Video de presos armados muestra las condiciones de las cárceles de Panamá

Un video grabado en una cárcel de Panamá, en el que aparecen internos cargando armas, ha levantado nuevas sospechas sobre el estado del sistema penitenciario del país.

Las imágenes, supuestamente grabadas en la prisión de “La Joyita” en la ciudad panameña de Pacora, muestran a los reclusos presumiendo de cargar armas de alto calibre, informó Panamá América (vea el video abajo).

El video, que las autoridades creen que fue grabado en diciembre de 2016, pero que circuló en las redes sociales en abril de este año, condujo al presidente Juan Carlos Varela a ordenar una redada en La Joyita el día 5 de abril, la cual supervisó personalmente. La redada, que según los informes fue realizada por unos 1.000 agentes, se concentró en el pabellón 9 de la penitenciaría, que alberga criminales peligrosos y miembros de pandillas.

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Aunque las autoridades supuestamente sólo confiscaron la mitad de las armas que aparecen en el video, la redada también permitió la incautación de drogas y municiones. Los 12 presos que aparecen en el video fueron identificados en su totalidad, llevados ante el presidente Varela y transferidos a otra prisión, conocida como “La Gran Joya”, una cárcel de alta seguridad también ubicada en Pacora.

“La presencia de armas en las cárceles del país no la vamos a aceptar y hoy se está limpiando La Joyita”, le dijo el presidente Varela a Telemetro el 6 de abril.

Análisis de InSight Crime

El video grabado en La Joyita arroja luz sobre el pésimo estado del sistema carcelario de Panamá, y sobre las libertades que disfrutan los presos en algunas cárceles, gracias a la complicidad de funcionarios corruptos.

De hecho, este no es el primer incidente que involucra armas de fuego en La Joyita. Ya en 2014, un recluso fue asesinado durante un tiroteo, tras el cual otros cuatro reclusos resultaron heridos, informó Noticias Terra. Y en junio de 2015, seis reclusos escaparon de la penitenciaría.

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Más preocupante aún es el hecho de que, según el director de la cárcel, las cámaras al interior de la penitenciaría no funcionan correctamente, y los presos pueden acceder fácilmente a sus teléfonos móviles y coordinar actividades criminales desde las prisiones.

Pero mientras que por un lado el gobierno de Varela enfrenta presiones para endurecer las medidas de seguridad en algunas cárceles, otras personas han señalado el tratamiento inhumano que reciben los presos.

En 2015, la defensora del pueblo de Panamá, Lilia Herrera, publicó un informe en el que señalaba las presuntas violaciones a los derechos humanos de los criminales detenidos en Punta Coco, una prisión de máxima seguridad en Isla del Rey. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al gobierno transferir los presos de Punta Coco a un “lugar que cumpla los estándares internacionales aplicables a personas privadas de libertad”, informó Panamá América.

Pero Varela tiene claro que no acatará las recomendaciones: “Punta Coco se va a mantener abierta. Prefiero que nos cuestionen a poner en riesgo la vida de panameñas y panameños”, fueron las palabras del presidente en Noticias Terra.

Panamá da por terminada búsqueda regional de helicóptero de Martinelli

Tras una búsqueda en varios países de Centroamérica, las autoridades inmovilizaron un helicóptero adquirido por un hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, vinculado a un esquema de lavado de dinero procedente de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Las autoridades mexicanas localizaron el helicóptero de propiedad de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente Martinelli, en el estado de Chiapas el 31 de marzo, según informes de La Prensa.

El 30 de marzo, la fiscal primera anticorrupción de Panamá, Tania Sterling, había firmado y transmitido una petición oficial de ayuda a las autoridades de Guatemala, El Salvador y México para ubicar el helicóptero. La nave voló de Guatemala a El Salvador el 11 de marzo, antes de despegar hacia México e intentaba presuntamente llegar a Miami, donde se cree que reside el expresidente Martinelli.

Las autoridades panameñas sospechan que el helicóptero fue adquirido con dinero producto de la corrupción, por Martinelli Linares y como medio para blanquear parte de los US$22 millones en sobornos que presuntamente recibieron él y su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares, de la gigante constructora Odebrecht, según El Siglo. La multimillonaria estructura de corrupción de Odebrecht en toda Latinoamérica ha tenido repercusiones en las más altas esferas políticas de países en los que se le otorgaron contratos de obras públicas en forma ilegal.

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Las sospechas que rodean el helicóptero se basan presuntamente en el testimonio de Evelyn Vargas Reynaga, abogada que trabajó con los hijos de Martinelli y les ayudó a constituir varias empresas de papel, según La Prensa. Una de esas empresas, Silver Wing Corporation, se usó para adquirir el helicóptero.

Interpol admitió la solicitud de Panamá sobre la emisión de una circular roja contra los hijos de Martinelli y contra Vargas el 14 de febrero, según Telemetro. Aunque la abogada está bajo custodia de las autoridades panameñas, se cree que Luis Enrique y Ricardo Alberto huyeron del país.

Su padre, el expresidente Ricardo Martinelli, también es requerido por actos de corrupción cometidos durante su periodo en el poder. En septiembre de 2016, Panamá solicitó oficialmente su extradición de Estados Unidos.

Análisis de InSight Crime

Puede parecer inusual, si no improcedente, que se ordene una búsqueda en toda la región para inmovilizar un solo helicóptero. Pero este caso es una muestra elocuente de la dificultad que tienen los gobiernos para interceptar activos cuantiosos y esquemas de lavado de dinero, cuando se realizan por medio de un mundo financiero que actúa sigilosammente y no conoce fronteras.

El helicóptero es apenas una pieza de un complejo rompecabezas que indica que los hijos de Martinelli crearon varias empresas de papel para recibir por lo menos US$22 millones en sobornos —dinero que se encuentra congelado en cuentas bancarias en Suiza— de empresas en paraísos fiscales que eventualmente se rastrearon hasta Odebrecht. Los Martinelli son solo dos de las 17 personas sospechosas de lavado de dinero de corrupción de la constructora brasileña en Panamá a cambio de contratos públicos.

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La magnitud del escándalo de Odebrecht eventualmente llevó a la unión de fuerzas de fiscales de toda la región. Pero esta cooperación inédita contrasta con la falta de escrutinio generalizada sobre el sector financiero, y la necesidad de una postura firme para corregir el secretismo de un sistema financiero que es crucial para cualquier actividad criminal transnacional de gran envergadura.

