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Narcotráfico en el régimen venezolano: El “Cartel de los Soles”

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En Latinoamérica, es tradición que empresarios criminales en la forma de carteles se dediquen al narcotráfico. En Venezuela este se maneja desde el interior del gobierno, y si Nicolás Maduro gana otra vez las elecciones presidenciales, Venezuela afianzará su posición en el negocio global de cocaína. Por largo tiempo, los narcotraficantes han buscado penetrar el Estado, para facilitar su actividad y, de ser posible, poner recursos del estado a su disposición. Pero en ocasiones actores estatales corruptos deciden que no basta hacer la vista gorda a cambio de sobornos, y quieren que se les garantice participación directa. Eso fue lo que sucedió en Venezuela; a esos elementos del narcotráfico en el régimen venezolano se les llama el “Cartel de los Soles”.

Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí 

El término “Cartel de los Soles” responde a las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) llevan en sus charreteras. El término se usó por vez primera en 1993 cuando dos generales de la Guardia Bolivariana, el jefe antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico. Hoy en día, se emplea ese nombre para describir a todos los funcionarios del gobierno implicados en el tráfico de narcóticos. Y hay muchos, diseminados en todos los organismos del Estado. Durante los últimos tres años, InSight Crime ha estado haciendo acopio de información sobre altos oficiales, activos o retirados, que han estado implicados en tráfico de cocaína. Tenemos 123 archivos. Sin embargo, por motivos legales no publicaremos la lista completa. En lugar de eso adjuntamos aquí algunos datos de aquellos contra quienes creemos tener evidencia muy sólida. El presidente Maduro, en lugar de hacer a un lado a los acusados de narcotráfico, los ha ascendido a los más altos cargos, quizás calculando que si el régimen cae ellos serán los que más tengan que perder y por consiguiente harán lo máximo posible para preservar al régimen, y a su cabeza. Las figuras más influyentes del régimen bolivariano llevan ahora el estigma del narcotráfico en diversos grados: Diosdado Cabello se proclama ya como la segunda figura más influyente del régimen en Venezuela, ya como el titiritero, el poder detrás de Maduro. De cualquier forma, con su influencia en la designación de funcionarios en posiciones claves, en especial dentro del ejército, no es posible que no tenga conocimiento de la dinámica del narcotráfico en el país. Fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos hablaron sobre Cabello con InSight Crime bajo condición de anonimato. “Mire, este tipo está metido hasta el cuello en todo tipo de actividades ilegales en Venezuela y estamos armando un caso contra él. Pero sabe cómo protegerse y mantener distancia del trabajo sucio”, señaló la fuente. En mayo de 2015, el Wall Street Journal reveló que se estaba investigando a Cabello por narcotráfico y por ser jefe del cartel de los Soles. De eso han entregado evidencia, entre otros, Leasmy Salazar, quien trabajó como jefe de seguridad para Cabello. Él ha atestiguado que Cabello tiene un rol importante en el paso de narcóticos por Venezuela.
Salazar con Cabello y el expresidente Chávez
Cabello de inmediato demandó al Wall Street Journal por difamación, pero su pretensión fue rechazada por un juzgado estadounidense en abril de este año. También se nombraba en el artículo a su hermano José David Cabello. Sobre el papel, el segundo hombre más importante del gobierno es el vicepresidente Tareck El Aissami. A él también se lo ha acusado de actividades ilegales, incluyendo narcotráfico. Antes de ser vicepresidente, fue gobernador del estado de Aragua. InSight Crime estuvo recogiendo testimonios de sus nexos con el crimen organizado en esta estratégica provincia de la costa Caribe. Unos de los cargos más importantes en términos de seguridad son los de Ministro de Relaciones Interiores y comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Ambos cargos los ha ocupado el Mayor General Néstor Reverol, quien ha sido imputado por narcotráfico en Estados Unidos. El pliego de cargos en su contra afirma que Reverol alertó a narcotraficantes de operativos contra ellos, obstruyó investigaciones, puso en libertad a narcos arrestados y se aseguró de que se devolviera narcóticos incautados a los traficantes. Cilia Flores, esposa del presidente Maduro y por tanto la Primera Dama, también se ha visto implicada en narcotráfico por asociación. No fue solo la condena de sus sobrinos por tráfico de cocaína en Estados Unidos; también su hijo, Walter Jacob Gavidia, juez del área metropolitana de Caracas, tiene una investigación en su contra. También ha resultado vinculada al caso del capitán Yazenky Antonio Lamas Rondón, piloto venezolano extraditado desde Colombia a Estados Unidos para responder por cargos de drogas. Este fue acusado de participar en más de cien narcovuelos del estado venezolano de Apure al Caribe durante la última década.

El desarrollo del Cartel de los Soles

Las estructuras narcotraficantes en el estado venezolano no son un cartel, sino una serie de redes muchas veces antagónicas enquistadas dentro del régimen chavista, con nexos que se remontan a casi dos décadas. Venezuela siempre iba a tener un papel en el tráfico de drogas, dada su ubicación junto al principal productor mundial de cocaína, Colombia. Sin embargo, en un inicio eran los narcos colombianos quienes llevaban el negocio en Venezuela, y pagaban a oficiales del ejército en la frontera para que ignoraran el paso de cocaína por la frontera. Luego, lo inevitable: la corrupción se ahondó. En lugar de simplemente mirar hacia otro lado, narcos colombianos pidieron a elementos de la GNB que protegieran e incluso que transportaran cargamentos. Su función en la protección de fronteras, aeropuertos y puertos los hacían aliados perfectos para los traficantes. Pero Colombia no estaba contenta con la sola exportación de cocaína a Venezuela. Para la década de 1990 también exportaba su conflicto civil; los ejércitos insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estableciéndose en los estados fronterizos de Venezuela. Ambos grupos llevan mucho tiempo implicados en el negocio de la droga y han desarrollado estrechos vínculos con funcionarios del gobierno venezolano, muchas veces con la venia del presidente Hugo Chávez. Archivos encontrados en el campamento del comandante de las FARC Luis Édgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”, abatido en un bombardeo aéreo en Ecuador en marzo de 2008, revelaron los nombres de varios altos funcionarios del gobierno venezolano. Algunos de ellos se han visto implicados en actividades de narcotráfico; entre ellos están: -Ramón Rodríguez Chacín, quien fue ministro del interior y de justicia en 2008, se reunió muchas veces con miembros de las FARC, quienes lo llamaban por el alias de “El Cojo”. -Hugo Armando Carvajal Barrios (director de inteligencia militar) y Henry Rangel Silva (director de Servicios de Inteligencia y Prevención de la Policía, o DISIP) tenía contactos con el ejército insurgente. Ambos fueron sancionados posteriormente por “ayuda material en las actividades de tráfico de narcóticos de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), una organización narcoterrorista”. -Freddy Bernal, exalcalde; Cliver Acalá Cordones, General de la Guardia Bolivariana, y Ramón Madriz Moreno, importante oficial de inteligencia; todos ellos se reunieron con jefes de las FARC y ayudaron a coordinar su seguridad cuando se encontraran en suelo venezolano. Bernal y su mano derecha, Amílcar de Jesús Figueroa, supuestamente ayudaron a coordinar con las FARC un adiestramiento para los Colectivos Bolivarianos en guerra urbana y explosivos. Los nexos entre el cartel de los Soles y las FARC fueron decisivos en el desarrollo del narcotráfico en Venezuela. Aunque las FARC se desmovilizaron en 2017 después de la firma de un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, aún hay un creciente número de elementos disidentes en Venezuela, muy implicados en el tráfico de drogas. Se cree que estos elementos siguen trabajando con miembros del Cartel de los Soles. Un momento clave en el fortalecimiento del narcotráfico en Venezuela se dio con la expulsión de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en 2005, después de que Chávez declarara que estaba “usando como máscara la lucha contra las drogas para, incluso, apoyar el narcotráfico y hacer inteligencia contra el gobierno [de Venezuela]”. Esto, combinado con la suspensión del acuerdo de sobrevuelo para monitoreo de narcovuelos, implicaba que Venezuela de pronto se convirtió en un hoyo negro para el acopio de inteligencia estadounidense en la lucha antinarcóticos. El crimen organizado estuvo presto a aprovechar esto, y las organizaciones narcotraficantes (ODT) incrementaron el uso de territorio venezolano. También en 2005, la aprobación de una nueva ley (la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias) decretó que las investigaciones y operaciones antinarcóticos ya no serían competencia exclusiva de la Guardia Nacional Bolivariana, sino que incluirían a todas las demás ramas de las fuerzas armadas: el ejército, la marina y la fuerza aérea. El cartel de los Soles se extendió de pronto de la GNB a todas las ramas del ejército. Mildred Camero, zar antinarcóticos de Chávez en esa época, declaró a InSight Crime que fue en ese momento que los militares pasaron de ser facilitadores a participantes activos en el tráfico de drogas. Antes de la aprobación de la ley, el narcotráfico se limitaba en mucha medida a la Guardia Nacional, pero una vez se dio jurisdicción a todas las ramas del ejército “se desató una guerra”, según Camero. El Ejército y la Guardia Nacional comenzaron a competir entre ellos por las rutas y comenzaron a negociar directamente con las FARC en lugar de hacerlo con los narcotraficantes civiles colombianos. Esto, junto con la presión internacional, llevó a la detención de varios grandes narcos colombianos en Venezuela durante 2011 y 2012. Estos arrestos profundizaron aún más la participación del cartel de los Soles en el negocio de las drogas. Entre los detenidos estaban Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”, jefe de la organización criminal la “Oficina de Envigado”, capturado en noviembre de 2011; Héctor Germán Buitrago, alias “Martín Llanos”, comandante paramilitar, quien durante mucho tiempo pasó narcóticos por los llanos orientales de Colombia hacia Venezuela, arrestado en febrero de 2012; Diego Pérez Henao, alias “Diego Rastrojo”, jefe militar de la ODT Los Rastrojos, capturado en junio de 2012; y luego Daniel Barrera Barrera, alias “El Loco”, uno de los más prolíficos traficantes colombianos de cocaína, detenido en septiembre de 2012. Estos traficantes habían tenido protección de altos funcionarios venezolanos. Luego de sus capturas, el cartel de los Soles tomó el control de muchas de las rutas que los colombianos habían manejado, con lo cual pasaron de proteger los cargamentos a comprar y vender, y negociar directamente con compradores internacionales, entre los que se destacaban los carteles mexicanos.

