GameChangers 2017: ¿Qué esperar en 2018?

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El crimen organizado florece en medio de la corrupción política y la incertidumbre. De eso habrá de sobra en Latinoamérica durante 2018, lo que favorecerá el afianzamiento del crimen organizado en toda la región a lo largo del año. Este es el momento en el que echamos mano de nuestra extensa investigación y experiencia para hacer nuestros pronósticos para el año que comienza. Y el panorama para 2018 es uno de los más desoladores que InSight Crime haya visto en sus nueve años de estudio de los fenómenos criminales en Latinoamérica y el Caribe. Enfrentar el crimen organizado requiere de gobiernos estables con propósito, estrategia, fuerzas de seguridad sólidas, una democracia saludable y transparencia, más la cooperación internacional. En este momento parece que todo eso escasea en la región. El caos político, los conflictos internos y la agitación aseguran que la atención se concentrará en la supervivencia y la manipulación de la democracia, no en la lucha contra el crimen organizado. La legitimidad del gobierno ha quedado en tela de juicio en algunos países de la región, con investigaciones a líderes políticos por corrupción y manipulación del poder. Caudillos políticos en problemas muchas veces harán tratos a puerta cerrada con elementos criminales para garantizar su supervivencia. Más aún, varios países vivirán importantes elecciones en el año que inicia, otro factor de inestabilidad política.

Resacas políticas del 2017

Como escribimos en la introducción de este GameChangers, en 2017 la corrupción se impuso en la cúpula de gobierno por toda la región. Así entramos en 2018 con varias resacas políticas, donde creemos que la corrupción asumirá mayor control:
  • Venezuela, donde la última hoja del árbol de la democracia cayó y un régimen corrupto se atrinchera en el poder. A medida que los ingresos del petróleo se agotan, es posible que el gobierno se criminalice aún más para seguir en pie. La desintegración del estado venezolano y su corrupción absoluta tiene implicaciones regionales de amplio alcance. El impacto más inmediato lo sienten vecinos, como Colombia, Brasil y los países caribeños (Trinidad y Tobago, Aruba y República Dominicana principalmente entre ellos), pero sus efectos se extienden aún más lejos.
  • Honduras, donde se ha debatido la reelección del presidente Juan Orlando Hernández por denuncias de fraude y corrupción. Esto ha debilitado aún más su ya deteriorada Este país del Triángulo Norte tiene una importancia extraordinaria en el paso de estupefacientes provenientes de Suramérica hacia Estados Unidos.
  • Perú, donde el presidente Pedro Pablo Kuczynski estuvo al borde de la destitución por acusaciones de corrupción, y sobrevivió únicamente tras condonar la sentencia de cárcel del expresidente Alberto Fujimori, preso por abusos contra los derechos humanos. La familia Fujimori controla una de las facciones más poderosas del Congreso. El debilitamiento y descrédito de Kuczynski han sido fatales. Como resultado de esto, esperamos ver un recrudecimiento de actividades delictivas importantes, como el tráfico de cocaína, oro y madera.
  • En Bolivia, el presidente Evo Morales ha manipulado la constitución y parece dispuesto a perpetuarse en el poder al lanzarse como candidato para un cuarto periodo. La mayoría de restricciones a sus facultades ahora parecen haberse suprimido, aun cuando el país sigue desempeñando un rol central en el tráfico de estupefacientes en Suramérica.
  • Ecuador asistió a la destitución de su vicepresidente luego de ser condenado por corrupción, mientras que el presidente Lenin Moreno está enfrascado en una guerra política con el expresidente Rafael Correa. El crimen organizado no hace parte de la lista de prioridades del presidente, pese al hecho de que, según creemos, el puerto de Guayaquil es uno de los principales puntos de partida de los cargamentos de cocaína en todo el mundo.

