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EE. UU. sanciona a filiales de PDVSA en Centroamérica

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió las sanciones económicas impuestas a PDVSA, la petrolera estatal venezolana, a dos de sus filiales en Centroamérica, sumando presión a algunos de los aliados más incondicionales del régimen de Nicolás Maduro en el exterior. Un vocero del Departamento del Tesoro en Washington confirmó a InSight Crime, el 5 de marzo, las sanciones contra la salvadoreña Alba Petróleos y la nicaragüense Albanisa, filiales de PDVSA controladas por los partidos gobernantes en ambos países. “Como resultado de nuestra designación de PDVSA, nuestras sanciones también aplican a cualquier entidad en la que PDVSA tenga propiedad, de forma directa o indirecta, del 50 por ciento o más”, dijo el vocero.

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El 28 de enero, la oficina de control de activos extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a PDVSA porque “la empresa petrolera estatal… ha sido durante mucho tiempo un vehículo para la corrupción. Se han diseñado una variedad de confabulaciones para malversar miles de millones de dólares… para beneficio personal de funcionarios y empresarios venezolanos corruptos”. Documentos oficiales de la petrolera venezolana establecen que PDV Caribe, una de las subsidiarias de PDVSA, es dueña del 60 por ciento de Alba Petróleos, el conglomerado público-privado fundado en 2006 en El Salvador bajo el amparo político del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En Nicaragua, PDVSA es dueña del 51 por ciento del total de Alba de Nicaragua (Albanisa), y municipalidades controladas por el régimen de Daniel Ortega son propietarias del restante 49 por ciento, según una investigación de la plataforma periodística Connectas y documentos oficiales a los que InSight tuvo acceso. Las sanciones implican, entre otras cosas, que ninguna persona o compañía estadounidense puede realizar transacciones comerciales o de otra índole con las empresas ni venderles bienes, servicios o tecnología. PDVSA ha estado desde hace poco más de una década en el centro de una serie de escándalos de corrupción a nivel regional y acusaciones de lavado de dinero.

Análisis de InSight Crime

Las sanciones recientes a Alba Petróleos y Albanisa vuelven a poner el reflector sobre los socios centroamericanos del régimen de Nicolás Maduro y pone, además, presión internacional a grupos de poder y funcionarios salvadoreños y nicaragüenses que se han beneficiado de los blindajes políticos que tienen en sus países. En el caso de Alba Petróleos, el conglomerado estuvo desde su fundación a cargo de José Luis Merino, alias “Ramiro Vásquez”, un excomandante guerrillero del FMLN reconvertido en diputado y funcionario durante sucesivos gobiernos en El Salvador. Desde la década pasada, Merino ha estado en la mira de diversas agencias estadounidenses, y su nombre incluso aparece mencionado en un expediente abierto por la Fiscalía salvadoreña por supuesto tráfico de armas. Merino, sin embargo, es depositario de fuero e inmunidad en El Salvador gracias a que el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, lo nombró viceministro de asuntos internacionales en 2016. En 2017, 14 congresistas estadounidenses pidieron a la administración Trump que investigara a Merino por “asocios de larga data con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos”. En marzo de 2018, autoridades estadounidenses retuvieron a Fred Merino, hermano de José Luis, en el aeropuerto internacional de Houston en relación con investigaciones abiertas al líder del FMLN. Fred Merino fue, desde su fundación, uno de los hombres fuertes de Alba Petróleos. El petróleo venezolano y las ganancias que produjo a Alba Petróleos también sirvieron para financiar campañas electorales del FMLN, según confirmó en enero pasado en San Salvador un asesor cercano al candidato presidencial de ese partido para las elecciones del 3 de febrero. Uno de los primeros directivos de Alba Petróleos fue Asdrúbal Chávez Jiménez, primo del difunto Hugo Chávez y directivo de PDVSA desde 2004. Nicolás Maduro lo nombró ministro de Petróleo y Minería en 2014, año en que según una investigación abierta por fiscales federales estadounidenses se desviaron 1.2 billones de dólares desde la petrolera estatal venezolana a cuentas personales del funcionarios del régimen de Maduro. En Nicaragua, de acuerdo la investigación de Connectas, Albanisa fue uno de los principales frentes financieros del régimen de Daniel Ortega, quien utilizó el dinero venezolano para alimentar los programas de asistencia social y las alianzas políticas que lo han mantenido en el poder. En julio del año pasado, el Tesoro sancionó a Francisco López Centeno, vicepresidente de Albanisa y uno de los hombres más cercanos a Daniel Ortega. Según el acta de sanciones impuestas a López, este funcionario “pariticipó en… corrupción, incluida la malversación de viene estatales, la expropiación de bienes privados para ganancia personal y.. sobornos.” En la práctica, las sanciones estadounidenses tendrán consecuencias dispares en los casos de Alba Petróleos y Albanisa. En El Salvador, el gobierno del FMLN termina el próximo primero de junio y la petrolera local está casi en la quiebra, por lo que las principales repercusiones a funcionarios relacionados con el petróleo venezolano podrían ser persecuciones penales por corrupción. En Nicaragua, la sequía financiera de Albanisa y las sanciones a esta filial de PDVSA parecen estrechar el cerco alrededor del gobierno de Daniel Ortega, que está bajo la tormenta desde el año pasado por la represión desatada contra sus ciudadanos. Ortega, sin embargo, ha sobrevivido varias veces a sanciones y castigos llegados desde Washington.

Presidente de Nicaragua habría ordenado a ‘parapolicías’ asesinar a manifestantes

Un antiguo alto oficial de la Policía en Nicaragua afirma que los escuadrones de civiles que reprimieron brutalmente a los manifestantes contra el gobierno estaban integrados por agentes de policía bajo el mando del gobierno, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad del aparato de seguridad del país. El exprimer comisionado de la Policía Francisco Díaz declaró al diario noruego Dagbladet que los llamados grupos parapoliciales no eran simplemente civiles simpatizantes del gobierno, sino una fuerza organizada que operaba dentro de la Policía nacional. Los escuadrones tenían un comando central y estaban bajo la dirección del gobiernista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), incluido el presidente nicaragüense Daniel Ortega, según un reportaje de Confidencial. Estos cuerpos constituían un “ejército paralelo” creado por Ortega y formado por agentes de policía encubiertos en violación de la ley nicaragüense y la constitución del país centroamericano, según Díaz.

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Más aún, Ortega también presuntamente ordenó a investigadores criminales experimentados pertenecientes a la policía que encontraran y “eliminaran” a los líderes de la oposición, según otro exoficial de policía que sirvió durante 20 años a la institución y ahora está exiliado en México, informó Confidencial en otro artículo. La orden supuestamente fue directa: los agentes debían infiltrarse en las manifestaciones e identificar a posibles líderes de la oposición, cuyos nombres, direcciones y movimientos debían registrar. Esta información se entregaba a los jefes de policía y luego se transmitía a la dirección de inteligencia de la policía nacional, la cual creó “comandos” responsables de perseguir a estas personas, según el oficial en el exilio.

(Video cortesía de Confidencial)

A mediados de abril, la gente se volcó a las calles a protestar contra Ortega por unas reformas a la seguridad social y otros descontentos que se habían gestado durante años. Las manifestaciones estallaron en una crisis de grandes proporciones y los opositores fueron reprimidos de manera violenta. Cientos de personas fueron asesinadas y miles más desaparecidas, principalmente a manos de grupos parapoliciales armados respaldados por el gobierno.

Análisis de InSight Crime

La participación directa de un jefe de estado en las órdenes y la aprobación de asesinar a manifestantes señalados trae a la memoria los días más sombríos del autoritarismo centroamericano. Aunque InSight Crime no ha verificado las aseveraciones de Díaz con fuentes independientes, ellas van en la misma dirección de numerosas denuncias de manifestantes que han huido del país. En agosto pasado, las Naciones Unidas pidió a Ortega que detuviera la “persecución contra los manifestantes”. Esas advertencias parecen haber sido ignoradas por Ortega y por Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta del país. Este año Nicaragua aprobó una “Leu de Reconciliación Nacional”. Pero parece ser poco más que una cortina de humo para proteger a los responsables de la violencia, pues no ofrece un canal para que las víctimas se pronuncien y no delinea planes para investigar lo sucedido, según varios grupos de derechos humanos locales e internacionales. La confirmación de que grupos parapoliciales actuaron como ejército ilegal siguiendo órdenes del gobierno plantea serias dudas sobre la integridad y la viabilidad de las fuerzas de seguridad en Nicaragua, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado. Como ya lo había informado InSight Crime, hay pocas dudas sobre quién es el principal responsable del derramamiento de sangre en Nicaragua. Varios agentes de policía cayeron muertos en los disturbios, pero escenas como el ataque de quince horas ejecutado por parapoliciales fuertemente armados a una iglesia en julio de 2018 —un ataque que dejó 10 muertos y muchos más heridos— deja plenas evidencias de la cooptación de la policía.

