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Paraguay no logra superar desafíos en sustitución de cultivos

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El anuncio de un grupo de agricultores en Paraguay sobre su posible retorno al cultivo de marihuana deja en evidencia las limitaciones y desafíos de los programas de sustitución de cultivos. Miembros de la Asociación de Comités de Productores de la colonia Kamba Rembe, en el departamento de San Pedro al sur de Paraguay, anunciaron, el 1 de Octubre, su disposición a retornar a la plantación de marihuana. El anuncio tuvo lugar luego de que el gobierno presuntamente incumpliera con una serie de proyectos de asistencia para la sustitución de cultivos de marihuana, informó Ultima Hora. Daniel Romero, uno de los dirigentes de la asociación, aseguró que la “situación se ha vuelto insostenible, hay familias con hambre, ya no tienen nada que comer y muchos, lastimosamente, se decidieron en volver a cultivar la marihuana, si es que esta semana no tenemos respuestas de las autoridades”.

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Paraguay es actualmente el principal productor de marihuana del Cono Sur, y alimenta principalmente los mercados de Argentina, Brasil y Chile. Según la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay, la mayoría de las casi 5.000 hectáreas de cultivos de marihuana del país actualmente se concentran en el área de Kamba Rembe. Otras zonas de cultivos están ubicadas en los departamentos de Amambay, Concepción y Canindeyú. Kamba Rembe acaparó los titulares y la atención del gobierno del entonces presidente Horacio Cartes en 2015, cuando sus pobladores realizaron una manifestación a favor del cultivo de marihuana en respuesta a la supuesta ausencia del Estado en la zona. La protesta derivó en el anuncio de una serie de programas gubernamentales para sustituir los cultivos con sésamo. El gobierno del recién posesionado presidente Mario Abdó también ha señalado que debe “ofrecer alternativas a los pobladores de la zona, de tal manera que dejen la producción de la droga y se dediquen a un trabajo lícito” y prometió, a través del Ministerio de Agricultura, implementar programas para la mecanización de agricultura familiar para el cultivo de sésamo en la zona.

Análisis de InSight Crime

El anuncio de los productores de retornar al cultivo de marihuana a raíz del supuesto incumplimiento del gobierno da muestra de las falencias de la imposición de siembra de productos que en ocasiones no representan una alternativa económica viable para las comunidades.  Según los agricultores en la zona de Kamba Rembe, la siembra de sésamo impulsada por el gobierno no les brindaría suficientes ingresos para subsistir. Un kilo de marihuana puede venderse por hasta US$30, al menos treinta veces más que un kilo de sésamo o mandioca, otro de los cultivos de la zona, según una investigación del diario La Nación. Cerca del 80 por ciento de los 4.500 campesinos en la zona de Kamba Rembe se dedican al cultivo de marihuana. Por otro lado, el gobierno ha reconocido que solo tiene la capacidad de erradicar menos de la mitad de lo sembrado (cerca de 2.500 hectáreas). Pero es posible que la estrategia de erradicación tampoco esté funcionando. A las incautaciones crecientes se suma la captura de uno de los presuntos líderes del tráfico de marihuana de Paraguay hacia Argentina a pocos kilómetros de Kamba Rembe, vinculado con un cargamento incautado de cerca de 14 toneladas.

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El gobierno de Paraguay no es el único que enfrenta cuestionamientos con respecto a las políticas de sustitución de cultivos. Colombia es tal vez el ejemplo más claro en la región de un país que lucha para hacer disminuir los crecientes cultivos ilícitos de coca. Allí, el gobierno también ha sido señalado de incumplir con los programas de sustitución de cultivos ilícitos –uno de los puntos acordados con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un acuerdo de paz de 2016–. A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano de implementar programas de sustitución, muchos de estos todavía no han sido implementados integralmente. De acuerdo con investigaciones de campo de InSight Crime, esto aumenta directamente el riesgo de que algunos vuelvan a aumentar sus cultivos ilegales. Al mismo tiempo, el estado colombiano sigue impulsando agresivas políticas de erradicación que incluyen el uso de glifosato, lo cual ha causado protesta social y perjudica la confianza de las comunidades en que el gobierno cumple con sus estrategias alternativas. De hecho, el impulso a estas iniciativas tanto de represión como de sustitución, no impidieron que Colombia registrara niveles récord en los cultivos de coca el año pasado. En este sentido, el cultivo de sustancias ilícitas en algunas de las regiones más remotas y pobres de la región, es visto como una actividad de alto retorno por los pequeños agricultores locales, a pesar del riesgo de enfrentar la ley –que disminuye con la falta de presencia del Estado–.

Nuevo presidente de Paraguay: ¿mucho ruido y pocas nueces?

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El nuevo presidente de Paraguay asegura que centrará su política de seguridad en acabar con la corrupción judicial y el crimen organizado, pero su trayectoria y los cuestionamientos sobre la legitimidad de quienes lo rodean han despertado dudas sobre qué tan factibles son sus propuestas. El conservador Mario Abdo Benítez, quien en abril ganó por un margen de menos de cuatro puntos a su oponente liberal Efraín Alegre, comenzó su mandato el 15 de agosto. El político y empresario amasó buena parte de su capital económico y político de la mano del Partido Colorado, al cual también pertenecía su padre, quien se desempeñó como secretario privado del coronel Alfredo Stroessner durante la dictadura paraguaya, que duró 35 años. El nuevo presidente ha sido un vocal crítico del presidente Horacio Cartes, también representante del Partido Colorado. Tanto fue así que en 2017, cuando era senador, lideró la oposición frente a la propuesta de reelección presidencial impulsada por Cartes. En materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, Abdo ha dicho públicamente que en Paraguay ha habido una “falta de voluntad política e ineficiencia en el manejo de las políticas de seguridad” y ha expresado su interés por recibir asistencia de Estados Unidos, así como la necesidad de “políticas de inteligencia”.