Elecciones presidenciales en 2018

Para empeorar la incertidumbre política, habrá elecciones en seis importantes países, lo que implica que la atención política se la llevarán toda ellas y la lucha contra el crimen organizado quedará relegada.
  • Brasil tiene un presidente con cerca del 5 por ciento de aprobación y una imagen universal de corrupto. El favorito para ganar estas elecciones, Luiz Inácio “Lula” da Silva, fue condenado en julio por aceptar coimas de una firma de ingenieros a cambio de contratos de obras públicas.
  • Colombia, el principal productor mundial de cocaína, busca implementar contra viento y marea un acuerdo de paz con insurgentes marxistas y evitar un reciclaje de actores criminales. Los enemigos de la paz parecen más fuertes que sus amigos en el abanico de candidatos.
  • Costa Rica, país situado a medio camino en la ruta centroamericana de la cocaína con destino a Estados Unidos, ha visto cómo el crimen organizado transnacional echa raíces y alimenta estructuras criminales locales.
  • México ha padecido nuevos picos de violencia, y su actual presidente, Enrique Peña Nieto, ofrece pocas estrategias novedosas para contener los homicidios o el crimen organizado que los motiva. Se necesita desesperadamente nuevos líderes, pero sin importar quién gane las elecciones de julio no se esperan cambios reales en la estrategia hasta finales del año, cuando el sucesor asuma la presidencia.
  • Paraguay, el productor de marihuana más prolífico de Suramérica, ya tiene un presidente asociado a la actividad criminal en la forma de contrabando de cigarrillos. Con el acuartelamiento de los grupos criminales brasileños en este país sin salida al mar, hay la necesidad de un liderazgo transparente que contenga la actividad criminal.
  • Venezuela debe celebrar sus elecciones presidenciales, pero con la dictadura que ahora ejerce el presidente Nicolás Maduro, no hay garantía de que estas se realicen, y mucho menos de que haya algún cambio real. Es más probable que los cambios sean motivados por el colapso económico que por la contienda política.
Incluso en Cuba, dominada desde 1959 por los hermanos Castro, se esperan cambios con la promesa de Raúl Castro de dimitir en 2018. Y el presidente de Nicaragua Daniel Ortega, en el poder desde 2007, está afianzando el control en los hilos del poder y socavando la democracia. Desde los días de la Guerra Fría no se veían tan amenazados la democracia y el buen gobierno en Latinoamérica. En parte estas condiciones han sido propiciadas por el crimen organizado y la corrupción que este fomenta. Y el crimen organizado seguirá sacando provecho del caos. La cooperación también es clave en la lucha contra el crimen organizado transnacional y para bien o para mal, Estados Unidos muchas veces ha aportado coherencia y liderazgo en la guerra contra la droga y el crimen organizado. Ese liderazgo se acabó junto con buena parte de la credibilidad de Estados en la región. Todo esto simplemente le da un margen de maniobra mayor a los criminales.

Más ‘plata’ que ‘plomo’

Hay otro aspecto del crimen organizado que vale la pena mencionar al pensar en 2018. Aunque la corrupción siempre ha sido uno de los principales instrumentos del crimen organizado, su otra cara ha sido la intimidación y la violencia. Es famosa la oferta que hacía Pablo Escobar a sus víctimas: “plata” (soborno) o “plomo” (una bala). Lo que la mayoría de los delincuentes sofisticados están entendiendo es que los sobornos los llevan mucho más lejos y mucho más rápido que la violencia. El acrecentamiento de los escándalos de corrupción da fe de esto. Mientras México, Venezuela y gran parte de los países del Triángulo Norte —El Salvador, Guatemala y Honduras— registran tasas de homicidios en niveles epidémicos, en Colombia se revierte la tendencia. Aun con los récords en la exportación de cocaína, más el consumo interno de la droga, y el florecimiento de otras economías ilegales, como la minería aurífera y la extorsión, se observa un descenso de los homicidios. Aunque esto obedece en parte al desescalamiento del conflicto civil con la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el otro factor importante es el desarrollo de una Pax Mafiosa. La primera “pax mafiosa” se gestó en Medellín, capital del tráfico de cocaína, y desde ahí se expandió a todo el país. Esto implica que nuestra misión de poner al descubierto el crimen organizado se está dificultando aquí, en nuestra base que es Colombia. La historia criminal de Latinoamérica la han impulsado empresarios criminales, principalmente en la forma de carteles de la droga. No es el caso de África, donde la actividad criminal muchas veces la orquestan elementos dentro del mismo gobierno. Con la continua fragmentación del crimen organizado en Latinoamérica, y la corrupción consolidándose como el método preferido para hacer negocios ilícitos, Latinoamérica puede comenzar a parecerse más a África. La delincuencia puede gozar no solo de protección en los más altos niveles del gobierno, sino que incluso puede ser manejada por dichos elementos. Este es un fenómeno que hemos estudiado de cerca en nuestras investigaciones sobre las “Élites y el crimen organizado”. Dedicaremos aún más recursos a ese tipo de investigaciones, pues creemos que señalan la dirección que adoptará la evolución criminal. VEA TAMBIÉN: InDepth Cobertura sobre Élites y crimen organizado El crimen organizado transnacional es la actividad más versátil del planeta y se adapta a las condiciones cambiantes con mayor rapidez que los gobiernos. Cuando esos gobiernos son debilitados, subvertidos y corrompidos por los grupos del crimen transnacional, el terreno de juego antes era desigual se pone aún más cuesta arriba. Es posible que este año la delincuencia se atrinchere aún más en la región, que la corrupción llegue a nuevas cimas del gobierno o incluso que secuestren el estado. Prepárese, porque debemos prestar mucha atención para ver la mano del crimen organizado en medio del caos político. Foto superior Associated Press/Carlos Jasso

Cómo el miedo al crimen en Centroamérica impacta la vida diaria y contribuye a la migración

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Un nuevo informe muestra hasta qué punto la inseguridad afecta negativamente las vidas diarias de la población civil centroamericana, y ofrece nueva evidencia de que el crimen y la corrupción son factores importantes detrás de la emigración en la región. Los hallazgos indican que las actuales políticas dirigidas a dar solución a estos problemas pueden carecer de un énfasis adecuado en medidas preventivas, más que reactivas en su objetivo de disuadir el crimen y la migración.

El Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana de la Universidad de Vanderbilt (LAPOP) y el Diálogo Interamericano presentaron un estudio titulado “Beneath the Violence” (Bajo la violencia) en un evento celebrado el 3 de octubre en Washington, D.C.

Con base en encuestas realizadas en Centroamérica, los autores crearon un “índice de conductas para evitar el crimen”, mediante el cual se clasificó a los países según el grado en el que los encuestados declararon que el miedo al delito ha afectado su vida cotidiana.

El índice mostró que de toda la región los ciudadanos de Honduras son los que mayor impacto sienten por la inseguridad, seguido de cerca por Guatemala y El Salvador, los otros dos países que conforman el “Triángulo norte” de Centroamérica. Es notable que una mayoría de los encuestados en la subregión del Triángulo Norte admitieron tener “un poco o mucho miedo de ser asesinados”.

Gráfico cortesía de LAPOP y el Diálogo Interamericano

(Gráfico cortesía de LAPOP y el Diálogo Interamericano)

En parte causó sorpresa que el estudio hallara que en el ámbito individual, “la evasión del crimen es mayor entre quienes están en riesgo genuino de padecer el crimen”. Quienes ya habían sido víctimas de un delito tenían muchas más probabilidades de informar que temían otro hecho de ese tipo. Otros factores, como la presencia de pandillas en el barrio y experiencias de primera mano con corrupción o incompetencia policial, también se asociaron con mayor comportamiento de rechazo hacia el crimen.

Aunque hubo pequeñas variaciones sorprendentes en las respuestas promedio de las diferentes clases socioeconómicas, el informe puntualiza que las personas de menores ingresos son las más afectadas en lo que respecta a la inseguridad. Por ejemplo, casi la mitad de los encuestados de menores ingresos informaron que evitan tomar el transporte público por temor a ser víctimas de delitos, lo cual puede afectar sus posibilidades de buscar oportunidades laborales o de educación.

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Además, el estudio halló una fuerte correlación entre una mayor evasión del crimen y el aumento de la emigración. Aproximadamente una tercera parte de los adultos del Triángulo Norte había pensado dejar el país el año anterior a la encuesta. Los únicos factores que se observó que tienen mayor impacto en la decisión de emigrar fueron el desempleo y tener parientes en el exterior.

Como ya lo había señalado InSight Crime, es común que varios de esos llamados “factores de rechazo” se combinen para incidir en la decisión de una persona a emigrar. Repitiendo lo que varios expertos han comentado a InSight Crime, el informe del LAPOP y el Diálogo Interamericano afirma que “esto indica que los esfuerzos de control migratorio en Estados Unidos, centrados exclusivamente en las políticas internas y la seguridad fronteriza tienen pocas probabilidades de éxito para disuadir la inmigración a la larga”.

Análisis de InSight Crime

El nuevo estudio ofrece información valiosa sobre la percepción de los ciudadanos centroamericanos sobre la inseguridad, y el impacto que esta tiene en diversos aspectos de sus vidas.

Por ejemplo, uno de los autores del informe, Michael Camilleri, resaltó durante la presentación del estudio que el porcentaje de población que afirma que el mayor problema de su país es la inseguridad es casi el mismo en Honduras y Uruguay. Sin embargo, como ya lo había informado InSight Crime, otros estudios han demostrado que Honduras experimenta impactos económicos derivados del crimen mucho más agudos que Uruguay.

Es importante tener en cuenta los impactos económicos del crimen porque, como se mencionó anteriormente, la victimización por el crimen y la falta de oportunidades económicas muchas veces se combinan para incitar la emigración desde Centroamérica. Y los autores del LAPOP y del Diálogo interamericano comentan que sus hallazgos contienen importantes lecciones para los legisladores que buscan enfrentar la inseguridad y la migración en la región.

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La autora del informe Carole Wilson afirmó que “la inseguridad motiva la migración”, indicando que los esfuerzos estadounidenses por reforzar la seguridad fronteriza e imponer medidas de fuerza sobre los migrantes indocumentados solo tendrá un efecto limitado.

La inmigración de indocumentados a Estados Unidos ha dado muestras de reducirse en respuesta a la intensificación de las operaciones de control en la administración del presidente Donald Trump. Pero Camilleri sostuvo que ” cualquier baja que estemos viendo… en la migración seguramente será transitoria. Los factores de rechazo que la motivan son lo que en últimas incidirá en las tendencias migratorias en el largo plazo”.

Esta opinión encontró eco en el exsubsecretario adjunto de estado para Centroamérica y el Caribe Juan González.

“A largo plazo, no va a funcionar, porque la gente que huye de la violencia y está en busca de oportunidades va o a México, que es algo que hemos estado viendo, o hace el viaje hasta Estados Unidos”, señaló.