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En el pasado, la Policía Nacional de Nicaragua fue uno de los organismos de seguridad que más confianza inspiraban en Latinoamérica. Sin embargo, en los últimos años han llovido críticas sobre varios miembros de la institución por la comisión de graves abusos contra los derechos humanos y presunta colusión con narcotraficantes internacionales. Pese a las aseveraciones de que los carteles se han mantenido fuera del país, casos anteriores muestran que en realidad hay sofisticados narcotraficantes operando en Nicaragua, usando la costa Caribe para el tráfico de cocaína.

Balance de InSight Crime sobre los homicidios en 2018

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Desde la agudización de la crisis en Venezuela; pasando por los días aciagos en Nicaragua; un proceso de paz cada vez más frágil en Colombia; y los nuevos gobiernos en Brasil, México y otros países, 2018 fue un año de agitación en toda América Latina y el Caribe. Los niveles de homicidios han sido reflejo de estas variables, aumentando considerablemente en algunas naciones y descendiendo en otras. En su balance, InSight Crime analiza las tasas de homicidios por país, así como los factores subyacentes.

Venezuela: 81,4 por 100.000

Venezuela se mantiene a la cabeza como el país con más homicidios en América Latina, con 23.047 casos. Si bien esta cifra es ligeramente inferior a los 26.616 asesinatos reportados en 2017, el país sigue sufriendo graves conflictos políticos, económicos y sociales. Según un informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la única fuente de carácter público sobre los homicidios en el país, Venezuela registró una tasa de asesinatos de 81,4 por 100.000 habitantes en 2018, menos que los 89 por 100.000 que registró en 2017. Pero esta disminución no puede ser tomada con optimismo, dado que se basa en cifras de población del año 2011 y no tiene en cuenta la masiva migración de unos tres millones de venezolanos que han huido de la crisis. El OVV también considera que esta supuesta reducción en los homicidios contrasta con el marcado aumento de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad —7.523 víctimas en 2018, en comparación con 5.535 en 2017—, que representan un asombroso 32 por ciento del total de homicidios. Si bien el gobierno no ha publicado estadísticas oficiales sobre crímenes en 2018, InSight Crime tuvo acceso a un documento filtrado del Observatorio Venezolano de Seguridad Pública, departamento que hace parte del Ministerio del Interior. Allí se habla de una tasa oficial de 10.573 homicidios en 2018, es decir, solo 33 por 100.000 habitantes, la diferencia se debe a que el gobierno no incluye casos de “resistencia a la autoridad” ni otras categorías, como las víctimas de balas perdidas.

El Salvador: 51 por 100.000

El Salvador registró 3.340 homicidios en 2018, una disminución del 15 por ciento con respecto a 2017. Si esta cifra es correcta, la tasa de homicidios resultante (51 por 100.000 habitantes) continúa la tendencia a la baja que se viene presentando en El Salvador en los últimos años. Solo en 2016, el país encabezó el ranking regional de InSight Crime, con una alarmante tasa de 81,2 por 100.000 habitantes. En 2017, esta tasa descendió en 20 homicidios por 100.000, pero el país permaneció en segundo lugar en la lista, solo por debajo de Venezuela. Durante mucho tiempo, la tasa de homicidios de El Salvador ha estado relacionada con sus dos pandillas más dominantes y violentas: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Aunque puede haber diversas causas para la reducción de los asesinatos, como el hecho de que las pandillas han detenido sus luchas entre sí, el gobierno considera que sus medidas de “mano dura”, llamadas ahora de manera eufemística “medidas extraordinarias”, son las que han permitido dicha reducción. Sin embargo, esas mismas acciones represivas explican los hallazgos de un informe de Naciones Unidas, en el que se constata que los asesinatos extrajudiciales han aumentado y que es probable que queden impunes. Durante las dos primeras semanas del nuevo año fueron asesinadas 126 personas en el país. Los funcionarios policiales han señalado a las pandillas como culpables de los derramamientos de sangre, acusándolas de estar haciendo demostraciones de poder en vísperas de las elecciones presidenciales del 3 de febrero.

Jamaica: 47 por 100.000

En un discurso ante la Cámara de Representantes, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó que los homicidios disminuyeron en un 21,9 por ciento el año pasado. El país registró 1.287 asesinatos en 2018, una tasa de homicidios de 47 por 100.000 habitantes. La policía ha atribuido esta disminución a la creación de Zonas de Operación Especial (Zones of Special Operation, ZOSO), áreas en las que el ejército apoya el trabajo de la policía. Como parte de su plan de reducir la tasa de asesinatos a 16 por 100.000 habitantes en la próxima década, Holness ha promovido la conformación de 20 Zonas de Operación adicionales en 2019. Sin embargo, la disminución en los homicidios el año pasado se produjo después de un aumento de cerca del 20 por ciento en 2017, que se relacionó con la deficiente implementación del plan ZOSO y de medidas de seguridad similares.

(Mapa de InSight Crime mostrando las tasas de homicidios en Latinoamérica y el Caribe. Haga clic en la imagen para verla ampliada)

Honduras: 40 por 100.000*

De enero a noviembre de 2018, en Honduras se produjeron 3.310 asesinatos, según el Observatorio de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Esto significa una tasa de homicidios de 40 por 100.000 habitantes, una pequeña disminución con respecto al 42,8 por 100.000 registrado en 2017, cuando hubo 3.791 asesinatos. Después de llegar a un pico de 85,5 asesinatos por 100.000 habitantes en 2011, la tasa de homicidios de Honduras se redujo a la mitad en 2017. Al igual que en su vecino, El Salvador, los funcionarios de seguridad atribuyeron la tendencia a la baja a las acciones gubernamentales contra los narcotraficantes y las pandillas. Pero los funcionarios consideran que la poca disminución en la tasa de homicidios también se debe a la misma estrategia de seguridad, pues señalan que esta genera represalias por parte de los grupos criminales. En las primeras dos semanas de 2019, fueron asesinadas 30 personas en ocho masacres diferentes, lo que demuestra que continúa existiendo el tóxico coctel de violencia pandillera, altos niveles de impunidad y corrupción.

Trinidad y Tobago: 37,5 por 100.000

Este fue el segundo año más violento en la historia del país, con 516 homicidios, solo por debajo de 2008, cuando fueron asesinadas 550 personas. A pesar de su población relativamente pequeña, de 1,3 millones de habitantes, la violencia en Trinidad y Tobago ha empeorado permanentemente en los últimos años. La impunidad sigue siendo un grave problema, ya que, según los funcionarios policiales del país caribeño, al menos 83 por ciento de los casos de asesinatos del año pasado permanecen sin resolver.

Belice: 35,9 por 100.000

A pesar de ser el país más pequeño de Centroamérica, Belice ha tenido una tasa de asesinatos permanentemente alta. Si bien aún no se han divulgado las estadísticas oficiales, los medios de comunicación de Belice reportan 143 asesinatos en 2018, solamente dos menos que en 2012, el año más violento del país. El gobierno ha negado que Belice sea una base de despliegue de grupos criminales como Los Zetas y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, o la MS13 de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, la tasa de homicidios persistentemente alta demuestra que, aunque Belice no aparezca en los titulares, el crimen organizado parece ser una grave amenaza en el país.

México: 25,8 por 100.000

El mandato de Enrique Peña Nieto como presidente de México terminó con niveles récord de homicidios. En 2018, el país registró 33.341 asesinatos, más que los 31.174 de 2017, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto ubica la tasa de asesinatos en 25,8 por 100.000 habitantes, en comparación con 22,5 en 2017 y 16,2 en 2016. El aumento en los homicidios ha sido provocado por la continua fragmentación de los grandes carteles, así como por la incapacidad del gobierno para reaccionar ante las pandillas, menos organizadas y más pequeñas, que matan por el control territorial. El nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha modificado sus planes de seguridad, abogando por la creación de una guardia nacional y manteniendo a los militares en las calles para tratar de detener la creciente violencia, que causó un promedio de 91 personas asesinadas cada día el año pasado.

