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Satélites revelan amenaza de actividades criminales en Amazonía de Perú

El mapeo satelital de la deforestación en la Amazonía peruana muestra cómo las actividades criminales amenazan la mayor selva húmeda tropical del mundo. Imágenes compiladas por el Proyecto de Monitoreo del Amazonas Andino (MAAP, por sus iniciales en inglés) muestran cómo en 2018 la deforestación a mediana escala afectó grandes extensiones de selva húmeda en las regiones centro y sur de Perú. También destaca cinco puntos álgidos de deforestación en 2018, donde el sureste del país fue el más afectado.

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Tres de los cinco, La Pampa, la zona que circunda el Parque Nacional Bahuaja Sonene e Iberia, se encuentran en la región de Madre de Dios. En estos lugares, la deforestación es impulsada por la minería ilegal de oro, y por proyectos agrícolas, incluyendo algunas plantaciones en zonas restringidas para dicha actividad. Las demás áreas se reparten entre las regiones selváticas centrales de Ucayali y Huanaco y las selvas de Loreto, en el noreste, donde la agricultura ha reclamado grandes áreas selváticas, muchas de las cuales se encuentran en zonas clasificadas como forestales, donde esta no se permite.

Análisis de InSight Crime

En 2017 se talaron más de 155.000 hectáreas de bosque en Perú, según cifras del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). Aunque algunos de estos fueron el resultado de actividades legales, gran parte de ello se debió a las economías criminales que derivan millones de dólares de la explotación de la Amazonía. Como lo resaltan las imágenes del MAAP, una de las principales causas de la deforestación es la minería ilegal de oro desbordada en la región de Madre de Dios. Dirigida por clanes mineros criminales y motor de otras actividades de crimen organizado, como la trata de personas y el lavado de dinero, la minería ilegal no solo causa deforestación, sino también contaminación generalizada del Amazonas, por el uso de químicos como mercurio y el vertimiento de residuos.

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Perú también alberga un lucrativo negocio ilegal de madera. Los taladores ilegales que operan en regiones como Loreto, Ucuyali, Madre de Dios, San Martín y Huanaco, están empujando a ciertas especies al borde de la extinción en su afán por atender el mercado doméstico y mercados externos, como China. Detrás de los taladores están las mafias de traficantes de madera, muchos de quienes operan tras la fachada de empresas legales, y redes de corrupción que llegan a las entrañas del gobierno. El tráfico de drogas también es un factor importante en la deforestación, pues el aislamiento de la selva constituye la pantalla perfecta para el cultivo de coca, y para las pistas de aterrizaje clandestinas usadas por aviones ligeros que sacan los narcóticos del país. El procesamiento de narcóticos también contamina el medio ambiente, mediante el vertimiento de químicos precursores tóxicos en los canales de agua amazónicos. Incluso actividades en apariencia legales son muchas veces fachadas para la criminalidad y la corrupción en el Amazonas. Como lo muestra el MAAP, los proyectos agrícolas prestan poca atención al uso de la tierra y las restricciones a la deforestación, pues el despojo de tierras es fácil de legalizar gracias a la corrupción rampante. El tráfico de tierras también es generalizado, con un comercio ilegal de parcelas que luego se arrasan para cultivarlas.

Perú sin ideas para frenar minería ilegal en Madre de Dios

Las autoridades en Perú lanzaron un megaoperativo para expulsar la minería aurífera ilegal y otras actividades ilícitas en la región de Madre de Dios, donde operativos previos en la misma dirección han tenido pocos efectos definitivos. Un destacamento de unos 1.800 efectivos de la policía y el ejército se deplegaron a Madre de Dios —región de la selva tropical amazónica en límites con Brasil y Bolivia— para hacer parte de la Operación Mercurio 2019, informó El Comercio. La operación pretende retirar a más de 5.000 mineros ilegales y desalojar a miles de comerciantes que se benefician de otras actividades ilegales en la zona, como la explotación sexual. Ya fueron rescatadas 40 mujeres que se clasificaron como víctimas de trata, según un informe de noticias locales. Las autoridades también desmantelaron unos 30 campamentos de ilegales de mineros en la zona durante la primera semana de la operación. La segunda fase de la operación se desarrollará durante 180 días, en los cuales se instalarán tres bases militares. Cada base albergará a 100 soldados de la recién creada Brigada de Protección de la Amazonía, y a 50 agentes de policía. La primera base se erigió en la zona de “La Pampa”, según informaron representantes del gobierno en un comunicado del 5 de marzo.

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El gobierno peruano ha destinado US$60 millones de dólares para la operación, que incluye la construcción de una base militar en Madre de Dios y programas formalización y reinserción de mineros ilegales.

Análisis de InSight Crime

Esta nueva acometida de Perú a la minería ilegal de oro en Madre De Dios es tan solo una más de una cadena de operaciones similares que no han logrado detener la expansión de esta actividad. En 2014, la policía hizo una redada en la población de Huepetuhe, en la que destruyó equipos de minería por valor de US$20 millones. En 2017, agentes de orden público destruyeron 83 campamentos mineros en una operación también llamada Mercurio. Aun así, entre 2009 y 2017, la región de Madre de Dios sufrió la destrucción de más de 64.000 hectáreas de selva amazónica por la minería y la tala ilegales. En 2018, la deforestación por la minería agresiva, que arrasa la tierra y sigue adelante dejando depósitos de mercurio, alcanzó un pico de casi 10.000 hectáreas.

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Detener el avance del contrabando de oro en Perú ha demostrado ser una tarea casi imposible. El mineral de oro se compra y vende con facilidad por medio de una red de intermediarios, conocidos como “acopiadores”, quienes también entregan recibos falsos, que permiten a grandes compradores y firmas exportadoras comprar el mineral, que luego se refina en el exterior. Hace seis años, se estimó el tráfico de oro en más de US$3 mil millones, y debe haber crecido sin interrupción desde entonces. La minería ilegal de oro también trae consigo un buen número de actividades ilegales, como el trabajo forzado. Las explotaciones mineras también han sido por mucho tiempo focos de trata de personas y prostitución. El gobierno peruano han intentado endurecer las leyes de minería ilegal, con la declaración de actividad criminal organizada, y ha intentado formalizar la industria, ofreciendo incentivos a los mineros ilegales para que se registren con el gobierno. Sin embargo, en su mayor parte ha intentado desalojar a los mineros ilegales con operativos policiales y militares, con “Mercurio 2019” como el ejemplo más reciente. Pero es poco probable que eso mantenga lejos a los mineros por mucho tiempo.

Dinámica del mercado empuja a sembradores de café a la coca en Perú

Una caída de los precios del café está obligando a cientos de agricultores peruanos a buscar trabajo en plantaciones de coca, una señal de que este país, al igual que su vecino Colombia, vive una bonanza cocalera. Un informe de la Asociación de Exportadores (ADEX) señala que aunque la producción de café aumentó en seis por ciento en Perú entre enero y noviembre de 2018, el valor total de los productos exportados disminuyó en seis por ciento. Esto se atribuye directamente a los bajos precios en el mercado internacional y a las barreras para consolidar contratos de ventas.

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Entre tanto, Lorenzo Castillo, gerente general de la Junta Nacional Cafetera (JNC), ha declarado que en diciembre de 2018 los agricultores comenzar a migrar a regiones del país con presencia de tráfico de drogas para trabajar en las plantaciones de coca, donde pueden recibir una mejor paga. Castillo también mencionó que la tendencia se está volviendo un problema cotidiano en regiones como Satipo, Puerto Ocopa, Río Tambo y Alto Mayo. La JNC ha pedido al gobierno del presidente Martín Vizcarra que intervenga y ajuste a los cafeteros con el mercado global. Así, la organización confía en que pueda contenerse esta tendencia.

Análisis de InSight Crime

Considerando que Colombia enfrenta problemas para hacer que los campesinos cambien la coca por otros cultivos, debido a los precios del mercado, Perú al parecer asiste a un aumento de sus cultivos de coca por los mismos factores de mercado. Un campesino en Perú puede percibir unos 40 soles peruanos (alrededor de US$12) por un día de trabajo en una plantación de café, mientras que por el mismo día de trabajo en un cultivo de coca, la paga supera los 100 soles peruanos (alrededor de US$30). La diferencia de jornales se exacerba con la baja de los precios del café en el mercado internacional. De 2014 a 2019, el costo por libra de café se ha devaluado de US$1.784 a US$1.016. Además de estos factores, el cultivo de coca en Perú, que había presentado una disminución considerable entre 2015 y 2016, subió 14 por ciento a 49.900 hectáreas en 2017. Esto se atribuye al aumento de precio de la hoja de coca y a la remisión de las operaciones de erradicación, según un informe conjunto publicado en diciembre de 2018, por las Naciones Unidas y la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vida sin Drogas (DEVIDA).

