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Gobierno de Venezuela convirtió inmuebles de narcos en “casas de tortura”

Las impactantes denuncias de un funcionario del gobierno de Venezuela en la OEA sobre las torturas perpetradas por los órganos de represión del gobierno, no solo confirman la participación de “colectivos” y cubanos en las sistemáticas violaciones de derechos humanos, sino que además revelan la existencia de “casas de tortura” que operan en inmuebles incautados a narcotraficantes. Un oficial venezolano que desertó de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) llevó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el 20 de marzo, una serie de videos y pruebas que demostrarían las torturas aplicadas por el régimen de Venezuela a militares y civiles que se han rebelado contra el gobierno. “No me había imaginado ver tantas atrocidades inhumanas como las que viven los prisioneros siendo torturados… los tratan “como animales. No se le brinda el servicio médico, no se les deja tomar sol un rato. Todo el tiempo una opresión contra los prisioneros, tanto física como psicológicamente”, relató el teniente de la Aviación Ronald Dugarte, mientras mostraba los videos de los detenidos que -según dijo- logró hacer al esconder su teléfono celular.

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Los videos muestran a varios de oficiales de alto rango esposados y maltratados por presuntamente conspirar contra el gobierno. En su denuncia, Dugarte también aseguró que los agentes cubanos participan en la capacitación de los funcionarios venezolanos de inteligencia y monitorean todas las unidades militares del país. La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú, quien acompañó a Dugarte, leyó una lista de supuestos torturadores, entre los que figuran algunos miembros de “colectivos” que se uniforman como funcionarios de la DGCIM, y denunció la existencia de  centros clandestinos de tortura, uno de ellos ubicado en la parroquia San Bernardino de Caracas. Aseguró que el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, quien fue director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), habría entregado a los cuerpos de seguridad y a los colectivos algunas viviendas confiscadas a capos de la droga en el pasado para ser usadas como casas de tortura. Los señalamientos contra Reverol por falta de control y la apropiación de los bienes decomisados a los capos de la droga que eran detenidos no son nuevos.

Análisis de InSight Crime

Las denuncias sobre las torturas perpetradas por los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro y las violaciones de derechos humanos han sido constantes desde 2014 y se han multiplicado en los últimos dos años, incluso así lo confirma el informe presentado por la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet el miércoles 20 de marzo. Sin embargo, la existencia de centros clandestinos de tortura, que son utilizados para retener arbitrariamente a los opositores, al parecer bajo la asesoría de agentes de la inteligencia cubana y la actuación colectivos, constituye una verdadera novedad entre las acciones criminales que se han conocido del régimen de Maduro. En este caso se trata de al menos cuatro inmuebles clandestinos ubicados en distintas zonas de Caracas, “donde son llevados los detenidos inmediatamente después de ser capturados y antes de ser trasladados a las dependencias policiales para oficializar su detención ante los órganos de justicia”, dijo a InSight Crime una fuente del Ministerio de Relaciones Interiores.

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Por otra parte, como desde hace varios años en Venezuela no se detiene, ni se persigue a capos de la droga, ahora los bienes que se incautan pertenecen a exfuncionarios o exsimpatizantes del gobierno detenidos por corrupción y por haberle retirado su apoyo a Maduro, como el empresario Diego Salazar. La misma fuente informó a InSight Crime que “los vehículos y propiedades de estas personas son entregados, sin ningún tipo de procedimiento legal, a militares y funcionarios, o asignados a algunas dependencias gubernamentales”. Sobre los centros de tortura, InSight Crime conoció que además del mencionado en la denuncia, existen otros ubicados en los municipios Baruta y El Hatillo, ambos en el sureste de Caracas, a donde han sido llevados algunos presos políticos que fueron detenidos por hombres de civil y sin una orden judicial.

Opinión: El ELN como ejército insurgente colombo-venezolano

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El ELN, el último ejército insurgente de Colombia, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos cuatro años, tanto en Colombia como dentro de Venezuela, de manera que ahora puede designarse como una fuerza colombo-venezolana, lo que tiene inmensas implicaciones para ambos países. En octubre de 2018, llegaron a InSight Crime denuncias de una masacre de mineros en el estado de Bolívar, sobre la frontera venezolana con Guyana. Esta se atribuyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Eso no parecía lógico. Aunque el ELN ha tenido presencia por largo tiempo en Venezuela, esto solo se observaba en la frontera con Colombia, no al otro lado del país. Encargamos a todos nuestros corresponsales en toda Venezuela que nos informaran de cualquier noticia acerca de la presencia del ELN. Las respuestas nos sorprendieron.  Se reportó presencia del ELN en 12 de los 24 estados que tiene Venezuela, con actividad armada y uniformada en cinco de ellos. Para nosotros fue claro que el ELN se había convertido en una agrupación colombo-venezolana.

* Este artículo fue publicado originalmente por Semana y fue reproducido por InSight Crime con permiso. Vea el original aquí.

