Alcalde de Panamá vinculado a organización narcotraficante transnacional

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Las autoridades panameñas han vinculado al alcalde de un pueblo costero, en apariencia tranquilo, con una organización narcotraficante transnacional, lo que apunta a un posible incremento de la participación de grupos netamente panameños en el tráfico de estupefacientes con ayuda de funcionarios de gobierno local.

El 24 de septiembre, las fuerzas de seguridad panameñas arrestaron a 11 personas vinculadas a una organización narcotraficante que operaba en el pueblo La Villa de Los Santos sobre la costa pacífica panameña y en la provincia de Chiriquí, en el Pacífico, cerca de la frontera norte que Panamá comparte con Costa Rica.

Según un comunicado de prensa de la Procuraduría General de Panamá, el grupo transportaba cocaína desde el norte de Colombia a lo largo de la costa Pacífica de Panamá.

Las autoridades detuvieron al cabecilla de la presunta red narcotraficante junto con varios de sus cómplices, entre ellos varios funcionarios de la administración de La Villa de Los Santos.

En el operativo fue capturado el alcalde Eudocio Pérez, quien según La Estrella también es un alto funcionario del Partido Revolucionario Democrático (PRD), su asistente y dos agentes de policía, según información de La Prensa.

Según la Procuraduría General, cuerpos de seguridad se incautaron de 2,1 toneladas de estupefacientes, dos ametralladoras, casi US$1 millón en efectivo y 18 vehículos, cuatro de los cuales tenían pisos falsos, al parecer usados para el transporte de narcóticos.

(Video cortesía de Procuraduría General de Panamá)

Análisis de InSight Crime

A lo largo de la historia, la estratégica ubicación de Panamá ha hecho del país un punto de tránsito clave para los narcóticos y el contrabando que salen de Suramérica e ingresan a Centroamérica. Y en el pasado, fuerzas de seguridad y políticos locales han participado en actividades de narcotráfico. Pero los presuntos nexos de la red desmantelada con el alcalde de un pequeño pueblo costero indican que grupos traficantes netamente panameños puede contar cada vez más con la complicidad de funcionarios públicos locales para manejar la creciente afluencia de cocaína por Centroamérica, atizada por el boom de cocaína en Colombia.

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El aumento en el volumen de estupefacientes puede ir acompañado de una afluencia de efectivo para las organizaciones traficantes panameñas. Y estos grupos criminales puede estar usando algo de ese dinero sucio para sobornar a funcionarios locales que tengan influencia en áreas de tráfico estratégicas.

La costa pacífica panameña es particularmente atractiva para los contrabandistas internacionales de drogas por la mayor presión en las rutas de tráfico que salen de Colombia por el Atlántico. Los traficantes han empezado a variar usando rutas marítimas en el Pacífico para enviar la cocaína al norte, tendencia que se ha evidenciado en enormes decomisos en ciudades portuarias sobre el Pacífico colombiano, como Tumaco. La Carretera Panamericana —importante ruta de tráfico terrestre— también corre a lo largo de la costa pacífica panameña, lo que da a los grupos criminales una razón más para cooptar a funcionarios de gobierno en esa región del país.

Crisis en las cárceles: 5 principios para reformar los sistemas penitenciarios

Las altas y crecientes tasas de encarcelamiento en la región no han coincidido con reducciones en el crimen y la violencia. Sabemos que las cárceles no son la solución. Pero si tenemos que recurrir a ellas debemos de hacerlo lo más humanamente posible.

Si bien la literatura en este tema todavía es incipiente en la región, cada vez sabemos más sobre qué funciona para mejorar la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad.  Y están surgiendo modelos innovadores de gestión penitenciaria, menos punitivos, basados en los derechos humanos, y con un fin resocializador.

 *Esté artículo fue editado y publicado originalmente por Sin Miedos. Se reproduce con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí

Comparto 5 lecciones que hemos aprendido tanto de la evidencia internacional como de nuestras experiencias con distintos proyectos en países de la región.

1. La primera es que la infraestructura carcelaria debe de desarrollarse en función de la rehabilitación. Si vamos a construir más cárceles, asegurémonos que sean mejores cárceles. Esta foto son las nuevas instalaciones en una de las nuevas unidades productivas que hemos apoyado en Costa Rica. Con estas unidades lo que se buscó fue dignificar el espacio carcelario utilizando un principio de “normalidad” que las asemeja a campus universitarios, con instalaciones que cumplen con la normativa de derechos humanos en infraestructura penal, contando a la vez con modernos estándares de seguridad; y facilitan la actividad recreativa, la capacitación de las personas privadas de libertad que se encuentran al final de sus condenas.

2. La segunda lección es que más que enfocarnos en construir cárceles, el enfoque debe de ser en el modelo de intervención. En nuestro proyecto en Pacora en Panamá donde están 28 por ciento de los menores privados de libertad del país, se ha priorizado el desarrollo personal de los jóvenes. Existen más de 12 programas diferentes los cuales se asignan de acuerdo a las evaluaciones de riesgos y necesidades de los privados de libertad. La idea es que los jóvenes pasen la mayoría de su tiempo en actividades productivas, recreativas, educativas. Cuando tuve la oportunidad de visitar este proyecto en Pacora, lo que más me impactó, aparte del gran trabajo que realizaban los jóvenes, era la sensación de esperanza que había en estos talleres. Uno de los jóvenes nos dijo que antes, si a él le hubieran ofrecido un pincel y una pistola, hubiera escogido la pistola. Pero ahora escogería el pincel ya que tiene sueños de convertirse en un artista famoso.