Brasil: 25 por 100.000*

En 2017, Brasil tuvo un triste récord: 175 personas fueron asesinadas en promedio cada día. El año pasado la situación mejoró levemente, pues entre enero y septiembre se presentaron 39.183 asesinatos, en comparación con 44.733 en el mismo periodo de 2017, según el Foro de Seguridad Pública de Brasil. Si esta disminución se mantiene estable, en 2018 se llegaría a una tasa de asesinatos de 25 por 100.000 habitantes. Pero la inseguridad y la violencia continúan siendo las principales preocupaciones de gran parte de la población, ya que Brasil no ha logrado encontrar formas efectivas de detener la violencia criminal. El ejército fue enviado a Río de Janeiro en 2017, lo que representa el más reciente ejemplo de una estrategia de militarización que ha fracasado sistemáticamente en Latinoamérica. Jair Bolsonaro llegó a la presidencia gracias en gran parte a la promesa de que le permitiría a la policía dispararles a los criminales y que simplificaría las leyes de propiedad de armas. En lo que va corrido de 2019, los grupos criminales han lanzado ataques en el estado de Ceará, y el gobierno ha respondido a la violencia con tropas federales, convirtiendo al noreste de Brasil en un verdadero campo de batalla. Este violento conflicto podría aumentar el número de muertes, y deja claro que Brasil no logrará abordar las causas subyacentes a sus tasas de asesinatos constantemente altas.

Colombia: 25 por 100.000*

Después de que en 2017 llegara a los niveles más bajos de violencia en 42 años, Colombia experimentó un leve repunte de la violencia en 2018, con 12.311 homicidios, en comparación con 11.381 en 2017. Este aumento del cuatro por ciento ubica la tasa de homicidios en 25 por 100.000 habitantes, en comparación con 24 por 100.000 el año pasado. En 2018, en Colombia se presentó un aumento y diversificación de los grupos criminales, entre ellos los exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se han reunido en una mafia ex-FARC que viene ganando fuerza, así como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El creciente número de disidentes de las FARC que abandonan el proceso de paz y la ruptura de las conversaciones con el ELN han incentivado a estas organizaciones. Además, la violencia ha aumentado en la frontera con Venezuela, y han continuado los asesinatos de líderes sociales como resultado de la lucha por el control de cultivos ilícitos y tierras.

Guatemala: 22,4 por 100.000

Guatemala siguió presentando una notoria mejoría, al llegar a fin de año con una tasa de homicidios de 22,4 por 100.000 habitantes. El país registró 3.881 asesinatos, un descenso desde las 4.409 muertes violentas y la tasa de 26,1 por 100.000 en 2017, según delegados del gobierno. Pero las cifras de la sociedad civil reflejan algo distinto. El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización no gubernamental que hace seguimiento a los delitos en el país, afirmó que la cifra oficial de muertos se quedó corta en más de 1.000 homicidios, lo que deja el total en 4.914 muertes y pone la tasa de homicidios en 28 por 100.000 habitantes. En todo caso, Guatemala es el país menos azotado por la violencia entre sus vecinos del Triángulo Norte —Honduras y El Salvador—. Los hallazgos de una investigación sobre homicidios en Guatemala, realizada por InSight Crime en 2017, siguen siendo válidos. La guerra emprendida por el presidente Jimmy Morales contra el organismo anticorrupción, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha mantenido al gobierno ocupado, sin tiempo para remediar la impunidad rampante en materia de homicidios y los errores en la recolección de información sobre dichos crímenes.

Puerto Rico: 20 por 100.000

La tasa de homicidios en Puerto Rico se mantuvo en 20 por 100.000 habitantes en 2018, casi el cuádruple que la parte continental de Estados Unidos. Los registros muestran que 641 personas murieron en forma violenta en el último año, un descenso respecto a los 710 homicidios de 2017, y muy por debajo del récord de 1.164 asesinatos en 2011. Los principales responsables del balance de muertos son las pandillas locales dedicadas al tráfico de drogas, y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) afirma que 60 por ciento de los homicidios en el país tienen relación con drogas. Este año, Puerto Rico ya ha tenido una oleada de asesinatos, que preocupa a los habitantes y a las fuerzas federales de orden público. Si el organismo de policía presenta problemas para impedir la deserción de sus agentes y resolver los delitos, no hará más que agudizar la inseguridad en la isla.

Costa Rica: 11,7 por 100.000

Con solo 17 homicidios menos en 2018, la tasa de homicidios de Costa Rica se mantuvo relativamente estable. El país centroamericano contó 586 homicidios, lo que redujo ligeramente la tasa de homicidios de 12,1 a 11,7 por 100.000 habitantes. Hasta la disminución del año pasado, la tasa de homicidios presentaba un constante incremento desde 2012. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del país incluso había previsto lo mismo para 2018. El que fuera por tradición el país más pacífico de Centroamérica ha padecido recientemente aumentos en los niveles de criminalidad, debido a su ubicación como punto de tránsito importante para la cocaína colombiana. El gobierno ha tenido problemas para responder al incremento en la oferta de narcóticos, lo que ha llevado a los grupos a disputarse el control de las plazas locales.

Uruguay: 11,2 por 100.000

Uruguay alcanzó un récord de 382 homicidios en 2018. Con 99 homicidios más que en 2017, experimentó un incremento de 35 por ciento entre un año y otro, así como una tasa de homicidios de 11,2 muertes por 100.000 habitantes. Estas cifras se tomaron de la Fundación Propuestas (Fundapro), asociada al Partido Colorado. Solamente se han divulgado cifras oficiales sobre el primer semestre del año, en el que se reportan 218 asesinatos, en comparación con 131 entre enero y junio de 2017. Para uno de los países que se han mantenido tradicionalmente entre los más pacíficos y estables de la región, este súbito incremento prende las alarmas. Las autoridades están convencidas de que la causa son las rencillas entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, puede ser más fácil atribuirles a ellos la culpa para justificar la militarización cuando otros problemas, como las mediocres tasas de resolución y condenas para los homicidios, pueden también haber contribuido a la situación.

República Dominicana: 10,4 por 100.000*

El Observatorio de Seguridad Ciudadana denunció que se registraron 801 asesinatos en el país caribeño durante los tres primeros trimestres de 2018, una caída de 145 en comparación con los 946 homicidios registrados para el mismo periodo de 2017. Aunque esto muestra que se mantiene una tendencia desde 2011, un sondeo reciente indica que la inseguridad pública sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población dominicana.

Panamá: 9,6 por 100.000*

En diciembre, el Ministerio Público de Panamá publicó un informe en el que se afirmaba que entre enero y noviembre de 2018 hubo 401 homicidios, cerca de una docena por debajo de las 378 muertes registradas en 2017. Según esta cifra, la tasa de homicidios es de 9,6 por 100.000 personas. El informe destacaba que más del 40 por ciento (169) de los hechos ocurrieron en la capital, Ciudad de Panamá. El director de la Policía Nacional, Alonso Vega Pino, dice que ese leve incremento está “directamente relacionado con el crimen organizado”. La geografía de Panamá lo convierte en un punto de tránsito vital para el tráfico de mercancías ilegales en la región. Una investigación interna sobre una red internacional de tráfico de armamento en octubre de 2018 ilustraba los actuales retos que tiene el país frente a la corrupción y el crimen organizado.

Perú: 7,8 por 100.000*

En 2017, Perú registró 2.487 muertes violentas, poco más que los 2.435 de 2016, para arrojar una tasa de homicidios de 7,8 por 100.000. No hay datos disponibles para 2018 hasta el momento. Perú ha mantenido los índices de muertes violentas relativamente bajos en las últimas décadas, aunque la corrupción institucionalizada amenaza los recursos destinados a combatir los actuales problemas de narcotráfico en Perú.

Bolivia: 6,3 por 100.000

Durante una conferencia de prensa por televisión, el ministro del interior de Bolivia, Carlos Romero, anunció que el país había registrado una tasa de homicidios de 6,3 por 100.000 en 2018, una mejoría de más de dos por ciento en comparación con el primer semestre de 2017, cuando el país registró una tasa de 8,5 por 100.000. El anuncio se conoce en un momento en que el país se prepara para la primera vuelta de elecciones presidenciales el 27 de enero. En el último año, los grupos de oposición que rechazan tajantemente la decisión de Evo Morales de lanzarse como candidato para un cuarto periodo consecutivo han dirigido manifestaciones masivas y huelgas nacionales. Las elecciones presidenciales, que se celebrarán en octubre, bien pueden desviar la atención de los temas de seguridad nacional en un momento en que las pandillas de Brasil se desplazan hacia el país suramericano.

Ecuador: 5,7 por 100.000

Ecuador informó de 975 homicidios en 2018, es decir, 18 más de los 957 registrados en 2017, lo que deja al país con una tasa de homicidios de 5,7 por 100.000 personas, según la policía nacional. Hace menos de una década, Ecuador tenía tasas de homicidios tres veces más altas, pero un proceso de “legalización de pandillas” ha hecho posible la drástica reducción de los asesinatos. Sin embargo, el incremento del narcotráfico proveniente de Colombia hacia Ecuador ha renovado los temores de la violencia. El conocido homicidio de tres periodistas a manos de la mafia ex-FARC también ha hecho de la seguridad entre fronteras una prioridad para el gobierno.