La presencia del ELN en Venezuela data de hace varias décadas. Recordamos la queja presentada ante la Organización de Estados Americanos en julio de 2010, cuando el gobierno de Álvaro Uribe denunció que había unos 1.500 insurgentes colombianos residiendo en territorio venezolano. En esos días, la presencia guerrillera obedecía a la búsqueda de refugio, la capacidad de quedar fuera del alcance del ejército colombiano, y de realizar operaciones de adiestramiento, planeación y logística sin hostilidades. La situación actual es distinta. Ahora Venezuela es una fuente importante de ingresos para el ELN, no solo por la extorsión, también por el manejo de minas ilegales de oro, muchas de ellas en Bolívar, a cientos de kilómetros de distancia de la frontera con Colombia. También hay evidencia de su participación en narcotráfico, con la salida de aviones cargados de cocaína desde zonas de Venezuela que se encuentran bajo el control del ELN. El reclutamiento de venezolanos por parte del ELN suma a centenares de jóvenes, según nuestras fuentes. El ELN también ha estado adelantando trabajo político en Venezuela, infiltrando la política local en muchos de los estados y municipios donde tiene fuerte presencia, y desarrollando redes sociales y políticas como las que tiene en lugares como Arauca, el lado colombiano de la frontera. Incluso han estado distribuyendo alimentos en Venezuela.

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Nuestro análisis al respecto fue confirmado recientemente en la revista Semana por un viejo amigo, un compatriota británico que lleva dos décadas viviendo en Venezuela, Phil Gunson, quien ahora trabaja para el International Crisis Group: “De este lado de la frontera sentimos que el ELN, en particular, es cada vez más una organización venezolana y no colombiana, en el sentido de que sus bases más importantes y sus principales fuentes de ingresos están más de este lado, donde reclutan más y más venezolanos”. Esto tiene importantísimas implicaciones políticas para Colombia, para Estados Unidos, en su campaña por un cambio de régimen en Venezuela, y para el futuro del conflicto civil colombiano, así como para las posibilidades de un conflicto civil venezolano. Debe recordarse que el ELN nació con respaldo de Cuba, el aliado más importante del actual régimen de Maduro.  ¿Es coincidencia que la expansión del ELN en Venezuela haya ocurrido en un momento en que el régimen de Maduro (con el respaldo de Cuba) resiste múltiples amenazas a su permanencia en el poder? Es poco probable. ¿Defenderá el ELN el régimen de Maduro contra elementos de la oposición que buscan subir al poder?  Sí, casi con certeza, pues esto representaría un desafío directo a sus intereses en Venezuela.

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Eso también significa que es improbable que el ELN dé vuelta atrás si un gobierno respaldado por Estados Unidos sube al poder en Venezuela y amenaza sus bastiones e influencia en el país.  El ELN lleva décadas resistiendo gobiernos respaldados por Estados Unidos en Colombia, ¿por qué actuaría de otro modo en Venezuela? La actual situación en Venezuela ofrece las condiciones perfectas para la expansión política, militar y económica del ELN, así como para presentarse como una fuerza insurgente panamericana y bolivariana, no simplemente colombiana. Sin embargo, otro escenario podría venirle bien al ELN: un conflicto civil declarado en Venezuela, donde pudiera aliarse con los “colectivos”, elementos chavistas radicales en el ejército y la milicia, así como con los grupos del crimen organizado que tienen profundas raíces en el régimen de Maduro. Esta unificación de conflictos civiles en Colombia y Venezuela es una posibilidad muy real, que debería guiar a los legisladores en Colombia y en el exterior en su apoyo al cambio de régimen en Venezuela. Pero no solo el ELN depende de Venezuela como refugio, fuente de financiación y reclutamiento. Las ex-FARC Mafia, más específicamente los disidentes de las FARC, también tienen una presencia importante y en aumento al otro lado de la frontera. Su mayor puesto de avanzada se encuentra en el estado venezolano, Amazonas, bajo el mando de Géner García Molina, alias “Jhon 40”. Aquí están apostados hasta 500 miembros de las ex-FARC, venezolanos en gran parte, y quizás el principal líder disidente, Miguel Botache Santillana, más conocido como “Gentil Duarte”. Colombia y Venezuela somos como siameses, nuestras historias criminales están unidas por la cadera. Tomar un serrucho y cortar por la diplomacia primitiva, la acción militar y la ganancia inmediata no hará más que prolongar el sufrimiento. Lo que se necesita es una cirugía precisa para garantizar que ambos países afronten en conjunto sus problemas con la criminalidad, con una visión a largo plazo y cooperación estrecha, en los frentes social y económico, no solo desde la perspectiva del orden público. La retórica del actual gobierno colombiano no apunta a sutilezas de ese tipo. Un conflicto civil en Venezuela solo reforzará al ELN y las dinámicas criminales de Colombia. Y nos condenará a más décadas de violencia. * Este artículo fue publicado originalmente por Semana y fue reproducido por InSight Crime con permiso. Vea el original aquí.

Médicos cubanos son usados con fines criminales en Venezuela

Una investigación periodística muestra cómo los médicos cubanos fueron parte de una trama de extorsión usada por el gobierno de Venezuela para permanecer ilegalmente en el poder, lo que revela nuevas formas de colaboración criminal entre el régimen Nicolás Maduro y La Habana. Integrantes de las misiones médicas cubanas describen en un reportaje del New York Times cómo amenazaban y chantajeaban a enfermos y pacientes con enfermedades crónicas para que votaran por Nicolás Maduro o de lo contrario no recibirían los medicamentos que necesitaban para seguir con vida. “Se usaban muchas tácticas, dijeron los doctores, desde simples recordatorios para votar por el gobierno hasta denegar tratamiento a los simpatizantes de la oposición que tienen enfermedades mortales”, dice la investigación, para la que fueron entrevistados 16 médicos cubanos que huyeron de Venezuela y están refugiados en distintos países de la región.