3. Otra lección importante que hemos aprendido es que aparte de capacitar a las personas en destrezas técnicas, es clave apoyar el desarrollo de cambios comportamentales y habilidades blandas. Muchas veces las barreras a la reinserción en la sociedad tienen más que ver con la carencia de comportamientos adecuados en ámbitos de trabajo, que la falta de destrezas técnicas. Esto aplica también a jóvenes vulnerables fuera de las cárceles que muchas veces terminan delinquiendo al no estar insertados en la fuerza laboral formal con trabajos dignos.

4. Un aspecto clave que no debemos dejar por fuera es el tema de la gestión penitenciaria. Muchas veces se les echa la culpa a los custodios por ser corruptos y permitir que los privados de libertad continúen delinquiendo. Pero he visitado muchos centros penitenciarios de la región en los cuales los custodios viven y trabajan prácticamente en las mismas condiciones que los reclusos. Vienen de los mismos barrios. Debemos dignificar el trabajo de los custodios, por compensarlo adecuadamente y por entrenarlos para que puedan contribuir a la rehabilitación de los reclusos. De hecho, en nuestro proyecto en Pacora, se entrenó a personal de la cárcel para que pudiera gestionar efectivamente los diversos talleres de rehabilitación. Otra barrera para la gestión penitenciaria es la falta de información y datos. En muchos casos, los encargados de prisiones no saben cuántas personas están en sus cárceles, ni con qué perfiles y necesidades. Al mejorar los sistemas de información en las cárceles podemos construir intervenciones de rehabilitación mejor dirigidas. Si bien las tecnologías pueden ayudar, es importante recordar que la tecnología es un medio y no el fin en sí.

5. Finalmente, un factor indispensable para facilitar la reinserción de las personas privadas de libertad es fomentar los lazos con las familias y el sector privado. Un aspecto clave de nuestros proyectos en cárceles ha sido involucrar a las familias en el apoyo sicosocial que se le da a los privados de libertad. Por otra parte, el involucramiento del sector privado es clave y debe de ir más allá de las concesiones para construir cárceles. Primero, el sector privado genera oportunidades de trabajo para las personas privadas de libertad mientras siguen en la cárcel. Segundo, los introduce a opciones laborales en el mercado formal, lo que facilita el desarrollo de destrezas que serán claves para su reinserción. Y finalmente, también sirve para sensibilizar a los empresarios y a personas de la sociedad civil sobre los reclusos, demostrándose que son personas perfectamente capaces.

Cada vez, tenemos mayor conocimiento de qué funciona y qué no funciona en materia penitenciaria, y debemos ponerlo en práctica antes de reinventar la rueda. Aunque lo ideal es que las personas no lleguen a la cárcel, en este momento en la región tenemos una población penitenciaria de cientos de miles de personas que debemos atender. Solo así podremos asegurarnos que nuestras cárceles no sean depósitos de personas sino espacios rehabilitadores de segundas oportunidades.

*Escrito por Nathalie Alvarado, la coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia del Banco Interamericano de Desarrollo. Este artículo esta basado en dos posts sobre su intervención en el primer Congreso Internacional de Política Penitenciaria y Carcelaria, llevado a cabo en Bogotá el 2 de junio de 2017. 

Procuradora general de Panamá: élites tratan de interferir en investigaciones por corrupción

La Procuradora general de Panamá ha advertido que las élites políticas y económicas han amenazado a los fiscales anticorrupción, lo que refleja una tendencia observada en otros países de Latinoamérica con importantes investigaciones de corrupción en curso.

“Debo informar al país que hay poderes económicos, políticos, empresariales, mediáticos y de la banca tratando de impedir que las investigaciones puedan ser concluidas”, fue el señalamiento de la procuradora general Kenia Porcell en un impactante video publicado el 29 de ago.

La principal autoridad judicial del país alertó sobre “amenazas e intimidaciones” recibidas por los fiscales que trabajan en cinco de los casos de corrupción más “emblemáticos” en relación con blanqueo de capitales y malversación de dineros públicos.

Porcell describió la situación como un momento crucial para el país, y metafóricamente como una batalla entre “dinero versus justicia”.

Aunque Porcell no especificó a qué casos se refería, la procuradora general dijo que se habían descubierto redes de funcionarios corruptos que desviaban dineros públicos.

La intervención pública de Porcell llevó a la cámara de comercio y a representantes de la empresa privada a hacer público su respaldo a las investigaciones, mientras que Libertad Ciudadana, capítulo panameño del organismo de control anticorrupción Transparencia Internacional, exigió a la produradora general que revele los nombres y persiga a quienes interfieren con las investigaciones, según información de La Estrella.

