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Aumento de violencia en Chihuahua, México, indica disputas internas

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El estado fronterizo de Chihuahua, México, enfrenta un resurgimiento de crímenes violentos, pero la disputa parece tener más que ver con flujos de ingreso locales que con rutas internacionales de narcotráfico.

Datos del gobierno mexicano muestran que Chihuahua registró un total de 791 homicidios con arma de fuego en 2016, 40 por ciento sobre el mismo tipo de homicidios registrados en 2015.

La violencia se ha mantenido en 2017. Según estadísticas obtenidas por InSight Crime de la Procuraduría General del Estado de Chihuahua, en los primeros dos meses de este año aparece un registro de 321 muertes.

Muchos de esos homicidios parecen atentados contra personas particulares y en muchos casos hay indicios de que una ola de ataques reciente tiene que ver con el crimen organizado y con el microtráfico local.

El 20 de marzo, por ejemplo, la Procuraduría General del Estado de Chihuahua confirmó la muerte del que se sospechaba era el jefe local del crimen, César Raúl Gamboa Sosa, alías “El Cabo”, en una confrontación con un grupo rival el día anterior.

Menos de una semana antes, el 14 de marzo, pistoleros civiles atacaron a un grupo de agentes de policía en la ciudad de Bachíniva, al sur de Ciudad Juárez, en el centro del estado de Chihuahua. La confrontación dejó un agente muerto y dos heridos en un ataque parecido al que ocurrió en la misma zona una semana antes.

El 5 de febrero, tres estudiantes fueron asesinados en una taquería de Ciudad Juárez, la mayor ciudad del estado. Los fiscales alegan que los tres estaban invoclucrados en el microtráfico.

El 23 de enero, resultaron dos personas muertas y dos heridas después de sufrir una emboscada mientras conducían por Villa Bravo en Ciudad Chihuahua. La policía halló más de 300 casquillos de .223 mm y 7.62 x 39 mm en la escena del crimen, munición para rifles de asalto AR-15 y AK-47. Los fiscales de Chihuahua han declarado que las víctimas eran presuntos miembros de La Línea, uno de los principales grupos del crimen organizado del estado.

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El procurador general del estado de Chihuahua, César Peniche, reconoció el año pasado que “Desde principio de año [2016] empezó a reflejarse en la estadística un aumento en el número de homicidios, tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua y algunos otros municipios“.

Pero los enfrentamientos no son solo urbanos. En un hecho especialmente dramático, el 12 de octubre de 2016, una gran caravana de hombres fuertemente armados enfrentaron a la policía cerca de la población de Madera en un tiroteo que duró varias horas y dejó diez muertos, entre ellos tres policías municipales.

El 27 de octubre, pistoleros mataron a siete personas en un motel en las afueras de Ciudad Juárez, en un tiroteo que según los fiscales tenía relación con la puja por el narcomenudeo en las calles.

Análisis de InSight Crime

La reciente ola de crímenes en Ciudad Juárez y Chihuahua es diferente de la hiperbólica violencia del periodo 2008-2012, pues la contienda parece centrarse mayormente en el microtráfico en lugar de ser una batalla más amplia por el control de las rutas de droga.

“Nosotros lo atribuimos [repunte de violencia], según información de inteligencia, al reposicionamiento de algunas organizaciones delictivas en la disputa por el territorio  para la venta de narcomenudeo”, explicó Peniche, y citó de manera específica el negocio de metanfetaminas como punto crítico.

Aunque los hechos de violencia en el mundo del microtráfico se hayan hecho más frecuentes, Chihuahua no está viviendo un alza similar de taxistas o vendedores ambulantes, quienes muchas veces trabajan como informantes y vigías para los grupos del crimen organizado que se dedican al contrabando transfronterizo de drogas.

Además, el aumento de la violencia en el hampa no parece acompañado del aumento correspondiente en muerte de residentes inocentes o agentes y capitanes de la policía local. El número de secuestros denunciados en Chihuahua en 2016 es de cerca de 7 por ciento de lo registrado en 2011. Aun cuando los crímenes violentos aumentaron en 2016, el estado registró solo nueve secuestros.

De hecho, los actuales niveles de violencia en el estado siguen estando muy por debajo de los niveles de violencia experimentados durante 2008-2012, cuando los carteles de Juárez y Sinaloa se disputaban el control del lucrativo corredor de Juárez. Por ejemplo, en 2010 Chihuahua registró 3.210 homicidios con arma de fuego. Desde 2010, sin embargo, el grado de violencia general en Chihuahua disminuyó. El estado registró 2.382 muertes con arma de fuego en 2011, 1.093 en 2012, y bajó a 393 en 2013.

Desde 2012, Ciudad Juárez ha gozado de mejoras importantes en su seguridad general. Y la reciente ola de crímenes no ha acabado con la tendencia del mejoramiento de la seguridad para los ciudadanos ordinarios. Hasta ahora, la violencia parece concentrarse, en gran parte, en pequeños distribuidores de droga o en zonas rurales como la Sierra Madre.

“El actual repunte en Chihuahua y Ciudad Juárez probablemente tiene mucho que ver con la competencia dentro de Chihuahua por el control del tráfico interno de heroína y metanfetaminas. Las muertes que estamos viendo parecen de personas de bajo nivel, traficantes callejeros”, señaló el investigador Julián Cardona, de Ciudad Juárez, a InSight Crime.

La investigadora Molly Molloy, de la Universidad Estatal de Nuevo México, coincidió en sus apreciaciones a InSight Crime, “Gran parte de la violencia en Juárez puede tener relación con las pandillas callejeras locales y su lucha por el control de territorio para la venta de heroína y metanfetaminas. Matan personas porque quieren vender drogas. Es ahí donde se genera la violencia. Hay pandillas callejeras violentas que controlan los barrios y luchan entre sí”.

La dinámica se complica con el hecho de que los grupos narcotraficantes internacionales a menudo usan las pandillas callejeras locales como soldados y vigilantes. El Cartel de Sinaloa, por ejemplo, ha estado aliado con grupos como Los Artistas Asesinos y Los Mexicles, mientras que el Cartel de Juárez tiene su propio brazo de vigilancia y control, La Línea, así como una alianza con la pandilla callejera y carcelaria Barrio Azteca.

Aumento de violencia en Juárez, México, señalaría regreso de guerra de carteles

La violencia en Ciudad Juárez está en aumento. Este año ha sido el más violento desde 2012, lo que señala una posible reanudación de los enfrentamientos entre los grupos criminales dominantes en la región.

Siete personas fueron asesinadas y una herida en un ataque el 27 de octubre en un motel en la ciudad de Chihuahua, a unas horas al sur de Ciudad Juárez en la carretera que une a ambas ciudades.

Según testigos, cuatro hombres que cargaban armas de alto calibre entraron al motel alrededor de las 5:45 pm y les dispararon a las víctimas. Los asesinos huyeron hacia el norte y luego pararon para cambiar de vehículos, informó El Diario.

El procurador general de Chihuahua,  general César Augusto Peniche, dijo que tanto las víctimas como los asesinos eran miembros de grupos criminales. Según Proceso, las autoridades capturaron a uno de los individuos involucrados en la matanza.

