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Derribo de helicóptero puede ser indicio de resurgimiento de cartel de México

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El reciente derribo de un helicóptero gubernamental en Michoacán, México, podría ser indicio del resurgimiento del que fue uno de los grupos criminales más poderosos del país.

Un helicóptero perteneciente al gobierno del estado de Michoacán fue derribado el 6 de septiembre, lo que causó la muerte del piloto y tres oficiales de policía. De acuerdo  con informes de medios locales y mensajes en las redes sociales del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, la aeronave hacía parte de una operación dirigida a capturar a miembros del grupo criminal Caballeros Templarios.

Según los informes, el helicóptero había llegado para prestar apoyo a soldados y policías federales y locales que fueron llamados a la escena del intento de secuestro de un conocido empresario del sector agrícola en la localidad de La Huacana.

Cuando las fuerzas de seguridad llegaron a la escena, se presentó un tiroteo que dio como resultado la muerte de Alonso Andrade Rentería, alias “La Papa”. Según informes de prensa, “La Papa” es hermano de Ignacio Andrade Rentería, alias “El Cenizo”, líder de Caballeros Templarios que fue capturado en febrero.

Este es el segundo helicóptero derribado recientemente por una organización criminal mexicana. En mayo de 2015, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) derribó un helicóptero militar con  una granada propulsada por cohete, tras de lo cual murieron nueve personas.

Análisis de InSight Crime

Si los Caballeros Templarios participaron en el reciente derribo del helicóptero en Michoacán, ello sugeriría que el grupo mantiene una presencia significativa en el área. Después de escindirse de la Familia Michoacana en 2011, los Caballeros Templarios se convirtieron en un actor clave en el crimen de Michoacán. Sin embargo, el cartel se ha debilitado considerablemente, y en febrero de 2015 las autoridades mexicanas capturaron a su cabecilla, Servando Gómez, alias “La Tuta”.

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Un informe reciente de Borderland Beat sugiere que de hecho los Caballeros Templarios podrían estar resurgiendo. El medio de noticias informa que grupos de milicianos conocidos como “autodefensas” se están organizando para enfrentar al grupo criminal. Si eso es cierto, en Michoacán podrían resurgir los violentos conflictos entre los grupos del crimen y las  autodefensas que sacudieron al estado durante el apogeo de los Caballeros Templarios hace unos años. De hecho, ya han comenzado a surgir algunos indicios de esta dinámica, dado que otros informes recientes también han encendido las alarmas acerca de que las autodefensas de Michoacán se están rearmando para combatir al crimen organizado

Masacre en municipio muestra corrupción local en México

Un alcalde y cuatro agentes de la policía municipal fueron arrestados por la masacre de 10 personas en el turbulento estado de Michoacán, en México, un evento que podría dar lugar a un debate sobre la lentitud en la implementación del programa de reforma policial en el país.

El procurador general de Michoacán José Martín Godoy Castro declaró que cuatro agentes de policía obligaron a subir a una camioneta a un grupo de personas que se encontraban en una tienda en la población de Cuitzeo el 29 de julio, informó AFP. Al día siguiente, se hallaron 10 cuerpos calcinados en la camioneta quemada. Citando testigos no identificados, Godoy Castro afirmó que los agentes habían detenido ilegalmente a estas personas por órdenes de Juan Carlos Arreygue, alcalde del municipio de Álvaro Obregón.

El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo dijo que era posible que la matanza tuviera relación con disputas por control territorial en el negocio de la droga, informó Cambio de Michoacán. El gobernador salió a decir que según las autoridades federales, Arreygue tenía vínculos con el fallecido Enrique “Kike” Plancarte, exjefe del cartel de los Caballeros Templarios. Plancarte resultó muerto en 2014 durante un enfrentamiento con la Marina Mexicana en el estado de Querétaro.

El 1 de agosto, Aureoles Conejo anunció que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República ya había hallado evidencia que relacionaba al alcalde con el crimen organizado, informó Cambio de Michoacán.

Análisis de InSight Crime

Este caso guarda alguna semejanza con la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes, en Iguala, Guerrero, que rápidamente captó la atención internacional sobre la corrupción en México. En ese caso, un alcalde local presuntamente ordenó a la policía que detuviera un bus ocupado por estudiantes manifestantes. Posteriormente la policía entregó a los estudiantes a una pandilla criminal local. La versión del gobierno sostiene que los estudiantes, muchos de los cuales nunca se encontraron, fueron llevados a un basurero y allí incinerados. Sin embargo, expertos internacionales hallan inconsistencias en esa teoría.

En respuesta a la desaparición de los estudiantes, el presidente Enrique Peña Nieto propuso poner todos los departamentos municipales de policía a las órdenes de las fuerzas de policía estatal. La implementación de ese programa ha avanzado con lentitud, sin embargo, y se ha topado con una fuerte resistencia política.

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De todos modos, el programa, conocido como “Mando Único”, no es una panacea para los arraigados problemas de corrupción local en México. En una entrevista reciente con Plano Informativo, el analista de seguridad Alejandro Hope señaló que el alcalde de Iguala había firmado un acuerdo de Mando Único pocos meses antes de la desaparición masiva. Dijo que las autoridades podrían centrar sus esfuerzos de reforma en otras áreas para tener mayor efecto.

“Existe una obsesión con Mando Único cuando es el número 77 en la lista de prioridades de desarrollo policial” comentó Hope. “Para mí, la principal [prioridad] es la formación de agentes de policía, el entrenamiento, el presupuesto. Todos esos temas mencionados aquí son 40 veces más importantes que el Mando Único.”

‘Nuevos’ grupos de autodefensa continúan violenta tradición en Michoacán

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La aparición de grupos armados, tanto nuevos como reorganizados, cuyos móviles son tan cuestionables como la calidad de sus videos, es la más reciente manifestación del continuo descenso de Michoacán en el nebuloso territorio de los grupos criminales y de autodefensa.

Un informe de un sitio de noticias llamado Noventa Grados, que fue traducido y reproducido por Borderland Beat, dice que hay grupos que se están rearmando en varios municipios. Uno de sus líderes, identificado como “El Dorado”, culpó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por el resurgimiento de estos grupos, acusando al funcionario de cooperar con un cartel de la droga.

Según el informe, el líder del grupo dijo: “Decidimos reunirnos de nuevo y alistar nuestras armas para liberar a nuestro pueblo de la delincuencia organizada”.

El mes pasado, apareció un grupo que se autodenomina Insurgencia por el Rescate Institucional y Social (IRIS). Como lo muestran sus videos, IRIS también ha optado por imitar a antiguos grupos de autodefensa que han luchado contra las organizaciones criminales en el estado mexicano.

En un video difundido a finales de marzo (ver abajo), los miembros de IRIS se presentan como un grupo ajeno a los carteles de la droga que han operado durante mucho tiempo en el estado. Como “El Dorado”, ellos promovían causas idealistas y denunciaban los supuestos vínculos entre el crimen organizado y el gobierno de Michoacán.

 

IRIS es una de las múltiples organizaciones nuevas que están tratando de participar en el competitivo contexto que ha surgido después de la caída de la organización criminal Los Caballeros Templarios y tras la subsecuente desmovilización de los grupos de autodefensa que habían surgido para luchar contra Los Caballeros.