Casos emblemáticos del cartel

La primera persona que habló con conocimiento desde dentro de la penetración del narcotráfico en el gobierno venezolano fue Walid Makled. A finales de los noventa, Makled era uno de los narcotraficantes más poderosos de Venezuela. Su poder se derivaba de sus estrechos nexos con miembros del ejército venezolano, y su imperio criminal creció de manera exponencial durante los primeros años del gobierno de Chávez. Él controlaba el negocio del narcotráfico en el estado de Carabobo, que alberga el principal puerto venezolano, Puerto Cabello. Según la DEA, más del 70 por ciento de los narcóticos que se enviaban desde Colombia por medio de Venezuela se despachaban desde Puerto Cabello. Makled estaba conectado con el exgeneral de la Guardia Nacional, y por ese tiempo gobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles. El general Alexis Maniero, quien era el jefe del 7o Comando Regional del Ejército en el estado de Sucre, expidió credenciales oficiales para Makled, quien lo consideraba un aliado valioso, según la zar antinarcóticos Mildred Camero. En 2004, Makled perdió momentáneamente cuatro toneladas de cocaína en manos de la policía local de Valencia. Las drogas le fueron devueltas por Jesús Itriago, entonces jefe de la unidad antinarcóticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), luego de que Makled le pagara un millón de dólares, según documentos de la DEA a los que tuvo acceso El Nuevo Herald. Más adelante se abortó una investigación oficial en la legislatura del estado de Carabobo, cuando, según se dice, Makled también pagó a políticos claves para que abandonaran la indagación. Posteriormente Itriago fue promovido a jefe de la división antinarcóticos del CICPC. En abril de 2006, se vinculó a Makled con 5,5 toneladas de cocaína halladas en 128 maletas de un avión que aterrizó en el sur de México (Ciudad del Carmen), tras despegar del aeropuerto de Maiquetia (actualmente el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar) en las afueras de Caracas. El piloto del vuelo que quedó preso mencionó que la Guardia Nacional supervisó la carga y la salida del avión. Los vínculos entre Makled, las FARC y el gobierno de Chávez se hicieron más evidentes luego de la detención de Makled en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia, en agosto de 2010. En ese momento, Makled era probablemente el narcotraficante venezolano más poderoso de su país —su nombre se agregó a la Lista Clinton en 2009—. Su posición como operador entre las FARC y elementos corruptos de las fuerzas armadas venezolanas, entre otras, implicaba que probablemente sabía más de la mecánica de la corrupción y el narcotráfico en Venezuela que cualquier otra persona. En entrevistas con los medios luego de su arresto, Makled alegó “todos mis socios comerciales son generales”, y que había pagado hasta a 40 generales venezolanos como parte de sus actividades en el tráfico de drogas. Los miembros de la milicia, en servicio o retirados, nombrados por Makled incluyeron al general del ejército Henry Rangel Silva (quien posteriormente fue nombrado ministro de defensa), el exdirector de Inteligencia del Ejército Hugo Carvajal, el general de la Guardia Nacional Bolivariana Dalal Burgos, y el excapitán Ramón Rodríguez Chacín, quien era en ese momento ministro del interior y de justicia. Makled declaró que solía pagar US$50.000 semanales a Carvajal por su ayuda y cooperación. Silva, Carvajal y Rodríguez ya habían sido sancionados por el Tesoro estadounidense por su implicación con las FARC y el narcotráfico. Makled declaró que cada día salían hasta seis narcovuelos del estado fronterizo de Apure, con cocaína hacia Honduras, desde donde se embarcaba hacia México y se introducía a Estados Unidos. Insistía en que había laboratorios de drogas en Apure y Maracaibo, y que estaban “vigilados por el gobierno”. Aunque Makled admitió que no había tratado directamente con Chávez, dijo que sí había hablado con “parientes suyos muy cercanos” (se cree que se refería a Adán, hermano de Chávez), y también alegaba que había financiado una de las campañas de Chávez a la presidencia a cambio de concesiones en Puerto Cabello. Actualmente, Makled permanece en los calabozos de la policía política (Sebin), al igual que muchos de los secretos sucios del régimen. En septiembre de 2013, Francia realizó una de las mayores redadas de su historia a una operación de cocaína, y halló 1,3 toneladas de cocaína, empacadas en 31 maletas, a bordo de un avión de Air France que aterrizó en París. El vuelo había salido del aeropuerto de Caracas, fuertemente controlado por la Guardia Nacional. El escándalo internacional obligó a actuar al gobierno venezolano. Se realizaron 28 arrestos, entre ellos el de un teniente coronel y otros miembros de la Guardia Nacional. Con estas capturas, el gobierno venezolano interrumpió las investigaciones y no se hicieron intentos por seguir líneas de investigación que llevaran a figuras de mayor jerarquía. En noviembre de 2016, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la esposa de Maduro y primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron condenados por un tribunal de Nueva York por conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a ese país. Los sobrinos planeaban sacar la cocaína, suministrada por las FARC, del aeropuerto internacional de Caracas usando sus privilegios como miembros de la élite venezolana y su relación con el ejército. Volaron a Haití en noviembre de 2015, donde planeaban cerrar el negocio de drogas, pero fueron arrestados por la DEA. El avión lo pilotaban Pablo Urbano Pérez, oficial del Ejército, y Pedro Miguel Rodríguez, teniente coronel de la Fuerza Aérea Venezolana. La evidencia de que uno de los sobrinos, Efraín Antonio Campo Flores, planeaba poner algo de las ganancias del negocio con las drogas en la campaña política de su tía a la dirección de la Asamblea Nacional, indica que la Primera Dama no era ajena a las actividades de sus sobrinos y adónde llevaban su dinero.

