De la paciencia a la negligencia

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Según la ONUDD, los campos de coca han disminuido en Colombia, en Perú y también en Bolivia. Alguien debería contarle eso a los narcotraficantes en el VRAEM, donde el tránsito aéreo de drogas continúa a ritmo febril, con poca capacidad o acción por parte del Estado para detenerlo. 

Mientras la ONUDD (la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) proclama una reducción de la superficie de cocales colombianos de casi el 50% entre 2007 y 2012; de 17,5% en Perú entre 2012 y 2013; y de 26% durante los últimos tres años en Bolivia; en el Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM) el zumbido de los motores de narcoavionetas no solo no para sino aumenta.

El monitoreo de vuelos (que no incluye cobertura de radar que Perú, increíblemente, no tiene) indica hoy que ingresan de cuatro a seis narcovuelos por día. Cada avioneta carga unos 300 kilos de droga.

Este artículo apareció originalmente en IDL-Reporteros y fue publicado con permiso. Vea el artículo original aquí. 

Pero, según afirman fuentes humanas de inteligencia, el número de narcovuelos se ha incrementado a entre 8 y 10 vuelos por día, sumando los del VRAEM y Pichis Palcazu.

Y ya no solo avionetas. Según fuentes con conocimiento de causa, hace unos 10 a 15 días aterrizó en el VRAEM un bimotor con capacidad de carga de 800 kilos de droga. El avión, dicen las fuentes, despegó con carga completa y sin tropiezo.

El incremento de vuelos ha cambiado de varias maneras el narcotráfico en el VRAEM. El acarreo y acopio de cocaína son ahora las febriles actividades, con su exigencia de prontitud y rapidez de desplazamiento, que dominan el narcotráfico.

¿Es esto un asunto de seguridad nacional? Si todos los días entran desde el extranjero y salen con feliz impunidad de 6 a 10 vuelos ilegales en la zona más militarizada del país, ¿qué se puede decir? Seis vuelos por día suman 180 por mes. Ocho vuelos por día representan 240 por mes. A 300 kilos de droga por vuelo, se exportan 54.000 o 72.000 kilos de cocaína mensualmente por vía aérea. Sea lo mayor o lo menor, es una cantidad que pone al narcotráfico en hiperactividad.

Como ya lo ha informado IDL-Reporteros, la reacción del Estado peruano es de una extraña pasividad. Este año se ha capturado solo un par de narcoavionetas en tierra, y Perú no dispone ni de radares ni de mecanismos satelitales adecuados.

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De hecho, según ha sabido IDL-Reporteros de fuente fidedigna, algunos de los últimos operativos en la región se han hecho con la colaboración directa de la inteligencia colombiana, mucho mejor equipada que la peruana.

¿Es esto un asunto de seguridad nacional? Si todos los días entran desde el extranjero y salen con feliz impunidad de 6 a 10 vuelos ilegales en la zona más militarizada del país, ¿qué se puede decir?

Puede de repente decirse que el tráfico de cocaína no es en sí una amenaza de seguridad nacional.

Pero si ocurre que las avionetas llegan vacías y que el tráfico de armas desde Paraguay a Bolivia y de ahí a Perú no es en absoluto una posibilidad descabellada, en tanto existe una ruta establecida y una capacidad de carga ociosa, las cosas pueden verse diferentes.

Algunas fuentes de seguridad coincidieron con que este es un asunto serio que Perú debe afrontar antes de que se agrave.

Conversación con Cateriano 

En la tarde del jueves 26, sin embargo, entrevisté por teléfono al ministro de Defensa Pedro Cateriano y encontré que su visión del problema era más bien flemática.

Cateriano no estuvo de acuerdo “necesariamente” con que el problema de los narcovuelos fuera, hoy por hoy, el principal problema de seguridad nacional.

“Hace siete años”, dijo, “se trata de comprar un sistema de defensa aérea [que no solo contemplaba] los radares sino misiles antiaéreos. Y eso, lamentablemente, el gobierno pasado no lo pudo adquirir”.

Un proceso de compra de radares el año pasado, dijo Cateriano “se vino abajo porque la propuesta del país que había ocupado el primer lugar [en el proceso licitatorio], Italia,… al momento de presentar la oferta económica superó lo que se había establecido”.

“Ahora”, prosiguió Cateriano, “estamos en pleno proceso para adquirir cuatro radares”.

¿En cuánto tiempo se adquirirán esos radares?

“Estamos en plena ejecución”, dijo Cateriano, “luego vendrá la etapa de presentación de propuestas, evaluación técnica, económica y financiera. Y luego, la Fuerza Aérea, que es la institución encargada de realizar el proceso, recomendará cuál es la propuesta más conveniente”.

¿Qué tiempo significa eso?

“No es una compra de la noche a la mañana”, respondió Cateriano. “Después viene el proceso de entrenamiento de la gente que va a operar esos radares. Eso va a implicar una demora, naturalmente”.

Cateriano sostuvo que su información no coincidía con que hubiera de ocho a diez vuelos por día. “Es una fuente periodística y yo no la puedo verificar. Yo no tengo esa cifra. Hay estadísticas y denuncias que indican que estarían volando cuatro avionetas [al día] aproximadamente”.

¿Está de acuerdo o no –le pregunté a Cateriano– de que hay una tendencia al incremento de narcovuelos?

“El tema es el siguiente:”, respondió Cateriano, “con la caída de ‘Alipio’ y ‘Gabriel’, los narcotraficantes dejaron de pagarle cupo a los terroristas. Paradójicamente, eso que fue un golpe al terrorismo motivó que en zonas del VRAEM se facilitara lamentablemente ese tráfico aéreo ilícito”.

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“¿Por qué no hemos tomado acciones?”, continuó el ministro de Defensa, “porque Perú, [a raíz del derribo de la avioneta con misioneros el 2001] acordó no utilizar el radar [prestado por Estados Unidos] para la interdicción aérea. Y también [ese radar] necesita una reparación. Por eso el gobierno tomó la decisión de adquirir cuatro radares… Lamentablemente es un proceso lento. [Cuando se haga] Perú podrá contar con radares para realizar labores de interdicción”.

¿No hay fecha entonces para el momento que los radares y el personal que los maneja estén operativos?

“Eso se conocerá para cuando los países presenten las propuestas técnicas. El plazo de entrega, la calidad técnica: todos esos son aspectos con que va a calificar a los postores la FAP (Fuerza Aérea del Perú). Calidad, transferencia tecnológica, capacitación al personal que va a operar. Plazo de entrega: todos esos son los criterios técnicos que se van a tener que calificar para ver quién gana o no. Pero eso se sabe una vez que se presentan las propuestas”.

Hablamos de meses en el mejor de los casos, calculé.

“Estamos hablando de meses, efectivamente, de los próximos meses del segundo semestre de este año”, concluyó Cateriano.

La paciencia es muchas veces una modesta aunque positiva virtud. A veces, pienso, hasta tiene utilidad estratégica. Pero cuando cada mes que demora el pacienzudo proceso de compra representa por lo menos 180 narcovuelos más, con todas las consecuencias (empezando por la corrupción) y peligros que ello implica, la paciencia empieza a parecerse peligrosamente a la negligencia.

*Gustavo Gorriti es un periodista peruano y el actual director de IDL-Reporteros, donde apareció originalmente este artículo. Vea el artículo original aquí.

El hogar de la señorita coca

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Perú se ha convertido en el mayor productor y exportador de cocaína del mundo. En la principal zona de siembra, agricultores sobreviven vendiendo la hoja sin hacer preguntas. Políticos gobiernan bajo acusaciones de complicidad con los criminales y el último bastión de Sendero Luminoso opera entre el terrorismo y el narcotráfico. Así es el primer eslabón de la cadena de la droga.

El camino es polvoriento y lleno de curvas. En algunas partes las piedras se caen de los precipicios y bloquean la carretera por la que atraviesan pequeñas cascadas provocadas por la lluvia. Alrededor todo es verde: hectáreas y hectáreas de plantas de coca. En la pared de una casa de madera se lee una propaganda política: “Guillermo alcalde, coca”. Más adelante, entre los árboles, se puede ver un cartel: “No se admite presencia de delincuentes bajo pena de linchamiento. ¡Cuidado!”.