Según González, invertir en el desarrollo socioeconómico en regiones especialmente golpeadas por el crimen, como los países del Triángulo Norte, sería una destinación de recursos más eficiente que aumentar el gasto en las medidas de seguridad internas en Estados Unidos.

Fortalecer las instituciones de policía y judiciales también podría ayudar a poner freno al crimen y la corrupción, lo que reduce la motivación para la migración de ciudadanos, agregaron los autores.

Resurgen denuncias de complicidad de Venezuela y Nicaragua en lavado de dinero de las FARC

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Un reciente testimonio ante el Senado de Estados Unidos revivió las denuncias de que una empresa venezolana en Nicaragua pudo haber lavado dinero de las FARC, el movimiento guerrillero de Colombia que se encuentra en proceso de desmovilización, lo que plantea una vez más la pregunta acerca de si pudo haber complicidad de gobiernos extranjeros en el lavado del dinero sucio de los guerrilleros.

El 12 de septiembre, Douglas Farah, presidente de la firma de consultoría de seguridad nacional IBI Consultants, testificó ante el Comité del Senado sobre Control Internacional de Narcóticos acerca de los ajustes a los esfuerzos antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia.

Entre otras cosas, Farah se refirió en su testimonio a “los elementos clave para la […] infraestructura financiera internacional” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización guerrillera que firmó un histórico acuerdo de paz con el gobierno colombiano en el año 2016.

Específicamente, Farah se refirió a ALBA Petróleos y a Albanisa, dos filiales de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), que operan en El Salvador y Nicaragua, respectivamente.

Según Farah, Albanisa es dirigida por el “círculo cercano” del partido nicaragüense actualmente en el poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y del presidente Daniel Ortega, quien ha sido acusado de proporcionar armas y otro tipo de apoyo a las FARC.

Albanisa se creó supuestamente como un “medio de desarrollo social” financiado por PdVSA, que accedió a venderle petróleo a la empresa a precios bajos si sus ganancias eran utilizadas para el desarrollo social. Sin embargo, Farah dijo que “unos US$4 mil millones” fueron “redirigidos hacia la ‘privatización'”, lo que a menudo terminó “apoyando campañas políticas y enriqueciendo a los funcionarios” de Nicaragua.

Según el testimonio de Farah, Albanisa ha experimentado un continuo “crecimiento económico inexplicable e ilógico”, con ” notorias” irregularidades financieras en sus ingresos y gastos.

Según Farah, fuentes de Albanisa que hablaron bajo condición de anonimato dijeron que estas supuestas irregularidades son ganancias obtenidas mediante “lavado de dinero” y un “ciclo de apoyo financiero” que involucra a “funcionarios venezolanos corruptos y a organizaciones narcotraficantes”, entre ellas las FARC.

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El presidente Ortega ha dicho públicamente que Albanisa genera entre US$400 y 500 millones al año. Pero según una declaración de renta de 2009 analizada por Confidencial, un portal nicaragüense de periodismo investigativo, Albanisa vende petróleo crudo y sus derivados a un precio “equivalente a su costo sin ninguna clase de margen de ganancia”.

Según Confidencial, durante los ocho primeros meses de 2009, Albanisa reportó ventas por US$352.941.116, pero el costo reportado de sus ventas fue casi idéntico, US$352.851.677, es decir, una diferencia de poco menos de US$90.000.

“Este tipo de comportamiento económico ilógico se presenta generalmente cuando se está blanqueando dineros ilícitos en los sistemas financieros para justificar su origen”, dijo Farah en su testimonio, añadiendo que los fondos que fluyen a través de Albanisa son “al menos en gran parte de los recursos económicos de las FARC y ahora están siendo lavados en el sistema financiero mundial”.

Además, Farah señaló que hay “creciente evidencia” de que los negocios de Albanisa están cerrando “sistemáticamente”, tras “haber cumplido con su propósito” de lavar dinero.

Farah puso el ejemplo de Nicaragua Airways, operada por Albanisa, que “sólo tuvo vuelos durante cuatro meses, luego de una inversión de varios millones de dólares”. También afirmó que “más de 60 proyectos de Albanisa en Nicaragua han sido dejados de lado durante el año pasado”.

Funcionarios nicaragüenses han exigido una investigación sobre estas presuntas actividades de lavado de dinero de las FARC; por su parte, funcionarios salvadoreños han pedido que Estados Unidos abra una investigación similar.

Análisis de InSight Crime

El reciente testimonio de Farah ha despertado el interés de los medios de comunicación por las denuncias de que altos funcionarios de los gobiernos izquierdistas de Venezuela, Nicaragua y El Salvador ayudaron a las FARC a lavar dinero. Sin embargo, estas sospechas no son necesariamente nuevas. Comenzaron a surgir en 2008, tras el descubrimiento de un computador perteneciente al comandante de las FARC Raúl Reyes, y fueron mencionadas por Farah en un testimonio de 2014 ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Incluso ya en 2009, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, había señalado que la extensa red transnacional de lavado de dinero de las FARC utilizaba varias compañías ubicadas en Venezuela y Costa Rica para administrar los activos de la organización. Y en 2015, la Fiscalía General de Colombia confirmó que a Costa Rica habían llegado dineros blanqueados presuntamente por las FARC.