El cartel hoy

El cartel de los Soles es hoy una red dispar de traficantes, que incluye actores estatales y no estatales, pero que operan en su totalidad con la venia y la protección de importantes figuras del gobierno venezolano. Sin esa fachada política clave, y el pago a las personas correctas, se detienen las operaciones de contrabando. Con el país al borde de la bancarrota, la cleptocracia y el saqueo sistemático del erario público se han reducido. Simplemente no hay más dinero que robar del presupuesto gubernamental. Pero hay que mantener aceitadas las ruedas de la corrupción, especialmente dentro del ejército, que es el puntal que sostiene el gobierno de Maduro y que será quien corone al nuevo gobernante en cualquier cambio de régimen. InSight Crime cree que el narcotráfico es uno de los lubricantes principales de la corrupción en Venezuela actualmente, y que este atribulado país andino se está convirtiendo en uno de los principales centros del tráfico de cocaína en el mundo. *Foto superior: Fernando Llano, AP. Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí 

EE.UU. no descarta sancionar a importante figura del Gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello

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El Gobierno de Estados Unidos podría imponer sanciones al segundo hombre fuerte de Venezuela, dijo el encargado de negocios de la embajada estadounidense en el país suramericano. Esto indica que la administración de Trump seguirá recurriendo a las sanciones como una medida de presión contra los funcionarios que sostienen el régimen de Maduro. En una entrevista con Runrun.es, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, explicó que Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y expresidente del parlamento venezolano, no ha sido incluido aún en la lista de funcionarios castigados por su Gobierno, porque es necesario seguir un proceso riguroso de investigación. “Pero eso no quiere decir que no vamos a tocarlo a él también […] Estamos en eso, pero el señor Cabello sí está en la lista de la Unión Europa y Canadá. Nosotros estamos trabajando como un equipo con nuestros aliados en la comunidad internacional y vamos a seguir haciendo esto”, aseguró Robinson a Runrun.es. Los señalamientos contra Cabello y sus posibles nexos con el narcotráfico y el Cartel de Los Soles se hicieron más fuertes desde 2015, cuando fue mencionado por su exjefe de seguridad ante las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, hasta la fecha no se han conocido pruebas concretas sobre la vinculación de Cabello en el tráfico de drogas y su participación en casos de corrupción.

Análisis de InSight Crime

A pesar de los señalamientos, llama la atención que el nombre de Diosdado Cabello no haya sido incluido en la lista de funcionarios venezolanos sancionados por violación a los derechos humanos, atentar contra la democracia o narcotráfico, en la que sí aparecen el vicepresidente Tareck El Aissami y el propio presidente Nicolás Maduro. Por otra parte, Cabello no solo es el segundo hombre más poderoso dentro del Gobierno de Venezuela, sino que en ocasiones se ha dicho que es quien toma las decisiones. Es una figura clave y de gran ascendencia en el ala militar y entre los funcionarios que sustentan el régimen de Maduro. Su posición en el ajedrez político de Venezuela es determinante. Sin embargo, siempre ha sido considerado una de las figuras más hostiles dentro del chavismo. Tiene el control del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que es la policía de inteligencia del gobierno, la cual ha sido denunciada por innumerables violaciones de derechos humanos, como torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.         VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Venezuela Por su parte, Todd Robinson es un diplomático de carrera, viene de ser embajador de Estados Unidos en Guatemala, está allí para contribuir con el “retorno de la democracia en Venezuela” y su trabajo es la negociación. Yo diría que no podemos darnos el lujo de descalificar a ningún sector en la negociación para una Venezuela mejor. Es evidente que el sector militar tiene mucha influencia en el futuro del país y si ellos pueden ayudar, no vamos a decir que no”, dijo Robinson, en la que ha sido la primera entrevista ofrecida por un representante diplomático del Gobierno de estadounidense en Venezuela, desde que Maduro llegó a la presidencia en 2013. Además, Robinson confía en el efecto de las sanciones y está seguro de que “están funcionando muy bien”.   Es por esa razón que la amenaza de una posible sanción contra Cabello podría tener un resultado directo sobre las negociaciones para buscar una solución al conflicto de Venezuela, en las que Todd Robinson —quien viene de superar una tormenta en la lucha anticorrupción en Guatemala— parece ser un actor determinante.

Los 8 ejércitos criminales que sostienen al gobierno de Maduro

El editor de uno de los medios más importantes de Venezuela denunció que ocho ejércitos, una combinación de fuerzas de seguridad y grupos vinculados al crimen organizado, han ayudando al gobierno de Nicolás Maduro a mantenerse en el poder.    El editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero -quien actualmente se encuentra en el exilio, luego de perseguido por oponerse al gobierno de Maduro- dijo, durante un foro en España, que la represión se intensificará en Venezuela luego del procedimiento policial donde murió el expolicía rebelde, Óscar Pérez. Según Otero, los grupos que conforman los ejércitos de Maduro son: 
  • La milicia (formada por civiles armados, uniformados y entrenados por ejército).
  • La Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
  • La Policía Nacional Bolivarianas (PNB).
  • Los otros componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ejército, Aviación y Marina).
  • Militares asesorados por Cuba (quienes conforman “los anillos de seguridad de Maduro).
  • Los colectivos (organizaciones paramilitares que operan en casi todo el país).
  • Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
  • El Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
Según el editor estos grupos irregulares de Colombia “controlan cuatro estados de Venezuela, y no fueron incluidos en el acuerdo de paz de Colombia”.     VEA TAMBIÉN: Venezuela noticias y perfiles Todas estas organizaciones o fuerzas, conforman pequeños ejércitos armados que tienen presencia en casi todo el territorio venezolano. Además de las fuerzas de seguridad el Estado asentadas lo largo del país, en este momento en Venezuela hay colectivos en estados del occidente, centro y sur del país, como Mérida, Lara, Aragua, Táchira, Miranda, Caracas, Carabobo y Barinas, entre otros.  En 2017 más de 150 personas murieron a manos de los cuerpos de seguridad durante las protestas que se registraron en rechazo al régimen de Maduro. PNB, GNB, Ejército y colectivos actuaron en la represión. Análisis InSight Crime Además de ser utilizados para reprimir manifestaciones por la crisis humanitaria, la inseguridad y el descontento político que se registra en Venezuela, estos grupos o ejércitos están estrechamente vinculados con el crimen organizado. Participan y se benefician de actividades criminales como narcotráfico, minería ilegal, contrabando, secuestro y extorsión, con la aprobación no oficial del gobierno. La GNB controla el contrabando de combustible y mercancía pasa por la frontera hacia Colombia, además de haber dado origen al Cartel de los Soles (organización dedicada al tráfico de drogas e integrada por militares venezolanos). La FANB, en particular el Ejército, controla la actividad minera en el estado Bolívar, con participación directa en la extracción y el contrabando de oro, coltán, piedras preciosas y otros minerales, además de intervenir activamente en el comercio de la droga.     VEA TAMBIÉN: Cartel de los Soles noticias y perfiles La PNB es cuerpo de policía que nació para operar en todo el país. Actualmente es la fuerza más represiva, con múltiples señalamientos por violaciones a los derechos humanos. Sus funcionarios son frecuentemente denunciados e investigados por su participación en secuestros, extorsiones y narcotráfico. Por su parte, esta milicia, que fue creada por el presidente Hugo Chávez como un ejército personal para defender la revolución, ahora se involucra en extorsiones y negocios ilegales de venta de comida y otros insumos básicos que escasean en Venezuela. Los colectivos tienen bajo su mando amplios territorios y viven de la extorsión a comerciantes y residente de estas zonas. También se les relaciona con secuestros, venta de droga, sicariato, robo y comercio de alimentos.   No existe reportes sobre la participación de policías o militares cubanos involucrados en actividades criminales en Venezuela, pero la presencia de militares cubanos de inteligencia en funciones reservadas para los cuerpos de seguridad locales ha sido ampliamente denunciada. Algunos medios los relacionan con espionaje, persecución y detención de ciudadanos venezolanos. La presencia del ELN y las FARC (ahora sus disidentes) en Venezuela se profundizó desde la llegada de Hugo Chávez al poder. Ambos grupos dominan importantes territorios en la frontera con Colombia, y desde hace algunos años tienen presencia en algunos estados del centro del país, incluida la ciudad de Caracas. Se les ha vinculado con funcionarios de la administración del Presidente Maduro incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoros de Estados Unidos, como Freddy Bernal, actual ministro de Agricultura Urbana; y Ramón Rodríguez Chacín, ex gobernador de Guárico y ex ministro de Relaciones Interiores. Por esta razón, más que proteger a Maduro, estos “ejércitos” estarían cuidando sus propias actividades criminales. Por eso tienen interés en mantener el estatus quo y sus negocios.