Además, otras diez personas fueron asesinadas ese día en varios ataques en Juárez, informó Proceso.

Análisis de InSight Crime

Juárez y el estado de Chihuahua han sufrido crecientes niveles de violencia en los últimos meses, lo que aumenta las especulaciones sobre el regreso de los oscuros días de asesinatos brutales que vivió la ciudad entre 2008 y 2012. Solamente en el mes de octubre ha habido 90 homicidios en Juárez y 183 en el estado de Chihuahua, según Proceso. El ejército mexicano —al cual varios activistas de derechos humanos han acusado, por lo menos en parte, por el repunte de violencia que comenzó en 2008— volvió a las calles de Juárez en agosto de este año.

A este ritmo, 2016 será el año más violento de Juárez desde el 2012, según el analista de seguridad mexicano Alejandro Hope, quien también señaló que la violencia no está limitada a Juárez y que los asesinatos han aumentado en el estado de Chihuahua. El nivel de brutalidad y el estilo de los homicidios, señala Hope, recuerdan los que se vivieron durante la guerra entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Juárez de 2008 a 2012.

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La idea de que el conflicto entre ambos grupos pueda reavivarse se debe a una entrevista que el diario El Universal realizó con “Jorge”, un líder de La Línea, el ala armada del Cartel de Juárez. Jorge dijo que el reciente aumento en los homicidios es solo el principio. Según sus declaraciones, la “guerra” está regresando a Juárez y lo peor está por venir.

Gustavo Fondevila, un experto en seguridad, le dijo a InSight Crime que es probable que la posible extradición a Estados Unidos del líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, haya debilitado al grupo criminal y alterado su control en Juárez. Cuando los grupos criminales compiten por territorios estratégicamente importantes –—como Juárez, que es uno de los principales puntos de transbordo de drogas hacia Estados Unidos—,– la violencia tiende a aumentar, dijo Fondevila.

México va tras grandes capos en un paisaje criminal cada vez más fragmentado

Las autoridades de México siguen empeñadas en atrapar a los cabecillas de los carteles más importantes del país, mediante una estrategia de persecución de capos que quizá no logrará mejorar la grave situación de seguridad debido a que el paisaje del crimen organizado del país está cada vez más fragmentado.

La Procuraduría General de la República de México tiene una lista de 15 individuos considerados como los más importantes capos de varias organizaciones criminales, informó Posta. Su arresto es considerado un asunto de alta prioridad después de la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán este año.

Cartel de Sinaloa

Cinco de los individuos de la lista son miembros del Cartel de Sinaloa, que es posiblemente el más infame grupo narcotraficante del país, al cual solía pertenecer El Chapo.

Ismael Zambada García, “El Mayo”, fue socio de El Chapo y jefe de las facciones más importantes del cartel. Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, es un exdetective de la policía cuya historia en el negocio de la droga se remonta al extinto Cartel de Guadalajara en los años ochenta. Recientemente desempeñó un papel discreto pero importante en la dirección del Cartel de Sinaloa.

Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, ascendió en las filas de la organización después de haber facilitado la primera fuga de El Chapo en 2001. Por algún tiempo se pensó que El Chapo lo había designado como su sucesor, aunque la estructura descentralizada del cartel debilitó esa posibilidad. Su hijo, Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, ahijado de El Chapo, también está en la lista. Es el jefe de la facción del cartel denominada “Los Ántrax”, la cual opera en Culiacán.

La lista de los principales fugitivos del Cartel de Sinaloa la completa José Antonio Cueto López; según Posta, la Procuraduría cree que Cueto López opera como intermediario entre el cartel y funcionarios públicos de Ciudad de México.

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Cartel de Juárez

El Cartel de Juárez ha sido un actor importante desde la década de los ochenta, pero se cree que ha sufrido un declive significativo en los últimos años. Dos miembros de esta organización están en la lista. Se cree que su actual líder es Juan Pablo Ledezma, alias “El JL”, luego del arresto de Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, en octubre de 2014. Juan Pablo Guijarro Fragosa, alias “El Mónico” o “El H1”, es el jefe de “La Línea”, el brazo armado del cartel.

Organización Beltrán Leyva (OBL)

Hay quienes creen que Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo” o “Chapito” Isidro, ha tomado el control de la OBL luego del arresto de Héctor Beltrán en 2014. Presuntamente dirigió el grupo conocido como los “Mazatlecos” en la guerra contra el Cartel de Sinaloa por el control del Triángulo Dorado, una región estratégica para el cultivo y el tráfico de amapola en el norte de México.

Francisco Javier Hernández García, “El Panchito”, era el intermediario entre la OBL y los carteles de Juárez y del Golfo. Según informes, fue detenido en febrero de 2016.

Los Rojos

Dos miembros de Los Rojos, grupo disidente de la OBL, aparecen en la lista: su líder, Santiago Mazari, alias “El Carrete” o “El 8”, y su socio Omar Cuenca Ramírez, “El Niño Popis”, quien según Posta está a cargo de las operaciones del grupo en Guerrero.

La Familia Michoacana

Ignacio Rentería, alias “El Nacho”, está a cargo de las operaciones de La Familia en Uruapan, la segunda ciudad de Michoacán. La Procuraduría General de la República ofrece una recompensa de 10 millones de pesos por información que conduzca a su captura. Johnny Hurtado Olascoaga, “El Pez”, controla las actividades de la organización en la región de Tierra Caliente, y supuestamente es responsable de una ola de secuestros en Valle de Bravo, estado de México, en el año 2014.

Los Zetas

Maxiley Barahona Nadales, alias “El Contador”, está a cargo de las actividades de Los Zetas en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Supuestamente era un lugarteniente de confianza de Miguel Ángel Treviño, “Z-40”, el exjefe del cartel que fue capturado en 2013.

Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es el fundador y líder de la CJNG. Su organización se ha convertido en uno de los carteles más poderosos de México, operando en ocho estados, más regiones que cualquier otro grupo del país.

Análisis de InSight Crime

La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha orientado persistentemente su estrategia de lucha contra las drogas a partir de una lista de los más buscados, y a la vez intenta reducir al mínimo el conocimiento público sobre el tema.

Mantener en secreto los nombres de los más buscados podría justificarse por la necesidad de proteger las investigaciones en curso. Pero también tiene sentido desde un punto de vista político para un gobierno cuyo presidente prometió durante su campaña abandonar la estrategia de búsqueda de los capos utilizada por su predecesor, para luego adoptar una política antidrogas casi idéntica. El gobierno ha dicho, recientemente, que ha hecho importantes avances en su lucha contra el crimen, a pesar de que la tasa de homicidios de México está aumentando.

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Mientras el gobierno se enfoca en los grandes capos de la droga, el paisaje criminal del país se fragmenta cada vez más, tanto que en 2014 la Procuraduría General de la República de México reconoció que existían más de 40 pandillas que trabajan para nueve poderosos carteles.

¿Vuelve al ruedo el padrino del negocio de la droga en México?

