China y su aterradora capacidad de adaptación al mercado de fentanilo

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En octubre de 2017, dos ciudadanos chinos: Xiaobing Yan y Jian Zhang, fueron imputados en Estados Unidos por conspiración para fabricar y distribuir “grandes cantidades” de fentanilo y sus análogos. Aunque usaron múltiples nombres e identidades comerciales a lo largo de seis años, los investigadores pudieron rastrear los cargamentos de fentanilo hasta cuatro laboratorios clandestinos y dos plantas químicas en China. Esa fue la primera imputación conocida contra ciudadanos chinos por la producción de fentanilo, pero contiene una historia con más ramificaciones perturbadoras sobre la industria química en China: que tiene la capacidad y la voluntad de adaptarse tan rápido como el mercado al que atiende. El consumo de fentanilo se ha disparado en Estados Unidos, donde las sobredosis fueron la causa de muerte de casi 30.000 personas en 2017. Casi todo el fentanilo se produce en China en plantas químicas como las que manejaban Yan y Zhang. Gran parte de su producción se vende directamente a Estados Unidos, adonde llega por correo en pequeñas dosis, prácticamente indetectables por medio del sistema postal estadounidense.

Este artículo hace parte de una serie sobre la creciente demanda de fentanilo y sus mortales consecuencias, que fue realizada con el apoyo del Mexico Institute, del Woodrow Wilson International Center for Scholars. Vea la serie completa aquí.

Las dos plantas químicas operadas por Yan “tenían una capacidad de producción de toneladas fentanilo y sus análogos”, según un comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además de los dos chinos, se imputó cargos a otras 19 personas por conspirar para distribuir el fentanilo y sus análogos de producción ilícita en todo el territorio estadounidense. Pero las fábricas de Yan responsables del fentanilo también elaboraban una amplísima variedad de sustancias ilícitas. La imputación de nueve cargos contra Yan parecía un examen de química. El gobierno registró la producción de pentedrona, además de 4-MEC (4-metilmetcatinona), ambos ingredientes importantes de las llamadas “sales de baño”, drogas de diseño populares en los clubes nocturnos de Europa y Estados Unidos. También había AM-2201, un tipo de marihuana sintética. Al final, los fiscales mencionaron más de 20 configuraciones químicas distintas. Yan obviamente había cambiado su producción al fentanilo tan pronto vio que el opioide se había convertido en la droga preferida entre los consumidores de este tipo de drogas. Los pliegos de cargos también aportaron evidencia adicional de las sustancias exportadas desde China directamente a Estados Unidos, con Canadá como punto de trasbordo, y permitieron ver la rapidez con la que los grupos chinos pueden alterar las sustancias de la familia del fentanilo para eludir las medidas de declaración de sustancias vigiladas. Yan, por ejemplo, seguía de cerca las decisiones de vigilancia de compuestos químicos y las actividades de las autoridades para modificar la estructura de sus análogos químicos y evitar ser detectado, según expuso el Departamento de Justicia. Se estima que hay unas 160.000 empresas químicas operando legal o ilegalmente en China, según el Departamento de Estado. La industria química china adolece de mala regulación, lo que permite el desvío de químicos precursores del fentanilo hacia laboratorios clandestinos de grupos criminales, añadió el Departamento de Estado. La falta de vigilancia combinada con las ineficiencias administrativas también han fomentado la proliferación de plantas químicas ilegales que fabrican cantidades importantes de precursores con destino a Estados Unidos directamente o pasando por México, donde los grupos criminales también se están adaptando velozmente al nuevo mercado. La segunda imputación contra Zhang se ajusta a este relato. Zang operaba cuatro laboratorios y exportaba fentanilo, análogos de este, y troqueles y sellos para píldoras, y otros materiales para dar al fentanilo la forma de pastillas en Estados Unidos, según explicó el Departamento de Justicia. Además del fentanilo, los fiscales estadounidenses mostraron que Zhang producía ANPP, acetil fentanilo, y furanil fentanilo, análogos del fentanilo. Luego los remitía por medio de empresas de transporte de materiales, las cuales llevaban las sustancias químicas a Estados Unidos pasando por Canadá, y ocultado sus actividades detrás de alias como Joe Bleau, la versión canadiense de la bomba de piso Joe Blow. China ha tratado de controlar el desarrollo de incontables cantidades de análogos del fentanilo y químicos precursores, pero durante nuestra investigación sobre las redes de tráfico de fentanilo, hallamos que se ha dificultado implementar estas iniciativas, pues las autoridades y los investigadores antinarcóticos tienen problemas para mantener la pista de altos números de productos químicos y farmacéuticos. Además, dado que la adición al fentanilo y las muertes por sobredosis no son problemas en China, en la actualidad las medidas de vigilancia e interdicción se realizan a instancias de Estados Unidos, lo que hace esta relación dependiente de la cambiante dinámica de la relación Estados Unidos-China. Pero se están dando algunos pasos positivos, y los delegados estadounidenses afirman que la relación bilateral con China en este aspecto es abierta y evoluciona. En 2015, la Administración China de Fármacos y Alimentos declaró sustancias controladas 116 psicoactivos, junto con seis análogos del fentanilo, y en febrero de 2018, entraron en vigor nuevos controles sobre cinco precursores de la sustancia, incluyendo el ANPP. El impacto de estos controles sobre la desviación de los precursores del fentanilo a laboratorios clandestinos, o la exportación de dichos químicos a grupos criminales en México o Estados Unidos, puede limitarse por la rápida capacidad de adaptación de estos grupos.

Este artículo hace parte de una serie sobre la creciente demanda de fentanilo y sus mortales consecuencias, que fue realizada con el apoyo del Mexico Institute, del Woodrow Wilson International Center for Scholars. Vea la serie completa aquí.

Fentanilo: Resumen y principales hallazgos

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Desde que entró al mercado en 2013, el fentanilo se ha convertido en el tipo de opioide más letal en Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) estiman que en 2017 en Estados Unidos murieron más de 47.000 personas por sobredosis con opioides —28.000 de esas muertes por opioides sintéticos—, lo cual, según los CDC, ha sido en gran parte resultado del aumento en el abuso del consumo del fentanilo. Esta investigación se propuso identificar el papel de México en el comercio de fentanilo. Las empresas chinas producen la mayor parte del fentanilo, así como sus análogos y precursores, pero México se está convirtiendo en un importante punto de tránsito y producción tanto de la droga como de sus análogos, y los traficantes mexicanos parecen estar desempeñando un papel importante en su distribución en Estados Unidos. Para investigar el papel de México en este mercado, nos dimos cuenta de que teníamos que estudiar toda la cadena de distribución. InSight Crime contó con dos investigadores en México, dos en Estados Unidos y dos en Colombia, quienes examinaron cuidadosamente todas las bases de datos, exploraron documentos judiciales, hicieron solicitudes de libertad de información y realizaron docenas de entrevistas en México y Estados Unidos con miembros de la policía, fiscales, especialistas en salud y otros expertos. El resultado es un panorama detallado y con preocupantes implicaciones para el futuro del narcotráfico y del consumo de drogas.