Informe de EEUU muestra revitalizado corredor de cocaína en Centroamérica

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha vuelto a listar a los siete países del istmo centroamericano como paraísos para el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y el crimen organizado, y ha señalado que la región sigue siendo el principal corredor de la cocaína que llega a los mercados estadounidenses, lo cual confirma la importancia de Centroamérica en la cadena del narcotráfico internacional.

Es la primera vez desde 2013 que el Departamento de Estado incluye juntos a Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en la lista de los principales países lavadores de dinero que hace parte del informe anual Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR por sus iniciales en inglés).

La novedad más importante en el informe de INSCR para 2017 —que refiere las tendencias y estadísticas del año anterior— es que El Salvador, Honduras y Nicaragua han reingresado a la lista de principales lavadores. El Departamento de Estado define el estatus de “país principal de lavado” como aquel “cuyas instituciones financieras estén implicadas en transacciones de dinero cuya procedencia sea el tráfico internacional de narcóticos”.  El análisis incluye, además del sistema financiero tradicional, instituciones no financieras y métodos alternativos de transacción.

El INCSR explica que una de las principales dificultades de los países centroamericanos para combatir el lavado de dinero es que sus sistemas de investigación criminal no tienen la capacidad de seguir rastros de dineros asociados solo con el tráfico de drogas a otro tipo de transacciones criminales, como el tráfico de personas y de armas, o actividades legales que se utilizan cada vez más para el blanqueo de activos, como la contratación de conciertos musicales de alto nivel, o apuestas en deportes populares.

Estados Unidos considera que Guatemala, Costa Rica, Panamá y El Salvador —este último dolarizado desde 2001— son centros financieros importantes, en el que buena parte del blanqueo ocurre a través de bancos.

El caso de Honduras es ilustrativo sobre la relación entre agentes estatales y los sindicatos locales del crimen. “Honduras no es un centro financiero importante. Aquí, el lavado de dinero se genera sobre todo del tráfico en toda la región. El tráfico de personas indocumentadas hacia Estados Unidos, la extorsión, el secuestro y la corrupción pública también generan cantidades importantes de dinero a ser blanqueado”, dice el informe. Algo similar, según este documento, está pasando en Nicaragua.

El informe reitera, además, que desde la selva panameña del Darién, fronteriza con Colombia, hasta el río Usumacinta y las selvas de Petén en el norte de Guatemala, la cocaína sigue transitando abiertamente por agua, tierra y aire.

Por Guatemala, reitera el INCSR, transitaron el año pasado unas 1.000 toneladas de cocaína, cifra que podría incluso ser mayor si se toma en cuenta que, según cálculos de InSight Crime, sólo el año pasado se produjeron en Colombia, actualmente el principal país productor del mundo, unas 1.350 toneladas de cocaína.

En Guatemala, además, el año pasado se registró una cifra récord en producción de amapola, destinada a abastecer la creciente demanda de heroína en Estados Unidos. En 2016, el gobierno guatemalteco destruyó 17 millones de plantas de amapola.

En Guatemala sobre todo, y en menor medida en Honduras, se detectó además un aumento en el tráfico de los precursores químicos utilizados para convertir los opioides de la amapola en heroína, pero también en los usados para convertir la hoja de coca en clorhidrato de cocaína.

Análisis de InSight Crime

Las cifras publicadas por Estados Unidos dan cuenta de un hecho que parece obvio, pero a veces termina opacado por las dinámicas de violencia propias de Centroamérica, sobre todo en el Triángulo Norte de la región: el narcotráfico sigue siendo la causa principal del florecimiento de economías criminales en los países del istmo, así como de buena parte de la corrupción estatal que las protege.

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Desde mediados de la década pasada los narcotraficantes centroamericanos, sobre todo en el Triángulo Norte, evolucionaron de ser simples “transportistas” que recogían en las porosas fronteras costarricenses y panameñas la cocaína enviada desde Colombia para moverla hasta Guatemala, y empezaron a diversificar sus negocios criminales.

A grupos tradicionales de tráfico, como Los Lorenzana en Guatemala, el de Matta Ballesteros en Honduras o Los Perrones en El Salvador, se unieron grupos más especializados en el lavado de dinero, como el salvadoreño Cartel de Texis, sobre cuyo líder, José Adán Salazar Umaña, pesa una nominación de la Casa Blanca como capo internacional del narcotráfico y una investigación de la Fiscalía General de El Salvador por lavado de dinero.

El caso hondureño es el que mejor demuestra cómo las economías criminales del narcotráfico permearon los estamentos políticos de estos países y, como ha señalado InSight Crime, recibieron de ellos favores y protección.

Devis Leonel Rivera Maradiaga, otrora líder de la banda hondureña Los Cachiros, acusó recientemente al expresidente del país Porfirio “Pepe” Lobo de haber recibido sobornos de su grupo, algo que el político se ha apresurado a negar. En El Salvador, grupos de narcotráfico han hecho acusaciones similares: operadores de Los Perrones también han dicho que pagaron sobornos al entorno del expresidente Antonio Saca, quien hoy está preso bajo acusaciones de corrupción.

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Guatemala sigue siendo, no obstante, la joya de la corona en el mapa centroamericano del narcotráfico y de la corrupción y lavado de dinero generado por las economías criminales. El mes pasado, Estados Unidos acusó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y al exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla de conspirar para introducir cocaína en suelo estadounidense.

El informe del Departamento de Estado ha dejado en claro una vez más la revitalización del corredor centroamericano del narcotráfico, que había alcanzado uno de sus últimos picos a mediados de 2009, cuando un golpe de Estado militar en Honduras ayudó a abrir la ruta aérea entre ese país y Venezuela.

Después de eso, funcionarios estadounidenses y analistas hablaron de la posibilidad del resurgimiento de las rutas del Caribe, pero eso en realidad no ocurrió, al menos no de la misma forma en que ocurrió con la centroamericana.

Hoy, debido al incremento de la producción en Colombia, y de la infiltración de los grupos criminales en las más altas esferas del poder político, sobre todo en los países del Triángulo Norte, está claro que las avenidas para la entrada y salida de droga y dineros ilícitos funcionan a todo vapor.

¿Son efectivos los programas estadounidenses de lucha contra el crimen en Centroamérica?

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En los últimos años, Estados Unidos ha invertido cientos de millones de dólares en programas de prevención del crimen  y la violencia en Centroamérica, pero el impacto de estas inversiones no se ha evaluado con suficiente cuidado. Sin embargo, un polémico estudio expone las dificultades de medir los resultados de la asistencia en seguridad, y señala la necesidad de realizar más análisis acerca de la eficacia de este tipo de iniciativas.