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Una combinación de debilidad en los precios del mercado y un incremento de los cultivos de coca ponen a prueba el programa de erradicación en Perú, lanzado en 2017. El objetivo del programa era reducir el espacio de coca en Perú en más de 50 por ciento a la par que atraer a miles de campesinos a unirse a los programas de sustitución de cultivos para el 2021. Pero de manera similar a Colombia, donde hace poco se anunció un nuevo programa de erradicación forzosa de plantaciones de coca, la iniciativa de Perú se encamina claramente a incumplir sus expectativas. Sin apoyo sustancial del estado, es probable que más y más sembradores de café sigan dejándose llevar a los campos de coca.

Red internacional de tráfico de armas conecta a Perú con Ecuador y Colombia

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Se sabe que las estructuras de crimen organizado están pasando arsenales enteros de Perú a Ecuador, así como a los grupos armados en Colombia. Sin embargo, todavía se desconocen los detalles acerca del origen de las armas y de las organizaciones criminales que las reciben. El pasado 13 de febrero, las autoridades ecuatorianas realizaron un operativo en las ciudades de Quito y Riobamba, cuyo resultado fue el desmantelamiento de una red internacional de tráfico de armas que transportaba, almacenaba y distribuía armas y municiones provenientes de Perú, con destino a Ecuador y Colombia. Mediante la Operación Armagedón 9, las autoridades interceptaron dos vehículos, allanaron varias bodegas, arrestaron a siete personas y confiscaron medio millón de municiones y 15.000 rondas de explosivos, que al parecer tenían como destino el mercado negro en Colombia. A la vez que continúan surgiendo informes sobre ventas de armas del ejército de Ecuador a grupos colombianos, esta operación permitió revelar que hay armas de alta tecnología de Estados Unidos y México que están ingresando a Ecuador a través de Perú, para luego ser introducidas de contrabando a Colombia por varios puntos de la frontera.

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Un informe elaborado por las autoridades ecuatorianas sobre este operativo explica que las armas que provienen de Perú llegan a la provincia de El Oro en Ecuador. De allí suelen ser llevadas a la ciudad de Guayaquil, para luego ser comercializadas y vendidas a organizaciones criminales y otros grupos que operan en la frontera con Colombia, especialmente en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos. En los últimos nueve años, la policía de Ecuador ha incautado cerca de 40.000 armas de contrabando, entre las que se encuentran 12.000 rifles de alto calibre, todas las cuales estaban dirigidas a organizaciones criminales. Las alarmas relacionadas con el tráfico de armas en Ecuador se activaron desde octubre de 2018, cuando, a través de la “Operación Camaleón”, las autoridades desmantelaron en dicho país una red dedicada al contrabando de armas del ejército ecuatoriano, con destino al Frente Oliver Sinisterra (FOS), un grupo disidente de las FARC. Este grupo se encontraba bajo órdenes de Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, uno de los criminales más buscados de Colombia y Ecuador, quien fue muerto en diciembre de 2018. Sin embargo, según declaraciones del fiscal ecuatoriano Wilson Álvarez Valencia, las guerrillas colombianas continúan recibiendo “grandes cantidades de municiones y armas de alto calibre” de los grupos del crimen organizado transnacional. La ministra del Interior, María Paula Romo, agregó que todavía quedan dudas sobre qué organizaciones colombianas están recibiendo específicamente armas de Perú y Ecuador. Si bien una de ellas es el Frente Oliver Sinisterra, la ministra Romo señala que dicho frente también contaba con armas que no forman parte del arsenal estándar de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, como armas calibre 5,56 y 9 mm.

Análisis de InSight Crime

En el ejército ecuatoriano ha habido durante mucho tiempo una crisis interna, dado que algunos de sus elementos venden armas a miembros de grupos criminales. Además, el país sigue siendo un punto de transbordo del contrabando de armas. Sin embargo, a pesar de las repetidas operaciones, continúa siendo difícil identificar los detalles sobre los orígenes de estas armas, los grupos que las transportan y las organizaciones criminales que las reciben, aparte del Frente Oliver Sinisterra. La participación de miembros del ejército ecuatoriano en dicho contrabando está bien documentada, pero las incautaciones han permitido identificar una conexión internacional a escala mucho mayor. Si bien el gobierno ecuatoriano acepta la responsabilidad por las acciones dentro de su propio ejército, también ha señalado que los arsenales más grandes provienen del extranjero a través de países como Perú.

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Según un alto funcionario gubernamental consultado por InSight Crime, las armas confiscadas durante la Operación Armagedón estaban dirigidas a “diversos grupos” en Colombia. Sin embargo, aparte de esta declaración no existe información más específica. Henry Troya, ex viceministro de Minería de Ecuador, dijo en comentarios con InSight Crime que, en los sobrevuelos para detectar operaciones de minería ilegal, se han descubierto provisiones de armamento de alto poder, como “bombas, granadas, misiles y armas de largo alcance”. Existe otro sonado caso que arroja más luz sobre este tema. En abril de 2018, un equipo de tres periodistas del diario ecuatoriano El Comercio fue secuestrado y asesinado por el Frente Oliver Sinisterra en la frontera con Colombia. Sin embargo, las autoridades colombianas y ecuatorianas no han emitido ningún informe balístico sobre las armas que fueron usadas para asesinarlos. Ecuador ha tomado medidas para detener la venta de sus equipos militares, pero dicha práctica aún continúa. Sin embargo, si no existe el suficiente respaldo internacional, el país no cuenta con la capacidad investigativa para rastrear las armas que entran a su territorio o para hacerles seguimiento una vez ingresan a Colombia.

