiempo. Pero lo estamos limpiando, acabaremos con la corrupción”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa.

Análisis de InSight Crime

La extorsión de migrantes por parte de funcionarios de inmigración mexicanos y grupos criminales ha sido común desde hace algún tiempo, pero esta práctica puede estar aumentando a medida que las políticas estadounidenses obligan a los migrantes a permanecer más tiempo en el lado mexicano de la frontera. Durante mucho tiempo, el Instituto Nacional de Migración (INM) y diversas fuerzas policiales locales y federales de México han estado vinculadas al secuestro y la extorsión de los migrantes. La promesa de eliminar la corrupción del sistema, hecha por López Obrador en la mencionada conferencia de prensa, se presenta luego de algunas medidas tomadas por el INM en 2016, cuando el instituto despidió a 2.500 agentes.       VEA TAMBIÉN: Las políticas fronterizas de Trump fortalecen el crimen organizado Sin embargo, la corrupción al interior de los organismos públicos de México es endémica, y asegurar que los migrantes que atraviesan México puedan estar a salvo será un reto titánico. Se sabe que hay organizaciones criminales grandes y pequeñas que controlan el viaje migratorio a lo largo de México, lo que lo convierte en uno de los trayectos más peligrosos del mundo. Las pandillas se aprovechan de los migrantes mediante delitos menores, como robos, extorsiones y asaltos. Los grupos criminales más organizados, como el Cartel del Golfo y Los Zetas, les cobran impuestos a los migrantes para permitirles pasar, y además dirigen sus propias redes de secuestro de migrantes o de contrabando. La presión de la administración Trump para que México detenga y deporte a los migrantes y solicitantes de asilo complica aún más las cosas. Cuando las fronteras se cierran, las organizaciones criminales se favorecen dado que aumenta el número de potenciales víctimas. Y dado que no es probable que los flujos de inmigración disminuyan, las personas más vulnerables de la región continuarán atravesando una situación desesperada.

Líder sindical eterno en México puede tener los días contados

Carlos Romero Deschamps, el veterano dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros Mexicanos, enfrenta una avalancha de denuncias por corrupción, que podrían acarrear el fin de uno de los operadores políticos más poderosos del país. Los trabajadores petroleros dicen que no se ha visto a Romero Deschamps desde que se presentaron cargos en su contra ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), informó Sin Embargo. El mes pasado, los trabajadores lo acusaron de participar en el robo de combustible, o huachicoleo, una economía criminal en México que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido acabar. Estas denuncias son las más recientes contra el dirigente sindical, que anteriormente fue acusado del desvío hasta de US$150 millones en fondos sindicales para financiar campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Logró eludir el arresto, sin embargo, luego de que un tribunal le concediera un amparo que impedía su detención por cualquier motivo. En las más de dos décadas que lleva al frente del sindicato, Romero Deschamps y su familia han acumulado grandes riquezas y han ostentado una vida de lujos. Se dice que posee lujosas propiedades en Miami y Acapulco, un yate avaluado en US$3 millones, y una colección de relojes que pueden costar más de US$200.000. Su hijo ha sido visto conduciendo un Ferrari deportivo de color dorado en Mónaco, y su hija acostumbra ostentar su riqueza en las redes sociales. Pero las cosas han ido cambiando gradualmente para Romero Deschamps tras la elección de López Obrador, quien básicamente se quitó la responsabilidad del jefe sindicalista. Ahora que la petrolera nacional de México, Pemex, se prepara para celebrar su 81 aniversario esta semana, los trabajadores denunciaron que han visto camiones sacando muebles y material de archivo de las oficinas del sindicato. Se extienden las especulaciones de que Romero Deschamps está limpiando la casa, eliminando cualquier prueba que lo incrimine.

Análisis de InSight Crime

El legado de corrupción de Romero Deschamps es particularmente notorio, incluso en México, donde la malversación y las coimas están a la orden del día en las instituciones del estado. Comparable con el jefe Tweed de la década de 1860 en Nueva York, Romero Deschamps se ha mantenido intocable mediante una red de conexiones políticas, financiamiento electoral y otorgamiento de favores hábilmente construida. El dirigente fue elegido en 1993 como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Tomar el control de los sindicatos del país fue crucial para el PRI, que gobernó México de manera hegemónica desde 1929 hasta 2000 y nuevamente de 2012 a 2018. Los dirigentes sindicales mantuvieron la agitación de los trabajadores a su mínimo, aun en momentos de protestas generalizadas. Durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, Romero Deschamps fue un enérgico defensor de la reforma energética, que privatizó la industria de gas y petróleo en México y dio entrada a la inversión extranjera. Esa reforma escandalizó a los trabajadores de Pemex. También estuvo presuntamente detrás del “Pemexgate”, la desaparición de 500 millones de pesos mexicanos (cerca de US$26 millones) en dineros del sindicato en el 2000, que terminaron en las arcas de la campaña del fallido candidato presidencial por el PRI, Francisco Labastida Ochoa. Su lealtad política con el PRI ha sido bien recompensada. Romero Deschamps tuvo tres periodos como senador y tres como diputado federal sin siquiera haberse presentado a elecciones. Fue reelegido por cuarta vez consecutiva por la asamblea general como dirigente del sindicato en diciembre de 2017, lo que lo tendría en el poder hasta 2024. Aunque en el pasado ha tenido que vérselas con la rebelión dentro del sindicato, parece que el tiempo de Romero Deschamps en el poder puede estar llegando a su fin. Los mismos miembros de su sindicato son parte demandante en algunas de las denuncias en su contra. Por lo general, el dirigente sindical también tiene un puesto en primera fila en los eventos y celebraciones de Pemex, pero se dijo que López Obrador no lo incluiría en las celebraciones de esta semana por el aniversario de la compañía. En medio de esta avalancha de acusaciones, él podría optar por hacerse a un lado. Aunque el Jefe Tweed terminó muriendo de neumonía en prisión, Romero Deschamps podría evitar esa suerte, pues el gobierno mexicano ha afirmado que no hará una “cacería de brujas” en Pemex, por lo que no hay que apostar que el dirigente sindical vaya a juicio.