Como resultado, Michoacán continúa inundado de grupos de hombres armados y ocasionalmente también de mujeres cargando rifles de asalto. Han resurgido viejos nombres como el de la Familia Michoacana, y en los últimos dos años han surgido grupos nuevos. Actores armados legítimos, como la policía comunitaria de base indígena, siguen haciendo presencia.

Antiguos miembros de los grupos de autodefensa que en teoría habían regresado a sus empleos tradicionales después de la dudosa legalización de los grupos de autodefensa en mayo de 2014, están regresando al campo de batalla.

Los grupos nuevos quizá están vinculados con los anteriores e incluso pueden estar relacionados entre sí. Algunos tienen el hábito de tomar las armas, o de cambiar sus lealtades entre una banda y otra. Mediante un discurso que se pone del lado de los oprimidos del estado, ellos parecen estar replicando un modus operandi que en otras ocasiones ha demostrado tener resultados.

La lucha contra la corrupción constituye el núcleo de su mensaje. Es una decisión lógica, dado que hay un movimiento de lucha contra la corrupción en varios lugares de México y de Latinoamérica en general.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y las multitudinarias manifestaciones lograron derrocar al presidente del país. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) se está preparando para iniciar labores. En Brasil, el pueblo se ha tomado las calles en protestas masivas en Brasil para pedir la renuncia de la presidenta del país.

En toda la región, los ciudadanos están levantando su voz de protesta contra este viejo problema, y los habitantes de Michoacán no son ajenos a ello.

Este interés por arremeter contra la corrupción se relaciona con el llamado de los grupos de autodefensa para que el pueblo se una contra un enemigo común, que en su caso es la violencia criminal que impusieron en Michoacán Los Caballeros Templarios.

Es posible que los grupos de autodefensa que operan en este estado hayan terminado su lucha contra los Caballeros, pero su know how y sus modos de proceder pueden ser apropiados por cualquier otro grupo armado. A pesar de sus contradicciones, las antiguas autodefensas eran eficaces, por lo que no es de extrañar que otros deseen replicar lo que ellas hicieron.

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A pesar de su eficacia, este modelo no es el único camino que los grupos están tomando ahora que Los Caballeros Templarios han desaparecido. Otras organizaciones de Michoacán podrían tratar de adoptar las banderas del grupo de autodefensa, aunque sean de naturaleza diferente.

Veamos, por ejemplo, la aparición de los autodenominados Los Blancos de Troya, que surgieron mediados de 2015. Su abundante armamento da cuenta de unos intereses distintos y proyecta una imagen diferente. Fuentes del movimiento de autodefensa dicen que las ideas de Los Blancos se relacionan con las de Los Viagras, uno de los grupos que surgieron después de la caída de Los Caballeros Templarios.

Por su parte, Los Viagras buscan activamente difundir desinformación, como lo demuestra su comunicado en el que denuncian tratos entre las autodefensas y el crimen organizado. Esta declaración fue luego atribuida al Cartel de Jalisco Nueva Generación, otra organización que ha intentado aprovechar el vacío de poder.

El resurgimiento de los grupos armados ilegales pone en entredicho la versión oficial según la cual todo ha vuelto a la normalidad…

Las campañas de desinformación también se emplean en otras partes de México donde operan complejas organizaciones criminales. Por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, al nororiente del país, han surgido misteriosos grupos de autodefensa, conocidos como “columnas armadas”, que llevan el nombre de personajes patrióticos de la historia de la nación y tienen como blanco a los narcotraficantes.

Si bien es posible que IRIS no sea harina de otro costal, como los grupos que tienen claros vínculos con el crimen organizado como Los Viagras y La Nueva Familia, sí tienen con ellos una cosa en común: el deseo de promover el debate sobre la seguridad en Michoacán.

De hecho, todos estos grupos surgieron desde principios de febrero, una semana antes de que el gobernador de Michoacán, Aureoles, presidiera la disolución formal de los grupos de autodefensas.

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El resurgimiento de los grupos armados ilegales pone en entredicho la versión oficial según la cual todo ha vuelto a la normalidad después de la reincorporación de los grupos de autodefensa a la vida civil y de la neutralización de los líderes de Los Caballeros Templarios, como Nazario “El Chayo” Moreno y Servando “La Tuta” Gómez.

En el inestable ambiente de Michoacán, estos grupos les ofrecen a sus miembros una serie de potenciales beneficios. Pueden infundirles miedo a sus enemigos, obtener el reconocimiento de las comunidades locales, polarizar la opinión pública y actuar como una amenaza latente.

Los Blancos de Troya son un buen ejemplo. Después de permanecer con un bajo perfil durante varios meses, el grupo apareció de repente con una serie de ataques contra sus rivales en represalia por el asesinato del conocido narcotraficante Carlos Rosales, alias “El Tísico”.

El principal resultado del aparentemente caótico surgimiento de estas nuevas organizaciones ha sido el de generar confusión. Aunque dicen que defienden causas nobles, como la lucha contra la corrupción, este discurso público es a menudo una cortina de humo para ocultar sus verdaderas intenciones.

En este contexto, los grupos criminales que solían tener vínculos con la hegemonía de los Caballeros se están beneficiando de estas ambigüedades. Está claro que, en Michoacán, la mezcla de estrategias de propaganda política y de autodefensas es una larga tradición que continúa evolucionando con el tiempo.

‘Nueva Familia’ anuncia su llegada y genera agitación en Michoacán

“Narcomantas” colgadas alrededor de Michoacán han anunciado la llegada de una nueva organización criminal, como un indicio de que el hampa se está reorganizando en el atribulado estado del centro de México, después de varios años de crisis.

El pasado 7 de febrero, el municipio de Zamora amaneció empapelado con mantas firmadas por la “Nueva Familia”. Las mantas anunciaban una “limpieza” de miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de extorsionistas, secuestradores, ladrones, violadores y asesinos, informó Proceso.

Más al sur, en la ciudad puerto de Lázaro Cárdenas, aparecieron mantas con un mensaje similar pero firmadas por “Los Justicieros”.

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El procurador general de Michoacán, José Martín Godoy Castro, le dijo a la prensa que la Nueva Familia no era una nueva organización criminal y que los mensajes habían sido puestos por el grupo conocido como Los Viagras, informó Excelsior. Godoy agregó que las mantas de Lázaro Cárdenas fueron colocadas por grupos vinculados anteriormente a los Caballeros Templarios, agrupación que alguna vez fue dominante, pero que ahora está en gran parte desmantelada.

Sin embargo, funcionarios de inteligencia que hablaron anónimamente con El Universal, aseguraron que los mensajes venían de una nueva alianza formada por Los Viagras y una ramificación de los Caballeros dirigida por Homero González Rodríguez, alias “El Gallito”. González es sobrino del desaparecido narcotraficante mesiánico Nazario Moreno González, alias “El Chayo”, que fue uno de los miembros fundadores tanto de los Caballeros Templarios como de la organización que surgió de ellos, la Familia Michoacana.

Análisis de InSight Crime

Michoacán ha sido y sigue siendo un territorio clave para el crimen organizado mexicano, pero el hampa del estado ha sufrido graves reveses en los últimos años.