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Yansnier Arias, uno de los médicos que trabajó en Venezuela y abandonó el programa para vivir en Chile, relató que “sus superiores cubanos y venezolanos le dijeron que el oxígeno debía usarse como arma política: no para las emergencias médicas del día, sino para repartirse cuando la elección estuviera más cerca, como parte de una estrategia nacional para obligar a los pacientes a votar por el gobierno”. El episodio corresponde a la víspera de las elecciones presidenciales de mayo de 2018, calificadas como fraudulentas por más de 60 gobiernos que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, lo que ha agudizado la crisis de gobernabilidad y violencia que actualmente vive el país suramericano.

Análisis de InSight Crime

Las acciones descritas por los médicos cubanos demuestran la intervención directa, y mediante prácticas criminales como la extorsión y el chantaje, del régimen cubano en la política venezolana, con la intención de ayudar a mantener en el poder a Nicolás Maduro, considerado el líder del Estado mafioso en que se ha convertido Venezuela. Por otra parte, además de este mecanismo de control social directo, la penetración de los órganos de seguridad e inteligencia venezolanos por parte del aparato de inteligencia cubano ha sido denunciada en reiteradas ocasiones y opera como un relación simbiótica, mediante el cual el debilitado sistema de Cuba sobrevivirá en la medida en que ayude a mantener al también agonizante régimen de Venezuela.

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“Hay cubanos en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), hay cubanos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Pero no están en la calle, ni en tareas operativas. Están en funciones de inteligencia y vigilancia”, aseguró a InSight Crime un funcionario del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz que pidió no ser identificado para garantizar su seguridad. La colaboración de los cubanos en el sostenimiento del régimen venezolano también fue utilizada para fortalecer los nexos de algunos funcionarios del gobierno de Maduro con el crimen organizado. Un empleado de alto rango del Ministerio de Servicio Penitenciario, que conversó con InSight Crime en Caracas, describió cómo en algunas zona populares de la ciudad los médicos cubanos han sido encargados de dar asistencia -por órdenes superiores- a miembros de megabandas y “pranes”, que resultan heridos en balaceras. “Hay pequeños quirófanos dentro ranchos (casas humildes) en los barrios que son atendidos por médicos cubanos. Eso es solo para el pran y su banda”, dijo el funcionario, que también pidió proteger su identidad. Estas revelaciones sobre la utilización de médicos cubanos en actividades ilícitas con fines políticos muestra una faceta desconocida del gobierno de Maduro y su relación con estructuras criminales como instrumento de control social para mantenerse en el poder.

73 toneladas de oro de Venezuela volaron a Turquía, Dubai y Uganda

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¿Que tienen en común países tan distantes como Venezuela, Bahamas, Irlanda, Marruecos, Dubai y Turquía? Que forman parte de la velada ruta comercial del oro venezolano que salió por el aeropuerto internacional de Maiquetía en 2018 como producto de exportación. 73,2 toneladas de oro fueron vendidas por el Banco Central de Venezuela (BCV) hasta diciembre de 2018 a dos empresas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y una de Turquía, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, tal como obliga la Constitución Nacional en su artículo 187. La denuncia, presentada en febrero de 2019 por el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, recordó que el Ejecutivo no puede celebrar contratos de interés público nacional con Estados o sociedades extranjeras sin el visto bueno del parlamento.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Runrun.es. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Runrun.es tuvo acceso a una filtración que detalla cómo salió del país el oro del BCV a lo largo de 2018. Los datos fueron contrastados con los rastreos reflejados por Flightradar24.com, una web pública de información en tiempo real sobre el tráfico aéreo alrededor del mundo, que permitió comprobar el trayecto que siguió cada avión así como las referencias de cada vuelo. Algunos de estos traslados se hicieron en aeronaves privadas. Otros, en la aerolínea turca Turkish Airlines, que tiene una ruta turística sin escalas de Caracas a Estambul desde finales de 2016. En los registros aduanales a los que tuvo acceso Runrun.es, las 73,2 toneladas de lingotes de oro fueron vendidos entre la empresa emiratí Noor Capital (27.396 kilogramos), la turca Sardes Kiymetlí Madenler A.S (23.994 kilogramos) y la belga domiciliada en EAU, Goetz Gold LLC (21.886 kilogramos). 33 cargamentos de lingotes fueron transportados en 27 vuelos de la aerolínea pública Turkish Airlines (Turquía) y cinco de las privadas Copa Airlines (Panamá), Solar Cargo (Venezuela), Rotana Jet Airlines y E-Cargo Airlines (ambas de Emiratos Árabes Unidos).  Sólo uno de los 33 vuelos y su respectiva compañía no logró ser identificado. El total de toneladas de oro exportadas por el BCV en 2018 supera ocho veces las 8,64 toneladas que el organismo oficial registró como producción interna hasta mayo de 2018. Se desconoce si las 73 toneladas de oro exportadas por Venezuela en 2018 proceden de las reservas del BCV o de la producción no reportada del Arco Minero del Orinoco. Si bien se ha registrado un desplome de 56 por ciento de las reservas desde que Nicolás Maduro asumió el poder el 2013, a finales del año pasado tuvieron un ligero incremento de 11 toneladas al pasar de 150,216 toneladas de oro en enero a 161,22 toneladas en septiembre de 2018, según datos del Consejo Mundial del Oro. Dentro de esta cifra entrarían las oficiales 8,6 toneladas que ingresaron al BCV como producción interna en 2018.