Nueva Guardia Nacional de México: ¿un uniforme más?

La nueva Guardia Nacional de México está un paso más cerca de tomar las armas, pero la lógica detrás de la creación del organismo y su capacidad para mejorar la seguridad del país siguen siendo inciertas. El 13 de marzo, el congreso de Yucatán aprobó una reforma constitucional mediante la cual se creó la Guardia Nacional, una de las políticas de seguridad emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esa votación, se completa la aprobación de la nueva fuerza policial en cada uno de los 32 estados del país, por lo que su creación está casi garantizada. Esas votaciones siguen a la aprobación, el pasado febrero, en ambas cámaras del Congreso, de la ley que estableció el fundamento legal para la Guardia Nacional y sus 60.000 miembros. La administración de López Obrador ha destinado US$767 millones para financiar el primer año de operaciones de la Guardia Nacional, y avanzar con los planes de construcción de 87 bases para el nuevo ejército.

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La idea básica detrás de la creación de la Guardia Nacional es crear una alternativa al ejército en la lucha contra el crimen organizado en México. La función de esta fuerza también se centra en la seguridad ciudadana. Pero el nuevo cuerpo no supone una ruptura total con la estrategia militarizada de los últimos doce años. En sus orígenes, la Guardia Nacional estará conformada por veteranos del ejército y la policía federal, y aunque opera bajo las órdenes del ministerio de seguridad y protección ciudadana, puede estar bajo el mando de un oficial del ejército. La Guardia Nacional también está coordinando de cerca con el ejército, mientras construye su capacidad. Su personal ocupará inicialmente las barracas del ejército, mientras el gobierno construye infraestructura separada. El ejército también está ayudando en las tareas de reclutamiento de la Guardia Nacional, y el éjército ha justificado la acumulación de armamento militar aduciendo que se necesitará para apoyar la nueva Guardia Nacional.

Análisis de InSight Crime

La creación de la Guardia Nacional ha provocado dos críticas en México. La primera es que la Guardia Nacional es una traición a las promesas hechas por López Obrador de desescalar la guerra antinarcóticos. Un hombre que hizo campaña con el lema de “abrazos en vez de balas” y que ridiculizó la idea de “combatir fuego con fuego” ahora vuelve permanente la participación de un órgano cuasimilitar en la seguridad interior. Los críticos también advierten que dotar la nueva fuerza con soldados retirados implica que no será inmune a los abusos que caracterizan los despliegues militares, como los vistos en un escándalo como la masacre de Tlatlaya.

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Otras políticas de seguridad de López Obrador también se alejan de una verdadera reforma de seguridad. Por ejemplo, el Congreso de México votó recientemente para aumentar el número de delitos por los que puede retenerse a una persona en detención preventiva. Esta controvertida práctica ya es responsable de casi la mitad de la población carcelaria del país, y la nueva ley promete aumentar aún más el número de mexicanos tras las rejas. Entre tanto, el presupuesto inicial de López Obrador reduce en 26 por ciento el gasto en el sistema penitenciario, a pesar de la opinión generalizada de que el deplorable estado de las prisiones en el país incita a la delincuencia. La segunda gran crítica es que no hay ninguna diferencia suficiente en la Guardia Nacional que justifique el esfuerzo y el gasto que implica la creación del nuevo cuerpo. Las pasadas administraciones presidenciales, con promesas de revolucionar la lucha contra el crimen organizado, implementaron reformas institucionales radicales en los organismos de policía federal. Vicente Fox creó la Agencia Federal de Investigaciones, que debía ser el FBI de México. Enrique Peña Nieto creó la mal llamada gendarmería. Ninguno de esos organismos tuvo un impacto apreciable en la seguridad. En honor a la verdad, hay que decir que esto se debe en gran medida a que las nuevas fuerzas por lo general son reestructuradas o eliminadas de raíz cada que una nueva administración se posesiona. Las palabras del mismo López Obrador no ayudan mucho a esclarecer el rol del nuevo ejército. Recientemente comparó a la Guardia Nacional con el ejército de paz de la ONU, más conocidos como los cascos azules. De igual modo, en una entrevista concedida en noviembre, poco después del anuncio de creación de la nueva fuerza, declaró que la Guardia Nacional estaba concebida para “garantizar la paz”, Aunque no explicó cómo lo haría. En diciembre, cuando las críticas arreciaban, pronunció frases similares: “Estamos planteando… la Guardia Nacional porque queremos garantizar la paz y la tranquilidad, que no haya violencia”. En ningún punto ha dejado ver cómo exactamente esa nueva fuerza contribuirá a un México más seguro y pacífico. Mientras tanto, el país se encuentra al borde de una nueva y costosa reforma institucional, y el gobierno pide a los votantes que pongan su fe en otro uniforme.

El fin de los grandes carteles, no habrá otro ‘Chapo’

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A mediados de febrero, un jurado federal de Nueva York condenó a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, excapo del poderoso Cartel de Sinaloa, de México, por diez cargos relacionados con tráfico de drogas. El Chapo quedó estupefacto, mientras su esposa se enjuagaba las lágrimas y las autoridades estadounidenses celebraban. Para algunos, el veredicto es concluyente: “el reinado de criminalidad y violencia de Joaquín Guzmán Loera ha llegado a su fin”, expresó el director del FBI, Christopher Wray. Para otros, es una reivindicación: “Se equivocan los que piensan que la guerra contra las drogas no merece la pena”, dijo Richard P. Donoghue, fiscal del distrito Este de Nueva York.