En primer lugar, la Familia Michoacana, una mezcla de crimen y espiritualidad tergiversada, se disolvió, lo cual allanó el camino para sus descendientes, Los Caballeros Templarios, que se establecieron como poder criminal dominante en la región. Sin embargo, Los Caballeros fueron expulsados de gran parte de la región por los grupos de autodefensa, y sus dirigentes han sido arrestados o asesinados.

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Numerosos grupos han llenado el vacío que dejaron Los Caballeros, entre los que se encuentran el CJNG y diversas redes que han pasado de ser milicias de autodefensa para incursionar en la criminalidad. Los Viagras, por ejemplo, tienen un largo historial de actividad criminal cooperando tanto con otros criminales como con miembros de los grupos de autodefensa.

Estas redes criminales pueden haber establecido nuevas alianzas —y nuevos enfrentamientos—, pero están fuertemente conectadas a los grupos del pasado, y en lugar de representar una nueva era del crimen organizado en Michoacán, se pueden considerar un reciclaje de la misma dinámica.

Este proceso de grupos disidentes que están remplazando a los carteles se repite en gran parte de México y nos recuerda que desmantelar a las organizaciones criminales y a los individuos que las dirigen no es suficiente para acabar con el crimen organizado en México.

Desacuerdo narco en México originó masacre en fiesta de cumpleaños

Las autoridades de Guerrero, México, han afirmado que el fatal tiroteo que tomó lugar durante una fiesta de cumpleaños se dio como resultado de la ruptura en las negociaciones que adelantaban varios grupos de narcos, lo cual, de ser cierto, sería un indicio del grado de fragmentación criminal en el atribulado estado.

El pasado 30 de enero, nueve personas murieron después de que se presentara un tiroteo en una tradicional fiesta de 15 años en el municipio de Coyuca de Catalán, al suroeste del estado de Guerrero.

Milenio informó que, según Xavier Olea Peláez, fiscal general de Guerrero, el enfrentamiento se dio entre tres organizaciones criminales rivales: Los Caballeros Templarios, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de la Sierra.

Olea afirmó que el padre del niño en cuya fiesta ocurrieron los hechos había invitado a los carteles rivales a la celebración para que pudieran negociar las fronteras territoriales, pero no pudieron llegar a un acuerdo y por eso se generó el violento enfrentamiento. Entre los muertos se encuentran figuras importantes de cada grupo, agregó el fiscal.

Análisis de InSight Crime

Si bien la versión de los hechos por parte del fiscal aún no está confirmada, en caso de ser cierta daría indicios sobre el fragmentado panorama actual del crimen organizado en el estado más violento de México.

Las tres organizaciones identificadas tienen trayectorias muy diferentes en el hampa mexicano. Los Caballeros Templarios fueron uno de los más infames carteles de México y el grupo más poderoso de la región, pero luego de las intensas campañas que el Estado y los grupos de autodefensas emprendieron contra ellos, ahora son sólo una sombra de lo que fueron.

El CJNG es un grupo emergente que ha intentado beneficiarse de la desaparición de Los Caballeros. Si bien el grupo ha expandido considerablemente su territorio en los últimos años y ha aumentado su perfil con varios actos de violencia extrema, hay pocas señales de que haya logrado expulsar a sus rivales y establecer un dominio monopólico sobre las regiones donde actúa.

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El Cartel de la Sierra, por su parte, es una de las numerosas ramas de la desmantelada Organización Beltrán Leyva (OBL), que han presentado traiciones internas y con otros rivales con el fin de tomar el control de los negocios criminales dejados por la familia Beltrán Leyva, cuyos miembros ahora se encuentran capturados.

Según un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) a finales de 2014, estos tres grupos se encuentran entre las 26 organizaciones criminales que se disputan actualmente Guerrero, un número que ha proliferado luego de la caída de los carteles más grandes como la OBL.

Esta dinámica de redes locales pequeñas y de grupos disidentes que establecen alianzas que se rompen por violentas disputas territoriales es un reflejo de la nueva realidad de Guerrero y de gran parte de México.

Las milicias en México: ¿seguridad ciudadana o escalamiento del conflicto?

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Este artículo explora los efectos en la política y la seguridad que los grupos de autodefensa que aparecieron en años recientes en México como reacción a la violencia del crimen organizado, especialmenete en los estados de Michoacán y Guerrero.

El presidente Calderón y la reestructuración de los carteles en Michoacán

Michoacán, el estado natal del expresidente mexicano Felipe Calderón, fue uno de los primeros focos de atención de su gobierno, como una manera de dar respuesta al rápido crecimiento del cartel criminal La Familia Michoacana. En 2006, La Familia Michoacana era uno de los más violentos grupos de narcotraficantes mexicanos, y su poder se estaba expandiendo por gran parte del estado, particularmente en Tierra Caliente. Ejercía una cruel violencia que se percibía en las calles de Michoacán, y lanzó una campaña agresiva de extorsiones a las empresas más importantes del estado, como las productoras de aguacate y las empresas madereras (ni siquiera eran inmunes las empresas que funcionaban en Morelia, la capital del estado). Hacia 2009, al parecer La Familia Michoacana tenía influencia sobre unos 180.000 negocios (o en todo caso los extorsionaba), como estaciones de gasolina, tiendas de automotores, mercados callejeros, cines y otros negocios. Se consideraba que las ganancias diarias del grupo ascendían a US$1,9 millones (aunque probablemente esta cifra es muy exagerada).

Este es un fragmento de un artículo publicado originalmente por Center for Complex Operations en la revista de estudios de seguridad Prisma, Volumen 5, Número 4, y se reproduce con permiso. Lea el artículo completo aquí.

La Familia Michoacana ejercía un control dominante sombre algunas comunidades. El grupo vigilaba las entradas y salidas de ciudades y pueblos, permitiendo o negando el paso a cualquiera que intentara cruzar, a veces extorsionando a las personas. Esta organización, que mezclaba creencias religiosas y rituales bajo un manto de culto, también estableció “tribunales” y procedimientos de “resolución de conflictos” para los residentes en las áreas bajo su influencia. De hecho, algunos habitantes de Tierra Caliente y Morelia (Michoacán), me dijeron en la primavera de 2011 que preferían los tribunales de La Familia Michoacana a la justicia estatal formal. Otros se sentían aterrados, pues creían que el grupo tenía “halcones” (vigilantes e informantes) por todas partes. Habían penetrado profundamente en alcaldías, consejos municipales y las policías locales, y podían atacar a cualquier persona. Pero La Familia Michoacana también tuvo que luchar contra otros grupos criminales para defender su territorio, como Los Zetas, un súper violento grupo en expansión, así como rivales menores, como el Cartel del Milenio. Con el tiempo, la acción de gobierno, junto con los ataques de sus rivales, aceleraron la desaparición de La Familia.

Durante el gobierno de Calderón, Michoacán se convirtió en una de las primeras zonas donde se desplegó el ejército mexicano para combatir a los grupos criminales. Como en otros lugares de México, una de las misiones principales del ejército consistió en respaldar, y en algunos casos incluso reemplazar, a las policías municipales de Michoacán, que normalmente carecían de entrenamiento y recursos, eran profundamente corruptas y estaban apabulladas por el crimen organizado.