Negocios con “oro de sangre”

21,8 de las 73,2 toneladas de oro que exportó el BCV en 2018 fueron compradas por Goetz Gold LLC, empresa de origen belga con sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y hoy bajo cuestionamiento. Es investigada por organizaciones anticorrupción de Europa y África por formar parte de una red de tráfico de “oro de sangre”, entendido como el metal precioso explotado en zonas conflictivas que financia crímenes, guerras  y promueve la violación de derechos humanos.

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Goetz Gold LLC forma parte del grupo Tony Goetz https://www.tonygoetz.com/) cuya casa matriz se encuentra en Amberes, Bélgica, conocida internacionalmente como la ciudad de los diamantes. Goetz Gold está bajo sospecha por formar parte de una red de tráfico ilegal de minerales conflictivos. La empresa exporta a Europa y Estados Unidos toneladas de oro procesado por la compañía African Gold Refinery (AGR) de Uganda, la refinería más grande de África subsahariana, que a su vez pertenece en su totalidad al mismo emporio belga. Parte del material con el que esta fábrica produce los lingotes proviene del contrabando de la República Democrática del Congo (RDC), donde 100 por ciento de la actividad minera es ilegal y sirve como fuente de financiamiento para compra de armamento en un país de alta inestabilidad política, social y económica desde hace décadas. Los señalamientos se basan en sendas investigaciones: “Lavandería dorada”, publicada en octubre de 2018 por The Sentry, organización anticorrupción con sede en Washington que monitorea los negocios que causan masacres en África, coofundada por el actor estadounidense George Clooney. Pero el oro que refina la AGR no sólo proviene de sus vecinos de África. Recientemente, la compañía ugandesa admitió que recibe material de América del Sur sin detallar el país de origen. Pero los medios de comunicación oficiales de Uganda asomaron que se trataría de Venezuela, que hoy se vale de las ventas de oro para obtener liquidez ante su colapsada economía y evadir las sanciones de Estados Unidos y Europa. Autoridades policiales de Uganda declararon el 13 de marzo de 2019 que están investigando a la refinería sobre la legalidad de la importación de 7,4 toneladas de oro en marzo de 2019 por un valor de unos US$300 millones. Esta empresa belga con sede en Kampala, Uganda, bajo investigación por el grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU, fue la misma que compró 21,8 toneladas de oro a Venezuela en 2018, cantidad  que representa 30 por ciento del total de las ventas del BCV al exterior del año pasado. Salieron por el aeropuerto de Maiquetía en tres vuelos en diferentes fechas: el cargamento mayor, de 15,6 toneladas, se registró el 3 de diciembre de 2018, después que Estados Unidos anunciara sanciones a todo aquel que hiciera transacciones con el oro venezolano.

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El oro adquirido por Goetz Gold fue transportado desde Maiquetía por la aerolínea emiratí  Rotana Jet (domiciliada en Abu Dhabi, EAU) y la rusa E-Cargo, con sede en el aeropuerto internacional Domodedovo de Moscú. Ninguna de las dos empresas cubren rutas comerciales en Venezuela. Runrun.es intentó consultar la versión de Goetz Gold mediante un email dirigido el 14 de febrero de 2019 a su presidente, Alain Goetz, no obtuvo respuesta.

Turquía y el oro que no se refina

En diciembre de 2018 casi 24 toneladas (23.994 kilogramos) de oro venezolano habían salido a Estambul a bordo de 28 vuelos realizados entre enero y septiembre de 2018, de acuerdo con datos de la filtración obtenida por Runrun.es. Tras salir de Venezuela, ese “oro de sangre” –extraído de yacimientos que son escenarios de masacres y están tomados por bandas criminales que controlan la actividad y asesinan a los trabajadores que muestran algún desacuerdo con ellos– fue destinado a la empresa privada turca Sardes Kiymetlí Madenler A.S, con la que el gobierno de Maduro pactó ventas a través del BCV, según denunció el diputado Carlos Paparoni a inicios de febrero. Apuntan los documentos obtenidos por Runrun.esque en cada uno de los viajes de oro para Sardes se transportaron entre 226 y 3.721 kilogramos de oro. La mayoría de estos trayectos, 27, se hicieron a través de la aerolínea nacional de Turquía, Turkish Airlines, que comenzó a operar en Venezuela en diciembre de 2016 y que apenas un año después incrementó su número de vuelos de tres a cinco días por semana. Solo una de estas travesías se hizo a través de otra línea aérea: la panameña Copa Airlines, cuyo nombre aparece en la filtración obtenida por Runrun.es. Según los datos, en este vuelo del martes 20 de marzo de 2018 se transportaron 543 kilogramos de oro. Aunque Copa negó haber hecho ese recorrido, la explicación de este itinerario puede hallarse por medio del acuerdo de código compartido que Turkish y Copa firmaron en abril de 2017. Ambas compañías, que son miembros de la red global de aerolíneas Star Alliance. Por esta razón, de martes a domingo, existen un par de vuelos de Copa que salen de Maiquetía, hacen transbordo en Panamá y luego continúan a Estambul en un avión de Turkish Airlines. Así fue el vuelo de aquel martes 20. Fue en marzo de 2018, mes del traslado de Copa, cuando se registró la mayor cantidad de vuelos con el oro vendido: ocho en total. La mayoría de los traslados de oro, 23 de 28, ocurrieron en la primera mitad del año. Solo hasta mayo ya se habían llevado hasta Estambul 21.3 toneladas, cifra solo un poco mayor a las 20,15 toneladas que Venezuela exportó a Turquía en el mismo período, de acuerdo con datos del Instituto de Estadísticas turco citados por Reuters. Tal cantidad equivalía a US$779 millones. La misma agencia asegura que los envíos alcanzaron el equivalente a US$900 millones en todo el año. La base de datos Importgenius también registró exportaciones del metal dorado a Turquía que se acercan a lo expuesto en la filtración. Según esta web, durante el primer trimestre de 2018, se despacharon desde Caracas a Estambul 17,2 toneladas de oro (con un precio estimado de US$462,5 millones). Los documentos obtenidos por Runrun.es apuntan que fueron 13,4 toneladas de oro. El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, reconoció en julio pasado que el BCV comenzó a exportar oro hacia Turquía para refinarlo, un proceso que hasta ahora no se ha dado. Tampoco hay reportes de que ese oro haya vuelto al país. Anteriormente, la operación de refinación se cumplía en Suiza, pero luego de las sanciones que Estados Unidos aplicó contra funcionarios venezolanos y aquellos que acordaran mercadear con el oro de la nación, el país europeo se desentendió de tal práctica. No es la primera vez que Turquía establece relaciones comerciales con países sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense. Un caso es Irán que, de acuerdo con Bloomberg, vende “miles de millones de dólares de combustible” a ese país cada año. El dinero de estas transacciones se destina a cuentas turcas en donde queda “atrapado” por las restricciones internacionales. En el pasado, se aplicaron esquemas que utilizaron el oro en físico para financiar el comercio exterior de la república islámica. De acuerdo con una nota de la BBC, existen sospechas de que el metal precioso venezolano podría estar en territorio iraní.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Runrun.es. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