*Este artículo fue publicado con el permiso de Foreign Affairs. Vea el original aquí.

Algunos hablaron de heroísmo: “El veredicto de hoy”, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, “envía un mensaje inequívoco a los criminales transnacionales: no pueden ocultarse, no están fuera de nuestro alcance, y los vamos a encontrar y a traerlos ante la justicia”. Otros más expresaron una sensación de alivio: “Para el jurado estaba claro que la enorme y multimillonaria empresa criminal de Guzmán Loera fue responsable de que las calles de Estados Unidos se inundaran con cientos de toneladas de cocaína y de otras drogas peligrosas como la heroína y la metanfetamina”, señaló el fiscal general interino Matthew Whitaker. Todos estos funcionarios expresan diversas versiones de la popular narrativa sobre la guerra contra las drogas. Un capo todopoderoso construye un imperio criminal, dejando muerte y destrucción a su paso. Las autoridades lo persiguen, lo arrestan, lo encarcelan —y, en el caso de El Chapo, lo recapturan y encarcelan de nuevo después de que se escapó—, para finalmente condenarlo. El público se solaza con esta historia y la ve una y otra vez, primero en los noticieros de CNN y luego en las series de Netflix. Es una versión sencilla y comprensible que nos permite dormir tranquilos. También es falsa.

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La obsesión con El Chapo y sus hazañas, así como con sus socios y su cartel, refleja una visión anticuada del narcotráfico. La idea de que este negocio está dominado por organizaciones con una estructura vertical, cada una de las cuales es liderada por una sola mente maestra como El Chapo, es un mito —peligroso, por cierto— que puede afectar los esfuerzos internacionales para reducir el narcotráfico y combatir la violencia de grupos criminales como el Cartel de Sinaloa.

El nuevo comercio de drogas

Tomemos el caso del fentanilo. El mismo día en que El Chapo fue condenado, probablemente entre 60 y 100 personas murieron en diversas partes de Estados Unidos por sobredosis de fentanilo, un potente opioide sintético hecho en China, que suele ser traficado en México por las múltiples organizaciones criminales que existen en el país. En 2018, el fentanilo fue la causa de aproximadamente 30.000 sobredosis en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Hacia 2013, el fentanilo representaba apenas una pizca del mercado de las drogas de Estados Unidos, pero hoy en día está remplazando a la heroína. Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos me dijeron recientemente que los responsables de la oleada de fentanilo son dos grandes grupos criminales, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, un análisis más profundo permite identificar una amplia variedad de grupos estadounidenses, chinos, dominicanos, indios y mexicanos que abastecen el mercado de Estados Unidos, algunos de los cuales realizan sus negocios casi en su totalidad en internet dentro del territorio de Estados Unidos. El Chapo y su famoso Cartel de Sinaloa no son los responsables de esta transformación. Y InSight Crime lo demostró en un reciente informe sobre el papel de México en el comercio de fentanilo, publicado con ayuda del Instituto de México del Wilson Center, eliminar a los carteles y a sus cabecillas no logrará retrasar esta transformación.

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El aumento de las drogas sintéticas, de hecho, está cambiando la estructura del mercado ilegal de estupefacientes. Los carteles mexicanos fueron conformados para traficar drogas como la cocaína y la heroína, cuya producción requiere una mano de obra intensiva, son más rentables si se manipulan a gran escala y tienden a promover el surgimiento de organizaciones criminales grandes y centralizadas que pueden coordinar extensas redes transnacionales de producción y distribución. Las drogas sintéticas, por el contrario, no requieren grandes inversiones para producirlas a partir de precursores químicos y, dado que son muy potentes, son rentables incluso si se producen a pequeña escala: un análogo del fentanilo, el carfentanilo, es aproximadamente 100 veces más fuerte que el fentanilo, que a su vez es unas 80 o 100 veces más potente que la morfina. En nuestro informe comparamos el tráfico de drogas sintéticas con la industria de los microchips, cuyas continuas innovaciones permiten la producción de aparatos cada vez más potentes en formatos cada vez más pequeños. Dado que el fentanilo es tan potente, puede transportarse en pequeñas cantidades. Una gran parte del fentanilo producido en China es enviada directamente a Estados Unidos a través del correo postal. Incluso muchos precursores, también producidos en China, llegan directamente a Estados Unidos. Según varios funcionarios estadounidenses y expertos en salud que consultamos para nuestra investigación, este comercio directo de China representa la mayor parte del fentanilo en el mercado estadounidense. Una vez que las drogas llegan al país, son vendidas por pequeños expendedores en la web oscura, a través de servicios de mensajería cifrados, o en las redes sociales, excluyendo a los carteles totalmente. Una parte del fentanilo y sus precursores sí pasa por México, pero lo hace a través de muchas manos antes de llegar a su mercado. Los dos puertos principales de México en el Pacífico, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, son utilizados por varios grupos criminales que tienen contactos bien establecidos en Asia, gracias al tiempo que llevan produciendo otras drogas sintéticas, particularmente la metanfetamina. Los precursores llegan a los laboratorios en Sinaloa, pero también a la Ciudad de México y a algunos sitios del norte, como Baja California, donde se utilizan para producir fentanilo, que luego es transportado al por mayor a través de la frontera con Estados Unidos. También es posible que algunos de los precursores entren inicialmente a Estados Unidos y luego sean llevados a México para producir la droga al otro lado de la frontera, como lo ilustra un caso reciente. Lo que hay entonces es una gran variedad de organizaciones involucradas. Una cantidad creciente del fentanilo que llega por México, por ejemplo, se camufla como oxicodona y otras píldoras de prescripción, pues a los vendedores no les interesa que los consumidores sepan que están tomando la droga más letal del mercado. Y aunque el mercado mundial de productos farmacéuticos falsificados es enorme, nunca ha sido del interés de grupos como el Cartel de Sinaloa —estos productos son más bien del dominio de organizaciones más pequeñas en zonas fronterizas como Tijuana, que atiende la costosísima demanda del mercado estadounidense—. El fentanilo, debido a su potencia y a la relativa facilidad con que es fabricado y transportado, ofrece un claro ejemplo de las posibilidades de atomización del narcotráfico, aunque los mercados de drogas tradicionales, como la cocaína, la heroína, la marihuana y la metanfetamina, también se han fragmentado, en parte debido a la captura y enjuiciamiento de personajes como El Chapo. Pero aunque las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, México y otros países han desempeñado un papel importante en esta atomización del narcotráfico, arrestar capos es muy distinto a desmantelar organizaciones criminales.