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El fundador del notorio y ahora difunto Cartel de Guadalajara, de México, Rafael Caro Quintero, ha sido ligado a dos eventos recientes que han prendido las alarmas entre las autoridades, tres años después del controvertido fallo de libertad de un juzgado para el veterano capo y actual fugitivo de la justicia.

Caro Quintero, ahora por sus 65, ha sido llamado el “narco de los narcos” y padrino del narcotráfico en México. Después de consolidarse como uno de los capos más poderosos en los años ochenta, fue condenado en 1989 por narcotráfico, homicidio y, quizás lo más importante, por el secuestro, tortura y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente para la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés).

Ahora, las autoridades sospechan que el legendario capo estaría buscando retornar, después de que algunos informes dieran pistas sobre su participación en dos confrontaciones recientes en las que resultó implicado el infame Cartel de Sinaloa y su jefe preso, Joaquín “El Chapo” Guzmán, que alguna vez fue socio criminal de Caro Quintero.

Este último comenzó su carrera en el negocio de la droga en los años setenta con una megaplantación de marihuana en el norte de México que abastecía el mercado estadounidense.

Más adelante ascendió al más lucrativo negocio de traficar la cocaína colombiana de Pablo Escobar a Estados Unidos.

Poco después del brutal homicidio del agente Camarena, de la DEA, en 1985, Caro Quintero fue detenido en Costa Rica y transferido a México. Tras casi treinta años tras las rejas, quedó en libertad gracias a un tecnicismo en 2013 y pronto pasó a la clandestinidad.

Inmediatamente después de la liberación de Caro Quintero, el Departamento de Estado estadounidense ofreció una recompensa de US$5 millones por información que condujera a su captura. La DEA también lo incluyó en su lista de fugitivos más buscados, y las autoridades mexicanas emitieron una nueva orden de captura, aduciendo que debía pagar el resto de su sentencia original, de 40 años.

Desde que quedó en libertad en 2013, Caro Quintero pareció mantener un bajo perfil. Sin embargo, su nombre afloró a la superficie en relación con el ataque lanzado a la ciudad natal de “El Chapo” Guzmán, a mediados de junio en el estado de Sinaloa. Guzmán tenía fama de ser el capo más poderoso del momento en México, antes de sus tres arrestos y sus dos fugas recientes, pero la suerte del jefe del Cartel de Sinaloa parece haber dado un mal giro. Ahora se resiste a ser extraditado a Estados Unidos.

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Aunque las circunstancias de esa racha de violencia no se aclaran aún, la mayoría de las versiones indican que los asesinos trabajaban para la Organización Beltrán Leyva (BLO), rival de Sinaloa, y algunos testimonios han asociado a Caro Quintero con los hechos.

Más hacia el norte, en el vecino estado de Chihuahua, algunas fuentes oficiales han señalado que Caro Quintero ha intentado entrar en el territorio controlado por el Cartel de Sinaloa, cuyo jefe es Guzmán. A comienzos de 2008, los Carteles de Juárez y Sinaloa se engarzaron en una sangrienta disputa territorial en el estratégico punto fronterizo de Ciudad Juárez. Luego de años de derramamiento de sangre, la organización de Guzmán adoptó la supremacía.

Más recientemente, el mismo Caro Quintero reapareció en una entrevista grabada en secreto con la revista mexicana Proceso, publicada el 25 de julio.  Negó que hubiera tenido problemas con alguien además de las autoridades, a quienes ofreció una disculpa. Dijo que no tiene nada que ver con el homicidio de Camarena en 1985, sino que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.

“No estoy en guerra con nadie. El Chapo y El Mayo son amigos míos”, le comentó a Proceso, en alusión a Guzmán y a otro importante jefe del Cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García, quien sigue fugitivo. Caro Quintero dijo que intentaba salir de problemas, no meterse en ellos.

Si puede creerse a los informes oficiales sobre el regreso de Caro Quintero a la participación activa en el campo del crimen organizado en México, cualquier balance sobre el notorio capo y el rol de su red en la actual dinámica criminal en el país debe comenzar por entender su historia.

La lógica de la violencia de carteles

Un buen punto de partida es un análisis de la interacción entre la lógica del clan y la lógica de la organización criminal.

La lógica del clan se toma las cosas personalmente. Tiende a llevar a muertes en retaliación y al castigo colectivo. Por ejemplo, el violento ataque de junio, que desplazó a la madre de El Chapo de su casa en las montañas de Sinaloa, fue motivado por el homicidio de un miembro de la familia Beltrán Leyva, una muerte presuntamente ordenada por el hermano de El Chapo, Aureliano Guzmán.

La revista Rio Doce anunció que “El Chapo” se opuso a las acciones de su hermano. Esta supuesta oposición al parecer no bastó para anticipar lo que el sitio de noticias Estado Mayor caracterizó como la “reactivación del sangriento conflicto entre los clanes Beltrán Leyva y Guzmán Loera”.

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De otro lado, la lógica del crimen organizado gira en torno al control territorial. Son conocidas las disputas por los corredores de tráfico y las “plazas”, como centros claves de la actividad ilegal; incluyen ataques selectivos que apuntan a personajes importantes, como capos, sicarios e incluso pequeños traficantes que trabajan para un rival.

La histórica contienda entre los carteles de Sinaloa y Beltrán Leyva, alguna vez aliados, es un ejemplo de esta lógica. De hecho, la reciente violencia en Sinaloa tiene un precedente en conflicto entre los dos grupos que causaron el desplazamiento de miles de residentes de Sinaloa en 2013.

Estas dos formas de lógica criminal —del clan y de la organización—  no se excluyen entre sí. Antes bien, están en interacción constante en fluctuaciones, por momentos reforzándose. La pregunta es cómo podría Caro Quintero insertarse a sí mismo y a sus redes en esta lógica de violencia criminal.

Las raíces del veterano narco en Badiraguato, Sinaloa —escenario de la reciente violencia que desplazó a varios cientos de personas— proporcionan conexiones personales y la oportunidad de crear o renovar alianzas en el área. Sin embargo, es la lógica de la organización la que plantea la mayor amenaza a la seguridad y suscita las preguntas más relevantes.

¿Dónde está Caro Quintero?

Mirando más hacia el sur, a Guadalajara, en el estado de Jalisco, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha vinculado a Caro Quintero con lujosas propiedades y con la red financiera de Ismael Esparragoza “El Azul”, quien presuntamente trabajó con los Carteles de Juárez y también de Sinaloa, y promovió una alianza entre ellos. En mayo de 2016, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a la compañera sentimental de Caro Quintero como traficante de narcóticos y la acusó de administrar bienes en nombre suyo. La pareja se reunió en la cárcel de Jalisco alrededor de 2008 y presuntamente posee propiedades de lujo en la capital del estado, Guadalajara.

Pese a los nexos de Caro Quintero con Jalisco, el Cartel de Jalisco – Nueva Generación (CJNG) ha tomado el control de sus antiguas zonas de operación en años recientes allí, según el medio de noticias Milenio. Asumiendo que Caro Quintero sigue activo y ha centrado su atención más hacia el norte, es poco claro si fue desplazado de Jalisco por la competencia o se ha trasladado voluntariamente en busca de mejores oportunidades.