 

‘Las trochas’ entre Venezuela y Colombia se consolidan como enclaves de grupos criminales

El cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia abrió un nuevo filón para las economías de los grupos criminales que se han apoderado de las “trochas” (pasos ilegales), por las que transitan miles de personas entre ambos países, lo que podría convertir estos caminos en un atractivo para la operación de organizaciones criminales transnacionales. Grupos armados y mafias del contrabando han aprovechado el bloqueo de los puentes internacionales tras el cierre de la frontera ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro el pasado 22 de febrero, en la víspera de un intento de grupos opositores al régimen por ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Los más afectados por el cierre suelen ser quienes necesitan ir de un país a otro diariamente para trabajar, estudiar o, simplemente, aprovisionarse de alimentos y medicinas que escasean en Venezuela.

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En “La Pared”, una de las aproximadamente 50 trochas que comunican San Antonio, Táchira (Venezuela), con La Parada, en Norte de Santander (Colombia), InSight Crime observó la presencia de hombres con armas largas que controlaban el flujo de personas y mercancías. Algunos de los afectados aseguraron haber sido víctimas de cobros y agresiones por parte de integrantes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) al tratar de cruzar por ese paso ilegal. El cruce de un país a otro puede costar hasta 20.000 pesos (unos US$7), que es más del salario básico mensual en Venezuela y, en el peor de los casos, la vida del transeúnte. “La guerra por las trochas” se ha intensificado en los últimos meses y en ella, además del ELN, se ha detectado la participación de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras organizaciones mafiosas que se disputan el control sobre el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de migrantes en la frontera.

Análisis de InSight Crime

Las trochas son pasos poco custodiados por las autoridades de ambos países; tierra de nadie y, por ello, terreno muy fértil para el crimen organizado. La tensión entre los gobiernos de Iván Duque en Colombia y Nicolás Maduro en Venezuela ha causado efervescencia entre los grupos criminales que han encontrado una extraordinaria oportunidad de negocio en los desguarnecidos pasos ilegales de la frontera colombo-venezolana. InSight Crime ha podido constatar la consolidación en zonas fronterizas de los “trocheros”, una especie de guías que conocen los caminos y que en ocasiones trabajan para las organizaciones criminales. En muchos casos se trata de jóvenes venezolanos que buscan ingresos económicos y se encargan del cobro del “peaje” que deben pagar los que requieran cruzar la frontera. Por si fuera poco, los colectivos armados fieles al gobierno de Maduro también han entrado en la feroz competencia por los mercados criminales que prosperan en las trochas.

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La migración incesante de venezolanos desesperados por la crisis que atraviesa el país, y la proliferación de grupos irregulares en una frontera de más de 2.200 kilómetros, aparentemente incontrolable, alimentan cada vez más las acciones de las organizaciones criminales y sus economías en la zona.

Maduro pide ayuda a ‘colectivos’ ante aumento de conflictos en Venezuela

El reciente llamado del presidente Nicolás Maduro a sus grupos de civiles armados a “resistir” y mantenerse firmes en medio de la más crítica situación de conflictividad social que ha atravesado Venezuela, ratifica el uso de estas organizaciones criminales para ayudar a su régimen a mantenerse en el poder. En medio de una prolongada interrupción del servicio eléctrico, que afectó también el suministro de otros servicios en todo el país desde el jueves 7 de marzo, y ha provocado saqueos y acciones vandálicas, Maduro pidió apoyo a los “colectivos” (grupos de civiles armados que actúan como paramilitares) y a las diversas organizaciones comunales creadas por su gobierno, a través de una transmisión en cadena de radio y televisión el lunes 11 de marzo. “Le hago un llamado a todo el poder social, a todo el poder popular de Venezuela… Le hago un llamado a los colectivos. A todos. Llegó la hora de la resistencia activa”, manifestó el mandatario, considerado ilegítimo por más de 60 países.