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Y aunque todavía no se conocen los detalles de sus planes para combatir al crimen, la elección de los miembros de su gabinete da algunas ideas sobre la política de seguridad que tendrá su gestión. El general retirado y futuro ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, quien ya había desempeñado el cargo bajo la gestión de Cartes hasta 2015, ha señalado en declaraciones a Última Hora su intención de fortalecer al ejército y aumentar sus capacidades. Así mismo, el elegido de Abdo para la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el exsenador Arnaldo Giuzzio, señaló que en la lucha contra el crimen dará prioridad al control del microtráfico y prometió investigar a fondo la narcopolítica. Si bien durante su paso por el Congreso Guizzio señaló a varios congresistas por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, también recibió fuertes cuestionamientos por la poca efectividad y el tecnicismo de su mandato en la fiscalía anticorrupción. El jefe de campaña de Abdo y futuro ministro de Interior, Juan Ernesto Villamayor, señaló a EFE que buscará enfocarse en la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el norte del país y anunció el fortalecimiento de la cuestionada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), creada para enfrentar al grupo. Durante el cierre de su campaña, el nuevo presidente también se comprometió a desatar una guerra frontal contra la corrupción y la impunidad en el país. Aunque muchos de los casos que más obstáculos han encontrado para conseguir justicia en Paraguay están relacionados con crímenes cometidos durante la dictadura, en la que su padre fue uno de los hombres más poderosos, otros casos de corrupción, contrabando y narcotráfico vinculados a miembros de la élite del país también han quedado en la impunidad.

Análisis de InSight Crime

Si bien es cierto que, como señaló Abdo, el gobierno de Cartes tuvo pocos éxitos en la lucha contra el crimen organizado (además, tanto él como su tío han sido vinculados al narcotráfico y al contrabando de cigarrillos), también es claro que el nuevo presidente representa los mismos intereses de la élite política y militar que ha gobernado el país casi ininterrumpidamente durante las últimas siete décadas. Muchos de los nuevos retos que deberá enfrentar el nuevo presidente en la lucha contra el crimen organizado se derivan en parte del creciente papel de Paraguay en el tráfico internacional de cocaína, incluyendo la cada vez mayor presencia del Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) y el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) en la zona de la triple frontera, donde en algunos casos las pandillas brasileñas incluso han cooptado a miembros de la policía y a funcionarios. Aunque hasta el momento Abdo no ha presentado propuestas puntuales sobre la lucha contra los grupos del crimen organizado transnacional, el nuevo presidente de Paraguay ya ha mostrado acercamientos con los presidentes de Brasil y Argentina en temas de seguridad regional y parecen estar coordinados en el enfoque de mano dura que buscan dar al crimen. En este sentido, las promesas de sus ministros de fortalecer la FTC y el ejército de manera simultánea han generado fuertes cuestionamientos, en parte debido a la poca efectividad que ha mostrado tener la institución en su lucha contra el EPP y los cultivos de marihuana en la zona norte del país, a pesar de la gran cantidad de recursos destinados para ello. Por otro lado, tampoco son claros los incentivos que podría tener Abdo para sanear la corrupción en el sistema judicial que lo ha beneficiado a él y a su familia durante tantos años (aunque su padre pasó dos años en la cárcel por enriquecimiento ilícito, muchos de los crímenes más violentos que presuntamente cometió durante la dictadura quedaron en la impunidad tras su muerte en marzo de 2013). Su buena relación con los gobiernos anteriores le valieron multimillonarios contratos estatales para sus empresas Almacenamiento y Distribución de Asfalto (Aldía S.A.) y Creando Tecnología S.A. (Createc S.A.), las cuales entre 2010 y 2014 recibieron contratos estatales por cerca de US$18,5 y US$3,8 millones, respectivamente.   Según ABC Color, en parte por sus diferencias con el gobierno de Cartes, las empresas de Abdo no recibieron contratos estatales entre 2014 y 2017, aunque poco después de su victoria durante las elecciones primarias en diciembre de 2017, a Aldía le fue adjudicado un contrato estatal por US$1,7 millones. Además de los claros conflictos de interés que representa ser contratista del Estado y presidente al mismo tiempo, miembros de su gabinete se han visto envueltos en casos de corrupción, y algunos incluso han favorecido la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos y otros crímenes cometidos durante la dictadura.