Un capo sin corona

Los grandes grupos criminales como el Cartel de Sinaloa y el CJNG son todavía poderosos y continúan siendo centrales en el tráfico de drogas. Ellos asumen una buena parte del riesgo que implica transportar drogas en grandes cantidades para venderlas al por mayor a redes más pequeñas dedicadas a la distribución en las calles. En el caso del fentanilo, por ejemplo, los carteles mexicanos venden la droga a grupos dominicanos que controlan gran parte del mercado del fentanilo y la heroína en Estados Unidos. Desmantelar a estos grupos de distribuidores debe ser parte de cualquier estrategia antinarcóticos. Los días de los grupos criminales monolíticos y hegemónicos con líderes todopoderosos son cosa del pasado. Para las autoridades de Estados Unidos puede resultar excesivo dedicar los recursos de seis organismos federales al desmantelamiento de estos grupos, especialmente en la era de las drogas sintéticas. Enfrentar las drogas ilegales requiere un enfoque holístico que busque comprender la complejidad del consumo de drogas y sus nefastas consecuencias en todos los ámbitos, desde el estado de derecho hasta la democracia. Durante el juicio de El Chapo, por ejemplo, los fiscales y el juez dedicaron muchos esfuerzos a refutar los testimonios acerca de que son las fallas sistémicas de la sociedad mexicana—la agobiante pobreza, la corrupción endémica o la democracia fraudulenta— las que permiten el desarrollo de los grandes grupos criminales y su penetración incluso en las instituciones del gobierno establecidas para combatirlos. Aunque algunas denuncias, como la de que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto recibió un soborno de US$100 millones de El Chapo, rayan con lo absurdo, el testimonio excluido llama la atención sobre problemas de la sociedad mexicana que van más allá de los carteles y que sin duda seguirán existiendo después de que estos desaparezcan. El Chapo fue un capo rico y poderoso, y no hay duda de que su condena es un paso importante para reducir el poder de los carteles de México, pero resaltar su condición de capo perpetúa una narrativa falsa según la cual destruirlo a él y a otros similares va a resolver los problemas que plantea el tráfico de drogas. En realidad, condenar a un narcotraficante es casi lo mismo que sacar a una sola abeja de su colmena.

*Este artículo fue publicado con el permiso de Foreign Affairs. Vea el original aquí.

Inusual disculpa pública arroja luz sobre la impunidad en México

El gobierno mexicano expresó recientemente una disculpa pública a las familias de los cinco jóvenes que fueron víctimas de desaparición forzada en enero de 2016 en Veracruz. La disculpa, inusual en un país que tradicionalmente ha evadido la responsabilidad por incidentes similares, pone de relieve una vez más los históricos niveles de impunidad en las instituciones gubernamentales. En un evento público, los funcionarios del gobierno reconocieron los errores y aceptaron la responsabilidad del Estado en el manejo del caso de desaparición de los cinco jóvenes. Los funcionarios admitieron que varios agentes de la policía retuvieron a los jóvenes y luego se los entregaron a miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).       VEA TAMBIÉN: Grupo paramilitar en Policía de Veracruz fue responsable de desapariciones en México A pesar de la disculpa, los familiares de las víctimas sienten que no se ha castigado a los responsables. En los tres años que han transcurrido desde que ocurrió el incidente, las investigaciones han llevado al arresto de 21 sospechosos. Sin embargo, no se ha llegado a ninguna condena. Tampoco se ha investigado a ningún alto funcionario de Veracruz. Cuitláhuac García, el gobernador electo recientemente, ha puesto en marcha un plan de emergencia para disminuir el número de desaparecidos y ha solicitado ayuda de organizaciones internacionales para encontrar a los desaparecidos. Según varias ONG, más de 5.000 personas han desaparecido en Veracruz en la última década.

Análisis de InSight Crime

En las últimas dos décadas, la violencia de los carteles ha causado la desaparición de más de 40.000 personas, y se han encontrado aproximadamente 26.000 cadáveres no identificados y 1.100 fosas comunes. Pero la impunidad ha campeado por todo el país, y las investigaciones no han logrado hacer justicia a las víctimas y sus familias. Muchas personas han comparado este incidente con algunos de los más recientes casos de desaparición forzada en el país, sobre todo con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Este caso, que se ha convertido en un símbolo de la corrupción y la impunidad en México, todavía no ha dado pie a ninguna condena.       VEA TAMBIÉN: ONU señala abusos y encubrimiento en investigación de Ayotzinapa en México El presidente de México, Andres Manuel López Obrador (AMLO), se ha comprometido a reabrir la polémica investigación mediante la implementación de una comisión de la verdad y la justicia, algo a lo que se resistió la anterior administración. La propuesta de López Obrador pretende aclarar este tipo de crímenes contra los derechos humanos en los que ha habido participación de gobiernos anteriores. Hay quienes consideran que las disculpas por parte de funcionarios del gobierno de Veracruz, que no tienen precedentes en el país, son un signo de que puede estar iniciando una nueva etapa de rendición de cuentas en México. Sin embargo, hay quienes continúan escépticos, pues consideran que lo que existen son falsas promesas y disculpas vanas. Las familias de los cinco jóvenes desaparecidos están clamando justicia y piden que los responsables sean condenados por los crímenes cometidos, algo que tradicionalmente ha sido difícil en México. La administración de AMLO tiene la difícil tarea de recuperar la confianza pública necesaria entre las instituciones centrales y la población mexicana. Para que eso se dé, se requiere que este tipo de casos generen condenas. Si no, la reciente disculpa no hará más que resaltar la impunidad generalizada en el país.