Este artículo hace parte de una serie sobre la creciente demanda de fentanilo y sus mortales consecuencias, que fue realizada con el apoyo del Mexico Institute, del Woodrow Wilson International Center for Scholars. Vea la serie completa aquí.

Aunque el comercio de fentanilo en México parece estar dominado por dos grandes grupos criminales, requiere amplias redes de subcontratistas menores que se especializan en la importación, producción y transporte de drogas sintéticas. Tanto las organizaciones grandes como las pequeñas parecen estar aprovechando el aumento de la popularidad de la droga, que cada vez más es mezclada con otras sustancias como la cocaína, la metanfetamina y la marihuana —muy a menudo sin que el usuario final lo sepa—. En efecto, el aumento de las incautaciones de píldoras de oxicodona falsas y mezcladas con fentanilo demuestra que el mercado está también madurando en otros sentidos. La potencia de esta droga también ha dado pie a nuevos comerciantes que evaden el paso por México, obteniendo sus suministros directamente en China y vendiéndolos en la web oscura. En general, se conoce poco sobre la prevalencia de esta parte del comercio, e incluso menos sobre sus implicaciones a mediano y largo plazo. La poca posibilidad de acceder a este mercado y sus altas rentabilidades pintan un futuro aterrador, en el que podría proliferar todo tipo de drogas sintéticas.

Principales hallazgos

  • El fentanilo permite ser traficado de diversas maneras, lo cual indica que en el futuro el comercio de drogas podría involucrar sustancias sintéticas más poderosas y fáciles de transportar.
  • El fentanilo es una droga potente. El hecho de que se pueda producir en pequeñas cantidades significa que existen menos riesgos en el proceso de producción y transporte, pero aun así genera altos rendimientos.
  • La producción de fentanilo es además relativamente simple y barata, lo que les permite a los grupos menores entrar en este comercio utilizando pequeños espacios y distribuyendo pequeñas cantidades en la web oscura.
  • China produce casi todo el fentanilo, sus análogos y precursores en el mundo, aunque India —con su gran infraestructura química— parece estar preparada para entrar en el mercado, y los traficantes mexicanos también están empezando a producirlo utilizando precursores obtenidos principalmente en China.
  • México es un creciente punto de tránsito y producción de fentanilo; la mayor parte del producto entra al país a través de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
  • Las dos organizaciones criminales más grandes de México, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) son los proveedores mexicanos más importantes de la droga y sus precursores, aunque organizaciones criminales y contratistas más pequeños pueden desempeñar papeles significativos en la producción y el transporte de la droga a lo largo de la cadena de distribución.
  • No se sabe qué parte del fentanilo procedente de México se consume en Estados Unidos. Hay versiones contradictorias acerca de cuánto está llegando directamente de China y cuánto ingresa por México.
  • Las autoridades estadounidenses dicen que los traficantes dominicanos son los principales proveedores de los consumidores finales en el noreste de Estados Unidos, aunque las redes mexicanas de tráfico también desempeñan un papel importante.
  • La heroína y el fentanilo suelen traficarse juntos, pero el fentanilo y la metanfetamina parecen tener más aspectos en común en la fase de producción y se observan cada vez más en la etapa del consumidor final.
  • Las organizaciones criminales tradicionales y con experiencia en la importación de productos químicos de Asia para la producción de metanfetamina parecen ser las más aventajadas para aprovechar este aumento en el consumo de fentanilo.
  • El gobierno de México todavía no percibe el fentanilo como un asunto importante y no ha asignado recursos significativos para identificar los principales promotores de este comercio dentro de sus fronteras.

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Carteles de México amenazan de muerte a AMLO por sus duras medidas de seguridad

En una misma semana, el presidente de México recibió dos amenazas de muerte de parte de dos grupos criminales de su país, lo que indica que la estrategia del presidente para enfrentar a estos grupos no los ha logrado amedrentar. El 31 de enero, las autoridades hallaron un mensaje de los narcotraficantes en la ciudad de Salamanca, en el céntrico estado de Guanajuato, en el que se amenazaba al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y se exigía que retirara las fuerzas de seguridad de la zona, según informó Vanguardia. En Guanajuato se encuentra la refinería de Salamanca, un importante punto para el lucrativo negocio de robo de petróleo, dominado por los carteles de México. López Obrador ha intentado controlar el excesivo robo de petróleo mediante el cierre de los principales oleoductos y el despliegue de soldados para proteger las refinerías y los camiones cisternas de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Días antes de la amenaza de muerte, una bomba fue instalada dentro de un camión en las afueras de la refinería de Salamanca. El mensaje de amenaza a López Obrador hace referencia a dicha bomba y está firmado por el cartel de Santa Rosa de Lima y su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”. El grupo está librando una sangrienta batalla contra el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) —el grupo criminal más poderoso de México— por el control del robo de crudo en el denominado corredor del “Triángulo rojo”, que se asienta sobre un enorme oleoducto subterráneo en la región centro oriental de México.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de México Días más tarde, López Obrador recibió otra amenaza de muerte. La organización Arellano Félix, también conocida como el Cartel de Tijuana, se adjudicó el mensaje, señalando que lo había enviado como respuesta al despliegue de fuerzas de seguridad que el presidente ordenó en Tijuana, estado de Baja California, ubicado en la frontera entre México y Estados Unidos, según informó Vanguardia el 7 de febrero. Tijuana, donde se dieron algunos de los conflictos más sangrientos durante la llamada “guerra contra las drogas”, ha experimentado un repunte en los homicidios como resultado de los enfrentamientos entre pequeños distribuidores que se disputan el control de las ventas de drogas a nivel local, especialmente relacionadas con la metanfetamina. Las recientes amenazas de muerte se presentan justo después de que López Obrador anunciara, en una conferencia de prensa matutina a finales de enero, que la política de seguridad de su administración estaba logrando disminuir los niveles de violencia y que ya no habría guerra contra los grupos del crimen organizado. Como respuesta a las amenazas, el presidente dijo que él no se dejaría intimidar.

Análisis de InSight Crime

Es alarmante que López Obrador haya recibido amenazas de muerte de dos poderosos grupos del crimen organizado poco después de las recientes decisiones y acciones de su administración en materia de seguridad. Dichas amenazas públicas indican que los grupos criminales están enviando el mensaje de que lo enfrentarán a él y a su administración por el creciente retorno a una estrategia de seguridad militarizada. López Obrador llegó a la presidencia gracias en parte a su promesa de distanciarse de las estrategias de seguridad militarizadas desplegadas durante décadas por sus predecesores y de poner fin a la “estrategia de capos”, que consiste en atacar a los jefes de los grupos criminales de México.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre la política de seguridad Sin embargo, la respuesta de mano dura del presidente frente al robo de petróleo y la inseguridad en Tijuana es la más reciente señal de que se ha desprendido de algunas de sus principales promesas de campaña y que ha vuelto a las antiguas técnicas. Las recientes amenazas de muerte y la creciente violencia en corredores criminales clave indican que los grupos criminales del país no parecen estar vacilantes. Por su parte, López Obrador parece haberse precipitado, afirmando que su nueva estrategia ha permitido logros importantes en materia de seguridad. El Cartel de Santa Rosa de Lima, por ejemplo, bloqueó carreteras y quemó varios vehículos en oposición a las operaciones de López Obrador contra el robo de combustible en municipios controlados por el grupo en Guanajuato. Aún más, México registró casi 3.000 asesinatos durante el primer mes de López Obrador en el cargo en 2018, un aumento de casi 10 por ciento con respecto al número de asesinatos registrados en el mismo mes (diciembre) de 2017 durante el anterior presidente, Enrique Peña Nieto. Aparte de Tijuana, otras regiones estratégicas para los criminales, cerca de importantes puertos y a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, han presenciado espeluznantes escenas de violencia a comienzos de este año, lo cual incluye cuerpos desmembrados y calcinados.