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El anciano fugitivo puede estar evitando Jalisco, porque las fuerzas del orden están generando demasiada agitación allá. En Jalisco, las autoridades han montado una persecución fuertemente militarizada en busca del jefe del CJNG Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”. El estado también cuenta con la penitenciaría donde estuvo recluido Caro Quintero la última vez. Explorar oportunidades más hacia el norte en lugares donde tiene contactos, menos sujetos a la vigilancia de las autoridades mexicanas puede ser una opción lógica.

Sonora es otra posible base de operaciones, según indicaron recientemente fuentes de seguridad al periódico La Jornada. Sonora es un estado grande al norte de Sinaloa que contiene la mayor parte de la frontera mexicana con el estado de Arizona. Al sur, Sonora también limita con el Triángulo Dorado de México, una región estratégica tanto para el cultivo de amapola para la producción de opio, como para el narcotráfico.

Las fuentes de La Jornada aseguraron que Caro Quintero ha captado el apoyo de antiguos sicarios de Beltrán Leyva, que crearon sus propios grupos, Los Pelones y Los Güeros. En febrero de 2015, un asociado cercano presuntamente casado con una pariente de Caro Quintero fue arrestado en Sonora y acusado de tráfico transfronterizo de estupefacientes.

¿Con quién está trabajando Caro Quintero?

Las fuentes de seguridad citadas por La Jornada especularon que Caro Quintero había reforzado su posición en Sonora luego del arresto de Francisco Javier Hernández García, alias “El 2000”, en febrero de 2016. Las autoridades identificaron al traficante capturado como miembro del clan Hernández, aliados del Cartel Beltrán Leyva, y controladores de los corredores de droga que pasan por el estado.

Tenga o no que ver Caro Quintero con la violencia en la ciudad natal de El Chapo y en sus alrededores en junio pasado —y en qué bando pueda estar alineado en ese conflicto— es confuso, en el mejor de los casos. Reporte Indigo citó hace poco a fuentes de inteligencia del gobierno federal, que dijeron que Caro Quintero siguió operando durante sus años en prisión con ayuda de “El Chapo”, y ha asumido el control de gran parte de la operación del Cartel de Sinaloa desde la recaptura de Guzmán, en enero de 2016.

Diferenciar realidad de ficción no suele ser fácil en lo que respecta al crimen organizado. Pero si la inteligencia del gobierno es de fiar, parece que Caro Quintero, pese a haber estado encerrado durante 28 años, ha mantenido una variedad de contactos y redes en el mundo del narcotráfico. En un entorno criminal, caracterizado por una multitud de actores y continuos cambios de alianzas, el “narco de los narcos” parece estar en posición ventajosa.

*Jesús Pérez Caballero es un investigador independiente de temas relacionados con crimen organizado, narcotráfico y derecho penal en Latinoamérica. Actualmente cursa el posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El editor en jefe de InSight Crime Dan Alder colaboró con este informe.

Operador financiero del Cartel de Juárez ‘juega’ en el fútbol internacional

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Un operador financiero convicto del Cartel de Juarez de México es también el representante legal de una empresa involucrada en la compra y venta de jugadores para el fútbol europeo.

La primera parte de esta investigación documentó cómo Rodolfo David Dávila Córdova, que fue condenado por haber sido el operador financiero del Cartel de Juárez, obtuvo un contrato con el gobierno mexicano en 2013 por 207 millones de pesos mexicanos (aproximandamente US$15,8 millones) como representante legal del Grupo Comercializador Cónclave (Vea la primera parte de esta serie aquí)

Un segundo contrato del mismo programa federal, por 188 millones de pesos mexicanos, se otorgó a la empresa Prodasa SA de CV, en la que Dávila Córdova es socio mayoritario.

Este artículo apareció originalmente en Artistegui Noticias en colaboración con CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus iniciales en inglés). Fue editado y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea la versión original aquí.

Sin embargo, esta investigación ha descubierto otra sorprendente verdad acerca del Grupo Comercializador Cónclave de Córdova Dávila: está implicado en la zona altamente lucrativa del fútbol profesional en Europa.

Los reportes entregados por el Club Porto al regulador del mercado financiero portugués, detallan la participación de Grupo Comercializador Cónclave como intermediario en la transacción de jugadores al futbol europeo.

“En el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2012, los servicios de intermediación fueron proporcionados por la entidades Northfields Sports BV, Grupo Comercializador Cónclave SA y el agente Giancarlo Uda”, detalla uno de los reportes compartido a los inversionistas del Club de futbol Porto.

El informe financiero precisa que en el periodo en que Cónclave fungió como intermediario (julio-diciembre de 2012) se sumaron a la lista de adquisiciones del Porto el jugador mexicano Diego Reyes, propiedad del Club América, y los futbolistas colombianos Jackson Martínez y Héctor Quiñones, el primero procedente del Club Jaguares de Chiapas y el segundo de la Asociación Deportivo Cali.

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El reporte del club portugués no precisa en cuál de estos traspasos de jugadores participó el Grupo Comercializador Cónclave. Sin embargo, en esta investigación periodística se pudo precisar que en el pase de Diego Reyes al Porto, la empresa intermediaria fue Northfields Sports, en una transacción de 9.092.320 euros.

Mientras que en el traspaso de Jackson Martínez participó el agente mexicano Guillermo Lara, quien en distintas ocasiones ha sido vinculado con operaciones del narcotráfico, en específico con personajes ligados al Cartel de Juárez.

Lara hizo un negocio multimillonario con el traspaso de Jackson, pues el jugador le costó US$100.000  y la venta del jugador de Jaguares de Chiapas al Porto se negoció en 9,6 millones de euros

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En su informe de cierre de 2012, el Club portugués explica que los cargos adicionales inscritos en las operaciones de los jugadores (US$750.000 en el caso de Jackson Martínez) se refieren “a los gastos relacionados con los derechos económicos de la adquisición.

En el reporte financiero correspondiente a aquel primer trimestre de 2013, el Club Porto todavía incluía al Grupo Comercializador Cónclave en su cartera de intermediarios.

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Para 2014 y 2015, Cónclave no apareció en los documentos del equipo portugués.

Jackson Martínez llegó al futbol mexicano en 2010, al club Jaguares de Chiapas, en donde permaneció por dos años y medio, con un récord de 33 goles. Su traspaso al Club Porto se realizó en julio de 2012. El jugador tenía 25 años de edad cuando emigró a Europa.

Al mes de realizarse esta transacción, la cadena radial RCN de Colombia y Mundo Fox, de Estados Unidos, difundieron una investigación en la que aseguraban que Guillermo Lara, el promotor del jugador colombiano, estaba vinculado con el narcotráfico.

La investigación de ambos medios afirmaba que capos de la droga, paramilitares y un guerrillero colombianos habían invertido en el futbol mexicano entre 2003 y 2006, de acuerdo con documentos encontrados por la Fiscalía de Colombia a un narcotraficante del Norte del Valle.