Sistema postal de EE. UU. es clave para prevenir tráfico de fentanilo

Las autoridades de Estados Unidos y México trabajan de manera conjunta para combatir los grupos criminales que se benefician de la creciente demanda del fentanilo, un opioide sintético letal y muy lucrativo, pero el sistema postal estadounidense se está erigiendo rápidamente como el ingrediente clave de esa guerra. Los puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos y el sistema postal estadounidense son dos de los corredores de fentanilo más importantes, según el agente especial a cargo (SAC, por sus siglas en inglés) Brian McKnight, de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Chicago. “Con el fentanilo, ellos [los traficantes] lo están trayendo de China a México, y luego lo convierten y empacan para introducirlo a Estados Unidos”, declaró el SAC McKnight en entrevista con InSight Crime. “Ellos [los grupos narcotraficantes mexicanos] ya tenían montados los laboratorios [de metanfetaminas], y ahora entraron al negocio del fentanilo”.  

(Flujos de fentanilo a través de México cortesía de InSight Crime)

Pero si el fentanilo puro en polvo, las píldoras de fentanilo o los precursores de la sustancia no son enviados a México para que los grupos criminales en ese país lo trafiquen a Estados Unidos, los envían directamente por correo al país del Norte, usando en muchas ocasiones el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). Los decomisos de drogas por parte del Servicio de Inspección Postal de USPS (USPIS) han exhibido un aumento desde 2014. El programa de narcóticos del servicio postal decomisó más de 18 toneladas de drogas ilícitas en 2017, según un Informe del Inspector General de septiembre de 2018 sobre el uso del USPS para la distribución de estupefacientes. Entre 2017 y 2018, el USPS registró un incremento de 1.000 por ciento en los decomisos de paquetes internacionales, y un aumento de 750 por ciento en incautaciones de paquetes nacionales asociados con opioides, entre ellos el fentanilo, en parte gracias a la mayor colaboración entre organismos de seguridad estatales y federales y a mejores técnicas investigativas, según comentarios de la vocera del USPS Kim Frum, recogidos por el Washington Post. El alza de los decomisos coincide con la adaptación de los grupos criminales en Latinoamérica para responder a la mayor demanda de drogas sintéticas y opioides, como el fentanilo, en Estados Unidos. Los opioides —incluyendo los medicamentos de venta por prescripción, como la oxicodona, los opioides sintéticos, como el fentanilo, y la heroína— fueron los principales responsables del récord de muertes por sobredosis —63.632— ocurrido en el país en 2016, según el más reciente informe Balance Nacional por la Amenaza de las Drogas, preparado por la DEA.

Análisis de InSight Crime

A la par que las autoridades enfrentan la crisis de opioides, que causa estragos en las ciudades de todo Estados Unidos, será vital resolver las fallas de seguridad en el sistema de correos del país si quieren impedir que aumente el número de muertes por sobredosis de drogas por causa de potentes opioides sintéticos, como el fentanilo. “Uno de los problemas más importantes para combatir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos es la falta de datos a disposición de las autoridades sobre lo que ingresa”, opinó Mario Moreno, exsecretario de prensa de la Oficina de la Casa Blanca para la Política Nacional de Control de Sustancias en las administraciones de Obama y de Trump, e investigador posgraduado de la Universidad de Chicago. Hay diversas razones por las que los traficantes eligen USPS frente a servicios de mensajería expresa, como el Servicio Unido de Paquetes (United Parcel Service —UPS—) y FedEx. A diferencia de USPS, estos servicios requieren datos electrónicos avanzados (AED, por sus iniciales en inglés), como el nombre y la ubicación del remitente, además de información sobre el contenido del paquete. Es más, USPS maneja muchos más paquetes que los servicios de mensajería expresa, lo que hace extremadamente difícil detectar drogas y otro tipo de contrabando. Esto también crea problemas logísticos en lo que respecta a la coordinación de USPS con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en temas de interdicción. Dicho esto, delegados del gobierno estadounidense trabajan para mejorar algunos de estos problemas. La Ley STOP de 2017, de Prevención de Sobredosis y tráfico de [drogas] sintéticas, busca aumentar el volumen de datos electrónicos avanzados que pide USPS, principalmente de oficinas en el exterior con gran volumen de envíos, como China. En los últimos tres años, el USPS pasó de recibir “casi ningún AED en paquetes dirigidos al país” a recibir casi un 40 por ciento, según el inspector jefe de USPS Guy Cottrell. “Esto requiere pensarse mejor y actuar en cooperación con países como China, pero sin olvidar mantener relaciones con México”, acotó Moreno, quien opina que México seguirá siendo un “actor fundamental” en la prevención del  tráfico de fentanilo, en el futuro próximo.