Principales casos e investigaciones sobre corrupción en Odebrecht en 2019

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Desde que comenzó en Brasil con la “Operación Lavado de Autos” (“Operação Lava Jato”) en 2014, el escándalo de corrupción en Odebrecht ha ocupado los titulares en toda Latinoamérica. Presidentes, legisladores y grandes empresarios han sido acusados y encarcelados en toda la región. En este informe, InSight Crime presenta un resumen de las investigaciones o juicios contra prominentes personalidades en América Latina y el Caribe.
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México México ha sido lento en lo que tiene que ver con el escándalo de Odebrecht. El único nombre importante que ha surgido en las investigaciones sobre el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica ha sido el de Emilio Lozoya Austin. El expresidente de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto es acusado de dirigir un esquema de corrupción mediante empresas fantasma entre 2012 y 2016. Además, la fiscalía mexicana cree que Lozoya Austin utilizó los jugosos sobornos recibidos de Odebrecht para financiar las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluida la de Peña Nieto. Muchos mexicanos creen que la ausencia de rendición de cuentas y de juicios por parte del gobierno federal fue una manera utilizada por la administración anterior y la actual para proteger a quienes estaban involucrados con Odebrecht.  En un país con altos niveles de impunidad, falta ver si este caso conducirá eventualmente a investigaciones más amplias. En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que la investigación sobre Odebrecht continuaría, por lo que es posible que pronto comiencen otras investigaciones. República Dominicana Las audiencias preliminares sobre Odebrecht han ocupado los titulares en República Dominicana en las últimas semanas. Con una corrupción rampante, el país caribeño investiga actualmente a siete personas que al parecer recibieron más de US$92 millones en sobornos de la gigante constructora brasileña. Dos nombres que sobresalen en las investigaciones son el actual senador Tommy Galán y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Ambos son miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que se está preparando para las elecciones presidenciales de 2020.  Una sentencia de culpabilidad podría empañar la imagen del partido y obstaculizar sus posibilidades de continuar en el poder, pues el actual presidente, Danilo Medina, también es miembro del PLD. El Salvador El expresidente Mauricio Funes está siendo investigado por la presunta malversación de US$351 millones. Se sospecha que Odebrecht le pagó entre US$1 y 3 millones al exmandatario durante la campaña presidencial de 2009. Funes, presidente del país entre 2009 y 2014, también enfrenta una investigación judicial por supuestamente comprar diputados con el fin de obtener votos favorables en la Asamblea Legislativa durante su presidencia. El expresidente tiene cuatro órdenes de captura en su contra por casos de corrupción. Actualmente reside en Nicaragua, protegido por el asilo político otorgado por el presidente Daniel Ortega. Sin embargo, el portavoz del presidente electo Nayib Bukele anunció que el gobierno comenzará a hablar con Nicaragua para exigir la deportación de Funes. Guatemala La investigación que actualmente adelanta Guatemala sobre Odebrecht se centra en el exministro de Infraestructura Alejandro Sinibaldi, quien se encuentra prófugo. La Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sostienen que Sinibaldi dirigió una estructura criminal dentro del Ministerio de Comunicaciones. Sinibaldi tiene una orden de allanamiento de Interpol, y otras ocho personas estrechamente relacionadas con él están siendo buscadas por las autoridades, entre ellas sus hermanos Álvaro y Luis Rodrigo Sinibaldi. Otra importante figura que está siendo investigada en Guatemala es el excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien fue arrestado en Estados Unidos en enero de 2018. Baldizón es acusado de supuestamente recibir sobornos de funcionarios de Odebrecht para ayudarles a obtener contratos de obras públicas en el país centroamericano. Tras un fallido intento de obtener asilo en Estados Unidos, Baldizón decidió retirar su solicitud y está pendiente de la extradición a Guatemala. En Guatemala se presentó una crisis constitucional después de que el presidente Jimmy Morales decidiera expulsar a la CICIG del país, una medida que generó fuertes reacciones a nivel nacional e internacional. Dada la ausencia de la CICIG, la última audiencia de Sinibaldi y Baldizón fue suspendida y reprogramada para el 27 de febrero de 2019. Falta ver qué impacto tendrá la actual crisis con la CICIG en el futuro del caso.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero Panamá El expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra bajo arresto, y varias personas cercanas a su presidencia, están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht. La fiscalía panameña señala que entre 2009 y 2014, periodo de la presidencia de Martinelli, se asignaron recursos por más de US$96 millones para proyectos de infraestructura, como mejoras viales en Chanis, la ampliación del aeropuerto de Tocumen, la renovación urbana de Curundú, mejoras en la Línea 1 del Metro, y muchas otras. En consecuencia, la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá inició una investigación contra el exministro de Economía Frank de Lima, acusado de recibir por lo menos US$7 millones en pagos indebidos. Otra importante figura que está siendo investiganda actualmente es el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña y de inflar los costos del proyecto de la autopista Arraijan-La Chorrera con fines ilícitos. Colombia En Colombia, Odebrecht pagó al menos US$32,5 millones en sobornos para obtener los contratos de construcción de la autopista Ruta del Sol y otros proyectos de infraestructura. El exsenador Otto Nicolás Bula Bula, quien fue condenado a dos años de prisión por recibir sobornos, ha sido el principal testigo del gobierno para esclarecer el esquema de sobornos. La investigación ha involucrado a varios funcionarios del gobierno durante las administraciones de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, entre ellos el exsenador Bernardo Miguel Elías. El Fiscal General de la nación, Néstor Humberto Martínez, también ha sido objeto de atención recientemente, después de que el auditor Jorge Enrique Pizano revelara grabaciones secretas en las que hablaba de irregularidades contractuales con Martínez, quien en ese momento se desempeñaba como abogado de Corficolombiana, una empresa socia de Odebrecht. Las grabaciones de las conversaciones de Pizano con Martínez salieron a la luz en una entrevista de televisión. Pizano, quien sufría de cáncer y finalmente murió a causa de un ataque cardíaco, proporcionó la entrevista con la condición de que solo se difundiera tras su muerte. El conflicto de intereses de Martínez no se detiene allí. También fue asesor legal de Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia y fundador del conglomerado Grupo Aval, uno de los propietarios de Corficolombiana que, según Reuters, está cooperando actualmente en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ecuador El caso de Odebrecht en Ecuador ilustra una elaborada estructura de corrupción durante la presidencia de Rafael Correa. Su amigo de infancia, el exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra cumpliendo una pena de prisión por el escándalo de corrupción, ha sido acusado por Luis Mameri, vicepresidente de Odebrecht en Latinoamérica, de aceptar más sobornos de los que se conocieron inicialmente, mediante una empresa llamada Glory International. En septiembre de 2018, la Fiscalía General de Ecuador inició una investigación preliminar contra ocho personas por supuestamente involucrarse con el crimen organizado como parte del esquema de corrupción de Odebrecht. Entre las personas investigadas se encuentra el expresidente Rafael Correa, quien actualmente reside en Bélgica, donde está solicitando asilo político. Además, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera; el exministro del Interior, José Serrano, y el exprocurador general Diego García también están siendo investigados por su papel en el proyecto hidroeléctrico San Francisco. La Fiscalía General de Ecuador anunció recientemente que otras 11 investigaciones preliminares estarían enfocadas en Rafael Correa, Alexis Mera y Jorge Glas. Este anunció concreta los esfuerzos de Ecuador para castigar a los involucrados en este escándalo de corrupción.       VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre élites y crimen organizado Perú Decir que el escándalo de Odebrecht ha sacudido la clase política de Perú sería poco. María Sokolich, la nueva fiscal general de Perú tras la polémica renuncia de Pedro Chávarry, se encuentra al frente de la investigación sobre algunos de los principales políticos que ocupan o han ocupado los más altos cargos del país. El actual presidente, Martín Vizcarra está siendo investigado por presuntos vínculos entre la empresa de su propiedad y Odebrecht entre 2006 y 2008. Su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, tiene una investigación en su contra —que lo obligó a dimitir en marzo de 2018— por presuntas consultorías que su empresa, Westfield Capital, le ofreció a Odebrecht entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007. El expresidente Alan García, a quien se le negó una solicitud de asilo en Uruguay después de que las acusaciones salieron a la luz, está acusado de recibir sobornos durante la construcción del Metro de Lima. Los otros dos exmandatarios que están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos son Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Se espera que en el mes de marzo el exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, dé una declaración sobre este tema en Brasil. El testimonio de Barata podría conmocionar nuevamente a la nación andina. Recientemente, Odebrecht ha anunciado que cooperará con el gobierno peruano. Sus antiguos ejecutivos en el país serán entrevistados próximamente, lo que puede conducir a nuevas revelaciones.
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Argentina La investigación de Odebrecht en Argentina amenaza a decenas de altos exfuncionarios relacionados con proyectos de obras públicas durante las presidencias de Néstor Carlos Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Las investigaciones más sobresalientes son las de Julio de Vido y Daniel Cameron. Julio de Vido, exministro de Planificación durante la administración de Fernández, se entregó a las autoridades en octubre de 2018. De Vido es acusado de hacer parte del escándalo de “Obras Viales”, que involucra la supuesta malversación de fondos públicos a través de procesos de licitación para obras viales en la provincia de Santa Cruz, así como otros proyectos de infraestructura a su cargo. Por su parte, el exministro de Energía, Daniel Cameron, está siendo investigado como parte de un caso conocido como “Skanska II”, donde las irregularidades en la expansión de los gasoductos en el país se han relacionado con un esquema de corrupción con la colaboración de Odebrecht. Sin embargo, el nivel de corrupción durante las administraciones de los Kirchners es más profundo. Según algunos informes, otros 14 empresarios y cinco exempleados también están siendo investigados por múltiples actividades ilícitas en cooperación con la constructora brasileña. Bolivia La historia de los ventajosos negocios de Bolivia con empresas brasileñas se remonta a 1987, año en el que el entonces ministro de Energía, Carlos Morales Landívar, fue acusado de utilizar su influencia política para favorecer a la empresa brasileña Andrade Gutiérrez. Y ahora Landívar es acusado de haber estado involucrado en 2003 con Camargo Correa —una de las 13 principales empresas en Brasil investigadas en el caso Lavado de Autos— cuando fue ministro de Servicios y Obras Públicas. Sin embargo, los nombres vinculados directamente al caso Odebrecht son Carlos Mesa, expresidente y aspirante presidencial en 2019, y su sucesor, Eduardo Rodríguez Veltzé, exjefe de Estado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ambos están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht durante sus presidencias, entre 2003 y 2006. La investigación en torno a Mesa podría desempeñar un papel crucial en las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre. La eventual condena de Mesa podría allanar el camino para la reelección de Evo Morales. Brasil En Brasil, en los últimos cinco años, más de 77 ejecutivos de la compañía han llegado a acuerdos de culpabilidad, una presidenta fue suspendida de sus funciones, otro expresidente está actualmente en la cárcel, y su sucesor también está siendo investigado como resultado del escándalo de Odebrecht. Este es solo un breve panorama del gran impacto que ha tenido el caso Lavado de Autos en el país más grande de Suramérica. El 6 de febrero, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra actualmente cumpliendo una pena, fue acusado de cargos adicionales que añadirían 13 años más a su condena actual. A Lula se le acusa de recibir dineros ilícitos durante su mandato de 2003 a 2010. Además de Lula, otras personas de su círculo cercano han sido acusadas y arrestadas por corrupción. Una de esas personas, Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados, ha estado en prisión desde 2016. Cunha es acusado de recibir un soborno de US$5 millones. Sin embargo, a pesar de su arresto actual, la fiscalía brasileña ha imputado cargos adicionales en su contra. Por su parte, Aécio Neves, exgobernador y candidato presidencial en 2014, es acusado de haber recibido sobornos a cambio de ofrecer apoyo a legislaciones que favorecían obras que eran del interés de Odebrecht cuando él ejercía como gobernador del estado de Minas Gerais. La investigación en torno a Neves está en curso mientras él mantiene una curul en el senado en representación de Minas Gerais. Por último, el expresidente Michel Temer (2016-2018) ha llamado la atención de los titulares, pues la policía federal de Brasil ha solicitado que se le impute por soborno y lavado de capitales. Según los funcionarios, mientras fue vicepresidente en 2014, Temer y su Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB) recibieron más de US$2 millones de Odebrecht. Ahora que Sérgio Moro, quien estuvo encargado de liderar la investigación Lavado de Autos, es el nuevo ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, la atención se centrará en la nueva legislación que ha propuesto para combatir la corrupción.