Usureros y la creciente diversificación del crimen en México

Un reciente informe señala que algunas de las organizaciones criminales más poderosas de México están controlando redes de prestamistas usureros lideradas por ciudadanos colombianos en todo el país, una prueba más de que estos grupos están buscando nuevos flujos de ingresos fuera de sus fortines tradicionales. Según Excélsior, las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de la Ciudad de México indican que, desde 2015, ocho grupos criminales son los principales protectores de más de 1.500 colombianos que permanecen en el país con visas vencidas y operan redes de prestamistas en la capital y en más de 20 de los 31 estados del país. El informe de Excélsior indica que la Unión de Tepito, la Familia Michoacana y la Fuerza Antiunión son algunos de los grupos locales que les brindan protección a dichas redes, pero también hay organizaciones más grandes que dirigen estas operaciones, como Los Zetas y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).      VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre la extorsión Según Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, los prestamistas utilizan el denominado método “gota a gota”, mediante el cual ofrecen préstamos a altas tasas de interés a los dueños de pequeños negocios y a los vendedores ambulantes, y luego extorsionan a quienes no pueden pagarles. Estas organizaciones ofrecen inicialmente, y de manera verbal, una tasa de interés del 20 por ciento. Sin embargo, esa tasa de interés asciende al 50 por ciento a las cuatro semanas. Si las víctimas no pueden pagar, las amenazan, les roban y a veces incluso las atacan. En algunos casos, se ha identificado a agentes de policía en servicio que también participan en estas redes. En un sector específico de la Ciudad de México detrás del Palacio Nacional, los vendedores ambulantes son a menudo victimizados y obligados a pagar, según el monto del préstamo, entre 1.000 y 2.000 pesos mexicanos al día (entre US$50 y 100), según Excélsior.

Análisis de InSight Crime

Las recientes revelaciones sobre la dinámica de las redes de prestamistas usureros que operan en México son pruebas adicionales de que algunas de las organizaciones criminales más poderosas del país están diversificando sus operaciones y buscando nuevos flujos de ingresos. En primer lugar, esta es una actividad de muy bajo riesgo. Parece que a los grupos criminales de México han desarrollado un gusto por permitir que los colombianos entren al país y se queden para dirigir este tipo de redes, siempre y cuando les den una tajada de las ganancias. Si las autoridades intervienen, pueden demostrar que sus manos están limpias, pues no han extorsionado a nadie directamente.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de México Este no es el único indicio de que los principales actores criminales de México están buscando nuevos flujos de dinero, pues las fuentes de ingresos tradicionales, como el tráfico de marihuana y heroína, han disminuido considerablemente debido a la legalización y a la demanda de los opioides sintéticos. De hecho, aparte de secundar a los usureros, al parecer el CJNG también está apoyando al Cartel del Tabaco, un nuevo grupo conformado a finales de 2017 que presiona a los venteros para que distribuyan cigarrillos de algunas marcas en particular en al menos ocho estados mexicanos. El grupo criminal más prominente del país también pastorea una serie de grupos más pequeños involucrados en el lucrativo negocio del robo de petróleo, una industria multimillonaria que ha desencadenado violentos enfrentamientos entre organizaciones rivales.

AMLO emite precipitados juicios sobre avances de seguridad en México

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pregonado grandes avances en materia de seguridad en su país, pero los logros de los que alardea no se ajustan a la realidad. Durante una conferencia de prensa el 30 de enero, López Obrador (conocido como “AMLO”), anunció que el día anterior México había registrado solo 54 asesinatos en todo el país, una disminución de casi un tercio con respecto al promedio diario de 80 asesinatos. El mandatario presentó estos datos como evidencia de que su política de seguridad, que hace menos énfasis en el conflicto militarizado con los grupos criminales, ya está teniendo efectos positivos. En la misma conferencia de prensa declaró que no había ninguna guerra contra el crimen organizado. Sin embargo, no es posible hacer este análisis con base en los resultados de un solo día. Se han necesitado meses enteros para determinar estadísticamente si se ha presentado un avance en materia de seguridad. En abril de 2008, los asesinatos en Juárez disminuyeron temporalmente, llegando a menos de 60, en medio de un gran despliegue militar. Pero en cuestión de semanas, los niveles de violencia volvieron a llegar a las altas cifras de cientos de asesinatos al mes, y los enfrentamientos por la ciudad fronteriza continuaron a pesar de que las calles estaban siendo patrulladas.

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Los datos actuales indican que México sigue siendo tan violento como lo fue durante el predecesor de López Obrador, Enrique Peña Nieto. En diciembre de 2018, el primer mes de López Obrador en la presidencia, México registró 2.916 asesinatos. Esta cifra, tomada del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), representa un aumento del 9 por ciento con respecto al mismo mes de 2017. Es además el mes más violento que se ha registrado en México desde que el SNSP comenzó a recopilar estos datos en la década de los noventa. Sacar conclusiones sobre la seguridad pública en México con base en un solo día es un criterio fundamentalmente erróneo. Es loable que la administración esté decidida a reducir el número de asesinatos, pero los datos estadísticos siempre tendrán valores atípicos, y es imposible determinar si los resultados de un solo día hacen parte de una tendencia general.

Análisis de InSight Crime

El SNSP no divulgará sus cifras de enero hasta dentro de varias semanas, pero no hay suficientes indicios para hablar de una transformación inmediata. Aunque es su responsabilidad, es demasiado pronto para atribuir la constante violencia a las políticas de la administración de López Obrador. Pero también es de esperar que él aborde este tema con claridad y honestidad, y sus comentarios de la semana pasada dejan mucho que desear. La declaración de AMLO refleja dos tendencias diferentes que han prevalecido durante sus primeros días en la presidencia.