En la orilla de la carretera una mujer detiene nuestro coche para pedir ayuda. Su hija de dos años no para de toser y necesita que alguien la lleve al médico al poblado más cercano, a unos 15 kilómetros del lugar donde se encuentra acopiando hoja de coca junto a sus otros tres hijos. Cada semana, familias enteras trabajan en los cocales, ya sea sembrando, recogiendo o secando la planta. La coca rige la vida de esta zona pobre y alejada del resto de Perú. Los niños, sucios y llenos de mocos, suben al coche de unos desconocidos y su madre se queda en el campo a trabajar. Toma las hojas de las plantas y las tira sobre una lona para que se sequen al sol.

Este artículo apareció originalmente en Domingo de El Universal, y fue publicado con el permiso de los autores. Lea el original aquí

La región se llama Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM) y, según la Organización de Naciones Unidas, es la zona con más cultivos de hoja de coca y laboratorios para la producción de pasta base y clorhidrato de cocaína en el mundo. Cada año se producen unas 200 toneladas en esta región (600 en el país), según la organización aunque algunos especialistas elevan la cifra a 400. Perú ha desplazado a Colombia como el país líder en la exportación de cocaína.

?”Hoy tenemos 22 microcuencas cocaleras a lo largo y ancho de la selva oriental y tenemos tres grandes fuentes de exportación. Una en el trapecio amazónico hacia Europa. La autopista del Pacífico que comunica con Centroamérica y un mercado creciente del VRAEM hacia Brasil. Esta tercera es la nueva gran tendencia”, explica Ricardo Soberón, ex zar antidrogas de Perú y fundador del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos (CIDDH).

Para llegar aquí desde Lima se necesitan unas 20 horas de coche, tomando en cuenta la posibilidad de que la carretera se derrumbe. Hasta 2006, el Estado peruano apenas tenía presencia en esta zona, pero la resistencia del último bastión del grupo terrorista Sendero Luminoso, los Quispe Palomino, ha provocado que el ejército intente recuperar el territorio, que también se ha convertido en la principal salida de la droga hacia Bolivia. Desde entonces se libra una batalla entre senderistas y militares, los asaltos son frecuentes, así como el intercambio de armas y droga, por lo que las autoridades han impuesto un toque de queda para que a partir de las 10 de la noche nadie circule por aquí. Hace unos meses, un helicóptero oficial fue derribado por los terroristas. ?

No hay otra cosa

Cheldo Pérez —34 años, moreno, ojos negros, espalda ancha— siempre ha vivido en Kimbiri, la capital de la región, un pueblo al que apenas llega internet, muchas fachadas están desconchadas, el mercado consiste en tres puestos, y en él la famosa gastronomía de Perú pierde su brillo pues sólo hay un restaurante en el que “no te vas a intoxicar”, en palabras del dueño de nuestro hotel. Cuando era un adolescente Pérez vio cómo la lucha entre Sendero Luminoso, el ejército y los propios civiles, que se organizaron en autodefensas, multiplicaba los muertos. Eran los tiempos en que Sendero, una organización guerrillera maoísta, retó al Estado bajo el liderazgo de Abimael Guzmán, alias el “Presidente Gonzalo”, para instaurar un régimen comunista. Para ello se valió de la lucha armada y reclutaba, secuestraba y mataba campesinos en zonas como el VRAEM.

Después del conflicto, Pérez decidió dedicarse, como la mayoría de los agricultores, a plantar hoja de coca, debido a que se cosecha hasta cuatro veces al año y se gana mucho más que con cualquier otro cultivo. Una arroba de hoja de coca —12 kilos— puede costar casi 500 pesos (US$38) y un jornalero gana el doble trabajando en un cocal que en un plantío de cacao o café. Aunque la coca mata la tierra y no permite que se plante otro tipo de semilla durante años, no duda en dedicar sus dos hectáreas al monocultivo.

“Es su caja chica. Cada tres meses ingresan efectivo para poder pagar facturas”, explica Soberón. De las 20.000 hectáreas de cocales que hay en el VRAEM, solo un 6 por ciento se comercia de manera legal y es registrado ante la Empresa Nacional de la Coca (Enaco). Los agricultores dados de alta en este organismo pueden procesar la hoja de coca para hacer té, jabones, productos medicinales o la venden para “chacchar” (masticar), una actividad típica en la región andina porque combate los efectos de la altura y mitiga la sensación de hambre, sed y cansancio. Sí. El resto es para el narcotráfico. ?

“Quien me la compre no es asunto mío”, dice Pérez un domingo a las siete de la mañana, mientras come ceviche en un restaurante enfrente de la plaza principal del pueblo, que ahora está en obras. “De repente, viene alguien en su camioneta y compra toda la cosecha de una”, afirma el cocalero, que cada temporada emplea a unas 60 personas en sus campos. Además los narcotraficantes pagan tres veces más que la Enaco. La mayor parte de los campesinos no saben el destino de la hoja de coca, ni que la cocaína forma parte de un negocio multimillonario que implica miles de muertos a nivel continental. “Muchos no han visto otra cosa, otras posibilidades”.

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En una de las zonas más pobres de Perú, donde la mayor parte de la gente gana menos de US$282 al mes —el salario mínimo— Pérez se mueve en moto, viste ropa limpia y reluciente a diferencia de los jornaleros que trabajan en los cocales, y carga en la mano su laptop. El resto se pelea por un lugar en los únicos dos cafés internet que hay en la zona.

—¿Dónde están los pozos (lugares donde la hoja de coca se convierte en pasta base de cocaína)? —le preguntamos a Cheldo Pérez mientras visitamos sus cocales.

Según el último informe de la Comisión para el Desarrollo y la Vida sin Drogas (Devida), existen al menos 200 laboratorios clandestinos en el VRAEM y cada vez son más comunes las narcopistas en toda esta zona y en la selva central.

El agricultor suelta una sonrisa, deja ver unos dientes blanquísimos, y señala lo alto de la montaña. “Allá y allá”, dice con desgana, como si aquello ya fuera un problema muy lejano para él.

La tierra de nadie

En el pabellón número siete de la cárcel de Lurigancho, el penal más grande de Perú, a unos 30 minutos de Lima, un miembro de la mafia italiana convive con un delegado de un cartel colombiano y con una mula española, de nombre Jordi, que acuciado por la crisis en España intentó un viaje de ida y vuelta en avión con una maleta cargada de droga. Flores —nombre ficticio— un peruano cuarentón, extrovertido y de sonrisa fácil, lleva más de una década en el penal, también condenado por tráfico de drogas, y ha visto cómo a medida que su país iba ganando importancia como productor y exportador de cocaína su módulo se convertía en una pequeña ONU.

Varios presos y un guardia nos acompañan por la cárcel, entre los talleres de informática y artesanía y los pasillos en los que algunos reos consumen piedra. En el pabellón 7 hay negocios, como la pollería de Walter con sus mesas de plástico en el patio, en los que celebran pequeñas reuniones mientras al lado se juegan partidos de baloncesto. Aunque dependiendo del poder adquisitivo de cada preso unos duermen en celdas individuales, otros en compartidas y otros en un colchón sobre el suelo, se respira todo el aire posible en una cárcel en la que el número de reos cuadriplica su capacidad.

Poco antes de despedirnos, cuando el guardia que nos acompaña se aleja, Flores desliza una tarjeta con su número de celular escrito en el reverso. “Llámenme y les cuento”. Un par de días después nos contesta la llamada desde su celda:

—Era la tierra de nadie. Todos lo sabían. El ejército también. No había control.

Flores habla del Alto Huallaga, de finales de los años ochenta y noventa, cuando era el epicentro de la producción en Perú. Hoy, después de muchos millones invertidos por Estados Unidos en la erradicación de la coca y de la presión de las autoridades, ha sido sustituido por el VRAEM.

Como muchos jóvenes oriundos de esa tierra limítrofe al norte con la Amazonia, quedó fascinado con la llegada de los traficantes colombianos. “Regalaban juguetes y el día de la Madre plata”, rememora Flores. Los narcos contrataban a unas 40 personas, “una cuadrilla”, que acampaban en lugares remotos durante una semana, sobreviviendo a base de latas de conservas. Primero acopiaban y maceraban la coca. Después de tres días, mezclaban la planta en un gran hoyo en el suelo —el pozo— con ácido sulfúrico, amoníaco y permanganato de potasio. La mezcla, recuerda Flores, era pestilente. Dice que si uno ve cómo se hace la pasta base nunca consumiría cocaína. ?