Es importante resaltar que la nueva estrategia de policía militar —que consistía en ir tras objetivos clave y establecer requisas en puestos de control fijos— no logró restaurar la autoridad del Estado o, más precisamente, no logró ampliar su control. Sin embargo, la estrategia de ir tras objetivos clave se concentró en capturar a muchos de los principales líderes de La Familia Michoacana, al punto que, en la primavera de 2011, Los Pinos (residencia del presidente mexicano) declaró que La Familia Michoacana estaba desmantelada.

Para entonces, las milicias estaban arrestando personas acusándolas de trabajar para Los Templarios y otros grupos criminales, llevaban a cabo sus propios juicios y dictaban sentencias.

Sin embargo, en pocas semanas surgió un nuevo grupo criminal, Los Caballeros Templarios, el cual asumió el control de los mercados ilegales e informales de Michoacán que La Familia solía controlar. Aunque se presentaban a sí mismos como un grupo de autodefensas que buscaba proteger a los residentes de Michoacán y eliminar el crimen organizado de la zona, Los Templarios pronto comenzaron a comportarse como la misma plaga que ellos pretendían erradicar. De una manera incluso más agresiva que La Familia Michoacana, extorsionaban a los negocios legales, informales e ilegales. Además de secuestrar a los familiares de negociantes ricos, también les exigían pagos de extorsión a los cultivadores de aguacate y a las empresas madereras y expandieron su actividad extorsiva a la industria de extracción y transporte de hierro a través del puerto Lázaro Cárdenas, el principal puerto y centro económico de Michoacán. En marzo de 2014, el enviado especial del gobierno mexicano para restablecer el estado de derecho en Michoacán, Alfredo Castillo, afirmó que Los Templarios ganaban más dinero extorsionando las operaciones de extracción, procesamiento y transporte de hierro que del narcotráfico u otro tipo de extorsiones.

Independientemente de la exactitud de esta apreciación sobre la cartera financiera del cartel, Los Templarios, explotando su presencia territorial y su temida reputación, lograron convertirse en una mafia multifacética con participación en muchos negocios ilegales en el estado y en la extorsión generalizada.

Las milicias pululan… también en Guerrero

En la primavera de 2014, Los Templarios eran la autoridad más temida en la zona. A pesar de que supuestamente surgieron como reacción a los abusos y excesos de La Familia Michoacana, Los Templarios también se sobrepasaron en sus exigencias de pagos de extorsión y de obediencia a ellos y desencadenaron una violenta reacción. Como resultado de esta violencia, comenzaron a formarse milicias anti-Templarios en los campos de Michoacán incluso antes de que la influencia del grupo llegara a sus niveles más altos.

Los grupos de autodefensa contra el crimen, como los del municipio de Cherán, Michoacán, comenzaron a surgir incluso en 2011, pero el gobierno de Calderón no les prestó mucha atención. Su expansión, su visibilidad y su comportamiento cada vez más cuestionable continuaron creciendo hasta 2013. Para entonces, las milicias estaban arrestando personas acusándolas de trabajar para Los Templarios y otros grupos criminales, llevaban a cabo sus propios juicios y dictaban sentencias. Eran particularmente activas en las ciudades de Tepalcatepec, Buena Vista y La Ruana (Michoacán), donde reunían tantas armas como podían y tomaban el control de las estaciones de policía.

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Cuando los grupos de autodefensa comenzaron a golpear, expulsar y detener no sólo a los policías municipales, sino también a los soldados, la administración del sucesor de Calderón, el presidente Enrique Peña Nieto, ya no pudo ignorar su crecimiento. Pero incluso la detención de miembros de las milicias que se dedicaban a los peores excesos, como los secuestros de personal de la policía, no parecía disuadirlos.

Las milicias también crecieron en el vecino estado de Guerrero, una de las zonas más violentas de México durante la administración Peña Nieto y hasta la fecha, donde en 2013 había 73,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, en comparación con el promedio nacional de 29,3 por 100.000 ese mismo año. Aunque su tasa de homicidios disminuyó en 2014, Guerrero seguía siendo el segundo estado más violento de México. Innumerables bandas criminales pequeñas, fragmentadas, inestables y altamente violentas surgieron en el estado a raíz de la política del gobierno federal de ir tras objetivos de alto valor de la otrora dominante Organización Beltrán Leyva. Como en Michoacán, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, en el vecino estado de Jalisco, también estaba invadiendo su territorio, provocando violentas batallas.

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El origen y el control de las milicias en Guerrero parecen incluso más turbios que en Michoacán. Algunas de las milicias de autodefensa parecen haber sido penetradas por grupos del crimen organizado, como el Cartel de Jalisco Nueva Generación. De hecho, algunos carteles han comenzado a denominar a sus propios sicarios como grupos de autodefensa y han intentado penetrar y subvertir los grupos de autodefensa existentes. Así mismo, las milicias en Guerrero también han estado íntimamente relacionadas con las llamadas “policías comunitarias”, autorizadas legalmente por la Constitución de México, a las cuales se les permite portar armas de fuego y operan sobre todo en las comunidades indígenas. En la primavera de 2013, había 45 grupos de policía comunitaria en 14 de los 32 estados mexicanos. Por ejemplo, en el municipio de Ocotito, Guerrero, la milicia local, surgida de manera independiente, parece tener la ayuda de la policía comunitaria Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)

Por otra parte, en Guerrero y Michoacán se comenzaron a extender los rumores de que los milicianos también podrían estar tomando la justicia en sus manos de manera más agresiva (por ejemplo, asesinando a quienes ellos consideraran opositores). En efecto, marchaban por la región con ametralladoras, expulsaban o arrestaban a los policías municipales que consideraban incompetentes o corruptos, y bloqueaban carreteras, determinando según su propio criterio quién podía entrar o salir.

Si no puedes vencerlos, únete a ellos

La primera reacción de los altos funcionarios de la administración Peña Nieto consistió en denunciar a las milicias. El presidente, por ejemplo, explícitamente dijo: “Como sea que se denominen estos grupos, la práctica de tomar la justicia en sus propias manos [está] por fuera de la ley y mi gobierno luchará contra ello”. Pero al mismo tiempo, varios funcionarios del estado de Michoacán continuaron insinuando que la existencia de las milicias podría tolerarse. En Guerrero, las contradicciones entre las autoridades estatales y federales y entre las respuestas del estado fueron aún más pronunciadas: por un lado, el Estado les proporcionaba fondos, uniformes y equipos de comunicaciones a las fuerzas de autodefensa, a la vez que detenía a algunos miembros de las milicias. En la primavera de febrero de 2014, dado que una de las milicias de Guerrero tenía sitiadas a algunas poblaciones de las afueras de la capital del estado, Chilpancingo, Ciudad de México envió batallones militares y unidades de policía federal para evitar que ingresaran a la ciudad.

Pero el desmantelamiento de las milicias por la fuerza podría desatar una lucha sangrienta ente ellas y el gobierno federal, en la que cual no se podría contar con la ayuda de las autoridades locales y estatales.

En este proceso, los funcionarios federales se dieron cuenta de que acabar con las milicias no era una tarea fácil. Negociar con las milicias para lograr su desarme resultó especialmente difícil, dado que los milicianos sostenían que serían objeto de represalias y sólo se desarmarían una vez las bandas criminales, incluyendo a los principales líderes de Los Templarios, fueran detenidos. Pero el desmantelamiento de las milicias por la fuerza podría desatar una lucha sangrienta ente ellas y el gobierno federal, en la que cual no se podría contar con la ayuda de las autoridades locales y estatales. Después de todo, según los milicianos, ellos sólo se estaban defendiendo a sí mismos y a sus familias y comunidades contra la brutalidad de los grupos criminales, ya que el Estado no había podido hacerlo, lo que de hecho era a menudo el caso.