Análisis de InSight Crime

Aunque se mantiene la incertidumbre sobre cuáles son los casos de corrupción expuestos al sabotaje, el diario panameño La Prensa afirmó que estos incluían esquemas como el escándalo de grandes proporciones en el que está implicado el conglomerado brasileño de la construcción Odebrecht y la adquisición presuntamente ilegal de radares a la firma italiana de defensa Finmeccanica. En total, en el país se investigan actualmente 20 casos de corrupción, según el más reciente informe de seguimiento de Libertad Ciudadana, publicado en julio de 2017.

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Panamá no es el único ejemplo en Latinoamérica donde élites con vínculos con la criminalidad tratan de desviar las acciones judiciales en su contra. Desde la decisión del gobierno brasileño de recortar el presupuesto para la monumental investigación “Operación Autolavado exprés” (Operação Lava Jato), pasando por la reciente decisión que tomó súbitamente el presidente guatemalteco de expulsar al jefe de un organismo anticorrupción avalado por las Naciones Unidas, hasta la desesperada estrategia de atrincheramiento del estado de Venezuela, profundamente criminalizado, Latinoamérica abunda en ejemplos de cómo figuras poderosas del gobierno con intereses oscuros pueden estar tratando de blindarse de la justicia.

Desarticulan red de trata de personas en Panamá

Un tribunal de Panamá ha declarado culpables y condenado a tres nicaragüenses de una red de trata de personas que se dedicaba a la explotación laboral de sus víctimas, un signo prometedor en una región que tiene dificultades para combatir esta actividad ilegal.

El 13 de julio, un tribunal de Panamá condenó a los tres nicaragüenses a 15 años de prisión, por dirigir en el país una red de trata de personas dedicada a explotar la mano de obra de once conciudadanos nicaragüenses, informó El Nuevo Diario.

Según el medio de noticias, una de las integrantes del grupo, Rosa María Ortega Rivera, era supuestamente la encargada de comprar boletos de avión de ida y regreso para los trabajadores y de proporcionarles US$500, la cantidad mínima que los turistas necesitan para entrar a Panamá.

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Debido a sus necesidades económicas, el grupo de trabajadores supuestamente llegó a Panamá proveniente de Nicaragua, pues se les había prometido un trabajo y un sueldo mensual de US$600. Pero, según El Nuevo Diario, tras su llegada en octubre de 2013, estas personas fueron obligadas a trabajar largas horas sin recibir ningún salario y a dormir en una fría y sucia bodega, con poca alimentación.

La condena se produce cuatro años después de que algunos de los trabajadores presentaron una denuncia ante las autoridades panameñas en 2013.

Análisis de InSight Crime

Esta condena es una señal prometedora. En los últimos dos años, las autoridades de Panamá han desmantelado 14 organizaciones de tráfico de personas, llevando 24 traficantes y ocho de sus líderes ante las autoridades, según estadísticas de la Comisión Nacional Contra la Trata de Personas en Panamá.

Como región, Latinoamérica enfrenta dificultades para combatir la trata de personas y la explotación laboral. Sólo cuatro países de la región —Guyana, las Bahamas, Colombia y Chile— cumplen con los estándares descritos en el informe de 2017 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Trata de Personas (TIP por sus iniciales en inglés).

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La red desmantelada recientemente es también una señal de que las tendencias de la trata de personas en la región pueden estar cambiando. Las víctimas de la trata de personas por lo general han migrado hacia el norte, a Europa y Estados Unidos. Pero la trata entre los países del sur está aumentando. En otro caso reciente, en el año 2016 varios niños bolivianos fueron supuestamente llevados al sur, a Argentina, para ser explotados en fábricas y talleres.

Después de la condena a Lula, una tipología de la corrupción presidencial

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En la superficie, la sentencia de nueve años contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción parece guardar semejanza con numerosos casos de corrupción contra presidentes y expresidentes en Latinoamérica. Pero detrás de las acusaciones existen grados variables de colusión y control, desde encabezar una empresa criminal hasta un único acto criminal de enriquecimiento personal.

El aún popular político brasileño puede lograr eventualmente que la sentencia del juez Sergio Moro sea revocada por una corte de apelaciones. Pero al 12 de julio, Lula fue declarado culpable de lavado de dinero y aceptación de sobornos de la gigante constructora brasileña OAS durante su periodo en ejercicio, de 2003 a 2011.

A cambio de esas coimas, avaluadas en US$1,1 millones y pagadas mediante reformas a uno de los apartamentos de Lula, el entonces presidente ayudó a OAS a hacerse a contratos públicos de Petrobras, la petrolera estatal brasileña. Lula seguirá en libertad mientras apela la sentencia. Actualmente tiene otros cuatro casos penales abiertos.

Lula no es el único que enfrenta esas acusaciones. El escándalo conocido como “Lava Jato”, o “Lavado de Autos”, que se llevó por delante a quien fuera líder sindical convertido en carismático presidente y líder mundial también arrastró a un buen número de funcionarios más, pues los conglomerados de la construcción en Brasil ofrecieron generosos sobornos a cambio de lucrativos contratos con la empresa que se estaba expandiendo.

Esquemas de coimas como estos son comunes en Latinoamérica. Pero no toda la corrupción es igual; aunque Lula puede haber participado en lo que Moro catalogó como “corrupción sistémica“, no necesariamente dirigió el esquema, algo que sí sucedió con algunos de sus homólogos en la región.