El trabajo de los peruanos, siempre custodiados por unos 20 hombres armados, acababa cuando hacían grandes bolas de pasta base, de hasta 400 gramos, y las metían en barriles.

“Nos pagaban 70 soles al día (unos US$25), por trabajar de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, sin descanso. Era una miseria, pero a nosotros nos parecía mucha plata”. Cocaleros de toda la vida, poco a poco empezaron a aprender que con el debido proceso la planta podía dar muchos más réditos en el mercado ilegal.

“Hoy hay más hectáreas de coca que antes de que empezara la erradicación”, añade Soberón, quien actualmente asesora a gobiernos como el de Evo Morales en Bolivia en materia de drogas.

En su caso, Flores decidió transportar la cocaína hasta Lima. Un kilo en el lugar de origen, bien el Alto Huallaga o bien el VRAEM, ronda hoy los US$800, mientras que en la capital, asentada en la costa, el precio sube hasta US$1.200 promedio.

Flores ganaba unos US$800 en cada viaje, hasta que en uno de ellos lo detuvieron y lo condenaron.

Desde aquellos primeros tiempos, el proceso y los narcotraficantes se han sofisticado. “Lo que han hecho es reemplazar los químicos que fiscalizamos”, afirma Renzo Caballero, mayor de la Dirandro, la policía antidroga de Perú. “Ahora procesan con gasolina de 84 octanos, que es la que utilizan por ejemplo todas las lanchas que navegan en los ríos del VRAEM. ¡La gasolina es legal en todo el mundo!”.

En Kimbiri o Pichari, localidades sin un gran parque motor, proliferan las gasolineras. “También han contratado ingenieros que son capaces de cortar y soldar el metal de grandes motores sin dejar huellas. Luego envuelven los paquetes con todo tipo de papeles. Es bien complicado para los perros”, se lamenta. Las mulas también han proliferado en esta región entre ríos. Sus habitantes afirman que muchos campesinos caminan durante días cargando en sus hombros la cocaína procesada para llevarla a los narcotraficantes que la llevan a Bolivia. Según el informe de Devida, unos 4.000 jóvenes del VRAEM se encuentran en la cárcel debido al tráfico de droga.

Caballero, que nos recibe en una mesa blanca rodeado de mapas de Perú, da la impresión de reunir todas las cualidades de un buen policía: es elocuente, conoce bien el terreno, maneja las estadísticas y está en muy buena forma física. Incluso es sincero a la hora de hablar de la paradoja que enfrenta. El año pasado realizaron más capturas, más decomisos —este año se confiscó el doble de insumos químicos que el año pasado— y se erradicaron más hectáreas que nunca y, sin embargo, el cultivo ha crecido en los últimos tiempos y los Quispe Palomino tienen un papel decisivo en la custodia de las rutas de la droga.

?”Los narcotraficantes piden a los Quispe Palomino sembrar y que acordonen y protejan las rutas. Juntan clanes familiares y lavan dinero en empresas […]. De senderistas no tienen nada, son narcotraficantes”, apunta el mayor Caballero.

La policía, además, no es muy bien vista en zonas como el VRAEM. En 2012 la Dirandro utilizó como base un colegio de Kepashiato, una pequeña localidad cocalera, ante la falta de recursos. Sendero Luminoso abría fuego en la noche contra los policías. Los habitantes de la zona, alarmados por el peligro que corrían sus hijos, exigieron a la policía que se fuera del lugar. Además, siempre que los agentes se acercan a las chacras con una pala para proceder a la erradicación, hay alguna movilización en su contra. Para este año, el gobierno de Ollanta Humala pretende erradicar unas 30.000 hectáreas de hoja de coca para que Perú deje de ser el mayor productor del mundo, pero es muy complicado intentar eliminar el sustento económico de alguien y convencerlo justamente de que le están sirviendo y protegiendo.

Otro preso de Lurigancho, nacido en el VRAEM y arrestado cuando transportaba varios kilos de cocaína a Bolivia, nos contaba cómo cuando era bebé le daban en el biberón una infusión de coca. “Sí, ahí todo es coca”, dice Caballero. Los cultivos alternativos como el café, los cítricos y el cacao, que se intentan implantar como solución, aún no han irrumpido en el paisaje de la región. “Es normal, con la coca ganan diez veces más”, agregó Caballero.

Aunque en Perú no se conocen grandes nombres de narcotraficantes, como en Colombia o en México, los peruanos empezaron a ser actores más activos. Nacieron varios clanes (firmas) que se dedicaron a la producción y traslado de la droga hasta las fronteras del país. Hoy operan unos 40. Jaime Antezana, experto en narcotráfico, separa la primera etapa —hasta mediados de los años noventa— en la que los carteles colombianos dominaban el negocio y las exportaciones eran sobre todo aéreas; de una segunda —a partir del 2000— en la que la producción ha crecido sostenidamente, la productividad de los cultivos se ha disparado —cada 313 kilos de hoja de coca se extrae un kilo de cocaína, y en ella, la irrupción de Sendero Luminoso ha provocado una disputa por el control de los plantíos y las rutas.

Entre tiburones y narcopolíticos

Godofredo Yucra trabajaba en un pozo de maceración de coca cuando fue detenido y condenado por tráfico de drogas. Era 1997. Quince años después, este hombre de mirada dura y parco en palabras, despachaba como gobernador de Kimbiri en un destartalado escritorio de madera, al que apenas llega la luz, entre nuevas acusaciones de pertenecer al Clan de los Tiburones, una de las firmas más célebres de la región. “Eso que lo resuelva la justicia”, es todo lo que tuvo que decir cuando le preguntamos por su pasado delictivo.

Después de atender a un ciudadano que quería realizar un cambio de domicilio, Yucra insistía en que no dejaría su cargo a pesar de las denuncias en su contra, así que cada mañana seguía llegando a su humilde oficina, que parecía más un viejo cuarto de servicio que el despacho de un político.

La denuncia se la interpuso el anterior alcalde, que fue destituido de su cargo por nepotismo, quien además ha involucrado a otros familiares del actual edil. Algunos vecinos del VRAEM, que clamaron contra la designación de Yucra —el cargo lo eligen los políticos no los ciudadanos— hablan de él con una sonrisa de resignación. La narcopolítica es un tema común en la región.

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“En Perú hay 11 o 12 narcoalcaldes y 12 narcocongresistas”, afirma Jaime Antezana, el experto en narcotráfico que hace más de tres años denuncia los lazos entre la política y los traficantes, sobre todo en regiones calientes como el VRAEM.

???El alcalde de Pichari, Edilberto Gómez, “El loco Edy”, es uno de esos ediles que han tomado posesión del cargo entre acusaciones de colaborar con los delincuentes. “Todo lo que está bajo el sol se puede ver. No hay nada que esconder”, dice con hablar frenético una calurosa tarde en su despacho. “La culpa no es de quien siembra sino de quien consume”, dice orgulloso Gómez, quien cada año organiza el Festival Internacional de la Hoja Coca de Pichari, que honra a una tradición de cultivo de más de 5.000 años de antigüedad. En la fiesta se utiliza la hoja de coca para la elaboración de caramelos, pasteles y licores. Además se corona a la Señorita Coca.

La rutina en Kimbiri o Pichari parece una sucesión de escenas que representan que la vida gira en torno a la coca de manera natural, mucho más que en episodios típicos de una guerra por el control del territorio entre ejército, narcotraficantes y Sendero Luminoso. El único que nos habló de “guerra” fue un coronel del ejército que nos recibió en el cuartel de Pichari. “Dentro de estos muros tienen que entender que estamos en guerra”, afirmaba. Después de responder con evasivas sobre la labor de los militares en la zona nos despide con un obsequio: una baraja de póker. Cada una de las cartas tiene una foto de un senderista y debajo la recompensa que se ofrece por información valiosa para su captura: El As de diamantes es para el senderista ‘José’, el 2 de espadas es para ‘Alipio’ y el 3 de tréboles es para ‘Raúl’. Por todos se ofrece un millón de soles, es decir, alrededor de US$300.000.

La sensación generalizada entre los vecinos es que la guerra atroz de los años ochenta y noventa, que dejó unos 70.000 muertos de los que sólo se han identificado poco más de 20.000, nunca volverá. “Con los civiles ya no se meten. Ya los derrotamos una vez. Ahora piden comida y se van”, dice Cheldo Pérez, el cocalero. Para los vecinos el conflicto es ahora algo periférico, un problema entre senderistas y los cuerpos de seguridad que afecta ocasionalmente a los habitantes del VRAEM. Piensan que la época de la violencia política nunca volverá.

