‘El Mayo’ Zambada, el último capo de México
Al iniciarse el cuarto mes del nuevo Gobierno, el llamado régimen de la Cuarta Transformación, dos capos temibles se erigen como los amos y señores del narcotráfico en México: Ismael “El Mayo” Zambada y Nemesio Oseguera, cabezas de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, respectivamente.
Perfil del Cartel de Sinaloa
Cartel de Sinaloa
El Cartel de Sinaloa, a menudo descrito como la organización de narcotráfico más grande y poderosa del hemisferio occidental, es una alianza de algunos de los capos más importantes de México. Los miembros de la coalición operan en conjunto para protegerse. El cartel cuenta con conexiones en los niveles más altos y soborna a miembros de la policía federal y el ejército para mantener ventaja sobre sus rivales.
Más noticias sobre el Cartel de Sinaloa
EE. UU. declara culpable a ‘El Chapo’, pero la guerra contra las drogas en México continúa
Un jurado de Estados Unidos ha declarado culpable al excapo del Cartel de Sinaloa, “El Chapo” Guzmán, por dirigir una enorme y violenta organización narcotraficante. Sin embargo, la histórica decisión no ha atemorizado a los actores políticos de México acusados de corrupción, ni ha logrado derribar al cartel.
El exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, fue condenado por los 10 cargos incluidos en la acusación federal en su contra, según anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 12 de febrero. Por lo que esperará su condena con la certeza de que pasará el resto de su vida tras las rejas.
“El sangriento reinado de Guzmán Loera a la cabeza del Cartel de Sinaloa ha llegado a su fin, y el mito de que no podría ser llevado ante la justicia ha sido derribado”, dijo el fiscal Richard Donoghue en un comunicado de prensa.
Las deliberaciones se extendieron por seis días, durante los cuales los miembros del jurado analizaron meticulosamente montones de pruebas para poder llegar a un veredicto. Los fiscales presentaron 56 testigos —13 de los cuales cooperaron a cambio de indulgencias— y cientos de exhibiciones, durante aproximadamente tres meses del proceso judicial.
VEA TAMBIÉN: Perfil de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”
El Chapo será sentenciado en el mes de junio y, como convicto al frente de una empresa criminal existente, enfrenta una condena de cadena perpetua en una prisión federal de Estados Unidos sin posibilidad de libertad condicional.
Los fiscales afirmaron que, bajo el comando de El Chapo durante unas dos décadas, el Cartel de Sinaloa ingresó cientos de miles de kilos de cocaína a Estados Unidos, que le propiciaron al cartel ganancias por unos US$14.000 millones. Además, el capo de la droga amasó una fortuna personal de US$1.000 millones.
Los abogados de Guzmán Loera dijeron que el juicio fue un “show” y que apelarán el veredicto.
“El gobierno de Estados Unidos sabe muy bien que nada ha cambiado y nada va a cambiar con la condena de El Chapo”, expresó en un tuit uno de sus abogados, Eduardo Balarezo.
Continua fragmentación de la criminalidad en México estimula la violencia
La fragmentación se ha vuelto el rasgo distintivo de la criminalidad en México, dado que los carteles de estructuras monolíticas han desaparecido en gran parte, lo que ha aumentado la volatilidad de los grupos criminales del país a medida que incursionan en otras actividades ilegales violentas.
Si bien antes se agrupaban bajo el paraguas de una federación de carteles que trabajan en conjunto para traficar drogas, actualmente los grupos criminales de México están más divididos que nunca. En los últimos años, las grandes organizaciones se han fragmentado y han sido amenazadas por grupos más pequeños que están diversificando sus portafolios criminales y usando la violencia extrema para tratar de ganar el control de territorios clave.
El Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas, cada uno de los cuales ha sido en su momento el grupo del crimen organizado más dominante de México, son los principales ejemplos.
VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles del Cartel de Sinaloa
El arresto y la extradición del exdirigente del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, condujo a la fragmentación del cartel y al aumento de la violencia en todo el país. El CJNG —que a su vez se desprendió del Cartel de Sinaloa y se conformó alrededor del año 2010— se enfrenta a una de sus propias facciones disidentes, el Cartel Nueva Plaza, en su estado originario, Guadalajara. Por su parte, Los Zetas son ya solo una sombra de lo que solían ser, después de haberse desintegrado en varias células diferentes.
De cierta manera, los grupos criminales parecen estar condenados a dividirse después de alcanzar cierto tamaño, lo que se evidencia por la caída de carteles que solían ser muy poderosos, como Los Zetas. Sin embargo, los grupos pequeños que han surgido como resultado de dichas divisiones carecen de estructuras de poder claras, son más propensos a aliarse entre sí y se desintegran mucho más rápido, lo que los hace más difíciles de rastrear.
Los grupos criminales fragmentados son también más violentos. Los homicidios en México han aumentado desde 2014; los relacionados con el crimen organizado alcanzaron un récord en 2017, y la violencia en general alcanzó niveles sin precedentes en 2018, pues el número de homicidios aumentó en 27 de los 32 estados del país.
Análisis de InSight Crime
Es probable que la creciente fragmentación de la criminalidad en México se convierta en uno de los retos de seguridad más apremiantes para el presidente Andrés Manuel López Obrador, en tanto los grupos emergentes que carecen de una organización clara incursionen en actividades criminales más violentas y se vuelvan más difíciles de perseguir. “Las líneas de comunicación, las interacciones entre los miembros de los grupos y sus relaciones con el Estado apuntan en direcciones diferentes”, así lo señala Eduardo Moncada, profesor de Ciencias Políticas del Barnard College, quien fue consultado por InSight Crime. Las autoridades mexicanas —con el apoyo del gobierno de Estados Unidos— han recurrido durante muchos años a la “estrategia de capos”, que consiste en arrestar o matar a los líderes de las organizaciones criminales del país. Esta estrategia se ha mantenido en el tiempo, propiciando una criminalidad cada vez más fragmentada y violenta, que no ha podido ser controlada por las autoridades. “Se ha evidenciado un cambio en las operaciones de los carteles, pues ellos se han dado cuenta de los beneficios de operar de manera menos jerárquica”, agrega Brian Phillips, profesor asociado de la Universidad de Essex, experto en crimen organizado. “Las crecientes presiones [por parte de las autoridades] los han llevado a operar más bajo el radar y con un mando y un control menos claros”. VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de México La evolución y la creciente fragmentación de la criminalidad en México plantean serios desafíos de seguridad. Mientras que los grandes grupos criminales jerárquicos de antes se dedicaban sobre todo al narcotráfico, las actividades criminales como la extorsión, el secuestro y el robo de petróleo se están volviendo muy lucrativas para los grupos más pequeños que no cuentan con los recursos necesarios para ejecutar el tráfico de drogas a gran escala. La violencia es contraproducente para el negocio de las drogas, pero existen grandes incentivos para usar la violencia extrema cuando se participa en otros crímenes como la extorsión y el secuestro, o cuando se pelea con grupos rivales. Para colmo de males, debido al estado de la criminalidad en México, es posible que las alianzas entre los grupos cambien de manera rápida, lo que hace más difícil rastrear dichos grupos, y en última instancia reducir su poder. “Estas organizaciones son menos estables hoy en día, sus estructuras no incentivan a sus miembros a permanecer en ellas por largo tiempo, y estos no tienen ningún motivo para seguirles siendo leales”, afirma Cecilia Farfán-Méndez, investigadora del Centro de Estudios sobre México y Estados Unidos en San Diego (San Diego’s Center for US-Mexican Studies), de la Universidad de California. Si López Obrador no adopta una estrategia de seguridad bastante diferente a la de sus predecesores, la violencia en México puede seguir aumentando, a medida que la fragmentación de la criminalidad del país lleva a los grupos criminales a alejarse del narcotráfico para incursionar en otras actividades ilegales violentas.Tala ilegal en un estado del norte de México es negocio de carteles
Uno de los mercados criminales más dinámicos de México es el de la madera ilegal, y en el norteño estado de Chihuahua crece la alarma de que organizaciones de narcotraficantes estén disputándose el control del negocio.