Cruzada anticorrupción en Perú podría quedarse sin cruzados

Con cuatro expresidentes en líos por escándalos de corrupción, el presidente de Perú Martín Vizcarra instituyó 2019 como el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero en un giro tan infortunado como tristemente predecible, se ha abierto una investigación por los negocios del mismo Vizcarra con la constructora brasileña Odebrecht, lo que puede inhabilitar una cruzada que aún no arranca. El año había empezado muy bien. El 9 de enero, junto al primer ministro César Villanueva y al ministro de justicia Vicente Zeballos, Vizcarra sancionó en ley las reformas constitucionales que los peruanos habían votado en diciembre de 2018. Estas incluyen la reforma al nombramiento de magistrados y fiscales, el fin de la reelección inmediata de legisladores al Congreso después de un periodo de cinco años, y la creación de normas para la financiación del gobierno a los partidos políticos. La promesa de Vizcarra de combatir la corrupción en el país se inició en julio de 2018, cuando propuso desarticular el anterior Consejo Nacional de la Judicatura luego de una escandalosas denuncias en las que se revelaba que integrantes de ese consejo habían estado implicados en actividades corruptas.

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La medida, que tuvo un respaldo amplio del Congreso, allanó el camino para la creación de un nuevo comité seleccionador, quien estaría a cargo de la selección, designación, destitución y ratificación de jueces y fiscales en todas las instancias.

Análisis de InSight Crime

Cuando Vizcarra llegó al poder, la reputación de la presidencia peruana estaba por el suelo. Alejandro Toledo (presidente de 2001-2006) se encuentra fugitivo de la Interpol, viviendo en Estados Unidos y presentando recursos contra una orden de extradición en la que se lo acusa de haber recibido US$20 millones en coimas de Odebrecht. Alan García, dos veces presidente (1985-1990, 2006-2011) y caudillo político perenne, tiene una prohibición de salir del país por sospechas de corrupción en la construcción del metro de Lima, pese a un intento abandonado de búsqueda de asilo en la embajada uruguaya en noviembre. Ollanta Humala (2011-2016) está acusado de recibir al menos US$3 millones de Odebrecht para su campaña electoral, a instancias de su esposa, Nadine Heredia. El predecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, renunció en marzo de 2018 después de presuntamente mentir sobre sus negocios anteriores con la firma brasileña y por una acusación de compra de votos. Y, por años, en Perú ha sido muy común que las élites en líos judiciales reciban o sentencias muy leves o salgan impunes. Ese fue el caso en 2014, cuando se indició e investigó a más de 115 candidatos políticos por nexos con el narcotráfico, sin embargo, casi todos fueron exculpados.

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Por tal razón, la tarea que se le presentó a Vizcarra era crucial. Sus acciones en su primer año en el poder parecían mostrar su compromiso con la lucha de la corrupción en un país que ocupa la posición 105 entre 180, en el Índice de Percepciones de Corrupción. Pero en enero, surgieron denuncias contra el mismo Vizcarra. Una comisión fiscalizadora del congreso abrió una investigación por un posible nexo entre una firma local, de la que Vizcarra fue copropietario, y la constructora brasileña. El presidente ha negado las acusaciones y ha declarado que “[lo] tienen sin cuidado”. Pese a la apertura de esa investigación el 16 de enero, una encuesta realizada luego de la noticia muestra que Vizcarra mantuvo una aprobación del 60 por ciento en el país. Desde que Vizcarra asumió la presidencia, se han visto protestas callejeras masivas contra todo el espectro político. Sin embargo, el mandatario ha parecido capaz de convocar el apoyo de la ciudadanía, pues casi el 80 por ciento de los peruanos aprobaron las reformas constitucionales propuestas por Vizcarra en diciembre último. No cabe duda de que esa presión social ha llevado a Vizcarra a hacer rápidos avances, y parece dispuesto a mantener ese impulso en 2019. Es cierto que son encomiables sus reformas, como la creación de la JNJ y su esfuerzo por extraditar a funcionarios en fuga de regreso a Perú. Sin embargo, una cosa es clara: el escándalo por los asuntos de Vizcarra corre el riesgo de hundirlo en un país ya al borde del hartazgo, y podría llevar a pique cualquier posibilidad real de reformar el sistema político en Perú.

Balance de InSight Crime sobre los homicidios en 2018

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Desde la agudización de la crisis en Venezuela; pasando por los días aciagos en Nicaragua; un proceso de paz cada vez más frágil en Colombia; y los nuevos gobiernos en Brasil, México y otros países, 2018 fue un año de agitación en toda América Latina y el Caribe. Los niveles de homicidios han sido reflejo de estas variables, aumentando considerablemente en algunas naciones y descendiendo en otras. En su balance, InSight Crime analiza las tasas de homicidios por país, así como los factores subyacentes.

Venezuela: 81,4 por 100.000

Venezuela se mantiene a la cabeza como el país con más homicidios en América Latina, con 23.047 casos. Si bien esta cifra es ligeramente inferior a los 26.616 asesinatos reportados en 2017, el país sigue sufriendo graves conflictos políticos, económicos y sociales. Según un informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la única fuente de carácter público sobre los homicidios en el país, Venezuela registró una tasa de asesinatos de 81,4 por 100.000 habitantes en 2018, menos que los 89 por 100.000 que registró en 2017. Pero esta disminución no puede ser tomada con optimismo, dado que se basa en cifras de población del año 2011 y no tiene en cuenta la masiva migración de unos tres millones de venezolanos que han huido de la crisis. El OVV también considera que esta supuesta reducción en los homicidios contrasta con el marcado aumento de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad —7.523 víctimas en 2018, en comparación con 5.535 en 2017—, que representan un asombroso 32 por ciento del total de homicidios. Si bien el gobierno no ha publicado estadísticas oficiales sobre crímenes en 2018, InSight Crime tuvo acceso a un documento filtrado del Observatorio Venezolano de Seguridad Pública, departamento que hace parte del Ministerio del Interior. Allí se habla de una tasa oficial de 10.573 homicidios en 2018, es decir, solo 33 por 100.000 habitantes, la diferencia se debe a que el gobierno no incluye casos de “resistencia a la autoridad” ni otras categorías, como las víctimas de balas perdidas.

El Salvador: 51 por 100.000

El Salvador registró 3.340 homicidios en 2018, una disminución del 15 por ciento con respecto a 2017. Si esta cifra es correcta, la tasa de homicidios resultante (51 por 100.000 habitantes) continúa la tendencia a la baja que se viene presentando en El Salvador en los últimos años. Solo en 2016, el país encabezó el ranking regional de InSight Crime, con una alarmante tasa de 81,2 por 100.000 habitantes. En 2017, esta tasa descendió en 20 homicidios por 100.000, pero el país permaneció en segundo lugar en la lista, solo por debajo de Venezuela. Durante mucho tiempo, la tasa de homicidios de El Salvador ha estado relacionada con sus dos pandillas más dominantes y violentas: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Aunque puede haber diversas causas para la reducción de los asesinatos, como el hecho de que las pandillas han detenido sus luchas entre sí, el gobierno considera que sus medidas de “mano dura”, llamadas ahora de manera eufemística “medidas extraordinarias”, son las que han permitido dicha reducción. Sin embargo, esas mismas acciones represivas explican los hallazgos de un informe de Naciones Unidas, en el que se constata que los asesinatos extrajudiciales han aumentado y que es probable que queden impunes. Durante las dos primeras semanas del nuevo año fueron asesinadas 126 personas en el país. Los funcionarios policiales han señalado a las pandillas como culpables de los derramamientos de sangre, acusándolas de estar haciendo demostraciones de poder en vísperas de las elecciones presidenciales del 3 de febrero.