El despliegue de las fuerzas armadas mexicanas en Guerrero y Michoacán, que el presidente Peña Nieto aumentó en un 50 por ciento a principios de 2013, no logró disminuir la formación, la propagación ni los abusos de las milicias. A finales de 2013, éstas tenían presencia en 47 de los 113 municipios de Michoacán. En el vecino estado de Guerrero, en la primavera de 2014 operaban en más de la mitad de los 81 municipios del estado. En áreas que solían ser enclaves de los Templarios en Michoacán, como Apatzingán, se presentaron dramáticos enfrentamientos entre los Templarios y las autodefensas.

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Las autodefensas establecieron puestos de control en otras partes. En enero de 2014, grupos de autodefensa se tomaron el edificio municipal de Parácuaro y bloquearon los puntos de entrada a la ciudad, provocando una batalla con Los Templarios, hasta que la policía federal logró negociar su propia entrada. Las milicias también tomaron el control de un pueblo cercano: La Huerta. En algunas partes de Michoacán, la policía federal comenzó a operar los puntos de control en conjunto con las fuerzas de autodefensa. Los miembros de las milicias se contaban por miles —según algunos informes, llegaban incluso a 20.000—, aunque no se realizaron conteos confiables, y a las milicias les gustaba exagerar acerca de su poder. Con el fin de darle cabida a la insistencia de las milicias de que sólo detendrían sus acciones si el gobierno arrestaba a los líderes de Los Templarios, el gobierno realizó una serie de redadas en Michoacán y durante varios meses capturó a importantes líderes de Los Templarios.

Cuando un importante líder de Los Templarios, conocido como “El Tío”, fue detenido en enero de 2014, el ministro del Interior de México, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que el gobierno había llegado a un acuerdo con los grupos para incorporarlos a un nuevo organismo de seguridad del Estado conocido como el “Cuerpo de Defensa Rural”. El acuerdo especificaba que dicho organismo sería temporal y requería que los líderes milicianos le proporcionaran al gobierno un registro de sus miembros.

Aunque no era lo más deseable, el concepto de Cuerpo de Defensa Rural fue el mal menor con el que disponía el gobierno en ese momento.

Establecer un límite de tiempo para la existencia de las milicias era una disposición muy apropiada, dado que desmantelar cualquier autodefensa no oficial y extralegal, aunque tenga motivos para existir, siempre debe ser la posición de un Estado que se adhiere a la ley. Aun así, había buenas razones para dudar de la conveniencia del acuerdo. El hecho de que el gobierno no pudo desmantelar a las milicias, y básicamente hizo un trato con ellas, era una clara evidencia de la debilidad del Estado en las zonas rurales de México.

El acuerdo también creó un mal precedente, que indicaba que si uno quería ingresar a la nómina del Estado y tomar la ley por sus propias manos (o cubrir la extorsión y otros delitos de un manto de legitimidad), lo único que debía hacer era conformar una milicia de autodefensa. Había además buenas razones para dudar de la exactitud del registro de miembros que los líderes milicianos le entregaban al Estado y de la capacidad de este último para hacer su nueva evaluación independiente de los miembros de las milicias. Por otra parte, no era claro qué tan comprometidas estaban las milicias con el acuerdo: un importante líder miliciano, el doctor José Manuel Mireles, no estaba entre los que lo firmaron, y otro grupo de milicianos de la zona de La Ruana no sólo estaba ausente, sino que además ocupó el edificio del gobierno municipal de Peribán ese mismo día. En Guerrero, las milicias rechazaron un acuerdo similar para convertirse en una fuerza de defensa rural oficial, alegando que no creían que el gobierno federal de México estuviera verdaderamente decidido a luchar contra los grupos criminales.

Aunque no estuvo exento de problemas, el acuerdo de formar el Cuerpo de Defensa Rural fue claramente mejor que la anterior política de permitir que las milicias actuaran libremente y sin moderación. Aunque no era lo más deseable, el concepto de Cuerpo de Defensa Rural fue el mal menor con el que disponía el gobierno en ese momento. Fue sólo cuestión de tiempo antes de que las milicias, no supervisadas, comenzaran a atacar a las comunidades locales, considerando criminales a todos aquellos que se les interpusieran, atribuyéndose la “justicia” a sí mismas, y deteriorando aún más los ya pobres vínculos entre el Estado y la población. Y no es descabellado imaginar que pudieron estar tentadas a incursionar en algunos mercados ilícitos.

De hecho, tales problemas en torno a las milicias y su rápida incursión en el bandidaje quedaron al descubierto sólo unas semanas después de que se firmó el acuerdo. A mediados de marzo de 2014, las autoridades mexicanas arrestaron a uno de los principales líderes de las milicias, Hipólito Mora, acusándolo del asesinato de dos miembros de una facción miliciana rival en Buenavista Tomatlán. Las autoridades gubernamentales también detuvieron a otros 28 miembros de las milicias, acusándolos de robar y apropiarse de los bienes de supuestos miembros de Los Templarios, como haciendas, tierras y caballos, a la vez que les exigían dinero a los lugareños para devolverles los bienes que habían sido robados por Los Templarios. Al anunciar los arrestos, las autoridades mexicanas insinuaban que no tolerarían a las milicias, ahora que el gobierno había desarrollado redes de inteligencia independientes para perseguir a Los Templarios.

En abril de 2014, otros 100 milicianos fueron detenidos acusados de que de hecho eran criminales (y de que algunos pertenecían a Los Templarios) que se hacían pasar por grupos de autodefensa. Las milicias, incluyendo las de otras facciones, como el grupo de Tepacaltepec liderado por Mireles, señaló que el gobierno los estaba enjuiciando injustamente, que no estaba cumpliendo su parte del acuerdo, y que el gobierno de México aún no podía hacer frente a la seguridad en el centro de México sin la ayuda de las milicias. Otro portavoz de las autodefensas, Estanislao Beltrán, admitió que algunos malos elementos, incluyendo algunos criminales, se habrían infiltrado en las milicias, pero que éstas sanearían sus filas y continuarían operando, aunque preferiblemente con el aval del gobierno.

De este modo, en abril de 2014 el gobierno federal anunció que los grupos de autodefensa habían acordado desarmarse el 10 de mayo —pero esta fecha no se cumplió y las milicias mostraron poco interés en cumplir el acuerdo básico firmado en enero de 2014—. Al mismo tiempo, José Manuel Mireles declaró que los grupos de autodefensa bajo su influencia empezarían a trabajar con las fuerzas federales, en ciudades como Morelia, Uruapán y Lázaro Cárdenas, para acabar con los demás miembros de Los Templarios, incluyendo a sus medios mandos, con lo cual cambiaba los términos del acuerdo y los parámetros de desarme de sus milicias. También dijo que, como parte de un nuevo acuerdo con el gobierno, las autoridades federales acordaron liberar a muchos de los miembros de los grupos de autodefensas detenidos.