Argentina: 5,2 por 100.000*

En medio de una profunda crisis económica, Argentina sigue ostentando unas de las tasas de homicidios más bajas del continente. Según el Ministerio de Seguridad, Argentina registró una tasa de homicidios de 5,2 por 100.000 personas en 2017, una leve disminución con respecto a los 6,6 de 2015. Al momento no se dispone de datos de 2018. Los bajos índices de violencia, sin embargo, no se han traducido en mayor seguridad. En diciembre, la ministra de seguridad Patricia Bullrich firmó un decreto en el que autorizaba un mayor uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales. La medida, cuya implementación se prevé para dentro de seis meses, ya está creando controversia e incertidumbre entre la población argentina.

Paraguay: 5,1 por 100.000*

El más reciente informe sobre homicidios del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Paraguay indica que se registraron un total de 350 homicidios entre enero y septiembre de 2018. Ese dato arroja una tasa de homicidios de 5,1 por 100.000, considerablemente menor que el 7,8 por 100.000 registrado en 2017. Sin embargo, el ministro del interior, Juan Ernesto Villamayor, declaró recientemente en una entrevista por radio que el país debe revaluar sus estrategias transnacionales con Argentina y Brasil para combatir el crimen organizado en la región. El Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC—), la pandilla más poderosa de Brasil, sigue poniendo en riesgo la seguridad del país.

Chile: 2,7 por 100.000

Chile mantiene su posición como el país con la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica. Entre enero y octubre de 2018, se registraron 488 muertes violentas, para una tasa de homicidios de 2,7 por 100.000 personas. Esta es aun menor que los 3,3 por 100.000 registrados para el mismo periodo de 2017. Incluso con los bajos índices de homicidios, Chile ha sido escenario de actos de violencia aleatorios. Un artefacto explosivo que fue detonado en una parada local de autobuses en Santiago, la capital del país, dejó múltiples heridos. Con la probable expansión del crimen organizado en 2019, queda por ver si Chile logrará mantener sus bajos índices de homicidios.

Nicaragua: N/A

En 2017, Nicaragua registró una tasa de homicidios de 7 por 100.000, con 431 homicidios, lo que continuaba una tendencia positiva de reducción de la violencia a lo largo de varios años. En 2018, los índices de violencia se dispararon con la brutal represión de los manifestantes civiles por parte del régimen del presidente Daniel Ortega. Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil han suministrado estadísticas incompletas de los asesinatos. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANDPH) registró en julio al menos 448 muertos y 595 desaparecidos. El grupo no ha divulgado información adicional desde que cerró sus oficinas de Nicaragua en agosto último, debido a las constantes amenazas del gobierno. * Las tasas de homicidios calculadas por InSight Crime se basan en datos parciales sobre homicidios para 2018 y la población total estimada de 2017 para cada país, según la oficina de referencia de población (Population Reference Bureau). Las mismas se actualizarán en cuanto se conozcan las cifras completas para 2018. 

Arresto de capo plantea nuevos interrogantes sobre corrupción en Nicaragua

Las autoridades de Costa Rica capturaron a uno de los cabecillas de un grupo internacional de narcotráfico mientras almorzaba con el hijo de un magistrado de la Corte Suprema de Nicaragua, lo que vuelve a poner sobre la mesa viejas preguntas sobre la influencia criminal en las instituciones de gobierno del país centroamericano. El 5 de septiembre, agentes de la Interpol y miembros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica detuvieron a Mario Juan Pereira Ramos, ciudadano nicaragüense sospechoso de narcotráfico, en un restaurante de la capital San José, según lo anunció el subdirector de la oficina de la Interpol en Costa Rica, Luis Diego Morera, en una conferencia de prensa. David Salomón Rosales —hijo del magistrado de la Corte Suprema de Nicaragua Francisco “Chicón” Rosales, aliado del presidente Daniel Ortega— también fue arrestado en un principio. Quedó en libertad poco después, luego de que las autoridades establecieran que no tenía órdenes de captura abiertas y no portaba armas, según Morera. De Rosales se dice que es aliado del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Migración criminal Las autoridades habían estado investigando y haciendo acopio de inteligencia sobre Pereira Ramos durante los dos meses previos, y según Morera de Interpol Pereira Ramos es requerido por la justicia de Estados Unidos por su presunto rol como “importante líder de una organización criminal” implicada en narcotráfico internacional. Se dice que el presunto narcotraficante repartía su tiempo entre Nicaragua y Costa Rica, añadió. Pereira Ramos alquilaba una casa justo al norte de la capital costarricense, en la ciudad de Heredia, y tenía otra casa en alquiler en Limón, sobre la costa Caribe, según Morera. Las autoridades estadounidenses no han presentado una solicitud formal de extradición contra Pereira Ramos, pero Morera afirmó que las autoridades costarricenses cooperarán con las estadounidenses cuando eso suceda.

Análisis de InSight Crime

La situación no pinta bien: el hijo de un magistrado de la Corte Suprema de Nicaragua departiendo con alguien requerido por narcotráfico en Estados Unidos. Y no es la primera vez que se plantean interrogantes sobre los nexos entre narcotraficantes y jueces en Nicaragua. Ya en 2010, la exministra de gobernación Ana Isabel Morales había denunciado que muchos jueces y magistrados habían excarcelado u otorgado reducciones de penas hasta a 1.000 narcotraficantes, entre ellos miembros del conocido Cartel de Sinaloa mexicano. VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Nicaragua Hay poca información sobre Salomón Rosales, pero un video que circula por estos días en la aplicación de mensajería WhatsApp parece mostrar a Rosales ufanándose de ser “intocable” en Costa Rica y Nicaragua.

Nicaragua se convierte en puerto seguro para fugitivos latinoamericanos

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El otorgamiento de asilo político en Nicaragua a un fugitivo de Guatemala es la señal más reciente de que el país centroamericano se está convirtiendo en un refugio para criminales buscados por la justicia, lo que podría ser una estrategia para socavar los intentos de combatir el crimen y la corrupción generalizada en la región. Delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua otorgaron recientemente asilo político al controvertido empresario y operador político guatemalteco Gustavo Herrera Castillo, según informes del 22 de agosto en La Prensa. El Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, llevan años investigando a Herrera por su presunta participación en un multimillonario escándalo de corrupción dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

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El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015) también acusó a Herrera de vínculos con grupos narcotraficantes de Colombia, Guatemala y México en 2014. Herrera presuntamente solicitó asilo político en Nicaragua alegando temor por su vida y su seguridad, según La Prensa. Se dice que Herrera dijo al Ministerio de Relaciones Exteriores que el Ministerio Público de Guatemala y la CICIG han emprendido un proceso criminal “ilegal” en su contra. El ministerio de relaciones exteriores de Nicaragua citó los derechos humanos como una de las principales razones para otorgar el asilo a Herrera, según La Prensa. El otorgamiento de asilo político a Herrera en Nicaragua se da en medio del ahondamiento de una crisis social y política que ha dejado más de 300 muertos, miles de heridos y cientos de personas más detenidas de manera arbitraria o desaparecidas a la fuerza, según información del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). La policía y grupos paramilitares apoyados por el gobierno han sido los actores de la abrumadora mayoría de la violencia.