Jamaica: 47 por 100.000

En un discurso ante la Cámara de Representantes, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó que los homicidios disminuyeron en un 21,9 por ciento el año pasado. El país registró 1.287 asesinatos en 2018, una tasa de homicidios de 47 por 100.000 habitantes. La policía ha atribuido esta disminución a la creación de Zonas de Operación Especial (Zones of Special Operation, ZOSO), áreas en las que el ejército apoya el trabajo de la policía. Como parte de su plan de reducir la tasa de asesinatos a 16 por 100.000 habitantes en la próxima década, Holness ha promovido la conformación de 20 Zonas de Operación adicionales en 2019. Sin embargo, la disminución en los homicidios el año pasado se produjo después de un aumento de cerca del 20 por ciento en 2017, que se relacionó con la deficiente implementación del plan ZOSO y de medidas de seguridad similares.

(Mapa de InSight Crime mostrando las tasas de homicidios en Latinoamérica y el Caribe. Haga clic en la imagen para verla ampliada)

Honduras: 40 por 100.000*

De enero a noviembre de 2018, en Honduras se produjeron 3.310 asesinatos, según el Observatorio de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Esto significa una tasa de homicidios de 40 por 100.000 habitantes, una pequeña disminución con respecto al 42,8 por 100.000 registrado en 2017, cuando hubo 3.791 asesinatos. Después de llegar a un pico de 85,5 asesinatos por 100.000 habitantes en 2011, la tasa de homicidios de Honduras se redujo a la mitad en 2017. Al igual que en su vecino, El Salvador, los funcionarios de seguridad atribuyeron la tendencia a la baja a las acciones gubernamentales contra los narcotraficantes y las pandillas. Pero los funcionarios consideran que la poca disminución en la tasa de homicidios también se debe a la misma estrategia de seguridad, pues señalan que esta genera represalias por parte de los grupos criminales. En las primeras dos semanas de 2019, fueron asesinadas 30 personas en ocho masacres diferentes, lo que demuestra que continúa existiendo el tóxico coctel de violencia pandillera, altos niveles de impunidad y corrupción.

Trinidad y Tobago: 37,5 por 100.000

Este fue el segundo año más violento en la historia del país, con 516 homicidios, solo por debajo de 2008, cuando fueron asesinadas 550 personas. A pesar de su población relativamente pequeña, de 1,3 millones de habitantes, la violencia en Trinidad y Tobago ha empeorado permanentemente en los últimos años. La impunidad sigue siendo un grave problema, ya que, según los funcionarios policiales del país caribeño, al menos 83 por ciento de los casos de asesinatos del año pasado permanecen sin resolver.

Belice: 35,9 por 100.000

A pesar de ser el país más pequeño de Centroamérica, Belice ha tenido una tasa de asesinatos permanentemente alta. Si bien aún no se han divulgado las estadísticas oficiales, los medios de comunicación de Belice reportan 143 asesinatos en 2018, solamente dos menos que en 2012, el año más violento del país. El gobierno ha negado que Belice sea una base de despliegue de grupos criminales como Los Zetas y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, o la MS13 de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, la tasa de homicidios persistentemente alta demuestra que, aunque Belice no aparezca en los titulares, el crimen organizado parece ser una grave amenaza en el país.

México: 25,8 por 100.000

El mandato de Enrique Peña Nieto como presidente de México terminó con niveles récord de homicidios. En 2018, el país registró 33.341 asesinatos, más que los 31.174 de 2017, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto ubica la tasa de asesinatos en 25,8 por 100.000 habitantes, en comparación con 22,5 en 2017 y 16,2 en 2016. El aumento en los homicidios ha sido provocado por la continua fragmentación de los grandes carteles, así como por la incapacidad del gobierno para reaccionar ante las pandillas, menos organizadas y más pequeñas, que matan por el control territorial. El nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha modificado sus planes de seguridad, abogando por la creación de una guardia nacional y manteniendo a los militares en las calles para tratar de detener la creciente violencia, que causó un promedio de 91 personas asesinadas cada día el año pasado.

Brasil: 25 por 100.000*

En 2017, Brasil tuvo un triste récord: 175 personas fueron asesinadas en promedio cada día. El año pasado la situación mejoró levemente, pues entre enero y septiembre se presentaron 39.183 asesinatos, en comparación con 44.733 en el mismo periodo de 2017, según el Foro de Seguridad Pública de Brasil. Si esta disminución se mantiene estable, en 2018 se llegaría a una tasa de asesinatos de 25 por 100.000 habitantes. Pero la inseguridad y la violencia continúan siendo las principales preocupaciones de gran parte de la población, ya que Brasil no ha logrado encontrar formas efectivas de detener la violencia criminal. El ejército fue enviado a Río de Janeiro en 2017, lo que representa el más reciente ejemplo de una estrategia de militarización que ha fracasado sistemáticamente en Latinoamérica. Jair Bolsonaro llegó a la presidencia gracias en gran parte a la promesa de que le permitiría a la policía dispararles a los criminales y que simplificaría las leyes de propiedad de armas. En lo que va corrido de 2019, los grupos criminales han lanzado ataques en el estado de Ceará, y el gobierno ha respondido a la violencia con tropas federales, convirtiendo al noreste de Brasil en un verdadero campo de batalla. Este violento conflicto podría aumentar el número de muertes, y deja claro que Brasil no logrará abordar las causas subyacentes a sus tasas de asesinatos constantemente altas.

Colombia: 25 por 100.000*

Después de que en 2017 llegara a los niveles más bajos de violencia en 42 años, Colombia experimentó un leve repunte de la violencia en 2018, con 12.311 homicidios, en comparación con 11.381 en 2017. Este aumento del cuatro por ciento ubica la tasa de homicidios en 25 por 100.000 habitantes, en comparación con 24 por 100.000 el año pasado. En 2018, en Colombia se presentó un aumento y diversificación de los grupos criminales, entre ellos los exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se han reunido en una mafia ex-FARC que viene ganando fuerza, así como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El creciente número de disidentes de las FARC que abandonan el proceso de paz y la ruptura de las conversaciones con el ELN han incentivado a estas organizaciones. Además, la violencia ha aumentado en la frontera con Venezuela, y han continuado los asesinatos de líderes sociales como resultado de la lucha por el control de cultivos ilícitos y tierras.

Guatemala: 22,4 por 100.000

Guatemala siguió presentando una notoria mejoría, al llegar a fin de año con una tasa de homicidios de 22,4 por 100.000 habitantes. El país registró 3.881 asesinatos, un descenso desde las 4.409 muertes violentas y la tasa de 26,1 por 100.000 en 2017, según delegados del gobierno. Pero las cifras de la sociedad civil reflejan algo distinto. El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización no gubernamental que hace seguimiento a los delitos en el país, afirmó que la cifra oficial de muertos se quedó corta en más de 1.000 homicidios, lo que deja el total en 4.914 muertes y pone la tasa de homicidios en 28 por 100.000 habitantes. En todo caso, Guatemala es el país menos azotado por la violencia entre sus vecinos del Triángulo Norte —Honduras y El Salvador—. Los hallazgos de una investigación sobre homicidios en Guatemala, realizada por InSight Crime en 2017, siguen siendo válidos. La guerra emprendida por el presidente Jimmy Morales contra el organismo anticorrupción, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha mantenido al gobierno ocupado, sin tiempo para remediar la impunidad rampante en materia de homicidios y los errores en la recolección de información sobre dichos crímenes.

Puerto Rico: 20 por 100.000

La tasa de homicidios en Puerto Rico se mantuvo en 20 por 100.000 habitantes en 2018, casi el cuádruple que la parte continental de Estados Unidos. Los registros muestran que 641 personas murieron en forma violenta en el último año, un descenso respecto a los 710 homicidios de 2017, y muy por debajo del récord de 1.164 asesinatos en 2011. Los principales responsables del balance de muertos son las pandillas locales dedicadas al tráfico de drogas, y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) afirma que 60 por ciento de los homicidios en el país tienen relación con drogas. Este año, Puerto Rico ya ha tenido una oleada de asesinatos, que preocupa a los habitantes y a las fuerzas federales de orden público. Si el organismo de policía presenta problemas para impedir la deserción de sus agentes y resolver los delitos, no hará más que agudizar la inseguridad en la isla.

Costa Rica: 11,7 por 100.000

Con solo 17 homicidios menos en 2018, la tasa de homicidios de Costa Rica se mantuvo relativamente estable. El país centroamericano contó 586 homicidios, lo que redujo ligeramente la tasa de homicidios de 12,1 a 11,7 por 100.000 habitantes. Hasta la disminución del año pasado, la tasa de homicidios presentaba un constante incremento desde 2012. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del país incluso había previsto lo mismo para 2018. El que fuera por tradición el país más pacífico de Centroamérica ha padecido recientemente aumentos en los niveles de criminalidad, debido a su ubicación como punto de tránsito importante para la cocaína colombiana. El gobierno ha tenido problemas para responder al incremento en la oferta de narcóticos, lo que ha llevado a los grupos a disputarse el control de las plazas locales.