Desde el año 2008, el Congreso de Estados Unidos asignó más de mil millones de dólares para el programa bandera de asistencia en seguridad de Estados Unidos en Centroamérica: la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI por sus iniciales en inglés).

Después de casi una década, más de la mitad de los mil millones de dólares de ayuda a Centroamérica han sido entregados a través de CARSI. Y a finales de 2015, el Congreso autorizó un paquete de ayuda para varios años por valor de US$750 millones, de los cuales US$126 millones han sido asignados a CARSI.

Pero hay poca claridad sobre el destino de los fondos asignados a CARSI, así como sobre los impactos de la gran cantidad de programas que la iniciativa apoya en una de las regiones más violentas del mundo.

En 2014, el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP por sus iniciales en inglés), de la Universidad de Vanderbilt, publicó el que se convertiría en uno de los exámenes más ampliamente citados sobre los resultados de los programas de lucha contra el crimen financiados por CARSI en Centroamérica. El estudio de LAPOP se centró en evaluar el impacto de un subconjunto de programas de CARSI en los llamados países del Triángulo Norte, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras, así como en Panamá.

Los investigadores analizaron los programas “comunitarios de prevención del crimen” implementados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID por sus iniciales en inglés) —la misma unidad del Departamento de Estado que encargó el informe de LAPOP—.

Su “hallazgo principal” señala que, “en varios aspectos claves”, los programas de USAID financiados por CARSI “han sido exitosos”.

El estudio de LAPOP ha sido referenciado por varias organizaciones no gubernamentales muy respetadas, entre ellas InSight Crime. Y se publica en el sitio web de USAID, donde se describe como una “evaluación con rigor científico” que “hace parte de los esfuerzos por determinar la efectividad de los programas comunitarios de prevención del crimen, en contraste con el enfoque policiaco tradicional, o de mano dura, para abordar el crimen y la violencia generalizados en Centroamérica”.

Sin embargo, a finales del año pasado, el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR por sus iniciales en inglés), con sede en Washington, D.C, publicó una refutación de los resultados del estudio de LAPOP, argumentando que los datos de este último “no permiten concluir que las áreas objeto de intervención en los programas de CARSI mostraron mejores resultados que aquellas áreas que no recibieron dicha intervención”.

El consecuente debate público entre las dos organizaciones sobre cómo medir el impacto de los programas de asistencia de seguridad de Estados Unidos en Centroamérica pone de manifiesto varios temas, como la falta de información disponible públicamente sobre estos programas, la dificultad de evaluar con precisión el impacto de la ayuda en materia de seguridad, y el amplio consenso en que estos temas merecen un mayor escrutinio público.

¿Cuáles son los programas CARSI de USAID?

Sorprendentemente, para un paquete de asistencia en seguridad de tal magnitud se dispone de pocos detalles de carácter público sobreCARSI y los programas apoyados por esta iniciativa.

InSight Crime le solicitó a USAID un comentario sobre este tema, pero la oficina de prensa se negó a otorgar una entrevista. Como respuesta a una solicitud de información sobre los programas evaluados por LAPOP, la agencia proporcionó una declaración escrita que parcialmente dice lo siguiente:

“USAID promueve una estrategia integral para la prevención de la violencia, dirigida a jóvenes que corren el riesgo de ser tanto víctimas como actores de la violencia en Centroamérica […] Mediante CARSI, estamos buscando fomentar sistemas de justicia fuertes y transparentes, promover fuerzas policiales responsables, profesionales y orientadas a la comunidad,  y generar resiliencia individual y comunitaria frente a la inseguridad, mediante el apoyo a servicios específicos para jóvenes en alto riesgo, centros comunitarios juveniles, comités municipales de prevención de la violencia municipal, así como mediante el desarrollo laboral y mejoras infraestructurales para rehabilitar los espacios públicos”.

(El Servicio de Investigaciones del Congreso realizó una reseña de CARSI a finales de 2015, en la que se describen de manera similar los programas de prevención del crimen y la violencia adelantados por USAID).

El diseño y la implementación de los programas de CARSI involucran a diversas dependencias de varias agencias gubernamentales estadounidenses, entre ellas los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional, Tesoro y Justicia. Pero la mayor parte de la financiación del programa es administrada por el Departamento de Estado y USAID.

Mark Lopes, subadministrador adjunto de USAID para Latinoamérica y el Caribe, testificó ante el Congreso en 2013, señalando que los programas de prevención del crimen y la violencia como los examinados en el informe de LAPOP constituyen “el centro del trabajo de USAID” en Centroamérica.

A pesar de la importancia de estos programas como parte de la estrategia de USAID contra el crimen y la violencia, prácticamente no se habían llevado a cabo evaluaciones sistemáticas sobre su eficacia hasta que la USAID le encomendó el estudio a LAPOP en 2014.

El Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson publicó un informe sobre CARSI poco después de que fuera emitido el de LAPOP; en dicho informe se señala que “muchos programas financiados por CARSI tienen debilidades significativas”.

Sin embargo, el Centro Wilson considera que el estudio de LAPOP es una evidencia “del impacto [de] los programas comunitarios de prevención del crimen y la violencia adelantados por USAID”, y señala que esta es “la única parte del programa [de CARSI] en la que se ha realizado una evaluación de impacto completa y sólida con directrices establecidas desde antes de la implementación del programa”.

Después de que esos informes fueron publicados hace más de dos años, no se han llevado a cabo nuevos estudios sobre el impacto de los programas de USAID mediante CARSI, bien sea por organismos gubernamentales o por organizaciones independientes.

Informe de Wilson Center:

Los hallazgos de LAPOP

LAPOP realizó encuestas tanto en las comunidades donde se han llevado a cabo los programas de USAID (las comunidades “intervenidas”) como en las comunidades donde no se ha hecho (las comunidades “control”) antes, durante y después de su implementación, con el objetivo de determinar si los programas influyeron en las percepciones de seguridad de los ciudadanos.

Para llegar a sus conclusiones, durante varios años los investigadores reunieron y analizaron la información obtenida mediante miles de encuestas cuantitativas, cientos de entrevistas y decenas de grupos focales en más de 120 barrios.