Expertos dicen que sanciones de EEUU a presidente de Venezuela no tendrán ningún impacto

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La particular medida de Estados Unidos de imponer sanciones económicas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no logrará reducir la criminalidad que existe en su régimen y en todo el atribulado país. La pregunta es si la situación en materia criminal podría empeorar.

El 31 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Maduro en su lista de “Extranjeros con designación especial”, por lo que todos sus activos en Estados Unidos quedan congelados, y se les prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios con él. Según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro, la medida fue tomada con base en una orden presidencial de 2015, “que autoriza sanciones contra funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Venezuela y otras personas que socaven la democracia en Venezuela”.

No se sabe qué activos posee Maduro en Estados Unidos, si es que los tiene, pero la medida tiene un impacto simbólico, pues se tomó un día después de que Maduro proclamara una amplia victoria en las polémicas votaciones para conformar una nueva Asamblea Constituyente. Las votaciones del 30 de julio se vieron empañadas por violentos enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades, así como por acusaciones de fraude por parte del gobierno.

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El nuevo organismo político podría remplazar a la actual Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y es probable que Maduro lo utilice para afianzarse aún más en el poder, mientras en su régimen se presentan protestas callejeras casi a diario desde el mes de abril, durante las cuales han muerto decenas de personas.

“Las ilegítimas votaciones de ayer confirman que Maduro es un dictador que hace caso omiso de la voluntad del pueblo venezolano”, dijo el secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, en una declaración del 31 de julio con respecto a las sanciones.

Las nuevas medidas se presentan menos de una semana después de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sancionara a 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos por “socavar la democracia”. Entre ellos se encuentra el ministro del Interior, Néstor Reverol, a quien Maduro nombró en su cargo actual el día después de que fue acusado por Estados Unidos de presuntamente participar en una red de tráfico transnacional de cocaína. La ministra del Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela, acusada de permitir que durante su gestión el sistema penitenciario quedara bajo control de los presos, también fue sancionada la semana pasada.

Es inusual que Estados Unidos imponga sanciones económicas a los jefes de Estado. Maduro se suma a una corta lista de líderes sancionados, entre los que se encuentran el exdictador de Panamá, recientemente fallecido, Manuel Noriega; el presidente sirio, Bashar al-Assad; Kim Jong-un, de Corea del Norte; el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, y el expresidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic.

Pocas horas después del anuncio de las sanciones contra Maduro, al parecer las autoridades arrestaron de nuevo a Leopoldo López —importante líder de la oposición que recientemente fue liberado de la cárcel y puesto bajo arresto domiciliario después de pasar más de tres años en prisión— y a Antonio Ledezma, otra importante voz de la oposición.

Análisis de InSight Crime

Como InSight Crime señaló la semana pasada, las sanciones contra altos funcionarios venezolanos probablemente llevarán a que el régimen se aísle aún más, aumentarán la presión internacional sobre éste y darán apoyo moral a la oposición de Venezuela. Pero es poco probable que debiliten significativamente el control de Maduro sobre el poder, e incluso podrían llevarlo a él y a sus aliados a afincarse más en el poder.

“Maduro se sacudirá las sanciones impuestas por Estados Unidos como quien se sacude un mosquito molesto”, le dijo a InSight Crime Mike Vigil, un agente retirado de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), que tiene décadas de experiencia en Latinoamérica. “Por desgracia, Venezuela es ya un estado fallido y un narco régimen”.

Al igual que otros expertos internacionales consultados por InSight Crime, Vigil también cree que las sanciones económicas de esta semana no tendrán ningún impacto sobre la conducta de Maduro —o por lo menos no el tipo de impacto que esperaría la administración Trump—.

“Las sanciones individuales nunca han tenido un impacto en los procesos políticos o económicos como para forzar o causar cambios en los regímenes despóticos. Además, nuevas sanciones a la economía venezolana, que se basa en el petróleo, sólo traerán más miseria para los inocentes ciudadanos de Venezuela. [Las recientes sanciones] de la Casa Blanca no son más que fanfarronería”, dijo Vigil.

A pesar de los rumores de que Estados Unidos planea imponer sanciones a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), dichas medidas aún no se han anunciado. Cuando se le preguntó durante una conferencia de prensa si era posible que se le aplicaran sanciones a la petrolera, Mnuchin dijo que el gobierno estadounidense “seguirá analizando todas las opciones”.

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La criminalidad entre los miembros del gobierno puede ser un factor que motive a la administración de Maduro a rechazar las sanciones. En caso de que Maduro y sus aliados sean destituidos, y en caso de que la oposición asuma el poder de la rama ejecutiva, es muy probable que se utilicen los procesos criminales para mantener a los chavistas tan alejados del poder como sea posible. Esto representa un fuerte motivo para que el régimen de Maduro trate de mantener el control sobre el poder, incluso si ello implica tomar medidas extremas.

“El régimen ya está criminalizado, y no sé qué tan criminalizado pueda llegar a ser”, le dijo a InSight Crime Douglas Farah, presidente de IBI Consultants, compañía de consultoría en seguridad.

El vicepresidente de Maduro, Tareck El Aissami, fue sancionado por Estados Unidos a principios de 2017 por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, y más de una docena de funcionarios y exfuncionarios de alto rango han sido sancionados o acusados de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Los sobrinos de Maduro fueron condenados en Estados Unidos en noviembre de 2016 por conspirar para traficar 800 kilos de cocaína en territorio estadounidense.

Los grupos de partidarios del gobierno en Caracas y en todo el país, conocidos como “colectivos”, también se están criminalizando cada vez más, y actualmente participan en actividades como secuestro, extorsión y microtráfico, según una investigación de campo realizada por InSight Crime. El ejército, el principal pilar de apoyo del régimen, se está beneficiando del tráfico de alimentos y combustible, así como del comercio de cocaína a nivel internacional. Las redes del crimen organizado controlan el sistema de prisiones del país y han generado diversas megabandas en las calles de Venezuela.

“Dada toda la anarquía y el caos que impera en las calles, los grupos criminales van a aprovechar la situación. Sin duda, el tráfico de drogas aumentará; Creo que más organizaciones colombianas se trasladarán a Venezuela […] y mucha gente se dedicará al narcotráfico porque no tienen otra opción —no hay empleo, no hay dinero, no hay víveres—”, dijo Vigil.

Aunque Maduro y su círculo cercano tienen un interés personal en mantener el statu quo debido a las acusaciones y sanciones contra ellos, Ralph Espach, director del programa de asuntos latinoamericanos del centro de Estudios Estratégicos CNA, piensa que la ideología tendría un gran papel motivador para los miembros clave del régimen.

“Me pregunto si quizá en Washington estamos subestimando su compromiso ideológico. Tendemos a describirlos como ladrones, traficantes y corruptos, no como combatientes ideológicos (como los Castro), que tienden a estar mucho más dispuestos a permitir que el país sufra, especialmente las antiguas clases media y media-alta y las élites”, dijo Espach en un correo electrónico.

“También podría ser que están pensando como revolucionarios cubanos, enfocados en mantener la ‘revolución’ aunque pueda extenderse por décadas, y están dispuestos a ver el éxodo de otro millón de venezolanos del país, o incluso más, hasta que los precios del petróleo vuelvan a subir o hasta que obtengan alguna ayuda especial de China o de otro país, que les permita resistir”.

Nuevas sanciones de Estados Unidos incluyen altos funcionarios de Venezuela con vínculos criminales

Las más recientes sanciones de Estados Unidos a altos funcionarios venezolanos buscan castigar las violaciones a los derechos humanos, pero varias de estas poderosas figuras también han contribuido al crecimiento del crimen organizado en el atribulado país latinoamericano.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sancionado a 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos por “socavar la democracia” en su país, entre ellos varios políticos importantes, como Néstor Reverol, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, y antiguo zar antidrogas y excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana; e Iris Varela, miembro de la Comisión Presidencial de Venezuela para la Asamblea Nacional Constituyente y exministra de Servicios Penitenciarios.

Esta medida se presenta apenas unos pocos días antes de las votaciones para elegir los miembros de la nueva Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, que permitirá redactar una nueva Constitución y “podría disolver las instituciones del Estado venezolano”, como lo expresó el Departamento del Tesoro en un comunicado de prensa.