Pensando en esto, hemos dividido estos ejemplos en tres categorías principales, en un intento por crear una tipología de esos casos presidenciales. 

1) Corrupción de arriba abajo

La primera categoría es la corrupción desde arriba hacia abajo. Es el caso en que el ejecutivo es el líder patente del esquema, la persona que dirige las otras partes de la red implicadas en la conspiración.

En este sentido, el mejor ejemplo es el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina. Al exmandatario se lo acusa de dirigir dos esquemas de corrupción durante su corto periodo en el poder, de 2012 a 2015, incluyendo uno centrado en contratos del gobierno como forma de reembolso para los donantes de su campaña electoral, y otro en el que el presidente dirigía un sistema de fraude metódico a las oficinas de aduanas. Actualmente se encuentra preso, mientras su caso continúa en el sistema judicial de ese país.

Como oficial del ejército antes de dedicarse a la política, Pérez Molina montó lo que creció hasta convertirse en un estado mafioso. Como lo explicó en detalle InSight Crime, la corrupción durante la presidencia de Pérez Molina estuvo definida por un sistema vertical en la que el exgeneral veló por los intereses económicos de redes turbias y, por supuesto, los suyos.

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Otro ejemplo es la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que ocupó la presidencia de 2007 a 2015. Kirchner fue acusada en abril de 2017 por “participación en una asociación criminal en el rol de jefe”, según los expedientes judiciales. De manera específica, los fiscales dicen que Kirchner otorgó contratos públicos a cambio de coimas, que se pagaban generalmente con el alquiler de habitaciones de hotel y propiedades pertenecientes a la familia Kirchner.

Los fiscales señalan que esto era parte de un patrón claro, como se evidenció en acusaciones similares en un segundo y tercer caso. Durante doce años, afirman estos fiscales, Kirchner y su difunto esposo, Néstor Kirchner (quien precedió a su esposa en la presidencia, de 2003 a 2007), favorecieron de manera sistemática a un cerrado grupo de empresarios, a quienes se les otorgó una parte desproporcionada de obras públicas muchas veces sobrevaluadas y raras veces completadas por contribuir a la fortuna personal de los Kirchner. Los fondos de la familia crecieron en 850 por ciento durante las presidencias de Néstor y Cristina, informó Clarín. Néstor Kirchner murió en 2010. Cristina Kirchner, quien está a la espera del juicio, asegura que es la víctima inocente de una cacería de brujas en la arena política.

Un tercer caso, aunque menos claro de dirección de arriba abajo, es el del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. Los fiscales dicen que Martinelli era la cabeza de una red de espionaje que hizo seguimiento ilegal a más de 150 personas, entre ellos opositores políticos y competidores comerciales. También se acusa a Martinelli de desviar más de US$13 millones de programas de ayuda social. El exjefe de estado huyó del país, pero en junio de 2017 fue arrestado en Estados Unidos y ahora se resiste a la extradición. 

2) Corrupción en participación

La mayoría de las veces, las acusaciones contra presidentes o expresidentes de la región indican que el sospechoso simplemente sacó partido de un ambiente político preexistente fuertemente infiltrado por redes corruptas y criminales, o explotó mecanismos bien arraigados diseñados para favorecer los intereses de unos cuantos. El presidente naturalmente recibe una retribución no despreciable en el proceso, pero lo más importante es que el dirigente mantiene un entorno político o un sistema de gobierno en el que predominan el crimen organizado y la corrupción. El caso de Lula parece entrar en esta categoría.

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Otro ejemplo es el actual presidente de Brasil Michel Temer, a quien en junio de este año se le acusó de aceptar sobornos en el escándalo del “Lava Jato”, que sacudió a la élite política brasileña. La rama judicial necesita una votación de dos terceras partes del congreso para avanzar con el caso, pero hay evidencia plausible que indica que Temer participó en el monumental esquema.

El ambiente corrupto de Brasil se extendió incluso a otros países. Las autoridades peruanas buscan el arresto del presidente de ese país entre 2001 y 2006, Alejandro Toledo, luego de acusarlo de lavado de dinero. Sobre el exjefe de estado pesan acusaciones de que ayudó a la constructora brasileña Odebrecht a hacerse a contratos públicos a cambio de coimas por valor de US$20 millones. Este es uno de muchos casos conectados con Odebrecht, firma que creó una división especial dedicado al manejo de sobornos y se ha convertido en el vivo ejemplo de la corrupción en la región.

Otro expresidente peruano, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia fueron puestos en detención preventiva el 13 de julio, mientras los fiscales investigan a la pareja por acusaciones relacionadas.

Entre tanto, ciertas conductas presidenciales impropias realizadas en el marco de un sistema criminalizado más amplio parecen atender los intereses de organismos políticos más que económicos. El expresidente de El Salvador Antonio Saca, cuyo periodo fue de 2004 a 2009, por ejemplo, fue arrestado en octubre de 2016 por el desvío de fondos del gobierno a una “cuenta secreta”, que se cree fue usada por los políticos para malversar fondos por años, informó El Faro. Los cargos que enfrenta son lavado de dinero, malversación y concierto para delinquir.