Seis cuerpos decapitados fueron tirados justo antes del amanecer frente a una estación de gasolina en las afueras de Creel, estado de Chihuahua, a finales de octubre. Cada uno de los cadáveres estaba envuelto en bolsas negras de basura, selladas con cinta de empaque café, alrededor del cuello, la cintura y los tobillos.
La escena era típica de la violencia experimentada durante la guerra contra el narco en México, que completa más de una década. Pero la nota pegada de uno de los cuerpos tenía que ver con no con el narcotráfico, sino con el mercado local de madera ilegal.
Combatir este flagelo se ha hecho cada vez más peligroso. Algunos activistas han tenido que huir, y en noviembre, el activista de Alianza Sierra Madre, Julián Carrillo Martínez, fue asesinado por hombres armados en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, zona en la que se han centrado muchas de las actividades de presión de las ONG.
Carrillo Martínez contaba con protección del estado, pero las medidas del gobierno no lograron mantenerlo a salvo ese día. El grupo para el que trabajaba nos relató que los pistoleros del área protegen los intereses de empresas madereras comerciales y también de narcotraficantes.
Los traficantes no se esconden. Los habitantes de Bahuinacachi cuentan a InSight Crime cómo en febrero llegaron unos 40 hombres armados conduciendo docenas de camiones pesados. Comenzaron a derribar árboles en los bosques de pinos que se encuentran en las afueras del pueblo. Trabajando día y noche en el primer mes, los hombres —todos ellos menores de veinte años, según los testigos— sacaban unos 40 camiones llenos de madera de los bosques cada 24 horas.
Los habitantes del pueblo decían que podían oírse las motosierras desde sus casas, y que el recién instalado jefe del cartel de Juárez y de su brazo armado en San Juanito, César Daniel Manjarrez Alonso, alias “el H2”, hizo una aparición en ese tiempo, cuando entró caminando al pueblo.
La madera sustraída de esos bosques —algo que sigue haciéndose a diario— se transporta en camión hasta San Juanito y allí se procesa. San Juanito es un centro económico regional, donde se encuentran cerca de 25 aserraderos, que emplean una proporción importante del pueblo y procesan gran parte de la madera beneficiada legal e ilegalmente de los bosques de pinos cubren las montañas. Una vez la madera ingresa a esas plantas, se vuelve legal, al mezclarse con el suministro legal.
La mayoría de las veces se convierte en tablas para la venta al por mayor a constructoras y otras, o se transforman en muebles. Parte de eso podría estar abriéndose camino hacia la industria papelera mexicana, que exporta a otros países.
No es fácil determinar quiénes son los beneficiarios. La mitad de los aserraderos que funcionan en San Juanito hacen parte de la red del cartel de Juárez, según una fuente del comercio local que habló con InSight Crime con la condición de que se mantuviera en el anonimato —la otra mitad, señalaron, tiene que pagar una “cuota” (un impuesto informal que el cartel cobra) para trabajar.
Pero el crimen y la violencia tienen más de un dueño. Al sur de Creel está el territorio del cartel de Sinaloa, en lo que hace parte del Triángulo Dorado, en la intersección de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. El clima en esta parte del estado hacen posibles las plantaciones de amapola y marihuana que cubren sus arroyos y cañones. La tala ilegal allí se usa principalmente para abrir lugar para el cultivo de esas plantas, según entrevistas con fuentes del gobierno y no gubernamentales.
Pero cómo y cuándo se intersecó con el negocio de la madera ilegal es algo más difícil de identificar. La opinión local es que los grupos narcotraficantes adoptaron la tala ilegal en parte como beneficio colateral de su control territorial, pero también como una manera de diversificar su portafolio criminal, que había sufrido luego de la caída de los precios de mercado para la pasta de amapola y la marihuana.
“El narco siempre ha estado aquí, y todo el mundo aprendió a vivir con ellos, pero la ‘guerra contra el narco’ [declarada por el presidente Felipe Calderón en 2006] los llevó a proteger más sus territorios”, comenta Isela Gonzales, directora de la Alianza Sierra Madre, quien habló con InSight Crime en Chihuahua, donde tiene protección del gobierno, luego de recibir amenazas de muerte por su labor. Su organización no gubernamental ha logrado con su activismo que se congelen las licencias de tala para que se investigue a quienes las usan por consecución indebida de licencias y uso ilegal de las mismas.
Expertos consultados por InSight Crime coinciden en que el actual sistema de licencias manejado por el gobierno mexicano es insuficiente para regular la tala ilegal en estados como el de Chihuahua, y organismos como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no tienen recursos humanos o financieros suficientes para controlar la actividad ilegal a esta escala.
“La policía trabaja para ellos [los carteles]… no hay buenos, solo malos”, afirmó Gonzales.
Sus aseveraciones fueron respaldadas por otras personas entrevistadas por InSight Crime, quienes señalaron que los habitantes tienen tanto miedo de la policía estatal y municipal como de los grupos criminales que operan en el área. Gonzales añadió que las élites políticas y empresariales, así como los grupos criminales, están trabajando juntos para procesar y sobreexplotar las licencias de tala legales.
Con la gran disponibilidad de pinos en la zona, así como la falta de regulación y la continua presión en los precios y rutas de la droga, la tala ilegal en Chihuahua parece abocada a seguir creciendo como generador de lucro para el crimen organizado.
*Este artículo es producto de la investigación sobre ecotráfico en la región, llevada a cabo en conjunto con el Centro para Estudios Latinos y Latinoamericanos de American University (CLALS).
De hecho, los grupos que participan en la tala para el mercado negro y en el tráfico de narcóticos ahora parecen ser el mismo. En los últimos meses, la violencia entre los carteles rivales en las montañas cubiertas de pinos de Chihuahua, alrededor de los pueblos de San Juanito y Creel, ha estado tan ligada al tráfico ilegal de madera como a las plazas y rutas locales de la droga. Esa coincidencia comenzó con un incremento de la tala ilegal. “Aquí en San Juanito, la tala ilegal empezó realmente a crecer y a hacerse obvia en 2015. En toda el área alrededor de San Juanito se talaba de manera ilegal e indiscriminada, y luego se prendía fuego al bosque y no se permitía que la gente lo apagara”, comentó Citlali Quintana, abogada local que trabaja para el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, una ONG local. Mientras Quintana nos lleva fuera del pueblo indígena de Bahuinacachi en su camioneta cuatro por cuatro —la única forma de llegar al pueblecito donde habitan unas 200 familias indígenas—. pasamos bosques de pinos asolados por taladores no autorizados. El trabajo está hecho de mala manera; se han dejado podrir los árboles donde cayeron, y se han quemado porciones de tierra para cubrir la evidencia.Combatir este flagelo se ha hecho cada vez más peligroso. Algunos activistas han tenido que huir, y en noviembre, el activista de Alianza Sierra Madre, Julián Carrillo Martínez, fue asesinado por hombres armados en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, zona en la que se han centrado muchas de las actividades de presión de las ONG.