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El presidente Nicolás Maduro dio la polémica orden de crear la Asamblea Constituyente mediante un decreto presidencial de mayo de 2017, a pesar de que las elecciones locales llevan meses de retraso. Desde entonces, en el país se ha presentado una ola de violentas protestas, en medio de la profunda crisis política y económica.

Análisis de InSight Crime

Si bien las sanciones de Estados Unidos tienen como objetivo castigar las violaciones a los derechos humanos por parte del represivo gobierno venezolano, también han llamado la atención internacional sobre algunas de las figuras más cuestionadas del régimen socialista.

Entre éstas se encuentran algunos miembros del llamado Cartel de los Soles, nombre con el que se conoce la red de narcotraficantes transnacionales que operan desde las más altas esferas del gobierno y el ejército venezolanos. (Vea abajo el diagrama de InSight Crime sobre funcionarios corruptos). Entre ellos se encuentra Reverol, quien fue nombrado ministro de Interior por Maduro un día después de que fuera acusado por Estados Unidos de presuntamente participar en una red de tráfico transnacional de cocaína.

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Iris Varela, por su parte, ayudó a fomentar un sistema de crimen organizado no tan lejos del país. Como directora de prisiones durante la administración del expresidente Hugo Chávez y más adelante con Maduro, Varela durante su gestión el control de las cárceles del país quedó en gran parte en manos de los reclusos. Esto fortaleció el poder de los “pranes”, como se conoce a los jefes de las pandillas carcelarias, cuyo sistema de gobierno criminal finalmente influyó en la conformación de las “megabandas” en las cada vez más peligrosas calles venezolanas.

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Varela generó polémica cuando fue fotografiada con un “pran” dentro de una prisión.

Como InSight Crime ha observado previamente, las nuevas sanciones de Estados Unidos podrían promover tanto la oposición interna como la presión internacional sobre el régimen. Pero también podrían llevar al gobierno venezolano a asumir una posición aún más defensiva, a la vez que toma medidas extraordinarias para mantener el control del poder.

Venezuela Gov Drogas insightcrime

Gráfico de InSight Crime tomado de un artículo de febrero de 2017.

Extradición de piloto de Venezuela puede llevar a revelaciones sobre Cartel de los Soles

Colombia ha extraditado al excapitán del ejército venezolano con nexos con la administración del presidente Nicolás Maduro para responder por acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos, en una maniobra que puede haber dejado inquieto al gobierno venezolano por lo que Lamas pueda revelar a las autoridades estadounidenses.

El 24 de junio, Yazenky Lamas fue enviado a Estados Unidos en avión para comparecer en juicio por su presunto rol en la coordinación de más de 100 narcovuelos de Venezuela a Centroamérica y el Caribe, informó la revista Semana.

Los fiscales sostienen que Lamas tuvo un rol central en la organización de narcovuelos al conseguir códigos aéreos que permitían a los aviones hacerse pasar por vuelos comerciales, entre ellos un vuelo que transportó 1,6 toneladas de cocaína en 2015, desde la región fronteriza entre Venezuela y Colombia hasta Honduras, informó Semana.

Lamas, que era piloto personal de la primera dama de Venezuela Cilia Flores, según El Nuevo Herald, fue detenido en Colombia en junio del año pasado. Alegó que buscaba perros con pedigrí, pero los investigadores colombianos dijeron a Semana que creen que se encontraba en el país para hacer contacto con la poderosa mafia paramilitar conocida como los Urabeños.

Análisis de InSight Crime

Lamas es una figura con conexiones políticas que van hasta la cúpula misma del gobierno venezolano, y si decide convertirse en informante podría entregar información devastadora sobre el Cartel de los Soles, término usado para describir las redes de narcotráfico en el ejército de Venezuela.

Ya ha habido fuertes indicios de inquietud de parte de la administración de Maduro; el Nuevo Herald informó que a finales de 2016 enviados del gobierno se reunieron con sus homólogos colombianos para solicitar que no se extraditara al exmilitar a Estados Unidos.

Esas tácticas tuvieron éxito anteriormente; el caso más notable es el de Walid Makled, ahora convicto narcotraficante con conexiones en las altas esferas del gobierno, a quien en 2011 el gobierno colombiano extraditó a Venezuela y no a Estados Unidos.

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Sin embargo, el contexto político es muy diferente ahora. En 2011, Colombia tenía gran interés en mejorar sus relaciones con Venezuela —que en ese tiempo estaba polarizada políticamente y enfrentaba problemas económicos, en nada parecido al estado que se desmorona hoy. También se dice que Colombia tenía favores para pedir a cambio, como la extradición de guerrilleros colombianos y el pago de cientos de millones de dólares de deuda comercial.

A diferencia de entonces, el gobierno venezolano está hoy cada vez más aislado por sus brutales intentos de sofocar una ola de protestas políticas, y su incapacidad de resolver una crisis económica y la corrupción rampante. En este contexto, la presión sobre la presunta colusión del gobierno venezolano con el narcotráfico se ha acumulado progresivamente, con casos abiertos por las autoridades estadounidenses, como el de los “narcosobrinos”, que involucra a los sobrinos de la primera dama, y la imposición de una serie de sanciones contra actores estatales, entre ellas la inclusión del vicepresidente Tareck El Aissami en su “Lista de capos”.

Colombia por consiguiente tendría poco que ganar y mucho por perder si cooperara con un gobierno que no solo está acercándose a una condición de paria en el escenario internacional, pero —dependiendo de lo que Lamas diga a las autoridades estadounidenses— también podría estar a punto de quedar en evidencia como un estado criminal. 

¿Desacuerdos en el ejército y el poder judicial de Venezuela debilitarán el régimen criminal de Maduro?

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En el régimen venezolano se están presentando nuevas fracturas, dado que han surgido disidencias al interior del ejército, el cual apoya al agitado gobierno, y un líder clave de la oposición llama a que más soldades renuncien, mientras que la fiscal general sigue pronunciándose en contra del presidente.

En un video publicado desde su cuenta de Twitter, Leopoldo López, líder encarcelado del partido de oposición Primero Justicia, hizo un llamado para que el ejército deje de obedecer las órdenes que recibe del régimen de Nicolás Maduro.

“A los militares que hoy están en las calles, les quiero mandar un mensaje muy claro, muy seneo y muy enmarcado en nuestra Constitución: ustedes también tienen el derecho y el deber de rebelarse”, dijo López en un video grabado desde la prisión militar Ramo Verde. El líder de oposición fue arrestado y encarcelado por la administración de Maduro en 2015. 

Sus comentarios posiblemente fueron inspirados en la creciente evidencia de disidencia dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, quien han estado al frente de la represión, a veces letal, de la actual ola de protestas que se ha llevado a cabo por casi tres meses

Por lo menos 14 oficiales del Ejército fueron arrestados en abril, durante la primer semana de la actual oleada de protestas. Según documentos oficiales consultados por Reuters, los cargos incluían “rebelión” y “traición”.

Además, por lo menos otros tres miembros del Ejército –José Alejandro Michael Sánchez, Ángel David Mogollón Medina y Alfredo José Rodríguez– se han refugiado en Colombia y se han pronunciado en contra del régimen de Maduro. 

Encima de esto, a lo largo del año pasado, la fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, quien solía ser leal a la administración, cada vez se pronuncia más en contra.

El 8 de junio hizo un llamado público a los venezolanos a repudiar el intento del presidente de reescribir la Constitución del país. “Lo que está en juego aquí es el país, la integridad de los venezolanos”, dijo según un informe de Associated Press.

La primera vez que Luisa Ortega expresó sus diferencias con la política de seguridad del presidente Nicolás Maduro fue en julio de 2016 cuando criticó las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), las controversiales acciones del régimen contra el crimen que han llevado a ejecuciones extrajudiciales.

Pero el quiebre definitivo habría empezado el 31 de marzo de este año, cuando, en rueda de prensa, la fiscal general dijo que la sentencia mediante la cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumía funciones legislativas, significaba una ruptura del orden constitucional. El TSJ de inmediato las modificó y el día siguiente el presidente Nicolás Maduro declaró que el “impasse” surgido se había resuelto, aunque el gobierno se vio forzado a retroceder en el objetivo de terminar de anular a la Asamblea Nacional. Esta fue la controversia que provocó el inicio de las protestas populares que aún sacuden a Venezuela.