?A unos 15 minutos de Kimbiri, en un poblado de indígenas ashaninkas —la etnia más numerosa de la selva peruana— la familia de Damian Michael Ciuviri, policía de la Dirandro, y el resto de la comunidad, pide justicia para averiguar quién lo asesinó. Vestidos con su traje típico, una especie de sotana marrón que les llega hasta los pies, hombres y mujeres se separan debajo de una palapa de madera y cuentan cómo desde la época de apogeo de Sendero Luminoso, su etnia ha sido afectada por el terrorismo y el narcotráfico. Los hombres se retiran y las hermanas del agente hablan rodeadas de decenas de niños que juegan a su alrededor.

Desde el viernes pasado, el día del asesinato, la familia intentó contactar con él pero nunca respondió a sus llamadas. Ciuviri estaba en un operativo porque la policía había recibido información sobre un supuesto intercambio de armas y droga entre senderistas y narcotraficantes. Los terroristas emboscaron a la patrulla en la carretera, mataron a Ciuviri, a otro compañero y dos agentes más resultaron heridos. La camioneta Nissan en la que viajaban quedó calcinada.

Los ashaninkas, un grupo guerrero que combate la explotación maderera en la región, han estado desde hace casi 40 años en medio del fuego cruzado entre la guerrilla maoísta y los militares. Hasta finales de los años noventa, eran reclutados a la fuerza o acusados de subversión y varios de sus integrantes fueron asesinados durante los enfrentamientos. Con la llegada del narcotráfico, la guerra tiene que ver más con tumbes de droga y emboscadas que con combates ideológicos. Días después de la emboscada, la familia de Ciuviri fue a Lima para pedir al presidente que haga justicia. “No hay asaltantes, terrucos (terroristas), drogadictos. Pero los diarios de Lima satanizan al VRAEM porque tienen que vender periódicos”, aseguraba el alcalde Gómez. Bajo la sombra de la palapa, una de las hermanas de Ciuviri sentencia sin pudor: “Si el gobierno no hace justicia, nosotros vamos a tomar las armas”.

*Este artículo contó con la contribución de Pablo Ferri. Apareció originalmente en Domingo de El Universal, y fue publicado con el permiso de José Luis Pardo y Alejandra S. Inzunza. Lea el original aquí. Sígalos en Twitter en @Dromomanos y vea más de su trabajo en https://www.dromomanos.com.

 

Perú detiene los planes de erradicación forzosa de coca frente a amenaza de Sendero Luminoso

Perú ha recortado su objetivo de erradicación de coca, en la principal región de cultivo de coca del país, y se ha alejado de los planes de erradicación forzosa, lo que confirma un drástico giro en la política que éste dice es en respuesta a la amenaza planteada por la guerrilla de Sendero Luminoso.

El ministro del Interior peruano Walter Albán, ha anunciado que el gobierno ha reducido su meta de erradicación de coca de 15.000 a 5.000 hectáreas en la región del VRAEM -Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro- donde se cultiva más de la mitad de las 60.000 hectáreas de coca del país. Albán también dijo que el gobierno ya no erradicaría la coca a la fuerza, sino que en su lugar intentaría cumplir el nuevo objetivo a través de la sustitución de cultivos.

Según Albán, una de las razones para el cambio en la política del gobierno es la información de que el grupo guerrillero Sendero Luminoso, una facción que opera en la región del VRAEM, estaba ofreciendo ayuda a los agricultores que estaban luchando contra la erradicación, informó Reuters.

A pesar del reajuste en la región del VRAEM, Albán dijo que el gobierno mantendría su objetivo de erradicar un total de 30.000 hectáreas en Perú este año. También señaló que si los locales se negaban a suscribir el plan de erradicación voluntaria, el gobierno volvería a la política de erradicación forzosa en la región.

Análisis de InSight Crime

Desde que Humala asumió el poder en 2011, su gobierno ha cambiado su discurso frente a la erradicación de coca en varias ocasiones. Como candidato presidencial, Humala prometió acabar con la erradicación forzosa, pero al comienzo de su mandato nombró a Carmen Masías, quien está a favor de la erradicación, como presidenta de la Comision Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) para reemplazar al progresista jefe antinarcóticos, quien inicialmente había ocupado el cargo.

A principios de 2014, Perú anunció ambiciosos planes para lograr un récord en la erradicación de coca, con la mitad de los cultivos elegidos para ser destruidos ubicados en el VRAEM. Sin embargo, el gobierno volvió a cambiar de táctica cuando Humala se comprometió a centrar los esfuerzos antidrogas del gobierno en la sustitución de cultivos, en lugar de la erradicación forzosa. Luego, en mayo, destituyó a Masías y la reemplazó por el exministro de Defensa, Alberto Otárola.

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Como comentó Alban, si hubieran seguido con los planes de erradicación forzosa en el VRAEM, habría significado caminar directamente a una crisis de seguridad. La facción remanente de Sendero Luminoso que opera en el VRAEM, probablemente habría ayudado a los cultivadores de coca a resistir los esfuerzos de erradicación, tanto para proteger una importante fuente de sus ingresos –la guerrilla grava la producción de drogas en la zona- como para intervenir a favor de los pobres agricultores que cultivan la coca, quienes representan una potencial base política. El resultado podría haber sido enfrentamientos violentos, como se han visto en las campañas de erradicación realizadas en el pasado, lo que habría golpeado al gobierno y posiblemente fortalecido a Sendero Luminoso.

Narcotráfico, terrorismo, y la autodefensa civil en Perú

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Perú está a punto de convertirse en el eje central de los esfuerzos globales para combatir la producción y el transporte de narcóticos ilícitos en Suramérica. Entre 2006 y 2011, las agencias estadounidenses aportaron US$5,2 mil millones en apoyo antinarcóticos a la región andina de Suramérica para detener el flujo anual de cientos de toneladas de cocaína. Aunque Colombia recibió el 76 por ciento de estos fondos, en la actualidad Perú es el principal productor mundial de hoja de coca y está expandiendo con rapidez su producción doméstica de cocaína. En junio de 2012, el presidente peruano Ollanta Humala, dio el discurso inaugural de la Conferencia Internacional Antidrogas en Lima. Humala aseguró a los miembros de más de 70 delegaciones que Perú estaba comprometido con un esfuerzo global para reducir la producción, transporte y consumo de narcóticos ilícitos. En la conferencia, la Unión Europea se comprometió con 34 millones de euros para ayudar a implementar la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016 de Perú. Desde su elección en 2011, el presidente Humala ha fortalecido los lazos de Perú con el gobierno de Barack Obama, y, en el año que viene, Estados Unidos casi duplicará su apoyo a los esfuerzos antinarcóticos y de desarrollo de Perú, con una contribución de US$100 millones.

Los fuertes lazos entre los narcotraficantes y los remanentes de la insurgencia del Sendero Luminoso de los años ochenta y noventa complican los esfuerzos antiterroristas y antinarcóticos en Perú. Sendero Luminoso, liderado por el profesor de filosofía, Abimael Guzmán, llevó a cabo una violenta campaña contra cualquier actor posicionado para el desafío de su revolucionario programa maoísta. Guzmán y sus seguidores originalmente se enfocaron en los símbolos de poder, en un esfuerzo por resaltar la injusticia social y económica, así como la incapacidad del Estado para hacer frente a las necesidades del pueblo. Posteriormente la campaña se convirtió en un ataque indiscriminado y brutal a los civiles, fuerzas de seguridad, y actores políticos por igual. Después del arresto de Guzmán en 1992, las fuerzas de seguridad del Estado detuvieron el impulso del grupo revolucionario y con el tiempo derrotaron a la insurgencia armada.

Este artículo apareció originalmente en CTC Sentinel, una publicación del Combating Terrorism Center. Vea el artículo original en inglés, incluyendo las fuentes, aquí.