En lo que respecta al predecesor de Saca, el expresidente Francisco Flores —cuyo periodo de gobierno fue de 1999 a 2004— debía comparecer en juicio por cuatro acusaciones distintas antes de su muerte, en enero de 2016. Una de las acusaciones alegaba que Flores desvió US$10 millones de ayuda humanitaria internacional proveniente de Taiwán a su partido político, parte de cuyos fondos eventualmente servirían para financiar la campaña electoral en la que salió elegido Saca en 2004.

3) La excepción

El último tipo es la excepción; el clásico crimen de oportunidad, que ofrece a sus participantes un golpe de suerte, pero no hace parte necesariamente de un esquema sostenido en el tiempo. Este tipo de chanchullo, sin embargo, en ocasiones es difícil de separar de los otros dos, pues muchas veces depende de la implantación de un sistema corrupto.

Por ejemplo, en marzo de 2014 el presidente de Guatemala de 2000 a 2004, Alfonso Portillo, se declaró culpable en un juzgado estadounidense por el lavado de US$2,5 millones en coimas del gobierno de Taiwán, a cambio de mantener el reconocimiento diplomático de Guatemala a su país. Hasta el momento no existe evidencia de que este esquema se hubiera repetido o fuera parte de una operación más amplia y estructurada.

Sin embargo, el soborno ocurrió en un entorno de corrupción gubernamental más amplio. La administración de Portillo tuvo que ver con otro esquema de corrupción y crimen organizado más prolongado, como fue la malversación de dineros del ejército de ese país. Y aunque la sentencia negociada con Estados Unidos eventualmente se centró en el soborno taiwanés, el pliego de cargos original acusaba a Portillo del lavado de más de US$70 millones de diversas fuentes. 

Presidente de Panamá plantea alternativa a estrategia de seguridad de Trump en Centroamérica

El presidente panameño Juan Carlos Varela estuvo esta semana de visita en Washington, DC, donde presentó algunas propuestas enfocadas en el desarrollo como respuesta a los problemas de seguridad en Centroamérica. Es ostensible la diferencia de estas propuestas con la estrategia centrada en el control de orden público que presentara la administración del presidente estadounidense Donald Trump días atrás.

El 19 de junio Trump y Varela acordaron intensificar los esfuerzos para bloquear la mayor producción de narcóticos y enfrentar los desafíos regionales a la gobernabilidad y la seguridad como “prioridades compartidas” por los dos países, según un comunicado de la embajada de Estados Unidos en Panamá.

“Enfrentamos los mismos problemas en la región, así que la idea de esta visita es trabajar más de cerca”, comentó Varela en declaraciones recogidas por Associated Press.

La reunión presidencial fue la primera de una delegación panameña que estuvo una semana en Washington, donde Varela —en compañía del vicepresidente, el director del Consejo Nacional de Seguridad y el ministro de Seguridad de Panamá— también se reunieron con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Kelly y con Chuck Rosenberg, jefe interino de la Administración para el Control Drogas (DEA por sus iniciales en inglés).

En encuentros con líderes centroamericanos en Miami, el 15 y 16 de junio, el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence expuso una visión de política que hacía énfasis en respuestas más contundentes de las fuerzas de orden público ante el crimen y la violencia en la región. Sin embargo, en su visita de esta semana, Varela destacó en repetidas ocasiones el crecimiento económico y el desarrollo como aspectos claves en la solución de problemas de seguridad.

“La criminalidad en la región no es un asunto que se resuelve solo con policías, también hay que disminuir la inequidad”, insistió Varela en una conferencia organizada por Inter-American Dialogue en Washington el 21 de junio.

“Llevar desarrollo, crecimiento económico y estabilidad al Triángulo Norte es un desafío que compartimos con Estados Unidos”, puntualizó Varela. “La mejor solución es invertir en el sector privado y en la generación de empleos”.

Análisis de InSight Crime

La contradicción entre la aparente intención de la administración Trump de apoyar las políticas de seguridad de mano dura en Centroamérica y el énfasis que hizo Varela en las estrategias llamados “blandas” plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación entre Estados Unidos y Panamá en temas de crimen y seguridad.

Como enlace geográfico entre los lugares de producción de cocaína en Suramérica y las rutas de tráfico en Centroamérica, Panamá ha ocupado por largo tiempo un lugar central en los esfuerzos regionales por combatir el narcotráfico en el Triángulo Norte. El mismo Varela parecía dispuesto a seguir la táctica de Trump de combatir los carteles de la droga con mano firme cuando su gobierno anunció en abril un mayor despliegue de fuerzas de seguridad en la ciudad de Colón, marcando una transición de una estrategia más suave y menos punitiva hacia el crimen organizado a medidas más drásticas.

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Pero queda por ver cómo reconciliará Varela sus pedidos simultáneos de desarrollo económico con su acuerdo de intensificar los programas antinarcóticos y de seguridad en cooperación con la administración Trump. 

Expresidente de Panamá arrestado en EEUU podría ser extraditado por cargos de peculado

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue arrestado en Miami y podría ser extraditado para responder por múltiples cargos en su país natal, en un momento en que se ciernen nubes negras sobre el futuro de la cooperación entre Estados Unidos y Centroamérica en la lucha contra la impunidad.