Farah le dijo a InSight Crime que dos estructuras de lavado de dinero paralelas se establecieron en El Salvador y Nicaragua, aunque en este último país era más difícil identificar dichas estructuras porque “han logrado eliminar documentos y han dificultado el rastreo de los registros públicos”.

“Esencialmente extrapolamos los que vimos en El Salvador: una gran cantidad de dinero que fluía en las empresas y era económicamente ilógica. Vimos lo mismo en Nicaragua”, dijo.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre el lavado de dinero

Como ejemplo de estos flujos ilógicos, Farah señaló a la refinería El Supremo Sueño de Bolívar en Nicaragua, para cuya construcción se contrató a Albanisa en el año 2007, en gran parte con una inversión de US$4,16 mil millones de Venezuela. Farah le dijo a InSight Crime que en el papel parece que la refinería está gastando millones de dólares cada año para refinar petróleo venezolano, pero en realidad no hay “ninguna evidencia de actividad económica”.

“Uno de los indicadores más claros [de actividades ilícitas] es cuando las cosas no tienen sentido desde el punto de vista económico”, le dijo Farah a InSight Crime. “Lo que vimos en Nicaragua fue que esta empresa [Albanisa] de repente acumuló mucho dinero en efectivo y estableció varias empresas de la noche a la mañana, pero el propósito de estas actividades no es generar ganancias, sino lavar dinero. El lavado de dinero no requiere de inversión para obtener beneficios, sólo mover grandes cantidades de dinero a través del sistema”.

Aunque Farah dijo que él no sabe a ciencia cierta si el dinero que fluye a través de estas empresas estaba relacionado con las finanzas de las FARC, señaló que sus fuentes le ayudaron a atar los cabos.

“Hemos tenido muchas conversaciones durante cuatro años con personas directamente involucradas con la creación de estas empresas y que han puesto en movimiento la manera de ingresar y sacar los dineros”, afirmó.

Farah le dijo a InSight Crime que, con base en las estructuras paralelas observadas en El Salvador y Nicaragua, y con la información de personas directamente involucradas, está “bastante seguro” de que Albanisa está directamente vinculada a los flujos financieros ilícitos de las FARC y constituye una “parte significativa” de la empresa criminal internacional de la organización.

Nicaragua asegura que en el país no hay ‘carteles’, pero la evidencia demuestra lo contrario

Las autoridades de Nicaragua están presumiendo de los logros en su labor antinarcóticos, señalando que mediante ésta han logrado mantener a los “carteles” fuera del país. Pero una serie de juicios contra presuntos jefes criminales demuestran que, de hecho, hay grandes y sofisticados grupos de narcotraficantes operando en el país centroamericano.

El general Julio César Avilés, alto funcionario del ejército de Nicaragua, señaló las más recientes estadísticas de incautación de drogas por parte de las fuerzas armadas como evidencia de los logros de las fuerzas de seguridad al mantener el tráfico bajo control, según informó la prensa local el 2 de septiembre.

Avilés dijo que el ejército había confiscado más de 2,5 toneladas métricas de drogas, en su mayor parte cocaína, entre septiembre de 2016 y agosto de 2017. Esa cantidad es ligeramente inferior a lo que el ejército nicaragüense informó que había confiscado en su Resumen Anual de Operaciones 2016, publicado a principios de este año, y es consistente con una tendencia general a la disminución en las incautaciones en los últimos años. (Vea el gráfico a continuación). 

Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), en los últimos años Nicaragua ha reportado menos incautaciones de cocaína anualmente que sus vecinos centroamericanos.

Avilés atribuyó los niveles relativamente bajos de violencia en Nicaragua a los logros del país en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

“En Nicaragua no tenemos carteles, no somos un país narcotraficante, y no tenemos pandillas que estén afectando a las naciones vecinas con su violencia”, dijo el alto funcionario castrense.

Análisis de InSight Crime

Como señala Avilés, en los últimos años Nicaragua no ha experimentado los mismos niveles de violencia relacionada con el narcotráfico que algunos de sus vecinos, y al interior de sus fronteras parecen existir menos operaciones criminales. Pero su aseveración de que en el país no operan “carteles” es desmentida por las acciones judiciales del gobierno nicaragüense contra grandes figuras del narcotráfico que les ofrecen servicios de transporte a las organizaciones criminales transnacionales.