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Estos grupos de colectivos surgieron durante el gobierno de Hugo Chávez con el objetivo de defender la revolución bolivariana y, desde entonces, cuentan con el apoyo oficial. Están armados, se desplazan en motocicletas y han sido utilizados para controlar y reprimir las manifestaciones contra el gobierno. También han sido usados para poner “orden”, mediante el uso de la violencia, en casos de saqueos, como los que se han registrado en medio de la crítica situación que vive Venezuela.

Análisis de InSight Crime

El llamado de Maduro demuestra una vez más la vinculación de su gobierno con estos grupos paramilitares dedicados a actividades criminales como el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas y otros delitos. A los colectivos se les ha permitido actuar con impunidad a cambio de su apoyo en el combate de las protestas antigubernamentales, la intimidación y persecución a los opositores, con el objetivo de mantener en pie el tambaleante régimen de Venezuela. El blackout causado por las fallas en el suministro de energía eléctrica es el telón de fondo de las más recientes manifestaciones ciudadanas que han sido interrumpidas por estos grupos de civiles armados. Así lo muestra un video difundido en la red social Twitter, que registra la actuación de los colectivos el domingo 10 de marzo en el municipio Chacao de Caracas para dispersar a las personas que manifestaban porque no tenían electricidad. Los hombres armados salieron desde la sede del Ministerio de Transporte. Al descontento social por las consecuencias del apagón, se suman saqueos, disturbios y alteraciones del orden público donde los colectivos también han tenido una intervención protagónica.

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En febrero de este año InSight Crime advirtió sobre la existencia del Colectivo de Seguridad Fronteriza, que opera en el estado Táchira y está integrado por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este grupo actuó en coordinación con cuerpos de seguridad del Estado para detener el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, el pasado 23 de febrero. Mientras aumenta la efervescencia política y social en Venezuela, los colectivos parecen fortalecidos como fuerza de choque y brazo armado de la revolución chavista, con carta blanca para cometer desmanes y profundizar sus actividades criminales.

EE. UU. va por El Aissami, hombre fuerte del régimen de Venezuela

La acusación de los Estados Unidos contra Tareck El Aissami y cinco de sus colaboradores por violar las sanciones por presunto tráfico de drogas impuestas en 2017, confirma que Washington no va a soltar la presión sobre los más altos funcionarios del gobierno de Venezuela.  El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el viernes 8 de marzo que presentó cargos contra El Aissami, vicepresidente de Economía y ministro de Industrias del gobierno de Nicolás Maduro; y contra el empresario Samark José López Bello ante un tribunal federal de Manhattan por violaciones a la Ley de Narcotraficantes Extranjeros con Denominación Especial (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act). El fiscal de Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, y el agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (HSI por sus siglas en inglés), Ángel Meléndez, anunciaron que El Aissami “supuestamente evadió las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) al emplear a empresas estadounidenses para brindar transporte internacional a través de un avión privado”. Además, agregan en el documento oficial que “El Aissami y López Bello supuestamente usaron aviones privados para organizar reuniones privadas en todo el mundo, incluyendo Turquía y Rusia”. Estados Unidos también presentó cargos contra Víctor Mones Coro (piloto), Michols Orsini Quintero (estadounidense), Alejandro Antonio Quintavalle (panameño) y Alejandro Miguel León Maal (piloto venezolanos, con nacionalidad estadounidense) por formar parte de la conspiración para violar las restricciones de la Ley Kingpin, al participar en vuelos a Rusia, Turquía, República Dominicana y Venezuela con El Aissami. Por su parte, Orsini Quintero, Quitavalle y León Maal fueron detenidos y presentados ante jueces del estado de Florida. El Aissami y Samark López, habían sido sancionados por la OFAC en febrero de 2017 por su presunta vinculación al tráfico de drogas. En esa oportunidad varios de sus bienes fueron congelados y se restringió a ciudadanos y empresas estadounidenses establecer actividades con ambos personajes relacionados con el gobierno de Venezuela.

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El Aissami ha sido vinculado con narcotraficantes y grupos criminales como Los Zetas, y el capo colombiano Daniel “El Loco” Barrera, desde 2008 cuando fue ministro de Relaciones Interiores de Hugo Chávez. 

Análisis de InSight Crime

Tareck El Aissami se convirtió en el tercer funcionario del gobierno venezolano que enfrenta cargos ante la justicia de Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Los otros dos son Hugo Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) –ahora detractor del gobierno de Maduro-, y Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores. También se suma a los sobrinos de la pareja presidencial Franqui Francisco Flores y Efraín Campo Flores, quienes se encuentran cumpliendo una condena de 18 años de prisión en una cárcel por el delito de conspiración para introducir droga en Estados Unidos.  Adicionalmente, InSight Crime tiene una lista de más 120 funcionarios del gobierno de Venezuela que han sido sancionados o señalados de supuesto nexos con el narcotráfico y formar parte del “Cartel de los Soles”. Pero El Aissami es considerado como uno de los hombres más peligrosos y poderosos del chavismo, junto a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Aunque las sanciones de 2017 pudieron haberlo debilitado, este reciente episodio parece demostrar que sigue en sus andanzas. El Aissami figura en el radar de las autoridades estadounidenses desde hace más de ocho años cuando comenzaron a detectar sus conexiones con el crimen organizado. “Está metido en todas las actividades criminales. En cada caso que destapábamos aparecía el nombre de El Aissami: narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, contrabando de oro, en todo…”, reveló un funcionario del gobierno de Estados Unidos, luego de las sanciones de 2017 cuando El Aissami era vicepresidente de Venezuela. 