Traficantes de marihuana sobornaban a funcionarios de Paraguay por protección

Las autoridades de Paraguay han desmantelado una red de tráfico que tiene vínculos con funcionarios de una importante región productora de marihuana en la frontera con Brasil, una muestra más de la corrupción generalizada y sistemática que por mucho tiempo ha permitido que el país sea el principal productor de marihuana ilegal en Suramérica. Nueve presuntos miembros de una red de tráfico de marihuana fueron arrestados el 1.° de agosto en Salto del Guairá, ciudad capital del departamento de Canindeyú, donde abundan los cultivos de marihuana, cerca de la frontera oriental de Paraguay con Brasil. Según la fiscalía, la investigación de un año de duración que condujo a las capturas permitió identificar un “‘sistema de protección’ bien estructurado”, conformado por funcionarios activos y en retiro de la policía, el ejército, la aduana y la fiscalía, quienes aceptaron sobornos del grupo de traficantes a cambio de que hicieran la vista gorda frente a los cargamentos de droga y alertaran a la red sobre las investigaciones y los allanamientos. Durante la operación, las autoridades confiscaron documentos escritos donde constan los pagos de los sobornos, así como más de una docena de vehículos, varios barcos, armas semiautomáticas y casi 16 toneladas de marihuana valorada en unos US$8 millones. Entre los detenidos se encuentra Flaviano Giménez, identificado como el presunto líder y principal financista del grupo de traficantes, su hijo y presunto segundo al mando, Flavio Junior Giménez Spaini, y el presunto transportista Jorge Daniel Zorrilla Vera. Wilson Gauto Campuzano, fiscal auxiliar de la unidad de lucha contra las drogas de la Fiscalía General en Salto Guiará, fue arrestado por presuntamente aceptar coimas para proveerle información de inteligencia al grupo criminal. El exsoldado Jorge Daniel Zorrilla fue arrestado por presuntamente administrar el almacenamiento de las drogas. A los hermanos gemelos Wilson Rubén Cáceres González y Wilson Darío Cáceres González, quien además es expolicía, se les imputa de ayudar a traficar las drogas por Canindeyú. Ambos permanecen fugitivos, según informó el medio de noticias paraguayo ABC Color. Además, varios agentes de policía acusados de aceptar sobornos han sido despedidos.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Paraguay Según los investigadores, el esquema de tráfico involucraba el transporte de toneladas de marihuana desde una remota plantación a través de varias ciudades del departamento, pasando por las principales autopistas gracias al pago de sobornos. Una vez que los cargamentos de droga llegaban a la capital del departamento, Salto del Guairá, eran almacenados en una instalación cerca de la aduana local y luego eran trasladados a puertos clandestinos en el río Paraná. A partir de ahí, la marihuana era llevada por río hasta Brasil, a bordo de lanchas rápidas. El fiscal Marcelo Pecci comentó a BBC Color que los investigadores se encuentran usando los documentos incautados, y que los sobornos constituyen un “gran rompecabezas” que les permitirán comprender la red y determinar si el grupo también utilizó su ruta, con la protección de los funcionarios, para traficar otros bienes de contrabando, como armas de fuego y cigarrillos.

Análisis de InSight Crime

La red de tráfico desmantelada recientemente en una de las principales regiones productoras de marihuana en Paraguay ilustra cómo la arraigada corrupción ha hecho del país el principal productor de marihuana en Suramérica y facilita el transporte de la droga a través de la frontera con Brasil. Los agentes de la policía paraguaya suelen aceptar sobornos para ignorar o proteger activamente las plantaciones de cannabis y los cargamentos de droga que pasan por el país y atraviesan sus fronteras. En los últimos años, muchos políticos de nivel local y nacional también han sido acusados de participar en el tráfico de marihuana, y supuestamente hay jueces corruptos que han conseguido que los traficantes salgan impunes. La administración del presidente paraguayo Horacio Cartes recientemente intensificó las actividades de erradicación y confiscación de marihuana, así como la cooperación con los países vecinos. Y sin embargo la producción parece estar en auge, en parte porque los agricultores carecen de alternativas, los funcionarios aceptan sobornos con frecuencia, y la venta de la droga para el consumo internacional es altamente lucrativa. Brasil es de lejos el principal consumidor, y se estima que un 80 por ciento del cannabis ilegal de Paraguay está destinado al país vecino. Los recientes arrestos en la frontera entre Paraguay y Brasil llaman la atención sobre el papel integral que cumplen los funcionarios corruptos en la protección de la producción y el transporte de la droga. Esta profunda corrupción incluso parece estar allanando el camino para que la organización criminal más grande de Brasil, el Primer Comando Capital (PCC), se expanda en la región fronteriza e incluso en Asunción, la capital de Paraguay.

Detenciones indican que policías corruptos colaboran en expansión de PCC en Paraguay

La captura de un presunto capo brasileño, un supuesto colaborador y un agente de policía que trabajaba como guardaespaldas, en la capital de Paraguay ilustra cómo la corrupción policial y tácticas sofisticadas pueden estar facilitando la expansión del grupo criminal más poderoso de Brasil. El 18 de julio, las autoridades paraguayas arrestaron a a Eduardo Aparecido de Almeida, alias “Pisca”, presunto jefe del Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital –PCC), en Asunción, capital de Paraguay. La Fiscalía General de Paraguay identifica a Pisca como el segundo al mando de la facción paraguaya del PCC, conocida como “Raio X”, mientras que la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) lo designa como “jefe regional” del grupo. Ambas instituciones paraguayas cooperaron con la Policía Federal de Brasil en la investigación que condujo a la captura de Pisca. Lorena Ledesma, fiscal paraguaya a cargo de la investigación, comentó al programa Radio 970 AM en Paraguay que Pisca llevaba por lo menos un mes viviendo en una “casa muy segura”, en Asunción, con vigilancia en circuito cerrado de las cuadras que rodeaban la lujosa propiedad, la que a su vez habían alquilado usando documentos personales falsos. Esas cámaras de seguridad alertaron a Pisca de la llegada de las autoridades, pero cuando intentó huir corriendo, fue aprehendido por agentes de la SENAD. Según Ledesma, Pisca es “miembro activo” del PCC, y estaba encargado de “coordinar las conexiones” entre el grupo brasileño y sus contrapartes en Bolivia y Paraguay para el tráfico de drogas.