El acuerdo entre el gobierno y las milicias comenzó a romperse casi tan pronto como se secó la tinta en el papel. Algunas milicias se unieron a los Cuerpos de Defensa Rural, y recibieron armas, uniformes y salarios por parte del gobierno, mientras que otras continuaron dándole largas al asunto. Durante el resto del año 2014, el gobierno mexicano continuó negociando con las diferentes facciones de las milicias y arrestando a líderes y miembros de algunas de ellas, sólo para liberarlos después. Sin embargo, en diciembre de 2014, la mayoría de las principales facciones de las milicias en Michoacán, incluyendo las de Hipólito Mora y su rival Luis Antonio Torres, conocido como “El Americano”, fueron nominalmente adjuntadas al Cuerpo de Defensa Rural.

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Sin embargo, su presencia nominal en el organismo avalado por el Estado no garantizaba que éste tuviera un adecuado control sobre el comportamiento de las milicias. A mediados de diciembre de 2014, las facciones de Mora y Torres se enfrentaron en un tiroteo sangriento en el municipio de La Ruana, lo que dejó como resultado 11 personas muertas, entre ellas el hijo de Mora. Los líderes Mora y Torres se entregaron a las autoridades del estado y luego fueron acusados de homicidio y secuestro. Sin embargo, como una nueva muestra de la persistente debilidad del sistema de justicia de México y de su incapacidad para enjuiciar efectivamente a los criminales, ambos hombres fueron liberados debido a falta de pruebas y a otras deficiencias judiciales.

Igualmente problemática fue la violencia que se generó entre las facciones de Torres y Mora y una nueva facción de Los Templarios, Los Viagras, que continuó hasta enero de 2015. Fuerzas federales del ejército y la policía también comenzaron a actuar con mayor violencia contra las milicias, lo que incluye un conocido incidente después de que una de las milicias intentara tomarse el ayuntamiento de la ciudad de Apatzingán. Tanto en Michoacán como en Guerrero, la violencia y el surgimiento de las milicias afectaron las elecciones intermedias de México, llevadas a cabo en junio de 2015. En Michoacán, el líder de una milicia, Enrique Hernández, fue asesinado en marzo, mientras hacía campaña por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido de orientación izquierdista. Él había estado tres meses en la cárcel, pero fue liberado por falta de pruebas.

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Conclusiones e implicaciones políticas

De alguna manera, la disposición del gobierno para actuar contra las milicias, incluyendo el arresto y el enjuiciamiento de algunos de sus miembros, ha sido más alentadora que sus otras políticas de lucha contra el crimen. El plan inicial de incorporarlos al Cuerpo de Defensa Rural era el mal menor; sin embargo, el gobierno ha fallado en aplicar efectivamente la política con las milicias. En Guerrero, el gobierno aún no ha logrado convencerlas de firmar ningún acuerdo. Tanto en Michoacán como en Guerrero, muchas de las milicias se han convertido en importantes fuentes de conflicto y abusos, y no han actuado realmente como una fuerza estabilizadora.

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De hecho, el gobierno mexicano necesita perseverar en su voluntad de controlar las milicias diligentemente, enjuiciar a quienes se dedican a crímenes como la extorsión y los homicidios, y aprovechar cualquier oportunidad de hacerlas retroceder y desmantelarlas —incluso si estos esfuerzos no han dado sus frutos hasta ahora—. Asociarse con las milicias podría parecer una opción seductora en el corto plazo en un momento de crisis, pero en el largo plazo genera problemas para la seguridad, el Estado de derecho y la legitimidad del Estado, sea que se trate de México, Colombia o Afganistán.

Dado que la lucha de México contra la criminalidad no se trata sólo de definir quién tiene el control y el poder en el mundo criminal, sino de la cobertura y la extensión del Estado de derecho y la rendición de cuentas en México, cualquier reconocimiento oficial de las milicias contradice fundamentalmente ese proyecto.

Desde una perspectiva política, los resultados más sobresalientes son los siguientes:

  • En México, las milicias no parecían estar inclinadas a abusar de las comunidades locales y rivales cuando surgieron espontáneamente en sus comunidades, incluso frente a una fuerza externa especialmente agresiva, representada por los grupos criminales externos, y si no había grandes rupturas y conflictos en las comunidades donde se originaron.
  • Sin embargo, aun así, a menudo las estructuras comunitarias locales no han podido (o no han estado dispuestas a) frenar el accionar de las milicias.
  • En ausencia de la supervisión efectiva y el apoyo de fuerzas oficiales sólidas, como fuerzas militares o de policía nacionales o extranjeras, las milicias mexicanas pronto comenzaron a recurrir a la violencia y los abusos, independientemente de sus motivaciones y justificaciones iniciales.
  • Bajo la administración del presidente Peña Nieto, el gobierno federal mexicano ha hecho esfuerzos por regularizar las milicias, lo que incluye incorporarlas a estructuras policiales oficiales, creadas ad hoc y supuestamente de manera temporal. El gobierno también ha definido límites sobre el tipo de actividad en el que las milicias pueden participar, y estableció algunos procedimientos de control de sus miembros. Pero no ha logrado implementar y hacer cumplir estas reglas oficiales. Aunque el gobierno mexicano ha estado dispuesto a acusar y arrestar a los líderes de las milicias por los abusos perpetrados por sus unidades, como asesinatos, secuestros y extorsiones, el ineficaz procesamiento de estos crímenes ha desvirtuado en gran medida sus esfuerzos.
  • Independientemente de sus orígenes y motivaciones, el surgimiento de las milicias cambia profundamente la balanza de los poderes locales. En consecuencia, tanto los actores locales como los externos buscan absorber a las milicias o bien establecer grupos rivales. En México, incluso aunque los milicianos surgieron como oposición a la violencia y las extorsiones de los grupos criminales, los carteles intentaron apoderarse de ellos o bien establecer milicias “rivales”.
  • Este debate por el control y el establecimiento de las milicias también estuvo presente en las estructuras del gobierno: en cuanto a las milicias, los funcionarios oficiales del nivel municipal y estatal solían tener políticas directamente contradictorias a las del gobierno federal. En resumen, aunque la formación de las milicias pudo haberse originado como un problema local, los efectos que tuvieron las milicias sobre la seguridad y las políticas no se limitaron a las poblaciones pequeñas. Los equilibrios de poder que llegaron a afectar fueron mucho mayores, como lo fueron los efectos subsiguientes. Independientemente de sus motivaciones y sus mecanismos de control, las milicias tienen una fuerte tendencia al bandidaje y pueden ser fácilmente absorbidos por aquellos a quienes pretenden combatir. En definitiva, el aumento y la propagación de las milicias disminuyen la legitimidad y el poder del Estado.

* Este es un fragmento de un artículo publicado originalmente por Center for Complex Operations en la revista de estudios de seguridad Prisma, Volumen 5, Número 4, y se reproduce con permiso. Lea el artículo completo aquí.

México recicla su estrategia de seguridad en el turbulento Michoacán

El despliegue masivo de fuerzas federales ordenado por el presidente de México Enrique Peña Nieto en Michoacán evoca a la estrategia militarizada de su predecesor Felipe Calderón en este estado asediado por la violencia.