Uruguay: 11,2 por 100.000

Uruguay alcanzó un récord de 382 homicidios en 2018. Con 99 homicidios más que en 2017, experimentó un incremento de 35 por ciento entre un año y otro, así como una tasa de homicidios de 11,2 muertes por 100.000 habitantes. Estas cifras se tomaron de la Fundación Propuestas (Fundapro), asociada al Partido Colorado. Solamente se han divulgado cifras oficiales sobre el primer semestre del año, en el que se reportan 218 asesinatos, en comparación con 131 entre enero y junio de 2017. Para uno de los países que se han mantenido tradicionalmente entre los más pacíficos y estables de la región, este súbito incremento prende las alarmas. Las autoridades están convencidas de que la causa son las rencillas entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, puede ser más fácil atribuirles a ellos la culpa para justificar la militarización cuando otros problemas, como las mediocres tasas de resolución y condenas para los homicidios, pueden también haber contribuido a la situación.

República Dominicana: 10,4 por 100.000*

El Observatorio de Seguridad Ciudadana denunció que se registraron 801 asesinatos en el país caribeño durante los tres primeros trimestres de 2018, una caída de 145 en comparación con los 946 homicidios registrados para el mismo periodo de 2017. Aunque esto muestra que se mantiene una tendencia desde 2011, un sondeo reciente indica que la inseguridad pública sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población dominicana.

Panamá: 9,6 por 100.000*

En diciembre, el Ministerio Público de Panamá publicó un informe en el que se afirmaba que entre enero y noviembre de 2018 hubo 401 homicidios, cerca de una docena por debajo de las 378 muertes registradas en 2017. Según esta cifra, la tasa de homicidios es de 9,6 por 100.000 personas. El informe destacaba que más del 40 por ciento (169) de los hechos ocurrieron en la capital, Ciudad de Panamá. El director de la Policía Nacional, Alonso Vega Pino, dice que ese leve incremento está “directamente relacionado con el crimen organizado”. La geografía de Panamá lo convierte en un punto de tránsito vital para el tráfico de mercancías ilegales en la región. Una investigación interna sobre una red internacional de tráfico de armamento en octubre de 2018 ilustraba los actuales retos que tiene el país frente a la corrupción y el crimen organizado.

Perú: 7,8 por 100.000*

En 2017, Perú registró 2.487 muertes violentas, poco más que los 2.435 de 2016, para arrojar una tasa de homicidios de 7,8 por 100.000. No hay datos disponibles para 2018 hasta el momento. Perú ha mantenido los índices de muertes violentas relativamente bajos en las últimas décadas, aunque la corrupción institucionalizada amenaza los recursos destinados a combatir los actuales problemas de narcotráfico en Perú.

Bolivia: 6,3 por 100.000

Durante una conferencia de prensa por televisión, el ministro del interior de Bolivia, Carlos Romero, anunció que el país había registrado una tasa de homicidios de 6,3 por 100.000 en 2018, una mejoría de más de dos por ciento en comparación con el primer semestre de 2017, cuando el país registró una tasa de 8,5 por 100.000. El anuncio se conoce en un momento en que el país se prepara para la primera vuelta de elecciones presidenciales el 27 de enero. En el último año, los grupos de oposición que rechazan tajantemente la decisión de Evo Morales de lanzarse como candidato para un cuarto periodo consecutivo han dirigido manifestaciones masivas y huelgas nacionales. Las elecciones presidenciales, que se celebrarán en octubre, bien pueden desviar la atención de los temas de seguridad nacional en un momento en que las pandillas de Brasil se desplazan hacia el país suramericano.

Ecuador: 5,7 por 100.000

Ecuador informó de 975 homicidios en 2018, es decir, 18 más de los 957 registrados en 2017, lo que deja al país con una tasa de homicidios de 5,7 por 100.000 personas, según la policía nacional. Hace menos de una década, Ecuador tenía tasas de homicidios tres veces más altas, pero un proceso de “legalización de pandillas” ha hecho posible la drástica reducción de los asesinatos. Sin embargo, el incremento del narcotráfico proveniente de Colombia hacia Ecuador ha renovado los temores de la violencia. El conocido homicidio de tres periodistas a manos de la mafia ex-FARC también ha hecho de la seguridad entre fronteras una prioridad para el gobierno.

Argentina: 5,2 por 100.000*

En medio de una profunda crisis económica, Argentina sigue ostentando unas de las tasas de homicidios más bajas del continente. Según el Ministerio de Seguridad, Argentina registró una tasa de homicidios de 5,2 por 100.000 personas en 2017, una leve disminución con respecto a los 6,6 de 2015. Al momento no se dispone de datos de 2018. Los bajos índices de violencia, sin embargo, no se han traducido en mayor seguridad. En diciembre, la ministra de seguridad Patricia Bullrich firmó un decreto en el que autorizaba un mayor uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales. La medida, cuya implementación se prevé para dentro de seis meses, ya está creando controversia e incertidumbre entre la población argentina.

Paraguay: 5,1 por 100.000*

El más reciente informe sobre homicidios del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Paraguay indica que se registraron un total de 350 homicidios entre enero y septiembre de 2018. Ese dato arroja una tasa de homicidios de 5,1 por 100.000, considerablemente menor que el 7,8 por 100.000 registrado en 2017. Sin embargo, el ministro del interior, Juan Ernesto Villamayor, declaró recientemente en una entrevista por radio que el país debe revaluar sus estrategias transnacionales con Argentina y Brasil para combatir el crimen organizado en la región. El Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC—), la pandilla más poderosa de Brasil, sigue poniendo en riesgo la seguridad del país.

Chile: 2,7 por 100.000

Chile mantiene su posición como el país con la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica. Entre enero y octubre de 2018, se registraron 488 muertes violentas, para una tasa de homicidios de 2,7 por 100.000 personas. Esta es aun menor que los 3,3 por 100.000 registrados para el mismo periodo de 2017. Incluso con los bajos índices de homicidios, Chile ha sido escenario de actos de violencia aleatorios. Un artefacto explosivo que fue detonado en una parada local de autobuses en Santiago, la capital del país, dejó múltiples heridos. Con la probable expansión del crimen organizado en 2019, queda por ver si Chile logrará mantener sus bajos índices de homicidios.

Nicaragua: N/A

En 2017, Nicaragua registró una tasa de homicidios de 7 por 100.000, con 431 homicidios, lo que continuaba una tendencia positiva de reducción de la violencia a lo largo de varios años. En 2018, los índices de violencia se dispararon con la brutal represión de los manifestantes civiles por parte del régimen del presidente Daniel Ortega. Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil han suministrado estadísticas incompletas de los asesinatos. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANDPH) registró en julio al menos 448 muertos y 595 desaparecidos. El grupo no ha divulgado información adicional desde que cerró sus oficinas de Nicaragua en agosto último, debido a las constantes amenazas del gobierno. * Las tasas de homicidios calculadas por InSight Crime se basan en datos parciales sobre homicidios para 2018 y la población total estimada de 2017 para cada país, según la oficina de referencia de población (Population Reference Bureau). Las mismas se actualizarán en cuanto se conozcan las cifras completas para 2018. 

Mujeres trans: las víctimas invisibles de la trata de personas

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Sharon nos recibe en su casa, en la calurosa selva de Pucallpa. Está en sandalias, con un vestido largo y el cabello recogido. Acaba de servir la cena para su familia y nos pide salir al patio, lejos de ellos, para contarnos cómo, a sus veinte años, ya escapó dos veces de la trata de personas sin que las autoridades, ni ella misma, lo sepan. Era octubre del 2014. Tenía dieciséis y la vida parecía cambiarle. Sus padres habían empezado a aceptar su identidad trans y ella buscaba nuevas formas de llevar dinero a casa, lejos de la prostitución. Por eso, cuando una señora le ofreció ser cajera en un bar de Huánuco, a ocho horas de su ciudad natal, no lo dudó. Todavía recuerda el nombre del local: el ‘Big Bam’ (sic). Allí la encerraron, la vistieron de varón y la ofrecieron como gay a las personas que llegaban en busca de cerveza y sexo.