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El medio de noticias ABC Color informó que las autoridades paraguayas sospechan que Pisca estuvo implicado en la repartición de los más de US$11 millones que robó el PCC en un sofisticado asalto a mano armada estilo militar en la ciudad fronteriza de Ciudad del Este el año pasado. Fuentes de ABC indican que Pisca puede haber huido de Brasil con su familia hace unos meses y que estuviera buscando refugio en Asunción luego de que estallaran tensiones entre miembros del PCC por la distribución del dinero. Las autoridades paraguayas se apresuraron a extraditar a Pisca a Brasil, donde se lo busca por su presunta participación en delitos que van desde narcotráfico y asociación para delinquir, hasta secuestro y homicidio, así como la fuga de una prisión de São Paulo. El mismo día de su captura, Pisca fue entregado a la policía federal de Brasil. Además, las autoridades arrestaron a otra persona de nacionalidad brasileña identificado como Ricardo Moraes Alves, de quien se dice que es un “colaborador cercano del supuesto jefe del PCC”. Carlos Alfredo Mendoza, agente de la policía nacional paraguaya, también fue detenido, acusado de servir como guardaespaldas personal de Pisca y de “suministrar documentos de identidad al brasileño para que pudiera desplazarse por la ciudad”, comentó Ledesma a Radio 970 AM. Tras el arresto de Mendoza, el jefe y el subjefe de su comisaría fueron destituidos y se abrió una investigación sobre ellos, pues al momento de su captura Mendoza debía estar en servicio.

Análisis de InSight Crime

El arresto de un presunto cabecilla del PCC en la capital de Paraguay, lejos de la frontera con Brasil, puede indicar que la poderosa organización criminal está penetrando cada vez más en el vecino país con ayuda de agentes de policía corruptos. El PCC ha librado una guerra en los últimos años por establecer un bastión en ciudades como Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este en la región productora de marihuana al este de Paraguay, frontera con Brasil, posiblemente subcontratando a grupos locales y enviando a miembros del grupo de Brasil. Pero la captura de Pisca señala la primera vez que las autoridades paraguayas rastrean a un presunto jefe del PCC en la capital, más cerca de la frontera oeste del país con Argentina.

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La aparente expansión del PCC más allá de la región fronteriza, de importancia estratégica para ellos, parece haberse facilitado con la colusión con miembros de la fuerza de policía nacional, que tiene un largo historial de corrupción. Según las autoridades paraguayas, es probable que Pisca lograra ingresar al país usando documentos de identificación falsos, alquilara una mansión de lujo y se moviera por Asunción sin problema usando la identificación de su cómplice de la policía. Eso también explicaría cómo eludió la atención de la policía durante varios meses. No se sabe qué impacto tendrá la captura de Pisca para las operaciones del PCC en Paraguay, en especial porque las autoridades no conocen cuál era su función exacta en el grupo. Sin embargo, si los acontecimientos recientes en Pedro Juan Caballero son alguna señal, es común que haya nuevos cabecillas del PCC listos para intervenir luego de las capturas con el fin de mantener su dominio en esos lugares.

PCC de Brasil tiene nuevo jefe del crimen en ciudad fronteriza de Paraguay

La información sobre la presencia de un nuevo jefe del crimen organizado brasileño en una ciudad fronteriza de Paraguay da muestra de la sofisticada estrategia expansionista de la pandilla PCC y de la importancia de esa zona para el crimen organizado transnacional. Fuentes de las fuerzas de seguridad paraguayas habrían confirmado al medio ABC Color que el supuesto miembro de la pandilla brasileña Primer Comando Capital (PCC), Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, alias “Minotauro”, sería el nuevo jefe de ese grupo criminal en la ciudad fronteriza Pedro Juan Caballero, donde la organización cuenta con un fuerte brazo armado. El jefe pandillero, quien también es conocido en la zona como Neto, utiliza un documento de identidad paraguayo con el nombre de Celso Matos Espíndola, y se habría instalado en esa región para llenar el vacío de poder dejado tras la captura reciente en Río de Janeiro del líder del PCC, Elton Leonel Rumich Da Silva, alias “Galã”, quien se había desempeñado como jefe de esa organización en la ciudad fronteriza desde mediados de 2016. Minotauro, quien hasta hace poco ocupaba una posición de poder en la favela Rocinha, en Río de Janeiro, ya había sido señalado por la policía de Brasil de ser el nuevo jefe del PCC en Paraguay, en unos informes filtrados a las fuerzas de seguridad. El nombre de Minotauro ya había acaparado los titulares en marzo de este año luego de que ordenara el asesinato de un policía en la ciudad de Ponta Porã, en el lado brasileño de la frontera. En respuesta la policía desplegó un operativo en el que, aunque no pudieron capturar a Neto, encontraron documentos de identificación paraguayos. En Brasil, Minotauro también es acusado de lavado de dinero, falsificación de documento público y usurpación de identidad.

Análisis de InSight Crime

Si bien la presencia de pandillas brasileñas en la frontera entre Brasil y Paraguay no es nueva, el aparente interés del PCC por consolidar su poder en Pedro Juan Caballero da muestra de la creciente sofisticación de la pandilla y de su participación en actividades del crimen organizado transnacional. Además del PCC, en la zona han comenzado a operar varias pandillas procedentes de Brasil en los últimos años, como el Comando Vermelho (CV).

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Esa zona fronteriza es utilizada como un refugio por criminales brasileños y de otros países que encuentran en la ciudad paraguaya una ubicación estratégica para continuar con sus actividades criminales y para evadir a la justicia en sus países de origen. La posición de poder que presuntamente ocupa actualmente Minotauro en el crimen organizado de Pedro Juan Caballero ilustra también el alcance de una nueva generación de criminales brasileños en Paraguay, que están dispuestos y tienen la capacidad de retar descaradamente a la institucionalidad y de realizar violentos ataques contra la policía y miembros de la élite criminal y empresarial local.