Carrillo Martínez contaba con protección del estado, pero las medidas del gobierno no lograron mantenerlo a salvo ese día. El grupo para el que trabajaba nos relató que los pistoleros del área protegen los intereses de empresas madereras comerciales y también de narcotraficantes.
Los traficantes no se esconden. Los habitantes de Bahuinacachi cuentan a InSight Crime cómo en febrero llegaron unos 40 hombres armados conduciendo docenas de camiones pesados. Comenzaron a derribar árboles en los bosques de pinos que se encuentran en las afueras del pueblo. Trabajando día y noche en el primer mes, los hombres —todos ellos menores de veinte años, según los testigos— sacaban unos 40 camiones llenos de madera de los bosques cada 24 horas.
Los habitantes del pueblo decían que podían oírse las motosierras desde sus casas, y que el recién instalado jefe del cartel de Juárez y de su brazo armado en San Juanito, César Daniel Manjarrez Alonso, alias “el H2”, hizo una aparición en ese tiempo, cuando entró caminando al pueblo.
La madera sustraída de esos bosques —algo que sigue haciéndose a diario— se transporta en camión hasta San Juanito y allí se procesa. San Juanito es un centro económico regional, donde se encuentran cerca de 25 aserraderos, que emplean una proporción importante del pueblo y procesan gran parte de la madera beneficiada legal e ilegalmente de los bosques de pinos cubren las montañas. Una vez la madera ingresa a esas plantas, se vuelve legal, al mezclarse con el suministro legal.
La mayoría de las veces se convierte en tablas para la venta al por mayor a constructoras y otras, o se transforman en muebles. Parte de eso podría estar abriéndose camino hacia la industria papelera mexicana, que exporta a otros países.
No es fácil determinar quiénes son los beneficiarios. La mitad de los aserraderos que funcionan en San Juanito hacen parte de la red del cartel de Juárez, según una fuente del comercio local que habló con InSight Crime con la condición de que se mantuviera en el anonimato —la otra mitad, señalaron, tiene que pagar una “cuota” (un impuesto informal que el cartel cobra) para trabajar.
Pero el crimen y la violencia tienen más de un dueño. Al sur de Creel está el territorio del cartel de Sinaloa, en lo que hace parte del Triángulo Dorado, en la intersección de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. El clima en esta parte del estado hacen posibles las plantaciones de amapola y marihuana que cubren sus arroyos y cañones. La tala ilegal allí se usa principalmente para abrir lugar para el cultivo de esas plantas, según entrevistas con fuentes del gobierno y no gubernamentales.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre ecotráfico
Por otro lado, la tala en los alrededores de San Juanito se destina a la venta de la madera, y se está convirtiendo en una actividad cada vez más lucrativa para los agentes del cartel de Juárez. Ese es el motivo más probable detrás de la matanza de los seis hombres, cuyos cuerpos fueron arrojados en la estación de gasolina, y quienes, según el organismo estatal de investigación criminal, eran miembros del brazo armado del cartel rival de Sinaloa, Gente Nueva. Un video en Facebook, aparecido tras el asesinato indica lo mismo, y muestra a los sicarios, ahora muertos, exhibiendo sus armas frente a la cámara. InSight Crime recibió la advertencia de no realizar entrevistas en San Juanito, y un empresario local entrevistado, quien prefirió no ser nombrado por motivos de seguridad, afirmó: “Si se tira una moneda al aire, cuando caiga golpeará a alguien implicado en la tala ilegal… hay familias enteras involucradas”.Pero cómo y cuándo se intersecó con el negocio de la madera ilegal es algo más difícil de identificar. La opinión local es que los grupos narcotraficantes adoptaron la tala ilegal en parte como beneficio colateral de su control territorial, pero también como una manera de diversificar su portafolio criminal, que había sufrido luego de la caída de los precios de mercado para la pasta de amapola y la marihuana.
“El narco siempre ha estado aquí, y todo el mundo aprendió a vivir con ellos, pero la ‘guerra contra el narco’ [declarada por el presidente Felipe Calderón en 2006] los llevó a proteger más sus territorios”, comenta Isela Gonzales, directora de la Alianza Sierra Madre, quien habló con InSight Crime en Chihuahua, donde tiene protección del gobierno, luego de recibir amenazas de muerte por su labor. Su organización no gubernamental ha logrado con su activismo que se congelen las licencias de tala para que se investigue a quienes las usan por consecución indebida de licencias y uso ilegal de las mismas.
Expertos consultados por InSight Crime coinciden en que el actual sistema de licencias manejado por el gobierno mexicano es insuficiente para regular la tala ilegal en estados como el de Chihuahua, y organismos como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no tienen recursos humanos o financieros suficientes para controlar la actividad ilegal a esta escala.
“La policía trabaja para ellos [los carteles]… no hay buenos, solo malos”, afirmó Gonzales.
Sus aseveraciones fueron respaldadas por otras personas entrevistadas por InSight Crime, quienes señalaron que los habitantes tienen tanto miedo de la policía estatal y municipal como de los grupos criminales que operan en el área. Gonzales añadió que las élites políticas y empresariales, así como los grupos criminales, están trabajando juntos para procesar y sobreexplotar las licencias de tala legales.
Con la gran disponibilidad de pinos en la zona, así como la falta de regulación y la continua presión en los precios y rutas de la droga, la tala ilegal en Chihuahua parece abocada a seguir creciendo como generador de lucro para el crimen organizado.
Este artículo es producto de la investigación sobre ecotráfico en la región, llevada a cabo en conjunto con el Centro para Estudios Latinos y Latinoamericanos de American University (CLALS).
GameChangers 2018: América languidece, mientras los opioides y la cocaína florecen
Si bien las organizaciones criminales tradicionales han expandido sus portafolios en los últimos años, el narcotráfico sigue siendo la fuente más importante de ingresos para los grupos de la región. Y gracias al incremento en el consumo de opioides y a los niveles récord de producción de cocaína, los criminales están cosechando grandes ganancias y reacomodándose a los nuevos tiempos.
Los principales productores de opio en Latinoamérica continúan siendo México y Colombia, y Guatemala en menor medida. La epidemia de opiáceos en Estados Unidos ha representado un empujón para el crimen organizado al sur de la frontera con Estados Unidos, y un nuevo producto –el fentanilo — ha ingresado a los portafolios de algunas de las redes criminales más prominentes.
México es actualmente el principal proveedor de heroína hacia Estados Unidos, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), que afirma que 90 por ciento de la heroína encontrada en Estados Unidos proviene de México, según lo indicó la agencia tras ser consultada por InSight Crime. Y las autoridades de ambos países continúan reportando el aumento de la producción en México.
Según la DEA, la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de amapola en México se ha disparado en los últimos años. El organismo señala que el cultivo de amapola alcanzó un récord máximo de 44.100 hectáreas en 2017, en comparación con las 32.000 que se registraron en 2016. La producción estimada de heroína ascendió a 111 toneladas, un aumento de más del 300 por ciento con respecto a la cantidad estimada en 2013 (que fue de 26 toneladas). Las cifras del gobierno mexicano en 2017 reportan 24.800 hectáreas de cultivos ilícitos de amapola entre julio de 2014 y junio de 2015, pero México aún no ha publicado las cifras para el período 2015-2016 en este sentido.
El Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación son los principales productores de heroína, al igual que Guerreros Unidos y Los Rojos, dos grupos del estado de Guerrero que surgieron tras la fragmentación de la Organización Beltrán Leyva (OBL). También prestan el servicio de transporte de heroína para lo cual cuentan con socios como el Cartel de Juárez y el Cartel del Golfo para el transporte por el centro y el este de la frontera México-Estados Unidos, en lugar del corredor del suroeste, donde se trafica la mayor parte de la heroína.
Los otros productores regionales de amapola se quedan cortos frente a México. Se estima que en Colombia había 1.000 hectáreas de cultivos de amapola en 2015 (suficientes para producir cerca de tres toneladas de heroína pura), según cifras del gobierno de Estados Unidos incluidas en la Evaluación Nacional sobre la Amenaza de las Drogas de 2017 (2017 National Drug Threat Assessment). El papel de Guatemala es difícil de evaluar, pero es el menos significativo de los productores. Las cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos indican que su participación en la producción de amapola disminuyó entre 2014 y 2015 (con 640 y 260 hectáreas, respectivamente) pero que volvió a aumentar en 2016, llegando a 310 hectáreas.
La demanda de Estados Unidos es la principal razón para el aumento de la producción en México. Los adictos a los analgésicos farmacéuticos recetados se han estado pasando a la heroína mexicana y al fentanilo, una droga sintética más letal. Las muertes por sobredosis de heroína aumentaron ligeramente en 2017, según números de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) de Estados Unidos, analizado por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (National Institute on Drug Abuse). Sin embargo la cantidad de muertes por sobredosis de opioides sintéticos ha crecido a un ritmo asombroso — de cerca de 10.000 en 2015 a casi 30.000 en 2017, un aumento de casi 200 por ciento. Los opioides sintéticos causan la muerte de muchos más estadounidenses que cualquier otro tipo de droga.
El fentanilo, que proviene principalmente de China, ya sea ya listo para consumir o mediante la importación de precursores químicos, está siendo transportado junto con otras drogas, como la heroína y la cocaína, por los grupos mexicanos, pero también es transportado solo (es decir, sin mezclarse con otros cargamentos) a través de la frontera. En algunos mercados pequeños de Estados Unidos, los cargamentos de solo fentanilo han suplantado a la heroína, según una investigación de InSight Crime y varios informes de prensa, pero en general la droga se mezcla con otras sustancias ilegales.
No se sabe qué proporción del fentanilo ilegal (existe una presentación legal, producida por compañías farmacéuticas) consumido en Estados Unidos proviene de México. Hay un flujo constante de fentanilo muy puro que llega a los consumidores de Estados Unidos, quienes lo compran en la web oscura o lo reciben en pequeñas cantidades provenientes de China por correo y servicios de mensajería.
Las incautaciones de fentanilo en México han aumentado en los últimos años, según datos de documentos obtenidos por InSight Crime tras una solicitud de libertad de información. Y para grupos como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación —que cuentan con redes y cadenas de suministro en China para su negocio de metanfetamina— esto parece una tarea adicional obvia.
Un análisis de la DEA sobre la rentabilidad del fentanilo indica que un kilogramo de heroína les produce a los carteles alrededor de US$80.000, mientras que un kilogramo de fentanilo con 99 por ciento de pureza les genera entre US$1,2 millones y US$1,9 millones. (Es importante señalar que la mayor parte del fentanilo proveniente de México tiene una pureza promedio del siete por ciento, mientras que el fentanilo traído de China directamente por correo tiene una pureza de más de 90 por ciento).
El mercado de fentanilo también puede estar impactando el comercio de heroína. Algunos informes no oficiales indican que ha habido una disminución en el precio del kilo de pasta de opio en las montañas mexicanas, que ha pasado de unos 18.000 pesos mexicanos (US$900) a cerca de 8.000 pesos (US$400), según analistas entrevistados y algunos informes de prensa.
El fentanilo no es todavía un mercado grande para los grupos criminales mexicanos. Pero esta situación podría cambiar si la demanda y el consumo en Estados Unidos continúan aumentando. Aún más, los grupos mexicanos ya parecen estarse ajustando a la demanda de los consumidores en este floreciente mercado. A finales de 2018, la mayor parte de las incautaciones de fentanilo en la frontera entre Estados Unidos y México iban combinadas con píldoras de prescripción falsificadas.
En Colombia, por otra parte, la cantidad de tierra utilizada para el cultivo de coca ha alcanzado niveles históricos, lo que les permite a los traficantes de cocaína penetrar en nuevos mercados, como Asia y África, mientras continúan satisfaciendo la demanda en Estados Unidos y Europa.
El cultivo de coca alcanzó un récord de 209.000 hectáreas en 2017, un aumento de 11 por ciento con respecto al récord del año anterior, que fue de 188.000 hectáreas, según datos de la DEA. Además, los agentes de los organismos de seguridad estiman que la producción de cocaína pura en Colombia aumentó 19 por ciento entre 2016 y 2017, pasando de 772 toneladas a 921.
Esta tendencia va en sentido contrario a lo que ocurrió en la primera parte de la década, cuando la cantidad de tierra dedicada al cultivo de coca en Colombia disminuyó, obligando a los grupos criminales a recurrir a la compra de pasta de coca en Perú, que había superado a Colombia y se ubicaba como primer país cultivador de coca.
En 2012, la coca en Colombia había bajado a 48.000 acres, un cuarto de la cantidad actual, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Pero comenzó a aumentar de nuevo en 2013, y desde entonces ha crecido cada año. Colombia aporta actualmente 70 por ciento de la tierra utilizada para la coca ilegal en todo el mundo, según el más reciente informe de ONUDD.
Este aumento obedece a dos razones: el fin de las fumigaciones aéreas ha obstaculizado la erradicación de la coca y, como efecto secundario involuntario del proceso de paz en curso con el grupo guerrillero más grande de Colombia, se han generado nuevas posibilidades para el auge del cultivo de coca.
Cuando comenzaron las conversaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2013, la guerrilla controlaba más de 60 por ciento de los cultivos de coca en el país. Al darse cuenta de que el proceso de paz avanzaría, los guerrilleros aumentaron la producción de cocaína, pues veían una última oportunidad de generar tanto dinero como fuera posible antes de convertirse en un ente político legal. Según investigaciones de InSight Crime, convencieron a los agricultores de las regiones cocaleras de que dichos cultivos les darían mayores ventajas al momento de negociar la entrega de recursos del gobierno. Las plantas de coca que se cultivaron en ese momento ya habrán madurado en los últimos dos o tres años.
Además, el gobierno colombiano detuvo en 2015 las fumigaciones aéreas de los cultivos de coca, debido a crecientes evidencias que demostraban que los productos químicos de glifosato eran perjudiciales para la salud humana. El fin de las fumigaciones significó menos riesgo para los cultivadores de coca, y los grupos criminales aprovecharon la situación. En 2012 fueron destruidas 100.000 hectáreas mediante fumigación aérea, y otras 30.000 fueron erradicadas manualmente, según el informe de la ONUDD de 2013. En 2017, solamente se destruyeron 52.000 hectáreas de coca en tierra.