Análisis de InSight Crime

Herrera es apenas el último fugitivo centroamericano que desata controversia que busca asilo político en Nicaragua o lo ha obtenido, y esta tendencia creciente puede tener un gran impacto en los esfuerzos colectivos de la región por combatir el crimen y la corrupción. El expresidente de El Salvador caído en desgracia Mauricio Funes (2009-2014) se esconde actualmente en Nicaragua luego de que se le otorgara asilo político en septiembre de 2016. Eso le ayudó a evitar una condena por enriquecimiento ilícito durante su periodo como presidente. Manuel Baldizón, operador político guatemalteco que enfrenta cargos por soborno en relación con el caso de corrupción de Odebrecht, había ido anteriormente a Nicaragua buscando un asilo de facto hasta su arresto en enero de 2018. El ganadero hondureño Ulises Sarmiento, sospechoso de tener vínculos con el crimen organizado desde hace varios años, y su familia adujeron persecución política para solicitar asilo en Nicaragua en 2015. Mientras que Baldizón y Sarmiento nunca recibieron asilo oficialmente es probable que hayan podido buscar refugio temporalmente en Nicaragua a través de sus conexiones con el presidente Daniel Ortega y la élite de ese país. Pese al hecho de que Nicaragua firmó en 1987 un tratado de extradición con los gobiernos centroamericanos de El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Honduras, el experto en seguridad nacional de Nicaragua Roberto Orozco comentó a InSight Crime que no hay “posibilidad” de que se extradite a fugitivos asilados en Nicaragua. “El gobierno de Nicaragua ha concedido asilo a estas personas porque son aliados de la administración [de Ortega]”, señaló Orozco. “El asilo les brinda protección y garantiza seguridad e impunidad en América Central”. Sin duda, el gobierno de El Salvador ha demandado infructuosamente a la administración del presidente Daniel Ortega que extradite a Funes a su país de origen para que pague su pena. Luego de que Funes ganara las elecciones presidenciales de 2009 por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) —partido político conformado por grupos guerrilleros de izquierda después de la guerra civil del país— Funes “gozó de buenas [relaciones] políticas e ideológicas” con Ortega, exguerrillero como él. Según informes, Sarmiento también ha sido supuestamente un antiguo aliado de Ortega y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante largo tiempo. Se cree que ofreció su casa como refugio, además de brindarle otros apoyos logísticos y financieros a los exguerrilleros sandinistas en la década de 1970, durante la guerra civil nicaragüense. Por su parte, Baldizón se ha codeado con la élite empresarial de Nicaragua, antiguos aliados de Ortega, a través de la construcción de un hotel y otros proyectos. Ortega parece tener unas leyes para los beneficiados con asilo y otras para los cientos de nicaragüenses que frente al actual descontento huyen del país cada día a solicitar asilo en la vecina Costa Rica. En una alocución reciente, Ortega exigió a los representantes del gobierno de ese país que entregaran una lista de quién solicitaba asilo para que él determinara quién ha cometido “actos terroristas” —parte de una ley antiterrorismo de la que muchos temen que sea un instrumento para criminalizar aún más a la oposición— para que puedan enfrentar los debidos “procesos judiciales” en Nicaragua, según información de El País. Sin embargo, Nicaragua ha cooperado con otras solicitudes de extradición en el pasado. De conformidad con un tratado de extradición firmado con Estados Unidos, por ejemplo, las autoridades nicaragüenses arrestaron y entregaron a las autoridades estadounidenses a un miembro de la lista de los 10 más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) en 2013.

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La buena disposición de Ortega a conceder asilo o protección temporal a algunos de los fugitivos de la región puede ser también una maniobra de poder del controvertido presidente contra medidas anticorrupción más amplias en la región del Triángulo Norte de Centroamérica en medio de una creciente presión nacional e internacional provocada por el agravamiento de la crisis en Nicaragua. “Creo que el hecho de que Ortega reciba a estos tipos responde más a una bravuconada  política de Ortega de decirle a la comunidad internacional que el no está dispuesto a permitir la instalación de instancias como la CICIG o su idem en Honduras que escudriñen en el caldo de corrupción nica, que es muy denso”, comentó en un correo electrónico el periodista nicaragüense Wilfredo Miranda Aburto a InSight Crime. En el pasado, se acusó a Ortega de lavar ganancias criminales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de otras denuncias de corrupción financiera, que seguramente lo pondrían en la mira de los investigadores anticorrupción. La CICIG de Guatemala contribuyó a que se enviara a la cárcel a un expresidente y su vicepresidenta. Un apéndice similar respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), también ha asestado varios grandes golpes a las élites de ese país. Al aceptar a estos fugitivos, Ortega hace mayor énfasis en su mensaje a la comunidad internacional de que “no acatará tratados o marcos anticorrupción internacionales”, añadió Miranda Aburto. Los triunfos contra la corrupción en toda Latinoamérica “desataron una ofensiva de las élites” en 2017, y la disposición de Ortega a otorgar asilo político a algunos de los fugitivos de la región puede afectar campañas anticorrupción más amplias en el futuro, si quienes tienen procesos abiertos logran encontrar refugio cerca.

Ley antiterrorismo en Nicaragua puede criminalizar la oposición

Una ley antiterrorismo aprobada recientemente por el Congreso de Nicaragua materializa el temor de muchos de que sirva para criminalizar la oposición en medio del agravamiento de la crisis política, una táctica a la que han recurrido otros gobiernos de la región con fines políticos. El 16 de julio, los legisladores aprobaron una ley antiterrorismo en Nicaragua contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, según un comunicado oficial. La ley se había presentado en abril ante la Asamblea Nacional de Nicaragua, con mayoría del partido de gobierno, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), según puntualizó El Nuevo Diario, y se aprobó en medio de una crisis política que empeora día a día. Cualquiera que dé muerte o lesione a alguien no implicado directamente en una “situación de conflicto armado”, o que destruya o dañe propiedad pública o privada, puede ser sentenciado hasta a 20 años de prisión, según la nueva ley. Quien sea declarado culpable de financiar o ayudar de manera directa o indirecta operaciones llamadas terroristas también puede enfrentar hasta 20 años de cárcel.

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El diputado del FSLN Walmaro Gutiérrez describió la ley como algo que dará al gobierno las “herramientas suficientes y necesarias” que se requieren para “una lucha efectiva” contra el lavado de dinero, el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. Pero observadores internacionales como las Naciones Unidas y políticos de oposición temen que la nueva ley sea usada por el presidente Daniel Ortega para criminalizar a los manifestantes y llevarlos a la cárcel. También existe el temor de que se use para perseguir a miembros de organizaciones no gubernamentales y a la Iglesia, organizaciones que se han puesto del lado de los manifestantes contra el gobierno. Desde que se iniciaron las protestas contra el gobierno en abril pasado, las organizaciones de derechos humanos han registrado más de 350 muertes y más de 2.000 heridos. La mayor parte de esa violencia se ha perpetrado por órdenes del mismo Ortega y ha sido ejecutada por grupos paramilitares progobierno que trabajan en conjunto con la policía nacional.

Análisis de InSight Crime

La creación y el uso de leyes antiterrorismo dirigidas a miembros de la oposición u organizaciones criminales ha sido una táctica empleada por otros gobiernos de toda la región. Los legisladores salvadoreños, por ejemplo, clasificaron como organizaciones terroristas a las violentas pandillas del país, mediante una reforma legislativa en 2016, cuando el gobierno redobló las medidas de seguridad represivas para combatir la creciente violencia ligada al fenómeno de las pandillas. Sin embargo, puede decirse que la medida tuvo el impacto contrario al esperado, pues las pandillas y sus actividades criminales se han sofisticado como respuesta a esas medidas, y El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos de la región.

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La administración del presidente Nicolás Maduro en Venezuela ha usado una retórica similar para desacreditar y acusar penalmente a quienes se oponen a su régimen, el cual, como lo expusiera recientemente InSight Crime, ha tomado visos de un “Estado mafioso”. Luego de que las autoridades asesinaran a un reconocido líder de la oposición en un enfrentamiento con armas de grueso calibre en enero de 2018, se refirieron al personaje como el líder de un “grupo terrorista”. Tanto Ortega como Maduro han catalogado a los manifestantes opositores como “terroristas” y “vándalos” en un intento de criminalizar aún más sus movimientos. También han utilizado grupos armados favorables al gobierno, a los que se conoce como “colectivos”, en Venezuela, y “turbas”, en Nicaragua, para reprimir violentamente a los opositores, y en ocasiones han llegado a usar fuerza letal. No obstante, esas tácticas en general han fallado en su intento por sofocar el descontento generalizado o las actividades criminales, y en su lugar han exacerbado lo que buscaban reprimir. La crisis en Nicaragua se salió de control cuando los manifestantes pacíficos recibieron una respuesta de “fuerza brutal y desproporcionada” de parte de la policía y los grupos paramilitares.

La violencia aumenta en Nicaragua, pero las dudas sobre quiénes son los responsables disminuyen

La policía de Nicaragua y paramilitares respaldados por el Gobierno continúan atacando a manifestantes civiles, pero cada vez se cuestiona menos quién es el responsable de los asesinatos. Según La Prensa, durante el pasado fin de semana la policía y varios grupos armados partidarios del Gobierno de Nicaragua, conocidos como “parapoliciales”, asesinaron al menos a 10 personas durante diversos enfrentamientos en varias ciudades, en medio de una ola de violencia que se desató tras las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega que se iniciaron en el mes de abril. El caso más documentado comenzó el 13 de julio, cuando grupos parapoliciales provistos con armas de alto alcance llevaron a cabo un ataque que se extendió durante 15 horas, dirigido contra unos 200 estudiantes y otras personas que quedaron atrapadas al interior de una iglesia cerca del campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en la capital, Managua, según informó para la BBC el periodista nicaragüense Ismael López, quien se encontraba entre las personas acorraladas. Dos estudiantes murieron y al menos 10 personas resultaron heridas durante el ataque, pero solo fueron atendidas cuando el personal médico pudo llegar a socorrerlas a la mañana siguiente.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Nicaragua Durante los siguientes dos días, diversos grupos parapoliciales se desplegaron por todo el país para llevar a cabo otros ataques coordinados, así como secuestros selectivos. Según La Prensa, por lo menos otras ocho personas —entre ellas una niña de 10 años de edad— murieron en estos ataques, y algunas más permanecen desaparecidas. Estas violentas acciones se presentan luego de que al menos 20 personas murieran el 8 de julio a manos de grupos parapoliciales en el departamento de Carazo, al occidente del país. Desde el 18 de abril, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANDPH) ha registrado al menos 351 muertos, más de 2.000 heridos, casi 330 secuestros, cientos de desapariciones forzadas y la posible presencia de fosas clandestinas.