Un claro ejemplo de ello es el caso de Amauri Carmona Morelos, un presunto narcotraficante que supuestamente ingresó a Nicaragua grandes cargamentos de cocaína colombiana por diversos puntos a lo largo de la costa Caribe nicaragüense durante varios años. Carmona fue detenido este año y enfrenta actualmente un juicio secreto en Nicaragua por cargos de narcotráfico, homicidio, tráfico de armas y lavado de dinero.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Nicaragua

Otros casos, como la investigación sobre Francisco Zeledón y el enjuiciamiento de Ted Hayman —supuestos narcotraficantes acusados de transportar drogas por la costa Caribe con la complicidad de funcionarios locales— también demuestran que las redes criminales nicaragüenses han utilizado la violencia y la corrupción para proteger y expandir sus operaciones, como los carteles y las pandillas a los que Avilés se ha referido.

Nicaragua asegura que en el país no hay ‘carteles’, pero la evidencia demuestra lo contrario

Las autoridades de Nicaragua están presumiendo de los logros en su labor antinarcóticos, señalando que mediante ésta han logrado mantener a los “carteles” fuera del país. Pero una serie de juicios contra presuntos jefes criminales demuestran que, de hecho, hay grandes y sofisticados grupos de narcotraficantes operando en el país centroamericano.

El general Julio César Avilés, alto funcionario del ejército de Nicaragua, señaló las más recientes estadísticas de incautación de drogas por parte de las fuerzas armadas como evidencia de los logros de las fuerzas de seguridad al mantener el tráfico bajo control, según informó la prensa local el 2 de septiembre.

Avilés dijo que el ejército había confiscado más de 2,5 toneladas métricas de drogas, en su mayor parte cocaína, entre septiembre de 2016 y agosto de 2017. Esa cantidad es ligeramente inferior a lo que el ejército nicaragüense informó que había confiscado en su Resumen Anual de Operaciones 2016, publicado a principios de este año, y es consistente con una tendencia general a la disminución en las incautaciones en los últimos años. (Vea el gráfico a continuación). 

Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), en los últimos años Nicaragua ha reportado menos incautaciones de cocaína anualmente que sus vecinos centroamericanos.

Avilés atribuyó los niveles relativamente bajos de violencia en Nicaragua a los logros del país en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

“En Nicaragua no tenemos carteles, no somos un país narcotraficante, y no tenemos pandillas que estén afectando a las naciones vecinas con su violencia”, dijo el alto funcionario castrense.

Análisis de InSight Crime

Como señala Avilés, en los últimos años Nicaragua no ha experimentado los mismos niveles de violencia relacionada con el narcotráfico que algunos de sus vecinos, y al interior de sus fronteras parecen existir menos operaciones criminales. Pero su aseveración de que en el país no operan “carteles” es desmentida por las acciones judiciales del gobierno nicaragüense contra grandes figuras del narcotráfico que les ofrecen servicios de transporte a las organizaciones criminales transnacionales.

Un claro ejemplo de ello es el caso de Amauri Carmona Morelos, un presunto narcotraficante que supuestamente ingresó a Nicaragua grandes cargamentos de cocaína colombiana por diversos puntos a lo largo de la costa Caribe nicaragüense durante varios años. Carmona fue detenido este año y enfrenta actualmente un juicio secreto en Nicaragua por cargos de narcotráfico, homicidio, tráfico de armas y lavado de dinero.

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Otros casos, como la investigación sobre Francisco Zeledón y el enjuiciamiento de Ted Hayman —supuestos narcotraficantes acusados de transportar drogas por la costa Caribe con la complicidad de funcionarios locales— también demuestran que las redes criminales nicaragüenses han utilizado la violencia y la corrupción para proteger y expandir sus operaciones, como los carteles y las pandillas a los que Avilés se ha referido.

Nicaragua enjuicia discretamente a sospechoso narcotraficante

Las autoridades de Nicaragua están enjuiciando discretamente a una importante figura del hampa de la costa Caribe del país, lo que pone de relieve el importante pero a menudo subestimado papel de la zona en la cadena del tráfico internacional de cocaína.

Amauri Carmona Morelos, también conocido como José Alberto Ruiz Cano y Amaury Paudd, está siendo enjuiciado por cargos de narcotráfico a nivel internacional, homicidio, porte ilegal de armas, blanqueo de capitales y lesiones en perjuicio del Estado de Nicaragua y de miembros del ejército y la policía nacional, según informó La Prensa el 27 de agosto.

Se cree que el presunto traficante, quien fue capturado en febrero de este año, envió cocaína colombiana desde la isla de San Andrés a diversos puntos en la costa Caribe de Nicaragua. También se cree que Carmona participó en el año 2009 en una violenta emboscada contra decenas de miembros de las fuerzas de seguridad, con la ayuda de la comunidad local, en la remota zona costera de Walpasiksa, en Nicaragua, donde había establecido una base de operaciones.

VEA TAMBIÉN: Perfil de Amauri Carmona Morelos

Las autoridades nicaragüenses han proporcionado poca información sobre el caso de Carmona. Según informó La Prensa en febrero, su arresto fue confirmado por su abogado varias semanas después de que se produjo, pero la policía se negó a comentar públicamente sobre la captura. Con base en información de fuentes “anónimas no oficiales”, el medio de noticias nicaragüense señaló que el traficante pudo haber sido detenido en Honduras, donde también operaba, y discretamente lo entregaron a las autoridades nicaragüenses sin el consiguiente debido proceso.