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La más evidente es que las declaraciones del presidente con respecto a sus políticas parecen responder más a los resultados deseados que a un análisis empírico. Pareciera que López Obrador quiere hacer creer que su nuevo gobierno ha provocado una transformación en la seguridad del país, y se está aferrando a cualquier evidencia, por muy ilusoria que sea, para utilizarla como argumento. Esto se observa también en el rechazo de López Obrador a los informes de Reforma, un periódico de Monterrey que ha estado en contra de su administración, sobre la violencia en el mes de diciembre. Lamentablemente, los resultados que pregona López Obrador no coinciden con los hechos, ya sea en materia de seguridad o energía. Este estilo de gobierno es típico de los líderes populistas, y López Obrador no es precisamente el primero en haberlo utilizado. Sin embargo, si no se corrigen, estas posturas pueden dejar de ser un simple disparate y convertirse en un verdadero peligro. En segundo lugar, la altísima tasa de asesinatos pone de relieve los viejos problemas de seguridad de México. Durante su campaña, López Obrador propuso una gran cantidad de soluciones, que van desde un cambio de retórica (una de sus consignas hablaba de abrazos en lugar de balas) hasta cambios institucionales, como la conformación de una nueva Guardia Nacional. Pero la violencia en México no se disminuye con soluciones fáciles, y las ideas de López Obrador no representan un cambio drástico con respecto a las políticas de sus predecesores. Las mejoras duraderas serán el resultado de transformaciones de largo aliento y de un trabajo coordinado de las autoridades federales, estatales y locales, y no de cambios repentinos de una semana a otra. El deseo de López Obrador de solazarse en la fácil conjetura de que él ha sido el artífice de una transformación repentina es un indicio de que aún no ha dimensionado la gravedad de los desafíos a los que se enfrenta.

Carteles reabren rutas de migrantes por Arizona y Nuevo México

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos hallaron varios grupos numerosos de migrantes centroamericanos que cruzaban la frontera entre Estados Unidos y México a lo largo de tramos remotos de desierto; una táctica de los “coyotes” que requiere la negociación con grupos criminales más grandes. Desde octubre, las organizaciones criminales han pasado a más de dos docenas de grupos de migrantes hacia la desolada región cercana al paso de entrada de Antelope Wells, al suroeste de Nuevo México, según declararon en un comunicado los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Los grupos —cada uno de más de un centenar de personas— se sometieron a las autoridades al entrar. El miércoles pasado, un grupo de 274 migrantes —conformado en su mayoría por familias centroamericanas con niños en busca de asilo— cruzaron justo después de la medianoche. Los agentes de la Patrulla Fronteriza relataron posteriormente que se usó el cruce como distracción mientras que dos presuntos correos humanos pasaban 265 libras de marihuana por la frontera. Un grupo de 115 migrantes se entregó la noche siguiente en la misma zona. “Contrabandistas organizados sin escrúpulos están explotando la zona”, concluyó la Patrulla Fronteriza en su declaración.

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A los traficantes también se los acusó de ayudar a un grupo de 376 migrantes, que abrieron un túnel bajo un alambrado fronterizo, cerca del extremo suroeste de Arizona el 14 de enero. El grupo —con ayuda de los coyotes— cavó siete agujeros pequeños, de escasa profundidad bajo la barrera de acero de diez millas de extensión al este del cruce fronterizo de San Luis, y luego se entregaron a las autoridades, según informó ABC News. Un guatemalteco contó al medio de noticias que había pagado US$5.000 a un coyote para que los ayudaran a él y a su hija de 12 años a pasar la frontera con ese grupo.

Análisis de InSight Crime

El movimiento repentino de masivos grupos de migrantes centroamericanos a parajes remotos de la frontera entre Estados Unidos y México es una señal de que los traficantes se están lucrando de dicha táctica, que requiere coordinación con organizaciones criminales mexicanas de mayor envergadura. El tráfico de estos migrantes supone una fuente importante de ingresos para los grupos del crimen organizado. Los pagos deben hacerse inicialmente a varios de los llamados “coyotes” o “polleros”, traficantes que conducen a los migrantes hacia Estados Unidos. Esos traficantes pagan a los carteles de la droga de México para garantizar protección, pues ellos tienen el control de las rutas de tráfico de personas y narcóticos en las regiones fronterizas. Los carteles se benefician de esos pagos y mediante otros negocios criminales, como el secuestro y la extorsión a los migrantes.

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“La última vez que grandes grupos cruzaron ilegalmente la frontera en Nuevo México y Arizona fue en la primera mitad de la década de 2000, cuando los grupos criminales los usaban como distracción para pasar cargamentos de marihuana”, explicó Jeremy Slack, profesor de la Universidad de Texas en El Paso, quien ha escrito sobre la relación de los coyotes y las organizaciones narcotraficantes. Miles de migrantes que huyen del crimen y la pobreza llegaron en caravanas a la frontera estadounidense en las últimas semanas, pero la mayoría han sido detenidos en los puertos de entrada en lugares como Tijuana, California. El cuello de botella de los solicitantes de asilo, como resultado de las medidas de fuerza implementadas por el presidente Donald Trump en la frontera, es el responsable de que los traficantes hayan vuelto a mover grandes grupos, agregó Slack en conversación con InSight Crime. Y es probable que sus precios estén aumentando. “Esto va a ser la bonanza para ellos”, dijo el experto. Operaciones de ese calado, sin embargo, no pueden realizarse sin la ayuda y la anuencia de las organizaciones criminales. “Garantizo que con quien sea que los traficantes de personas estén de esos grandes grupos, están siendo rentables para los carteles”, aseguró Slack.

Balance de InSight Crime sobre los homicidios en 2018

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Desde la agudización de la crisis en Venezuela; pasando por los días aciagos en Nicaragua; un proceso de paz cada vez más frágil en Colombia; y los nuevos gobiernos en Brasil, México y otros países, 2018 fue un año de agitación en toda América Latina y el Caribe. Los niveles de homicidios han sido reflejo de estas variables, aumentando considerablemente en algunas naciones y descendiendo en otras. En su balance, InSight Crime analiza las tasas de homicidios por país, así como los factores subyacentes.

Venezuela: 81,4 por 100.000

Venezuela se mantiene a la cabeza como el país con más homicidios en América Latina, con 23.047 casos. Si bien esta cifra es ligeramente inferior a los 26.616 asesinatos reportados en 2017, el país sigue sufriendo graves conflictos políticos, económicos y sociales. Según un informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la única fuente de carácter público sobre los homicidios en el país, Venezuela registró una tasa de asesinatos de 81,4 por 100.000 habitantes en 2018, menos que los 89 por 100.000 que registró en 2017. Pero esta disminución no puede ser tomada con optimismo, dado que se basa en cifras de población del año 2011 y no tiene en cuenta la masiva migración de unos tres millones de venezolanos que han huido de la crisis. El OVV también considera que esta supuesta reducción en los homicidios contrasta con el marcado aumento de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad —7.523 víctimas en 2018, en comparación con 5.535 en 2017—, que representan un asombroso 32 por ciento del total de homicidios. Si bien el gobierno no ha publicado estadísticas oficiales sobre crímenes en 2018, InSight Crime tuvo acceso a un documento filtrado del Observatorio Venezolano de Seguridad Pública, departamento que hace parte del Ministerio del Interior. Allí se habla de una tasa oficial de 10.573 homicidios en 2018, es decir, solo 33 por 100.000 habitantes, la diferencia se debe a que el gobierno no incluye casos de “resistencia a la autoridad” ni otras categorías, como las víctimas de balas perdidas.