Como se señaló anteriormente, el análisis estadístico de LAPOP, en combinación con una evaluación de la evidencia cualitativa, llevó a los investigadores a la conclusión de que “en varios aspectos claves” los programas de prevención de violencia de CARSI financiados por USAID en El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá “han sido exitosos”.

El informe descubrió que los programas de USAID parecen haber tenido un impacto positivo en las percepciones de seguridad de los ciudadanos en las zonas donde se implementan, a diferencia de aquellas zonas donde no se han llevado a cabo. Con base en las comparaciones con las evidencias obtenidas en las comunidades control, LAPOP llegó a la conclusión de que, en general, los residentes de las áreas intervenidas informaron que las condiciones de seguridad mejoraron, o que empeoraron menos significativamente de lo que lo habría hecho en ausencia de los programas.

Informe original de LAPOP:

 

Las principales críticas del CEPR

Es importante indicar que el CEPR no afirma que los programas de USAID sean necesariamente ineficaces. Por el contrario, los autores de las críticas del CEPR sostienen que la interpretación que LAPOP hizo sobre los datos “no permite apoyar la conclusión de que las áreas intervenidas en los programas de CARSI presentaron mejores resultados que aquellas áreas que no fueron intervenidas”.

Con base en su análisis de los datos y la metodología de LAPOP, el CEPR encontró “grandes problemas” en el estudio original, “a saber: la no aleatoriedad en la selección de las zonas de intervención y las zonas control, además de diferencias en la manera como fueron interpretadas las condiciones iniciales y los resultados obtenidos en las áreas intervenidas y las áreas control”.

Según el CEPR, las comunidades intervenidas donde se aplicaron los programas de USAID eran “bastante diferentes” con respecto a las comunidades control, en cuanto a que, en general, las primeras tenían tasas de crimen más altas que las últimas antes de la intervención.

Los autores del informe del CEPR señalan que ello “sugiere que las áreas seleccionadas para la intervención pueden no ser lo suficientemente similares a las áreas de control como para concluir con certeza que las intervenciones fueron útiles”.

El informe del CEPR postula que los efectos aparentemente positivos de los programas de USAID analizados por LAPOP podrían atribuirse más bien a una “regresión a la media” entre las comunidades seleccionadas para la intervención y que estaban experimentando aumentos temporales en la criminalidad.

La crítica del CEPR:

 

La respuesta de LAPOP

LAPOP respondió rápidamente. A los pocos días, publicó una respuesta a la crítica del CEPR, señalando que ambas organizaciones “llegaron esencialmente a los mismos resultados”, y que el interés principal de la crítica del CEPR estaba “errado” e “insustancial”.

LAPOP señalo que, en efecto, “las comunidades de intervención y control fueron seleccionadas al azar”,  excepto en ciertos casos en los que los investigadores emplearon herramientas estadísticas para compensar la falta de aleatoriedad.

“En el caso de Honduras, donde nuestro estudio se retrasó a causa del golpe de Estado de 2009, USAID ya había seleccionado las comunidades de intervención para cuando estábamos listos para comenzar, por lo que la selección al azar ya no era posible”, escriben los autores de LAPOP, señalando que utilizaron una técnica estadística “para seleccionar comunidades control que fueran comparables a las comunidades de intervención tanto como fuera posible”.

La respuesta de LAPOP señala además que la crítica del CEPR no refuta el modelo estadístico básico utilizado en su informe original. Sin embargo, sí señala que las organizaciones “difieren en dos aspectos: 1) el nivel de análisis, y 2) el estándar utilizado para juzgar las mejoras en las áreas intervenidas”.

Básicamente, LAPOP argumenta que su modelo estadístico tenía por objeto evaluar el impacto de los programas a nivel regional, mientras que el modelo del CEPR tenía como finalidad determinar el impacto de los programas de USAID a nivel municipal.

Esto explica parte de las diferencias en la evaluación de las dos organizaciones sobre el impacto de los programas de CARSI. Pero LAPOP también discrepó con respecto a la manera como el CEPR midió los efectos de los programas a nivel municipal.

LAPOP sostiene que el modelo de CEPR hace suposiciones erróneas acerca de los niveles “normales” de crimen y violencia en ciertas comunidades, lo cual produjo sesgos en la manera como se midieron los efectos de los programas.

Respuesta de LAPOP a CEPR:

 

El CEPR insiste

Poco después de que LAPOP publicó su respuesta en septiembre de 2016, una de los autoras de la crítica del CEPR, Laura Jung, escribió en un blog del CEPR sobre su experiencia durante una visita a un centro comunitario juvenil  apoyado por USAID en Honduras.

Jung dice que un funcionario de USAID le dijo que el centro “no cuenta con monitoreo ni evaluación”, pero que “esperan tenerlos en los próximos años.”

“Sencillamente, no hay datos que permitan sustentar las afirmaciones de los funcionarios del Departamento de Estado o de USAID según las cuales las intervenciones que se están implementando en Honduras, o en el Triángulo Norte en general, tienen un efecto positivo (si es que tienen alguno)”, escribe Jung.

La CEPR se volvió a pronunciar varios meses más tarde, en enero de este año, en respuesta a la defensa de LAPOP sobre su informe original.

“Los problemas del estudio de LAPOP que nosotros hemos identificado siguen vigentes, al igual que la validez de nuestra conclusión”, dice el autor David Rosnick. “El estudio de LAPOP no logra sustentar la conclusión de que la intervención generó mejoras en las áreas intervenidas por los programas CARSI, en comparación con las zonas donde no se llevó a cabo ninguna intervención”.

Rosnick reiteró las críticas iniciales del CEPR acerca del estudio y volvió a explicar que su análisis concluyó que “se observa que los barrios intervenidos han empeorado en los municipios donde los barrios intervenidos eran particularmente seguros antes de la intervención —en comparación con los correspondientes barrios control—. Donde los barrios intervenidos y los barrios control eran inicialmente más similares, la intervención no parece haber tenido ningún efecto discernible”.

Defensa de la crítica del CEPR:

InSight Crime le solicitó a USAID que se pronunciara acerca de si estaba de acuerdo o en desacuerdo con la crítica del CEPR. En su respuesta escrita, USAID indicó que es “consciente” del debate público entre CEPR y LAPOP, pero no se refirió directamente a los argumentos del CEPR.

En su respuesta, la agencia señala que el estudio de LAPOP “llegó a la conclusión de que los programas comunitarios de prevención de la violencia adelantados por la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI), adscrita a USAID, dieron como resultado una reducción estadísticamente significativa de la criminalidad y aumentaron la percepción ciudadana de seguridad en las comunidades intervenidas por USAID en los países del Triángulo Norte y en Panamá, y estamos utilizando esa información para mejorar y expandir nuestros programas”.