Los alguaciles estadounidenses arrestaron a Martinelli cerca de su residencia de Miami el lunes en la noche, atendiendo a una orden de captura provisional emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, informó el Miami Herald.

La orden fue emitida en respuesta a la solicitud formal de extradición sobre Martinelli enviada por Panamá en septiembre de 2016, por acusaciones de haber espiado ilegalmente a más de 150 personas durante su periodo en la presidencia, de 2009 a 2014. El mes pasado, hubo reportes de que Interpol había expedido un edicto de arresto para Martinelli por cargos de espionaje.

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Además de las denuncias de intervención telefónica, Martinelli ha sido acusado por lo menos de otros seis delitos cometidos durante su mandato, según La Estrella.

Además, en su periodo como presidente, las élites panameñas recibieron supuestamente decenas de millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, ahora en el centro de un escándalo de corrupción multinacional. El asunto Odebrecht ha enredado a dos de los hijos de Martinelli, quienes ahora también son buscados por Interpol.

Por mucho tiempo el expresidente ha negado las denuncias, haciéndolas pasar como persecución política y tácticas de distracción de los problemas de su exvicepresidente y actual jefe de estado, Juan Carlos Varela.

Sin embargo, la inocencia que Martinelli pregona se puso en duda por su huida de Panamá apenas unas horas antes de que la Corte Suprema anunciara la apertura de una investigación por su posible participación en un esquema de corrupción.

Según CNN en Español, las autoridades estadounidenses sospechaban que Martinelli podía escapar, por lo que decidieron arrestarlo un día antes de lo planeado. El expresidente compareció en la corte el martes, y las audiencias sobre su extradición continuarán en los próximos días.

El portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, divulgó un comunicado de los abogados defensores del expresidente, en el que se afirma que el exmandatario enfrenta un “proceso político”.

Análisis de InSight Crime

La manchada reputación de Martinelli hace parte de una ola de casos de corrupción de alto perfil que han sacudido al istmo centroamericano en los dos últimos años, incluyendo al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, actualmente sometido a juicio junto con su exvicepresidenta por un sinnúmero de acusaciones de corrupción. Los últimos tres presidentes salvadoreños han sido acusados de corrupción, uno de ellos fue arrestado, mientras que el último presidente de Honduras enfrenta acusaciones de tener nexos con narcotraficantes.

Esta cadena al parecer interminable de denuncias y acciones judiciales son evidencia del profundo arraigo de la corrupción en estos países y señales alentadoras de que el poder judicial de la región está trabajando para llevar ante la justicia a los miembros corruptos de la élite.

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La oportunidad de Panamá de procesar finalmente a su expresidente ha sido lenta en llegar, en parte por el refugio seguro que él —como muchos otros miembros corruptos de la élite— ha gozado por años en el sur de la Florida. Para las autoridades estadounidenses se ha vuelto rutina ignorar su deber de negar visas a funcionarios que enfrentan acusaciones penales en sus países de origen, según una investigación realizada en 2016 por el Miami Herald. (Martinelli al parecer ingresó a Estados Unidos con una visa de visitante antes de instalarse prontamente en un condominio de lujo en Miami.)

Aun cuando el eventual arresto de Martinelli puede interpretarse como un ejemplo positivo de la colaboración entre Estados Unidos y Centroamérica, este se da en un momento en que la ayuda estadounidense contra la corrupción a sus vecinos centroamericanos atraviesa un terreno pantanoso. InSight Crime ya había informado que los agentes políticos están presionando a la administración Trump para que siga apoyando los esfuerzos contra la corrupción en la región. Sin embargo, la Casa Blanca ha propuesto un recorte de casi 30 por ciento en la financiación para ayuda a Centroamérica —un dinero que según los expertos requieren estos países para seguir mejorando sus instituciones de justicia y de seguridad.

El cambio del panorama criminal de Panamá desde la época del ‘narcodictador’ Noriega

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Se ha dicho que el difunto dictador panameño, Manuel Noriega, convirtió a su país en uno de los ejemplos más emblemáticos de un “narcoestado” de la historia latinoamericana, y que sus relaciones con los principales capos de la droga colombianos sentaron las bases para el papel que desempeñó Panamá en el comercio global de drogas durante décadas después de su arresto en 1989 por tropas estadounidenses. En este artículo analizamos por qué Panamá sigue siendo un paraíso del narcotráfico para los sucesores de los criminales colombianos que Noriega ayudó a que se enriquecieran.

El conocido exdictador panameño Manuel Noriega murió en un hospital de Ciudad de Panamá el pasado 29 de mayo, debido a complicaciones de salud. El exdictador de 83 años de edad había estado bajo arresto domiciliario en su país natal después de pagar penas en Estados Unidos y Francia por cargos relacionados con drogas.

Noriega ascendió al poder en 1981 tras la prematura muerte del líder militar de Panamá, Omar Torrijos. Noriega era la mano derecha de éste, pero tanto él como el gobierno de Estados Unidos han sido acusados de ser responsables de la muerte de Torrijos en un accidente aéreo.