Hoy, sin embargo, los remanentes del Sendero Luminoso protegen el comercio de drogas ilícitas y utilizan las ganancias para fortalecer su organización y adquirir armamento avanzado. Los narcotraficantes y militantes del Sendero Luminoso han perjudicado a las economías locales, generado un aumento en la inseguridad, y frenado el desarrollo institucional post-conflicto en muchas regiones que cultivan coca ilegal. Mientras los diseñadores de políticas y las fuerzas de seguridad estatales de Perú hacen frente a estos desafíos, ahora también deben enfrentarse a una cantidad cada vez mayor de las fuerzas de autodefensa civil. Los actores civiles desempeñaron un papel crucial en la derrota inicial del Sendero Luminoso en los años noventa, y muchas comunidades han reactivado sus fuerzas de autodefensa local en los últimos años. En algunas partes de Perú, las patrullas civiles armadas se confrontan con organizaciones criminales e insurgentes, y juegan un papel cada vez más importante en hacer frente a los retos asociados con la lucha del Estado contra el terrorismo y el narcotráfico.

En este artículo se ofrece un resumen de la estrategia antinarcóticos de Perú, mostrando cómo el Estado peruano ha buscado abordar simultáneamente los problemas de seguridad relacionados con la producción de drogas ilícitas y con los militantes armados del Sendero Luminoso. Después se identifican los retos a los que se enfrentan muchas comunidades afectadas por el comercio ilícito de droga, a medida que las comunidades se enfrentan junto con las fuerzas de seguridad del Estado a los “narcoterroristas” y a las presiones legales y económicas relacionadas con el cultivo de coca. Por último, el artículo examina la participación de los actores civiles a la hora de hacer frente a los desafíos de seguridad. Se encuentra que los actores civiles desempeñaron un papel fundamental en la derrota inicial del Sendero Luminoso y que probablemente desempeñen un papel igualmente importante en la lucha contra la actual amenaza “narcoterrorista”.

La estrategia antinarcóticos de Perú

Cuando el presidente Humala llegó al poder en 2011, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), la agencia antidrogas del Perú, anunció que iba a reducir la erradicación forzada de coca y a centrar los esfuerzos en proyectos y programas de desarrollo para promover la inclusión social. La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016 de Perú es enfática en enfrentarse a la producción de drogas con un enfoque holístico y polifacético.Las iniciativas descritas en la estrategia 2012-2016 incluyen esfuerzos alternativos de desarrollo, diversas formas de interdicción, así como programas de prevención y tratamiento dirigidos a los consumidores de droga. Sin embargo, muchas de las regiones más afectadas por las iniciativas antinarcóticos se han vuelto cada vez más militarizadas, a medida que los líderes políticos y las fuerzas de seguridad del Estado implementan estas estrategias. Perú ha priorizado en elementos particulares de la interdicción y erradicación, como lo demostró el compromiso de Humala de erradicar 50 por ciento más plantas ilegales de coca en 2013 que en 2012. La erradicación superó sus objetivos tras erradicar 23.600 hectáreas de cultivos de coca en 2013, y DEVIDA ha fijado un ambicioso objetivo de 30.000 hectáreas para 2014. Aunque los principales diseñadores de políticas reconocen la importancia de combinar la erradicación con programas de desarrollo e inclusión social, a menudo dan prioridad a los problemas de seguridad. La Policía Nacional del Perú (PNP) y las fuerzas armadas combaten simultáneamente las dos principales fuentes de inseguridad regional: los narcotraficantes y los miembros remanentes del Sendero Luminoso. Hasta hace poco, habían dado prioridad a los esfuerzos antiterroristas por encima de frenar la expansión del cultivo y tráfico de drogas. Por ejemplo, la PNP tenía una sola base dedicada a los esfuerzos antinarcóticos en las comunidades que rodean el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en 2012, mientras que las fuerzas armadas que luchan contra el terrorismo tenían 29 bases. Los esfuerzos antiterroristas en las comunidades que cultivan coca ilegal generan retos adicionales, al tiempo que los militares y la policía buscan poner en práctica las estrategias antinarcóticos del Estado.

Las comunidades del VRAEM se están preparando para la respuesta del Estado peruano frente a la ampliación de plantaciones de coca y sitios de procesamiento. Los lazos más estrechos con Estados Unidos y el aumento de la dependencia a la financiación estadounidense podrían influir en la estrategia antinarcóticos de Perú para que refleje los esfuerzos pasados de Colombia, que priorizaban la erradicación. Una estrecha alianza entre narcotraficantes y militantes del Sendero Luminoso agrava el peligro de militarización de los esfuerzos antinarcóticos. Los militantes del Sendero Luminoso han asumido el rol de mercenarios, y los responsables políticos y militares claves consideran que atacar la esencia financiera del grupo insurgente llevará a la derrota del Sendero Luminoso.

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Por ejemplo, el general Leonardo Longa López, el nuevo director del Comando Especial del VRAEM explicó los últimos ataques y secuestros del Sendero Luminoso que siguieron a un período de inactividad. Longa sugirió que estas acciones son la más reciente reacción desesperada del Sendero Luminoso frente a los esfuerzos militares de detener el narcotráfico en la región: “Ya no hay pase de insumos y los residuos terroristas se han replegado”, dijo. “Son cada vez menos [terroristas] porque están abandonando las filas”. Él cree que con acabar con los incentivos que ofrece la producción de narcóticos ilegales eventualmente se acabará con los militantes del Sendero Luminoso. Carmen Masías, la presidenta de DEVIDA, también reconoció la relación simbiótica entre el Sendero Luminoso y la economía ilegal de la droga. Hizo hincapié en la necesidad de centrarse en la erradicación: “Hay terroristas remanentes para atacar, pero ese no es el principal problema. En este año hemos invertido tres mil millones de soles [peruanos] en el VRAEM y [el cultivo de coca] no se disminuyó ni un sola hectárea. Cuando no se erradica, no se afecta el narcotráfico”. Para Masías, una política antinarcóticos exitosa debe incluir la eliminación activa de los cultivos de coca. Estos dos actores clave en la estrategia antinarcóticos de Perú creen que la clave del éxito incluye la interdicción (limitar los suministros y transporte) y la erradicación (eliminación de cultivos).

Las fuerzas de seguridad peruanas también han participado activamente en operaciones de lucha contra el terrorismo. El arresto del líder del Sendero Luminoso, Florindo Eleuterio Flores Hala, (conocido como Camarada Artemio) en el Valle del Alto Huallaga en 2012, así como el abatimiento de “Alipio” y de “Gabriel” en el VRAEM en 2013, acabaron con obstáculos importantes que entorpecían la capacidad de las fuerzas de seguridad del Estado de entrar a estas regiones para combatir el terrorismo y la producción ilegal de droga. El arresto de Alejandro Dimas Huaman (también conocido como Héctor), el sucesor de Artemio, en diciembre de 2013, hizo que el jefe de la policía nacional antinarcóticos de Perú declarara que Sendero Luminoso había desaparecido del valle del Alto Huallaga, y que la región se había pacificado. Sin embargo, a pesar de las recientes detenciones que infligieron golpes temporales al clan Quispe Palomino, que ahora controla gran parte del VRAEM, los civiles en esa región siguen dudando de la capacidad y de las intenciones de las fuerzas armadas. El clan Quispe Palomino, encabezado por los hermanos Víctor y Jorge (alias “camarada José” y “camarada Raúl” ), demostró recientemente su capacidad para recuperarse rápidamente de los golpes militares a su organización, al reafirmar su control sobre las principales rutas de la droga, poco después de los arrestos de presuntos actores narcoterroristas. Columnas armadas de narcoterroristas se tomaron por la fuerza a varias comunidades, a pesar de que supuestamente estaban bajo protección militar. Por el otro lado, una respuesta militar indiscriminada en algunas comunidades dejó a los civiles con preguntas acerca de la preocupación de los militares por su bienestar. Un civil describió la operación militar posterior como una irrupción de misiles desde un helicóptero alrededor de la periferia de su pueblo, sin ningún objetivo claro.

Las amenazas del Sendero Luminoso y el fracaso de una economía de la coca

La población civil de Perú siente que está, una vez más, atrapada “entre dos fuegos” temerosa de las represalias violentas tanto por parte del Sendero Luminoso como por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Un agricultor de coca en el VRAEM explicó los peligros de dejar su modesta casa de madera durante la noche y advirtió: “No se deben usar velas o linternas”. Señaló hacia las colinas al norte. “El ejército controla esa zona por allí”. Luego señaló hacia las colinas del occidente: “Y el Sendero Luminoso controla esa zona por allí. Cualquiera de los dos podría dispararle si ve una luz”. En ocasiones los civiles se encuentran en una situación imposible, con pocas opciones para garantizar la seguridad de sus familias y mejorar sus vidas. Las comunidades deben evitar las acusaciones y los ataques físicos por dos frentes: el de las fuerzas de seguridad del Estado y el de los militantes del Sendero Luminoso.