Además, la USAID señala que la “evaluación de LAPOP también ha sido fundamental para la obtención de inversiones de los gobiernos centroamericanos, la empresa privada y las organizaciones locales con el fin de ampliar, replicar o invertir en las actividades de prevención comunitaria de USAID”.

¿Por qué es importante este debate?

CARSI es uno de los más importantes paquetes de ayuda en seguridad de Estados Unidos hacia Centroamérica. Por lo tanto, es crucial que “los gobiernos, la empresa privada y las organizaciones locales” entiendan los impactos de estos programas al momento de decidir si “ampliar, replicar o invertir en las actividades de prevención comunitaria de USAID”.

En su respuesta escrita a InSight Crime, USAID dice que la agencia “toma en serio su responsabilidad frente a los contribuyentes estadounidenses” y que “estamos comprometidos con la rendición de cuentas, la transparencia y la supervisión de nuestros programas”.

La agencia señala que utiliza “una completa serie de herramientas de monitoreo y evaluación, lo cual incluye encuestas, indicadores de desempeño, análisis, estudios y evaluaciones externas” que le permiten “establecer estándares y hacer seguimiento al avance y el estado de sus intervenciones, asegurar que sus programas alcancen sus objetivos y logren resultados de alto impacto, y proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse a nuevas necesidades y realidades”.

Sin embargo, el estudio de LAPOP es prácticamente la única evaluación integral y pública de los programas de prevención del crimen y la violencia adelantados por USAID en Centroamérica.

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Dejando de lado la cuestión de si las conclusiones del informe de LAPOP son acertadas o no, lo que queda claro es que hay escasez de información disponible para el debate público sobre los impactos de las iniciativas de USAID financiadas por CARSI.

InSight Crime habló con los autores de los informes de LAPOP y CEPR, quienes expresaron sentimientos similares con respecto a la necesidad de aumentar la supervisión y la evaluación de los tipos de programas en cuestión.

“Creo que estamos de acuerdo en que es importante realizar con regularidad estudios de los programas dirigidos a abordar los problemas, en este caso el crimen y la violencia”, dijo Liz Zechmeister, directora de LAPOP. “El crimen y la violencia son problemas particularmente perjudiciales en Centroamérica. Pero son también problemas globales. Por lo que es importante encontrar maneras de reforzar la resiliencia de las comunidades y crear capital social”.

Alex Main, uno de los autores de la crítica inicial del CEPR, señaló la frustración que la única evaluación de impacto de los programas de CARSI fue encargada por la misma agencia que supervisa la implementación de las iniciativas.

“Lo ideal sería que hubiera observadores totalmente independientes […] supervisando los programas de ayuda”, dijo. “Idealmente, si hubiera mucha más transparencia en torno a estos programas de ayuda […] hay grupos —el nuestro entre ellos— que sin duda tendrían la posibilidad de evaluar más de cerca estos asuntos”.

En otras palabras, las complejas disputas sobre la metodología estadística no deben distraer de amplio consenso de que el seguimiento y la evaluación constantes conducirían a la mejor y más eficiente implementación de los programas de ayuda en seguridad.

En conclusión, por diversas razones, es difícil evaluar con precisión este tipo de iniciativas. Pero es esencial que dichas evaluaciones se lleven a cabo meticulosamente y que estén sujetas al debate público.

Estudios diferentes con enfoques diferentes obviamente pueden llegar a conclusiones diferentes. Pero es importante diseñar programas eficaces para contrarrestar el crimen y la violencia en la región. Y los debates públicos como el que se dio entre LAPOP y CEPR son esenciales para evaluar correctamente estos esfuerzos.

Panamá ofrece capacitación laboral y amnistía a pandilleros

Ciento cincuenta  expandilleros se graduaron de un programa de amnistía en Panamá que incluye títulos de formación vocacional con el fin de ofrecerles competencias laborales, como parte de una estrategia del gobierno en la búsqueda de soluciones a la creciente influencia de los grupos criminales en el país.

Los graduados hacen parte del programa insignia del presidente Juan Carlos Varela, Barrios Seguros, diseñado para reducir la violencia pandillera ofreciendo capacitación técnica a delincuentes dispuestos a desarmarse y reintegrarse a la sociedad.

Este programa hace parte de un plan del gobierno que busca conceder amnistía a los pandilleros que se desarmen. Varela anunció el plan durante su ceremonia de juramentación en julio de 2014. En un inicio se esperaba que el programa durara un mes, pero posteriormente se extendió.

Miembros del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá han reconocido que el programa ha cumplido un importante papel en la reducción de homicidios a la mitad el año pasado, en áreas con alto nivel de actividad pandillera como La Chorrera y Arraiján, distritos de la provincia de Panamá Oeste, según informó La Estrella.

Cerca de 2.500 expandilleros se han vinculado a la iniciativa de amnistía en todo el país, y el gobierno planea duplicar ese número durante el año 2015, señaló La Estrella.

Análisis de InSight Crime

Es difícil medir la influencia directa del programa Barrios Seguros en la leve reducción de los homicidios en Panamá el año pasado —en especial si se tiene en cuenta que el país aumentó el gasto en prevención de la violencia. Aun así, la graduación de 150 expandilleros y el plan de expandir el proyecto son buenas señales de que el gobierno está decidido a encontrar soluciones sostenibles y alternativas al problema de las pandillas en el país—. La mencionada disminución de la violencia en La Chorrera y Arraiján indica que el programa puede estar teniendo un efecto positivo, dado que en estos distritos se encuentran las dos bandas más poderosas del país: Calor Calor y Bagdad.

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Mediante la implementación de un programa de amnistía que ofrece capacitación laboral para expandilleros, Panamá le hace frente a la que podría considerarse la mayor amenaza para la seguridad del país: la proliferación de pandillas callejeras en los últimos años. Estos grupos criminales, junto con las organizaciones narcotraficantes, fueron presuntamente los responsables de un alarmante 90 por ciento de los asesinatos en 2013. Al parecer, algunas pandillas están incluso empezando a dirigir “oficinas de cobro” —células criminales que manejan operaciones transnacionales de narcotráfico, un papel habitualmente reservado a grupos del crimen organizado colombiano que utilizan a Panamá como punto de tránsito para llevar cocaína hacia el norte—.