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Desde entonces, Ortega se ha expresado en repetidas ocasiones contra la violencia “política” que hasta ahora ha resultado en la muerte de 70 manifestantes. En una entrevista con The Wall Street Journal, afirmó: “No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”.

El 25 de abril la Fiscal General se expresó contra la violencia, “venga de quién venga”. Unos días después concedió una entrevista al Wall Street Journal, en la que afirmó: “No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”.

Luisa Ortega Díaz ha generado una fractura en la estructura del poder en Venezuela, tanto por sus discrepancias con el Gobierno como por informes con los que puede iniciar un replanteamiento de los problemas de delincuencia organizada y impunidad.

El 27 de mayo, Ortega informó sobre los resultados de las investigaciones realizadas tras la muerte de Juan Pernalete, uno de los jóvenes manifestantes asesinados. Según las experticias, la muerte ocurrió por el impacto directo de una bomba lacrimógena lanzada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Esta conclusión contradice las versiones del gobierno. De inmediato, tanto el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, como el de Defensa, Padrino López, trataron de desmentir o desacreditar las afirmaciones de Ortega.

La controversia política generada por la nueva posición de la fiscal general ha hecho que un importante contenido planteado en su informe de marzo haya pasado casi desapercibido por la opinión pública y los medios de comunicación. En el Informe Anual de Gestión 2016, por primera vez en la historia de la investigación judicial venezolana se presenta un capítulo dedicado al crimen organizado que comprende los delitos de extorsión y secuestro, tráfico de drogas, legitimación de capitales; delitos económicos, materiales estratégicos y contrabando; hurto y robo de vehículos; y acciones contra la corrupción; aportando para cada materia algunas estadísticas, las actuaciones del Ministerio Público y mencionando casos relevantes.

El informe plantea una visión más objetiva y próxima a la visión internacional sobre crimen organizado, reconoce y comienza a dimensionar el problema en el país, llama a las cosas por su nombre y desconoce la intención política del actual gobierno de calificar como acciones de “paramilitares” casi cualquier crimen cometido en el territorio. Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, y el crimen organizado, que era mínimo cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, se ha acelerado bajo el “Socialismo del Siglo XXI”. 

Análisis de Insight Crime

Las críticas de Ortega ya le han costado la presidencia del Consejo Moral Republicano. Ahora, la fiscal está arriesgando mucho más al ponerse en la mira de un gobierno que se ha mostrado capaz de utilizar la violencia para proteger sus intereses.

Si Maduro decidiera reemplazar a Ortega con un funcionario más “prorrevolución”, sus críticas y buenas intenciones no llegarían lejos. Sin embargo, esto no podría llevarse a cabo de manera legal, ya que el presidente tendría que disolver la Asamblea Nacional (algo que ya intentó y falló) para remover a altos funcionarios.

Sin embargo, los funcionarios venezolanos harían bien en tomar en cuenta las fuertes palabras de Ortega para transformarlas en acciones concretas en contra de las nuevas formas de crimen organizado que han emergido durante la actual administración, muchas de las cuales son apoyadas por élites políticas.

Por ejemplo, las prisiones en el país siguen estando bajo control de los poderosos “pranes“, quienes operan con cooperación del gobierno. Los “colectivos” –grupos civiles armados a favor del gobierno– han sido uno de los principales agresores en contra de la actual oleada de protestas y también participan en actividades de menudeo, secuestro, bachaqueo y extorsión. Ortega ha hecho poco por limitar estas fuerzas criminales. Los colectivos soy apoyos armados claves para el actual régimen, en especial en los barrios pobres de la capital, Caracas.

Dada la relación del gobierno con varias redes criminales, incluyendo algunas que operan dentro de los círculos oficiales, hacerle frente a estos problemas no es un asunto fácil. De hecho, el enfoque planteado en el Informe de Gestión de la Fiscalía amenaza los mercados criminales en los que el estado tiene interés. Se resalta la necesidad de tomarse el crimen organizado más en serio y también la necesidad de restablecer contactos e intercambio de información con las agencias internacionales, en especial con respecto al narcotráfico, corrupción y contrabando. (Chávez expulsó oficialmente a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos en 2005).

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El narcotráfico, por ejemplo, ha alcanzado los niveles más altos del gobierno de Maduro. A principios de este año, el actual vicepresidente Tareck El Aissami se convirtió en el funcionario de rango más alto en ser sancionado o acusado por de narcotráfico por Estados Unidos. El contrabando de petróleo y alimentos es una gran fuente de ingresos para varios funcionarios corruptos del régimen, incluyendo el Ejército. La cleptocracia ha ayudado a que el país esté cerca de colapsar.

Las pequeñas señales de rebelión dentro de las Fuerzas Armadas compiten contra fuertes incentivos para permanecer leales al gobierno, como lo son las ganancias de las actividades criminales y el mantenimiento del status quo que permite que los mercados criminales existan. Por estas razones, es probable que varios miembros del Ejército hagan caso omiso a los comentarios de López para dejar las armas.

El Ejército también se ha beneficiado de las tasas de cambio artificiales que operan bajo el gobierno de Maduro (y que fueron introducidas por Chávez), y el régimen les ha permitido que generen ganancias de su papel como administradores de la producción y distribución de alimentos. Una investigación de Associated Press reveló el alcance del Ejército en el contrabando de alimentos.

Bajo el gobierno actual, el papel del Ejército en el tráfico transnacional de cocaína también ha crecido. Los soldados en la frontera se benefician de colaborar con los ejércitos guerrilleros de Colombia y otros grupos criminales que se encargan de operaciones de tráfico de drogas a lo largo de la frontera. Varios funcionarios de alto rango tanto de las fuerzas armadas como del gobierno (una red que se conoce como el Cartel de los Soles) han sido señalados por Estados Unidos por su papel en el narcotráfico.

Sin embargo, hay pocas dudas de que varios miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela se enfrenten a su consciencia en los próximos días y semanas –si no lo han hecho ya– y hagan un balance de los puntos a favor y en contra de un nuevo capítulo en la historia política de Venezuela. En caso de que ocurra una transición política, lo cierto es que el Ejército luchará por mantener su papel influyente en la escena política de Venezuela.

Tiempos oscuros en Venezuela auguran futuro brillante para crimen organizado

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Pase lo que pase luego de “la madre de todas las marchas” en Venezuela el 19 de abril, lo más seguro es que reinará la incertidumbre política y el provecho que sacará de ella el crimen organizado. A continuación, InSight Crime analiza algunos de los posibles escenarios de Venezuela en el futuro próximo, y sus implicaciones en el panorama delincuencial.

Venezuela hoy

La agitación social en Venezuela a lo largo de las últimas dos semanas ha sido la más extendida desde el arresto y posterior encarcelamiento del líder de la oposición Leopoldo López por parte de la administración del presidente Nicolás Maduro en 2015.

Las más recientes manifestaciones contra el gobierno fueron desatadas por una decisión del Tribunal Supremo, controlado por el régimen de gobierno, de vetar la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Más adelante el Tribunal Supremo se retractó, pero era demasiado tarde: los críticos del régimen habían cobrado valor con la audaz medida. Luisa Ortega Díaz, fiscal general del país y tradicional partidaria de Maduro, también rechazó el intento del Tribunal Supremo de consolidarse en el poder, lo cual socavó aún más la legitimidad del gobierno de Maduro.

La indignación se avivó con la decisión, pocos días después, de vetar por quince años la participación en política a Henrique Capriles, prominente miembro de la oposición. Capriles, que se ha lanzado dos veces como candidato a la presidencia, es una de las esperanzas más sólidas de la oposición para ganar las elecciones frente al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Maduro, a finales de 2018.

Una recesión económica crónica en Venezuela ha provocado el desbordamiento de la inflación, la escasez de alimentos y productos básicos, y el colapso de los sistemas de salud y educación. La popularidad de Maduro va en caída libre, pero el pueblo venezolano ha mostrado hasta el momento una tolerancia increíble para lo que muchos se han visto reducidos a hacer: buscar comida en la basura, esperar horas en fila para comprar productos básicos, muchas veces a precios inflados, y recorrer el país buscando medicamentos en el mercado negro ante el sufrimiento e incluso la muerte de sus familiares.