Como gobernante de facto de Panamá, Noriega abrió las puertas para que los narcotraficantes transportaran sus drogas sin ningún obstáculo a través del país, a cambio de una parte de las ganancias —según los informes, más de US$100.000 por cargamento—.

Uno de sus principales colaboradores fue el conocido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, cuyo Cartel de Medellín controlaba en esa época la mayor parte del tráfico de cocaína en el mundo.

Noriega fue acusado más tarde en una corte de Estados Unidos de aceptar hasta US$60 millones en sobornos de los miembros del cartel, quienes al parecer también les pagaban a los bancos panameños el 2 por ciento de sus ganancias para que les permitieran blanquear los dineros de la droga. Unos US$2 mil millones del Cartel de Medellín pudieron haber sido “limpiados” en estos bancos.

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Los capos colombianos de la droga también utilizaron al vecino Panamá como escondite. Cuando el grupo de Escobar asesinó al ministro de Justicia colombiano, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, varios capos de la red de Escobar se refugiaron en la frontera, supuestamente bajo la protección de Noriega.

la invasión de Estados Unidos al país, se consideró que este hecho fue el responsable del empeoramiento de los problemas de narcotráfico y lavado de dinero, tanto así que los ciudadanos decían: “Se llevaron a Alí Baba, pero nos dejaron a los 40 ladrones”.

Según algunos informes académicos, Panamá pudo haber sido el lugar donde el Cartel de Medellín selló su acuerdo para transportar drogas con los traficantes mexicanos. Esta histórica alianza sería el primer paso para el surgimiento de los carteles mexicanos que dominan actualmente el negocio del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Es por todo esto que Noriega ha sido acusado de convertir a Panamá en un “narcoestado” o una “narcocleptocracia“, al frente de un gobierno tan corrupto que, tras su extradición de Estados Unidos a Francia en 2010, se especulaba que Panamá había evitado intencionalmente que fuera repatriado para enfrentar un juicio, dado que su testimonio habría comprometido a muchas élites del país.

Sin embargo, las actividades criminales de Noriega no eran precisamente un secreto para sus aliados de Estados Unidos. Según algunos informes, él fue un operador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus iniciales en inglés) desde los años sesenta hasta 1988, proporcionándole inteligencia a Estados Unidos sobre los carteles de la droga y ayudando en operaciones encubiertas.

En última instancia, la caída de Noriega fue motivada más por los problemas políticos que él le causaba a Estados Unidos que por su evidente corrupción. A Washington le quedó claro que Noriega estaba más interesado en vender sus servicios al mejor postor —incluyendo los enemigos políticos de Estados Unidos— que en mantener buenas relaciones.

La lujosa vida del dictador, entre fiestas y fastuosas mansiones pagadas por las drogas, terminó abruptamente en 1989, cuando el ejército de Estados Unidos invadió Panamá. La polémica medida fue justificada públicamente como una respuesta a los vínculos de Noriega con las drogas, que para entonces había llegado a ser demasiado evidente para el gobierno de Estados Unidos. Noriega fue capturado durante dicha operación, y más tarde fue juzgado y condenado por la justicia estadounidense, francesa y panameña, en juicios separados.

Análisis de InSight Crime

Si bien los días del Cartel de Medellín hace mucho han quedado atrás, una nueva generación de organizaciones narcotraficantes colombianas continúa considerando Panamá como un valioso recurso para sus negocios. De hecho, poco después de la invasión de Estados Unidos al país, se consideró que este hecho fue el responsable del empeoramiento de los problemas de narcotráfico y lavado de dinero, tanto así que los ciudadanos decían: “Se llevaron a Alí Baba, pero nos dejaron a los 40 ladrones”.

El atractivo de Panamá para los criminales se debe en gran parte a su geografía. Como un corredor que conecta a los productores de cocaína de Suramérica y las rutas de tráfico terrestre que atraviesan Centroamérica y llegan a Estados Unidos, Panamá es inherentemente estratégico, en particular para los grupos criminales de la vecina Colombia.

El Frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantiene presencia en la frontera entre los dos países, así como las llamadas BACRIM (acrónimo colombiano con el que se conocen las “bandas criminales”). Estos dos grupos han llegado a dominar la producción y la exportación de cocaína en Colombia, y Panamá sigue siendo un punto de tránsito importante para ambos, como lo demuestra un reciente mapa de la actividad del tráfico transnacional.

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Pero quizás el más conocido atractivo de Panamá para los criminales, tanto ahora como en el pasado, es su reservado sector bancario, que ha puesto al país varias veces en las listas internacionales de supervisión del lavado de dinero. Como lo reveló el escándalo de los Papeles de Panamá el año pasado. La Ciudad de Panamá sigue siendo un buen lugar para inyectar dineros sucios en las instituciones legítimas, en beneficio tanto de los jefes criminales como de los políticos.

Al otro lado del Canal de Panamá, Colón la segunda ciudad más importante del país, alberga una agitada zona de libre comercio. Esta zona de contrabando es donde el dinero de la droga se ha utilizado para comercializar todo tipo de bienes, desde cigarrillos hasta electrodomésticos, convirtiendo narco dólares sucios en pesos colombianos limpios.

