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Principales casos e investigaciones sobre corrupción en Odebrecht en 2019

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Desde que comenzó en Brasil con la “Operación Lavado de Autos” (“Operação Lava Jato”) en 2014, el escándalo de corrupción en Odebrecht ha ocupado los titulares en toda Latinoamérica. Presidentes, legisladores y grandes empresarios han sido acusados y encarcelados en toda la región. En este informe, InSight Crime presenta un resumen de las investigaciones o juicios contra prominentes personalidades en América Latina y el Caribe.
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México México ha sido lento en lo que tiene que ver con el escándalo de Odebrecht. El único nombre importante que ha surgido en las investigaciones sobre el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica ha sido el de Emilio Lozoya Austin. El expresidente de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto es acusado de dirigir un esquema de corrupción mediante empresas fantasma entre 2012 y 2016. Además, la fiscalía mexicana cree que Lozoya Austin utilizó los jugosos sobornos recibidos de Odebrecht para financiar las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluida la de Peña Nieto. Muchos mexicanos creen que la ausencia de rendición de cuentas y de juicios por parte del gobierno federal fue una manera utilizada por la administración anterior y la actual para proteger a quienes estaban involucrados con Odebrecht.  En un país con altos niveles de impunidad, falta ver si este caso conducirá eventualmente a investigaciones más amplias. En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que la investigación sobre Odebrecht continuaría, por lo que es posible que pronto comiencen otras investigaciones. República Dominicana Las audiencias preliminares sobre Odebrecht han ocupado los titulares en República Dominicana en las últimas semanas. Con una corrupción rampante, el país caribeño investiga actualmente a siete personas que al parecer recibieron más de US$92 millones en sobornos de la gigante constructora brasileña. Dos nombres que sobresalen en las investigaciones son el actual senador Tommy Galán y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Ambos son miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que se está preparando para las elecciones presidenciales de 2020.  Una sentencia de culpabilidad podría empañar la imagen del partido y obstaculizar sus posibilidades de continuar en el poder, pues el actual presidente, Danilo Medina, también es miembro del PLD. El Salvador El expresidente Mauricio Funes está siendo investigado por la presunta malversación de US$351 millones. Se sospecha que Odebrecht le pagó entre US$1 y 3 millones al exmandatario durante la campaña presidencial de 2009. Funes, presidente del país entre 2009 y 2014, también enfrenta una investigación judicial por supuestamente comprar diputados con el fin de obtener votos favorables en la Asamblea Legislativa durante su presidencia. El expresidente tiene cuatro órdenes de captura en su contra por casos de corrupción. Actualmente reside en Nicaragua, protegido por el asilo político otorgado por el presidente Daniel Ortega. Sin embargo, el portavoz del presidente electo Nayib Bukele anunció que el gobierno comenzará a hablar con Nicaragua para exigir la deportación de Funes. Guatemala La investigación que actualmente adelanta Guatemala sobre Odebrecht se centra en el exministro de Infraestructura Alejandro Sinibaldi, quien se encuentra prófugo. La Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sostienen que Sinibaldi dirigió una estructura criminal dentro del Ministerio de Comunicaciones. Sinibaldi tiene una orden de allanamiento de Interpol, y otras ocho personas estrechamente relacionadas con él están siendo buscadas por las autoridades, entre ellas sus hermanos Álvaro y Luis Rodrigo Sinibaldi. Otra importante figura que está siendo investigada en Guatemala es el excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien fue arrestado en Estados Unidos en enero de 2018. Baldizón es acusado de supuestamente recibir sobornos de funcionarios de Odebrecht para ayudarles a obtener contratos de obras públicas en el país centroamericano. Tras un fallido intento de obtener asilo en Estados Unidos, Baldizón decidió retirar su solicitud y está pendiente de la extradición a Guatemala. En Guatemala se presentó una crisis constitucional después de que el presidente Jimmy Morales decidiera expulsar a la CICIG del país, una medida que generó fuertes reacciones a nivel nacional e internacional. Dada la ausencia de la CICIG, la última audiencia de Sinibaldi y Baldizón fue suspendida y reprogramada para el 27 de febrero de 2019. Falta ver qué impacto tendrá la actual crisis con la CICIG en el futuro del caso.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero Panamá El expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra bajo arresto, y varias personas cercanas a su presidencia, están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht. La fiscalía panameña señala que entre 2009 y 2014, periodo de la presidencia de Martinelli, se asignaron recursos por más de US$96 millones para proyectos de infraestructura, como mejoras viales en Chanis, la ampliación del aeropuerto de Tocumen, la renovación urbana de Curundú, mejoras en la Línea 1 del Metro, y muchas otras. En consecuencia, la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá inició una investigación contra el exministro de Economía Frank de Lima, acusado de recibir por lo menos US$7 millones en pagos indebidos. Otra importante figura que está siendo investiganda actualmente es el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña y de inflar los costos del proyecto de la autopista Arraijan-La Chorrera con fines ilícitos. Colombia En Colombia, Odebrecht pagó al menos US$32,5 millones en sobornos para obtener los contratos de construcción de la autopista Ruta del Sol y otros proyectos de infraestructura. El exsenador Otto Nicolás Bula Bula, quien fue condenado a dos años de prisión por recibir sobornos, ha sido el principal testigo del gobierno para esclarecer el esquema de sobornos. La investigación ha involucrado a varios funcionarios del gobierno durante las administraciones de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, entre ellos el exsenador Bernardo Miguel Elías. El Fiscal General de la nación, Néstor Humberto Martínez, también ha sido objeto de atención recientemente, después de que el auditor Jorge Enrique Pizano revelara grabaciones secretas en las que hablaba de irregularidades contractuales con Martínez, quien en ese momento se desempeñaba como abogado de Corficolombiana, una empresa socia de Odebrecht. Las grabaciones de las conversaciones de Pizano con Martínez salieron a la luz en una entrevista de televisión. Pizano, quien sufría de cáncer y finalmente murió a causa de un ataque cardíaco, proporcionó la entrevista con la condición de que solo se difundiera tras su muerte. El conflicto de intereses de Martínez no se detiene allí. También fue asesor legal de Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia y fundador del conglomerado Grupo Aval, uno de los propietarios de Corficolombiana que, según Reuters, está cooperando actualmente en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ecuador El caso de Odebrecht