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Además, los agentes de la CBP están recurriendo a la tecnología para mejorar la identificación de sustancias ilícitas ocultas en paquetes. En marzo de 2018, por ejemplo, la CBP implementó una nueva “herramienta portátil para el análisis de isótopos elementales”, conocida como Gemini, que podrá “tomar muestras e identificar más de 14.000 sustancias químicas”. “Sin duda nos hemos centrado en la interdicción de opioides”, anunció a Fox News el director del puerto aéreo de Protección de Aduanas y Fronteras de Chicago Matthew Davies en junio de 2018. “Hemos aumentado el personal, tenemos nuevas tecnologías, hemos entrenado a nuestros perros policías para que detecten el fentanilo, así que no cabe duda de que estamos a la vanguardia de eso aquí”. Pero el fentanilo y los opioides sintéticos tienen muy pocas barreras de entrada, y representan un cambio en los modelos de tráfico de estupefacientes, con una tendencia a la democratización de la actividad, según Moreno. El tráfico de esta sustancia específicamente se encuentra ahora abierto a más actores, que pueden participar usando el internet y el sistema de correos, lo que plantea nuevos retos a las autoridades. Es posible que pronto las organizaciones narcotraficantes mexicanas pierdan la influencia que han tenido en el pasado en lo que respecta al movimiento, la distribución y el tráfico de estas drogas. De hecho, en febrero de este año, las autoridades estadounidenses condenaron a un traficante que actuaba en solitario, quien durante casi un año usó su apartamento equipado con una prensa para píldoras, mezclando agentes y empacando materiales para enviar fentanilo y otros opioides sintéticos, por medio de los sistemas de correo de Estados Unidos y Canadá a clientes que adquirían las drogas usando una parte encriptada y anónima del internet, conocida como la red oscura.

‘El Mayo’ Zambada, el último capo de México

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Al iniciarse el cuarto mes del nuevo Gobierno, el llamado régimen de la Cuarta Transformación, dos capos temibles se erigen como los amos y señores del narcotráfico en México: Ismael “El Mayo” Zambada y Nemesio Oseguera, cabezas de los carteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, respectivamente. Tras la caída de Joaquín Guzmán Loera, supuesto jefe de Sinaloa –otras versiones sostienen que Zambada siempre ha sido el verdadero jefe de ese grupo criminal– El Mayo se entronizó en la jefatura del cartel y todo indica que se quedará por mucho tiempo, al menos durante este sexenio parece intocable y también necesario para restablecer el orden entre los grupos criminales. Oseguera, por su parte, quien supuestamente estuvo a punto de ser detenido en las postrimerías del sexenio pasado, también se reposicionó como jefe del Cartel de Jalisco: tiene el control en diez entidades y nada parece removerlo del mando de la organización criminal que fundó en 2008, precisamente asociado con Sinaloa, aunque más tarde terminaron separados.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Sin Embargo. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Recientemente en Sinaloa aparecieron algunas narcomantas, cuyos mensajes se atribuyen a Zambada García. En una de ellas el mensaje de Zambada fue muy claro. Les advirtió a los carteles violentos: “O se alinean o los alineo”. El mensaje, elocuente por donde se le mire, indica que Zambada García será un hombre muy poderoso en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es un capo necesario para el régimen debido al control que ejerce en el crimen organizado nacional e internacional, pues también tiene amplias influencias en todo el Continente latinoamericano, donde Sinaloa ha impuesto sus reales. Y es que Zambada García es el último capo poderoso de la vieja guardia. Todos han muerto o están presos. Hasta 1997, el amo del narcotráfico era Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, cabeza del Cartel de Juárez, otrora poderoso grupo criminal fundado por Pablo Acosta Villarreal, “El Zorro de Ojinaga”. Sus jefes posteriores fueron Rafael Aguilar Guajardo –asesinado en Cancún, Quintana Roo en 1993–, Carrillo Fuentes lo relevó y tras la muerte de éste su hermano Vicente, conocido como “El Viceroy”, tomó el mando. Luego fue detenido en Torreón, Coahuila. En el Cártel de Juárez militaron Ismael Zambada, los hermanos Carrillo Fuentes, Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul” –quizá uno de los más hábiles para negociar con grupos antagónicos –, quien supuestamente falleció hace unos cuatro años debido a un paro respiratorio causado tras un accidente automovilístico.

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De aquel poderoso Cartel de Juárez también formaban parte los hermanos Beltrán Leyva –Arturo era el más violento e intrépido– y Nacho Coronel. Tras la supuesta muerte de Amado Carrillo, tuvieron que pasar cuatro años para que este equipo de capos y criminales se volvieran a juntar en el Cartel de Sinaloa, fundado por Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Fue a partir del año 2001 –al arranque del sexenio de Vicente Fox –cuando las autoridades se confabularon para soltar a Guzmán Loera a cambio de un pago millonario. Al régimen panista le interesaba que un solo grupo criminal tomara el control del crimen organizado y “alineara” a los carteles beligerantes, entre otros, el del Golfo, Los Zetas y La Familia Michoacana. Cobró auge entonces la idea de crear una Federación de Narcotraficantes, proyecto en el que trabajó mucho Esparragoza Moreno, “El Azul”, sin conseguirlo, pues lo único que lograron es que Sinaloa se convirtiera en la empresa del tráfico de drogas más poderosa del mundo. Actualmente opera en cincuenta países. Pero el anhelo de crear esa megaestructura criminal se quedó como un viejo proyecto que bien podría cristalizarse en el actual gobierno. Como se observa, el gobierno de López Obrador no perseguirá a los jefes del narcotráfico en México, pues los necesita para imponer orden y establecer nuevos controles en la geografía del narco. También los necesita porque el tráfico de drogas es puntal de la economía nacional. Actualmente son dos los capos poderosos, pero uno sobresale más que otro por su inteligencia y el fino manejo que ha mostrado para operar el negocio aparentemente sin violencia. Uno de ellos es Nemesio Oseguera, cabeza del Cartel de Jalisco; el otro es Ismael Zambada García, “El Mayo”, considerado el último capo de la vieja guardia. Zambada García se inició en el negocio del narcotráfico en los años setenta. Antes era empleado de una mueblería. Más tarde se metió al negocio –“así nomás”, según le relató al periodista Julio Scherer García cuando se encontró con él en la sierra de Sinaloa –y es el más longevo en esa actividad. Más de cuatro décadas se ha mantenido Zambada en el negocio, intocable e impune y ahora más necesario que nunca para el actual régimen de López Obrador ante la urgencia de meter orden en el país y pacificar el territorio. Zambada García y Esparragoza Moreno, “El Azul”, coincidían en una idea: que el narcotráfico es un negocio que no se lleva con la violencia. Y esa idea, perdida durante años debido a las confrontaciones, parece que puede cristalizarse en el gobierno de la Cuarta Transformación.