“Hermano del alma” del presidente de Paraguay se entregaría a la justicia por lavado de dinero

Un amigo muy cercano del presidente de Paraguay acusado de liderar un gran esquema internacional de lavado de dinero ha ofrecido entregarse a las autoridades, según han informado algunos medios; pero su aparente disposición a cooperar puede ser una cortina de humo para evadir la justicia. Dario Messer, empresario y operador financiero brasileño nacionalizado en Paraguay, ha ofrecido entregarse para enfrentar cargos de lavado de dinero en Paraguay, según fuentes consultadas por Última Hora. Messer, a quien el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, se ha referido como su “hermano del alma”, fue acusado de lavado de dinero en Paraguay el 8 de mayo, después de una serie de redadas a las empresas de su propiedad.       VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Paraguay Los cargos en Paraguay se presentaron varios días después de que las autoridades de Brasil acusaran a Messer, el 3 de mayo, de liderar una operación multinacional de lavado de dinero desde 2003, mediante la cual se blanquearon más de US$1,6 mil millones. Los medios señalan que las autoridades brasileñas están investigando más de 400 clientes de Messer, entre ellos individuos relacionados con actos de corrupción. Las autoridades brasileñas han solicitado la extradición de Messer. El 23 de mayo, la Corte Suprema de Paraguay despojó a Messer de su ciudadanía paraguaya, lo que podría facilitar su extradición.

Análisis de InSight Crime

La supuesta disposición de Messer de entregarse a las autoridades paraguayas puede parecer un gesto de buena fe que indica que cooperará con las acciones judiciales en su contra. Sin embargo, cuando se examina más de cerca, su decisión parece ser un intento de someterse a la justicia paraguaya con el fin de recibir un tratamiento indulgente allí, y quizá evitar ser enviado a Brasil, donde enfrentaría un juicio mucho más riguroso. La estrecha amistad de Messer con Cartes podría proveerle un poco de protección política mientras enfrenta el caso en su contra en Paraguay. Cartes, quien ha sido acusado de participar en diversos delitos, como el contrabando de cigarrillos y el tráfico de drogas, no suele encarar a las personas cercanas a él que supuestamente están involucradas en actividades ilícitas. De hecho, varios de sus aliados cercanos han sido acusados de vínculos con el crimen.       VEA TAMBIÉN: InDepth: Cobertura sobre élites y crimen organizado Además, un pariente de Cartes también ha sido implicado en el caso Messer, lo que podría incentivar al presidente paraguayo a mover cualquier palanca que le pueda otorgar indulgencia al acusado. Así mismo, Cartes ha estado invirtiendo capital político significativo para que el Congreso acepte su retiro del cargo antes de tiempo, y así poder tomar una curul en el Senado. Las dudas en torno a la posible implicación de Cartes en el caso Messer han retrasado ese proceso, lo que sugiere que la capacidad del presidente saliente para ayudar a sus amigos puede ser limitada.

Perfil de Paraguay

Paraguay ha gozado de relativa estabilidad luego de su transición a la democracia a comienzos de la década de 1990. Sin embargo, el país es el mayor productor de marihuana de la región y trafica más cigarrillos de contrabando que cualquier otra nación del hemisferio occidental. El crimen organizado en Paraguay se beneficia de la corrupción desbordada en todos los estamentos del poder, y las oportunidades para el crimen provienen de su posición entre los dos países de Suramérica con mayor consumo de drogas, Brasil y Argentina, y de su vecindad con uno de los centros de producción de narcóticos de mayor crecimiento en la región, Bolivia.

Aunque Paraguay no adolece de altas tasas de homicidios, sí es una ruta importante para el tráfico de narcóticos y de armas de fuego. Además de las organizaciones criminales locales, redes criminales extranjeras —de Brasil especialmente— también operan en Paraguay, y un pequeño pero persistente grupo guerrillero se ha sumado a los problemas de seguridad del país.

Geografía

Paraguay es uno de los dos países sin acceso al mar en Suramérica. Mide 406.752 km2, un poco menos que estado de California, en Estados Unidos. Los traficantes aéreos han usado a Paraguay como destino y  punto de despegue de cargamentos de drogas, en parte por su ubicación estratégica en el corazón de Suramérica y en parte por la corrupción crónica en el sistema de seguridad aeronáutica.

Paraguay es plano casi en su totalidad y rural en su mayoría, lo que bastante espacio para el cultivo de cannabis. Las porosas fronteras terrestres con Bolivia hacia el noroeste, con Argentina al suroeste y con Brasil hacia el este albergan rutas de contrabando terrestres. El extenso sistema fluvial del país, incluido el río Paraguay, que pasa por la mitad del país, de norte a sur, sirve como método importante para el trasiego de estupefacientes.

Historia

Paraguay estuvo poblado por los indígenas guaraníes antes de la conquista de los españoles en el siglo XVI. Luego de lograr su independencia de España, en 1811, el país fue gobernado por una serie de dictadores por la mayor parte del siglo que siguió.