en Ecuador ilustra una elaborada estructura de corrupción durante la presidencia de Rafael Correa. Su amigo de infancia, el exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra cumpliendo una pena de prisión por el escándalo de corrupción, ha sido acusado por Luis Mameri, vicepresidente de Odebrecht en Latinoamérica, de aceptar más sobornos de los que se conocieron inicialmente, mediante una empresa llamada Glory International. En septiembre de 2018, la Fiscalía General de Ecuador inició una investigación preliminar contra ocho personas por supuestamente involucrarse con el crimen organizado como parte del esquema de corrupción de Odebrecht. Entre las personas investigadas se encuentra el expresidente Rafael Correa, quien actualmente reside en Bélgica, donde está solicitando asilo político. Además, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera; el exministro del Interior, José Serrano, y el exprocurador general Diego García también están siendo investigados por su papel en el proyecto hidroeléctrico San Francisco. La Fiscalía General de Ecuador anunció recientemente que otras 11 investigaciones preliminares estarían enfocadas en Rafael Correa, Alexis Mera y Jorge Glas. Este anunció concreta los esfuerzos de Ecuador para castigar a los involucrados en este escándalo de corrupción.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre élites y crimen organizado Perú Decir que el escándalo de Odebrecht ha sacudido la clase política de Perú sería poco. María Sokolich, la nueva fiscal general de Perú tras la polémica renuncia de Pedro Chávarry, se encuentra al frente de la investigación sobre algunos de los principales políticos que ocupan o han ocupado los más altos cargos del país. El actual presidente, Martín Vizcarra está siendo investigado por presuntos vínculos entre la empresa de su propiedad y Odebrecht entre 2006 y 2008. Su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, tiene una investigación en su contra —que lo obligó a dimitir en marzo de 2018— por presuntas consultorías que su empresa, Westfield Capital, le ofreció a Odebrecht entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007. El expresidente Alan García, a quien se le negó una solicitud de asilo en Uruguay después de que las acusaciones salieron a la luz, está acusado de recibir sobornos durante la construcción del Metro de Lima. Los otros dos exmandatarios que están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos son Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Se espera que en el mes de marzo el exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, dé una declaración sobre este tema en Brasil. El testimonio de Barata podría conmocionar nuevamente a la nación andina. Recientemente, Odebrecht ha anunciado que cooperará con el gobierno peruano. Sus antiguos ejecutivos en el país serán entrevistados próximamente, lo que puede conducir a nuevas revelaciones.
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Argentina La investigación de Odebrecht en Argentina amenaza a decenas de altos exfuncionarios relacionados con proyectos de obras públicas durante las presidencias de Néstor Carlos Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Las investigaciones más sobresalientes son las de Julio de Vido y Daniel Cameron. Julio de Vido, exministro de Planificación durante la administración de Fernández, se entregó a las autoridades en octubre de 2018. De Vido es acusado de hacer parte del escándalo de “Obras Viales”, que involucra la supuesta malversación de fondos públicos a través de procesos de licitación para obras viales en la provincia de Santa Cruz, así como otros proyectos de infraestructura a su cargo. Por su parte, el exministro de Energía, Daniel Cameron, está siendo investigado como parte de un caso conocido como “Skanska II”, donde las irregularidades en la expansión de los gasoductos en el país se han relacionado con un esquema de corrupción con la colaboración de Odebrecht. Sin embargo, el nivel de corrupción durante las administraciones de los Kirchners es más profundo. Según algunos informes, otros 14 empresarios y cinco exempleados también están siendo investigados por múltiples actividades ilícitas en cooperación con la constructora brasileña. Bolivia La historia de los ventajosos negocios de Bolivia con empresas brasileñas se remonta a 1987, año en el que el entonces ministro de Energía, Carlos Morales Landívar, fue acusado de utilizar su influencia política para favorecer a la empresa brasileña Andrade Gutiérrez. Y ahora Landívar es acusado de haber estado involucrado en 2003 con Camargo Correa —una de las 13 principales empresas en Brasil investigadas en el caso Lavado de Autos— cuando fue ministro de Servicios y Obras Públicas. Sin embargo, los nombres vinculados directamente al caso Odebrecht son Carlos Mesa, expresidente y aspirante presidencial en 2019, y su sucesor, Eduardo Rodríguez Veltzé, exjefe de Estado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ambos están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht durante sus presidencias, entre 2003 y 2006. La investigación en torno a Mesa podría desempeñar un papel crucial en las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre. La eventual condena de Mesa podría allanar el camino para la reelección de Evo Morales. Brasil En Brasil, en los últimos cinco años, más de 77 ejecutivos de la compañía han llegado a acuerdos de culpabilidad, una presidenta fue suspendida de sus funciones, otro expresidente está actualmente en la cárcel, y su sucesor también está siendo investigado como resultado del escándalo de Odebrecht. Este es solo un breve panorama del gran impacto que ha tenido el caso Lavado de Autos en el país más grande de Suramérica. El 6 de febrero, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra actualmente cumpliendo una pena, fue acusado de cargos adicionales que añadirían 13 años más a su condena actual. A Lula se le acusa de recibir dineros ilícitos durante su mandato de 2003 a 2010. Además de Lula, otras personas de su círculo cercano han sido acusadas y arrestadas por corrupción. Una de esas personas, Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados, ha estado en prisión desde 2016. Cunha es acusado de recibir un soborno de US$5 millones. Sin embargo, a pesar de su arresto actual, la fiscalía brasileña ha imputado cargos adicionales en su contra. Por su parte, Aécio Neves, exgobernador y candidato presidencial en 2014, es acusado de haber recibido sobornos a cambio de ofrecer apoyo a legislaciones que favorecían obras que eran del interés de Odebrecht cuando él ejercía como gobernador del estado de Minas Gerais. La investigación en torno a Neves está en curso mientras él mantiene una curul en el senado en representación de Minas Gerais. Por último, el expresidente Michel Temer (2016-2018) ha llamado la atención de los titulares, pues la policía federal de Brasil ha solicitado que se le impute por soborno y lavado de capitales. Según los funcionarios, mientras fue vicepresidente en 2014, Temer y su Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB) recibieron más de US$2 millones de Odebrecht. Ahora que Sérgio Moro, quien estuvo encargado de liderar la investigación Lavado de Autos, es el nuevo ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, la atención se centrará en la nueva legislación que ha propuesto para combatir la corrupción.