En los documentos citados por RCN y Mundo Fox aparecían pagos millonarios a equipos profesionales del futbol mexicano y a empresarios deportivos, entre ellos Carlos Ahumada y Guillermo Lara, representante de Jackson Martínez.

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De Guillermo Lara, la investigación aseguraba que fue beneficiado a través de diversos pagos del narcotráfico. Tras la publicación, el promotor se deslindó de las acusaciones y negó cualquier vínculo con carteles de la droga.

“No son acusaciones. Para mí son estúpidos. Gente que no es profesional, que no tiene ética y que escribe cualquier estupidez. El negocio con Colombia fue con Jackson Martínez, que lo acabo de vender al Porto como ustedes saben; esos son los negocios que yo hago”, declaró en agosto de 2012.

Sin embargo, Lara volvió a ser vinculado con el narcotráfico en febrero de 2014, cuando fue capturado en León, Guanajuato, el traficante Tirso Martínez “El Tío”, compadre de Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, antiguo jefe del Cartel de Juárez.

El diario Reforma reveló en aquel entonces que “El Tío” fue señalado por un testigo en Estados Unidos como “miembro de una red que lavaba dinero transfiriendo jugadores de Colombia en sociedad con la Promotora Internacional Fut Soccer, propiedad de Guillermo Lara”. De hecho, “El Tío” fue acusado de lavar dinero a través de los equipos Querétaro, Irapuato y Celaya, hace una década.

Guillermo Lara y su empresa Promotora Internacional Fut Soccer ya habían sido investigados desde hace más de una década por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, quien abrió la averiguación previa PGR/UEDO/080/2001, para esclarecer la presunta relación de Lara con el narcotraficante colombiano Jorge Mario Ríos Laverde, preso en Estados Unidos.

Cuando fue capturado en octubre de 2002, Ríos Laverde viajaba en una camioneta BMW de la promotora de Guillermo Lara.

Las sospechas sobre el promotor se acentuaron cuando en julio de 2003 fue detenido el futbolista Carlos Álvarez Maya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando pretendía viajar a Colombia con un millón de dólares. El representante del jugador era la Promotora Internacional Fut Soccer, de Lara.

*Este artículo apareció originalmente en Artistegui Noticias en colaboración con CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus iniciales en inglés). Fue editado y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea la versión original aquí.

 

Cómo México concedió US$ 30 millones a un operador financiero del Cartel de Juárez

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Un ex directivo del Banco de México, recibió contratos del gobierno avaluados por más de US$30 millones, a pesar de ser sentenciado años antes por haber sido operador financiero del Cartel de Juárez.

Cuatro cajas repletas con 37.000 billetes de 20 dólares fueron depositadas en una camioneta Ford Ecosport negra estacionada cerca del cruce de avenida Universidad y el Eje 5 Sur.

Los fajos de billetes, que pesaban más de 30 kilos, sumaban una fortuna: US$740.040. Pero eran apenas una porción de las millonarias transacciones que el tripulante de la camioneta Ecosport supuestamente manejaba a través de sus casas de cambio, como parte de una sofisticada red de lavado de dinero del Cártel de Juárez.

Este artículo apareció originalmente en Artistegui Noticias en colaboración con CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus iniciales en inglés). Fue editado y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea la versión original aquí.

Una a una, las cajas de cartón fueron bajadas de un auto Seat Ibiza, color gris, propiedad de Juan Ignacio Izquierdo Sánchez, identificado por las autoridades de justicia como el responsable de la logística de recepción y traslado de dólares entre México y Colombia.

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Según la versión oficial, una vez que todas las cajas con los fajos de dólares fueron colocadas en la camioneta, aparecieron en escena policías federales que rastreaban la transacción, realizada en Ciudad de México.

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que el conductor de la camioneta, Rodolfo David Dávila Córdova, confesó que el dinero que llevaba pertenecía a la organización de los hermanos Carrillo Fuentes, y que se dedicaba a lavar los dólares a través de transferencias electrónicas que realizaba a distintos países, por medio de sus casas de cambio. La PGR identificó a Dávila Córdoba como el contacto con los proveedores de droga de Colombia, y responsable de las negociaciones comerciales y financieras del Cártel de Juárez.

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Los dos supuestos operadores del Cártel fueron encarcelados en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en donde fueron sentenciados por el juez Cuarto de Distrito por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta detención ocurrió hace una década, el miércoles 26 de octubre de 2005, pero cobra actualidad, porque uno de los señalados por la PGR como operador del narcotráfico se ha convertido en contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto, en su programa social estelar: la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Los recursos por más de 396 millones de pesos (unos US$25 millones, al tipo de cambio de 2013) se entregaron a empresas inexistentes y por servicios que nunca se realizaron. La trama incluyó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y un ex dirigente del partido Nueva Alianza que ahora es funcionario de ese centro académico.

Junto con las cajas repletas de dólares, los agentes investigadores reportaron el hallazgo en la camioneta Ecosport de documentos que permitieron identificar la estructura de mando y zonas de operación del Cártel de Juárez.

La documentación sirvió, además, para localizar 16 días después a Ricardo García Urquiza alias “El Doctor”, quien había asumido el mando de la organización delictiva, tras la ejecución, en 2004, de Rodolfo Carrillo Fuentes, en Culiacán. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la captura del capo se realizó cerca del centro comercial Perisur, cuando acudió a una cita con un contacto que le enviaría un cargamento de cocaína desde Colombia.

Cuando fue capturado, El Doctor llevaba consigo una pistola con cacha dorada con incrustaciones de diamantes y con el símbolo característico del Yin Yang de la medicina china. Pero el más importante hallazgo, derivado de su detención, fue la documentación que evidenciaba la estructura empresarial que había logrado crear para la operación del Cártel de Juárez.

Un ejemplo: las autoridades reportaron la localización de 51 cuentas en Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC a través de las cuales se pagaba la nómina de trabajadores y traficantes.

En su domicilio, ubicado en la colonia Insurgentes Cuicuilco, al capo le decomisaron una hoja con las claves que utilizaba para ocultar sus operaciones ilícitas. Usaba nombres de hombre y de mujer para indicar el día del mes y la hora de la entrega de las drogas.

“Vamos a ver a Teresa en la casa de Pedro” significaba que el desembarco sería el día cinco a las ocho de la noche.

A una de sus cómplices, conocida como la ‘La contadora’, le encontraron US$ 2.886.000 en fajos de billetes de 20, forrados en plástico, que se presume estaban listos para ser enviados a Colombia para pagar cargamentos de droga. Pero además, hallaron en su casa los registros contables que revelaban los gastos, costos de droga y comisiones que pagaban a traficantes y a autoridades ligadas a esta organización criminal.

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La documentación decomisada revelaba el tamaño de las operaciones del capo: compraba al mes cinco toneladas de cocaína, lo que lo convertía, según la PGR, en el principal mayorista de droga que operaba en aquellos días en México, y responsable de entre el 15 por ciento y el 20 por ciento de los envíos de cocaína a Estados Unidos. Las operaciones las estimaba el gobierno entre US$660 millones y mil millones de dólares al año.