La difícil situación social y económica por la que pasa el país ha tenido otra consecuencia siniestra: ha provocado el aumento de la criminalidad y el crimen organizado hasta niveles sin precedentes.

La tasa de homicidios en Venezuela es una de las más altas del mundo, y Caracas es hoy por hoy la ciudad más peligrosa del planeta. Nuevas formas de crimen organizado han aparecido en las cárceles del país, en sus fuerzas armadas y en sus calles, en la forma de Megabandas, desde el ascenso de Hugo Chávez al poder, en 1999. El narcotráfico ha penetrado las esferas más altas del actual régimen, tocando hasta la familia del presidente Maduro. Grupos de civiles armados, conocidos como colectivos, que fueron aceptados y promovidos por Chávez como defensores de la revolución, han pasado a ser renegados y se sostienen cada vez más con actividades criminales. La corrupción desenfrenada ha permitido que los cleptócratas saqueen las arcas públicas mediante tasas de cambio artificiales y la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA).

A continuación, analizamos algunos escenarios futuros posibles y sus implicaciones para el crimen organizado.

El régimen se mantiene o se renueva

A los elementos criminales en el régimen y fuera de él nada les gustaría más que mantener el statu quo.

Las fuerzas armadas son el músculo y la columna política del gobierno de turno. De los 32 ministros de gobierno de Maduro, 11 son oficiales del ejército activos o en retiro. Algunos tienen sanciones o actas de acusación del gobierno de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico (ver gráfico abajo). Las fuerzas armadas han acentuado su participación en el tráfico transnacional de cocaína desde 1999, en parte como resultado directo de las decisiones políticas de Hugo Chávez, y se benefician de otras fuentes de ingresos ilegales, como la venta de petróleo de contrabando, protegido por subsidios gubernamentales, en la frontera con Colombia y del proceso de la distribución de alimentos, de la cual tienen control. La Guardia Nacional Bolivariana controla las fronteras del país, los aeropuertos y los puertos y se ha visto implicada en algunos de los decomisos de cocaína más grandes de los últimos años.

 

La delincuencia no se limita a los militares en el gobierno. El vicepresidente Tareck El-Aissami fue sancionado recientemente por Estados Unidos por su presunto rol en narcotráfico, que data de la época en que fungía como gobernador del estado de Aragua.

Si Maduro decide dimitir, El Aissami es su sucesor natural a la presidencia. Eso podría ocasionar un remezón político y dar al régimen una oportunidad de renovarse con algunos cambios y movimientos internos. Si El Aissami cambiara el curso de las políticas económicas del régimen y revirtiera parte del daño causado en los últimos años, podría mejorar las posibilidades del PSUV de triunfar en las elecciones presidenciales de finales del próximo año —algo que es casi seguro que no podría lograr Maduro en este momento.

No es claro, sin embargo, qué camino tomaría El Aissami, radical del partido, si llega a la presidencia. Su condición como sospechoso de narcotráfico podría no inspirar nueva confianza en los venezolanos ya cansados de la corrupción y del abuso del poder del actual sistema.

Para otros elementos criminales, mantener el statu quo sigue siendo la mejor opción. Los colectivos armados progobierno, muchos de los cuales son percibidos como matones violentos por quienes viven en los territorios bajo su control, dependen por completo del régimen socialista para su supervivencia. Las investigaciones de InSight Crime en el barrio 23 de Enero, de Caracas, que alguna vez fue bastión del chavismo, muestran que estos grupos recurren cada vez más a actividades criminales, como la extorsión y el microtráfico para sostenerse.

También están implicados en los operativos contra la delincuencia, conocidos como Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), en el que trabajan hombro a hombro con las fuerzas de seguridad estatales para eliminar a los grupos criminales y a las megabandas.

Esos operativos se vieron instigados cuando la política de “zonas de paz” del gobierno falló, la cual entregó ingentes porciones de territorio a las pandillas criminales que las ocupaban. En efecto, el plan convirtió a las Megabandas en la ley de facto en esas zonas, porque las fuerzas de seguridad tenían prohibido el ingreso sin autorización previa. Muchas de esas zonas de paz existen actualmente. Aunque las Megabandas atacan abiertamente a las patrullas y los cuarteles de las fuerzas de seguridad venezolana, y se han visto forzados a reagruparse luego de la eliminación de muchos de sus líderes originales, siguen manejando sus economías criminales, lo que incluye extorsión, secuestro, sicariato y microtráfico.

En lo que respecta a las cárceles del país, la economía criminal está mejor que nunca, aun cuando la violencia y el hacinamiento constituyan graves problemas de derechos humanos. La creación de un Ministerio de Servicios Penitenciarios en 2011 efectivamente pasó el gobierno de las cárceles del país a los poderosos jefes que hay allí encerrados, a quienes se conoce como “pranes”, que ahora las dirigen como sus feudos. La violencia sigue siendo uno de los principales medios para mantener el control.

Régimen y oposición forman un gobierno conjunto

La decisión de revertir el fallo del Tribunal Supremo en el cual anulaba a la Asamblea Nacional puede ser una señal de que la administración de Maduro se tambalea. El Miami Herald informó esta semana que el presidente ofreció en secreto un acuerdo a la oposición, mediante el cual este año se celebrarían elecciones regionales, en las cuales la oposición parece en camino de lograr un fuerte apoyo.

Dada la hostilidad entre el gobierno y la oposición, y el fracaso de los diálogos seguidos por el Vaticano a finales de 2016, esto parece el escenario menos probable. Si eso pasara, es posible que se vea frustrado por disputas y desacuerdos internos entre las diferentes partes. La coalición tendría que ponerse de acuerdo en temas fundamentales de largo alcance, como la participación del ejército en el país, la seguridad, el sistema penitenciario y los controles económicos.

En este escenario improbable, la principal víctima serían los colectivos, a los que la administración de Maduro se vería forzado a poner en cintura como condición para un gobierno conjunto. Es posible que se les ponga límite a las armas, así como a su función como represores de los medios y de las protestas de la oposición. Además de eso, habría pocos cambios visibles a corto plazo en lo que respecta a la dinámica criminal.

Las fuerzas armadas organizan un golpe u obligan a Maduro a una transición política

No puede exagerarse la importancia del respaldo de las fuerzas armadas para el presidente Maduro y el régimen. Pero anteriormente ha habido facciones que se han ido contra el régimen, como sucedió en el fallido golpe contra Hugo Chávez en 2002, que lo destituyó por un par de días.

A corto plazo, los colectivos y el mismo ejército serían los elementos criminales que mayor impacto absorberían con un cambio dirigido por facciones del ejército para forzar la posición de Maduro. Las fuerzas armadas querrían asegurar su lugar en la mesa del nuevo gobierno, y podrían ofrecer a los colectivos —despreciados y temidos por la oposición— como sacrificio.

“Los colectivos en realidad consideran que se los ha puesto en el cadalso como peones sacrificados en un contexto de negociación”, comentó a InSight Crime Alejandro Velasco, autor del libro Barrio Rising. “Ellos tienen la convicción de que la lucha que se aproxima será no contra la oposición, sino en realidad contra los militares por la supervivencia. Ambos se encuentran en una especie de maniobra por la supervivencia en un contexto de transición”.

De presentarse este escenario, la incertidumbre política que generaría podría llevar a un empeoramiento de la realidad en las calles de Venezuela antes de que hubiera cualquier mejoría. Tendría un impacto negativo inmediato en las megabandas o en las empresas criminales manejadas en las prisiones. En todo caso, la criminalidad y la impunidad no harían más que aumentar, al dar a estos elementos más libertad de movimiento. A más largo plazo, una administración capaz de gobernar podría tomar medidas para frenar sus libertades y feudos criminales.

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El ejército, como agente y mediador, tendría que hacer algunas concesiones por sí mismo. Si las fuerzas armadas estuvieran implicadas en la mediación o la implementación forzosa de esta posible transición, en sus negociaciones estaría implícita la continuación de su administración de los puertos, fronteras y aeropuertos del país, elemento fundamental de su participación como beneficiarios del crimen organizado transnacional.

El volumen de coca y cocaína que se está produciendo en la vecina Colombia se encuentra en niveles récord, y la red de oficiales del ejército venezolano implicados en el negocio de la droga, que se conoce en general como Cartel de los Soles, querrá mantener a salvo sus intereses.