El último autócrata de Paraguay, Alfredo Stroessner, fundó en 1954 el que se convertiría en el régimen autoritario más prolongado de Suramérica, cuando el general del ejército subió al poder con el apoyo de las fuerzas armadas. La corrupción floreció durante el mandato de Stroessner, y Paraguay se convirtió en refugio para criminales de guerra, como el médico nazi Josef Mengele, y contrabandistas de narcóticos, como Auguste Ricord, otro colaborador de los nazis, que también fue el cofundador de la red de heroína la Conexión Francesa. El mismo hijo de Stroessner, Gustavo, también general del ejército, fue acusado en 1987 de participar en un entramado internacional de tráfico de cocaína. Un golpe militar interno derrocó a Stroessner en 1989. El líder golpista, el general Andrés Rodríguez Pedotti, fue elegido presidente y comenzó a introducir algunas reformas democráticas. Con apoyo de algunos poderosos elementos en el ejército, el primer presidente civil que el país había tenido en décadas, Juan Carlos Wasmosy, asumió el cargo en 1993. En medio de la parcial apertura política, comenzaron a formarse varios movimientos izquierdistas antes proscritos, entre ellos el Partido Patria Libre (PPL). En la década de 2000, algunos elementos del partido recurrieron a actividades criminales, en especial el secuestro, para apoyar sus ambiciones políticas. Esto culminó cuatro años después con el secuestro y muerte de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas. Las autoridades capturaron a líderes importantes del PPL en 2005 y los miembros que quedaron refundaron el grupo como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Operando principalmente en los departamentos centrales de Concepción y San Pedro, la guerrilla del EPP siguió secuestrando, pero también comenzó a extorsionar a agricultores y ganaderos. Pese a la caída de Stroessner, el partido Colorado de derecha al que pertenecía siguió gobernando en Paraguay, en parte con ayuda de redes de corrupción bien arraigadas. En 2008, sin embargo, el exobispo católico Fernando Lugo fue elegido con respaldo de una coalición opositora. Pese a no haber tenido ningún cargo político anterior, Lugo ganó con una campaña en la que prometía enfrentar los problemas económicos y la corrupción. Lugo hizo de la lucha contra el EPP parte importante de su estrategia de seguridad, pese a la amenaza relativamente pequeña de esa guerrilla en comparación con otras organizaciones criminales, en parte por su asociación no precisada con algunos miembros de ese grupo guerrillero. Entre tanto, la corrupción y la violencia criminal seguían asolando el país, y el EPP solo parecía hacerse más fuerte. Lugo fue sometido a un juicio político en 2012 luego de un enfrentamiento entre la policía y campesinos sin tierra en el que resultaron 17 personas muertas. Algunos líderes regionales de izquierda, simpatizantes de Lugo alegaron que su destitución fue una especie de golpe orquestado para beneficiar a narcotraficantes y otros intereses criminales vinculados al hegemónico Partido Colorado. Tras la destitución de Lugo, en medio de denuncias de fraude electoral, el candidato y empresario del partido Colorado Horacio Cartes ganó la presidencia en 2013 pese a un largo historial de asociación con actividades ilícitas desde lavado de dinero hasta contrabando de estupefacientes y de cigarrillos. Algunos familiares de Cartes también han sido acusados de participar en crimen organizado. Al igual que su predecesor, Cartes concentró parte importante de su retórica y recursos en seguridad a perseguir al EPP, con pocos resultados. Al mismo tiempo, funcionarios de gobierno durante la administración de Cartes comenzaron a admitir otros acuciantes problemas e seguridad, como el ascenso de capos criminales paraguayos y la producción interna de cocaína, la mayor presencia de pandillas brasileñas y la corrupción generalizada en las fuerzas de seguridad. En medio de temores por la oleada criminal, los legisladores otorgaron a Cartes amplios poderes en temas de seguridad poco después de su posesión. Y en 2014, el Congreso aprobó una ley que facultaba a las autoridades a abatir aviones sospechosos de llevar drogas y una ley más que autorizaba la creación de un sistema nacional de inteligencia. El EPP sufrió una división interna de corta duración en 2014, pero pareció aumentar su audacia, con una serie de ataques de alto perfil en 2015 que sembraron confusión en las fuerzas de seguridad. Además de Además de algunos intentos exploratorios de grupos criminales mexicanos de establecer presencia en Paraguay, otros grupos armados pequeños también surgieron por ese tiempo, lo que complicó la situación de seguridad. Mientras tanto, Paraguay seguía padeciendo la corrupción desbordada —y en ocasiones violenta— que iba desde las municipalidades hasta el Congreso nacional, y toca oficiales de alto rango en la policía y el ejército. Un estudio de 2016 halló que la economía ilegal de Paraguay representaba el 40 por ciento del PIB nacional, lo que pone de relieve la penetración alcanzada por una amplia variedad de actividades criminales en el país. La intersección del crimen y la política en Paraguay acaparó la atención pública en 2016, cuando algunos funcionarios afirmaron que Jarvis Chimenes Pavão, capo brasileño preso en Paraguay, había orquestado un complot para asesinar a Cartes. Casi al mismo tiempo, otros políticos denunciaron amenazas de actores criminales. Sin embargo, la relación entre el crimen y la política en Paraguay implicaba no solo coerción, sino también cooperación. Mientras seguían dándose a conocer los tratos de políticos con criminales, en 2017 los parlamentarios intentaron (y no lograron) hacer aprobar una reforma que buscaba un autoblindaje de investigaciones por malos manejos. También en 2017, el poder y la sofisticación de los grupos criminales brasileños en Paraguay tuvo un despliegue espectacular cuando el grupo criminal más poderoso del vecino, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital –PCC), perpetró el mayor robo a mano armada de la historia de Paraguay.