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En esa oportunidad el funcionario confesó que la designación de El Aissami como vicepresidente de la República y la posibilidad de que pudiera asumir funciones como presidente de Venezuela había encendido las alarmas dentro de la administración de Donald Trump, pues para entonces tenían información de que “intentaba crear una suerte de organización de narcotráfico denominada ‘Cartel del Alba’, con funcionarios y militares de los países del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, creada por Hugo Chávez en 2004)”, aseguró el funcionario. Pero sus nexos con el crimen no terminan ahí. Cuando fue Ministro de Relaciones Interiores, entre 2008 y 2012, tenía a su cargo la administración de las prisiones y durante su gestión surgió una de las más figuras criminales más temibles de Venezuela:el pran”, estructuras criminales que operan desde las prisiones con apoyo de las autoridades.  Luego, entre 2012 y 2017, El Aissami asumió la gobernación del estado Aragua y desde entonces los índices de criminalidad se dispararon en la región, ubicándola entre los 5 estados más violentos del país con una tasa de 168 homicidios por 100.000 habitantes, con actividad de pranes y megabandas.

EE. UU. sanciona a filiales de PDVSA en Centroamérica

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió las sanciones económicas impuestas a PDVSA, la petrolera estatal venezolana, a dos de sus filiales en Centroamérica, sumando presión a algunos de los aliados más incondicionales del régimen de Nicolás Maduro en el exterior. Un vocero del Departamento del Tesoro en Washington confirmó a InSight Crime, el 5 de marzo, las sanciones contra la salvadoreña Alba Petróleos y la nicaragüense Albanisa, filiales de PDVSA controladas por los partidos gobernantes en ambos países. “Como resultado de nuestra designación de PDVSA, nuestras sanciones también aplican a cualquier entidad en la que PDVSA tenga propiedad, de forma directa o indirecta, del 50 por ciento o más”, dijo el vocero.

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El 28 de enero, la oficina de control de activos extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a PDVSA porque “la empresa petrolera estatal… ha sido durante mucho tiempo un vehículo para la corrupción. Se han diseñado una variedad de confabulaciones para malversar miles de millones de dólares… para beneficio personal de funcionarios y empresarios venezolanos corruptos”. Documentos oficiales de la petrolera venezolana establecen que PDV Caribe, una de las subsidiarias de PDVSA, es dueña del 60 por ciento de Alba Petróleos, el conglomerado público-privado fundado en 2006 en El Salvador bajo el amparo político del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En Nicaragua, PDVSA es dueña del 51 por ciento del total de Alba de Nicaragua (Albanisa), y municipalidades controladas por el régimen de Daniel Ortega son propietarias del restante 49 por ciento, según una investigación de la plataforma periodística Connectas y documentos oficiales a los que InSight tuvo acceso. Las sanciones implican, entre otras cosas, que ninguna persona o compañía estadounidense puede realizar transacciones comerciales o de otra índole con las empresas ni venderles bienes, servicios o tecnología. PDVSA ha estado desde hace poco más de una década en el centro de una serie de escándalos de corrupción a nivel regional y acusaciones de lavado de dinero.