Análisis de InSight Crime

El Gobierno de Nicaragua ha negado enérgicamente su responsabilidad, señalando que dichos actos han sido cometidos por “terroristas” que, según el mismo Gobierno, están atacando a la policía. “Este es un país que ha sabido superar grandes tragedias”, dijo Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta del país, en un comunicado emitido por el Gobierno. “Hemos aprendido de la paciencia, de la prudencia, de la sabiduría y de la fe. Sabemos que Dios es justo y que el mal no puede vencer al bien. Por eso las acciones de un pequeño grupo de terroristas no prevalecerán sobre la voluntad de la mayoría del pueblo”. Ante esta situación, el Gobierno permanece incólume. De hecho, si había cuestionamientos acerca de quién es el responsable de los cientos de asesinatos en Nicaragua en los últimos meses, estos han desaparecido por completo. En días recientes, Human Rights Watch emitió un comunicado en el que condenaba al Gobierno por su papel en los asesinatos y nombraba como responsables a altos funcionarios de la policía. Tras una visita a Nicaragua en el mes de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también redactó un informe en el que criticaba duramente al Gobierno nicaragüense por “el excesivo y arbitrario uso de la fuerza policial, [y] por recurrir a unidades parapoliciales o grupos de choque con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades del Estado”.   Como InSight Crime informó recientemente, se cree que los grupos parapoliciales que trabajan en conjunto con la policía nacional son las principales fuerzas implicadas en los asesinatos. Diversos observadores internacionales han denunciado durante meses el uso de grupos parapoliciales y han exigido que Ortega los desmantele con el fin de detener las fuertes represiones. A medida que la violencia sigue aumentando, existe un creciente riesgo de que estos grupos se conviertan en organizaciones criminales dedicadas a otras actividades ilícitas.

¿Pueden convertirse los grupos “parapoliciales” de Nicaragua en organizaciones criminales?

En las últimas semanas, grupos armados “parapoliciales” han desempeñado un rol protagónico en la represión violenta de los manifestantes opositores en Nicaragua, pero aún está por verse si esos grupos evolucionarán, pasando de tropas de asalto a organizaciones criminales dedicadas a actividades, como la extorsión y el secuestro. Miles de manifestantes han salido a las calles en las últimas semanas a protestar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, que ha respondido con fuerza letal a las manifestaciones. Además de las fuerzas de seguridad estatales, grupos progobierno, que han sido descritos como “parapolicías”, han participado en las muertes de entre 150 y más de 200 personas desde el comienzo de los disturbios, según organizaciones no gubernamentales locales. Varios agentes de policía, activistas a favor del gobierno y otros ciudadanos también han caído muertos durante los disturbios. Una fuente de la policía informó a El Confidencial, sitio nicaragüense de noticias en internet, que estos grupos parapoliciales están compuestos de pandilleros locales, policías que actúan de civil, exguerrilleros y miembros de una organización progobierno conocida como la Juventud Sandinista. La fuente declaró que el gobierno paga entre 300 y 500 córdobas (unos US$10 a US$15) a los parapolicías por día de trabajo.  

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Las imágenes de estos grupos los muestran usando máscaras que les ocultan el rostro, mientras entran a las comunidades en gran número, por lo general armados con lo que parecen ser armas de fuego pequeñas y otras armas, aunque algunos parecen portar armas de grueso calibre. Los activistas de la oposición e investigadores independientes han acusado al gobierno de excusar e incluso de propiciar la brutalidad atribuida a los parapolicías, incluidas las posibles ejecuciones extrajudiciales. El uso de estos grupos hace más difícil atribuir abusos contra los derechos humanos a las fuerzas de seguridad estatales y permite al gobierno de Ortega distanciarse para evadir las sanciones por violaciones de derechos humanos. Astrid Valencia, investigadora para Amnistía Internacional, que trabajó en un reciente informe sobre la violencia en Nicaragua, comentó a InSight Crime que la trayectoria de las balas y la ubicación de las heridas, en puntos de alto impacto, como la cabeza, el cuello y el pecho indica que muchas víctimas fueron ejecutadas por francotiradores de la policía y grupos parapoliciales. Además de las ejecuciones, se ha acusado también a los grupos parapoliciales de  cometer secuestros selectivos (detenciones arbitrarias), así como vandalismo, robo a periodistas, incendiar viviendas y saqueo de establecimientos comerciales para difamar a la oposición, lo cual en ocasiones ocurre en coordinación con la policía nacional.

Análisis de InSight Crime

Los grupos parapoliciales que emplea el gobierno nicaragüense han mostrado más allá de toda duda su propensión a la violencia, y es posible que los actuales disturbios les permitan afinar sus habilidades criminales e inmiscuirse más en actividades ilícitas, como la extorsión y el secuestro. Los parapolicías ya están implicados en robo y secuestro con fines políticos, y no sería difícil que consideraran sacar provecho personal de su experiencia en estas actividades. Tanto el secuestro como la extorsión son actividades ilícitas lucrativas en otros lugares del continente americano. No es la primera vez que el gobierno usa grupos parapoliciales para reprimir a la oposición, y aún no se observa evidencia concreta que indique que estos grupos han diversificado su actividad pasando de la represión política a actividades netamente criminales. Pero el férreo control del presidente Ortega en el poder y la extrema falta de transparencia de su régimen dificultan estimar los índices de criminalidad y saber si los grupos parapoliciales tienen un rol en otras actividades criminales. Roberto Orozco, experto en seguridad nacional de Nicaragua, dijo a InSight Crime que “será difícil desmantelar” los grupos parapoliciales del país, porque son autosuficientes y están “armados hasta los dientes con armas que el Estado les suministra”. Las tasas anteriores de delincuencia y victimización en Nicaragua han sido muy bajas en comparación con otros países de toda la región. Pero esos índices han empezado a acelerarse e incrementar a raíz de la crisis política, y Orozco advierte que dicha dinámica puede tener graves consecuencias para los índices de criminalidad y violencia, por lo general bajo, de los que ha disfrutado Nicaragua en el pasado. “Esas armas no serán devueltas cuando termine la represión, y el aumento del número de personas como estas en posesión de armas puede crear una situación de mayor inseguridad, con altos índices de extorsión, homicidios y otros crímenes”, concluyó.

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La criminalización de grupos similares de apoyo al gobierno en Venezuela ofrece una lección de lo que pueda suceder en el futuro con los parapolicías de Nicaragua si se ahondan los actuales desórdenes. Según David Smilde, experto en Venezuela en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), es “altamente probable que con el tiempo, sin vigilancia e intervención continuas”, los grupos progobierno que se han armado y organizado se involucren en delitos. De hecho, los grupos progobierno en Venezuela, conocidos como colectivos, fueron organizados y mantenidos —incluyendo el suministro de armas— por el difunto presidente Hugo Chávez en la década de 2000 en gran medida para ayudar en la defensa de su gobierno contra cualquier intento de derrocarlo. Con el tiempo, sin embargo, la inadecuada vigilancia de los colectivos les permitió fortalecerse y criminalizarse aún más, dedicados a actividades ilícitas, como la extorsión, el secuestro y el microtráfico. Además de eso, siguen apoyando a las fuerzas del Estado en controvertidos operativos de seguridad y actividades contra la oposición. “La descentralización de esos grupos eventualmente dará pie a elementos coincidentes con el delito”, pronosticó Smilde. Aunque Nicaragua está lejos de parecer un “estado mafioso” como Venezuela, la actual inestabilidad en el país centroamericano tiene implicaciones preocupantes para el futuro en su panorama criminal.

Posada Carriles, terrorista cubano y amigo de narcotraficantes que trabajó para EE. UU.