El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, ha dicho que quiere volver a instaurar las fumigaciones aéreas utilizando químicos diferentes y apuntando a los sembrados con más precisión mediante el uso de drones. Al mismo tiempo, el programa de sustitución de cultivos de Colombia, que se implementó después de la firma de los acuerdos de paz en 2016, se ha visto afectado por diversos factores, como limitaciones financieras, dificultad para llegar a las comunidades rurales donde no existe suficiente seguridad, y desconfianza de los agricultores locales, quienes afirman que aún no han percibido los beneficios reales.
Los soldados que erradican los cultivos de coca se han topado con la resistencia de las comunidades, como lo demuestra la investigación de campo de InSight Crime. En 2018, las confrontaciones entre los cultivadores y el gobierno causaron muertes en Tumaco, ciudad portuaria ubicada en el departamento de Nariño, al suroeste del país, donde actualmente se produce una gran parte de la coca del país. En la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, durante una protesta los manifestantes instalaron barricadas en las carreteras y obligaron a las autoridades a suspender las labores de erradicación, según un informe de El Tiempo.
El desarme y la desmovilización de las FARC también han dejado un vacío de poder en las regiones cocaleras. Esto ha provocado un aumento de la violencia. Los miembros disidentes del grupo, y las dos guerrillas que quedan en el país — el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), que habían sido actores menores en el comercio de cocaína — han intentado tomar el control de estas áreas. Y ambos grupos se han enfrentado con traficantes de estas regiones por el control de las rutas de tráfico.
Pero las sangrientas guerras de décadas anteriores, en las que los guerrilleros se enfrentaban con los grupos paramilitares y los carteles luchaban entre sí, parecen haber terminado. En el comercio de cocaína cooperan todo tipo de criminales: varias facciones guerrilleras, los ex paramilitares que conforman las BACRIM (acrónimo de “bandas criminales”) y traficantes tradicionales como Los Urabeños, la organización criminal más poderosa de Colombia.
Varios agentes de los organismos de seguridad de Estados Unidos han informado que Los Urabeños envían por barco regularmente varias toneladas de cocaína a Panamá y a otros países de Centroamérica. Pero la conformación de Los Urabeños es diferente a la estructura vertical de los antiguos carteles colombianos, y actúan más bien como una red de nodos independientes.
Los extravagantes capos a la manera de Pablo Escobar han desaparecido. Los traficantes que actualmente se ubican en el centro del comercio de cocaína en Colombia son en general invisibles; prefieren no tocar nunca un kilo de cocaína y pasar como empresarios comunes. Para ellos, la seguridad la concede el anonimato. Sin embargo, a pesar de sus recientes transfiguraciones, los traficantes colombianos no han perdido su poder, e incluso quizá se han expandido como organizaciones criminales transnacionales.
Colombia no es el único país suramericano que ha experimentado un aumento en la producción de cocaína. En Perú, la cocaína pura aumentó en 20 por ciento, alcanzando 491 toneladas, el nivel más alto registrado en 25 años, según la Oficina de la Política Nacional para Control de Drogas, de la Casa Blanca.
El auge de la cocaína y la facilidad con la que la droga pasa por varios países suramericanos también ha abierto nuevas rutas de tráfico. Por ejemplo, la cocaína que atraviesa por Venezuela es llevada más adelante a República Dominicana. El país caribeño ha sido identificado como una fuente primaria de la cocaína con destino a Europa.
En general, Europa se ha convertido cada vez más en un destino final de la cocaína, y las incautaciones en el continente aumentaron 11 por ciento en 2016, según el Informe Mundial sobre las Drogas publicado por ONUDD en 2018. Los principales aumentos se han registrado en Europa suroriental, donde la cantidad de cocaína incautada fue de más del triple en 2016, en comparación con el año anterior. Por primera vez, Bélgica incautó la mayor parte de la cocaína, seguida por España y Holanda.
La explosión en la producción de cocaína también les ha permitido a los traficantes penetrar aún más en los mercados emergentes de África y Asia. Aunque la cantidad de cocaína incautada allí es mínima en comparación con la de Europa o América, estas regiones experimentaron algunos de los aumentos más significativos en cuanto a las incautaciones. En África, las incautaciones de cocaína se duplicaron, y en los países del norte del continente hubo un incremento de seis veces entre 2015 y 2016. África ha servido cada vez más como punto de tránsito para la cocaína que sale de Brasil y llega a Europa.
Brasil es también el punto de partida de la cocaína con destino a Asia, donde la cantidad de cocaína incautada se triplicó. Gran parte de esa cocaína pasa por los Emiratos Árabes Unidos. China, incluido Hong Kong, aparece con frecuencia como el principal país de destino, seguida por Israel.
Pero Estados Unidos continúa siendo el destino de la mayor parte de la cocaína. Como ocurre con los opioides, las cifras en Estados Unidos son alarmantes. Según la DEA, las incautaciones de cocaína a nivel nacional han alcanzado sus niveles más altos desde por lo menos 2010, llegando a 34.000 kilogramos en 2017, 40 por ciento más en comparación con 2016. Cerca de 93 por ciento de las muestras de cocaína analizadas en Estados Unidos son de origen colombiano.
El auge de la cocaína también ha dado lugar al aumento en el consumo de drogas en Estados Unidos en los últimos tres años, según informes de la Encuesta Nacional sobre la Salud y el Consumo de Drogas de 2017. Lo más preocupante es que casi 15.000 personas murieron por sobredosis de cocaína en 2017, más del doble de las personas que murieron por esta misma razón en 2015.
Entre las drogas ilícitas, la cocaína es la más letal después de los opioides.
Credit: AP ImagesTestimonio de importante miembro del Cartel de Sinaloa podría derribar la defensa de “El Chapo”
El testimonio de un cercano excolaborador de “El Chapo” Guzmán y el Cartel de Sinaloa en México ha permitido conocer nuevos detalles de las actividades criminales y los alcances del capo, y podría acabar con las esperanzas de la defensa de convencer al jurado de la inocencia de su cliente.
En el juicio que adelanta Estados Unidos contra el excapo del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, el testimonio de Jesús Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, reveló que el narcotraficante supuestamente mantenía contactos al interior de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), los cuales fueron utilizados por El Vicentillo para su propio beneficio, según informó The New York Times.
El Vicentillo, hijo del líder del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García —uno de los criminales más buscados por la DEA—, declaró que se reunió con su padre y El Chapo en 2007 para discutir su retirada de la organización. El Chapo ofreció relacionar a Zambada Nieblain con sus “contactos” en la DEA. Durante dos años, él supuestamente se reunió con agentes de la DEA en México.
En 2009, las autoridades arrestaron a El Vicentillo en la Ciudad de México y luego lo extraditaron a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico en Chicago. Él admitió que era un “apoderado de confianza de su padre”. En el año 2013 se declaró culpable por su participación en las operaciones de narcotráfico del cartel.
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Sin embargo, El Vicentillo sostuvo que él comenzó a trabajar como espía para la DEA poco después de reunirse con los agentes en México, “ofreciendo información sobre sus rivales a cambio de poder seguir adelante con su negocio libremente”, como se lee en The New York Times. Según Zambada Niebla, El Chapo y El Mayo supuestamente les pasaban a la DEA información sobre sus aliados y rivales.