A pesar de la implementación de estrategias de seguridad progresistas como Barrios Seguros, el gobierno panameño ha señalado que es igualmente conveniente adoptar una posición de línea dura para combatir al crimen organizado. Según La Estrella, uno de los organizadores de la iniciativa expresó al periódico que “los muchachos que no se acogen a la disciplina del programa Barrios Seguros, inmediatamente reciben un tratamiento de mano dura [por parte de las fuerzas de seguridad]”.

Lavado de dinero vincula a Honduras, Panamá y Estados Unidos

Dos ejecutivos hondureños presuntamente usaron a una empresa panameña y un banco estadounidense para el pago de US$2,5 millones en sobornos, lo que indica que puede haber bancos de Panamá y Estados Unidos implicados en uno de los casos de corrupción más grandes de Honduras.

Óscar Laínez y Jorge Herrera, ejecutivos de Compañía de Servicios Múltiples S. de R.L. (Cosem), fueron acusados de usar una firma panameña llamada CA Technologies para hacer transferencias de más de US$2,5 millones a una cuenta bancaria del JP Morgan Chase en Estados Unidos, de propiedad de una empresa llamada CM Motors, según una investigación de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal.

Mario Zelaya —exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ahora detenido bajo cargos por el caso del IHSS— y su hermano Carlos, son socios de CM Motors.

Según La Prensa, los ejecutivos de Cosem pagaron estas coimas, en 2010, para “agilizar” un contrato por US$19,7 millones con el IHSS para la digitalización de su sistema de registro. Los sobornos los pagaron al entonces director Mario Zelaya; al exviceministro de salud, Javier Pastor y al exsubsecretario de trabajo Carlos Montes.

Los ejecutivos de Cosem, Laínez y Herrera, son testigos claves en el caso por lavado de dinero y sobornos contra Zelaya, Pastor y Montes.

Raúl Pineda Alvarado, abogado y experto en derecho penal, en declaraciones a La Prensa, dijo que Estados Unidos podría emprender acciones legales contra Laínez o Herrera, o imponer sanciones a JP Morgan.

Análisis de InSight Crime

El anuncio de esta investigación se da en un momento poco oportuno para el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien se prepara para su campaña de reelección. En 2015, la Corte Suprema Hondureña en una controvertida decisión anuló una prohibición constitucional de reelección, lo que permitió a Hernández presentar su candidatura a otro periodo como presidente.

Aunque Hernández no ocupaba la presidencia cuando ocurrieron el arresto y las acusaciones contra Mario Zelaya y varios de sus colegas del IHSS, el caso golpea a su Partido Nacional y puede tener un impacto en la puja por la reelección.

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Hernández admitió en 2015 que empresas ligadas a casos de corrupción en el IHSS aportaron casi US$150.000 a su campaña presidencial en 2013. En la investigación de las autoridades hondureñas sobre la corrupción en el IHSS, descubrieron “la creación de más de 10 empresas fantasmas que supuestamentes giraron cheques y transfirieron cuotas mensuales al comité central del Partido Nacional”.

A medida que afloran más revelaciones sobre la corrupción en el IHSS, podrían surgir detalles que perjudiquen la campaña de reelección de Hernández.

GameChangers 2016: Evolución de pandillas en la puerta sur de Centroamérica

Cuando se habla de Centroamérica, todos los ojos suelen posarse en el Triángulo Norte. Pero en 2016 el crimen organizado local en Costa Rica y Panamá —tradicionales oasis de calma en la región— ingresaron a un territorio sin precedentes.

En Costa Rica, la evolución de los grupos criminales nacionales ha dado pie a una ola de violencia, mientras que las estructuras criminales en Panamá parecen estar sofisticándose cada vez más. Esta tendencia deberá mantenerse en 2017, mientras los organismos estatales enfrentan la creciente amenaza y mientras crece el narcotráfico en la región.

2016 arrojó aún más evidencia de que el crimen organizado local en los países centroamericanos de Panamá y Costa Rica —países de los que por lo general no se pensaría que albergaran organizaciones mafiosas transnacionales de cuño propio— está cobrando mayor complejidad.

En Panamá, pandillas locales que por largo tiempo se han asociado con actividad delincuencial menor están consolidandose en dos “bloques” rivales bajo los nombres de Bagdad y Calor Calor. Hay indicios de que estas estructuras actúan como las llamadas “oficinas de cobro“, que colaboran directamente con el crimen organizado transnacional.

Estas oficinas ofrecen servicios, como “protección de rutas de drogas y asesinato a sueldo para otros grupos criminales, y actúan como puente entre organizaciones criminales colombianas, como Los Urabeños y traficantes que llevan estupefacientes a otros destinos”,  según el gobierno panameño. 

Hay señales de que los grupos locales están operando con mayor independencia de sus poderosos patrones.

Más aún, las pandillas de Panamá al parecer controlan las rutas de narcotráfico que pasan por el país e incluso pueden tener operaciones transnacionales. Se dice que Calor Calor y Bagdad “tienen células en Costa Rica, aunque no es claro hasta dónde llega su participación en el negocio de la droga”. 

Al otro lado de la frontera oeste de Panamá, Costa Rica, considerada por largo tiempo la “Suiza de Latinoamérica”, ha tenido un drástico aumento de los crímenes violentos asociados con el negocio ilegal de narcóticos. Entre 2000 y 2015, la tasa de homicidios en el país casi se duplicó de 6,3 a 11,5 por 100.000 ciudadanos. Hasta 70 por ciento de la violencia se ha asociado con guerras por territorio entre pandillas traficantes locales.

Esta dinámica es nueva en el país, ante lo que el ministro de seguridad costarricense Gustavo Mata explica que “la criminalidad en el país está relacionada cada vez más con el tráfico de drogas, mientras que anteriormente consistía sobre todo en atracos a bancos, robos de vehículos y secuestro”.

La evolución de las pandillas

Para entender la evolución del crimen en estos países, es importante retroceder un poco. Ubicadas en un corredor clave para el movimiento de estupefacientes, estos países fueron penetrados hace tiempo por organizaciones transnacionales de tráfico. En ese sentido, por lo general se ha considerado que las pandillas de esta parte de Centroamérica están subordinadas a los carteles mexicanos y colombianos. De hecho, las capturas de emisarios criminales extranjeros en Panamá en 2016 indicaban que las “bandas más grandes están intensificando su papel en el transporte de drogas a nivel nacional, mientras que permanecen al servicio de las células colombianas y mexicanas”.