El Salvador: 51 por 100.000

El Salvador registró 3.340 homicidios en 2018, una disminución del 15 por ciento con respecto a 2017. Si esta cifra es correcta, la tasa de homicidios resultante (51 por 100.000 habitantes) continúa la tendencia a la baja que se viene presentando en El Salvador en los últimos años. Solo en 2016, el país encabezó el ranking regional de InSight Crime, con una alarmante tasa de 81,2 por 100.000 habitantes. En 2017, esta tasa descendió en 20 homicidios por 100.000, pero el país permaneció en segundo lugar en la lista, solo por debajo de Venezuela. Durante mucho tiempo, la tasa de homicidios de El Salvador ha estado relacionada con sus dos pandillas más dominantes y violentas: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Aunque puede haber diversas causas para la reducción de los asesinatos, como el hecho de que las pandillas han detenido sus luchas entre sí, el gobierno considera que sus medidas de “mano dura”, llamadas ahora de manera eufemística “medidas extraordinarias”, son las que han permitido dicha reducción. Sin embargo, esas mismas acciones represivas explican los hallazgos de un informe de Naciones Unidas, en el que se constata que los asesinatos extrajudiciales han aumentado y que es probable que queden impunes. Durante las dos primeras semanas del nuevo año fueron asesinadas 126 personas en el país. Los funcionarios policiales han señalado a las pandillas como culpables de los derramamientos de sangre, acusándolas de estar haciendo demostraciones de poder en vísperas de las elecciones presidenciales del 3 de febrero.

Jamaica: 47 por 100.000

En un discurso ante la Cámara de Representantes, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó que los homicidios disminuyeron en un 21,9 por ciento el año pasado. El país registró 1.287 asesinatos en 2018, una tasa de homicidios de 47 por 100.000 habitantes. La policía ha atribuido esta disminución a la creación de Zonas de Operación Especial (Zones of Special Operation, ZOSO), áreas en las que el ejército apoya el trabajo de la policía. Como parte de su plan de reducir la tasa de asesinatos a 16 por 100.000 habitantes en la próxima década, Holness ha promovido la conformación de 20 Zonas de Operación adicionales en 2019. Sin embargo, la disminución en los homicidios el año pasado se produjo después de un aumento de cerca del 20 por ciento en 2017, que se relacionó con la deficiente implementación del plan ZOSO y de medidas de seguridad similares.

(Mapa de InSight Crime mostrando las tasas de homicidios en Latinoamérica y el Caribe. Haga clic en la imagen para verla ampliada)

Honduras: 40 por 100.000*

De enero a noviembre de 2018, en Honduras se produjeron 3.310 asesinatos, según el Observatorio de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Esto significa una tasa de homicidios de 40 por 100.000 habitantes, una pequeña disminución con respecto al 42,8 por 100.000 registrado en 2017, cuando hubo 3.791 asesinatos. Después de llegar a un pico de 85,5 asesinatos por 100.000 habitantes en 2011, la tasa de homicidios de Honduras se redujo a la mitad en 2017. Al igual que en su vecino, El Salvador, los funcionarios de seguridad atribuyeron la tendencia a la baja a las acciones gubernamentales contra los narcotraficantes y las pandillas. Pero los funcionarios consideran que la poca disminución en la tasa de homicidios también se debe a la misma estrategia de seguridad, pues señalan que esta genera represalias por parte de los grupos criminales. En las primeras dos semanas de 2019, fueron asesinadas 30 personas en ocho masacres diferentes, lo que demuestra que continúa existiendo el tóxico coctel de violencia pandillera, altos niveles de impunidad y corrupción.

Trinidad y Tobago: 37,5 por 100.000

Este fue el segundo año más violento en la historia del país, con 516 homicidios, solo por debajo de 2008, cuando fueron asesinadas 550 personas. A pesar de su población relativamente pequeña, de 1,3 millones de habitantes, la violencia en Trinidad y Tobago ha empeorado permanentemente en los últimos años. La impunidad sigue siendo un grave problema, ya que, según los funcionarios policiales del país caribeño, al menos 83 por ciento de los casos de asesinatos del año pasado permanecen sin resolver.

Belice: 35,9 por 100.000

A pesar de ser el país más pequeño de Centroamérica, Belice ha tenido una tasa de asesinatos permanentemente alta. Si bien aún no se han divulgado las estadísticas oficiales, los medios de comunicación de Belice reportan 143 asesinatos en 2018, solamente dos menos que en 2012, el año más violento del país. El gobierno ha negado que Belice sea una base de despliegue de grupos criminales como Los Zetas y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, o la MS13 de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, la tasa de homicidios persistentemente alta demuestra que, aunque Belice no aparezca en los titulares, el crimen organizado parece ser una grave amenaza en el país.

México: 25,8 por 100.000

El mandato de Enrique Peña Nieto como presidente de México terminó con niveles récord de homicidios. En 2018, el país registró 33.341 asesinatos, más que los 31.174 de 2017, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto ubica la tasa de asesinatos en 25,8 por 100.000 habitantes, en comparación con 22,5 en 2017 y 16,2 en 2016. El aumento en los homicidios ha sido provocado por la continua fragmentación de los grandes carteles, así como por la incapacidad del gobierno para reaccionar ante las pandillas, menos organizadas y más pequeñas, que matan por el control territorial. El nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha modificado sus planes de seguridad, abogando por la creación de una guardia nacional y manteniendo a los militares en las calles para tratar de detener la creciente violencia, que causó un promedio de 91 personas asesinadas cada día el año pasado.

Brasil: 25 por 100.000*

En 2017, Brasil tuvo un triste récord: 175 personas fueron asesinadas en promedio cada día. El año pasado la situación mejoró levemente, pues entre enero y septiembre se presentaron 39.183 asesinatos, en comparación con 44.733 en el mismo periodo de 2017, según el Foro de Seguridad Pública de Brasil. Si esta disminución se mantiene estable, en 2018 se llegaría a una tasa de asesinatos de 25 por 100.000 habitantes. Pero la inseguridad y la violencia continúan siendo las principales preocupaciones de gran parte de la población, ya que Brasil no ha logrado encontrar formas efectivas de detener la violencia criminal. El ejército fue enviado a Río de Janeiro en 2017, lo que representa el más reciente ejemplo de una estrategia de militarización que ha fracasado sistemáticamente en Latinoamérica. Jair Bolsonaro llegó a la presidencia gracias en gran parte a la promesa de que le permitiría a la policía dispararles a los criminales y que simplificaría las leyes de propiedad de armas. En lo que va corrido de 2019, los grupos criminales han lanzado ataques en el estado de Ceará, y el gobierno ha respondido a la violencia con tropas federales, convirtiendo al noreste de Brasil en un verdadero campo de batalla. Este violento conflicto podría aumentar el número de muertes, y deja claro que Brasil no logrará abordar las causas subyacentes a sus tasas de asesinatos constantemente altas.

