La accidentada entrada de la FARC al congreso de Colombia

Mientras Colombia celebra la independencia, importantes miembros del partido FARC abandonan la política y contemplan regresar a la ruta militar en medio de un drástico giro.

El 20 de julio iba a ser un día clave para Colombia, no solo por la celebración de la independencia del país sino también, por ser el día en el que los líderes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ahora convertidos en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, debían ocupar los escaños que les fueron otorgados como parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016, después de 50 años de guerra con el Estado.

Sin embargo, el día se convirtió en un símbolo de la profunda crisis en la cual se encuentra Colombia cuando tres de los líderes del nuevo partido, entre ellos uno de los arquitectos y principales negociadores del acuerdo de paz, no se aparecieron en el Congreso.

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Era de esperarse. Luciano Marín, alías “Iván Márquez”, segundo al mando de la organización guerrillera, principal negociador durante los díalogos de paz y político natural del movimiento, ya había adelantado que no iba a tomar su curul en el Senado.

Había tomado la decisión luego de la captura de otro de los delegados del partido de la FARC para el Congreso, Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santich”, quien tampoco apareció por estar recluido en la cárcel de La Picota señalado por tráfico de drogas. Si Hernández Solarte no se presenta en la legislatura en los siguientes ocho días, automáticamente perderá su investidura.

El tercero que no se posicionó fue Byron Yepes, quien era comandante del poderoso Frente 27. Yepes le cedió su curul a Carlos Alberto Carreño, por problemas de salud.

La ausencia de Yepes va más allá del congreso. Fue el coordinador de una de las zonas de concentración en los llanos orientales. Allí su liderazgo ha sido determinante para avanzar en los proyectos productivos que le hacen frente al intento de las disidencias de potenciar los cultivos ilícitos y el narcotráfico.

Mientras tanto, las filas de las disidencias siguen creciendo y se fortalecen vertiginosamente. Aunque, no todos estos grupos son iguales y su artículación responde al control de economías ilegales, el cumplimiento del proceso de paz también está en juego.

Según reportó Semana el 14 de julio, la guerrilla se está reagrupando.

“El plan de expansión comenzó a rodar en firme este año. Durante 2017, las disidencias del oriente estuvieron activas en la guerra: hostigaron a la fuerza pública y a las poblaciones. Pero a partir de 2018 suspendieron parte de sus acciones terroristas. Al parecer, se concentraron en el fortalecimiento militar y financiero, preparándose para futuras acciones ofensivas”, dice el artículo.

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La ausencia de los líderes de las FARC en el Congreso y el incremento de la disidencia son claras muestras de que la confianza en el proceso de paz está en un punto crítico.

El futuro se ve sombrío, sobre todo para la vía política. La victoria de las fuerzas políticas que hicieron campaña en contra de la paz y el poco apoyo que recibió el partido político de la FARC, deja en desventaja a las fuerzas que, dentro de la exguerrilla, apoyan al acuerdo de paz. El presidente electo, Iván Duque, ha puesto en marcha propuestas para cambiarlo.

“Antes que nada, esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición”, dijo Duque en su primer discurso tras ser reelecto Presidente de Colombia.

Puntos específicos como las modificaciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP), mecanismo central del sistema de justicia transicional que enmarca el Acuerdo, y lo relativo a la amnistía para delitos relacionados con narcotráfico son los algunos de los desafíos más críticos que enfrentará la administración Duque.

Otros puntos de la implementación del Acuerdo Paz tampoco han logrado avanzar con la contundencia y velocidad necesarias. Los proyectos productivos han tenido serias dificultades para su aprobación y financiación y los casi US$240 que reciben los desmovilizados rasos para su sostenimiento mensual, hasta el siguiente año, no compiten con la tentadora oferta de los disidentes.

En este contexto, cada vez son más los guerrilleros que se salen del proceso de paz y engrosan las filas de las disidencias de las FARC. Desde la declaración oficial del Frente Primero en julio de 2016, en rechazo al Acuerdo, son cada vez más los disidentes que se han reconfigurado y que ejercen control sobre lugares estratégicos para el narcotráfico, logrando un alto nivel de complejidad y sofisticación.

Si bien en su mayoría los grupos disidentes no tienen como objetivo crear una nueva fuerza insurgente, si han estado generando articulaciones en torno a las economías ilegales.

El punto de inflexión en esta dicotomía son las increíbles gananacias en las economías ilegales. El narcotráfico ha mutado nuevamente y el comercio de la cocaína es cada vez más próspero, los cultivos de coca han alcalzado los niveles más altos en su historia, con destinos cada vez más lucrativos.

No todos los grupos tienen las mismas características o son iguales, lo que implica que la articulación de estos ex FARC no responde de manera absoluta a la federación de un ejército criminal.

Con la aparición de estas disidencias, se ha creado una nueva red criminal de mafia ex FARC, que aunque intenta posicionarse como grupos revolucionarios con un objetivo político, están cada vez más comprometidos con el narcotráfico, las extorsiones y la minería ilegal. Hoy en día estos grupos no buscan regular los conflictos entre pobladores, ni tampoco intervienen en las disputas comunitarias, acciones características de la antigua guerrilla.

Sin embargo, no todo está perdido. Nueve miembros del partido político FARC estuvieron en el Congreso, entre ellos Pablo Catatumbo, Marco Carlacá y Carlos Lozada, tres de los líderes más históricos e importantes.