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Rodolfo David Dávila Córdova tenía un apodo que lo describía a la perfección: ‘El Cónsul’. Lo llamaban así, porque el presunto intermediario del Cártel de Juárez tenía contactos con autoridades federales.

De 1988 a 1990, El Cónsul había trabajado para el Banco de México como Subgerente de Cambios Nacionales. Entre sus tareas estaba el fijar la política de compra-venta de divisas, además de vigilar las transacciones realizadas en los mercados cambiarios. Luego trabajó como Subdirector de inmuebles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Permaneció en el gobierno federal hasta 2003.

Según el proceso que se siguió en su contra, Dávila Córdova fue reclutado por el Cártel de Juárez para ejecutar operaciones de lavado de dinero, a través del centro cambiario ‘Envíos del Ahorro’, en el que era socio con el 32 por ciento de las acciones.

Según  la acusación de las autoridades, las sucursales instaladas en Illinois y en Texas, servían para enviar las ganancias que se obtenían del tráfico de drogas a la casa matriz de ‘Envíos del Ahorro’ ubicada en Michoacán. Las transacciones aparentaban ser remesas de paisanos residentes en Chicago o en McAllen.

“Este señor (Rodolfo David Dávila Córdova) era el que manejaba físicamente los pagos, los cobros de dinero y traficaba con los fondos por medio de las casas de cambio”, aseguró en noviembre de 2005 el entonces titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca.

Además de Envíos del Ahorro, el ex directivo del Banco de México fue ligado por las autoridades de justicia con la Casa de Cambio Intercontinental (que luego cambió su nombre a Ribadeo), que también estuvo involucrada con el blanqueo de capitales.

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Ocho años después de haber sido encarcelado, acusado de ser el intermediario financiero de cárteles de la droga de México y Colombia, El Cónsul se incorporó como contratista de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

En dos transacciones realizadas entre octubre y diciembre de 2013, dos empresas en las que Rodolfo David Dávila Córdova aparece como socio y apoderado legal recibieron más de 396 millones de pesos (US$30,2 millones) del programa federal.

Las empresas se denominan Grupo Comercializador Cónclave SA de CV y Prodasa SA de CV.

En una licitación por 207.779.000 pesos (aproximadamente US$ 15.8 millones) de la Cruzada Nacional contra el Hambre, aparece la firma del presunto operador del narcotráfico como representante legal de Cónclave.

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Su hermano firmó como apoderado de Prodasa SA de CV, en un segundo contrato también con fondos federales por 188.662.000 pesos (aproximadamente US$14,8 millones).

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En el acta constitutiva de Prodasa, El Cónsul aparece como socio mayoritario, con el 70 por ciento de las acciones.

En conjunto, los dos contratos otorgados a empresas ligadas a David Dávila Córdova sumaron 396 millones de pesos (US$30,2 millones). Gran parte de esos fondos fueron transferidos a una red de empresas vinculadas, en operaciones simuladas.

Tanto Cónclave como Prodasa son empresas ‘fantasma’, que cobraron por servicios que nunca realizaron. Los domicilios fiscales que aparecen en las facturas corresponden en realidad a consultorios médicos y a despachos de abogados.

Durante la investigación se buscó a Rodolfo David Dávila Córdova en los domicilios que aportó en las facturas, pero nunca fue localizado.

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El pasado 15 de abril de 2015, un agente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) llegó al penal de Almoloya de Juárez, en busca de El Cónsul. Iba con un requerimiento para hacer efectivo el cobro de una multa impuesta cinco años antes por el juzgado de distrito que lo encontró culpable. Sin embargo, el reo ya no estaba en su celda. Se había ido.

Al enviado del SAT lo atendió un empleado del penal, quien tras realizar una búsqueda en las bases de datos de los internos sentenciados, encontró que Rodolfo David Dávila Córdova había salido de la cárcel desde el 26 de octubre de 2010.

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Apenas ocho meses antes de ser liberado, la PGR anunció en un comunicado que un juez federal había dictado sentencia contra el presunto operador financiero del Cártel de Juárez.

Días antes de su liberación, Dávila Córdova trabajaba en otro plan B: promovió un amparo junto con Gilberto García Mena alias ‘El June’, ante el Juzgado primero de distrito, del segundo circuito del Estado de México, por supuesta tortura y negativa de atención médica, de acuerdo con el expediente 1188/2010.

‘El June’ estaba encarcelado en Alomoloya desde 2001 y enfrentaba una sentencia de 43 años de prisión, por narcotráfico y acopio de armas. La PGR lo señalaba como uno de los principales lugartenientes del Cártel del Golfo.

El 21 de octubre de 2010, Dávila Córdova fue notificado por la actuaría adscrita al juzgado que se había autorizado el abogado solicitado por él y por El June, además de nombrarse a éste último como “representante común” en el juicio de amparo. Sin embargo, ya no fue necesaria la defensa, pues cinco días después Dávila Córdova dejó la cárcel al cumplir una condena de sólo cinco años de prisión.

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El jueves 26 de septiembre de 2013, a las tres de la tarde, el supuesto operador financiero del Cártel de Juárez acudió con Wistano Luis Orozco García, ex dirigente del Partido Nueva Alianza en el Distrito Federal, a quien le entregó un sobre cerrado que contenía su propuesta para integrarse como proveedor de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Así quedó consignado en un acta.

Wistano era una especie de intermediario de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Morelos, estado donde reside Rodolfo David Dávila Córdova.

Tras renunciar a principios de 2013 a la Presidencia de Nueva Alianza en la capital de México, Wistano se incorporó como coordinador de proyectos especiales de la Universidad Autónoma de Morelos. Entre sus tareas estaba buscar proveedores para equipar a los brigadistas de la ruta ‘Sin Hambre’, del programa estelar del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La SEDESOL comisionó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que se encargara de equipar a los brigadistas de la Cruzada contra el Hambre; el centro de estudios, a su vez, subcontrató a las empresas fantasmas de ‘El Cónsul’. Dávila Córdova era también candidato a convertirse en un proveedor de SEDESOL. El 26 de septiembre de 2013 se presentó en el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, para formalizar su petición.

Al encuentro, realizado en Avenida Universidad 1001, en Cuernavaca, llegaron los representantes de otras tres empresas, que también buscaban obtener el contrato.

Dos de los postulantes fueron eliminados de inmediato. Sólo quedaron como candidatos Grupo Comercializadora Cónclave (representado por David Dávila Córdova) y su contendiente Bombasa SA de CV.

Al día siguiente, Wistano Luis Orozco firmó el documento mediante el cual se asignó un contrato por 207.779.715 pesos (aproximadamente US$15,5 millones) a el Grupo Cónclave. Fue una asignación exprés.

Dos meses después, la historia se repitió con Prodasa SA de CV, empresa en la que ‘El Cónsul’ es socio. El 29 de noviembre de 2013 su hermano acudió a una reunión realizada junto a la Sala de Rectores de la Universidad morelense, y en sobre cerrado entregó su propuesta. A los once días le asignaron un contrato por 188.662.900 pesos.