Funcionarios de Panamá implicados en red de tráfico de armas

Las autoridades de Panamá solicitaron ayuda a Estados Unidos en la investigación de una red internacional de tráfico de armas en la que podrían haber participado exagentes de seguridad, lo que lleva a preguntarse por el rol del país en el tráfico regional de armamento. Fiscales de Panamá solicitaron la participación de dos asistentes judiciales estadounidenses en una investigación por tráfico internacional de armas que implica a varios exfuncionarios de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) del país centroamericano, según una nota de La Prensa publicada el 12 de octubre. Las autoridades investigan a nueve personas, ocho de las cuales son exagentes de la DIASP, por su presunto rol en la importación de 100 armas a Panamá después de su adquisición en Estados Unidos, según varios comunicados oficiales de la Fiscalía General de la Nación. Recientemente se prolongó la investigación seis meses con el fin de “analizar” si el director de la DIASP, Ovidio Fuentes, también estaba involucrado en la red, informó La Prensa. Fuentes ha sido suspendido temporalmente de la DIASP, mientras la investigación avanza.

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Hasta el momento, los fiscales han podido recuperar por lo menos 40 de las armas importadas a Panamá desde Estados Unidos, entre las que se cuentan un rifle de asalto AR-15 y varias granadas, según La Prensa. La red supuestamente compró las armas por un valor de entre US$149 y US$540 por unidad en Estados Unidos, antes de venderlas a comerciantes locales no identificados en Panamá con un sobreprecio de entre US$5.500 y US$7.500. Los fiscales alegan que las armas se adquirieron entre 2016 y 2017. Pero supuestamente las armas tenían licencias para 2012, lo que indica que la información fue alterada por funcionarios de la DIASP, quienes son responsables de expedir las licencias y certificaciones indicadas para armas de fuego importadas, según la ley de 2012 que regula las armas de fuego. La ley de 2012 también estipula que solo personal de seguridad autorizado puede importar armas de fuego a Panamá.

Análisis de InSight Crime

La reciente investigación por tráfico de armas suscita más preguntas que respuestas. El país ha sido conocido como un paraíso para el lavado de dinero que han usado grupos criminales de toda la región, incluyendo el notorio cartel de Medellín en Colombia, para lavar miles de millones de dólares en ganancias criminales, más que como un destino final para armas de fuego de contrabando.

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Las armas, provenientes especialmente de Estados Unidos, siguen siendo un motor de la violencia en Latinoamérica. Pero Panamá se ha mantenido de manera consistente como uno de los países de la región con las tasas de homicidios más bajas, lo que indica que las armas de fuego importadas al país puede haberse trasladado a otro país. En efecto, Centroamérica ha sido una región clave de suministro y tránsito para las armas de fuego ilegales que se mueven hacia países de Suramérica, como Colombia, según un informe publicado en 2006 por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) sobre tráfico de armas en Colombia. En particular, la ONUDD halló que Panamá actúa como el “principal puerto de entrada” para las armas de fuego ilícitas procedentes de Estados Unidos y Centroamérica en tránsito hacia el país andino, debido a su condición de puerto franco y a su estratégica ubicación geográfica en límites con Colombia.

Nueva ley de Panamá busca reducir su estigma como paraíso de los dineros sucios

Con la aprobación de nuevas normativas, Panamá está tratando de limpiar su imagen como paraíso de los delitos financieros, pero este proceso tiene falencias porque no aborda ciertos vacíos en las políticas del país y en los procedimientos criminales contra uno de sus expresidentes. El 11 de junio, Panamá aprobó el Decreto Ejecutivo 122, que le exige al país compartir automáticamente con 33 países, sobre todo de Europa, la información financiera relacionada con impuestos. La medida se adhiere a las normas internacionales de información establecidas por el Acuerdo Común de Reporte (CRS por sus iniciales en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aprobadas en Panamá en 2016. Según La Estrella de Panamá, la medida afecta a ciertas entidades privadas y públicas, así como a las instituciones financieras.

Análisis de InSight Crime

Panamá ha sido utilizado durante mucho tiempo para la evasión de impuestos y el lavado de dinero de las élites de todo el mundo, como lo reveló el escándalo de los Papeles de Panamá en 2016. Si bien en los últimos años el país ha hecho avances para reducir este estigma mediante nuevas leyes que promueven la transparencia, no ha enfrentado algunos de los problemas fundamentales que subyacen a los crímenes financieros. Las positivas medidas tomadas por Panamá se han dado en gran medida como respuesta a la presión internacional por parte de entidades como la OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que entre 2014 y 2016 incluyó al país en su lista internacional de vigilancia del blanqueo de dinero. A pesar de estas iniciativas, Panamá no ha abordado algunos de los más importantes vacíos en las políticas, los cuales son aprovechados por los delincuentes. Las regulaciones para las empresas anónimas —que benefician a los lavadores de dinero y los evasores de impuestos, pues permiten el establecimiento de compañías fachada sin necesidad de revelar la identidad de sus dueños— siguen teniendo limitaciones. Además, las laxas leyes relativas a la inspección de buques con bandera panameña continúan facilitando la evasión de impuestos y otros delitos. Otro asunto que empaña los intentos de Panamá por mejorar su imagen es el caso de espionaje adelantado actualmente contra el expresidente Ricardo Martinelli. Algunas fuentes afirman que el actual presidente Juan Carlos Varela —quien fue vicepresidente de Martinelli— hizo parte de su esquema. Este caso pone de presente que la corrupción en los altos niveles sigue debilitando el Estado de derecho en Panamá, y por consecuencia los intentos de una seria reforma a sus normativas.