Por ejemplo, durante un repunte de violencia en 2008, el ejército mató a una gran cantidad de pobladores en una comunidad del VRAEM, a quienes etiquetaron como “subversivos”. Meses después, los guerrilleros llegaron y secuestraron al líder de la aldea por supuestamente haber colaborado con el ejército. Hoy en día, muchas comunidades siguen ayudando al Sendero Luminoso por miedo. Al combinar la violencia punitiva por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y del Sendero Luminoso, con el aumento en los esfuerzos de erradicación de drogas que amenazan la subsistencia de algunos agricultores, muchas comunidades de la región quieren un cambio o, simplemente quieren ser dejadas en paz.

Las presiones del mercado de tener cultivos más rentables con cosechas más frecuentes, originalmente condujeron a los agricultores locales a adoptar la producción ilegal de coca. Si los agricultores locales pudieran ganarse la vida de igual manera con cultivos alternativos, algunos podrían, en cambio, cultivar voluntariamente el cacao, el café y otras plantas en lugar de coca. Un agricultor explicó: “¡Por supuesto! Lo erradicaríamos nosotros mismos. No necesitaríamos del ejército o la policía para hacerlo. Sería magnífico”. La coca no ha dado una solución a las dificultades económicas que enfrentan los agricultores y sus familias, y pocos agricultores han obtenido beneficios sustanciales por medio de la coca ilegal.

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Además de la continua pobreza, los agricultores de la región también han empezado a reconocer los devastadores efectos ambientales del cultivo ilegal de coca. Han experimentado la degradación ambiental con la desaparición del dosel selvático, el fin de la fauna nativa como monos y loros, y la erosión generalizada del suelo. Cosechas más frecuentes drenan los nutrientes vitales de la tierra, y los pesticidas que se utilizan para proteger a las vulnerables hojas de coca han envenenado el suelo. Los efectos de los cultivos de coca han interrumpido la producción de otros importantes productos agrícolas básicos como la yuca. La colaboración con el Sendero Luminoso y con los narcotraficantes no ha logrado mejorar la vida de los agricultores, y ha interrumpido las tradiciones culturales de algunos grupos indígenas. Sin embargo, la erradicación forzada por parte de las fuerzas de seguridad del Estado probablemente perjudicará a las comunidades que participan en la economía de la coca. La erradicación no funciona sin programas complementarios que generen un desarrollo amplio y equitativo, y encontrar los recursos necesarios para poner en práctica estos programas es un reto.

La autodefensa civil en Perú

La población civil desempeñará un papel cada vez más importante en la reciente campaña de erradicación en el VRAEM de Perú. Un esfuerzo similar en el valle del Alto Huallaga a mediados de 2000 interrumpió el orden social y llevó a una violencia generalizada hasta que las comunidades fueron capaces de organizarse y velar por su propia seguridad. Perú tiene una larga historia de autodefensa civil y los actores civiles armados todavía ayudan a mantener el orden social en muchas regiones rurales de Perú. Las comunidades en las regiones de Cajamarca y Piura en Perú originalmente organizaron “rondas campesinas” en los años setenta para combatir el robo de ganado rampante. Algunos dan crédito a la presencia de estas organizaciones por haber limitado la expansión del Sendero Luminoso en estas regiones cuando el grupo insurgente inició la lucha armada en 1980. Otra forma de autodefensa civil, los “comités de autodefensa” (CADs), surgieron en las Sierras Centrales a principios de los años ochenta para combatir a Sendero Luminoso. Los primeros CADs se desarrollaron “orgánicamente” por la propia voluntad de las comunidades. A medida que avanzaba el conflicto, las fuerzas armadas en ocasiones intervinieron para cooptar estas organizaciones incipientes, proporcionándoles apoyo logístico y material, o, en algunos casos, para obligar a las comunidades a organizarse si no lo habían hecho por su cuenta. La literatura académica sobre la violencia durante el conflicto armado interno de Perú reconoce la movilización civil como un componente clave en la derrota del Sendero Luminoso. Los hacedores de política y las fuerzas de seguridad del Estado ven beneficios potenciales en la coordinación con las fuerzas de autodefensa de la comunidad para complementar las operaciones antiterroristas y antinarcóticos, pero el Estado ha ofrecido un apoyo mínimo en términos de recursos financieros. El apoyo civil y la participación pueden resultar cruciales en la derrota de los remanentes de la insurgencia del Sendero Luminoso y en poner freno a la expansión de la producción de narcóticos ilegales.

La participación civil en el pasado y presente de la lucha contra la violencia insurgente en esta región es complicada. Aunque muchas organizaciones de autodefensa civil contemporáneas en las comunidades de la selva han optado en gran medida por no participar en las cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas y el terrorismo, muchas de las comunidades de las montañas que salen del VRAEM han reactivado recientemente las patrullas para responder a estos desafíos. Por ejemplo, 24 comunidades alrededor de Luricocha coordinan entre sí para entrenar, organizar patrullas, y enfrentarse a los retos actuales de seguridad que el Estado es incapaz o no está dispuesto a abordar.

Estos casos permiten una mirada al proceso de movilización civil real. Pequeños grupos de civiles armados con escopetas Winchester calibre 12 pretenden disuadir el tráfico de drogas y proteger a la población de los grupos de bandidos a lo largo de la carretera que sale de la selva. Patrullas civiles levantaron barricadas temporales en la carretera de tierra de una hora fuera de Luricocha en la vía a la selva. Ellos detienen y requisan automóviles y camiones que circulan en medio de la noche. Estas acciones generan grandes riesgos para los participantes, pero muchos de ellos tienen experiencia militar previa o pertenecieron a las fuerzas de autodefensa civil durante la guerra civil.

Muchos legisladores se oponen a los esfuerzos de militarización civil. La prensa, los políticos y los académicos debatieron con frecuencia el asunto en los medios de comunicación durante el conflicto armado interno de los años ochenta y noventa. Muchos eran renuentes a armar a civiles, temerosos de que suministrando armas a las comunidades rurales al mismo tiempo estuvieran armando a los mismos militantes que buscaban derrotar. En algunos casos los líderes de milicias civiles han cometido abusos contra los derechos humanos o se han involucrado en el tráfico de drogas. Sin embargo, por su mayor parte, sus temores nunca se materializaron y los actores civiles armados nunca adquirieron un papel político significativo en sus comunidades durante el período posterior al conflicto. Por el otro lado, Perú ha desarrollado un marco legal sobre los grupos de autodefensa civil, facilitando la supervisión y el control estatal de estas organizaciones. Aunque los grupos operan de manera autónoma, se coordinan con las fuerzas armadas. Por ejemplo, un grupo en Huanta , en la región de Ayacucho de Perú, lleva a cabo patrullas conjuntas con otros grupos y se reúnen una vez al mes en una base militar local para entrenamiento y mantenimiento de armas. Grupos en la región también se reúnen cada año para conmemorar su papel en la derrota inicial de Sendero Luminoso, y reafirman su apoyo a las fuerzas armadas y a la policía en los esfuerzos de pacificación, así como en el desarrollo socioeconómico. Las iniciativas de autodefensa civil colaboran con las fuerzas de seguridad del Estado, lo que puede generar una mejor inteligencia humana. Los miembros de la comunidad que organizan y que son parte de la autodefensa civil conocen el terreno y al pueblo, y con frecuencia comparten sus conocimientos con las fuerzas de seguridad. Estos individuos también prestan servicios de seguridad según las necesidades locales. Las organizaciones de autodefensa civil han generado una relación más estrecha entre los intermediarios locales y el Estado, para ayudar a coordinar y poner en práctica las iniciativas de desarrollo.

Resistencia Civil en Perú y en otros lugares

La participación civil en la provisión de seguridad puede conducir a resultados drásticamente diferentes. Mientras que el caso peruano en general experimentó menos casos de conducta predatoria por parte de las fuerzas de autodefensa civil armada, en otros casos, este tipo de grupos exacerbaron conflictos armados existentes. Los académicos y legisladores no deben hacer generalizaciones sobre los beneficios de la movilización de civiles armados. Las condiciones en las que los grupos civiles armados surgen, a menudo afectan sus objetivos y comportamiento.