En el transcurso se abstuvo de declarar para este artículo.

“¿Hablará algo al respecto de este tema?” Se le planteó.

“No, no en absoluto” respondió.

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Muchos indicios apuntan a que las licitaciones que favorecieron a las empresas de Dávila Córdova estuvieron amañadas. En la licitación que se asignó a el Grupo Cónclave se dio sólo un día para adquirir las bases de la convocatoria, lo que provocó que apenas alcanzaran a inscribirse cuatro postores, dos de ellos descalificados casi de inmediato. Mientras que en la licitación que se otorgó a PRODESA el plazo para inscribirse en este caso fue de 3 días.

Una auditoría del órgano fiscalizador del Congreso de la Unión encontró por lo menos otras 10 irregularidades en el proceso de licitación.  Se encontró que empresas ‘fantasma’ carecían de la documentación mínima necesaria para hacer una oferta.

Estas irregularidades fueron reportadas por el SAT y el despacho del Procurador General, que ahora investiga el fraude de varios millones de dólares que supuestamente se llevaron a cabo por Córdova Dávila a expensas del programa Cruzada contra el Hambre. 

*Este artículo apareció originalmente en Artistegui Noticias en colaboración con CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus iniciales en inglés). Fue editado y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea la versión original aquí.

Al servicio de los carteles de México, los brazos armados generaron una explosión de violencia

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A principios de los años noventa, los carteles de México comenzaron a reclutar asesinos para que conformaran brazos armados. Desde entonces, ha aumentado la violencia contra los civiles que no están vinculados con el crimen organizado, en tanto estos grupos recurren a la explotación de la población como una fuente de ingresos.

En enero de 2010, 17 jóvenes fueron asesinados en una fiesta en Villas de Salvárcar, en el estado de Chihuahua. Pronto se identificaron los autores. Pertenecían a una banda criminal conocida como “La línea”, vinculada al Cartel de Juárez.

El entonces presidente Felipe Calderón no tardó en declarar las muertes como resultado de “un enfrentamiento entre bandas”. Un caso más, según la versión del gobierno, de que “se están matando entre ellos”.

Pero pronto se supo que detrás del crimen había órdenes dadas a La Línea para acabar con los miembros de la banda conocida como “Artistas Asesinos”, que cooperaba con sus rivales del Cartel de Sinaloa.

Este artículo fue publicado originalmente por El Daily Post y es reproducido con permiso. Es la segunda entrega de un proyecto de periodismo denominado NarcoData, desarrollado por Animal Político y Poderopedia, que pretende explicar la evolución y el crecimiento del crimen organizado en México. Vea el artículo original aquí.

La investigación demostró claramente, sin embargo, que los jóvenes asesinados no tenían ningún vínculo con el crimen organizado. Incluso Calderón se vio finalmente obligado a ofrecer una disculpa a las familias de las víctimas.

La realidad es que el mortal ataque fue uno de los casos, cada vez más frecuentes, en los que una organización criminal hirió o mató a un grupo de personas que no tenían nada que ver con las disputas entre los carteles.

Los ataques contra ciudadanos comunes se han vuelto más frecuentes desde los años noventa, cuando los carteles comenzaron a reclutar asesinos para formar células armadas con el fin de atacar a grupos rivales o a otros ciudadanos en caso de que lo consideren necesario.

Los mismos carteles que reclutaron bandas de asesinos se encargaron de equiparlos con armas de alto poder, convirtiéndolos en la primera línea de ataque de los carteles contra organizaciones rivales o las fuerzas del gobierno.

Estas células armadas han sido las responsables de asesinatos colectivos como el de Salvárcar.

En 2008, por ejemplo, se encontraron 24 cuerpos en La Marquesa, estado de México. Los investigadores pudieron establecer que ninguna de las víctimas tenía nexos con el mundo criminal.

En el caso de La Marquesa, los asesinos resultaron ser miembros de La Mano con Ojos, una célula de la Organización Beltrán Leyva (OBL) encargada de eliminar las operaciones del grupo rival La Familia Michoacana en el estado de México.

Otro caso similar, en julio de 2010, tuvo lugar en la importante ciudad de Torreón, Coahuila, donde 17 personas fueron asesinadas en una fiesta de cumpleaños por los miembros de la milicia armada Gente Nueva, que trabajaba para el Cartel de Sinaloa.

Los Zetas fueron los primeros

Los mismos carteles que reclutaron bandas de asesinos se encargaron de equiparlos con armas de alto poder, convirtiéndolos en la primera línea de ataque de los carteles contra organizaciones rivales o las fuerzas del gobierno.

El primer brazo armado que trabajó para una organización criminal fueron Los Zetas. En 1998, Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cartel del Golfo, comenzó a reclutar exmilitares. Esta estrategia resultó ser un factor clave en el aumento de poder del Cartel del Golfo.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil del Cartel de Golfo

Los Zetas se encargaron de detener el avance del Cartel de Sinaloa y el Cartel de Juárez en Tamaulipas, pues ambos carteles buscaban apoderarse del territorio en la frontera con Texas.

Los carteles de Juárez y Sinaloa, sin embargo, respondieron formando sus propias milicias armadas —La Línea y Los Pelones, respectivamente—.

Al final de la administración de Vicente Fox (2000-2006), esas eran las únicas células armadas que existían, o al menos las únicas sobre las que existía información.

Al final de la administración de Calderón, seis años más tarde, el número creció de 3 a 59.

Luego, aprovechando su poder de intimidación armada, incursionaron en el robo de petróleo de oleoductos, el tráfico de migrantes, el secuestro y la extorsión.

Ese enorme aumento en el número de células armadas condujo inevitablemente a un incremento en la tasa de agresiones contra los ciudadanos del común. La sociedad en general se convirtió en una fuente de ingresos y en víctima de ataques diarios.

“Lo que está sucediendo es que esos grupos fueron creados con la ventaja de cierta infraestructura criminal —armas, vehículos, refugios y sicarios que podían funcionar con autonomía—”, dice Raúl Benítez Manaut, especialista en temas de seguridad en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y el mejor negocio además del tráfico de drogas es presionar a la población.

Hay varias maneras de hacer esto último. Los Zetas, por ejemplo, actuando inicialmente como el brazo armado del Cartel del Golfo, pronto abrieron nuevas líneas de negocio, como ventas al menudeo de drogas y de productos pirateados. Luego, aprovechando su poder de intimidación armada, incursionaron en el robo de petróleo de oleoductos, el tráfico de migrantes, el secuestro y la extorsión.

“Después de que Los Zetas comenzaron a operar con libertad y a volverse más grandes y poderosos, otras organizaciones criminales vieron que lo que estaban haciendo era rentable”, señala Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México (Cisen).

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Antes del año 2000, las actividades del crimen organizado incluían principalmente el tráfico de drogas ilícitas y se orientaban hacia el mercado exterior. Pero después de que los carteles comenzaron a reclutar asesinos para formar milicias armadas, surgió un próspero negocio basado en diversas formas de agresión contra la sociedad en general y la explotación ilegal de las economías locales.