Colombia: 25 por 100.000*

Después de que en 2017 llegara a los niveles más bajos de violencia en 42 años, Colombia experimentó un leve repunte de la violencia en 2018, con 12.311 homicidios, en comparación con 11.381 en 2017. Este aumento del cuatro por ciento ubica la tasa de homicidios en 25 por 100.000 habitantes, en comparación con 24 por 100.000 el año pasado. En 2018, en Colombia se presentó un aumento y diversificación de los grupos criminales, entre ellos los exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se han reunido en una mafia ex-FARC que viene ganando fuerza, así como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El creciente número de disidentes de las FARC que abandonan el proceso de paz y la ruptura de las conversaciones con el ELN han incentivado a estas organizaciones. Además, la violencia ha aumentado en la frontera con Venezuela, y han continuado los asesinatos de líderes sociales como resultado de la lucha por el control de cultivos ilícitos y tierras.

Guatemala: 22,4 por 100.000

Guatemala siguió presentando una notoria mejoría, al llegar a fin de año con una tasa de homicidios de 22,4 por 100.000 habitantes. El país registró 3.881 asesinatos, un descenso desde las 4.409 muertes violentas y la tasa de 26,1 por 100.000 en 2017, según delegados del gobierno. Pero las cifras de la sociedad civil reflejan algo distinto. El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización no gubernamental que hace seguimiento a los delitos en el país, afirmó que la cifra oficial de muertos se quedó corta en más de 1.000 homicidios, lo que deja el total en 4.914 muertes y pone la tasa de homicidios en 28 por 100.000 habitantes. En todo caso, Guatemala es el país menos azotado por la violencia entre sus vecinos del Triángulo Norte —Honduras y El Salvador—. Los hallazgos de una investigación sobre homicidios en Guatemala, realizada por InSight Crime en 2017, siguen siendo válidos. La guerra emprendida por el presidente Jimmy Morales contra el organismo anticorrupción, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha mantenido al gobierno ocupado, sin tiempo para remediar la impunidad rampante en materia de homicidios y los errores en la recolección de información sobre dichos crímenes.

Puerto Rico: 20 por 100.000

La tasa de homicidios en Puerto Rico se mantuvo en 20 por 100.000 habitantes en 2018, casi el cuádruple que la parte continental de Estados Unidos. Los registros muestran que 641 personas murieron en forma violenta en el último año, un descenso respecto a los 710 homicidios de 2017, y muy por debajo del récord de 1.164 asesinatos en 2011. Los principales responsables del balance de muertos son las pandillas locales dedicadas al tráfico de drogas, y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) afirma que 60 por ciento de los homicidios en el país tienen relación con drogas. Este año, Puerto Rico ya ha tenido una oleada de asesinatos, que preocupa a los habitantes y a las fuerzas federales de orden público. Si el organismo de policía presenta problemas para impedir la deserción de sus agentes y resolver los delitos, no hará más que agudizar la inseguridad en la isla.

Costa Rica: 11,7 por 100.000

Con solo 17 homicidios menos en 2018, la tasa de homicidios de Costa Rica se mantuvo relativamente estable. El país centroamericano contó 586 homicidios, lo que redujo ligeramente la tasa de homicidios de 12,1 a 11,7 por 100.000 habitantes. Hasta la disminución del año pasado, la tasa de homicidios presentaba un constante incremento desde 2012. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del país incluso había previsto lo mismo para 2018. El que fuera por tradición el país más pacífico de Centroamérica ha padecido recientemente aumentos en los niveles de criminalidad, debido a su ubicación como punto de tránsito importante para la cocaína colombiana. El gobierno ha tenido problemas para responder al incremento en la oferta de narcóticos, lo que ha llevado a los grupos a disputarse el control de las plazas locales.

Uruguay: 11,2 por 100.000

Uruguay alcanzó un récord de 382 homicidios en 2018. Con 99 homicidios más que en 2017, experimentó un incremento de 35 por ciento entre un año y otro, así como una tasa de homicidios de 11,2 muertes por 100.000 habitantes. Estas cifras se tomaron de la Fundación Propuestas (Fundapro), asociada al Partido Colorado. Solamente se han divulgado cifras oficiales sobre el primer semestre del año, en el que se reportan 218 asesinatos, en comparación con 131 entre enero y junio de 2017. Para uno de los países que se han mantenido tradicionalmente entre los más pacíficos y estables de la región, este súbito incremento prende las alarmas. Las autoridades están convencidas de que la causa son las rencillas entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, puede ser más fácil atribuirles a ellos la culpa para justificar la militarización cuando otros problemas, como las mediocres tasas de resolución y condenas para los homicidios, pueden también haber contribuido a la situación.

República Dominicana: 10,4 por 100.000*

El Observatorio de Seguridad Ciudadana denunció que se registraron 801 asesinatos en el país caribeño durante los tres primeros trimestres de 2018, una caída de 145 en comparación con los 946 homicidios registrados para el mismo periodo de 2017. Aunque esto muestra que se mantiene una tendencia desde 2011, un sondeo reciente indica que la inseguridad pública sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población dominicana.

Panamá: 9,6 por 100.000*

En diciembre, el Ministerio Público de Panamá publicó un informe en el que se afirmaba que entre enero y noviembre de 2018 hubo 401 homicidios, cerca de una docena por debajo de las 378 muertes registradas en 2017. Según esta cifra, la tasa de homicidios es de 9,6 por 100.000 personas. El informe destacaba que más del 40 por ciento (169) de los hechos ocurrieron en la capital, Ciudad de Panamá. El director de la Policía Nacional, Alonso Vega Pino, dice que ese leve incremento está “directamente relacionado con el crimen organizado”. La geografía de Panamá lo convierte en un punto de tránsito vital para el tráfico de mercancías ilegales en la región. Una investigación interna sobre una red internacional de tráfico de armamento en octubre de 2018 ilustraba los actuales retos que tiene el país frente a la corrupción y el crimen organizado.

Perú: 7,8 por 100.000*

En 2017, Perú registró 2.487 muertes violentas, poco más que los 2.435 de 2016, para arrojar una tasa de homicidios de 7,8 por 100.000. No hay datos disponibles para 2018 hasta el momento. Perú ha mantenido los índices de muertes violentas relativamente bajos en las últimas décadas, aunque la corrupción institucionalizada amenaza los recursos destinados a combatir los actuales problemas de narcotráfico en Perú.

Bolivia: 6,3 por 100.000

Durante una conferencia de prensa por televisión, el ministro del interior de Bolivia, Carlos Romero, anunció que el país había registrado una tasa de homicidios de 6,3 por 100.000 en 2018, una mejoría de más de dos por ciento en comparación con el primer semestre de 2017, cuando el país registró una tasa de 8,5 por 100.000. El anuncio se conoce en un momento en que el país se prepara para la primera vuelta de elecciones presidenciales el 27 de enero. En el último año, los grupos de oposición que rechazan tajantemente la decisión de Evo Morales de lanzarse como candidato para un cuarto periodo consecutivo han dirigido manifestaciones masivas y huelgas nacionales. Las elecciones presidenciales, que se celebrarán en octubre, bien pueden desviar la atención de los temas de seguridad nacional en un momento en que las pandillas de Brasil se desplazan hacia el país suramericano.