Si bien la “narcocorrupción” no ha llegado a los niveles que se presentaron durante el gobierno de Noriega, la cooptación de los agentes estatales por los criminales sigue obstaculizando los esfuerzos antinarcóticos. Ha habido casos de agentes de seguridad cuyo segundo empleo consiste en trabajar para los narcotraficantes, o el de un agente de policía panameño que se retiró de la institución para convertirse en comandante del Frente 57 de las FARC.

Debido a estos factores, y a la reconocida industria del turismo en Ciudad de Panamá, la capital del país sigue siendo un punto de reunión y refugio para los criminales. Precisamente el año pasado, uno de los hombres más buscados de Colombia fue capturado en Panamá, al parecer mientras huía de una intensa búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad de su país.

Y así como los grupos criminales colombianos han evolucionado, también lo han hecho sus actividades en Panamá. La BACRIM más grande de Colombia, Los Urabeños, ha estado diversificando sus fuentes de ingresos criminales con la minería ilegal, y ha estado vendiendo oro ilegal en Panamá. Además, el grupo al parecer también tiene negocios legales, así como redes de prostitución en el país.

Aún más, desde las décadas en que el Cartel de Medellín comenzó a atraer a los traficantes mexicanos hacia el mercado de la cocaína, Panamá ha estado cada vez más bajo la influencia de criminales mexicanos. Ahora bien, la fragmentación de los grupos mexicanos puede dar lugar a cambios, mientras las bandas panameñas aprovechas para ascender en la escala criminal como las mexicanas lo hicieron anteriormente.

¿Panamá está adoptando una política más dura contra las pandillas?

Panamá puede estar cambiando su estrategia frente al problema de las pandillas, para adoptar una estrategia más firme y potencialmente más violenta, parecida a las de sus vecinos del Triángulo Norte. En un momento en el que la sofisticación de los grupos criminales locales podría hacer que la confrontación con el Estado sea significativamente más peligrosa.

A raíz de una oleada de violencia en Colón, la ciudad puerto en el Caribe, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció que el gobierno “reforzará la estrategia de seguridad” en la ciudad.

Prensa Latina informó que dicha estrategia incluirá la Fuerza de Tarea Águila, un equipo élite conformado por 300 agentes y que fue creado a finales de marzo para luchar “con mano dura” contra el crimen organizado.

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La medida surgió a raíz de por lo menos cuatro asesinatos, entre ellos el de Amílcar Henríquez, jugador del equipo nacional de fútbol, en Colón, una ciudad en la que supuestamente existen más de 40 pandillas. Por ese motivo, Varela convocó un consejo de seguridad de emergencia para discutir “medidas extraordinarias” contra las redes criminales, señalando que las pandillas habían sido las responsables de los recientes asesinatos.

Por otra parte, según Prensa Latina, el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, anunció un aumento en el número de agentes en servicio.

Durante los primeros dos meses de 2017, en Panamá se presentaron 89 homicidios, un 22 por ciento más con respecto al mismo periodo de 2016.

Análisis de InSight Crime

Durante varios años, Varela ha estado a favor de un enfoque menos punitivo contra las pandillas, mediante su programa bandera de rehabilitación de jóvenes denominado Barrios Seguros. Sin embargo, las últimas declaraciones del presidente pueden indicar que existe un reconocimiento tácito de que el plan no ha logrado debilitar a las pandillas del país. Según estimaciones oficiales, entre los años 2014 —cuando Varela asumió el cargo y anunció el programa Barrios Seguros— y 2016, el número de pandillas en Panamá no cambió en absoluto.

Aunque Varela ha adoptado algunas tácticas de mano dura como complemento de Barrios Seguros, entre las que se incluyen grandes operaciones policiales, la nueva fuerza especial puede representar un giro particularmente agresivo en su política. En apariencia, resulta lógico adoptar estas medidas severas, que se centran principalmente en áreas críticas de las provincias de Panamá y Colón, las áreas con mayor presencia de pandillas y también donde se producen la mayor parte de los homicidios. (Vea mapa abajo).

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Sin embargo, los homicidios en Panamá no se pueden atribuir únicamente a las bandas locales. Y la adopción de tácticas agresivas puede en realidad deteriorar aún más la situación de seguridad. Los vecinos de Panamá en el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), así como México, proporcionan tal vez el más claro ejemplo de las estrategias de “mano dura” que contribuyen a la persistencia de los altos niveles de violencia, en lugar de solucionarlos. Por otra parte, algunos analistas creen que estas estrategias podrían tener un “efecto globo”, al desplazar a las pandillas de una zona a otra.

Este es un momento crítico para el crimen organizado de Panamá. Las pandillas se están consolidando en bloques más sofisticados y poderosos. Por otro lado, el aumento sin precedentes en la producción de cocaína en el vecino del sur, Colombia, inevitablemente intensificará la actividad del narcotráfico en suelo panameño. A medida que la dinámica evoluciona, las pandillas locales podrían tener una mayor afluencia de dinero y armas, haciendo que cualquier enfrentamiento con el Estado sea potencialmente más explosivo.

Gráfico publicado previamente en un artículo de octubre de 2016.