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Luis Posada Carriles murió el 23 de mayo de 2017 en su casa de Miami. Murió de viejo, a los 92 años. Pasó los últimos años de su vida pintando cuadros de poco valor artístico, según reportes de prensa en la Florida. Hace casi 20 años, en 1997, mercenarios salvadoreños y guatemaltecos entrenados y financiados por él hicieron explotar varias bombas en La Habana; mataron a un turista italiano y estuvieron a punto de terminar con la vida de varias docenas de párvulos que, por casualidad, no fueron a un salón de fiestas aledaño al Hotel Nacional el día que explotó ahí una de esas bombas. Una década antes de aquello, en 1985, Posada Carriles fue el encargado de logística de la operación Irán-Contras en el aeropuerto de Ilopango en los días en que el gran tráfico de cocaína empezó en El Salvador bajo la protección de Washington y de la fuerza aérea local. Antes, en 1976, había hecho estallar otra bomba, esa en un jet de Cubana de Aviación, que costó la vida a 73 personas. Esta es la historia de un terrorista al que Estados Unidos apreciaba y al que ayudó a proteger.

*Este artículo se publicó originalmente en la Revista Factum. Fue editado y publicado por InSight Crime con permiso. Puede leer el original aquí

Uno de los primeros funcionarios salvadoreños con el que el cubano Luis Posada Carriles entró en contacto en 1985, cuando recién había llegado a El Salvador, fue el coronel Juan Rafael Bustillo, entonces jefe de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de Ilopango. Posada ayudó a limar asperezas entre el militar y los asesores estadounidenses estacionados en el aeródromo para llevar adelante la segunda parte de la Operación Calipso, el plan de abastecimiento ilegal de armas desde San Salvador al ejército irregular conocido como La Contra, con el que Washington pretendía derrocar al régimen sandinista de Nicaragua. A Bustillo no le caían bien los gringos destacados en Ilopango: un piloto estadounidense lo había ofendido con su falta de tacto al hacer un pago por la gasolina que el coronel vendía a los norteamericanos para reabastecer los aviones que llevaban armas a La Contra. El mismo Posada Carriles refirió al episodio a Michael Foster y George Kiszynski, los dos agentes especiales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) que lo entrevistaron el 2 de julio de 1992 en el salón 426 de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa en el marco de la investigación que el Congreso en Washington tenía abierta por la operación de reabastecimiento. “Un día el piloto fue a pagar por el combustible. Sacó una pila de billetes y empezó a contar 15.000 dólares en el escritorio de Bustillo… (quien) se sintió muy insultado… Bustillo maldijo al hombre y le dijo que no lo tomara por empleado de una gasolinera…”, narró Posada Carriles a los agentes del FBI. El coronel no dejó que su orgullo le impidiera tomar el dinero: según Posada Carriles, pidió al piloto que lo entregará a uno de sus subalternos. Después de aquello, sin embargo, el piloto tuvo que dejar la operación en Ilopango y Posada se convirtió en el principal referente de Bustillo. Bustillo y el cubano abrieron una cuenta en la que Posada Carriles depositaba el dinero con el que los estadounidenses pagaban a los militares salvadoreños por la gasolina que la operación requería. El coronel ofreció a Posada que se alojara en Ilopango para evadir a reporteros estadounidenses que buscaban detalles sobre la operación desde que en 1986 dejó de ser secreta luego de que el ejército sandinista derribara, en Nicaragua, un avión en el que viajaba Eugene Hasenfus, uno de los mercenarios que operaban desde Ilopango. Bustillo, hoy general retirado e implicado como uno de los posibles autores intelectuales de la masacre en la que fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas en la universidad centroamericana de El Salvador en noviembre de 1989, ha preferido guardar silencio sobre su relación con Posada Carriles. Foto de la transcripción de la entrevista realizada por el FBI a Luis Posada Carriles en julio de 1992 en Tegucigalpa A finales de 1985 todas las responsabilidades de Posada tenían que ver con logística: “Pagaba la renta, a las empleadas que limpiaban las casas, los recibos, las cuentas telefónicas, los electrodomésticos y mantenía las refrigeradoras llenas de comida y cerveza”, según el FBI. Más adelante, el cubano también se hizo cargo de algunas radiocomunicaciones entre Ilopango y los aviones que sobrevolaban Nicaragua. Cuando la operación empezó, Posada Carriles alquiló la primera casa en la colonia Miramonte. Ahí solían hospedarse Rafael “Chi Chi” Quintero y Félix Rodríguez, otros dos anticastristas cubanos que, se sabría luego, eran los principales enlaces de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y de Washington con la operación de abasto en Ilopango. Quintero y Rodríguez eran veteranos del fallido intento de invasión a Cuba con un desembarco de mercenarios en Playa Girón que en 1961 financió. Rodríguez era, de acuerdo con documentos desclasificados de la CIA y publicados por la revista Rolling Stone en 1988, el jefe de la operación en Ilopango. Y Quintero era, según el testimonio de Posada en Tegucigalpa, quien recibía el dinero de Washington para llevar adelante todos los vuelos. “Su rol (de Quintero) en la operación era de administrador y contacto principal con Washington, DC. Era el que viajaba constantemente entre Washington y San Salvador para traer instrucciones y dinero”, aseguró Posada Carriles. En aquel testimonio de 1992 Posada Carriles mencionó a Oliver North, el militar de la administración Reagan que fue el principal ejecutor de la operación Irán-Contras, como se llamó a todo el plan en el que el capítulo de Ilopango, en El Salvador, ocupó un lugar importante. Buena parte del financiamiento para la contra nicaragüense llegó de ventas ilegales de armas a Irán como parte de un plan para intentar liberar a estadounidenses que el grupo Hezbolá había secuetrado en Líbano. Posada le dijo al FBI que los supervisores de Quintero en 1985, y por lo tanto sus jefes, eran Rob Owen y Robert Dutton, un exasistente legislativo en el senado y un oficial de la fuerza aérea retirado. Owen, según Posada, era el “hombre de North” en el terreno. Cuando Posada Carriles habló con los agentes del FBI, en 1992, North ya había sido encontrado culpable cuatro años antes de delitos menores aunque en principio fue acusado de 16 crímenes relacionados con Irán-Contras. Hoy, en 2018, ha asumido como presidente de la poderosas Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), una de las organizaciones con más influencia en Washington gracias en parte al financiamiento que hace de campañas electorales. La NRA es la más férrea opositora a regular la venta y posesión de armas de fuego entre población civil a pesar de las matanzas en escuelas y otros recintos en los Estados Unidos, que este año y por primera vez en la historia han provocado más muertes que las guerras en las que este país está involucrado en oriente medio. Posada Carriles nunca respondió ante un tribunal estadounidense por su rol en los vuelos para abastecer a La Contra. Y a esas alturas no había respondido por crimen alguno en lo Estados Unidos a pesar de que, en 1992, cuando el FBI lo entrevistó, ya pesaban sobre sus espaldas al menos los 73 cadáveres de los pasajeros de un avión de Cubana de Aviación en el que hizo colocar explosivos en 1976. Una investigación académica publicada por la editorial South End Press de Boston en 1987 cita informes desclasificados del gobierno estadounidense según los cuales Posada tenía en su poder, cuando fue arrestado en Venezuela por la voladura del avión de Cubana, documentos que lo relacionaban con otro acto terrorista: el asesinato en 1976 de Orlando Lettelier, exembajador chileno del gobierno del socialista Salvador Allende ante la Casa Blanca.