Cuando el quinquenio de Cartes en la presidencia llegaba a su fin, en abril de 2018, el candidato del partido Colorado Mario Abdo Benítez fue elegido como nuevo presidente del país. Abdo Benítez es hijo del exsecretario privado del exdictador Stroessner. Las políticas de seguridad de Abdo Benítez no fueron divulgadas con claridad durante su campaña.

Grupos criminales

Además del grupo guerrillero local EPP, otras organizaciones criminales más operan en Paraguay, de los cuales algunos de los más poderosos están asentados en el vecino Brasil. Pese al tamaño relativamente pequeño del EPP —que se calculo desde unas cuantas docenas hasta 150 combatientes como máximo— el grupo ha sido una preocupación importante para los gobiernos de turno. Su principal fuente de ingresos es la extorsión a dueños de terrenos rurales, muchas veces mediante el secuestro. El EPP usa las ganancias para financiar sus actividades y granjearse el apoyo de las comunidades en las que opera. Evidencia reciente indica que el EPP puede estar intentando también ampliar su participación en la industria de la marihuana, específicamente cerca de la ciudad de Pedro Juan Caballero, punto de cruce estratégico para el narcotráfico en la frontera Brasil-Paraguay. Se sabe que las dos organizaciones criminales más importantes de Brasil, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital–PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho), trabajan con los grupos narcotraficantes paraguayos. Al PCC también se le atribuyó en 2017 el asalto más lucrativo de la historia de Paraguay. Aunque Paraguay no tiene organizaciones criminales nativas, hegemónicas, por el país pasan volúmenes importantes de drogas, lo que indica que hay redes importantes —posiblemente facilitadas por la corrupción extendida— que ayudan a otros grupos criminales a transportar narcóticos por toda Suramérica e incluso hasta Europa. Un ejemplo es el de Jarvis Chimenes Pavão, narcotraficante brasileño que dirigía una sofisticada operación de tráfico pese a estar recluido en una prisión de Paraguay. Se dice que tenía nexos con el PCC. La corrupción también ha favorecido las redes de contrabando con el ingreso de productos ilícitos a Paraguay.

Fuerzas de seguridad

La Policía Nacional de Paraguay actúa bajo la dirección del Ministerio del Interior y tiene alrededor de 26.000 agentes, lo que representa un índice de cerca de 370 policías por 100.000 habitantes. Al igual que gran parte del resto del gobierno paraguayo, la corrupción es un problema permanente para la policía. Ha habido agentes acusados de participación en delitos tan variados como el narcotráfico y la tala ilegal. El ejército paraguayo consiste de un ejército, fuerza aérea y naval, con un pie de fuerza combinado de unos 16.000 efectivos, concentrados en su mayoría en el ejército. El gasto militar rondaba el 1,5 por ciento del PIB desde finales de la década de 2000. Al igual que la policía, las fuerzas armadas de Paraguay también tienen problemas con la corrupción, con denuncias de participación en narcotráfico que se remontan a la dictadura de Stroessner.

Durante varios años, una unidad de la policía militar conocida como Centro de Operaciones Tácticas, mejor conocida como Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ha liderado la lucha contra la guerrilla del EPP. Pero, la falta de liderazgo consistente ha dificultado la labor de la FTC, llevándola a registrar pocos logros concretos.

Sistema judicial

La rama judicial en Paraguay es un poder independiente según la constitución. La Corte Suprema es la máxima autoridad. Por debajo de ella están los juzgados de primera instancia y los tribunales de apelación, algunos de los cuales se ocupan específicamente de casos criminales. Un sistema de tribunales militares separado maneja los asuntos relacionados con las fuerzas armadas.

El sistema de juzgados civiles en Paraguay también adolece de corrupción e ineficiencia. En general, el sistema judicial se mantiene corto de personal, lo que genera dificultades para llevar a buen término las causas abiertas. Se ha acusado a los jueces de mostrar indulgencia o no procesar a narcotraficantes, lo que indica que la corrupción puede tener algo que ver con esto.

Prisiones

Paraguay tiene el mayor porcentaje de personas recluidas en detención preventiva, lo que significa que no se les ha condenado por algún crimen. Las personas en detención preventiva representan casi el 80 por ciento de los 13.000 reclusos del país, según datos de 2015. Para 2017, la tasa de sobrepoblación carcelaria era de 143 por ciento.

Varias bochornosas fugas han puesto en evidencia la corrupción y las anomalías en el sistema penitenciario. Más aún, se ha descubierto que poderosos narcotraficantes ocupan celdas “VIP”, mientras continúan sus actividades criminales, una ilustración de la falta de control que tienen las autoridades sobre la vida tras las rejas.

Policías corruptos en Paraguay ven oportunidades en tala ilegal

Las autoridades en Paraguay han arrestado a una quincena de agentes de policía por intento de robo de madera aserrada incautada, lo que muestra el atractivo que tiene la industria de explotación ilegal de madera en Latinoamérica tanto para los miembros corruptos de las autoridades como para las redes criminales. Un agente de la fiscalía local ordenó la captura de 15 agentes de policía de la ciudad de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, este de Paraguay a lo largo de la frontera con Brasil, por el presunto intento de robo de madera talada ilegalmente que había sido confiscada en un operativo policial previo, según información de ABC Color. Los agentes supuestamente contrataron a un conductor de camión para robar la madera de la estación de policía mientras se encontraban de servicio, informó ABC Color. Pero los individuos huyeron dejando abandonado el camión luego de ser descubiertos en el intento.