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El Gobierno de López Obrador es el único que abiertamente a expuesto que no perseguirá a los capos de la droga, que no combatirá la violencia con violencia y también propuso que habrá amnistía para algunos de ellos. Este escenario es más que favorable para el crimen organizado que opera en México. Se trata de un acuerdo entre el Gobierno y la mafia. “Yo no me meto contigo y ustedes me tranquilizan el país”. López Obrador necesita garantizar la gobernabilidad, pero él no está dispuesto a desgastarse en esa tarea. Que los capos se encarguen de los capos”, parece decir el Presidente, quien ahora está imbuido en atender las más urgentes necesidades sociales. De ahí que sobre sentido el mensaje de El Mayo a través de la narcomanta colgada en Sinaloa y en otros estados, donde el máximo jefe del Cartel de Sinaloa hace un primer llamado a los carteles para que se cuadren con él, lo que a todas luces parece un gran cambio en las reglas del juego criminal. El Mayo Zambada, sin duda, es el capo del régimen y ya está haciendo su tarea: alinear a los grupos beligerantes, de otro modo, podrían ser capturados o asesinados. El mensaje no puede ser más claro: “O se alinean o los alineo”. Y el mensaje va dirigido a todos los carteles, 14 en total, que operan en el territorio mexicano y en buena parte del continente. Actualmente no existe otro capo con tanto poder –político y criminal –como Ismael Zambada García. Nadie podría garantizarle al gobierno federal poner orden en el país, ninguna otra figura tiene el tamaño y el control para alinear a los grupos antagónicos. El Mayo Zambada no juega al poderoso. Ejerce el poder que tiene y su posición no deja rendijas: por las buenas o por las malas tienen que ajustarse a las nuevas reglas. A lo largo de varios sexenios algunos capos han gozado de poder e influencia. Con Carlos Salinas el rey fue Juan García Ábrego; con Zedillo, Amado Carrillo Fuentes; con Vicente Fox y Felipe Calderón, respectivamente, Joaquín Guzmán Loera fue el más poderoso jefe del Cartel de Sinaloa; con Enrique Peña Nieto Sinaloa gozó de algunos años de impunidad, pero después El Chapo fue capturado. El Cartel de Jalisco, de Nemesio Oseguera, alcanzó gran auge en el país. Y ahora con Andrés Manuel López Obrador, sin duda, El Mayo Zambada se erige como el capo del sexenio. Se afirma que Rafael Caro Quintero también forma parte de este proyecto sexenal. Este personaje, famoso en los años ochenta porque ofreció pagar la deuda externa de México, opera con el cartel de Sinaloa desde el norte del país. Después de todo, a Zambada y asociados no les está yendo tan mal con el gobierno de la Cuarta Transformación. El capo necesita poder y protección y el régimen necesita de él para pacificar el territorio y de esa forma cumplir el ofrecimiento de abatir la violencia del crimen organizado. El negocio del narcotráfico debe continuar, pero al estilo Colombia: sin violencia de alto impacto y, ante todo, con gobernabilidad. Ningún Gobierno del mundo tiene la capacidad para pacificar un territorio tan grande y descompuesto sin alianzas en el crimen organizado. En alguna ocasión, Juan José Esparragoza, El Azul, dijo que “la paz social” no dependía del Gobierno sino de los acuerdos a los que llegaran los carteles y sus capos. Y esto parece que empieza a tomar sentido.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Sin Embargo. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Cartel de Sinaloa deja sorpresa desagradable en nuevos Ford

Las autoridades afirman que el cartel de Sinaloa ocultó un cargamento de 180 kilogramos de metanfetaminas, dentro de los neumáticos de repuesto de autos nuevos procedentes de México con destino a Canadá, un ejemplo de las innovadoras tácticas que usan los narcotraficantes para eludir los controles fronterizos. Los empleados de cuatro concesionarios de Ford en la provincia canadiense de Ontario dieron aviso inicialmente a las autoridades sobre los narcóticos, que iban escondidas en los neumáticos de repuesto en los baúles de los vehículos. Todos los vehículos se habían ensamblado en la planta de Ford, en la ciudad mexicana de Hermosillo, capital del estado fronterizo de Sonora, y luego habían sido enviados a Canadá en tren. A raíz del hecho, las autoridades lanzaron una operación llamada Proyecto Sebright. Organismos de seguridad de todo Canadá efectuaron una serie de allanamientos y hallaron metanfetaminas en más de una docena de vehículos de Ford en lugares tan distantes como New Brunswick y Québec. Al cabo de la operación se avaluaron los narcóticos encontrados en cerca de US$4 millones. El superintendente de la Policía Provincial de Ontario (OPP) Bryan MacKillop afirmó que el cartel de Sinaloa era el responsable de los cargamentos de narcóticos. “Se aprovecharon de Ford”, opinó otro oficial canadiense a un medio noticioso local.

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Los envíos de automóviles desde México siguieron registrándose, pero no se descubrieron más drogas, lo que llevó a MacKillop a afirmar que “se ha logrado desmantelar este método de contrabando”. El contrabando de estupefacientes a Canadá por medio de vehículos nuevos, específicamente los automóviles Fusion Ford de la planta de Hermosillo, no es una táctica nueva. En abril de 2017, se encontró una carga de marihuana avaluada en US$1 millón en un cargamento de automóviles Fusion de Ford con destino a Ohio. Los empleados de Ford alertaron a las autoridades estadounidenses, pero nunca se halló a los culpables.