En un antejuicio en el año 2011, sus abogados señalaron que, “en esencia, el gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en una conspiración con uno de los más grandes carteles de la droga en el mundo”.
El Vicentillo también testificó acerca de las cantidades de sobornos que existían y de las personas a las que se les pagaban. Dijo que, durante casi dos décadas, el Cartel de Sinaloa reservó casi US$1 millón mensuales para sobornar a altos funcionarios de seguridad de las administraciones de los expresidentes mexicanos Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, entre otros.
Análisis de InSight Crime
Jesús Vicente Zambada Niebla no es un testigo cooperante cualquiera. Es hijo de uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa y comenzó a trabajar para la organización desde que era adolescente. El Cartel de Sinaloa corre por la sangre de El Vicentillo. Pocas personas como él estuvieron tan cerca de las más altas esferas del poder en el cartel, y su testimonio puede ser la estocada final para la defensa de El Chapo. Desde el principio, el equipo de defensa de El Chapo ha intentado reducir la atención sobre su cliente y desviarla hacia los funcionarios corruptos y otras figuras prominentes dentro del Cartel de Sinaloa. La defensa argumenta que El Mayo es el verdadero líder y que El Chapo es solo la víctima de un complot para incriminarlo. Sin embargo, la fiscalía ha presentado varias pruebas condenatorias que señalan todo lo contrario. El testimonio de El Vicentillo es el más reciente indicio de que la estrategia de defensa de El Chapo está dando patadas de ahogado. Entre las pruebas más incriminatorias presentadas por la fiscalía se encuentra “el conocido video de Rolling Stone”, filmado en enero de 2016, el cual presenta una entrevista realizada por el actor estadounidense Sean Penn con El Chapo y que fue fuertemente criticada. Los fiscales mostraron dos segmentos de la entrevista en los que el entonces capo explica, en sus propias palabras, cómo se inició en el negocio de las drogas y cómo aumentó y expandió sus operaciones desde la prisión. VEA TAMBIÉN: Perfil de El Chapo Pero esta no es la única prueba que los fiscales han presentado acerca de las presuntas conexiones directas de El Chapo con el comercio internacional de drogas. En una llamada intervenida por la fiscalía, se escucha a El Chapo negociando un cargamento de seis toneladas de cocaína con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero en gran parte desmovilizado. En otra conversación grabada, se escucha cómo los hermanos gemelos Margarito y Pedro Flores, de Chicago —socios claves de las operaciones de narcotráfico del Cartel de Sinaloa, que traficaron “cientos de kilogramos” de drogas del cartel—, organizan un cargamento de heroína con Alfredo Guzmán, alias “Alfredillo”, a nombre de su padre, El Chapo. Todo esto se suma a las evidencias presentadas en el juicio que señalan la multimillonaria fortuna que El Chapo supuestamente acumuló gracias a sus actividades criminales, su propensión a la violencia extrema y su evidente papel de liderazgo en la cúpula del Cartel de Sinaloa. Es muy probable que El Chapo pase el resto de su vida en la cárcel. Las llamadas telefónicas intervenidas y el explosivo testimonio han puesto en cuestión la defensa de sus abogados, según la cual él era apenas un “administrador de rango medio dentro del cartel“. Pero es posible que el testimonio de El Vicentillo decida el destino de El Chapo.4 revelaciones del juicio contra “El Chapo” en Estados Unidos hasta el momento
El juicio de Estados Unidos contra uno de los más prominentes y prolíficos narcotraficantes del mundo está en desarrollo en estos días, en medio de explosivas acusaciones sobre actividades criminales y complicidad gubernamental.
En las casi tres semanas que han pasado desde que comenzó el juicio de Estados Unidos contra el excapo del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, los fiscales han tratado de dar la imagen del capo como un despiadado malhechor que lideró una multimillonaria empresa criminal de mil millones de dólares que dominó el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos durante décadas.
La defensa, por el contrario, se ha centrado en los socios más cercanos del acusado y en la supuesta corrupción del gobierno, como una manera de desviar la atención del jurado, de modo que no se enfoque en su cliente sino en lo que, según sostienen ellos, permitió el desarrollo de El Chapo y de su empresa criminal.
A continuación, InSight Crime analiza cuatro puntos que se desprenden del juicio hasta el momento, con base en declaraciones presentadas por testigos en la corte.
1. Plagado de silencios
El juicio contra El Chapo ha estado plagado de silencios. Desde el principio, los fiscales han intentado alejar del jurado los testimonios sobre la supuesta corrupción en el gobierno. En su primera intervención, uno de los abogados de El Chapo, Jeffrey Lichtman, sostuvo que los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto recibieron “cientos de millones de sobornos” del líder del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García. Lichtman agregó que El Mayo “soborna a todo el gobierno de México, incluso en los niveles superiores”. Sin embargo, según Alan Feuer, reportero de The New York Times, después el juez Brian Cogan puso límites a las preguntas que podían hacer los abogados de El Chapo a Jesús “El Rey” Zambada García, hermano de El Mayo, sobre la supuesta corrupción al interior del gobierno mexicano. El juez Cogan alegó que la información obtenida no estaba por encima de la “protección de individuos” que no hacían parte del caso y que por lo tanto “estarían afectados”. Luego los fiscales también presentaron una solicitud para que a la defensa no se le permita cuestionar a Jesús Vicente Zambada Niebla, hijo de El Mayo, quien también fue un importante capo. En 2011, Zambada Niebla les dijo a las autoridades que el cartel supuestamente tenía un acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA). Los agentes al parecer le notificarían al anterior abogado de El Chapo acerca de las operaciones de seguridad mexicanas que podrían “poner en peligro a los líderes del cartel”. Los fiscales también están intentando impedir que el jurado llegue a saber sobre la fallida Operación Rápido y Furioso, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) de Estados Unidos. Dicha operación estaba encargada de hacer incautaciones a los contrabandistas de armas de fuego y a los compradores fraudulentos, pero, en su lugar, las armas de fuego de Estados Unidos eran enviadas a grupos criminales mexicanos, entre ellos el Cartel de Sinaloa —más tarde, algunas de estas armas fueron vinculadas al asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza en 2010 y de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) en 2011—.2. Corrupción regional
Como cualquier otro grupo criminal, el Cartel de Sinaloa solía recurrir a la corrupción para sus operaciones. Tras la intervención inicial de Lichtman, en la que señalaba la corrupción en los más altos niveles del gobierno mexicano, han abundado las acusaciones sobre mala conducta en varios sectores de la sociedad mexicana, en al menos dos agencias policiales de Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Por ejemplo, el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes testificó que un ejecutivo de la petrolera estatal mexicana, Petróleos Mexicanos (Pemex), se reunió con El Chapo y su mano derecha, Dámaso López Núñez, alias “Licenciado”, para hablar sobre la utilización de los camiones cisterna de la compañía para contrabandear cocaína proveniente de Ecuador. El plan nunca llegó a ejecutarse. VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de México El testimonio de El Rey también implicó a altos mandos de los organismos de seguridad, como el exsecretario de seguridad pública, Genaro García Luna, por presuntamente aceptar millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa para permitir el paso de los cargamentos de droga. El ejército de Ecuador también se ha visto implicado por supuestamente facilitar el paso de cargamentos de cocaína de Colombia a Ecuador y luego a México. Esta no es la primera vez que la institución ha sido implicada en actividades criminales. Varios soldados ecuatorianos fueron arrestados en octubre de 2018 por presuntamente suministrar armas a uno de los principales grupos de la mafia de las ex-FARC.3. El rey de la cocaína mexicana