La discreción con la que se ha manejado su enjuiciamiento, realizado a puertas cerradas, añade más misterio en torno a esta figura criminal, quien cargaba una identificación nicaragüense, pero también se ha dicho que procedía de Colombia, Honduras e incluso Perú. Lo que sí es seguro es que sus vínculos con el archipiélago de San Andrés, Colombia, datan desde hace mucho tiempo. En el año 2000, Carmona hizo parte de la tripulación de un barco en el cual la policía de San Andrés encontró varios kilos de cocaína. Sin embargo, todos los cargos relacionados con el incidente le fueron retirados al año siguiente.

Análisis de InSight Crime

El caso de Carmona es ilustrativo del importante pero a menudo subestimado papel de la costa Caribe nicaragüense en la cadena del tráfico internacional de cocaína.

Como InSight Crime informó en una investigación especial, dicha costa ha estado ofreciendo importantes servicios logísticos, como el apoyo a los cargamentos de cocaína que cruzan por vía marítima hacia el norte. Los capos locales como Carmona normalmente utilizan áreas remotas con poco o ningún acceso por tierra, para almacenar las drogas y esperar las operaciones navales, y para reparar y reabastecer de combustible a las lanchas que se utilizan para el tráfico de cocaína.

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Además de sus características naturales, la dinámica socioeconómica ha convertido a la costa Caribe de Nicaragua en un terreno fértil para las operaciones de tráfico. Las poblaciones indígenas viven en condiciones de pobreza en áreas que en general carecen de la presencia o de los servicios del Estado, y ciertas comunidades no tienen confianza en las autoridades federales, debido a los conflictos con el gobierno del presidente Daniel Ortega, que se remontan a la década de los ochenta. Esto proporciona un entorno ideal para el reclutamiento por parte de los grupos del crimen organizado, y les permite realizar sus operaciones en el área sin mayores obstáculos.

Desarticulan red de trata de personas en Panamá

Un tribunal de Panamá ha declarado culpables y condenado a tres nicaragüenses de una red de trata de personas que se dedicaba a la explotación laboral de sus víctimas, un signo prometedor en una región que tiene dificultades para combatir esta actividad ilegal.

El 13 de julio, un tribunal de Panamá condenó a los tres nicaragüenses a 15 años de prisión, por dirigir en el país una red de trata de personas dedicada a explotar la mano de obra de once conciudadanos nicaragüenses, informó El Nuevo Diario.

Según el medio de noticias, una de las integrantes del grupo, Rosa María Ortega Rivera, era supuestamente la encargada de comprar boletos de avión de ida y regreso para los trabajadores y de proporcionarles US$500, la cantidad mínima que los turistas necesitan para entrar a Panamá.

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Debido a sus necesidades económicas, el grupo de trabajadores supuestamente llegó a Panamá proveniente de Nicaragua, pues se les había prometido un trabajo y un sueldo mensual de US$600. Pero, según El Nuevo Diario, tras su llegada en octubre de 2013, estas personas fueron obligadas a trabajar largas horas sin recibir ningún salario y a dormir en una fría y sucia bodega, con poca alimentación.

La condena se produce cuatro años después de que algunos de los trabajadores presentaron una denuncia ante las autoridades panameñas en 2013.

Análisis de InSight Crime

Esta condena es una señal prometedora. En los últimos dos años, las autoridades de Panamá han desmantelado 14 organizaciones de tráfico de personas, llevando 24 traficantes y ocho de sus líderes ante las autoridades, según estadísticas de la Comisión Nacional Contra la Trata de Personas en Panamá.

Como región, Latinoamérica enfrenta dificultades para combatir la trata de personas y la explotación laboral. Sólo cuatro países de la región —Guyana, las Bahamas, Colombia y Chile— cumplen con los estándares descritos en el informe de 2017 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Trata de Personas (TIP por sus iniciales en inglés).

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre la trata de personas

La red desmantelada recientemente es también una señal de que las tendencias de la trata de personas en la región pueden estar cambiando. Las víctimas de la trata de personas por lo general han migrado hacia el norte, a Europa y Estados Unidos. Pero la trata entre los países del sur está aumentando. En otro caso reciente, en el año 2016 varios niños bolivianos fueron supuestamente llevados al sur, a Argentina, para ser explotados en fábricas y talleres.