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La madera —cuyo tipo no se especificó, pero que procedía de la reserva natural Campos Morombí, que ha enfrentado graves problemas de tala ilegal en el pasado— había sido expropiado por la fiscalía ambiental de Paraguay en un operativo anterior. Entre los capturados se encuentran el jefe de la policía local y el jefe de investigaciones criminales, según el cubrimiento de ABC Color.

Análisis de InSight Crime

Las recientes capturas en Paraguay ponen de relieve un problema constante en la región —la corrupción policial—, así como el relativo bajo riesgo frente a los altos beneficios asociados a la tala ilegal en Latinoamérica. La reserva natural de Campos Morombí en Paraguay se ha dado a conocer por el tráfico de madera, y no es la primera vez que se acusa a agentes de la policía de intentar robar la madera que se había confiscado a taladores que la sacaron ilegalmente de la reserva. La tala ilegal es uno de los delitos transnacionales de mayor valor en el mundo. Según un estudio de 2017, que estimaba la rentabilidad del crimen transnacional, la tala ilegal es el crimen más rentable contra los recursos naturales, con un valor entre US$52 y US$157 mil millones anuales.

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Aparte de los altos márgenes de ganancia, el riesgo también es relativamente bajo. No es claro qué pretendían hacer los agentes con la madera robada, pero la madera traficada —a menos que se venda dentro del país— por lo general se transporta por vía terrestre y marítima a otros países, en camiones y contenedores. A menos que las autoridades estén bien entrenadas para identificar la madera de origen ilegal o documentos adulterados, que muchas veces no lo son, la madera ilegal puede mezclarse con madera de origen legal para hacer parecer que todo el cargamento es legal, o transportarse con documentos falsos. Más aún, pese al hecho de que las autoridades en Paraguay decomisaron esta madera ilegal, la falta de personal y recursos, lo disfuncional de los equipos de operación y la corrupción tienden a obstruir los esfuerzos por atacar con fuerza la explotación maderera ilegal, lo que aumenta el atractivo de la actividad para quienes buscan llevarse una tajada de las ganancias. Por ejemplo, en 2016 las autoridades de la reserva natural de Campos Morombí interrumpieron las inspecciones en una de las vías usadas por los traficantes para el transporte de la madera ilegal por temor a ataques, luego de que su unidad fuera reducidad de quince agentes a solo cuatro.

Aumento de decomisos fronterizos en Brasil es una mala señal para la región

Las incautaciones de armas y narcóticos a lo largo de las fronteras de Brasil aumentaron en el último año, aun sin inversiones importantes en la seguridad fronteriza, lo que sugiere la posibilidad de que dicho incremento esté siendo impulsado por la dinámica criminal. Según datos de la policía federal, el incremento en las captaciones de armas ingresadas ilegalmente al país fue de 33,5 por ciento en 2017, según información de O Globo. La mayoría de las armas tenían como destinos las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo, desde donde muchas se redistribuirían hacia todo el país. Se calcula que 95 por ciento de los decomisos ocurrieron en los estados brasileños de Mato Grosso do Sul y Paraná, que comparten una frontera terrestre con Paraguay, donde la población de Pedro Juan Caballero ha aumentado su actividad criminal transfronteriza. 5 por ciento restante era transportado en avionetas entre Bolivia y Paraguay hasta el interior de São Paulo y Minas Gerais.               VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Paraguay Los decomisos de marihuana y cocaína también crecieron en 74,1 por ciento y 39,4 por ciento, respectivamente. El mercado doméstico brasileño es el segundo mayor consumidor de cocaína en el mundo luego de Estados Unidos, y se ha usado cada vez más como punto de embarque para los narcóticos dirigidos a Europa.

Análisis de InSight Crime

Pese a los recientes éxitos en materia de decomisos, el gobierno brasileño ha optado por reducir el gasto en sistemas diseñados para la vigilancia de las fronteras nacionales. Sisfron —una red de sensores que el gobierno está instalando con miras a cubrir los 17.000 kilómetros de frontera en 2022— en la actualidad solo cubre el 4 por ciento de la extensión limítrofe. Con el retiro de recursos federales de la interceptación de armas y narcóticos en la frontera para concentrarlos en destinos finales, como Río de Janeiro, la capacidad de los organismos de seguridad para contrarrestar el desarrollo de las rutas de tráfico está sufriendo algunos altibajos. Para empeorar las cosas, una reforma legislativa de 2016, por la que se fija topes al presupuesto federal, impide de hecho nuevas inversiones en seguridad fronteriza aun sin reducir el gasto en otros lugares.

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Ante la falta de recursos, no es claro qué esté motivando el repunte en los decomisos. El aumento de esas incautaciones en la frontera sigue a denuncias que detallaban tentativas de los grupos criminales de importar armamento hacia Brasil desde Venezuela, aprovechando la inestabilidad política y económica de ese país. Organizaciones como el Primer Comando de la Capital  (Primeiro Comando da Capital –PCC–) también han invertido recursos importantes para fortalecer su presencia en países vecinos, como Paraguay, con el fin de facilitar el tráfico. Influyentes miembros de la élite en el gobierno paraguayo pueden estarse beneficiando directa o indirectamente de las actividades ilícitas de esa organización en la frontera, lo que reduce la voluntad política para combatir el problema en ese lado de la frontera. La escalada de los conflictos entre organizaciones criminales en Brasil, y una política de seguridad nacional más centrada en el uso de tácticas de mano dura están llevando a las organizaciones criminales a armarse y adiestrarse, lo que eleva la demanda de armas provenientes de países vecinos. Brasil tiene la tercera frontera terrestre más extensa del mundo, y la comparte con países conocidos por la producción y distribución de armas, narcóticos y contrabando.