Informe destaca los retos de Panamá en el combate al lavado de dinero

Un reciente informe indica que a pesar de que las autoridades de Panamá han hecho avances en el combate al lavado de dinero, las legislaciones todavía permiten que el país sea un destino atractivo para blanquear los ingresos de actividades ilícitas. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) publicó los resultados de una visita que realizó a Panamá en mayo 2017, en la que evaluó la situación del país en materia de combate al lavado de activos y financiación al terrorismo. GAFILAT concluyó que Panamá es más vulnerable a los flujos de fondos ilícitos que provienen del exterior del país que a los que vienen del interior. El narcotráfico, el contrabando y otras actividades relacionadas al crimen organizado son los principales orígenes de estos activos. El informe calificó el desempeño de las autoridades panameñas para combatir el lavado de activos como bueno en términos generales, pero resalta que todavía hay varias deficiencias. Las principales son la prevención e investigación del lavado de activos y la generación de inteligencia financiera. Con respecto al primer factor, el mayor reto para las autoridades es que los delitos financieros no están tipificados como factores determinantes para el lavado de activos. Es decir, que el ingreso de grandes cantidades de activos al país no es considerado durante las evaluaciones de riesgo de lavado de dinero. Esto afecta la prevención e investigación de este delito, ya que dificulta que diversas autoridades puedan cooperar para rastrear los activos o para decomisarlos. Por otro lado, GAFILAT destaca que los sectores vulnerables a la recepción de activos ilícitos son las zonas de libre comercio, el sector bancario e inmobiliario, pero sobre todo los servicios societarios. A pesar de que se han creado leyes para transparentar la creación de sociedades y así evitar el lavado de activos, no hay evidencia de que éstas hayan sido eficientes. Al momento de la visita, GAFILAT contabilizó al menos 729.795 sociedades panameñas consideradas como de “alto riesgo” a ser partícipes en el lavado de activos. El grupo encontró que la supervisión de éstas es baja y no ha habido sanciones en su contra. En términos de inteligencia financiera, la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF) es la responsable de reportar operaciones sospechosas al Ministerio Público (MP) y otras autoridades competentes. Sin embargo, a pesar de que la UAF tiene acceso a una alta gama de información, GAFILAT encontró que los informes producidos son pocos y no pudo confirmar si éstos respaldan las operaciones de las autoridades.

Análisis de InSight Crime

Históricamente, Panamá ha sido el centro de lavado de dinero en Latinoamérica. Desde grupos criminales que inyectan dinero sucio a instituciones legítimas hasta políticos que ocultan riquezas provenientes de la corrupción. En 2014, Panamá fue incluído en la “lista gris” de GAFI, la cual incluye a países que no están haciendo lo suficiente para combatir el lavado de dinero. Durante 2015, el gobierno panameño se comprometió a salir de la lista y deshacerse de su reputación como centro de lavado de dinero. Para esto, creó legislaciones para supervisar y controlar la banca, así como para mejorar los reportes de operaciones sospechosas. También incluyó varias de las recomendaciones que GAFI le hizo en ese momento. En 2016, logró salir de dicha lista, pero escándalos como el de “Los Papeles de Panamá”  revelaron que todavía había un largo camino por recorrer.  El año pasado, la GAFI dijo que volvería a incluir al país en su lista gris si no cumplía con ciertos requisitos, como la tipificación del delito de evasión fiscal.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero

Para Panamá ha sido difícil combatir el lavado de activos a pesar de los grandes avances que las autoridades han hecho. Como InSight Crime ha reportado en años anteriores, esto se debe en parte a la manera en la que está formado su modelo económico. Los mismos factores que han contribuido al crecimiento del país (como las laxas regulaciones financieras que permiten mayores inversiones), también son los que han permitido que los grupos criminales blanqueen sus activos con facilidad. Como le dijo en 2015 a InSight Crime Orlando Pérez de la Universidad de Millersville: “El lavado de dinero se presenta en países con sistemas bancarios bastante abiertos o liberales. Y el modelo económico de Panamá depende de una economía abierta… y de la posibilidad que tienen los inversionistas de traer su dinero sin una cantidad significativa de regulaciones y barreras”.

Incautaciones de cocaína con rumbo a Europa señalan nuevas posibilidades para traficantes de Colombia

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Las recientes incautaciones de grandes cantidades de cocaína en España, Portugal y Ecuador ilustran los canales de envío de la droga hacia Europa que se han convertido en una parte importante de las operaciones de los narcotraficantes de Colombia, y que podrían representar nuevas y lucrativas oportunidades para su progreso en la cadena de suministro de la droga. El 17 de enero, las policías de España y Portugal anunciaron la incautación de 745 kilogramos de cocaína, como parte de una operación contra una red de tráfico internacional de drogas que opera en ambos países. Los informes de prensa indican que la red estaba dirigida por colombianos. El grupo presuntamente traficaba cocaína colombiana en contenedores que iban de Panamá hacia Portugal, y estaba tratando de importar 355 kilos de cocaína oculta en piñas a las que se les había vaciado su contenido. Según la policía, la red llevaba la droga a una vivienda de seguridad en Barcelona, y luego la trasladaban a varias propiedades en Madrid, que eran utilizadas como “laboratorios”, presumiblemente para separar la cocaína, y a puntos de distribución por toda la ciudad. La policía arrestó a nueve personas, entre ellas al menos a tres colombianos y un venezolano, y se cree que dos hermanos colombianos eran los presuntos cabecillas. También confiscaron 400.000 euros (US$490.000), dos prensas hidráulicas, básculas de precisión, tres envasadoras y documentación relacionada con empresas de importación de fruta, según informó el diario catalán La Vanguardia. VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre el crimen organizado europeo En Ecuador, por otra parte, el Ministerio del Interior anunció la incautación de 1,45 toneladas métricas de cocaína ocultas en un contenedor de pescado congelado que estaba programado para salir del puerto de Guayaquil rumbo a Bélgica. Según la policía, la droga provenía de tres redes de tráfico colombianas. Los paquetes estaban identificados con diferentes imágenes: unos estaban marcados con la imagen del presidente de Rusia, Vladimir Putin, otros con una motosierra, y las demás con un toro. El medio de noticias ecuatoriano El Telégrafo informó que hasta el momento la policía ha detenido a una persona en relación con la incautación: el agente de aduanas que completó los documentos del cargamento.