Narcotraficantes destruyen grandes extensiones de selva centroamericana: informe

Un nuevo estudio estima que hasta el 30 por ciento de la deforestación total en tres países centroamericanos es causada por el tráfico de cocaína. Un idicador de la relación entre el deterioro ambiental y el negocio de la droga en Latinoamérica. El estudio, publicado en la revista Environmental Research Letters, afirma que el narcotráfico puede representar del 15 al 30 por ciento de la deforestación en Honduras, Guatemala y Nicaragua. Al contrario de los países productores de drogas en Suramérica, donde suelen talarse los bosques para cultivar coca, los narcotraficantes centroamericanos suelen convertir los bosques en pastizales para lavar dinero, declara el estudio. “A medida que los estupefacientes viajan hacia el norte, su valor aumenta y los traficantes y carteles buscan formas de trasladar ese dinero a la economía legal”, contó a The Guardian el autor principal del informe, Steven Sesnie. “Comprar bosques y convertirlos en tierra para labores agrícolas es una de las principales formas en que hacen esto”. Sesnie señaló que a lo largo de la última década se deforestaron millones de acres siguiendo ese método. Los autores usaron un “análisis espacio-temporal” para establecer el vínculo entre los flujos de cocaína y la pérdida de bosques en un total de seis países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Hallaron la conexión más fuerte entre el narcotráfico y “pérdida forestal anómala” en Honduras y Nicaragua, y la más débil, en Guatemala y Panamá. El estudio representa el primer análisis a gran escala de cómo el narcotráfico, en oposición al cultivo de drogas, tiene un impacto en la deforestación, según los autores.

Análisis de InSight Crime

El estudio ofrece un análisis cuantitativo poco común de cómo el narcotráfico es causante directo del daño ambiental en Latinoamérica. Un estudio académico, publicado en 2014, halló que el narcotráfico desempeña un rol importante en la deforestación en Centroamérica. Los autores del estudio de 2014 hallaron que los narcotraficantes despejaban el terreno para construir carreteras y pistas de aterrizaje clandestinas, además del lavado de dinero. Pero la relación entre el crimen organizado y la deforestación no es uniforme a lo largo de la región. La pérdida forestal se ha asociado al cultivo de coca en Colombia, mayor productor mundial de cocaína. En Brasil, en contraste, las organizaciones criminales talan y queman selva en el Amazonas para vender la tierra a criadores de ganado y agroindustrias. La tala ilegal también es una gran industria en Brasil, hasta con 80 por ciento de la industria maderera del país.

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La débil vigilancia del Estado y las enormes ganancias que los grupos criminales pueden obtener de la explotación de los recursos naturales son los hilos comunes que se mueven en todos estos casos. Hace poco Brasil suavizó varias leyes relativas a la conservación forestal, lo que probablemente puede facilitar que los grupos criminales saqueen el Amazonas con impunidad.

Líder indígena en Nicaragua afirma que taladores ofrecen armas por madera

Un líder indígena en Nicaragua ha dicho que los taladores ofrecen armas a su comunidad a cambio de talar ilegalmente los bosques que hay en su territorio, un ejemplo más de cómo las comunidades indígenas en Latinoamérica pueden verse envueltas en el crimen organizado. “Hay un peligro, una cosa más grave engañando a la gente, (le dicen) ‘usted tiene problemas deme la madera 1.500 metros cúbicos, nosotros les vamos a facilitar armas para que ustedes peleen con los colonos'”, denunció Hilario Thompson, representante del partido indígena Yatama, en entrevista con La Prensa. Los “colonos” son personas que ocupan las tierras nativas sin autorización. Según Thompson, unas 5.000 hectáreas de bosque ubicadas en territorio indígena han sido explotados ilegalmente por los madereros. Thompson dice que el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) es cómplice en este fenómeno.

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La lucha por tierras indígenas dio lugar al derramamiento de sangre a comienzos de este año. En enero, dos colonos fueron asesinados y cinco más secuestrados durante confrontaciones en una de las regiones indígenas autónomas del país.

Análisis de InSight Crime

La apropiación de tierras y el tráfico de madera en territorio indígena son un problema de siempre en Nicaragua, que puede agravarse por la corrupción o la ausencia de los funcionarios gubernamentales. Pero enfrentamientos similares entre comunidades indígenas y el crimen organizado son extremadamente comunes en muchos otros lugares de Latinoamérica, con consecuencias muchas veces trágicas para las poblaciones locales. En toda la región, los grupos indígenas se ven amenazados por organizaciones criminales que pretenden explotar los recursos naturales que hay en sus tierras. Los Wounaan en Panamá han documentado la deforestación y la contaminación de sus vías fluviales causadas por la tala ilegal y la ganadería. La minería ilegal de diamantes también ha causado estragos en territorios pertenecientes a los Cinta Larga de Brasil. Y en México, activistas dicen que la exposición de los pueblos indígenas a los químicos usados en los cultivos de amapola y marihuana pueden ser los responsables del aumento en casos de cáncer entre niños indígenas.

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Por supuesto, algunas comunidades indígenas son cómplices en estos esquemas delincuenciales. En Venezuela, en solo un año se procesó judicialmente a 50 miembros de la comunidad Warao por delitos relacionados con contrabando de drogas y combustible. Documentos oficiales de Estados Unidos filtrados por Wikileaks en 2012 también señalaban que grupos indígenas en Nicaragua podían estar implicados en narcotráfico.