Ecuador: 5,7 por 100.000

Ecuador informó de 975 homicidios en 2018, es decir, 18 más de los 957 registrados en 2017, lo que deja al país con una tasa de homicidios de 5,7 por 100.000 personas, según la policía nacional. Hace menos de una década, Ecuador tenía tasas de homicidios tres veces más altas, pero un proceso de “legalización de pandillas” ha hecho posible la drástica reducción de los asesinatos. Sin embargo, el incremento del narcotráfico proveniente de Colombia hacia Ecuador ha renovado los temores de la violencia. El conocido homicidio de tres periodistas a manos de la mafia ex-FARC también ha hecho de la seguridad entre fronteras una prioridad para el gobierno.

Argentina: 5,2 por 100.000*

En medio de una profunda crisis económica, Argentina sigue ostentando unas de las tasas de homicidios más bajas del continente. Según el Ministerio de Seguridad, Argentina registró una tasa de homicidios de 5,2 por 100.000 personas en 2017, una leve disminución con respecto a los 6,6 de 2015. Al momento no se dispone de datos de 2018. Los bajos índices de violencia, sin embargo, no se han traducido en mayor seguridad. En diciembre, la ministra de seguridad Patricia Bullrich firmó un decreto en el que autorizaba un mayor uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales. La medida, cuya implementación se prevé para dentro de seis meses, ya está creando controversia e incertidumbre entre la población argentina.

Paraguay: 5,1 por 100.000*

El más reciente informe sobre homicidios del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Paraguay indica que se registraron un total de 350 homicidios entre enero y septiembre de 2018. Ese dato arroja una tasa de homicidios de 5,1 por 100.000, considerablemente menor que el 7,8 por 100.000 registrado en 2017. Sin embargo, el ministro del interior, Juan Ernesto Villamayor, declaró recientemente en una entrevista por radio que el país debe revaluar sus estrategias transnacionales con Argentina y Brasil para combatir el crimen organizado en la región. El Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC—), la pandilla más poderosa de Brasil, sigue poniendo en riesgo la seguridad del país.

Chile: 2,7 por 100.000

Chile mantiene su posición como el país con la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica. Entre enero y octubre de 2018, se registraron 488 muertes violentas, para una tasa de homicidios de 2,7 por 100.000 personas. Esta es aun menor que los 3,3 por 100.000 registrados para el mismo periodo de 2017. Incluso con los bajos índices de homicidios, Chile ha sido escenario de actos de violencia aleatorios. Un artefacto explosivo que fue detonado en una parada local de autobuses en Santiago, la capital del país, dejó múltiples heridos. Con la probable expansión del crimen organizado en 2019, queda por ver si Chile logrará mantener sus bajos índices de homicidios.

Nicaragua: N/A

En 2017, Nicaragua registró una tasa de homicidios de 7 por 100.000, con 431 homicidios, lo que continuaba una tendencia positiva de reducción de la violencia a lo largo de varios años. En 2018, los índices de violencia se dispararon con la brutal represión de los manifestantes civiles por parte del régimen del presidente Daniel Ortega. Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil han suministrado estadísticas incompletas de los asesinatos. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANDPH) registró en julio al menos 448 muertos y 595 desaparecidos. El grupo no ha divulgado información adicional desde que cerró sus oficinas de Nicaragua en agosto último, debido a las constantes amenazas del gobierno. * Las tasas de homicidios calculadas por InSight Crime se basan en datos parciales sobre homicidios para 2018 y la población total estimada de 2017 para cada país, según la oficina de referencia de población (Population Reference Bureau). Las mismas se actualizarán en cuanto se conozcan las cifras completas para 2018. 

Continua fragmentación de la criminalidad en México estimula la violencia

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La fragmentación se ha vuelto el rasgo distintivo de la criminalidad en México, dado que los carteles de estructuras monolíticas han desaparecido en gran parte, lo que ha aumentado la volatilidad de los grupos criminales del país a medida que incursionan en otras actividades ilegales violentas. Si bien antes se agrupaban bajo el paraguas de una federación de carteles que trabajan en conjunto para traficar drogas, actualmente los grupos criminales de México están más divididos que nunca. En los últimos años, las grandes organizaciones se han fragmentado y han sido amenazadas por grupos más pequeños que están diversificando sus portafolios criminales y usando la violencia extrema para tratar de ganar el control de territorios clave. El Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas, cada uno de los cuales ha sido en su momento el grupo del crimen organizado más dominante de México, son los principales ejemplos.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles del Cartel de Sinaloa El arresto y la extradición del exdirigente del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, condujo a la fragmentación del cartel y al aumento de la violencia en todo el país. El CJNG —que a su vez se desprendió del Cartel de Sinaloa y se conformó alrededor del año 2010— se enfrenta a una de sus propias facciones disidentes, el Cartel Nueva Plaza, en su estado originario, Guadalajara. Por su parte, Los Zetas son ya solo una sombra de lo que solían ser, después de haberse desintegrado en varias células diferentes. De cierta manera, los grupos criminales parecen estar condenados a dividirse después de alcanzar cierto tamaño, lo que se evidencia por la caída de carteles que solían ser muy poderosos, como Los Zetas. Sin embargo, los grupos pequeños que han surgido como resultado de dichas divisiones carecen de estructuras de poder claras, son más propensos a aliarse entre sí y se desintegran mucho más rápido, lo que los hace más difíciles de rastrear. Los grupos criminales fragmentados son también más violentos. Los homicidios en México han aumentado desde 2014; los relacionados con el crimen organizado alcanzaron un récord en 2017, y la violencia en general alcanzó niveles sin precedentes en 2018, pues el número de homicidios aumentó en 27 de los 32 estados del país.