Cómo ocurrió esta evolución, sus causas y consecuencias, es algo que se estudiará en la siguiente publicación de NarcoData.

* Este artículo fue publicado originalmente por El Daily Post y es reproducido con permiso. Es la segunda entrega de un proyecto de periodismo denominado NarcoData, desarrollado por Animal Político y Poderopedia, que pretende explicar la evolución y el crecimiento del crimen organizado en México. Vea el artículo original aquí.

Zona rural de Chihuahua sigue siendo campo de batalla del Cartel de Sinaloa

El estado mexicano de Chihuahua registró la menor cifra mensual de homicidios desde 2007, pero es alarmante el alto índice de violencia per cápita en zonas rurales del estado, mientras los grupos criminales hacen de la sierra su zona de combate.

Las estadísticas de homicidios del mes de septiembre muestran una baja histórica en la tasa de homicidios en el estado de Chihuahua, con 75 muertes registradas. Cuando se Al desglosarlas en el nivel sub-estatal, las cifras muestran índices de violencia relativamente bajos en áreas urbanas y mayores índices en municipios rurales de la sierra de Tarahumara al suroccidente del estado, informó Excelsior.

La zona sur de la sierra registró 21 homicidios en septiembre, la mayoría de los cuales sucedieron en el municipio de Guadalupe y Calvo (con 50.000 habitantes). Ciudad Juárez, una ciudad en la frontera con 1,3 millones de habitantes, apenas registró 17 homicidios.

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Se cree que la confrontación entre grupos armados como Gente Nueva y La Línea, considerados refuerzos del Cartel de Sinaloa y el Cartel de Juárez, respectivamente, es la causante de gran parte de la violencia. (Vea abajo el mapa de Excelsior de las rutas disputadas)

En respuesta a las altas tasas de homicidios en la zona rural de Tarahumara, el fiscal estatal de Chihuahua, Jorge González Nicolás, afirmó que los homicidios son producto de choques entre carteles, y sostuvo que las organizaciones usan las vastas zonas rurales como campo para resolver sus disputas. También notó que los homicidios tienen lugar en lugares lejanos de los pueblos y la comunidad.

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El campo de batalla de los carteles en del norte de México (Fuente: El Excelsior)

Análisis de InSight Crime

Las nuevas cifras dan a entender que Ciudad Juárez ha tenido un gran éxito en mantener sus logros en seguridad durante los últimos años. Sin embargo, también dejan claro que la violencia rural en la sierra Tahuamara y el Triángulo Dorado aún representan una amenaza a la seguridad en la región.

Por muchos años, Tarahumara ha sido una zona candente, por grandes caravanas de criminales que a la manera de ejércitos pelean agotadoras batallas. Para dar un ejemplo, en junio de 2011, 11 personas fueron asesinadas en una pelea entre grupos criminales.

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En 2013, el presidente Enrique Peña Nieto identificó a la sierra Tarahumara y al gran Triángulo Dorado —zona limítrofe de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa— como prioridad para la seguridad nacional, y envió fuerzas de seguridad federales a la región para patrullar las extensas zonas rurales.

El Triángulo comprende una importante tierra para el cultivo de marihuana y amapola que históricamente han estado bajo el control del Cartel de Sinaloa, pero que cada vez más es disputada por otros grupos criminales presentes en el noroeste de México, específicamente el Cartel de Juárez.

Aunque todavía tiene vínculos con el Cartel de Juárez, La Línea es visto cada vez como un actor más independiente, lo que podría ser un hecho que dificulte las dinámicas de poder en la región.

Declive de Barrio Azteca y auge de MS13 en Texas: Informe

El último informe acerca de las pandillas en Texas ha rebajado la amenaza que representa Barrio Azteca, mientras que ha aumentado la calificación sobre el peligro de la MS13, un reflejo de cómo responden generalmente las pandillas estadounidenses a las dinámicas criminales latinoamericanas.

La evaluación anual acerca de las amenazas pandilleras, realizada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, informa de una reducción en el peligro que alguna vez representó la formidable pandilla transfronteriza Barrio Azteca, al pasar de Nivel 1 a Nivel 2. Según lo plasmado en el informe, la influencia de la pandilla se ha reducido como resultado del deterioro de su relación con el Cartel de Juárez, el éxito de los operativos policiales y las luchas internas.

Sin embargo, la Mara Salvatrucha (MS13), la pandilla callejera transnacional que controla varias zonas de Centroamérica y algunas partes de Estados Unidos, ha sido catalogada en el Nivel 1 debido a los temores de que miembros de esta pandilla hayan estado ingresando ilegalmente en la frontera, provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Así, la MS13 se une a las camarillas Tango Blast, Tango Clicas, Texas Syndicate, Texas Mexican Mafia y Latin Kings como amenazas Nivel 1 para la seguridad pública del estado de Texas.

El potencial de amenaza de cada por pandilla —categorizado como Nivel 1, 2 o 3— está determinado por la matriz de evaluación de amenazas creada por el Centro Conjunto de Información sobre el Crimen. Esta evaluación considera factores como su relación con carteles de la droga, la actividad criminal transnacional, el grado de actividad criminal, los niveles de violencia, la prevalencia a lo largo del estado, la fuerza total, la efectividad organizacional, la membresía juvenil, la amenaza para la policía y el tráfico humano.

Sin embargo, pese a que las pandillas se dividen en categorías, el informe también señala una creciente tendencia a las “membresías híbridas”, en las cuales los individuos afirman pertenecer a varias pandillas, lo cual permite a las pandillas más grandes aumentar su influencia y alcance, y brinda a pandillas menores mayor protección a su paso por la cárcel.

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Análisis de InSight Crime

Barrio Azteca ha sido un importante actor en el crimen organizado trasfronterizo durante los últimos años, e incluso tuvo un papel destacado en la brutal guerra que sostuvieron el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Juárez por el control de la fronteriza Ciudad Juárez. Pese a que la guerra terminó en derrota para los aliados de Barrio Azteca en el Cartel de Juárez, el conflicto les permitió cimentar su presencia en México y su participación vínculos en el tráfico de drogas y otras actividades del crimen transnacional.

No obstante, según el informe, el continuo declive del Cartel de Juárez, cuyo último líder poderoso, Vicente Carrillo Fuente, fue capturado en octubre de 2014, junto con la competencia presentada por el ahora firmemente asentado Cartel de Sinaloa ha reducido la influencia de Barrio Azteca en México, lo que a su vez ha creado un campo de operaciones más amplio para otras pandillas en la frontera con Texas.

VEA TAMBIÉN:  Perfil de Barrio Azteca

Pese a que la evaluación de Barrio Azteca sigue una cierta lógica del mundo criminal, la afirmación de que la amenaza presentada por la MS13 va en aumento es mucho más dudosa. El informe repite las afirmaciones de que en el reciente incremento de los flujos migratorios desde Centroamérica hay una alta cifra de pandilleros como base para justificar la creciente amenaza, afirmaciones que aún deben ser sustentadas con evidencia estadística significativa y que con frecuencia parecen seguir un interés político.