Por ejemplo, en Colombia, los paramilitares surgieron para defenderse de la violencia asociada con los grupos revolucionarios y con el comercio de drogas. Las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) surgieron como una organización sombrilla que coordinaba a paramilitares civiles aislados. Sin embargo, en Colombia, la mayor parte de grupos de defensa civil armada se formaron para proteger intereses privados. Los grupos paramilitares surgieron como organizaciones de protección privada para los terratenientes, ganaderos, y otras élites empresariales con intereses en regiones con conflictos. Los grandes terratenientes en Colombia podían pagar a civiles armados para proteger sus propiedades y garantizar su seguridad.

Por otra parte, en Perú, los custodios y los pequeños propietarios se coordinan conjuntamente para movilizar y proteger sus propios intereses colectivos. La formación de las fuerzas de autodefensa civil en Perú debe ser entendido como “la expresión de una decisión masiva y autónoma por parte de la población rural”. La coordinación continua con las fuerzas de seguridad del Estado y la responsabilidad legal ayudó a minimizar el riesgo de una movilización paramilitar clandestina.

Además de abordar las preocupaciones de seguridad inmediatas en este caso, la experiencia peruana puede arrojar luz sobre otros casos contemporáneos donde los actores civiles armados se enfrentan a amenazas al orden social. Al tiempo que muchas comunidades mexicanas organizan esfuerzos de “autovigilancia” para luchar contra el narcotráfico, y que las ciudades en el norte de Nigeria movilizan a civiles para enfrentarse al grupo de insurgentes islamistas Boko Haram, los responsables políticos se beneficiarían de una mejor comprensión de la dinámica detrás de la resistencia civil. Las fuerzas de autodefensa civil peruanas variaron en sus orígenes, comportamiento, en el nivel de apoyo que recibieron por parte de los militares, y en su trayectoria posterior a los conflictos. El caso peruano proporciona una oportunidad única para que los diseñadores de política aprendan de los éxitos y fracasos que se presentan cuando los civiles ayudan a combatir las amenazas de seguridad.

*Steven T. Zech es un candidato a Doctor en el Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Washington, Seattle. Dicta clases sobre violencia política, terrorismo, y contraterrorismo. Fue investigador afiliado en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en Lima entre 2012 y 2013 mientras investigaba las respuestas de las comunidades a la violencia insurgente para su tesis doctoral.

Este artículo apareció originalmente en CTC Sentinel, una publicación del Combating Terrorism Center. Vea el artículo original en inglés, incluyendo las fuentes, aquí.

Falsas acusaciones sobre Sendero Luminoso enfatizan problemática de la libertad de prensa en Perú

Un medio de comunicación investigativo en Perú ha expuesto a un diario peruano por publicar información falsa con respecto a los vínculos entre el grupo guerillero Sendero Luminoso y su brazo político, Movadef, planteando interrogantes sobre si la supervisión del periódico incurrió en omisión descuidada de información o si fue un acto intencional.

Luego de que en la edición del 16 de abril, el diario El Comercio pusiera en primera plana el titular “Hay que liberar a nuestros camaradas para que la lucha armada no caiga”, IDL Reporteros publicó un informe reprendiendo al periódico del país por haber basado sus acusaciones en un testimonio que ya había sido refutado cuando surgió por primera vez.

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La historia de El Comercio destacó dos supuestas reuniones en 2008, a las que asistieron Alfredo Crespo y Manuel Fajardo -los abogados del líder encarcelado del Sendero Luminoso Abimael Guzmán, que fueron detenidos recientemente, y que encabezan el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)- presentándose como miembros del grupo guerrillero. Según se había informado, en las reuniones se dicutieron formas para fortalecer al Movadef con el fin de reforzar sus intentos de lograr la liberación de los guerrilleros presos, así como también se buscó concertar apoyo financiero para los guerrilleros.

El 16 de abril, InSight Crime informó acerca de la historia de El Comercio.

Como lo señala el informe de IDL Reporteros, las dudas sobre estas afirmaciones hicieron que un detective de la unidad especial de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la policía de Perú, fuera asignado al caso. Éste concluyó que Crespo no pudo haber asistido a la primera reunión porque se encontraba de visita en una base naval en la que Guzmán estaba detenido en esa época, mientras que los registros de los huéspedes prueban que Fajardo no se quedó en el hotel en el que El Comercio informó que había sido recogido por la guerrilla.

Estos documentos fueron hechos públicos por el Ministerio del Interior a principios de 2013, y fueron publicados inmediatamente en el sitio web de Movadef.

La contra-exposición se produce una semana después de la detención de 28 miembros del Movadef por vínculos con la guerrilla y por haber recibido fondos ilícitos.

Análisis de InSight Crime

El informe de IDL Reporteros pinta un cuadro preocupante sobre la situación de los medios de comunicación en Perú, sobre los cuales Freedom House, una ONG dedicada a la defensa de la democracia, ha reportado que sufren de una profunda corrupción y presión política. La situación es exacerbada por la falta de un organismo regulador de medios de comunicación independiente en el país.

En el informe, IDL Reporteros destaca dos posibles razones sobre la desinformación: la primera sugiere que los reporteros del periódico hicieron un mal trabajo en la verificación de la información, una teoría apoyada en el hecho de que la unidad de investigación de El Comercio había sido disuelta recientemente, con antelación, mientras que la segunda sugiere una omisión voluntaria de la información disponible.

Si bien ya se había probado que Movadef había recibido fondos de Sendero Luminoso, la sugerencia de que sus líderes estaban actuando como miembros del grupo guerrillero pudo haber sido importante en el caso contra los miembros detenidos, quienes actualmente enfrentan hasta 35 años de prisión.

Perú revela el grado de participación de Sendero Luminoso en brazo político

Una investigación sobre el brazo político de Sendero Luminoso de Perú ha revelado la amplia naturaleza de la participación del comandante guerrillero encarcelado Abimael Guzmán en la dirección del grupo, mientras líderes del Movadef recientemente arrestados enfrentan largas penas de prisión por vínculos con el dinero de drogas.

Según un informe de El Comercio, uno de los líderes detenidos del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), Alfredo Crespo -quien también se desempeñó como abogado de Guzmán- actuó como un punto de contacto entre el jefe guerrillero y el comandante en el terreno, Florindo Eleuterio Flores Hala, alias “Artemio”, desde la concepción del Movadef en 2008 hasta la captura de Artemio en 2012.

Con base en intervenciones telefónicas y testimonios de testigos, el caso contra Crespo y otro líder y abogado del Movadef, Manuel Fajardo, se afirma que los dos asistieron a una reunión del comité central de la guerrilla en 2008 como miembros titulares, en donde propusieron alejarse de la violencia con el objetivo de construir la base de poder del brazo político, con el fin último de liberar a los líderes encarcelados y de volver a la lucha armada.

Al parecer Crespo también persuadió a Artemio para que consiguiera dinero para apoyar al Movadef, así como proporcionó fondospara apoyar al Movadef, y que suministró fondos de “reparación civil” para que guerrilleros presos pudieran salir de la cárcel y volver a la lucha armada. 

Estas revelaciones se presentan tras la reciente detención de 28 de miembros del grupo por denuncias que los vinculan con la facción de la guerrilla del Valle de Huallaga -una medida muy bien recibida por Estados Unidos. Los miembros arrestados enfrentan hasta 35 años de prisión, informó Peru.com.

Análisis de InSight Crime

Movadef, que vio bloqueada su solicitud para convertirse en un partido político oficial en 2012, ha sido catalogado por mucho tiempo como frente de Sendero Luminoso. Mientras que este último informe ofrece algunos de los indicios más fuertes hasta el momento de qué tan profundos son los lazos entre Movadef y la guerrilla, el apoyo por parte del brazo político a la lucha armada tiene ya un precedente, con el grupo haciendo declaraciones en este sentido a finales de 2012.

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Desde la captura de Artemio, el gobierno peruano ha continuado insistiendo en que la facción de la guerrila del Valle de Huallaga está muerta, sin embargo, ha demostrado repetidamente señales de vida -un hecho subrayado por estos aparentes planes de reagruparse y de volver a las armas en mayor escala.

A pesar de que la facción sur de Sendero Luminoso continúa operando en la región del Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM), las dos facciones ya habían vivido una reñida división hace algún tiempo.