Violencia y esclavitud

“La policía hizo un operativo y nos sacó a empujones. Me dejaron en un albergue de varones, seguro por la ropa. Mi papá tuvo que ir a sacarme. Fuimos a buscar a la dueña del bar para que me pagara el sueldo prometido, pero no quiso”. En el parte policial y fiscal del 23 de octubre del 2014 consta la intervención al local por “actos reñidos contra la moral”, pero no existe una causa judicial que identifique a Sharon como víctima. La madre de Sharon se deja fotografiar con ella; la abraza dentro y fuera de las tomas, le pregunta si cenó suficiente. La segunda vez que la trata se llevó a su hija fue a ella a quien engañaron. Una trans adulta, popular en el barrio, le prometió que Sharon sería su asistente en un salón de belleza en Argentina; solo debía firmar el permiso de viaje. Fue un recorrido eterno, por tierra, con escala en Lima, y pasando por Santiago de Chile hasta llegar a la ciudad de La Plata. Allí su cuerpo ya tenía precio: un año y medio en prostitución callejera para costear su traslado. Estuvo solo seis meses, hasta que su mamá pudo reunir dinero para comprarle los pasajes de regreso. “Esa vecina vuelve al barrio, pero no me dice nada porque ve que me puedo defender”, señala.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Ojo Público. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

La ruta de la explotación

En este reportaje documentamos las vulnerabilidades que rodean la vida de las adolescentes y adultas trans desde que abandonan sus hogares, empujadas por la violencia que reciben de sus padres o para expresar su identidad sexual, y cómo este desarraigo las lleva a ser un blanco fácil de la trata de personas o el comercio sexual infantil. La principal ruta de su explotación recorre la selva peruana y llega a Lima o continúa a países como Argentina e Italia, pero es invisible para la mayoría de las víctimas, pues estas creen que es el precio que deben pagar por su identidad. Enviamos pedidos de acceso a la información pública a la Policía Nacional, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a la Fiscalía y al Poder Judicial, para conocer cuántas menores y adultas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) fueron rescatadas de la explotación sexual y la trata de personas; a cuántas se les otorgó protección estatal y qué casos derivaron en procesos judiciales. Las estadísticas muestran que solo en 2017 la policía liberó a 725 personas en situación de trata; la Fiscalía mantuvo 1.464 demandas en curso, y el MIMP acogió a siete mujeres en riesgo. Se desconoce cuántas de ellas pertenecen a la población LGBTI, porque el sistema de registro estatal es binario y obliga a encasillar a las víctimas en masculino y femenino; la única manera de saberlo es apelar a la memoria de los funcionarios que atendieron los casos. Así, mientras las pocas denuncias que llegan a las autoridades se pierden en las estadísticas, historias como las de Sharon se mantienen invisibilizadas. Para reconstruir las denuncias penales en curso, nos comunicamos con las ocho Fiscalías Especializadas en Trata de Personas que funcionan desde hace dos años en el mismo número de regiones del Perú; también contactamos a las 24 Fiscalías de Crimen Organizado que asumen dicha labor en el resto del país. Solo en la oficina de Lima, a cargo de las fiscales Miluska y Berenice Romero, confirmaron que hay cuatro denuncias en curso que involucran a menores y adultas trans en situación de trata. En la región Junín, en cambio, no hay registros. No existe un proceso judicial a favor de Otilia, nombre con el que ella se identifica. “Por gusto he hecho la denuncia; no han hecho nada, absolutamente nada, en blanco”, nos dijo. La intensidad en sus ojos es intimidante, aun en la oscuridad de la noche. Estamos en la misma plaza de Pucallpa donde, hace tres años, una señora se acercó a comprarle un plato de comida que vendía al paso, en una carretilla. Luego de alabar su sazón, le propuso que sea su cocinera en un restaurante. Otilia aceptó y emprendió un viaje que la llevó al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zona de la selva central del Perú cercada por la extrema pobreza y los rezagos del terrorismo y el narcotráfico. “Un año y ocho meses encerrada con llave, sin ver la luz, sin dormir bien. La señora me daba comida como a un perro. Era un bar y quería que yo trabajara con mi cuerpo. Nunca lo hecho, me negué y me encerró en la cocina (..) Quizá porque era maricón, como no quería trabajar, la señora me encerraba para no salir (…) Me escapé por la ventana. Le he roto la ventana, ya no me importaba nada. Todo le dije a la policía, pero no me creyeron”, dijo. Quien sí le creyó fue una mujer que vendía almuerzos en un caserío de Pangoa, Junín. Durante cuatro meses la ayudó a lavar platos y con el dinero que juntó pudo regresar a su tierra, pero cuando lo hizo, sus familiares ya la habían dado por muerta. La denuncia que Otilia hizo en la comisaría de Junín nunca llegó a la División Policial de Investigación contra la Trata de Personas.

IQUITOS, LORETO

Iquitos, la ciudad amazónica conocida por el barrio sumergido de Belén, es el primer destino de niñas y adolescentes trans que huyen de las comunidades nativas de la región de Loreto, a las que solo se llega tras horas o días de viaje en lancha. Escapan de la pobreza y la violencia en sus hogares, pero también de la enfermedad, o de la suma de todos estos factores. “K” abandonó su natal Tamshiyacu, un pueblo en la ribera del río Amazonas, cuando tenía doce años, semanas después de que le detectaran VIH. A esa edad tuvo que calcular las consecuencias de seguir viviendo en una comunidad conservadora y religiosa, donde se cree que las personas trans y el VIH son propiciados por el demonio, y el tratamiento antirretroviral es escaso. “Enterarme fue lo más duro que me ha pasado”, señaló. Hoy tiene 23 años y no le ha contado a sus padres que es portadora, por eso no quiere que revelemos el nombre que la identifica. Según Ximena Salazar, antropóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, experta en el tema, las personas trans empiezan a revelar su identidad entre los diez y los trece años, y a esa edad, sin documentos, soporte económico ni educación concluida, abandonan sus casas por el rechazo de sus familias o para encontrar un lugar en el cual desenvolverse con el género con el que se identifican. La migración que inician es clandestina, marcada por la violencia, la persecución, la discriminación y la privación de sus derechos básicos. Por eso son vulnerables a ser víctimas de explotadores y tratantes. Chriss también es oriunda de Tamshiyacu y llegó a Iquitos a la misma edad de “K”, sin educación primaria concluida. Ella asegura que logró vencer el rechazo que sentían sus padres hacia su identidad sexual, y ahora los tiene a todos viviendo bajo el mismo techo, con más hermanos y sobrinos a quienes ayuda a mantener con el dinero que obtiene de la prostitución. Tiene 23 años y quiere migrar a Italia, porque ve que otras trans regresaron con mejores ingresos y pudieron comprar una casa para sus familias. Carlobi Ríos, coordinadora de la Red Trans en Loreto, reconoce que se llevan a las chicas a Italia y Argentina para prostituirse por voluntad propia, pero no les advierten que al llegar la mayoría es obligada a vender droga o robar para pagar sus traslados y alojamiento. “Eso les da mayores ganancias ¿Y crees que les pueden decir que no? Como dicen aquí: solo las honradas demoran en pagar sus deudas”, sostiene. Los que financian los viajes son trans mayores a las que llaman ‘madres’, por su rudeza o experiencia; y delincuentes que controlan a varias chicas haciéndoles creer que son pareja; sin embargo, la fiscalía y la policía de Loreto no tienen víctimas trans identificadas, solo homosexuales que captan mujeres para la explotación sexual. En el Perú la prostitución no está penada, pero sí que alguien facilite o se lucre de la actividad sexual de un tercero, lo que se conoce como favorecimiento, proxenetismo y rufianismo. El Código Penal también contempla dos delitos de mayor gravedad: la explotación sexual, por obligar a otro a ejercer actos sexuales y ganar dinero a costa de ello; y la trata de personas, que implica la captación, traslado, retención y explotación de una víctima para fines sexuales, laborales, de mendicidad o venta de drogas. Las víctimas crean vínculos de dependencia y terminan sometidas. “La madre te da de comer o te defiende de una paliza, pero a cambio saca dinero de tu cuerpo. El ‘marido’ nos vive, nos golpea, nos agobia y no decimos nada porque pensamos que es normal. Las chicas no identifican la explotación, la trata ni el abuso. Las puedes hacer dormir en el suelo y ellas estarán agradecidas porque no conocen otra cosa. Hemos entrado en un círculo de violencia normalizada”, explica Miluska Luzquiño, directora de la Red Trans Perú, organización que lucha por los derechos de este colectivo. Dentro de la población LGBTI, las personas trans son las que tienen menos oportunidades de salir de este círculo. Una encuesta del 2016 que el colectivo “No tengo miedo” realizó entre 118 mujeres trans de seis regiones del Perú, reveló que el 38% de ellas no completó la educación primaria o secundaria y el 50,8% no cuenta con seguro médico de ningún tipo. Tampoco tienen DNI, porque nunca lo tramitaron al cumplir la mayoría de edad o porque no quieren renovar el que obtuvieron, pues no refleja su identidad. Sin familia, escuela, ni trabajo que las acepte, las trans sobreviven en la exclusión. En 2016 se presentó en el Congreso el Proyecto de Ley 790, impulsado por la Red Trans Perú para que las integrantes de este colectivo pudieran modificar el nombre y el sexo que figura en su DNI, además de coordinar medidas para frenar la discriminación y promover el acceso a un trabajo digno. El documento, sin embargo, duerme desde diciembre del 2016 en la Comisión de Mujer y Familia.