Análisis de InSight Crime

En lo que tiene que ver con el mercado de cocaína más grande del mundo, las actuales redes de narcotráfico colombianas han cedido el papel de mayoristas a los carteles mexicanos, que son los que actualmente obtienen las mayores ganancias mediante el control del flujo de drogas en Estados Unidos, así como la distribución al por mayor en dicho país. Sin embargo, en los últimos años las redes colombianas han estado recuperándose poco a poco de este déficit en las ganancias del comercio de la droga mediante la búsqueda de otros mercados, en particular el europeo. Aunque se encuentra más distante de los centros de producción de drogas, Europa ofrece ventajas importantes en comparación con Estados Unidos: allí existe menos riesgo de incautación, hay poco interés en la extradición de narcotraficantes colombianos, y el precio por kilogramo es sustancialmente más alto. Las recientes incautaciones ponen de relieve dos importantes rutas de la cocaína colombiana hacia Europa. Por un lado, la cocaína producida en los departamentos de Putumayo, Nariño y Caquetá, ubicados al sur del país, suele cruzar la frontera con Ecuador, y de allí se distribuye desde los puertos, sobre todo del de Guayaquil, donde, según El Diario de Ecuador, la policía antinarcóticos decomisó 13,5 toneladas de cocaína el año pasado. Por su parte, la cocaína producida en el norte del país o en la costa Pacífica suele llegar inicialmente por tierra o mar a Panamá, para luego salir en los contenedores que van hacia Europa. VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Colombia Estas incautaciones también se relacionan con el aumento sustancial en el tamaño de los cargamentos enviados a Europa, que coincide con el drástico incremento en la producción de cocaína en Colombia. Como InSight Crime informó el año pasado, los funcionarios de todo el continente registraron un repentino aumento en el tamaño promedio de las incautaciones desde mediados de 2016; por ejemplo, los funcionarios de Bélgica observaron un aumento de un promedio de alrededor de 100 kg a 600 kg. Sin embargo, el aspecto más sobresaliente de las incautaciones recientes son las operaciones de la red liderada por colombianos en España, que incluyen no sólo la importación de cocaína en Europa, sino además la separación de los cargamentos y su distribución en las ciudades principales, en este caso Madrid. Esto contrasta con el patrón que en general utilizan los traficantes colombianos, que consiste en importar cocaína para luego entregársela a redes de crimen organizado europeo, en particular a la red de mafia italiana ‘Ndrangheta, para que se encarguen de su distribución. Aunque la red parece haberse dedicado a la distribución en España, surge una pregunta importante sobre las operaciones de los colombianos en Europa: ¿hasta qué punto pretenden llegar los colombianos en la cadena de distribución? Si bien la opción más segura y fácil consiste en entregar el producto a las redes europeas en los puntos de entrada al continente, es posible obtener enormes ganancias al separar los cargamentos y distribuirlos en los diferentes países. Al interior de Europa existen enormes diferencias en los precios. Por ejemplo, al pasar de los Países Bajos al Reino Unido, las ganancias pueden aumentar más del 60 por ciento por kilo. Incluso dentro de la zona Schengen de la Unión Europea, que se puede cruzar sin tener que atravesar fronteras en las que hay poca vigilancia, los precios pueden aumentar en cerca del 40 por ciento. Varios factores podrían facilitar los intentos de distribución intracontinental de los grupos colombianos. En primer lugar, organizaciones colombianas como Los Rastrojos, y más adelante Los Urabeños, han tenido cierto nivel de presencia armada en Europa, estableciendo “oficinas de cobro” en España, las cuales han sido vinculadas a secuestros y asesinatos. En segundo lugar, la abolición del requisito de visa para el ingreso de los colombianos a la zona Schengen permite que entrar y operar en Europa sea mucho más fácil. Por supuesto, existen límites para la expansión que los colombianos pretendan realizar, ya no les sería fácil pasar a territorios donde las redes de distribución son controladas por estructuras del crimen organizado ya establecidas y extendidas, como las mafias italianas y rusas. Sin embargo, todavía quedan varios territorios potencialmente rentables, que permitirían aumentar aún más las ya lucrativas ganancias en el continente europeo.

GameChangers 2017: Las élites reaccionan ante los logros de la lucha contra la corrupción

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Los escándalos de corrupción siguieron pululando en toda Latinoamérica a lo largo de 2017, no solo en la política, sino además en el sector empresarial, las fuerzas de seguridad, el poder judicial y hasta en los clubes deportivos. Pero las arraigadas élites han estado reaccionando ante el destape de las ollas podridas de la clase dirigente, lo que podría desatar enfrentamientos que serían decisivos para el futuro de la región. En el año 2017, no hubo prácticamente ningún ámbito de la vida latinoamericana que no hubiese sido afectado por los escándalos de corrupción. La revelaciones sobre lo profundo y sistemático de la corrupción en la región surgieron en especial a raíz de la investigación en torno a la firma brasileña Odebrecht y su modelo de negocio, mediante el cual la compañía realizó grandes sobornos con el fin de obtener lucrativos contratos. Durante todo el año, InSight Crime informó sobre dicha investigación, la cual involucró a personajes como el presidente de México, Enrique Peña Nieto; el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas; la candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori; el expresidente de Perú, Alejandro Toledo; el líder político venezolano Diosdado Cabello; varios funcionarios de República Dominicana, e incluso algunos exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y los investigadores predicen que habrá todavía más. Este año también continuó la tendencia de las investigaciones en torno a la corrupción de alcanzar a miembros cada vez más altos dentro de la cadena del poder político. Tanto el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, como el expresidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, fueron condenados por cargos de corrupción. La derrocada sucesora de Lula, Dilma Rousseff, fue acusada de corrupción y lavado de dinero; el actual presidente de Brasil, Michel Temer, fue acusado de obstrucción a la justicia y de asociación para delinquir; el exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli, fue arrestado por cargos de espionaje en Estados Unidos, y la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue acusada de blanqueo de dinero.       VEA TAMBIÉN: InDepth cobertura sobre élites y crimen organizado Las investigaciones también han permitido desvelar las abundantes redes de corrupción que interactúan con el crimen organizado para facilitar el narcotráfico y el lavado de dinero. Esto se ha dado especialmente en el Triángulo Norte, donde los testimonios ofrecidos por capos de la droga y por investigadores estadounidenses —así como las extensas investigaciones especiales de InSight Crime— han dejado al descubierto todo tipo de colusiones, en las que participan desde alcaldes municipales hasta las altas esferas de la política y el poder económico. Por otro lado, en Colombia los investigadores han empezado a descubrir otro sector clave para la corrupción en la región: los sistemas judiciales. Una investigación que comenzó con el arresto del exdirector de la unidad anticorrupción del país ha hecho rápidos avances, y ha demostrado que la Corte Suprema del país fue supuestamente un nodo clave en las redes de corrupción que obstruyeron los juicios de los jefes criminales. Ni siquiera el intocable campo del deporte latinoamericano ha salido ileso de las campañas de anticorrupción de 2017. En noviembre, InSight Crime informó sobre el inicio de las investigaciones por corrupción en torno a funcionarios del fútbol en la región, así como una nueva serie de acusaciones y alegatos sobre el papel de los medios. Al mes siguiente, el director del Comité Olímpico de Brasil fue detenido, acusado de sobornos. Sin embargo, las investigaciones y los enjuiciamientos solo dan cuenta de una parte de la corrupción en 2017. Este también fue un año en el que las élites corruptas empezaron a contraatacar. Ha habido muchas evidencias de esta tendencia, desde amenazas e intimidaciones a los fiscales panameños que trabajan en los casos de corrupción, hasta los intentos de los políticos paraguayos por revocar las leyes dirigidas a controlar los dineros criminales que corrompen la financiación de las campañas. Sin embargo, las reacciones más evidentes provienen de los dos países en donde las investigaciones contra la corrupción han hecho avances significativos: Guatemala y Brasil. En Guatemala continúan surgiendo evidencias de la corrupción rampante y de los vínculos criminales de la administración del expresidente Otto Pérez Molina, quien fue destituido y encarcelado en 2016, junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti y otros aliados políticos importantes. Sin embargo, la campaña anticorrupción no se detuvo allí, y el organismo internacional encargado de la investigación, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), enfocó su atención no solo en el sucesor de Pérez Molina, Jimmy Morales, sino además en los dos principales partidos de la oposición del país. El primero en reaccionar fue el presidente Morales, quien ha enfrentado crecientes acusaciones de corrupción en la financiación de su campaña y de vínculos con los narcotraficantes, acusaciones que comenzaron desde que ganó la presidencia, cuya campaña se basó en una plataforma de lucha contra la corrupción. En agosto, Morales declaró persona no grata al director de la CICIG, el colombiano Iván Velázquez. Aunque sus intentos de expulsar a Velásquez del país se vieron frustrados por los tribunales, Morales logró obtener la inmunidad frente a los enjuiciamientos, mediante una votación que se realizó en el Congreso.         VEA TAMBIÉN: Élites y crimen organizado en Guatemala Cuando la CICIG empezó a enfocarse en otros políticos, toda la élite política del país se puso en su contra. Esto dio pie a una votación para reformar una ley con la que se busca evitar que los políticos y sus funcionarios sean enjuiciados y condenados por los casos de financiamiento ilícito de las campañas políticas. Como señalamos en ese entonces, en efecto la CICIG “cimentó una alianza política entre estos antiguos enemigos, incentivándolos a crear protecciones generales para el resto de los partidos y sus agentes y jefes corruptos”. Y agregamos que, con la nueva ley, “el Congreso y el presidente han institucionalizado la corrupción en el proceso político”. Al igual que en Guatemala, las extensas investigaciones sobre la corrupción en Brasil dejaron al descubierto los alarmantes niveles de corrupción en el país suramericano. Pero esta labor también se ha topado con una fuerte oposición. El Congreso de Brasil —algunos de cuyos miembros han sido acusados de corrupción— realizó dos votaciones para evitar que Temer fuera enjuiciado por los cargos criminales en su contra. Sin embargo, dicha votación al parecer hacía parte de una estrategia mayor que busca socavar los programas contra la corrupción. En mayo de este año, el gobierno tomó una decisión mucho más nociva, al recortar el presupuesto y el personal para la Operación Lavado de Autos. Dichas medidas parecieron confirmar nuestra predicción del mes de marzo, según la cual “el significativo alcance de las investigaciones podría llevar a que la política brasileña, usualmente fragmentada, se una con el objetivo de entorpecer las investigaciones”. La lucha contra la corrupción sigue contando con el apoyo popular en la región, pero las fuertes reacciones de las élites generan dudas acerca de si dicha labor podrá continuarse. El conflicto entre estas dos poderosas fuerzas podría ser decisivo para que Latinoamérica pueda finalmente abordar las crónicas condiciones de pobreza, desigualdad y crimen organizado rampante. La verdad sobre la corrupción sistémica en la región ha sido revelada. Pero falta ver lo que se podrá hacer al respecto. Foto superior Associated Press/Leo Correa