Análisis de InSight Crime

Los carteles mexicanos han desplegado de manera consistente su capacidad para adaptarse rápidamente a nuevas oportunidades de contrabando de narcóticos, cambiando sus tácticas para evitar la detección y volviendo de manera periódica a sus viejos hábitos, cuando creen que el polvo se ha asentado. Ya en 2017, Ford declaró que las drogas no se estaban colocando dentro de sus vehículos durante la manufactura en su planta de Sonora. Esto indica que los vehículos pudieron manipularse durante el trayecto hacia la frontera con Estados Unidos. La detección de dos cargamentos de narcóticos transportados en vehículos de la marca Ford con solo 18 meses de diferencia indica que el cartel de Sinaloa tiene acceso a los vagones de carga con dirección a Estados Unidos y tiene la confianza de que no será detectado.

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Lo cierto es que el hecho de que el personal de los concesionarios hallara las drogas apunta a una falla en la logística del cartel, no a un golpe de las autoridades. Pese a estos hallazgos, aún no se sabe cómo el cartel de Sinaloa obtiene acceso a estos automóviles. No hay muchas probabilidades de que el grupo sea disuadido por unas cuantas pérdidas, por lo que no sorprendería que se encontrara más de lo mismo en vehículos nuevos. El transporte de narcóticos a Estados Unidos a bordo de trenes de carga ha sido por largo tiempo un recurso consistente, por no decir importante, para los grupos criminales mexicanos. En el pasado, se han hallado cargamentos de drogas en trenes que llevan frutas y vegetales, donde los paquetes muchas veces están pintados de verde para confundirse entre sandías, limas o aguacates. La frontera entre México y Estados Unidos es uno de los cruces fronterizos con mayor tráfico ferroviario del mundo. Se han construido nuevos puntos de vigilancia en los principales puntos de tránsito para inspeccionar con mayor facilidad las colosales cantidades de carga en los trenes, pero se desconoce si dichos puntos tienen algún impacto real para impedir el flujo de narcóticos.

El Pacífico americano, la ruta preferida de los narcos

Una de las rutas más codiciadas por narcos en el Cono Sur del continente americano parece estar disminuida. Mientras las autoridades mantienen sus radares sobre el Atlántico y el Caribe en busca de cargamentos de droga, el Pacífico se proyecta como la nueva plataforma de narcotráfico hacia Norteamérica. De acuerdo con los reportes del gobierno mexicano, entre enero de 2018 y febrero de este año la Armada mexicana ha decomisado 10,7 toneladas de cocaína. Casi dos tercios del total incautado en los seis años anteriores. Aunque estas incautaciones han sido en ambas costas del país, la ruta del Pacífico parece ser la preferida por narcos y carteles para llevar su droga hasta el otro lado del continente.

Las rutas del narcotráfico hacia los países caribeños siguen siendo eficaces para llegar a mercados en el norte de América y Europa, sin embargo, la profunda crisis que vive actualmente Venezuela y que afecta a los países cercanos  como Trinidad y Tobago, donde la piratería se ha disparado, tendría bajo la lupa las costas y puertos de Venezuela, República Dominicana, Haití, así como cualquier embarcación que provenga de ellas.

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Por otra parte, en los últimos años los grupos locales como los colombianos, han aumentado la siembra de cultivos hacia la costa pacífica del país, específicamente en Cauca y Nariño. Entre 2014 y 2017, estos dos departamentos juntos, casi han triplicado el número de cultivos de coca, lo que genera un reacomodo de las estructuras nacionales e internacionales, para buscar la mejor posición en el mercado ilegal.

Análisis de InSight Crime

Así las cosas, la apuesta del crimen organizado estaría en evitar el ruido generado en el Caribe y utilizar las rutas del Pacífico como escape, a pesar de que estas tampoco garantizan el éxito de los traslados. Un eventual cambio en la ruta del narcotráfico en la región también generaría una variación en el modus operandi del crimen organizado y del transporte en la autopista del narcotráfico del Pacífico americano. Aunque los ojos de la comunidad internacional siguen en el Caribe, autoridades antinarcóticos refuerzan medidas hacia el norte del continente, donde cada vez más cargamentos son detectados y el los métodos se tornan sofisticados.. Ya algunos de los cargamentos que salen del Pacífico no viajarían solos, van “escoltados” por miembros de carteles para evitar confrontaciones con tumbadores, piratas como en el caso venezolano o, incluso, tratar de distraer las autoridades en caso de persecuciones. El uso de elementos de alta tecnología también estaría marcando la preferencia de esta ruta. Con menos ojos sobre los cargamentos enviados, los narcos han empezado a utilizar boyas con dispositivos satelitales, que les permiten dejar la droga en ciertos puntos de altamar con el objetivo de que sea recogida por otros grupos aliados o dejarlas a la deriva en caso de ser detectados y volver por ellas cuando sea posible. Por último, la corrupción de funcionarios dentro de los puertos sigue siendo un factor fundamental en el tránsito de estupefacientes hacia el norte. Un hecho que no es nuevo, pero que sigue teniendo relevancia, especialmente si se tiene en cuenta el flujo de droga que se mueve ha incrementado en un 190 por ciento desde el 2014. A pesar de que las autoridades realizan esfuerzos por vigilar el Pacífico para evitar la llegada de los alcaloides, Centroamérica sigue siendo un eslabón débil en la cadena debido a la falta de recursos para controlar las nuevas modalidades de entrega. Salvo en México y Estados Unidos, donde parecen ver con preocupación el incremento en esta ruta.