El gobierno central mexicano enviará 5.000 agentes federales (incluyendo miembros de la Policía Federal, el ejército y la armada) al estado de Michoacán, al suroeste del país, según informó El Universal. El nuevo contingente se unirá a los 3.000 agentes que ya se encuentran patrullando el estado.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que se está realizando una evaluación para determinar las áreas más riesgosas, donde las nuevas fuerzas serán desplegadas. Son preocupantes en particular las fronteras de Michoacán con los estados vecinos de Jalisco, Guanajuato, Guerrero y el Distrito Federal, añadió Conejo.

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Los agentes federales están siendo desplegados como parte de una mejora de la iniciativa de “Mando Único” propuesta por Peña Nieto.  El programa pretende reemplazar a los cuerpos de policía locales, que al parecer están infiltrados por el crimen organizado, por una única fuerza policial comandada desde el nivel estatal.

Según El Universal, hasta el momento 76 municipios de Michoacán se han acogido a Mando Único. Ahora que sus fuerzas policiales han sido disueltas, la seguridad de estos municipios ha pasado a ser controlada por los 3.000 agentes federales que ya se encuentran en Michoacán.

Análisis de InSight Crime

Desde que asumió el cargo como presidente en 2012, Peña Nieto señaló que la estrategia de seguridad de su gobierno se enfocaría en la prevención de los crímenes y la reducción de la violencia. Sin embargo, el más reciente despliegue de las fuerzas federales realizado por Peña Nieto evoca acciones similares tomadas por Calderón, cuya confianza en la fuerzas militares para combatir a los temibles carteles de la droga fue una parte integral de la denominada “Guerra contra las Drogas” mexicana.

Una de las primeras medidas de Calderón luego de llegar a la presidencia fue enviar 6.500 tropas para restaurar el orden en su estado natal Michoacán. Las tropas supuestamente iban a ser una medida temporal, pero seis años después el gobierno envió otros 4.000 efectivos al estado.

Los 5.000 agentes federales que Peña Nieto está desplegando en Michoacán —adicionales a los 3.000 ya presentes— muy probablemente también permanecerán durante un largo plazo. En la medida en la que más cuerpos policiales están siendo disueltos como parte del programa Mando Único, el estado será cada vez más dependiente de las fuerzas de seguridad federales.

Sin embargo, hay razones para dudar que esta nueva decisión producirá mejores resultados que las anteriores. Pese al desmantelamiento de organizaciones criminales como los Caballeros Templarios, la violencia en Michoacán sigue siendo alta, y los grupos de autodefensa se siguen enfrentando en sangrientos tiroteos.

El hijo del gobernador, Los Caballeros Templarios y los límites de la justicia en México

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La débil condena de Rodrigo Vallejo, hijo del gobernador del estado mexicano de Michoacán durante el auge del grupo criminal conocido como Los Caballeros Templarios, es otro ejemplo de impotencia judicial en México.

Vallejo fue condenado por un juez federal por el delito de encubrimiento el 11 de septiembre. La aparición de Vallejo en un vídeo departiendo con Servando Gómez, “La Tuta”, exlíder Templario, había provocado ya la dimisión de su padre. A pesar del contenido de esa polémica conversación, la sentencia, según el abogado de Vallejo, podría no suponer su ingreso en prisión.

Aun así, el análisis de este proceso ayuda a entender algunos problemas y retos que los organismos de seguridad y justicia mexicanos enfrentan cuando se intenta desenmarañar las redes político-criminales que, en algunas zonas del país, han cooptado a las instituciones.

Uno de los aspectos que llama la atención es la dificultad de la Procuraduría General de la República (PGR) para lograr una acusación sólida contra Vallejo. Según algunas fuentes, la PGR contaba con numerosos vídeos de Templarios y funcionarios estatales y municipales, de los cuales podría extraerse un hipotético organigrama de las relaciones entre políticos michoacanos y esa organización criminal. En esta red, la figura de Vallejo, por sus evidentes contactos al más alto nivel, no podía ser menor. Incluso, como complemento de esta investigación, habría sido de ayuda el uso de La Tuta como testigo que explicara cómo se concretó el apoyo del hijo del exgobernador de Michoacán.

Por el contrario, la condena de Vallejo por encubrimiento es únicamente por no proporcionar datos sobre el paradero de La Tuta, tal y como se lo exigieron las autoridades. Es decir, la condena es por un acto posterior al vídeo. De hecho, el delito solo se generó cuando el acusado declaró ante la PGR. Esto muestra, en la más benévola de las hipótesis, que las autoridades mexicanas no tienen una imagen clara del nivel de penetración criminal en las instituciones investigadas, a lo que se añade un habitual mal uso de testigos.

Sin embargo, esta manera sesgada de investigar contra estructuras criminales sofisticadas es habitual, como muestra el caso Ayotzinapa, sobre la desaparición de decenas de estudiantes en el convulso estado de Guerrero hace casi un año.

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Por ejemplo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que a petición del Estado mexicano ayuda a la investigación, solicitó reunir todos los procesos relativos a ese caso en un solo juzgado. Una petición de este tipo ejemplificó varios problemas de la telaraña legal mexicana, como la dispersión de las investigaciones en distintos tribunales del país, lo que coadyuva a un tipo de impunidad como la vista en el caso Vallejo.

Además, si bien es cierto que la PGR ha logrado cientos de detenidos que arrojan luz sobre la desaparición de los estudiantes normalistas, el procesamiento de individuos de instituciones municipales, junto al de miembros de los Guerreros Unidos, el grupo criminal tras las desapariciones, se ha hecho exclusivamente desde una perspectiva municipal. Por lo tanto, se echa en falta un enfoque para visibilizar los vínculos de los acusados con redes que se desenvuelven a una mayor escala y operan con dinámicas que traspasan lo local.

Ante las estrategias fallidas descritas anteriormente, México puede aprender de políticas de otros países. Así, el escándalo de la parapolítica colombiana alude a un contexto diferente (el de los vínculos de políticos con las Autodefensas Unidas de Colombia), pero da herramientas para enfrentar estructuras criminales complejas como la Templaria. Por ejemplo, de las sentencias sobre la parapolítica, se deducen principios para probar cómo de reuniones entre políticos y miembros de grupos criminales puede inferirse una serie de roles, con un propósito criminal común, en el que el apoyo desde ámbitos políticos es uno de los aspectos más relevantes.

Precisamente, Colombia ha realizado avances en su cultura jurídica que México también puede hacer suyos, siempre que desde el gobierno haya un interés por adaptar las políticas y las leyes a los actuales desafíos del crimen organizado. Uno es la investigación de contexto. En ella, la Fiscalía colombiana prioriza unos temas para construir situaciones que ilustren patrones de los grupos criminales. Al explicitar las dinámicas del crimen organizado y sus relaciones a distintos niveles con la esfera pública, la justicia muestra además un carácter didáctico, imprescindible para crisis de seguridad como la mexicana. Este matiz se pierde con una investigación caso por caso.

En esta línea, el Ministerio Público de Guatemala tiene un equipo de 120 analistas cuyo trabajo consiste en estudiar casos múltiples para ver si hay vínculos entre ellos. Así los fiscales pueden ahorrar esfuerzos, ya que en vez de procesar cada caso a nivel individual terminan procesando redes  criminales enteras, como hicieron en un caso histórico contra las pandillas en 2014.