Reveladora entrevista divulga detalles del comercio de cocaína en Colombia

Un narcotraficante colombiano narró reveladores detalles sobre su trabajo, como parte de una valiosa entrevista que permite tener una visión panorámica del tráfico de drogas en Colombia.

En una entrevista con El Tiempo publicada el 2 de noviembre, el capturado narcotraficante conocido por el alias de “Camilo”, quien pasó casi una década coordinando los cargamentos de cocaína de algunos de los más poderosos grupos de narcotraficantes colombianos, relató, a partir de su experiencia personal, los entresijos del comercio de cocaína. Camilo habló con el medio de noticias en Bogotá, donde está cooperando con las autoridades colombianas como parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad.

El ex narcotraficante dijo que el primer paso en el proceso de tráfico consiste en ser contactado por un cliente, generalmente un intermediario que trabaja para una organización de narcotraficantes grande como Los Urabeños, quien normalmente le solicita su ayuda para enviar drogas a Estados Unidos o Europa.

Luego, dice, se hace contacto con elementos corruptos dentro del gobierno.

“Trabajo con operadores logísticos de aduanas que me dicen qué contenedores están disponibles para qué destino, las fechas, el recorrido, en qué barco se va a ir”, explicó.

Camilo dijo que luego buscaba a sus contactos dentro de la policía antinarcóticos para comprobar si los oficiales que estarían de guardia ese día podrían ser sobornados. Verificaba además que la empresa en cuyos contenedores se iban a enviar las drogas no fuera a levantar ninguna alarma que diera lugar a un chequeo de seguridad adicional. Si era así, el plan debía replantearse.

Agregó que, si todo salía bien, recibía el pago por sus servicios mediante un esquema de lavado de dinero que opera a través de una cadena de supermercados. El almacén recibía el pago por la droga en euros o dólares, dependiendo del lugar a donde había llegado el cargamento, y le pagaba a Camilo en pesos colombianos.

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Pero no todo salía siempre bien.

“Lo más grande que he pagado fueron 3.500 millones de pesos [cerca de US$1,1 millones] por 820 kilos de cocaína  que incautaron los antinarcóticos en el puerto de Cartagena”, dijo Camilo, agregando que él era el responsable si algo salía mal. “Tuve que pagar todo, y me dieron quince días. Era pagar o morir”.

A veces, las drogas debían ser almacenadas por algún tiempo antes de ser embarcadas. A raíz de una incautación de varias toneladas en Panamá, un cliente le pidió a Camilo que detuviera el envío porque el precio de la droga había rebajado.

“En Panamá son US$ 4.500 por kilo de coca, pero como la autoridad es muy corrupta, cuando incautan una go-fast con una tonelada, ellas mismas venden la droga y baja el precio”.

Camilo dijo que, en promedio, por lo general obtenía ganancias mensuales de entre 600 y 700 millones de pesos (entre US$200.000 y 230.000).

“Soy enemigo de enviar grandes cantidades; prefiero cargamentos de media tonelada”, dijo. “La salida de dicha cantidad del puerto puede costar alrededor de 2.200 millones de pesos [unos US$720.000]. A mí me quedan aproximadamente 500 millones [unos US$165.000], después de pagar gastos”.