Los primeros narcos

Fue un capitán salvadoreño de nombre Roberto Leiva Jacobo quien primero ayudó a Posada Carriles a llegar hasta El Salvador, de acuerdo con documentos desclasificados del FBI y publicados a lo largo de la década pasada por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington en la capital estadounidense. Leiva recibió a Posada Carriles con un paquete especial para que su estancia en El Salvador fuese menos difícil: una licencia de conducir salvadoreña y “varios documentos (de identificación) del ejército”. En aquella licencia aparecía estampado el nombre de Ramón Medina Rodríguez, el primer alias que Posada Carriles utilizó en el país centroamericano. Leiva fue, según el FBI, el militar salvadoreño de alta más directamente relacionado con la operación de abasto de La Contra. A principios de 1992, pocos meses antes de que Posada Carriles se sentara con los dos agentes del FBI en Tegucigalpa, Leiva vendió bombas de 500 libras, extraídas de las bodegas del ejército y donadas por Estados Unidos a El Salvador como parte de la ayuda militar otorgada para combatir a la guerrilla del FMLN, a un grupo de contrabandistas que había hecho tratos para revenderlas al Cartel de Medellín. El 5 de marzo de 1992, la Policía de Hacienda capturó a 12 hombres —10 salvadoreños y dos cubanos— que el día anterior habían embarcado dos de las bombas en una avioneta que despegó de una finca en Cara Sucia, Ahuachapán. Uno de los detenidos denunció a Leiva, el amigo de Posada Carriles, como uno de los vendedores. Cuando Leiva era el nexo entre salvadoreños y estadounidenses en el capítulo de la operación Irán-Contras en Ilopango, las pistas y bodegas del aeródromo, administrado desde su fundación en 1949 por la Fuerza Aérea, se convirtieron en uno de los principales puertos de entrada de cocaína de los carteles colombianos de acuerdo con documentos desclasificados de Estados Unidos, dos investigaciones oficiales del Ejecutivo y el Legislativo de ese país y al menos una docena de reportes académicos. Algunos de los aviones que recalaban en el aeropuerto salvadoreño eran propiedad de la compañía Southern Air Transport (SAT), una de las fachadas creadas por la CIA para abastecer a la contra. Un artículo publicado por el Washington Post en 1987 reveló que aviones de la SAT transportaban droga de Colombia a Centroamérica desde 1983; el encargado de esas operaciones era Jorge Ochoa, uno de los lugartenientes de Pablo Escobar en el Cartel de Medellín. De acuerdo con el testimonio que Posada Carriles dio al FBI en 1992, un avión L-100 de la SAT volaba “semanalmente” a Ilopango para servir la operación de reabastecimiento. El cubano también dijo a los agentes que creía que buena parte del dinero para gasolina y alquileres que Quintero y Richard Secord (otro oficial involucrado en el affaire y condenado en los 90 en Estados Unidos por mentir al Congreso) le daban provenía de la SAT. Los aviones como los de la SAT y otras aerolíneas que llevaban armas a la contra estaban relacionados con “operaciones de narcotráfico”, según concluyó en 1987 la comisión legislativa en Washington. Parte de esa droga alimentó, también, a las primeras organizaciones y personas que traficaron cocaína a gran escala en El Salvador: dos empleados de Ilopango en aquella época, Miguel Ángel Pozo Aparicio y Élmer Bonifacio Escobar, terminarían involucrados años después en eventos relacionados con el narcotráfico. A Pozo la justicia salvadoreña le adjudicó la primera masacre motivada por un tumbe de coca. Escobar fue uno de los miembros fundadores de la banda Los Perrones, la primera que, en los años 2000, llevó coca desde Costa Rica hasta Estados Unidos sin intermediación de carteles mexicanos. De la SAT era también el avión C-123K en el que viajaba Hasenfus y que fue derribado por el ejército sandinista en Nicaragua el 5 de octubre de 1986. Cuando Félix Rodríguez se dio cuenta de que el avión no había vuelto a Ilopango contactó a Sam Watson, asistente de uno de los principales colaboradores de George Bush, entonces vicepresidente. El derribo de este avión destapó las primeras pistas que luego llevarían hasta el mismísimo presidente Ronald Reagan. Oliver North en 2015. Foto: Michael Vadon, Flickr, con licencia Creative Commons Posada Carriles recordó en su entrevista con el FBI en Tegucigalpa que North llegó a Ilopango en la primera mitad de 1986 para reunirse con representantes de la contra en el aeródromo salvadoreño. También hubo, durante aquella estadía, un encuentro entre el teniente coronel y Bustillo. Leiva y Bustillo fueron dos de los primeros amigos que Posada Carriles tuvo en El Salvador. Los primeros en una lista que incluyó ministros y otros operadores logísticos de Alianza Republicana Nacionalista, el partido de derecha que gobernó el país entre 1989 y 2009. A partir de 1987, cuando la operación en Ilopango había sido totalmente cancelada tras la tormenta política generada por Irán-Contras en Washington, Posada pasó a vivir casi en la clandestinidad. Se movía entre Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador. De a poco, el terrorista y operario de la CIA fue encontrando protección entre los políticos que gobernaban en la región. En El Salvador, dice otro documento desclasificado en Estados Unidos, Posada Carriles solía refugiarse en un rancho en la exclusiva playa Xanadú. Hasta 1988 fue asesor del gobierno de José Napoleón Duarte. De aquellos días le viene también otra amistad, la que tuvo con Víctor Rivera, un venezolano con quien Posada Carriles trabajó en Caracas. Rivera también fue asesor de Duarte y a la postre de Hugo Barrera, el empresario que se hizo cargo de la seguridad pública en 1994, durante la administración de Calderón Sol. Barrera fue uno de los funcionarios salvadoreños a los que la inteligencia cubana achacó en 2000 haber protegido a Posada en El Salvador. El exfuncionario y dirigente de Arena no ha negado que conoció al cubano, pero sí que lo protegió desde el Estado. Para 1989 Posada Carriles se había colocado como jefe de seguridad de Guatel, la estatal guatemalteca de telefonía, según documentos desclasificados por la inteligencia cubana. Ahí, en Ciudad de Guatemala, el terrorista cubano escapó por milímetros a la muerte.

Bombas en La Habana      

Es una tarde calurosa en La Habana, esta de julio de 2009. En la terraza de una casa del barrio Miramar, el hombre suelta la confesión frente a dos botellas de ron vacías después de varias horas de plática. “Lo tuve así, así, pero no lo rematé”. El hombre ha pedido que solo se le llame Pericles; es uno de los agentes del Estado cubano que estuvieron infiltrados en Guatemala en 1990 siguiéndole la pista a Posada Carriles. Pericles asegura que él estuvo en la colonia Vistahermosa de la capital guatemalteca el 26 de febrero de 1990; era parte del comando de agentes cubanos que, tras acorralarlo, dispararon varias veces a Posada hasta darlo por muerto. “No lo rematamos”, insiste. Las balas que Pericles y los otros enviados de La Habana dispararon arrancaron buena parte de una mejía y la nariz de Posada Carriles. Otra bala entró por el pecho y salió por la espalda. Ninguna lo mató. El anticastrista sobrevivió y se recuperó en una clínica privada de San Pedro Sula. Cuando se recuperó del atentado, Posada Carriles siguió moviéndose por Centroamérica con una nueva misión: preparar atentados dinamiteros en Cuba para desestabilizar al gobierno de Fidel Castro. Desde 1990 hasta 2005 vivió de forma intermitente en El Salvador, protegido por oficiales de los gobiernos de ARENA. Durante la administración de Francisco Flores, y con ayuda del Ministerio de Gobernación que entonces dirigía Mario Acosta Oertel, Posada Carriles consiguió otra identificación a nombre de Franco Rodríguez Mena. El 25 de mayo de 1997, Posada viajó con su pasaporte salvadoreño número 547378 a nombre de Rodríguez Mena a Sierra Leona, donde según documentos de la inteligencia cubana participó en una operación de venta de armas. Posada Carries llegó a Freetown, la capital sierraleonés, el 18 de mayo, dos meses antes de que mercenarios financiados y entrenados por él iniciaran una serie de atentados dinamiteros en Cuba. Copia del pasaporte salvadoreño a nombre de Franco Rodríguez Mena que Posada Carriles usó para viajar a Sierra Leona en 1997. Foto: Factum/Cortesía Entre el 12 de julio y el 4 de septiembre de 1997, los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto Rodríguez Llerena colocaron artefactos explosivos en hoteles, bares y discotecas de La Habana. Los atentados costaron la vida al italiano Fabio DiCelmo y provocaron un fuerte impacto en Cuba. El régimen de Fidel Castro siempre acusó a Posada Carriles de ser el arquitecto de los atentados. En 2006, el Departamento de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) reconoció en un documento que envió a un tribunal en Texas que Posada había participado en los atentados de 1997. En 2000, en el marco de una cumbre de presidentes celebrada en Panamá, Fidel Castro volvió a acusar a Posada Carriles, esta vez de planificar un atentado para asesinarlo. Investigaciones posteriores de la fiscalía panameña determinaron que Posada Carriles había llegado a Panamá, procedente de El Salvador, en los días previos al arribo de los mandatarios. El anticastrista fue condenado en la capital panameña, pero luego fue liberado gracias a un indulto de la entonces presidenta Mireya Moscoso. El anticastrista eterno volvió a Estados Unidos en 2005. Entró de manera ilegal, luego de pasar por Honduras y por Quintana Roo, en México. En 2006, un tribunal de El Paso, en Texas, lo acusó de delitos migratorios. Fue en el marco de ese juicio que ICE reconoció la participación de Posada en los atentados de 1997. ICE hizo algo más: pidió a los abogados del cubano que citaran ante la autoridad judicial los nombres de todos los funcionarios centroamericanos que lo protegieron en los 80 y 90. Nada pidió ICE sobre los funcionarios estadounidenses que encubrieron las actividades ilegales en las que Posada Carriles participó durante la operación Irán-Contras en Ilopango. Al final, Luis Posada Carriles recobró su libertad luego de que el tribunal texano lo absolviera de culpa en abril de 2011. Pasó entonces al retiro de tantos jubilados en la Florida: hospedado en un centro para la tercera edad. Murió sin dar cuentas por sus muertos. *Este artículo se publicó originalmente en la Revista Factum. Fue editado y publicado por InSight Crime con permiso. Puede leer el original aquí