LIMA, PERÚ

En el centro de la capital, y detrás de una iglesia, la explotación sexual de trans se camufla en la noche.

Lima: zona de tránsito y acogida

Esclavas del Sagrado Corazón. Ese es el nombre de la iglesia que ocupa casi una cuadra de la avenida Tacna, la principal vía de acceso al Centro Histórico de Lima. Sus muros santos colindan con el Jr. Washington, una calle donde decenas de trans inmersas en la prostitución acumulan historias de violencia y vulneración de derechos que ellas mismas no logran identificar. La mayoría de trans que recorren los jirones Washington Zepita y Peñaloza asegura ejercer la prostitución sin proxenetas de por medio, pues el último ‘caficho’ que cobraba cupos fue capturado hace ocho meses. Solo conversando con ellas podemos identificar a algunas que migraron de Iquitos, Pucallpa, Chiclayo y Trujillo en la adolescencia, siguiendo a una trans mayor o a un falso novio, a quienes pagaron con prostitución las deudas contraídas por la protección o el amor que decían brindarles. Daleska tiene solo 15 años y asegura no ser explotada por nadie, pero sabe lo que ocurre: “Personas como yo, o de menor edad, se enamoran de un hombre, pero este solo ve dinero. Ve qué puede ganar [con ellas], por la edad o tal vez porque se ven bien. El chantajismo emocional en nuestra sexualidad es algo normal, porque nos sentimos solas, porque nunca tuvimos afecto, porque nos botan. Entonces te chantajean, hacen de ti lo que quieren y lo único que les queda es obedecer y darles el dinero. Comprarles ropa y hacerlos vivir de ellas”. Ella migró a los 13 años desde la costa norte de Chiclayo, y ahora vive con otras trans en viejas casonas del Centro de Lima, en cubículos de 2 metros cuadrados por los que paga 10 dólares por noche. Lo único que conserva del pasado son dos fotos de niño. Ahora su hogar son las trans mayores que le dieron techo y protección. Delatarlas no es una posibilidad. El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte en su reporte Trafficking in Persons que las personas LGBTI, especialmente trans, reúnen todas las vulnerabilidades para ser víctimas de tráfico sexual. Así, desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda “mejorar los procedimientos de identificación de víctimas y adaptar los servicios de asistencia” que requiere esta población. Sin embargo, en Perú, la División de Investigación contra la Trata de Personas (Divintrap) no realiza labores de inteligencia para saber quiénes son y dónde están. “Estamos a la espera de que esta población vulnerable se acerque para conocer cuál es la problemática que están atravesando y, partir de ahí, establecer diferentes estrategias. Tenemos personal capacitado y les pedimos que confíen en la policía”, sostuvo el coronel Antonio Capa, jefe de la Divintrap. Luzquiño, de la Red Trans Perú, sostiene que la única relación que tienen las trans con la autoridad y, sobre todo, con el personal municipal de Serenazgo, es de violencia. En los casos más extremos las botan de las calles con chorros de agua, las golpean y abandonan en descampados; en otros, las tratan de varones y se burlan cuando quieren denunciar a su pareja por agresión. El rechazo de la autoridad municipal hacia los trans es tal que 11 de las 43 municipalidades de Lima incluyen en sus planes de seguridad ciudadana la “erradicación de homosexuales” o “travestis”. “¿Qué haría el Estado si rescata a una víctima? ¿La trataría como hombre, le cortaría el pelo? No hay ni albergues que las protejan”, agrega. El Ministerio Público es la única institución que acaba de implementar la variable LGBTI en su sistema de registro, a fin de indicar el género del o la denunciante. Para Rosario López Wong, la jefa de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit) de la fiscalía, la invisibilidad de estas víctimas empieza allí. Revertirla es un paso importante; no solo para las trans, sino también para toda la comunidad LGBTI, pero no tendrá efecto si no se replica en otras instituciones. “Necesitamos demostrar que sí podemos aplicar sanciones drásticas a los tratantes que se aprovechan de la discriminación y exclusión que sufren las trans para captarlas. Es un reto porque en este colectivo hay una resistencia muy marcada a entender que se ha vulnerado su dignidad”, explica Wong. El actual Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, documento rector de las políticas de Estado en esta materia, le dedica, por primera vez, unos párrafos a la población LGBTI para reconocer su vulnerabilidad y lo difícil que les es “acceder a los servicios de protección y atención, generándose una doble victimización”. “Las personas LGBTI poseen, en el marco de la lucha contra la trata de personas, todos los derechos propios de las víctimas de este delito”, indica la norma, pero no incluye planes ni medidas para que eso sea efectivo. “¿Cómo denuncias la desaparición y explotación una trans?”, nos preguntó Miluska Luzquiño. El afiche de búsqueda incluiría un nombre y una imagen que no corresponden con la realidad. En la mayoría de casos no habría un documento de identidad para rastrearla ni un familiar preocupado por su ausencia, incluso ella misma ignoraría que está en situación de esclavitud. “Prácticamente no existimos”, se responde la activista. Son víctimas silenciosas, pero las autoridades esperan que sean ellas las que se pronuncien primero. *Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Ojo Público. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Perú se suma a lista de países con casos de corrupción en el fútbol

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La detención del empresario y ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Edwin Oviedo, abre un nuevo capítulo en la rentable relación que han construido el fútbol y la corrupción en Latinoamérica. El pasado jueves 6 de diciembre fue detenido el dirigente peruano Edwin Oviedo, señalado de ser uno de los hombres que financiaba la organización conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, integrada por jueces, funcionarios judiciales y empresarios entre otros. Esta red de corrupción, dirigida por el ex juez de la Corte Suprema de Perú, César Hinostroza, es responsable de una serie de delitos dentro de los que destacan el tráfico de influencias y sobornos.       VEA TAMBIÉN: Fútbol y crimen Según un testigo protegido por esta investigación, Oviedo cubrió los gastos de Hinostroza para el Mundial de fútbol Rusia 2018 y le otorgó una serie de entradas para los partidos de la Selección Nacional de su país. A cambio de esas dádivas, Oviedo fue presuntamente favorecido en el proceso judicial del caso conocido como “Los Wachiturros de Tumán”, responsable de ser el autor intelectual del homicidio de dos sindicalistas de la empresa azucarera Tumán, propiedad del conglomerado empresarial de Oviedo. El Fiscal Juan Carrasco quien estuvo a cargo de este caso, afirmó que: “en la azucarera había una organización criminal dedicada a silenciar a todos los opositores de la administración judicial que había sido designada por el señor Edwin Oviedo”. En este momento Oviedo se encuentra en detención preventiva y está a la espera de que se defina su situación jurídica en el caso de “Los Cuellos blancos”; en su reemplazo la FPF será dirigida por Agustín Lozano, hombre cercano a Oviedo y quien también cuenta con investigaciones en su contra.

Análisis InSight Crime

Después que se destapó el escándalo de corrupción más grande en la historia del fútbol conocido como “FIFA Gate”, en donde cayeron 16 dirigentes de Centroamérica y Sudamérica vinculados con sobornos y enriquecimiento ilícito, se esperaba un nuevo rumbo de transparencia en las asociaciones de fútbol de la región, sin embargo, siguen apareciendo más casos que opacan al deporte más popular del mundo.

VEA TAMBIÉN: Cárcel para funcionarios de América Latina no acabará con la corrupción en la FIFA

En octubre de este año, la revista mexicana Proceso, publicó una investigación que refleja el creciente arreglo de partidos de fútbol con la liga local. Se trata de organizaciones criminales que se acercan a los jugadores, entrenadores, árbitros y dirigentes de fútbol con elevadas sumas de dinero para contar con su colaboración en los resultados. Los criminales entienden muy bien el fanatismo que genera el fútbol en todo el continente y aprovechan el deporte como un instrumento distractor para incrementar sus ganancias ilícitas. Esta entrañable relación entre el crimen organizado y el fútbol no solamente se ha manifestado en actos de corrupción y fraude, también han sido múltiples los casos vinculados con narcotráfico, lavado de activos y estructuración de asociaciones delictivas tal cual como lo refleja la realidad argentina. Todo parece indicar que apenas hemos evidenciado la punta del iceberg de los escándalos que involucran al fútbol. Mientras este deporte siga siendo visto como uno de los negocios más grandes y atractivos del mundo entero, mayor va a ser su afinidad con el crimen organizado, donde la finalidad de ambas prácticas se centra en sus incalculables beneficios económicos.