Cuando se le preguntó si el narcotráfico podría desaparecer algún día, Camilo respondió que eso sería “imposible”.

“Un funcionario antinarcóticos que gana [un sueldo mensual de] 1.400.000 pesos [US$460], un operador que se encarga de supervisar la carga, le dices: ‘vea, aquí tiene 10 millones [US$3.300] para que usted no revise un contenedor.Y si lo sacan, vienen otros'”, explicó Camilo, refiriéndose a los irresistibles incentivos económicos que los traficantes les ofrecen a las autoridades.

Dijo además que cualquier persona que se niegue a cooperar es “ajustada” por los grupos criminales.

Análisis de InSight Crime

Además de las reveladoras anécdotas y los detalles sobre los aspectos financieros de su oficio anterior, la entrevista con Camilo muestra un amplio panorama del tráfico de la cocaína en Colombia. En su narración, menciona casi todos los componentes principales del negocio: los cultivos de coca (la materia prima para la cocaína), los métodos de envío y las rutas, que a menudo pasan por Centroamérica, así como los métodos de blanqueo utilizados para ocultar las transacciones financieras relacionadas con el negocio.

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Sin embargo, en su narración sobre el negocio destaca un elemento particular: la corrupción. Además de ilustrar la magnitud de este problema, que atraviesa todas las fronteras, la entrevista con Camilo nos recuerda que ninguna operación de tráfico de drogas a gran escala puede llevarse a cabo sin la ayuda de funcionarios cooperantes.

Estados Unidos obtiene confesión en caso de lavado de dinero de Nidal Waked en Panamá

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La investigación sobre lavado de dinero de Nidal Waked que ha estremecido a la clase dirigente panameña ha logrado su primer enjuiciamiento, pero a las autoridades estadounidenses todavía les falta probar sus más graves acusaciones contra una de las familias más ricas y poderosas de Panamá.

El 19 de octubre, Nidal Waked Hatum, el hombre señalado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) como “uno de los más importantes blanqueadores de dinero de la droga y uno de los principales facilitadores del crimen”, se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero.

Waked admitió que había obtenido créditos bancarios fraudulentos para una de sus empresas, con el fin de comprar electrodomésticos inexistentes de otras dos de sus empresas. Estas transacciones falsas, que se pudieron constatar mediante las facturas falsificadas, fueron utilizadas para trasladar fondos entre un banco en Panamá y un banco en Miami.

A cambio de su confesión, los fiscales acordaron retirar dos cargos más y descartar los casos contra sus empresas Star Textile Manufacturing y Vida Panamá.

Los cargos retirados tienen que ver con la estafa a un banco para obtener tasas de interés favorables y con un supuesto esquema de lavado de dinero, mediante el cual los dineros de la droga eran llevados a Panamá y utilizados para comprar bienes de la empresa de Waked en la Zona Franca de Colón, que luego eran enviados a minoristas en Colombia, quienes transferían las ganancias a los traficantes.

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Aunque el acuerdo de culpabilidad no menciona el crimen base, en audiencias anteriores los fiscales habían señalado que tenían testigos dispuestos a testificar que estas transacciones fueron utilizadas para mover flujos de dinero en efectivo de varios narcotraficantes de Panamá, Colombia y México y de dudosos contactos en Venezuela.

Entre las pruebas que estaban preparando se encontraban las de informantes que afirmaban tener conocimiento de los vínculos de Waked con traficantes, así como grabaciones telefónicas en las que supuestamente él hablaba sobre las opciones de lavado de dinero para clientes en Venezuela.

Waked había negado todos los cargos y había expresado su intención de limpiar su nombre, incluso obteniendo referencias personales de algunas de las figuras más importantes de Panamá, entre ellas miembros de la legislatura nacional, el actual alcalde de Panamá y miembros del clero, para que ayudaran en su caso.

En audiencias anteriores, su abogado había argumentado que, dado que los préstamos sospechosos habían sido pagados en su totalidad, no estaba claro si se había cometido algún crimen, y que, si las supuestas transacciones de lavado de dinero se habían llevado a cabo, entonces Waked había tenido una participación involuntaria en el esquema de lavado.

Tras los recientes giros judiciales, Waked enfrenta actualmente una pena máxima de 10 años de prisión.

Análisis de InSight Crime

La confesión de Nidal Waked representa el primer gran logro en una de las más amplias y polémicas investigaciones de lavado de dinero adelantadas por Estados Unidos, país que en el año 2016 reveló públicamente sus investigaciones sobre la red de lavado de dinero de Waked, cuando el Departamento del Tesoro incluyó a Nidal Waked, su padre Abdul, seis de sus socios y 68 empresas en la lista de “narcotraficantes con designación especial” (“Kingpin List”).

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos sostiene en su resumen del caso que Abdul Waked comenzó a lavar dinero para el Cartel de Medellín, Colombia, en la década de los ochenta, y que luego trabajó con numerosas organizaciones narcotraficantes, entre ellas el Cartel de Sinaloa, México.

Según las acusaciones, la red utilizaba una confusa variedad de técnicas para lavar dinero, como inversiones inmobiliarias, medios financieros, empresas fachada y holdings de propiedades. Sin embargo, el método más popular consistía presuntamente en el ingreso ilegal de grandes cantidades de efectivo a Panamá a bordo de vuelos comerciales, que eran lavadas a través de las tiendas libres de impuestos (duty free) de Waked, así como en sus almacenes en zonas francas.

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La decisión de sancionar el imperio empresarial de Waked causó conmoción en Panamá, donde los miembros de la familia Waked están entre las personas más poderosas del país. Éstos poseen un emporio empresarial que incluye sectores como la importación y exportación, bienes raíces, construcción, comercio, hotelería, banca, productos farmacéuticos, casinos y medios de comunicación. Abdul Waked es además uno de los fundadores de la Zona Libre de Colón —la segunda zona franca más grande del mundo, que por mucho tiempo ha funcionado como centro de lavado de dinero—.

Las consiguientes sanciones contra las empresas de Waked tuvieron un impacto económico inmediato y devastador, pues, según medios panameños, más de 5.000 personas perdieron sus empleos en sólo una de las empresas de Waked que fueron sancionadas. Por su parte, tras la medida de Estados Unidos, Abdul Waked decidió tomar represalias mediante una demanda legal en la que reclama US$165 millones por daños causados por el Estado panameño al congelar sus activos.