Uno de los principales socios colombianos del Cartel de Sinaloa y de El Chapo para el transporte de cocaína fue Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, quien solía trabajar para el poderoso Cartel del Norte del Valle. Chupeta testificó que envió alrededor de 400.000 kilos de cocaína a Estados Unidos durante su carrera criminal. Según su testimonio, la sociedad de Chupeta con el cartel se extendió por casi dos décadas. El Chapo supuestamente cobraba una tasa del 40 por ciento sobre los cargamentos de cocaína, debido sobre todo a su capacidad para transportarlos con rapidez. Chupeta recuerda que El Chapo llevaba cocaína de Sinaloa a Estados Unidos en menos de una semana. Por un cargamento de cocaína de una tonelada, El Chapo se quedaba con 400 kilogramos y entregaba el resto a los contactos de Chupeta en Estados Unidos. Pero Chupeta no era el único narcotraficante colombiano con el que trabajaba El Chapo. La fiscalía también presentó la grabación de una conversación telefónica de 2010 en la que El Chapo parece estar negociando los detalles de un cargamento de seis toneladas de cocaína con miembros del grupo guerrillero en desmovilización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil del Cartel de Sinaloa “Ustedes tienen seis, y si les pagamos dos y medio pueden enviar seis allá a Guaya[quil], ¿es cierto o no?”, dice El Chapo en la grabación. Durante el interrogatorio a otro narcotraficante, Pedro Flores —quien recibió en Chicago “cientos de kilos” de drogas de El Chapo y el Cartel de Sinaloa, y luego los delató—, los fiscales le preguntaron quién se los suministraba. “El Cartel de Sinaloa y el hombre”, dijo. “¿Quién es el hombre?”, preguntaron los fiscales. “El sr. Guzmán”, respondió Flores.4. La lujosa vida de narco de El Chapo
El dominio de El Chapo sobre el comercio de cocaína en Estados Unidos le permitió amasar una gran riqueza. Los fiscales estadounidenses sostienen que el excapo acumuló una fortuna de mil millones de dólares para sí, mientras que el Cartel de Sinaloa obtuvo unos US$14 mil millones gracias a sus actividades ilegales. En su testimonio, Miguel Ángel Martínez, alias “El Gordo”, reveló detalles sobre el lujoso estilo de vida de El Chapo a principios de la década de los noventa. Supuestamente poseía cuatro jets que le permitían viajar por “casi todo el mundo”, lo que incluía viajes a Europa, Japón y Hong Kong, entre otros lugares. Además, El Chapo tenía un yate llamado “Chapito”, estacionado frente a una casa de playa avaluada en unos US$10 millones, ubicada en la paradisíaca ciudad de Acapulco, hoy convertida en un centro del crimen, en la costa Pacífica de México. Según el testimonio de El Gordo, El Chapo también poseía una hacienda en la que tenía un zoológico que albergaba tigres, leones y panteras, y disponía de un tren que los huéspedes podían tomar para recorrerla. El capo de la droga al parecer gastaba entre US$10 y $12 millones al mes para mantener a su familia y a sus negocios ilícitos.Visita del hijo de ‘El Chapo’ revela radiografía criminal de Medellín
Los informes sobre la prolongada visita del hijo del excapo de la droga de México, Joaquín “El Chapo” Guzmán, a la ciudad de Medellín, en Colombia, han revelado nuevos detalles sobre la creciente influencia de los carteles mexicanos en la ciudad y sobre comercio de cocaína.
Una investigación de la revista Proceso reveló que Alfredo Guzmán Salazar vivió durante varios meses en Medellín en el 2016. El informe dice que Guzmán Salazar estuvo haciendo turismo y negocios bajo la protección de La Terraza, una de las bandas criminales más poderosas de la ciudad. La banda opera bajo el mando de La Oficina, un grupo mafioso que reúne a la mayor parte del hampa en la ciudad de Medellín.
Proceso señala que Alfredillo, protegido por un contingente de al menos 12 hombres que habría sido suministrado por La Terraza, se hospedó en varios apartamentos ubicados en los más exclusivos sectores de la ciudad, la cual recorría en lujosas camionetas blindadas.
“El Charro”, como también es conocido, incluso habría aprovechado su paso por la ciudad para mantener varias reuniones con empresarios, con quienes habría acordado el lavado de dinero producto del narcotráfico, según dijo a Proceso un informante de organismos de seguridad colombianos y estadounidenses.
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El hijo de El Chapo habría tenido bajo su mando, al menos, dos laboratorios de cocaína en la zona rural de Medellín y presuntamente tenía la capacidad de coordinar el envío de hasta 400 kilos semanales de droga hacia México desde el puerto de Buenaventura, en el pacífico colombiano. Un informe de inteligencia, publicado por El Tiempo, reveló en junio de este año que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) incluso solicitó a las autoridades colombianas investigar la presencia de uno de los hijos de El Chapo en el país. Aunque acusaciones federales en Estados Unidos vinculan a Guzmán Salazar con el tráfico de cientos de kilos de cocaína al menos desde 2005, no fue sino hasta septiembre de 2018 que la DEA lo incluyó en su listado de los 10 fugitivos más buscados.Análisis de InSight Crime
Los detalles acerca de la visita del hijo de El Chapo a Medellín se suman a una serie de informes sobre el abrupto aumento de poder de organizaciones mexicanas en Colombia durante los últimos años. Las relaciones entre La Oficina y los carteles de México datan al menos de la última década y son un reflejo de otros cambios más profundos en las dinámicas internas del conflicto colombiano, el comercio internacional de cocaína y el panorama criminal en México. La Oficina fue establecida por el Cartel de Medellín en la década de los ochenta para el cobro de deudas. Tras la muerte de Pablo Escobar, pasó al control de Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna” un prominente narcotraficante y líder paramilitar con fuertes vínculos con la élite política, empresarial y militar de Colombia.VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre La Oficina
En 2008, Don Berna fue extraditado a Estados Unidos y dejó un vacío de poder, por lo que muchas de las rutas del transporte de droga quedaron disponibles y varios grupos colombianos como Los Urabeños y algunas facciones al interior de La Oficina, buscaron aumentar su poder. Algunos de los líderes de estas estructuras comenzaron a disputarse el control de estas rutas de exportación de droga y comenzaron a desarrollar vínculos con grupos mexicanos como Los Zetas y el Cartel de Sinaloa. Esta inestabilidad se reflejó en una disminución significativa del flujo de cocaína que estaban recibiendo los mexicanos. Es por esto que tomaron un papel más directo en el comercio aumentando su presencia en Colombia. El acuerdo firmado entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno en 2016, la captura de algunos miembros de la cúpula de Los Urabeños y La Oficina, así como ajustes de cuentas, entre otros, han generado una reorganización del panorama criminal en Colombia, y oportunidades para grupos mexicanos. Según un reporte de inteligencia militar al que tuvo acceso El Tiempo, en un intento por aumentar sus ganancias y el control sobre el comercio los carteles mexicanos “compraron a bandas criminales y grupos residuales de las FARC para controlar la producción de coca (…) Para esto necesitan control territorial y lo están adquiriendo muy rápidamente a través de organizaciones colombianas que trabajan para ellos”. Grupos como La Terraza parecen estar adaptándose a este nuevo panorama y algunas de las estructuras de La Oficina incluso estarían trabajando para el Cartel de Sinaloa, y otras para su rival, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según dos fuentes oficiales que hablaron con InSight Crime en condición de anonimato. Aunque hasta el momento las autoridades no han atribuido públicamente brotes de violencia en Medellín a pugnas entre carteles mexicanos (a diferencia de otras partes del país), algunos casos recientes de secuestro, tortura y desapariciones en la ciudad, sí parecen corresponder con el modus operandi y las zonas que estos grupos actualmente controlan, según afirman estas fuentes. Actualmente los ingresos criminales de La Terraza rondan los US$300.000 mensuales, una suma nada despreciable, pero insignificante frente a las ganancias de los grupos mexicanos que ahora se estarían quedando con la porción más grande de las ganancias del comercio de cocaína, y que tienen la capacidad de mover cientos (y probablemente miles) de toneladas al año. Según la ONUDD, en 2017 Colombia produjo casi 1.400 toneladas de cocaína. El precio al por mayor de una sola tonelada de la droga está alrededor de los US$30 millones en Estados Unidos. La estrategia de los grupos mexicanos para continuar aumentando su participación y control sobre el comercio de cocaína, parece también incluir la cooptación de instituciones locales a través del padrinazgo de grupos vinculados a La Oficina. Fuentes de inteligencia de la Policía de Colombia que hablaron con Proceso dijeron que están investigando si Guzmán Salazar se enteró de que las autoridades estaban tras su paso a través de información oficial a la que habría tenido acceso La Oficina.Defensa de ‘El Chapo’ llama la atención sobre presunta corrupción en México
Los abogados defensores del antiguo capo del cartel de Sinaloa “El Chapo” han sostenido que dos presidentes de México aceptaron millones de dólares en sobornos, acusaciones no verificadas que han sido negadas con vehemencia, pero que ponen al gobierno mexicano en una posición incómoda y bien pueden volverse un tema recurrente a lo largo del juicio.
Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, sostuvo en su alegato de apertura que el expresidente mexicano Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña Nieto recibieron “cientos de millones de dólares en sobornos” del jefe del cartel de Sinaloa Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, según información de Vice News.
Lichtman alega que El Chapo es un chivo expiatorio y que El Mayo es la verdadera cabeza de la poderosa organización narcotraficante, y añade que El Mayo “soborna a todo el gobierno de México, hasta la cúpula”. El Mayo se encuentra en libertad actualmente y se lo considera uno de los criminales más buscados por las autoridades estadounidenses.
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El abogado defensor llegó al punto de aseverar que hay un complot para incriminar a su cliente, en el que están involucrados no solo El Mayo y funcionarios corruptos del gobierno mexicano, sino también agentes “deshonestos” de la Administración para el Control de Drogas (DEA), según recogió The New York Times. Después de que se diera al jurado permiso para retirarse por ese día, el juez Brian Cogan advirtió a Lichtman que no hiciera afirmaciones que “no pudiera respaldar con evidencia”, según The New York Times. Desde ese momento los fiscales estadounidenses piden al juez que excluya el alegato de apertura de Lichtman. El expresidente Calderón comentó en un tuit que las afirmaciones de Lichtman eran “absolutamente falsas y temerarias”, y añadió que “ni él, ni el cartel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona”. El presidente Enrique Peña Nieto también rechazó las denuncias por medio de un vocero, quien las calificó de “completamente falsas y difamatorias”.Análisis de InSight Crime
Capos de la droga como El Chapo rara vez llegan a comparecer en juicio en México, y las denuncias hechas durante su primer día en un tribunal estadounidense dejan entrever cómo quedará expuesto el gobierno mexicano al escrutinio público permanente a medida que avance el juicio. Los grandes casos de narcotráfico son largos y con muchas ramificaciones, lo que lleva a que puedan tener implicaciones imprevistas para las élites políticas y empresariales. Por ejemplo, el caso de narcotráfico contra Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo, reveló nexos entre los narcotraficantes y el gobierno hondureño. En ese caso, Devis Leonel Rivera Maradiaga —exlíder del grupo criminal Los Cachiros— atestiguó en una audiencia de dictamen de sentencia que él sobornó en repetidas ocasiones al expresidente y que le entregó cientos de miles de dólares directamente. También declaró que el diputado hondureño Antonio “Tony” Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, actuó en connivencia con Los Cachiros en su empresa criminal. Todas estas acusaciones irrecusables se conocieron de un solo testigo durante una audiencia de dictamen que pasó casi desapercibida. El juicio de El Chapo ha recibido mucha más atención, lo que lleva las acusaciones contra los expresidentes mexicanos a los titulares de prensa.VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de México
Las fanfarronadas de Lichtman bien pueden ser un intento del equipo de defensa de El Chapo para “enredar las cosas” y tratar de que el gobierno mexicano parezca “más culpable que él [El Chapo]”, según Mike Vigil, exjefe de operaciones de la DEA. Se espera que el juicio contra El Chapo se extienda cuatro meses, y su abogado ha hecho claridad desde el primer día de que presentará una conspiración de amplio alcance que busca implicar a la clase dirigente mexicana. El juicio de narcotráfico que implicó a Honduras mostró, sin embargo, que aun un testigo puede abrir una caja de Pandora. Lo que está por verse es si el abogado de El Chapo tiene la evidencia y los testigos para respaldar su fanfarria.Aun sin “El Chapo”, Cartel de Sinaloa sigue siendo el principal grupo criminal de México
El juicio que se llevará a cabo en Estados Unidos contra “El Chapo”, el excapo de la droga de México, se está anunciando como una gran victoria contra el crimen organizado, pero ¿realmente su arresto ha logrado debilitar a uno de los carteles más poderosos de la región? Todo apunta a que no lo ha hecho.
El juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” —exdirigente de la organización criminal más poderosa de México, el Cartel de Sinaloa— comenzará el 5 de noviembre en un tribunal de Brooklyn, en el estado de Nueva York.
Los fiscales estadounidenses acusan al excapo de 17 cargos, como liderar una empresa criminal durante unos 20 años, conspirar para traficar cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana internacionalmente, y conspirar para asesinar a varias personas que “representaban una amenaza” para el Cartel de Sinaloa. Seis de los cargos relacionados con drogas se han descartado con el fin de “optimizar” el caso y “acelerar” su resolución, según ha reportado El Universal.
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Las autoridades estadounidenses afirman que, bajo la dirección de El Chapo, el Cartel de Sinaloa obtuvo unos US$14.000 millones en ganancias ilícitas del tráfico de drogas. Piden que este dinero sea confiscado, pero, según los informes, los fiscales aún no han recuperado ni un solo dólar.
Los abogados del capo afirman que existen pruebas que indican que su cliente no era más que un mando medio del cartel, según un informe de Vice News.
Las autoridades mexicanas arrestaron a El Chapo por tercera y última vez el 8 de enero de 2016 en la ciudad costera de Los Mochis, al norte del estado de Sinaloa. Casi seis meses antes, el ex narcotraficante había utilizado un elaborado túnel para escapar (por segunda vez) de la prisión de máxima seguridad de El Altiplano, en la que había sido recluido en febrero de 2014.
Un año más tarde, El Chapo fue extraditado a Estados Unidos, donde permanece aislado durante 23 horas al día en una prisión de máxima seguridad en la ciudad de Brooklyn.