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Regresando al caso Vallejo, es difícil comprender la relación entre parte de la élite michoacana con los Templarios, algo asumido entre la ciudadanía como evidente, y la manera en que se cooptó ese Estado mexicano, sin relacionar casos aislados que presenten un patrón similar. En este sentido, resultaría natural ligar el proceso de Vallejo con el de Jesús Reyna, exgobernador interino de Michoacán, del que aún se investiga su papel en la red política de los Templarios.

En definitiva, finalice así o dé lugar a nuevos procesos, un caso como el de Vallejo revela algo más: Qué se hace, también desde las instituciones de procuración de justicia como la PGR y los jueces, por implantar una narrativa que, en materia de seguridad, destierre la propaganda oficial y las teorías conspiratorias que nutren a la opinión pública mexicana. Es decir, desde qué enfoque las instituciones explican la naturaleza del crimen organizado en México, y qué imagen se da a la ciudadanía al respecto. En este caso, el enfoque ha sido limitado y la imagen, de impotencia.

¿Estuvo involucrada la policía de México en la desaparición de miembros de autodefensas?

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Doce miembros de un grupo de autodefensa en el estado mexicano de Michoacán desaparecieron después de salir de patrulla en noviembre de 2014. Sus familias ahora dicen que la policía estaba involucrada, sea cual sea la verdad, el caso es indicativo de un problema más amplio en México: la falta de justicia para los desaparecidos, entre ellos (y sobre todo) aquellos que no se ajustan al perfil de un civil del común.

Michoacán presenta rasgos novedosos para los parámetros clásicos de la “guerra al narcotráfico” en México.

El nivel de penetración institucional de los Caballeros Templarios; la legalización de civiles armados para combatirlos y la dificultad en la distinción entre la actuación legal o ilegal de algunos organismos públicos, plantea si las políticas en ese estado del Pacífico no exigen superar la etiqueta de un problema exclusivamente ligado a la delincuencia organizada.

El conflicto entre las autodefensas y los Templarios se ha manifestado en episodios especialmente violentos. Un ejemplo de esto es la desaparición de doce autodefensas el pasado noviembre que se dirigían a la pequeña ciudad de Apatzingán un sábado en un convoy de cuatro camiones, de los cuales sólo uno regresó, sin ninguna explicación de lo que había ocurrido con el resto.

Sus familiares han acusado a policías federales por las desapariciones. Las cabezas de dos desaparecidos fueron encontradas en una carretera de Uruapan, lugar de la región michoacana de Tierra Caliente, donde ejercían como autodefensas. Se desconoce el paradero de los otros diez.

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Algunas teorías

Algunos de los familiares han planteado también la posible implicación de Los Viagras, un grupo que ha cobrado fuerza en el nuevo panorama michoacano. De hecho, de las cuatro camionetas que formaban el convoy de vuelta de Apatzingán, sólo regresó la de Nicolás Sierra Santana, uno de los hermanos que dirige Los Viagras.

A falta de más datos, el interés de la policía federal por posicionarse tan claramente a favor de un grupo u otro de autodefensas es dudoso, sobre todo con un delito tan aparentemente inmotivado.

La hipótesis más plausible es la de una acción de los Templarios

Precisamente, los federales también han tenido una papel importante en la represión de acciones promovidas por Los Viagras, como la toma del ayuntamiento de Apatzingán, la capital no oficial de la Tierra Caliente, el pasado enero. Según Proceso, en esos hechos sí hay indicios de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por este cuerpo de seguridad.

Por añadidura, una colaboración entre esa institución federal y los Templarios es improbable, ya que la policía federal sufrió sangrientos ataques durante el liderazgo criminal de Servando Gómez, alias “La Tuta”, antes de su captura a comienzos de este año.

La hipótesis más plausible es la de una acción de los Templarios, todavía activos en Uruapan, a los que se alude como “Guardia Michoacana” en la manta dejada junto a los restos de los dos autodefensas. En menor medida, también podría estar detrás la rivalidad entre autodefensas, ya que los desaparecidos, según algunas fuentes, eran cercanos al encarcelado José Mireles.

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Michoacán necesita verdad y justicia

En cualquier caso, estos hechos revelan un problema más general: el modelo de extorsión de los Templarios en Michoacán —y la manera en que las fuerzas federales recondujeron la crisis— ha provocado un nuevo tipo de víctimas. En general, estas víctimas —incluyendo los miembros de autodefensas que desaparecieron en Michoacán— no siempre son reconocidas por el gobierno, pero igualmente necesitan justicia.

 

Si se confirma la participación de una institución pública en la desaparición de los autodefensas, el hecho se relaciona con un desafío más amplio.

El origen mixto de las autodefensas indica que, a pesar de ser una reacción a un conflicto, su presencia en las instituciones puede continuarlo e incluso generar otros. No sólo están compuestos por ciudadanos afectados por los Templarios y que deciden tomar las armas ilegalmente, sino también por miembros de grupos criminales que pretenden aprovechar la debilidad de la organización hegemónica. A ello se añade la presencia de exmbiembros de los Templarios que, por convicción o interés, se cambiaron de bando.

Esa dificultad para trazar una línea divisoria entre quién es o no delincuente es una primera advertencia de cara a una verdadera paz en Michoacán. No basta un cambio formal de nombres a Fuerza Rural Estatal, sino que es necesaria una política de reconciliación, que compatibilice los derechos a la verdad y a la justicia.

Además, si se confirma la participación de una institución pública en la desaparición de los autodefensas, el hecho se relaciona con un desafío más amplio. México tiene pendiente aprobar una ley que homologue la tipificación de la desaparición forzada en los códigos penales de los diferentes estados, para lo que el gobierno contará con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Pero este delito entraña problemas mayores. Por ejemplo, las dificultades técnicas para clasificar a los individuos que desaparecen. Solamente la intervención de una institución pública configura el delito de desaparición forzada, pero no hay cifras claras de las circunstancias en que han desaparecido miles de personas.

Por su parte, la fortaleza de las organizaciones criminales ha conducido a que muchas veces promuevan delitos de similar naturaleza a las desapariciones forzadas, pero que no son propiamente tales al no intervenir las autoridades. Por ejemplo, en los llamados “campamentos de secuestros”, que en algunas zonas cuentan con decenas de personas retenidas.

De cara al futuro

Todo esto ha hecho que el conflicto entre Templarios, autodefensas e instituciones públicas es borroso. Si quiere establecerse su punto y final cuando se desmantele la red de protección política y las complicidades sociales de este grupo criminal o, incluso, el narcotráfico en la región, el tiempo se contará en años. Sin embargo, una aproximación para lograr resultados duraderos, en Michoacán y en otros lugares, es reconocer la victimización de sectores como los desaparecidos, así como posibles desplazados de sus casas por los Templarios o individuos afectados por el excesivo uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad, que tienen en las ejecuciones extrajudiciales su manifestación más grave.

Casos como el de los doce desaparecidos en Michoacán ilustran escenarios distintos a los históricamente relacionados con la “guerra al narcotráfico”. Esto supone nuevos desafíos analíticos, pero puede ser el giro político que requiere la crisis mexicana.

*Jesús Pérez Caballero tiene un Ph.D. en Seguridad Internacional del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (Madrid, España) y trabaja como investigador independiente en crimen organizado, narcotráfico y derecho penal en Latinoamérica.