Ante tales consecuencias, y dado el permanente apoyo de las élites panameñas, aumentó la presión sobre Estados Unidos para mostrar resultados y demostrar que puede respaldar sus denuncias con pruebas suficientes para llevar a cabo enjuiciamientos, en lugar de sólo lanzar acusaciones públicas.

La confesión de Nidal permitirá de alguna forma aliviar esas presiones. Sin embargo, dada la magnitud de las acusaciones, la pena relativamente leve impuesta a una persona por un solo cargo significa que las autoridades estadounidenses todavía tienen un largo camino por recorrer antes de que puedan comprobar su creencia de que el imperio empresarial de Waked es también una de las principales redes de lavado de dinero del mundo, y justificar los efectos provocados por sus acusaciones.

Cómo el miedo al crimen en Centroamérica impacta la vida diaria y contribuye a la migración

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Un nuevo informe muestra hasta qué punto la inseguridad afecta negativamente las vidas diarias de la población civil centroamericana, y ofrece nueva evidencia de que el crimen y la corrupción son factores importantes detrás de la emigración en la región. Los hallazgos indican que las actuales políticas dirigidas a dar solución a estos problemas pueden carecer de un énfasis adecuado en medidas preventivas, más que reactivas en su objetivo de disuadir el crimen y la migración.

El Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana de la Universidad de Vanderbilt (LAPOP) y el Diálogo Interamericano presentaron un estudio titulado “Beneath the Violence” (Bajo la violencia) en un evento celebrado el 3 de octubre en Washington, D.C.

Con base en encuestas realizadas en Centroamérica, los autores crearon un “índice de conductas para evitar el crimen”, mediante el cual se clasificó a los países según el grado en el que los encuestados declararon que el miedo al delito ha afectado su vida cotidiana.

El índice mostró que de toda la región los ciudadanos de Honduras son los que mayor impacto sienten por la inseguridad, seguido de cerca por Guatemala y El Salvador, los otros dos países que conforman el “Triángulo norte” de Centroamérica. Es notable que una mayoría de los encuestados en la subregión del Triángulo Norte admitieron tener “un poco o mucho miedo de ser asesinados”.

Gráfico cortesía de LAPOP y el Diálogo Interamericano

(Gráfico cortesía de LAPOP y el Diálogo Interamericano)

En parte causó sorpresa que el estudio hallara que en el ámbito individual, “la evasión del crimen es mayor entre quienes están en riesgo genuino de padecer el crimen”. Quienes ya habían sido víctimas de un delito tenían muchas más probabilidades de informar que temían otro hecho de ese tipo. Otros factores, como la presencia de pandillas en el barrio y experiencias de primera mano con corrupción o incompetencia policial, también se asociaron con mayor comportamiento de rechazo hacia el crimen.

Aunque hubo pequeñas variaciones sorprendentes en las respuestas promedio de las diferentes clases socioeconómicas, el informe puntualiza que las personas de menores ingresos son las más afectadas en lo que respecta a la inseguridad. Por ejemplo, casi la mitad de los encuestados de menores ingresos informaron que evitan tomar el transporte público por temor a ser víctimas de delitos, lo cual puede afectar sus posibilidades de buscar oportunidades laborales o de educación.

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Además, el estudio halló una fuerte correlación entre una mayor evasión del crimen y el aumento de la emigración. Aproximadamente una tercera parte de los adultos del Triángulo Norte había pensado dejar el país el año anterior a la encuesta. Los únicos factores que se observó que tienen mayor impacto en la decisión de emigrar fueron el desempleo y tener parientes en el exterior.

Como ya lo había señalado InSight Crime, es común que varios de esos llamados “factores de rechazo” se combinen para incidir en la decisión de una persona a emigrar. Repitiendo lo que varios expertos han comentado a InSight Crime, el informe del LAPOP y el Diálogo Interamericano afirma que “esto indica que los esfuerzos de control migratorio en Estados Unidos, centrados exclusivamente en las políticas internas y la seguridad fronteriza tienen pocas probabilidades de éxito para disuadir la inmigración a la larga”.

Análisis de InSight Crime

El nuevo estudio ofrece información valiosa sobre la percepción de los ciudadanos centroamericanos sobre la inseguridad, y el impacto que esta tiene en diversos aspectos de sus vidas.

Por ejemplo, uno de los autores del informe, Michael Camilleri, resaltó durante la presentación del estudio que el porcentaje de población que afirma que el mayor problema de su país es la inseguridad es casi el mismo en Honduras y Uruguay. Sin embargo, como ya lo había informado InSight Crime, otros estudios han demostrado que Honduras experimenta impactos económicos derivados del crimen mucho más agudos que Uruguay.

Es importante tener en cuenta los impactos económicos del crimen porque, como se mencionó anteriormente, la victimización por el crimen y la falta de oportunidades económicas muchas veces se combinan para incitar la emigración desde Centroamérica. Y los autores del LAPOP y del Diálogo interamericano comentan que sus hallazgos contienen importantes lecciones para los legisladores que buscan enfrentar la inseguridad y la migración en la región.

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La autora del informe Carole Wilson afirmó que “la inseguridad motiva la migración”, indicando que los esfuerzos estadounidenses por reforzar la seguridad fronteriza e imponer medidas de fuerza sobre los migrantes indocumentados solo tendrá un efecto limitado.

La inmigración de indocumentados a Estados Unidos ha dado muestras de reducirse en respuesta a la intensificación de las operaciones de control en la administración del presidente Donald Trump. Pero Camilleri sostuvo que ” cualquier baja que estemos viendo… en la migración seguramente será transitoria. Los factores de rechazo que la motivan son lo que en últimas incidirá en las tendencias migratorias en el largo plazo”.

Esta opinión encontró eco en el exsubsecretario adjunto de estado para Centroamérica y el Caribe Juan González.

“A largo plazo, no va a funcionar, porque la gente que huye de la violencia y está en busca de oportunidades va o a México, que es algo que hemos estado viendo, o hace el viaje hasta Estados Unidos”, señaló.

Según González, invertir en el desarrollo socioeconómico en regiones especialmente golpeadas por el crimen, como los países del Triángulo Norte, sería una destinación de recursos más eficiente que aumentar el gasto en las medidas de seguridad internas en Estados Unidos.

Fortalecer las instituciones de policía y judiciales también podría ayudar a poner freno al crimen y la corrupción, lo que reduce la motivación para la migración de ciudadanos, agregaron los autores.