Sin embargo, hay señales de que los grupos locales están operando con mayor independencia de sus poderosos patrones —una tendencia que no es rara en países de tránsito de drogas—. Un ejemplo notable de noviembre de 2016, las autoridades costarricenses anunciaron que habían desmantelado la primera “estructura criminal que manejaba todos los aspectos del narcotráfico desde Costa Rica”.

También el año pasado, las autoridades colombianas y panameñas anunciaron el desmantelamiento de una red internacional de narcotráfico liderada por un criminal panameño. La complejidad de las actividades de esta organización “plantea la pregunta de si los grupos panameños siguen actuando como simples prestadores de servicios para las organizaciones criminales colombianas y panameñas, o si han comenzado a establecer sus propias operaciones de tráfico transnacional”.

Un mayor volumen de drogas que pasan por el istmo centroamericano puede fortalecer aún más el poder y las ganancias de los grupos locales.

Los factores que impulsan esta creciente independencia tienen varias facetas. Por un lado, es natural que las estructuras que tienen nexos con organizaciones más poderosas asciendan con el tiempo en la escala criminal. Pero la dinámica criminal transnacional también cumple un papel clave.

Luego del colapso de los poderosos carteles colombianos, Panamá y Costa Rica han caído cada vez más bajo la influencia de los grupos mexicanos más que los colombianos. Hacia el inicio del siglo en Costa Rica, las bandas que habían estado al servicio de los colombianos se encontraron prestando “servicios independientes” sin cabecillas, y eventualmente cayeron bajo el control de las organizaciones mafiosas mexicanas.

Sin embargo, los disturbios en el hampa mexicano pueden estar formando ahora una nueva generación de grupos independientes.

“En los últimos años […] los carteles mexicanos han experimentado una escisión similar a la de sus predecesores colombianos, lo que parece estar abriendo espacio para que los grupos locales asuman un rol mayor en el negocio de las drogas ilícitas en Costa Rica,” informamos en noviembre. “Como resultado, el que las organizaciones narcotraficantes de Costa Rica sigan evolucionando o no puede tener mucho que ver con la dinámica criminal en México y con las iniciativas de las autoridades costarricense para desmantelar estas estructuras domésticas”.

Lo mismo podría ser válido para las pandillas de Panamá, más sofisticadas.

Fuerzas de seguridad en problemas

Hay mucho espacio para mejorar en la respuesta de estos países a la amenaza de las bandas locales. En Costa Rica, la rápida escalada de violencia ha tomado por sorpresa a las autoridades. Luego de una masacre relacionada con las pandillas, el 2 de octubre, el ministro de seguridad mismo “lamentó que su oficina carezca de recursos humanos y financieros suficientes para combatir la creciente violencia criminal, y amenazó con renunciar si no se destinaban recursos adicionales pronto al ministerio”.

El gobierno costarricense ha intentado reforzar las iniciativas de seguridad, por ejemplo, desplegando 400 agentes de policía adicionales en octubre en el importante puerto marítimo de Limón, que ha tenido un rol central en el negocio transnacional de drogas. Estados Unidos también dispuso de US$30 millones en asistencia de seguridad para el país.

Sin embargo, el mal equipado gobierno reconoce la necesidad de cambiar su estrategia para confrontar con más efectividad el abrupto deterioro de su situación de seguridad.

Panamá también tiene problemas propios que enfrentar, pese a un descenso importante en el total de homicidios en los últimos siete años. El presidente panameño Juan Carlos Varela atribuye al crimen organizado hasta el 70 por ciento de los homicidios registrados en el país, y hay evidencia de que la dinámica de las pandillas es la mayor responsable de los nodos de violencia, pues hay más homicidios en las zonas con mayor presencia de bandas.

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Gráfico tomado del artículo del 20 de octubre “Áreas de Panamá con mayor presencia de pandillas tienen mayores tasas de homicidios

En 2016, el presidente Varela siguió sus amenazas a las pandillas con medidas duras y el ofrecimiento de su programa de amnistía y rehabilitación a miles de jóvenes. Pero la eficacia de su estrategia combinada es cuestionable, pues el número de bandas en el país no ha bajado desde su posesión en 2014.

Prospectos futuros

Mirando hacia delante, la amenaza más tangible en lo que respecta al crimen organizado de Centroamérica probablemente sea el avance continuado de las actividades de las pandillas locales.

En Costa Rica, esto podría contribuir a un mayor incremento de la violencia, con las luchas de poder entre los grupos. Pero puede  ser inminente un futuro un poco más estable en el hampa panameño con la conformación en bloque de las estructuras pandilleras. Es probable que estas redes se organicen más y quizás hagan la transición de su rol como mediadores a asumir mayor control de las etapas de la cadena de narcotráfico que por lo general manejan los carteles mexicanos y colombianos.

Un mayor volumen de drogas que pasan por el istmo centroamericano puede fortalecer aún más el poder y las ganancias de los grupos locales. Pese a numerosas señales de que las rutas de droga de Suramérica a Estados Unidos están pasando hacia la región del Caribe, hay evidencia de que la ruta centroamericana está aumentando su importancia. En Panamá ha habido el mayor volumen de drogas incautadas desde el 2000, y el gobierno costarricense ha presentado predicciones descabelladas de “tráfico de 1.700 toneladas de cocaína a través de Costa Rica en 2016” —una cifra poco creíble considerando que la producción global se acerca a las 900 toneladas.

Lo que puede ser más importante, el alza en el cultivo de coca en Colombia —vecino de Panamá y principal proveedor de cocaína de Estados Unidos— puede mantenerse en 2017, dando a sus vecinos del norte aún mayores suministros del alcaloide.

Sumado a esto, la expansión del canal de Panamá, que conecta las aguas del Atlántico y el Pacífico, podría ampliar la entrada de productos ilegales que pasen de contrabando por el país.

Esa dinámica ilustra la importancia estratégica de estos dos países para el crimen organizado en las Américas y, por supuesto, en el mundo. Con esos prospectos, bien podemos ver cómo Panamá y Costa Rica siguen los pasos de otros países de tránsito, donde las pandillas locales se abrieron camino hasta los escalones superiores del crimen organizado. La evolución de los carteles mexicanos es un buen ejemplo, y las bandas centroamericanas pronto podrían constituirse en otro. 