Análisis de InSight Crime

Es probable que la creciente fragmentación de la criminalidad en México se convierta en uno de los retos de seguridad más apremiantes para el presidente Andrés Manuel López Obrador, en tanto los grupos emergentes que carecen de una organización clara incursionen en actividades criminales más violentas y se vuelvan más difíciles de perseguir. “Las líneas de comunicación, las interacciones entre los miembros de los grupos y sus relaciones con el Estado apuntan en direcciones diferentes”, así lo señala Eduardo Moncada, profesor de Ciencias Políticas del Barnard College, quien fue consultado por InSight Crime. Las autoridades mexicanas —con el apoyo del gobierno de Estados Unidos— han recurrido durante muchos años a la “estrategia de capos”, que consiste en arrestar o matar a los líderes de las organizaciones criminales del país. Esta estrategia se ha mantenido en el tiempo, propiciando una criminalidad cada vez más fragmentada y violenta, que no ha podido ser controlada por las autoridades. “Se ha evidenciado un cambio en las operaciones de los carteles, pues ellos se han dado cuenta de los beneficios de operar de manera menos jerárquica”, agrega Brian Phillips, profesor asociado de la Universidad de Essex, experto en crimen organizado. “Las crecientes presiones [por parte de las autoridades] los han llevado a operar más bajo el radar y con un mando y un control menos claros”.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de México La evolución y la creciente fragmentación de la criminalidad en México plantean serios desafíos de seguridad. Mientras que los grandes grupos criminales jerárquicos de antes se dedicaban sobre todo al narcotráfico, las actividades criminales como la extorsión, el secuestro y el robo de petróleo se están volviendo muy lucrativas para los grupos más pequeños que no cuentan con los recursos necesarios para ejecutar el tráfico de drogas a gran escala. La violencia es contraproducente para el negocio de las drogas, pero existen grandes incentivos para usar la violencia extrema cuando se participa en otros crímenes como la extorsión y el secuestro, o cuando se pelea con grupos rivales. Para colmo de males, debido al estado de la criminalidad en México, es posible que las alianzas entre los grupos cambien de manera rápida, lo que hace más difícil rastrear dichos grupos, y en última instancia reducir su poder. “Estas organizaciones son menos estables hoy en día, sus estructuras no incentivan a sus miembros a permanecer en ellas por largo tiempo, y estos no tienen ningún motivo para seguirles siendo leales”, afirma Cecilia Farfán-Méndez, investigadora del Centro de Estudios sobre México y Estados Unidos en San Diego (San Diego’s Center for US-Mexican Studies), de la Universidad de California. Si López Obrador no adopta una estrategia de seguridad bastante diferente a la de sus predecesores, la violencia en México puede seguir aumentando, a medida que la fragmentación de la criminalidad del país lleva a los grupos criminales a alejarse del narcotráfico para incursionar en otras actividades ilegales violentas.

Huachicoleros, chivos expiatorios de desabasto de combustible en México

México vive un grave desabastecimiento de combustible luego de que el gobierno cerrara los oleoductos para evitar el robo descontrolado. Entre las medidas drásticas contra el robo de combustible, el presidente de México ha cerrado importantes oleoductos, lo que ha generado una honda escasez de gasolina en varias zonas del país, pero ¿son los ladrones de combustible, conocidos localmente como “huachicoleros”, los únicos responsables de la actual crisis? El 27 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció planes para combatir el robo descontrolado de combustible de las instalaciones administradas por Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera estatal. Poco después, varios destacamentos de soldados salieron a proteger refinerías estratégicas en todo el país, lo que incluyó el cierre de un importante oleoducto en la refinería de Salamanca, en el estado central de Guanajuato. El cierre del oleoducto de Salamanca, paralizado por los huachicoleros a lo largo de los años, causó importantes desabastecimientos de combustible en el centro de México. En lugar de usar los ductos, el gobierno comenzó a utilizar camiones y vagones de tren protegidos por soldados y agentes de policía para el transporte del combustible, según informó el Washington Post. Pero este sistema ha resultado lento y poco confiable. Pese a la escasez, López Obrador pide a los ciudadanos no entrar en pánico y apoyar las medidas. “Hay gasolina suficiente en el país […] pero no podemos usar los oleoductos, porque hay redes que se crearon para robar gasolina”, anunció en una conferencia de prensa el 9 de enero.

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En 2016, los operadores de ductos clandestinos extrajeron más de 2.20 millones de litros (cerca de 600 millones de galones) de combustible de las instalaciones de Pemex, que representan por lo menos US$1.500 millones en pérdidas para la empresa. En 2017, los casos de robo de combustible registrados por Pemex alcanzaron picos récord, al pasar a 9.509, lo que dejó atrás los 6.873 casos registrados en 2016. Un reportaje reciente de Rolling Stone señalaba que las reservas de gas y petróleo del país “representan una fuente potencial de riqueza mucho mayor de lo que nunca generarán los narcóticos ilegales”. Algunos expertos han respaldado la decisión de López Obrador de enfrentar la industria huachicolera que operó casi sin trabas en años anteriores. “Tenemos una red de oleoductos que son vulnerables al crimen organizado y debido a la corrupción en el gobierno. Administraciones anteriores toleraron esto durante años”, declaró Ruben Salazar, director de Etellekt Consultants, al Washington Post. Otros han criticado la logística del plan y la manera como el presidente comunicó su estrategia. “Si la intervención militar es la estrategia, no tenemos suficientes marinos, soldados ni policías para defender o monitorear las 24 horas los cerca de 9.000 kilómetros que tenemos de poliductos. […] No va a faltar mucho tiempo para que empiece a intervenir el crimen organizado”, comentó el analista Gonzalo Monroy a CNN.

Análisis de InSight Crime

La industria de robo de combustible en México pasa por una bonanza, y durante años ha sido un elemento básico del crimen organizado en el país. Pero la estructura criminal de ladrones de combustible pasó de grupos de poca monta a organizaciones más sofisticadas controladas por los carteles del país. Pero aunque hasta el momento López Obrador ha culpado en su mayor parte a los huachicoleros por la implementación de estas medidas y el desabasto resultante, la situación es mucho más compleja. El robo de combustible no sería posible sin la complicidad de ingenieros y empleados de las refinerías de Pemex. También se ha cuestionado si las pérdidas económicas y el descontento generados por el cierre de los ductos compensan los daños causados por los ladrones de combustible. Básicamente, AMLO exageró su reacción. Buscando remediar el robo de combustible, su estrategia ha traído más problemas para muchas más personas. Capas de corrupción dentro de Pemex, incluyendo empleados que comparten mapas de los ductos e información sobre cómo perforarlos, facilitan la industria ilícita. De hecho, López Obrador anunció hace poco la apertura de una investigación sobre el exjefe de seguridad de Pemex, Eduardo León Trauwitz, por su presunta participación como facilitador del robo de combustible, según El Universal. En una entrevista en 2017, una fuente declaró a Milenio que los funcionarios de Pemex informan a los ladrones el momento exacto en que el combustible pasa por los ductos, además de proveerles los equipos necesarios para extraer el crudo de manera segura. Pero la corrupción va más allá de los empleados de Pemex.

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“[La corrupción] va desde MP, autoridades municipales, secretarios estatales, de ahí hasta lo que tú te puedas imaginar”, precisó la fuente. Para empeorar las cosas, Pemex enfrenta graves problemas de producción. El mismo López Obrador admitió en una conferencia de prensa celebrada el 10 de enero que varias refinerías de Pemex se han cerrado temporalmente o que están produciendo muy poco combustible. Después de un repunte en la producción diaria de barriles a comienzos de 2018, la producción comenzó a decaer en abril, al pasar de 375.000 barriles diarios a solo 188.000 a finales de 2018, según estadísticas de la Secretaría de Energía de México. A mediados de 2018, las seis mayores refinerías de crudo de Pemex operaban a solo 40 por ciento de su capacidad y producían la menor cantidad de combustible de los últimos 25 años, informó El Economista. Pemex también ha reducido las importaciones de gasolina de Estados Unidos desde la llegada de López Obrador al poder, hace poco más de un mes, según el Wall Street Journal, lo que complica aún más la actual crisis.