Análisis de InSight Crime

Las sanciones recientes a Alba Petróleos y Albanisa vuelven a poner el reflector sobre los socios centroamericanos del régimen de Nicolás Maduro y pone, además, presión internacional a grupos de poder y funcionarios salvadoreños y nicaragüenses que se han beneficiado de los blindajes políticos que tienen en sus países. En el caso de Alba Petróleos, el conglomerado estuvo desde su fundación a cargo de José Luis Merino, alias “Ramiro Vásquez”, un excomandante guerrillero del FMLN reconvertido en diputado y funcionario durante sucesivos gobiernos en El Salvador. Desde la década pasada, Merino ha estado en la mira de diversas agencias estadounidenses, y su nombre incluso aparece mencionado en un expediente abierto por la Fiscalía salvadoreña por supuesto tráfico de armas. Merino, sin embargo, es depositario de fuero e inmunidad en El Salvador gracias a que el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, lo nombró viceministro de asuntos internacionales en 2016. En 2017, 14 congresistas estadounidenses pidieron a la administración Trump que investigara a Merino por “asocios de larga data con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos”. En marzo de 2018, autoridades estadounidenses retuvieron a Fred Merino, hermano de José Luis, en el aeropuerto internacional de Houston en relación con investigaciones abiertas al líder del FMLN. Fred Merino fue, desde su fundación, uno de los hombres fuertes de Alba Petróleos. El petróleo venezolano y las ganancias que produjo a Alba Petróleos también sirvieron para financiar campañas electorales del FMLN, según confirmó en enero pasado en San Salvador un asesor cercano al candidato presidencial de ese partido para las elecciones del 3 de febrero. Uno de los primeros directivos de Alba Petróleos fue Asdrúbal Chávez Jiménez, primo del difunto Hugo Chávez y directivo de PDVSA desde 2004. Nicolás Maduro lo nombró ministro de Petróleo y Minería en 2014, año en que según una investigación abierta por fiscales federales estadounidenses se desviaron 1.2 billones de dólares desde la petrolera estatal venezolana a cuentas personales del funcionarios del régimen de Maduro. En Nicaragua, de acuerdo la investigación de Connectas, Albanisa fue uno de los principales frentes financieros del régimen de Daniel Ortega, quien utilizó el dinero venezolano para alimentar los programas de asistencia social y las alianzas políticas que lo han mantenido en el poder. En julio del año pasado, el Tesoro sancionó a Francisco López Centeno, vicepresidente de Albanisa y uno de los hombres más cercanos a Daniel Ortega. Según el acta de sanciones impuestas a López, este funcionario “pariticipó en… corrupción, incluida la malversación de viene estatales, la expropiación de bienes privados para ganancia personal y.. sobornos.” En la práctica, las sanciones estadounidenses tendrán consecuencias dispares en los casos de Alba Petróleos y Albanisa. En El Salvador, el gobierno del FMLN termina el próximo primero de junio y la petrolera local está casi en la quiebra, por lo que las principales repercusiones a funcionarios relacionados con el petróleo venezolano podrían ser persecuciones penales por corrupción. En Nicaragua, la sequía financiera de Albanisa y las sanciones a esta filial de PDVSA parecen estrechar el cerco alrededor del gobierno de Daniel Ortega, que está bajo la tormenta desde el año pasado por la represión desatada contra sus ciudadanos. Ortega, sin embargo, ha sobrevivido varias veces a sanciones y castigos llegados desde Washington.

El sur de Venezuela, la ‘mina de oro’ del crimen organizado en Suramérica

Narcotráfico, disputas entre actores estatales e irregulares, extorsiones y la fiebre por el oro han convertido al sur de Venezuela en un foco de ilegalidad y confrontaciones armadas. Un informe reciente confirma que las fronteras con Colombia y Brasil y los habitantes del sur del país experimentan un paraestado legislado por el crimen organizado. De acuerdo con el informe publicado por Crisis Group, Sindicatos, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), funcionarios del gobierno, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son los protagonistas de extorsiones, asesinatos, extracción de oro y otros mercados ilegales como el contrabando y narcotráfico. Estarían desangrando los estados Amazonas y Bolívar, dejando un clima de violencia entre bandos y sociedad civil.

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Según la publicación, el ELN sigue siendo el actor con más fuerza en el terreno, abarcando 13 de los 24 estados venezolanos. Especialmente en el sur donde saca 60 por ciento de sus ganancias y se disputa las minas de Bolívar con los sindicatos, grupos criminales venezolanos, que parecen ceder ante la presión de los guerrilleros colombianos, mientras que en Amazonas comparte la explotación de las minas con la GNB y las disidencias de las FARC en una especia de alianza. Estos últimos, también colombianos, estarían financiando su actividad criminal por lo menos en 50 por ciento de las minas venezolanas, encabezados por Géner García Molina, alias “Jhon 40” y el frente Acacio Media, compuesto por disidentes del extinto frente 16 de las FARC. Por su parte, el informe también destaca la ya conocida participación de militares venezolanos, quienes serían los encargados de establecer puntos de control en lo que cobran un porcentaje de las ganancias a los mineros, bien sea en oro, moneda colombiana o dólares estadounidenses. En otros casos, las guerrillas han tenido que sobornar a los militares para que les permitan extraer el oro, hecho que genera disputas entre ambos bandos.

Análisis de InSight Crime

La condición limítrofe de los estados Amazonas y Bolívar con Colombia, Venezuela y Brasil es uno de los puntos que más preocupación genera, debido a la posibilidad de violencia en las fronteras y todos los riesgo que implica la acción de grupos irregulares. En especial Colombia, cuya porosa frontera no solo sirve para que miembros de las guerrillas pasen a esconderse en Venezuela, sino que además ingresen a territorios colombiano el oro extraído del país caribeño para legalizarlo. De fronteras hacia adentro, las lealtades “volátiles e impredecibles” de estos grupos criminales ponen en peligro a la población del sur de Venezuela, que se ve en medio de la disputa por el control de las economías ilegales, siendo ellos el último y más débil eslabón de la cadena de producción. El estudio también señala un posible enfrentamiento diplomático que podría ser consecuencia del accionar criminal de las guerrillas colombianas, quienes, aún ocultas en Venezuela, continúan atentando contra las autoridades en diferentes partes de Colombia, lo que podría ser interpretado como ataques ordenados o planificados desde Caracas. El reclutamiento de comunidades indígenas en la región también preocupa a la comunidad internacional, así como el alto nivel de contaminación por uso de mercurio en la minería que está produciendo en las tierras y las comunidades alrededor de ríos como Guainía, Inírida y Atabapo, quienes alcanzan hasta 60 veces el nivel máximo de mercurio en la sangre. El sur de Venezuela es tal vez el territorio más vulnerable del sur del continente. La crisis del país parece no tocar fondo, mientras el crimen organizado se apropia de la zona más lucrativa de esa nación sin una respuesta efectiva del Estado que, por el contrario, parece estar involucrado hasta sus más altas cúpulas.