Incautaciones récord de drogas en Panamá reflejan auge de cocaína en Colombia

Las autoridades panameñas afirman haber confiscado más drogas en 2016 que en cualquier otro año desde el 2000, y señalan como la explicación más factible el disparo de la producción de cocaína en la vecina Colombia.

El 13 de diciembre, las autoridades habían interceptado 62,3 toneladas de cocaína y marihuana; 7 por ciento más que el total del último año y casi 60 por ciento más que en 2014. Esto representa también la mayor cifra en incautaciones de droga en el país desde el inicio del siglo, anunció el Ministerio de Seguridad Pública. (Ver gráfico siguiente)

La cocaína constituyó la gran mayoría —casi el 90 por ciento— de las drogas incautadas en 2016, en 55,5 toneladas.

“Esto se ha logrado por […] operaciones más eficientes, mejores equipos y por las estrategias que hemos establecido en la lucha contra el narcotráfico”, declaró el ministro de seguridad pública Alexis Bethancourt.

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El ministro elogió los resultados de la Operación Escudo, realizadas entre mayo y junio de 2016, cuando las autoridades decomisaron 3 toneladas de cocaína y arrestaron a 300 sospechosos de tener nexos con el narcotráfico.

También aplaudió la Operación Patria, una operación de un mes implementada a finales de 2015, de la cual resultaron el decomiso de US$1,8 millones en efectivo, y numerosos arrestos e interdicciones de estupefacientes.

Análisis de InSight Crime

Como suele ser el caso con las incautaciones de narcóticos, las cifras récord de Panamá podrían ser resultado de una variedad de dinámicas. Aunque los esfuerzos redoblados de las fuerzas de seguridad pueden ser parte de la respuesta, es probable que el mayor volumen de decomisos también sea producto de la cocaína que pasa por el país.

Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo, y Panamá ha sido por tradición su puerta de entrada para los estupefacientes que se dirigen a Estados Unidos. Según los estimativos más recientes del Departamento de Estado de Estados Unidos, hasta el 90 por ciento de toda la cocaína que ingresa a su país pasa por el corredor centroamericano.

Dada su ubicación geográfica, Panamá está sujeto a ser afectado por la continua explosión de los cultivos de coca en Colombia. Los cultivos se han duplicado sobre los niveles de 2013, y esto ha ido de la mano con incautaciones récord de cocaína en el país andino.

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Más aún, los agentes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) comentaron recientemente a InSight Crime que hay señales de que grupos criminales colombianos, conocidos como “Bacrim” —en gran medida los responsables del narcotráfico transnacional en el país—han estado reforzando su presencia en la frontera panameña a lo largo del último año.

La sede de la Bacrim más poderosa de Colombia, los Urabeños, está justo a lo largo de esta región fronteriza, y por mucho tiempo el grupo ha usado la costa Caribe como punto de salida para drogas ilegales. Pese a los operativos policiales a gran escala contra los Urabeños, varios grandes decomisos ligados al grupo demuestran que siguen teniendo una impresionante capacidad operativa en lo que respecta al narcotráfico.

La cambiante estrategia de seguridad en Panamá también podría ser en parte responsable del récord de decomisos. El presidente Juan Carlos Varela ha respondido a la creciente producción en Colombia con un anuncio de que se reforzarán los esfuerzos de interdicción, y el gobierno ha destinado fondos para la creación de una nueva Fuerza Especial Antinarcóticos

¿Qué grupos criminales en Colombia manejan la minería ilegal en Panamá?

Las zonas selváticas en Panamá presentan un auge de la minería ilegal, que hace preguntarse cuáles son las organizaciones criminales responsables de esas actividades.

Un reportaje reciente del medio de noticias panameño La Prensa da detalles sobre minería de oro ilegal en ciertas zonas del país que eran parte de un proyecto de “corredor biológico” que buscaba preservar y promover el desarrollo sostenible en áreas naturales.

El exdirector de áreas protegidas y vida silvestre para el Ministerio del Medio Ambiente, Samuel Valdés, dijo a La Prensa que la minería ilegal en esos antiguos corredores está aumentando y tiene que ver con el negocio de las drogas ilícitas como una forma de lavado de dinero.

Valdés explicó que las redes criminales reclutan indígenas para comprar maquinaria y combustible diésel, y más tarde comprarles el oro extraído. Luego se funde el mineral para elaborar joyería.

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Como señala La Prensa, en 2014 el entonces director general de la policía de fronteras de Panamá Frank Ábrego afirmó que había unas 1.500 personas involucradas en minería ilegal y contrabando en zonas de las provincias de Colón, en la costa Atlántica, y en el Darién, en el límite con Colombia.

En esa época, Ábrego añadió que ciudadanos colombianos sospechosos de participar en narcotráfico financiaban la minería ilegal en Panamá como una forma de blanquear sus bienes ilícitos.

Análisis de InSight Crime

Las denuncias de participación de grupos colombianos en la industria aurífera ilegal en la frontera panameña no son nuevas, y el negocio del oro en Panamá ha sido por mucho tiempo uno de los métodos preferidos de lavado de dinero para los delincuentes colombianos. El desafío logístico de realizar operaciones de extracción a gran escala apoya la teoría de que los mineros tienen respaldo de actores poderosos en esta primera etapa. Sin embargo, no se sabe aún qué grupos exactamente están involucrados en esta actividad ilícita.

Zorel Morales, director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), señaló a InSight Crime que los grupos guerrilleros colombianos están detrás de las operaciones de minería ilegal. Según él, esos grupos no solo financian, sino que también manejan las actividades extractivas. Ábrego también declaró en 2014 que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) financiaban y compraban oro a los mineros en la región del Darién, donde está activo el Frente 57 del grupo.

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Sin embargo, el exministro de gobierno y de justicia Severino Mejía comentó a InSight Crime que por el actual proceso de paz y desmovilización con las FARC en curso en Colombia, la guerrilla ya no es una amenaza en términos de minería ilegal. Más bien, esto ha pasado a las manos de las “Bacrim” (acrónimo de “bandas criminales”) colombianas, entre ellas Los Urabeños. En 2014, el general colombiano Leonardo Pinto Morales afirmó que Los Urabeños están en contacto con delincuentes panameños en relación con las actividades de minería ilegal.

Sin embargo, hasta ahora, la información disponible señala que Los Urabeños participan principalmente en el sector comercial del negocio del oro en Panamá. Se cree que este grupo pasa de contrabando el oro explotado de Colombia a Panamá para venderlo allí, mientras usa también al país para lavar dinero.