Oleada de ataques de Sendero Luminoso desencadena temores de nueva ofensiva en Perú

La guerrilla de Sendero Luminoso de Perú ha acabado con meses de calma tras una serie de ataques contra objetivos militares, en lo que podría ser el inicio de un resurgimiento, o alternativamente un signo de debilitamiento, después de la dada de baja de sus líderes clave.

El 17 de febrero, un grupo de unos 30 miembros de la facción de Sendero Luminoso, que opera en el Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM), lanzó un ataque contra la base militar de Kepashiato, en la provincia (departamento) del Cusco.

Al día siguiente, los guerrilleros continuaron con más ataques contra las bases militares en Unión Mantaro y Ccano, en la vecina provincia de Ayacucho, para luego participar en varios ataques más durante la semana posterior.

Los ataques marcaron los primeros enfrentamientos entre Sendero Luminoso y el ejército, desde noviembre del año pasado, informó El Comercio. El jefe del comando conjunto especial de la policía y el ejército en el VRAEM, Leonardo Longa López, dijo a El Comercio que los ataques fueron una reacción desesperada frente a los esfuerzos antinarcóticos en la región.

Sin embargo, los analistas consultados por El Comercio dijeron que probablemente los ataques fueron una respuesta tardía a la dada de baja de Alejandro Borda Casafranca, alias “Alipio”, y de Martín Quispe Palomino, alias “Gabriel” el año pasado, y que bien podrían marcar el inicio de una nueva ofensiva.

Análisis de InSight Crime

Tras erradicar la facción de Sendero Luminoso activa en el Alto Huallaga, en el norte de Perú, las autoridades han dirigido su atención a la facción del VRAEM, que puede no ser grande, pero que una y otra vez ha demostrado que conserva la capacidad militar suficiente para provocar significativos dolores de cabeza al Estado.

Sobre la base de los daños causados a la estructura organizativa del grupo, tras haber dado de baja a Alipio y a Gabriel, ahora las autoridades han recurrido a la principal fuente de financiación de la guerrilla -el narcotráfico.

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Sendero Luminoso regula el mercado de la base de coca, protege los cargamentos de droga y ayuda a asegurar las pistas de aterrizaje ilegales. Para acabar con esta fuente de ingresos, las autoridades peruanas ya han puesto en marcha operaciones para destruir pistas de aterrizaje y un plan para aumentar drásticamente los esfuerzos de erradicación de coca en el VRAEM.

Sendero Luminoso ciertamente parece haber mantenido un perfil bajo y haber logrado reagruparse en los últimos meses, y los ataques recientes sugieren un fin a este período de calma. Sin embargo, aún está por verse si representan el comienzo de una ofensiva concertada para luchar contra los esfuerzos del gobierno en la región, o si es una reacción desesperada frente a la campaña del gobierno que surge de la debilidad.

Perú socavará las finanzas de Sendero Luminoso al atacar al narcotráfico

El gobierno de Perú está lanzado una ofensiva sostenida contra el comercio de drogas que financia el último bastión que queda de Sendero Luminoso, el VRAEM, tratando de erradicar los cultivos de drogas y destruir las pistas de aterrizaje ilegales.

La jefe del organismo antidrogas del gobierno, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías, afirmó que el objetivo del gobierno era erradicar el 75 por ciento de los cultivos de coca en los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, mejor conocido como el VRAEM. Este no sólo es uno de los principales lugares de producción de drogas, sino también el hogar de la última facción poderosa de la guerrilla de Sendero Luminoso.

El objetivo forma parte de la meta del gobierno de erradicar 30.000 hectáreas de cultivos de coca en 2014, lo que si se alcanza, será un nuevo récord.

Otro aspecto de la estrategia es la destrucción de pistas de aterrizaje ilegales en el VRAEM. Una gran parte de la base de coca y cocaína sale del VRAEM en avioneta. Fuentes de inteligencia han identificado 72 pistas de aterrizaje ilegales, no todas en el VRAEM, que se utilizan para mover hasta 20 toneladas de droga al mes.

Análisis de InSight Crime

Aunque Sendero Luminoso obtiene un poco de dinero de la tala ilegal y la extorsión, su principal fuente de ingresos, de lejos, es de la base de coca y la cocaína que sale del VRAEM. Los guerrilleros fijan el precio de la base de coca, regulan las compras, y protegen los envíos que salen de su territorio, así como ayudan a asegurar las pistas de aterrizaje ilegales. Incluso si las pistas de aterrizaje son destruidas por los militares, se construyen unas nuevas en la selva, a veces bajo la supervisión de los guerrilleros.

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Aunque los guerrilleros en el VRAEM sufrieron un duro golpe el año pasado con la muerte de su jefe militar, Orlando Borda Casablanca, alias “Alipio”, y otro alto líder, Marco Quispe Palomino, alias “Gabriel”, Sendero Luminoso sigue dominando la región.

Las fuerzas de seguridad peruanas están esperando repetir su éxito de 2012, cuando capturaron al jefe de la facción de Sendero Luminoso en el Valle del Alto Huallaga, otra zona de cultivo de coca. Una operación de dos años en contra de los guerrilleros allí condujo a la detención en febrero de 2012 de Florindo Eleuterio Flores, alias “Artemio”. Sendero Luminoso en el Huallaga es ahora una fuerza agotada, incapaz de ejercer el mismo control que antes, y los esfuerzos de erradicación han podido desarrollarse en gran medida sin obstáculos. El nuevo blanco de las fuerzas de seguridad es el jefe guerrillero en el VRAEM, Víctor Quispe Palomino, alias “Camarada José”.

Como están las cosas, sin embargo, es casi seguro que Sendero Luminoso tratará de bloquear los esfuerzos de erradicación en el VRAEM, y el objetivo de destruir el 75 por ciento de la coca en las áreas en las que operan es muy ambicioso.

¿Arresto en el norte de Perú marca el final de Sendero Luminoso?

Las autoridades de Perú han declarado el fin de la facción del norte de la guerrilla de Sendero Luminoso después de arrestar al hombre que se cree es su último líder; una afirmación que han hecho antes pero que probablemente no está muy lejos de la verdad.

El 9 de diciembre, una unidad de inteligencia especializada arrestó a Alexander Dimas Fabián Huamán, alias “Héctor”, en el departamento de Huánuco, informó El Comercio.

Según funcionarios, Huamán encabeza los remanentes de la facción de Sendero Luminoso que opera en el Valle del Huallaga y había estado intentado recaudar fondos y reconstruir la organización después de la detención del líder Florindo Eleuterio Flores Hala, alias “Camarada Artemio”, a principios de 2012.

Tras la detención de Huamán, el jefe de la policía de la unidad antinarcóticos, Víctor Romero Fernández, dijo que Sendero Luminoso “está desapareciendo de esa zona”.

Análisis de InSight

Tras la captura del líder fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en 1992, los remanentes de la guerrilla se dividieron en dos facciones, una en la región norte del Valle del Huallaga, que se mantuvo leal a Guzmán, y la otra en la región suroriental conocida como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), que declaró a Guzmán un traidor a la causa.

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Al momento de la detención del líder de la facción del Huallaga, Artemio, las autoridades se refirieron de manera similar a la muerte de Sendero Luminoso en la región, que, como lo demuestra la detención de su presunto sucesor casi dos años más tarde, ahora parece prematura.

Sin embargo, pese a que Sendero Luminoso puede no haber sido eliminado completamente de la región, e incluso puede que haya algunas facciones activas, es cierto que no ha sido una fuerza importante desde la detención de Artemio.

Uno de los principales indicadores de esto ha sido el vacío dejado por su ausencia en el tráfico de drogas. Si bien el alcance de su participación en el tráfico de drogas ha seguido siendo un punto polémico, la guerrilla al menos sí estuvo involucrada en la protección y en el cobro de impuestos del cultivo de coca. Desde la detención de Artemio, los esfuerzos de erradicación en la región han aumentado, lo que sugiere que los cocaleros ya no pueden contar con la protección de Sendero Luminoso.

Sin embargo, también ha habido acusaciones de que la facción del VRAEM, que se cree que tiene vínculos más estrechos con el narcotráfico, ha enviado a sus propios combatientes para detener los esfuerzos de erradicación en la región, aumentando la posibilidad de que ésta podría ser la fuerza que llene el vacío dejado por sus rivales derrotados.