Pero rodarán cabezas como parte de un cambio en el gobierno, y muchos de los puestos en la picota pueden ser los oficiales del ejército que se consideran más corruptos y fieles al régimen socialista. Poca duda cabe, sin embargo, de que serán reemplazados por otros igualmente dispuestos a sacar provecho de su poder y su posición en este país de tránsito clave en la industria global de tráfico de cocaína.

Informe reciente describe la evolución y militarización del narcotráfico en Venezuela

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Un reciente informe describe la evolución del comercio de drogas en Venezuela y ofrece algunos datos sobre el aumento del papel del ejército en este negocio ilícito.

El informe, titulado “El tráfico de drogas ilícitas en Venezuela” (incluido al final de este artículo), fue escrito por la exjueza y zar antidrogas Mildred Camero, y presentado el 10 de marzo por el Observatorio de Delito Organizado, como parte de una serie de estudios sobre el delito organizado en Venezuela.

Camero argumenta que inicialmente la mayor parte del tráfico de drogas en Venezuela se realizó a manera de microtráfico por parte de civiles, en particular por jóvenes de las clases socioeconómicas menos favorecidas. Estos “niños de y en la calle”, como el informe los describe, se dedicaban a traficar como una manera de ganar dinero de forma rápida, y lo hacían bajo la dirección de algún colombiano o de venezolanos con vínculos con Colombia.

Aunque el crimen organizado colombiano ha jugado un papel central en la evolución del comercio de drogas en Venezuela en lo que va corrido del siglo XXI, como señala Camero, el ejército de Venezuela no participó en el tráfico de cocaína en la primera década del siglo, como parece hacerlo ahora.

La droga era ingresada ilegalmente a Venezuela por grupos de civiles, principalmente de los carteles de Medellín y Cali, Colombia, y la participación de las fuerzas de seguridad solía limitarse a hacerse los de la vista gorda, a cambio de recibir sobornos, frente al paso de drogas y precursores químicos por la frontera. La participación de los soldados se limitaba además a los miembros de bajo rango de la Guardia Nacional. El informe pone el ejemplo de un grupo de agentes de bajo rango de la Guardia Nacional, llamado grupo “Fénix”, que operaba a lo largo de la frontera en las primeras décadas del siglo.

Pero esta situación cambiaría en el año 2005, con la reforma de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que les dio a todas las instituciones militares poderes absolutos para investigar los crímenes relacionados con drogas.

Según los informes, estas nuevas prerrogativas, reafirmadas por la Ley Orgánica de Drogas, fueron la piedra angular para el desarrollo de poderosas redes criminales que llegaron a los más altos rangos del ejército de Venezuela. Estas redes se conocen como el Cartel de los Soles.

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Camero subraya que, antes de que se aprobaran estas leyes, las únicas instituciones de seguridad que tenían jurisdicción sobre las investigaciones de tráfico de drogas eran el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y la Guardia Nacional. Pero, según Camero, aunque algunos miembros de estas instituciones facilitaban el tráfico de drogas, no estaban tan integrados con el crimen como las actuales redes de militares corruptos venezolanos.

El informe señala que los grupos de civiles, en particular los “colectivos”, todavía están involucrados en la distribución de estupefacientes a pequeña escala. Los colectivos, que inicialmente fueron grupos que apoyaban ideológica y políticamente al régimen Chavista, han incursionado cada vez más en las actividades criminales, y se sospecha que la nueva generación de estos grupos son estructuras puramente criminales, que ocultan sus operaciones tras una fachada ideológica.

Los colectivos suelen ejercer control sobre territorios urbanos específicos, lo que les permite llevar a cabo una serie de actividades criminales, entre ellas el tráfico de drogas. Sin embargo, el contrabando de drogas en la frontera y el procesamiento de las materias primas siguen siendo operaciones llevadas a cabo sobre todo por los militares.

Además del papel cada vez mayor y más estructurado del ejército en el narcotráfico, Camero señala varios factores que han impulsado el comercio de drogas en Venezuela. Como se mencionó, por ejemplo, el informe señala que el tráfico de drogas en Venezuela ha estado influido durante mucho tiempo por la dinámica en su vecino, Colombia, donde se ha presentado un continuo aumento en el cultivo del principal ingrediente de la cocaína, la hoja de coca.

La autora afirma además que la crisis económica de Venezuela y la consecuente escasez de productos básicos han agravado el tráfico de drogas, dado que han normalizado diversas actividades ilícitas. La participación en el crimen se ha vuelto para muchos venezolanos uno de los pocos medios de subsistencia.

Análisis de InSight Crime

La experiencia de Camero le da cierta legitimidad para hablar sobre la historia del comercio de drogas en Venezuela, dado que la exjueza fue presidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de Drogas entre 1999 y 2003. Pero algunas de las afirmaciones de la autora acerca del total control que actualmente ejercen los militares del país sobre el tráfico de drogas deben ser analizadas cuidadosamente, dada la relativa ausencia de información precisa sobre estos temas.

De hecho, en años recientes ha habido crecientes evidencias de que el ejército de Venezuela ha asumido un papel central en la dinámica del tráfico de drogas del país. Por ejemplo, las enormes incautaciones —como el descubrimiento, en el año 2013, de 1,4 toneladas de cocaína en un avión de Air France que se dirigía de Caracas a París— hacen que sea improbable que no haya participación de militares de alto rango en el narcotráfico a través de las redes de transporte de Venezuela.

Además, las acusaciones se han dirigido cada vez más específicamente contra los oficiales militares de alto rango. En 2014, Estados Unidos lanzó una acusación contra el entonces jefe de inteligencia militar por sus vínculos con el narcotráfico. Y en 2016, el exdirector de la Agencia Antinarcóticos de Venezuela, el comandante de la Guardia Nacional Nestor Reverol, fue acusado formalmente de narcotráfico por Estados Unidos.

Junto con otros incidentes de participación de los militares, estas sospechas han fortalecido la idea de que las fuerzas armadas de Venezuela han incrementado su papel en el tráfico de drogas más allá de ser simples facilitadores. Y el argumento de Camero de que los cambios legales de 2005 y 2010 fueron fundamentales para esta evolución es contundente.

Sin embargo, el tráfico de drogas tiende a ser un negocio oscuro, y en lugar de arrojar luz sobre la participación del ejército en el narcotráfico, el gobierno venezolano actual parece más inclinado a encubrirlo. Estos factores hacen difícil apoyar afirmaciones definitivas sobre el grado de participación de los militares en las actividades criminales.

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Asimismo, la historia ha demostrado en toda Latinoamérica que poner al ejército al frente de la lucha contra el narcotráfico ha favorecido la corrupción de estas instituciones debido a que les permite un mayor contacto con el crimen organizado. Y Venezuela no es la excepción.

Por otra parte, en el país se han observado otras correlaciones entre la expansión de las prerrogativas militares y la participación de las fuerzas armadas en las actividades criminales. Un reciente informe de Associated Press describe el nivel en el que el ejército de Venezuela llegó a estar implicado en el tráfico de contrabando de alimentos después de la decisión de darles a las fuerzas armadas el control sobre las redes de producción y distribución de alimentos en el país.

Pero si bien el ejército de Venezuela parece sin duda estar involucrado en el crimen organizado, también han surgido acusaciones similares de criminalidad contra poderosas figuras civiles vinculadas al gobierno.

Por ejemplo, Diosdado Cabello, un exmilitar de bajo rango que ha ocupado importantes cargos civiles desde el año 2000, ha sido sospechoso repetidamente de ser una figura importante en el tráfico de drogas de Venezuela. Dos sobrinos de la primera dama de Venezuela —condenados por un tribunal de Estados Unidos por intentar introducir 800 kilogramos de cocaína al país— hicieron eco de los rumores de que Cabello puede ser una importante figura dentro del Cartel de los Soles. Durante la misma conversación con un informante confidencial, uno de los sobrinos señaló que el comercio de drogas del país está repartido entre el Cartel de los Soles y “ejecutivos del gobierno”.

Recientemente, en febrero de 2017, Estados Unidos sancionó al actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, por su presunta participación en el tráfico de drogas. El nombre de Aissami se convierte así en el más reciente de una larga lista de poderosos funcionarios venezolanos —tanto militares como civiles— que parecen tener estrechos vínculos con el narcotráfico del país.